{ "id": "nexus-sen-1-0034-1342946", "citation": "Res. 09977-2025 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Medida cautelar para suspender exportación de tiburón sedoso y zorro rechazada", "title_en": "Precautionary Measure to Suspend Export of Silky and Thresher Sharks Rejected", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la medida cautelar solicitada por un particular, actuando en acción popular ambiental, para suspender de inmediato la exportación de tiburón sedoso o gris y tres especies de tiburón zorro, listadas como amenazadas o en peligro de extinción en la resolución R-SINAC-CONAC-008-2021. Aunque el tribunal reconoce la apariencia de buen derecho basada en la instrumentalidad previamente declarada por el Tribunal de Apelaciones y la legitimación del actor conforme al artículo 50 constitucional, considera que no se acreditó el peligro en la demora. Los informes biológicos aportados por el actor solo documentan volúmenes de exportación (738 toneladas de carne de tiburón gris entre junio de 2023 y mayo de 2024), pero no analizan el estado actual del banco marino ni desvirtúan los dictámenes de extracción no perjudicial (DENP) favorables que sustentan las exportaciones bajo el Apéndice II de CITES. En la ponderación de intereses, el tribunal concluye que prevalece el interés público en la regulación y licenciamiento de la actividad pesquera sobre una prohibición absoluta, dado el impacto económico sobre comunidades costeras y la falta de prueba científica que justifique la restricción total. Se revoca la medida provisionalísima y se rechaza la cautelar en todos sus extremos.", "summary_en": "The Administrative Contentious Court rejects a precautionary measure filed by a private individual acting under popular environmental action to immediately suspend the export of silky shark and three thresher shark species, listed as threatened or endangered in resolution R-SINAC-CONAC-008-2021. Although the court acknowledges prima facie good right based on instrumentality previously declared by the Court of Appeals and the plaintiff's standing under Article 50 of the Constitution, it finds no proof of danger in delay. The biological reports submitted only document export volumes (738 tons of silky shark meat between June 2023 and May 2024) but do not analyze the current status of the marine stock or refute the positive non-detriment findings (NDFs) supporting exports under CITES Appendix II. In balancing interests, the court concludes that the public interest in regulating and licensing fishing activities prevails over an absolute ban, given the economic impact on coastal communities and the lack of scientific evidence justifying a total restriction. The provisional measure is revoked and the injunction is denied in its entirety.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "20/10/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "medida cautelar", "peligro en la demora", "apariencia de buen derecho", "apéndice II CITES", "dictamen de extracción no perjudicial (DENP)", "interés público", "acción popular", "banco marino", "provisionalísima" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Ley 7317", "law": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre" }, { "article": "Ley 7788", "law": "Ley de Biodiversidad" }, { "article": "Ley 8436", "law": "Ley de Pesca y Acuicultura" }, { "article": "Apéndices I, II", "law": "CITES" } ], "keywords_es": [ "medida cautelar", "tiburón sedoso", "tiburón zorro", "exportación", "CITES", "peligro en la demora", "interés público", "acción popular ambiental", "INCOPESCA", "SINAC", "dictamen de extracción no perjudicial", "Apéndice II", "especies amenazadas" ], "keywords_en": [ "precautionary measure", "silky shark", "thresher shark", "export", "CITES", "danger in delay", "public interest", "environmental popular action", "INCOPESCA", "SINAC", "non-detriment finding", "Appendix II", "threatened species" ], "excerpt_es": "Consecuentemente informar los datos de exportación no implican acreditar la gravedad del daño sobre el banco marino, es decir en autos biologicamente no se ha logrado acreditar el grave daño sobre los bancos marinos y por ende se estima que no hay acreditación sobre el peligro en la demora.\n\n[...]\n\nEn el caso concreto no estamos ante la ausencia de datos biológicos, siendo que los dictamenes de extracción favorables se encuentran apegados a estudios existentes. No existe fecha de caducidad de los estudios, de modo que si no se pudieran actualizar cada dos años, lo anterior no implica automáticamente la perdida de la licencia para su pesca, hasta que se actualicen los estudios. Así las cosas en la ponderación de los intereses en juego, debe prevalecer el interés público de regular, restringir y licenciar la actividad pesquera y de exportación, de las especies de tiburones zorro y gris, lo anterior ante la ausencia de estudios biológicos de campo que desvirtuen las condiciones favorables del banco marino y que justifique una prohibición total.", "excerpt_en": "Consequently, reporting export data does not prove the severity of damage to the marine stock; that is, biologically, no serious harm to the marine stocks has been proven in the record, and therefore it is considered that danger in delay has not been established.\n\n[...]\n\nIn this specific case, we are not faced with an absence of biological data, since the favorable non-detriment findings are based on existing studies. There is no expiration date for these studies; consequently, even if they could not be updated every two years, this does not automatically lead to the loss of the fishing license until the studies are updated. Thus, in the balancing of interests, the public interest in regulating, restricting, and licensing the fishing and export activity of thresher and silky sharks must prevail, given the absence of field biological studies that disprove the favorable condition of the marine stock and justify a total ban.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Rechazada", "summary_en": "The court denies the precautionary measure, finding no proof of danger in delay or sufficient scientific justification for a total export ban, and that the public interest favors fishing regulation over an absolute restriction.", "summary_es": "El tribunal rechaza la medida cautelar al considerar que no se acreditó peligro en la demora ni justificación científica suficiente para una prohibición total de exportación, y que el interés público favorece la regulación pesquera sobre la restricción absoluta." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "Consequently, reporting export data does not prove the severity of damage to the marine stock; that is, biologically, no serious harm to the marine stocks has been proven in the record, and therefore it is considered that danger in delay has not been established.", "quote_es": "Consecuentemente informar los datos de exportación no implican acreditar la gravedad del daño sobre el banco marino, es decir en autos biologicamente no se ha logrado acreditar el grave daño sobre los bancos marinos y por ende se estima que no hay acreditación sobre el peligro en la demora." }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "Thus, in the balancing of interests, the public interest in regulating, restricting, and licensing the fishing and export activity of thresher and silky sharks must prevail, given the absence of field biological studies that disprove the favorable condition of the marine stock and justify a total ban.", "quote_es": "Así las cosas en la ponderación de los intereses en juego, debe prevalecer el interés público de regular, restringir y licenciar la actividad pesquera y de exportación, de las especies de tiburones zorro y gris, lo anterior ante la ausencia de estudios biológicos de campo que desvirtuen las condiciones favorables del banco marino y que justifique una prohibición total." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1342946", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 09977 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 20 de Octubre del 2025 a las 11:08\n\nExpediente: 24-004125-1027-CA\n\nRedactado por: Alexander Castillo Aguilar\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nRES.- N° 2025009977\n\nEXP.-24-004125-1027-CA\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con ocho minutos del veinte de Octubre del dos mil veinticinco.-\n\nProceso MEDIDA CAUTELAR establecida por y bajo la Dirección Jurídica de WALTER BRENES SOTO en contra de EL ESTADO bajo apersonamiento del Procurador Mauricio Castro Lizano,  SINAC representado por su Apoderado Especial Judicial José Gregorio Gómez Hernández e INCOPESCA representado por su Presidente Nelson Peña Navarro y bajo la dirección jurídica de su Apoderado Especial Judicial Guillermo Ramírez Gätgens. Han solicitado intervenir la ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES DE QUEPOS Y OTRAS como coadyuvantes pasivos y EMPRESAS CRUZ Z S.A. Y OTRA como terceras interesadas, las primeras fueron integradas mediante resolución impugnada por la parte actora, mientras que de las segundas, aún no se otorgó audiencia a las partes del proceso pero si siendo prevenida la presentación de las personerías de las empresas solicitantes.  \n\nREDACTA JUEZ CASTILLO AGUILAR\n\nCONSIDERANDOS\n\nPRIMERO.-ACCIÓN CAUTELAR ANTE CAUSAM. La parte actora viene pretendiendo cautelarmente: «solicito se ordene inmediatamente la suspensión inmediata de la exportación de las especies silvestre marino costeras indicada en la lista de especies de vida silvestre marino costeras indicadas en la \"lista de especies de vida silvestre marino costeras en peligro de extinción o amenazadas\", específicamente la especie de tiburón sedoso o gris y tres especies de tiburón zorro». 1) Abogando su legitimación en una acción popular, conforme al artículo 50 de la Constitución Política, art 105 de la Ley de Biodiversidad y art 10.1.d del Código Procesal Contencioso Administrativo [CPCA], aduce la parte actora le asiste la APARIENCIA DE BUEN DERECHO 2) en aplicación del artículo 1° de la Ley de Conservación de Vida Silvestre que indica: \"Artículo 1.- La presente ley tiene como finalidad establecer las regulaciones sobre la vida silvestre. La vida silvestre está conformada por el conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el territorio continental como insular, en el mar territorial, las aguas interiores, la zona económica exclusiva y las aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia. Los organismos exóticos declarados como silvestres por el país de origen, los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos y derivados son considerados vida silvestre y regulados por ley. La vida silvestre únicamente puede ser objeto de apropiación particular y de comercio, mediante las disposiciones contenidas en los tratados públicos, los convenios internacionales, esta ley y su reglamento. El Estado tendrá como función esencial y prioritaria la aplicación y el cumplimiento de esta ley; asimismo, garantizará que el fomento y las actividades productivas relacionadas con el manejo y la reproducción de la vida silvestre sean realizados de forma sostenible. Esta ley no se aplicará a la conservación, el manejo sostenible, la protección y la adecuada administración de la vida silvestre, que resulten de prácticas, usos y costumbres tradicionales sin fines de lucro de los pueblos indígenas dentro de sus territorios. La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación específica se establecen en la Ley N.° 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N.° 8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde a Incopesca; asimismo, no aplicará a las especies forestales, los viveros, los procesos de reforestación, el manejo y la conservación de bosques y los sistemas agroforestales, cuya regulación específica se establece en la Ley Forestal, N° 7575, de 13 de febrero de 1996, y sus reformas. 3) Sobre la anterior normativa el actor expone su interpretación señalando \"De conformidad con el citado artículo, todas las especies de vida silvestre mariono costeras, descritas como en peligro de extinción o amenazadas, entran dentro del concepto de vida o animal silvestre, indicado en la ley. En ese sentido, esas especies NO POSEEN interés pesquero ni comercial, por lo cual la norma otorga protección como especies de vida silvestre\" 4) Que el Art 61 de la Ley de Vida Silvestre, señala como competencia del minae aquellas especies marinas no comerciales. 5) Que el Art 14 de la misma Ley, indica que el SINAC establecerá con criterio técnico científico, las listas oficiales de especies en peligro de extinción. 6) También indica que en el reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, sí se consideran parte de estas listas todos los individuos que estén incluidas en las listas de CITES, CMS,y la roja de UICN. 7) Que debido a la alta vulnerabilidad de las citadas especies, estas deben ser tuteladas bajo la Ley de Biodiversidad, en aplicación de los criterios del artículo 11 y 109  de la Ley de Biodiversidad, debe aplicar el principio a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, principio preventivo y principio precautorio, interés público ambiental, conservación e integración. 8) Que el Estado debe velar por la utilización racional de los elementos ambientales, sin comprometer a las futuras generaciones.  9) Que en este caso del \"Tiburón Martillo\" [sic] le compete al MINAE la planificación y control de conformidad con los artículos 3, 6 y 7 de la Ley de Vida Silvestre. 10) Alega en su entender que conforme al art 75 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la prohibición de la exportación incluye todas las especies que estén en los apéndices I, II, III. 11) Afirma que \"En Costa Rica un enlistamiento en el Apéndice II de CITES [que requiere DENP para exportarse] es como un enlistamiento en el Apéndice I [prohibición total al comercio internacional] No se necesita un DENP en Costa Rica, solo por estar en cualquier apéndice de CITES está prohibida la exportación\"  12) Resalta que incluso el artículo 14 de la CITES, permite a los países parte, implementar una legislación más estricta. 13) Que conforme al acto mediante contenido de la resolución R-SINAC-CONAC-008-2021, publicado en la Gaceta 39 del 17 de mayo del 2021; lo consecuente es la inmediata suspensión de la exportación. 14) Que la ejecución de la anterior resolución administrativa en aplicación del Decreto Ejecutivo 43477-MINAE deberá ordenarse al ESTADO Y SINAC prohibir la exportación de la citas especies. PELIGRO EN LA DEMORA 15) Refiere que el peligro en la demora se encuentra a la vista dentro del contenido de la resolución publicada en la Gaceta en mayo del 2021 [R-SINAC-CONAC-008-2021] 16) Siendo importante de considerar lo establecido en el voto 000912-F-SI-2023 de la Sala Primera, en relación a considerar parte de estas listas, los individuos de aquellas especies que se encuentren dentro de los límites del Estado costarricense y que están incluidas en los aprendices de CITES, la CMS y la lista roja de la UICN 17) El daño grave esta evidenciado en el Informe de Exportación de productos de tiburón sedoso y zorro, elaborado por lo biólogos y científicos Elpis Chávez, Randall Araúz y Maike Heidemeyer. Donde informan a partir del los reportes de exportaciones que: a) del tiburón gris entre junio y diciembre del 2023 se reportó un total de 270 toneladas de exportación [sin registros de exportación en junio, julio, ni setiembre], resultando consistentes esos datos con los registros de exportación de aletas [Valor aproximado de 2.8 millones de dólares]; mientras que b) del tiburón zorro solamente existían registros de exportación de producto seco, por 2.6 toneladas entre julio y diciembre del 2023. [con valor aproximado de 131 mil dólares]  18) Concluyendo el actor que\n\n \n\n \n\nPONDERACIÓN DE LOS INTERESES EN JUEGO.- 19) Señala que de acogerse la medida no existe interés público afectado, todo lo contrario, se protegería el dominio público y el patrimonio natural del Estado, obligaciones y derechos contenidos en nuestra leyes ambientales, frente a los intereses de las pesquerías y exportadores. 20) Que el equilibrio a favor de esta medida se evidencia transcribiendo a su vez, la cita previa contenida en la sentencia de la Sala Primera, sobre el DENP-2015\n\n \n\n \n\n21) INSTRUMENTALIDAD.- Señala que la medida cautelar pretende el resguardo de las especies, mientras en sentencia se condena al ESTADO y SINAC a solucionar la problemática que se acusa como omisión en esta medida cautelar; mientras que las consideraciones técnico-científica serán discutidas en un proceso ordinario de conocimiento.\n\n 22)  OFRECIMIENTO DE PRUEBA ORDINARIA\n\n \n\n23) PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 1. Fechado 26 de junio del 2024, la parte actora indico: \"Solicito que se valore y se admita la actualización de datos de exportación de carne y aletas de tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) tiburones zorro (Alopiidae) desde Costa Rica, entre los meses de enero y mayo 2024, estos datos fueron brindados por el biólogo y científico Randall Arauz, información de libre acceso y que presenta cifras preliminares sobre las importaciones y exportaciones de productos de tiburón del país.\" reportando 468 toneladas de carne, con 18,8 toneladas de aletas de tiburón gris; más 0.8 toneladas de tiburón zorro, lo anterior entre los meses de enero a mayo del 2024. [por un valor aproximado 3392 dólares]\n\n24) PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 2. Posteriormente fechado 12 de julio del 2024, la parte actora \"Solicito que se valore y se admita el resumen visual: “El comercio de tiburones de la región de América Latina y el Caribe con Asia”, donde se demuestra que somos el surtidor NÚMERO UNO de exportación de aletas en Latinoamericana. Esta información es crucial en el contexto de la medida solicitada, refuerza la falta de una posición oficial clara por parte de las entidades encargadas respecto a la protección y conservación de los tiburones, considerándose Costa Rica número uno, exportador de aletas de tiburón.\"\n\n23) PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 3 [en APELACIÓN] De forma adjunta al recurso de apelación la parte actora indicó: \"Como prueba para mejor resolver, Informe de Exportación de Aletas de tiburón martillo, con el cual se evidencia que el Estado continúa permitiendo exportaciones de tiburones en peligro de extinción.\"\n\n24) PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 4 Finalmente parte actora ha indicado: \"remito para su consideración como prueba para mejor resolver la resolución 2025031029 de las nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil veinticinco, dictada en el expediente 25-024327-0007-CO, relacionado a un recurso de amparo interpuesto por mi persona contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en relación a la omisión en la que han incurrido dichas instituciones al no reglamentar dentro del plazo establecido de 6 meses la Ley Nº 10304 para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica.\n\nSEGUNDO.- CONTESTACIÓN DEL ESTADO. El Estado se manifestó en contra de los presupuestos para la medida medida cautelar en los siguientes términos: «...ante el proveído de las 14:20 hrs. del 18 último, notificado el 19, con respeto manifiesto: Con la resolución R-SINAC-CONAC-008-2021 (La Gaceta 93 del 17 de mayo del 2021), se pide suspender la exportación de las especies silvestres marino costeros indicados en la \"Lista de especies de vida silvestre marino costeros en peligro de extinción o amenazados\", específicamente de tiburón sedoso o gris y tres especies de tiburón zorro. Conforme con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), Ley 5605 del 30 de octubre de 1974, artículos III, IV y IX, el cumplimiento de sus obligaciones, como autoridad administrativa y ejecutora corresponde al SINAC e INCOPESCA, respectivamente, cada uno en su campo (Ley 7317, artículos 1 p.4, 3, 4, 7.f y 71; Ley 7384, artículo 5; Ley 8436, numerales 2 y 5; Decreto 39489, artículo 1; Decreto 42842, artículo 2), y con representación legal propia (Ley 7788, numeral 22; 7384, artículo 1), siendo nuestra participación pautada por ley (Ley 8508, artículo 12.2). En este asunto, no se acredita que la citas especies deban elencarse en el apéndice I de CITES, ni que los dictámenes de extracción no perjudicial positivos y sus mecanismos de control sean contrarios a las reglas de la ciencia y de la técnica, deviniendo inane el alcance de la medida y su instrumentalidad frente al sustento técnico y normativo de la actuación de la Administración activa. Ante el indemostrado daño de una condición crítica, el interés público revierte en favor de la licencia y no de la restricción. Como la valoración del cumplimiento de los supuestos para la adopción cautelar está a cargo de la persona juzgadora, según los hechos que se acrediten con la prueba, nos atenemos a lo que se resuelva en firme conforme al derecho y el mérito de los autos.»\n\nTERCERO.-CONTESTACIÓN DE INCOPESCA.- El INCOPESCA formula oposición argumentando, 1) que la legitimación activa del actor carece de sustento, en tanto ha promovido reiteradamente procesos similares de carácter ideológico y no técnico, desestimados en resoluciones previas. 2) Señala que el actor omite considerar estudios científicos nacionales e internacionales que demuestran el estado saludable de la biomasa de tiburones, sustentados en investigaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), los cuales evidencian poblaciones estables en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. 3) Argumenta que no procede invocar el principio indubio pro natura con base en listados ajenos al contexto nacional, como la Lista Roja de la UICN, elaborada para otras latitudes. 4) Sostiene que el artículo 50 de la Constitución Política debe interpretarse integralmente, considerando el bienestar general y la obligación del Estado de promover la producción sostenible y la distribución equitativa de la riqueza, en armonía con la legislación ambiental y pesquera vigente. 5) En cuanto a la apariencia de buen derecho, INCOPESCA reitera que posee la competencia legal exclusiva para dictar criterios técnicos y científicos sobre especies marinas de interés pesquero, conforme a las Leyes N.º 7384 y 8436, así como a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (N.º 7317). 6) En virtud de esta competencia, la declaración de una especie como de interés pesquero no implica su explotación indiscriminada, sino la implementación de medidas de conservación y aprovechamiento sostenible. 7) Se destacan las acciones preventivas adoptadas por Costa Rica en consonancia con organismos internacionales, tales como la Resolución C-11-10 de la CIAT, que prohíbe la retención de tiburones punta blanca oceánicos, y el Decreto Ejecutivo 43900 MAG-MINAE (2023), que prohíbe la captura de tiburones martillo. Estas disposiciones reflejan el compromiso del país con la conservación marina. 8) Respecto al peligro en la demora, INCOPESCA sostiene que la medida cautelar sería contraproducente, pues las especies objeto de la misma presentan poblaciones sanas y regulaciones activas de control y monitoreo. 9) Explica que desde la creación del Instituto se han implementado medidas como inspecciones obligatorias, seguimiento satelital de flotas y estadísticas pesqueras exhaustivas, lo que ha reducido significativamente las exportaciones y la práctica del aleteo. 10) El escrito enfatiza que la actividad pesquera representa una fuente vital de sustento para comunidades costeras, 11) Que una prohibición absoluta vulneraría derechos fundamentales como el derecho al trabajo y la seguridad económica, 12) Se debe considerar el principio de proporcionalidad, 13) la medida generaría perjuicios sociales y económicos desmedidos frente al beneficio ambiental pretendido. 14) Además resalta que el comercio de especies marinas se encuentra regulado por la Convención CITES, ratificada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 42842-MAG-MINAE (2021), que lo designa como Autoridad Administrativa CITES. 15) Que las especies de tiburón sedoso y del género Alopias cuentan con Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) vigentes, que avalan su exportación controlada bajo supervisión científica. 16) Se aclara que estas especies figuran en el Apéndice II de CITES, lo cual no prohíbe su comercio, sino que lo sujeta a controles estrictos para garantizar la sostenibilidad. 17) Los dictámenes elaborados por el Consejo Científico Técnico para especies de interés pesquero y acuícola son positivos, reflejando un manejo compatible con los principios internacionales de conservación. 18) En lista medidas nacionales, regionales e internacionales aplicables, detallando la adhesión de Costa Rica a resoluciones de la CIAT, CICAA, FAO, OSPESCA y CITES, todas dirigidas al manejo sostenible de los tiburones y a la erradicación de prácticas no sostenibles como el aleteo. 19) Subraya que los criterios de la UICN, de carácter global y no vinculante, no pueden prevalecer sobre los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el país, los cuales se basan en evaluaciones científica regionales. 20) Sostiene que la medida cautelar carece de instrumentalidad, al no considerar la realidad ecológica y socioeconómica costarricense, y podría fomentar mercados ilegales y pérdida de información científica. 21) Afirma que Costa Rica ha implementado un enfoque ecosistémico y regional, en coordinación con las OROP y organismos internacionales, garantizando el equilibrio entre conservación y desarrollo pesquero responsable. 22) En cuanto a la ponderación de intereses, concluye que acoger la medida cautelar causaría un impacto negativo desproporcionado sobre las comunidades costeras y la economía nacional, sin justificación científica suficiente que lo respalde. 23) Señala que la resolución R-SINAC-CONAC-008-2021 establece que dichas especies forman parte de la lista de población reducida, confirmando la legalidad del aprovechamiento sostenible. 24) Concluye solicitando rechazar en todos sus extremos la medida cautelar al no reunirse los presupuestos de procedencia ni acreditarse los requisitos de urgencia, apariencia de buen derecho o peligro en la demora. 25) PRUEBAS APORTADAS: 1. Resolución C-22-05 CIAT, 2. Resolución C-24-05 CIAT, 3. Resolución C-11-10 CIAT, 4. Resolución C-19-06 CIAT, 5. Resolución C-19-08 CIAT, 6. Resolución C-23-08 CIAT, 7.Resolución C-25-08 CIAT, 8. Resolución C-25-09 CIAT, 9. Resolución R-SINAC-CONAC-008-2021, 10. IATTC-101-013 CIAT, 11. Res-16-06-R181 CITES, 12. PAR-TIBURONES – OSPESCA OSP-05-11 OSPESCA, 13 Decreto Ejecutivo N.º 42842-MAG-MINAE, 14 Decreto Ejecutivo N.º 38681-MAG-MINAE, 15 Decreto Ejecutivo N.º 29834-MINAE, 16 Decreto Ejecutivo N.º 43368-MINAE, 17 Decreto Ejecutivo N.º 40548-MINAE, 18 AJDIP/437-2016 Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA, 19. AJDIP/076-2022 Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA, 20. AJDIP/026-2018 Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA, 21. AJDIP/067-2018 Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA.\n\nCUARTO.- CONTESTACIÓN SINAC. ACOGE PRUEBA Y CONTESTACIÓN DE INCOPESCA siendo que atendió la audiencia en los siguientes términos: «en mi condición de Apoderado Especial Judicial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), dentro del plazo otorgado en la resolución de las catorce horas veinte minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinticinco, mediante correo electrónico, y en aplicación de la CIRCULAR No. 42-2011 de la Corte Plena (Boletín Judicial No. 82 del 29/04/2011), me presento a contestar la medida cautelar presentada por WALTER BRENES SOTO a título personal, contra el SINAC, el ESTADO y el INCOPESCA con base en lo siguiente: De previo, se señala a su estimable Autoridad que esta Representación se acoge a lo manifestado en el escrito presentado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) no nos referiremos a los hechos ya que el análisis de los mismos corresponden a una futura contestación de un proceso de conocimiento, que la parte promovente de esta medida cautelar deberá presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del término de Ley que dispone el Código Procesal Contencioso Administrativo, y no en un proceso sumario donde lo esencial es valorar y determinar si se cumplen los presupuestos y requisitos necesarios para otorgar la cautelar solicitada. PRUEBA Esta representación solicita se tenga como prueba en común la aportada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)»\n\nQUINTO.- COADYUVANTES Y TERCEROS.- No obstante han solicitado intervenir la ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES DE QUEPOS Y OTRAS como coadyuvantes pasivos y EMPRESAS CRUZ Z S.A. Y OTRA como terceras interesadas, al momento de resolver esta medida cautelar sus integraciones no se encuentran declaradas y en firme.\n\nSEXTO.- SOBRE LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO. Instrumentalidad entre el objeto del proceso de fondo y la solicitud de medida cautelar; 1) habiendo sido previamente declarada su existencia a favor de la solicitud del actor, por el propio Tribunal de Apelaciones, reconociendo en mejor criterio y de forma colegiada, el vínculo de instrumentalidad entre la medida cautelar solicitada y la pretensión de la demanda; Consecuentemente, dicho lo anterior sobre este elemento de instrumentalidad no cabe más que cabe reseñar. 2) Objeto del proceso original [posteriormente modificado en apelaciones], la demanda para el cumplimiento de las Conducta Omisivas, que en el escrito original de medida cautelar, sería definida por el actor, quien literalmente indicó: «la medida cautelar pretende el resguardo de las especies, mientras en sentencia se condena al ESTADO y SINAC a solucionar la problemática que se acusa como omisión en esta medida cautelar; mientras que las consideraciones técnico-científica serán discutidas en un proceso ordinario de conocimiento.» 3) adecuación objeto del proceso, siendo en primer instancia rechazada la medida cautelar por falta de instrumentalidad, sería durante la audiencia de Apelaciones que el actor ante solicitud en mejor criterio y de forma colegiada del Tribunal de Apelaciones, pasa de solicitar condenar a solucionar la problemática omitida [en relaciona a los tiburones zorro y gris], a lo re adecuado oralmente en apelaciones, para que [en relación a los tiburones zorro y gris] sean condenadas las demandadas a:  a) ordenar declarar disconformidad de los permisos de exportación de esas especies, b) que se reconozcan las especies como en peligro de extinción; c) Que se declare prohibición absoluta de exportación de esas especies.  4) no obstante según lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones, se revocó en cuanto a declarar que sí hay instrumentalidad entre la medida cautelar y la demanda, ya quedaría establecida], lo anterior no implicaba, que de forma conjunta al pronunciamiento sobre el peligro en la demora y los intereses en juego, se entrarán a conocer otros elementos sobre la apariencia de buen derecho. 5) Siendo requerido que la pretensión palmariamente no sea temeraria o falta de seriedad, se logra INDUCIR que al órgano de alzada de forma palmaria no ha apreciado temeraria o falta de seriedad, por el órgano colegiado, en ese sentido la falta de requerimiento previo sobre una conducta debida, ha perdido capacidad de afectar la instrumentalidad declarad. Lo anterior se entiende sería bajo el análisis mínimo, es decir que no se ha considerado previamente que la declaración de prohibición de exportación de esas especies sea temeraria o falta de seriedad de forma palmaria. Consecuentemente en este caso, el análisis de la apariencia de buen derecho, no incluye un estudio de las probabilidades de acreditación sobre los elementos técnicos necesarios para que proceda la prohibición, siendo que la única prueba directa ofrecida sobre el objeto del proceso son cifras sobre la cantidad de exportaciones de dos perdidos, no aportando información sobre el estado del banco marino. CONCLUSIÓN.- Siendo declarada la instrumentalidad en alzada, sin que tampoco de forma palmaria, la apreciaran como falta de seriedad o temeraria, se tiene por RECONOCIDA QUE SÍ HAY APARIENCIA DE BUEN DERECHO. En ese sentido de los alegatos de la parte actora, contenidos en el considerando primero de esta sentencia y que han sido numerado del 1 al 14 [legitimación y apariencia de buen derecho], se tienen preliminarmente como reconocidos para la apariencia de buen derecho, sin perjuicio de su eventual determinación final en el proceso de fondo. \n\nSÉPTIMO.- APORTACIÓN DE PRUEBAS Y FUNDAMENTOS NORMATIVOS. Para los efectos de esta resolución cabe indicar que las denominadas pruebas, presentadas ordinariamente por el actor y numeradas 1, 2 y 3; técnicamente no constituyen elementos de carácter demostrativo o probatorio, al igual que la prueba para mejor resolver n°4. Propiamente la 1° Sentencia de la Sala Primera 912-F-S1-2023,  calificaría como un precedente indirecto, un antecedente jurisdiccional que en caso de sendas reiteraciones podría constituirse en jurisprudencia. Las normas de alcance general 2° R-SINAC-CONAC-008-2021 y 3° Decreto Ejecutivo N°43477-MINAE, por su naturaleza son fundamento normativo o jurídico. Mientras que la 4° el voto 2025031029 de la Sala Constitucional, sí constituye jurisprudencia erga omnes; pero tampoco en un elemento de análisis o carácter probatorio. Estos elementos sí se consideran oportunos a la teoría del caso de la parte actora, pero para sustanciar el razonamiento jurídico y la apariencia de buen derecho, es decir su utilidad finalmente sería validada en el proceso de conocimiento.  Constituyen razones jurídicas relacionadas al objeto del proceso, ninguna por si misma acredita que actualmente el banco marino de las especies a prohibir, se encuentren en grave peligro, deberán ser ponderadas estas consideraciones jurídicas, conjuntamente con las pruebas técnicas , directas e idóneas en la resolución de fondo. Es decir aunque se aporten como pruebas, sean contestes con la teoría del caso y la apariencia de buen derecho, estas deberán ser analizadas en la sentencia de fondo como normativa jurídica argumentada, pero careciendo actualmente de la condición de ser un estudio técnico biológico y controvertible, que permita llegar a tener por acreditado el estado del banco marino y el peligro en la demora. Sobre la prueba para mejor resolver N°3 [Apelaciones], el informe sobre el tiburón martillo, no siendo esta ofrecida en primer instancia; ni tampoco siendo acepta en segunda instancia, tenemos que tampoco su objeto de estudio corresponde con las especies de este proceso, ni tampoco resulta de interés directo a esta medida cautelar el incumplimiento o re exportación de aletas de Tiburón Martillo, consecuentemente se estima y declara inadmisible para el conocimiento de esta medida cautelar. Consecuentemente de las llamadas pruebas que fueran ofrecidas por la actora; tanto las publicadas en la gaceta, como las sentencias, serían anexos del fundamento jurídico. Tendríamos de los 8 documentos aportados y ofrecidos como prueba por parte actora, solo tres elementos constituyen prueba y el resto son anexos normativos del fundamento y razonamiento jurídico. Sí tienen la naturaleza de prueba de la ordinaria n°4 y la prueba para MEJOR RESOLVER N°1, estas sí  tendría el carácter de prueba técnica directa, siendo su objeto informar la cantidad de exportaciones de tiburón gris y tiburones zorros durante el 2023 y su ampliación del 2024; así la prueba para MEJOR RESOLVER N°2, se admite como prueba indirecta el Resumen Visual contenido en la página 6 del documento denominado \"Carne en el menú y aletas para exportación: El comercio de Tiburones de América Latina con Asia\".\n\nOCTAVO.- PELIGRO EN LA DEMORA.- Conteste a la anterior calificación de los elementos ofrecidos como prueba. Siendo su carga probatoria, la parte actora aportó y ofreció prueba técnica directa e indirecta. En este caso debe entenderse DIRECTA la que enfoca su estudio directamente en las especies zorro y gris, que se pretender prohibir para su exportación. En este caso serían 1) un reporte conjunto sobre las exportaciones [junio a diciembre 2023] de las especies tiburón zorro y gris, que pretende prohibir para la exportación, correspondiente al elaborado por lo biólogos y científicos Elpis Chávez, Randall Araúz y Maike Heidemeyer. 2) el anterior informe fue actualizado por Randall Araúz mediante prueba para mejor resolver, actualizando el reporte con el período de enero a mayo 2024. En ese sentido se tiene por acreditado técnicamente, que en el año transcurrido entre junio del 2023 y mayo del 2024, se exportaron 738 toneladas de carne de tiburón gris y 22.2 toneladas de aletas de tiburón. Mientras que prueba INDIRECTA sería la prueba técnica de carácter científico, cuyo objeto sin estar de limitado a las especies zorro y gris, ni en tiempo ni espacio, sí se relaciona en términos generales a pesca de diversas especies de tiburón. Aún cuando 1) no se indican las razones de su aportación extemporánea, 2) corresponde a datos de hace mas de cuatro años, 3) no están segregados o determinados los datos sobre tiburón gris y zorro. Se admitió como prueba para mejor resolver, al tener una relación indirecta con el objeto del proceso. En este caso del Documento titulado \"Carne en el menú y aletas para exportación: El comercio de Tiburones de América Latina con Asia\", la parte ofrece el resumen visual que se encuentra contenido en la Página 6 del documento aportado. Del cual se deduce que entre el año 2003 y el año 2020, pese a la tendencia a la baja en el volumen de aletas comercializadas, Costa Rica se colocó en el primer lugar, con un total de 5613 toneladas métricas en 17 años, para un promedio anual de 330 toneladas métricas de todas las especies de tiburón. En ese resumen visual, no obstante se ofreció para eso, no hay información puntual de Costa Rica sobre la falta de una posición oficial clara por parte de las entidades encargadas respecto a la protección y conservación de los tiburones. INCONSISTENCIAS DE LA PRUEBA TÉCNICA DIRECTA. Como ya se indicó de dicho informe sí se logra deducir con claridad la cantidad de toneladas de exportación de las especies en cuestión, siendo un dato sobre el cual sí se informó la metodología y fuentes de consulta. No obstante el informe omite formalidades como: 1 ) Sin portada, no tiene un título claro y conciso, que indentifique a los autores y sus datos de afiliación. [tampoco se indica si los honorarios fueron devengados por los tres profesionales, en los términos del artículo 10.e del Código de Ética profesional] es decir si fueron o no contratados para rendir informe y cual fue el objeto del informe contratado 2) No hay índice. 3) No hay resumen que describa objetivos, métodos, resultados y conclusiones. 4) La introducción en principio establece un único objetivo [a]\"realizar un análisis de las exportaciones de productos y subproductos de tiburón sedoso y tiburones zorro a partir del 1 de julio del 2023, y [b] verificar el cumplimiento por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y de INCOPESCA de la Ley de Biodiversidad y la Ley de Conservación de Vida Silvestre\"  5) Adicionalmente procedieron a informar que se comparó el resultado del informe con la sentencia 912-F-S1-2023 de la Sala Primera, llegando a la conclusión que el MINAE y el INCOPESCA están en desacato de las ordenes emanadas. 6) CONCLUSIONES.- La metodología expuesta abarcó únicamente el establecimiento de las exportaciones en toneladas (procomer) y su relación de precio promedio por kilo según la clasificación arancelaria del sistema SICA de control aduanero. Esto quiere decir que no se indicó una metodología en relación a la verificación del cumplimiento de las autoridades; pero tampoco se aborda el por qué, técnica o diligentemente se debió excluir del análisis del cumplimieto de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el párrafo que excepciona la especies de interés pesquero en el artículo primero de esa ley. En todo caso las conclusiones sobre el incumplimiento o no de las autoridades, recaerían en la apariencia de buen derecho y posteriormente demostrar en el proceso de fondo, la validez o no de la interpretación biológica sobre el incumplimiento de la normativa y el voto de la sala primera por parte de las autoridades. Adiccionalmente el resumen visual contenido en la página 6 del documento \"Carne en el menú...\", solo permite referenciar que del 2003 al 2020 Costa Rica fue promediado el primer exportador de america latina y el caribe al mercado asiatico, es decir aunque evidentemente no aporta información nueva, si pone en contexto parte de la realidad de las décadas pasadas. No se estima que las pruebas aportadas por la parte actora permitan establecer que las condiciones del banco marino de las especies objeto del proceso, deban ser removidas del apendice II al I de CITES. Lo informes biológicos, no desarrollan una relación entre la calidad del banco marino y un bajo o alto nivel de exportaciones. No se estima que la prueba aportada informe sobre el estado actual del banco marino de las especies que se pretenden prohibir para exportación. En este sentido lleva razón el Estado al indicar que los estudios existentes y que se han desarollado por las autoridades técnicas internacionales, mediante los cuales se han catalogado las especies de tiburones zorros y gris en el apendicé II de CITES, no han sido desvirtuados, señalando que \"En este asunto, no se acredita que la citas especies deban elencarse en el apéndice I de CITES, ni que los dictámenes de extracción no perjudicial positivos y sus mecanismos de control sean contrarios a las reglas de la ciencia y de la técnica, deviniendo inane el alcance de la medida y su instrumentalidad frente al sustento técnico y normativo de la actuación de la Administración activa.\"   Dicha omisión probatoria de la parte actora también es acusada por INCOPESCA al señalar que el actor omite considerar los estudios científicos nacionales e internacionales que demuestran el estado saludable de la biomasa de tiburones, sustentados en investigaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), los cuales evidencian poblaciones estables en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. (aportados con su constestación) RESUMEN.- Se mantienen la certeza técnica y sin prueba en contrario, sobre los criterios de extracción favorable de las especies, sin que la prueba ofrecida por la parte actora haya tenido como objeto valorar o desvirtuar las valoraciones actuales sobre las condicones de los bancos marinos de la especies de tiburón gris y zorros. Sobre los alegatos de la parte actora en cuanto al peligro en la demora, y que fueran numerados 15, 16 y 17 [en el considerando primero], no se comparte como señala el actor, que el peligro en la demora quede acreditado del contenido de las resoluciones del SINAC y de la Sala Primera; así como tampoco por su incorporación a la lista roja de la UICN; como se dijo estas son consideracines son de ordén jurídico y no sustituyen la necesidad y carácter de la prueba técnica biológica sobre el estado del banco marino. Finalmente en cuanto al alegato numerado 18, no se acoge en cuanto señala que la acreditación del grave daño se da a partir de la exposición de los datos de exportación  producto, siendo que no se logra establecer ni siquiera una relación porcentual entre la cantidad de especies exportadas y el tamaño actual de fondo de las especies que pretende prohibir para exportación. Consecuentemente informar los datos de exportación no implican acreditar la gravedad del daño sobre el banco marino, es decir en autos biologicamente no se ha logrado acreditar el grave daño sobre los bancos marinos y por ende se estima que no hay acreditación sobre el peligro en la demora.\n\nNOVENO.- INTERESES EN JUEGO.- PARTE ACTORA, correspondientes a los alegatos numerados 19 y 20 [en el considerando primero], en primer instancia el actor señala que de acogerse la medida no existe interés público afectado, todo lo contrario, se protegería el dominio público y el patrimonio natural del Estado, obligaciones y derechos contenidos en nuestra leyes ambientales, frente a los intereses de las pesquerías y exportadores.  Es decir tendríamos: a) que por un lado estaría un interés público, por el cual aboga el actor, que sería el interés en la protección del patrimonio natural del Estado. b) Ese interés público lo coloca frente a los intereses de pesquerías y  exportadores [como uno distinto]. En su alegato 20, la parte actora indica como evidencia de un equilibrio a favor de la medida, un extracto del contenido del DENP-2015, que a su vez habría sido citado dentro de la sentencia de la Sala Primera, donde tenemos que: c) la afectación social a los pescadores se basan sobre conjeturas y no en análisis de fondo; y d) que ante la  falta de datos biológicos sobre la abundancia de la especie en cuestión y estimar el impacto de la pesca, se debe tomar una descisión a favor de la conservación de las especies. ESTADO.- A indicado que \"ante el indemostrado daño de una condición crítica, el interés público revierte en favor de la licencia y no de la restricción. e) Es decir que sí existe un interés público en la regulación de pesca, a favor del cual debera prevalecer la licencia sobre la prohibición. INCOPESCA.- Sobre los intereses en juego concluye que, f) acoger la medida cautelar causaría un impacto negativo desproporcionado sobre las comunidades costeras y la economía nacional, sin justificación científica suficiente que lo respalde. g)  INCOPESCA sostiene que la medida cautelar sería contraproducente, pues las especies objeto de la misma presentan poblaciones sanas y regulaciones activas de control y monitoreo. CONCLUSIONES INTERESES.- Aunque la parte actora aboga por una protección del patrimonio natural del Estado mediante la prohibición de la exportación de las especies de tiburones zorro y gris; esto per se no resulta contrario al uso razonable de los recursos naturales y el desarrollo de la actividad de forma regulada y licenciada por el Estado, en este caso el interés público de la actividad ha sido tan importante que se ha creado a INCOPESCA como un ente público llamado a regular la actividad. Además en este caso la afectación a los pescadores no es solo una conjetura, siendo que la propia parte actora acreditó el valor multimillonario que representan las recientes exportaciones, es decir sí hay una estimación económica del impacto negativo que tendría el desarrollo de la actividad. Lleva razón INCOPESCA al señalar que el actor desconoce los estudios nacionales e internacionales, [aportados como prueba], lo anterior implica que el actor, ni los reconoce, ni los desconoce, ni los cuestiona, estimando que efectivamente como señala Incopesca, acoger la medida cautelar causaría un impacto negativo desproporcionado sobre las comunidades costeras y la economía nacional, sin justificación científica suficiente que lo respalde. En este sentido comparte esta autoriadad la falta de justificación científica suficiente, nótese que el informe biológico de extracción de las especies zorro y gris, no abarca como objeto de estudio el estado del banco marino, no tiene toma de datos ni muestras biológicas, no se hizo trabajo de campo. De ahí que el informe no tiene como objeto directo ni indirecto, la capacidad de establecer la condiciones del banco marino, ni siquiera se formula una conjetura que relacione el estado del banco con el aumento o disminución de las exportaciones. Conseceuntemente  se estima que el interés público sí se revierte a favor de regular y permitir la actividad pesquera, sobre la prohibición o restricción absoluta. Lo anterior en consonacia con los intereses de los pescadores, como terceros sí afectados con la pretensió de disconformidad de la licencias, que se pretendería por el fondo. En el caso concreto no estamos ante la ausencia de datos biológicos, siendo que los dictamenes de extracción favorables se encuentran apegados a estudios existentes. No existe fecha de caducidad de los estudios, de modo que si no se pudieran actualizar cada dos años, lo anterior no implica automáticamente la perdida de la licencia para su pesca, hasta que se actualicen los estudios. Así las cosas en la ponderación de los intereses en juego, debe prevalecer el interés público de regular, restringir y licenciar la actividad pesquera y de exportación, de las especies de tiburones zorro y gris, lo anterior ante la ausencia de estudios biológicos de campo que desvirtuen las condiciones favorables del banco marino y que justifique una prohibición total. La ponderación de los intereses en juego se inclina en contra de la medida cautelar solicitada y a favor de levantamiento de la prohibición provisionalísima. CONCLUSIÓN GENERAL aún y cuando se ha tenido por reconocida la apariencia de buen derecho, ni las sentencias, ni las resoluciones, ni los reglamentos o decretos, sustituyen la prueba técnica para acreditar la grave afectación del banco marino de las especies que se pretenden prohibir, al menos en esta instancia cautelar y sin perjuicio de eventualmente considerar que en el proceso de fondo, sí sería suficiente el razonamiento y la interpretación jurídica del ordenamiento vigente, para deducir y ordenar lo pretendido. No estando acreditado el grave daño del fondo marino de las especies objeto del proceso, consecuentemente se ha tenido por no acreditado el peligro en la demora; adicionalmente la ponderación de los intereses en juego se decanta por mantener la regulación restrictiva de la actividad pesquera, por encima de la prohibición provisional. Debiéndose revocar la medida provisionalísima y en su lugar rechazar en todos sus extremos la medida cautelar de WALTER BRENES SOTO en contra de EL ESTADO, SINAC e INCOPESCA.\n\nDÉCIMO.- COSTAS.- De conformidad con los alcances de la sentencia de fondo, de momento se entiende que no corresponde fallar sobre el pronunciamiento en costas.\n\nPOR TANTO\n\nSe revoca la medida provisionalísima y se rechaza la medida cautelar de WALTER BRENES SOTO en contra de EL ESTADO, SINAC e INCOPESCA en todos sus extremos. Se falla sin especial condenatoria en costas. Notifíquese. Es todo. EXP.-24-004125-1027-CA. Juez Alexander Castillo Aguilar. TRAMITACIÓN XVI\n\n \n\nACASTILLOA\n\n\n\nTFSCHAPAIXO61\nALEXANDER CASTILLO AGUILAR - JUEZ/A TRAMITADOR/A\n\n \n\nEXP: 24-004125-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:35:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**NEXUS DOCUMENT**\n\n**RES.- No. 2025009977**\n\n**EXP.-24-004125-1027-CA**\n\n**CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA,** at eleven hours eight minutes on the twentieth of October of two thousand twenty-five.\n\n**PRECAUTIONARY MEASURE** proceeding established by and under the Legal Direction of WALTER BRENES SOTO against THE STATE, appearing through Prosecutor Mauricio Castro Lizano, SINAC represented by its Special Judicial Attorney José Gregorio Gómez Hernández, and INCOPESCA represented by its President Nelson Peña Navarro and under the legal direction of its Special Judicial Attorney Guillermo Ramírez Gätgens. The ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES DE QUEPOS Y OTRAS has requested to intervene as passive coadjuvants, and EMPRESAS CRUZ Z S.A. Y OTRA as interested third parties; the former were integrated by a resolution challenged by the plaintiff, while regarding the latter, the parties to the proceeding have not yet been granted a hearing, although the presentation of the legal capacities of the requesting companies has been ordered.\n\n**DRAFTED BY JUDGE CASTILLO AGUILAR**\n\n**CONSIDERANDOS**\n\n**FIRST.- PRECAUTIONARY ACTION BEFORE CAUSAM.** The plaintiff is precautionarily seeking: \"I request that the immediate suspension of the export of the coastal marine wild species indicated in the list of coastal marine wild species indicated in the 'list of endangered or threatened coastal marine wild species,' specifically the silky or grey shark species and three species of thresher shark, be immediately ordered.\" 1) Asserting his standing in a popular action, pursuant to Article 50 of the Political Constitution, Article 105 of the Biodiversity Law, and Article 10.1.d of the Contentious Administrative Procedure Code [CPCA], the plaintiff argues that he is entitled to the APPEARANCE OF GOOD LAW 2) in application of Article 1 of the Wildlife Conservation Law which states: \"Article 1.- The purpose of this law is to establish regulations on wildlife. Wildlife is comprised of the set of organisms that live in natural conditions, temporarily or permanently, in the national territory, both in the continental and insular territory, in the territorial sea, internal waters, the exclusive economic zone, and jurisdictional waters, and that do not require human care for their survival. Exotic organisms declared as wild by the country of origin, organisms cultivated or bred and born in captivity from wild specimens, their parts, products, and derivatives are considered wildlife and regulated by law. Wildlife may only be subject to private appropriation and trade through the provisions contained in public treaties, international conventions, this law, and its regulations. The State shall have as an essential and priority function the application and enforcement of this law; likewise, it shall guarantee that the promotion and productive activities related to the management and reproduction of wildlife are carried out in a sustainable manner. This law shall not apply to the conservation, sustainable management, protection, and adequate administration of wildlife resulting from traditional non-profit practices, uses, and customs of indigenous peoples within their territories. This law shall not apply to species of fishing or aquaculture interest, whose specific regulation is established in Law No. 7384, of March 16, 1994, and No. 8436, of March 1, 2005, and whose competence as the executing entity corresponds to INCOPESCA; likewise, it shall not apply to forest species, nurseries, reforestation processes, forest management and conservation, and agroforestry systems, whose specific regulation is established in the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, and its amendments. 3) Regarding the above regulation, the plaintiff sets forth his interpretation, stating: \"In accordance with the cited article, all coastal marine wildlife species, described as endangered or threatened, fall within the concept of wild life or animal indicated in the law. In that sense, these species DO NOT POSSESS fishing or commercial interest, therefore the norm grants protection as wildlife species.\" 4) That Article 61 of the Wildlife Law designates MINAE's competence over those non-commercial marine species. 5) That Article 14 of the same Law indicates that SINAC shall establish, with technical-scientific criteria, the official lists of endangered species. 6) It also indicates that in the regulation of the Wildlife Conservation Law, all individuals included in the CITES, CMS, and IUCN Red Lists are indeed considered part of these lists. 7) That due to the high vulnerability of the cited species, they must be protected under the Biodiversity Law; in applying the criteria of Articles 11 and 109 of the Biodiversity Law, the principle of a healthy and ecologically balanced environment, the principle of prevention, the precautionary principle, public environmental interest, conservation, and integration must be applied. 8) That the State must ensure the rational use of environmental elements, without compromising future generations. 9) That in this case of the \"Hammerhead Shark\" [sic], MINAE is responsible for planning and control in accordance with Articles 3, 6, and 7 of the Wildlife Law. 10) He alleges in his understanding that pursuant to Article 75 of the Wildlife Conservation Law, the prohibition of export includes all species listed in Appendices I, II, and III. 11) He affirms that \"In Costa Rica, a listing in Appendix II of CITES [which requires a DENP for export] is like a listing in Appendix I [total prohibition of international trade]. A DENP is not needed in Costa Rica; export is prohibited simply by being in any CITES appendix.\" 12) He highlights that even Article 14 of CITES allows party countries to implement stricter legislation. 13) That pursuant to the act contained in resolution R-SINAC-CONAC-008-2021, published in Gazette 39 of May 17, 2021, the immediate suspension of the export is the consequence. 14) That the execution of the previous administrative resolution, in application of Executive Decree 43477-MINAE, shall order the STATE AND SINAC to prohibit the export of the cited species. DANGER IN DELAY 15) He states that the danger in delay is evident within the content of the resolution published in the Gazette in May 2021 [R-SINAC-CONAC-008-2021]. 16) It being important to consider what is established in vote 000912-F-SI-2023 of the First Chamber, regarding considering as part of these lists the individuals of those species that are within the limits of the Costa Rican State and are included in the appendices of CITES, CMS, and the IUCN Red List. 17) The serious damage is evidenced in the Export Report on silky and thresher shark products, prepared by biologists and scientists Elpis Chávez, Randall Araúz, and Maike Heidemeyer. Where, based on export reports, they report that: a) for the grey shark, between June and December 2023, a total of 270 tons of exports were reported [with no export records in June, July, or September], these data being consistent with the fin export records [Approximate value of 2.8 million dollars]; while b) for the thresher shark, there were only export records of dried product, for 2.6 tons between July and December 2023 [with an approximate value of 131 thousand dollars]. 18) The plaintiff concludes that\n\n**WEIGHING OF THE INTERESTS AT STAKE.-** 19) He indicates that if the measure is granted, no public interest is affected; quite the contrary, the public domain and the natural heritage of the State, obligations and rights contained in our environmental laws, would be protected, against the interests of fisheries and exporters. 20) That the balance in favor of this measure is evidenced by transcribing, in turn, the prior quote contained in the First Chamber's ruling, regarding the DENP-2015.\n\n21) INSTRUMENTALITY.- He indicates that the precautionary measure seeks the protection of the species, while in the judgment, the STATE and SINAC are condemned to solve the problem that is accused as an omission in this precautionary measure; while the technical-scientific considerations will be discussed in an ordinary proceeding of full knowledge.\n\n22) OFFER OF ORDINARY EVIDENCE\n\n23) EVIDENCE FOR A BETTER DECISION 1. Dated June 26, 2024, the plaintiff stated: \"I request that the update of data on the export of meat and fins of the silky shark (Carcharhinus falciformis) and thresher sharks (Alopiidae) from Costa Rica, between the months of January and May 2024, be evaluated and admitted. These data were provided by the biologist and scientist Randall Arauz, information that is freely accessible and presents preliminary figures on the country's shark product imports and exports,\" reporting 468 tons of meat, with 18.8 tons of grey shark fins; plus 0.8 tons of thresher shark, the foregoing between the months of January and May 2024. [for an approximate value of 3392 dollars]\n\n24) EVIDENCE FOR A BETTER DECISION 2. Subsequently, dated July 12, 2024, the plaintiff: \"I request that the visual summary: 'The shark trade from the Latin American and Caribbean region with Asia,' which demonstrates that we are the NUMBER ONE supplier of fin exports in Latin America, be evaluated and admitted. This information is crucial in the context of the requested measure; it reinforces the lack of a clear official position by the responsible entities regarding the protection and conservation of sharks, considering Costa Rica as the number one exporter of shark fins.\"\n\n23) EVIDENCE FOR A BETTER DECISION 3 [on APPEAL] Attached to the appeal, the plaintiff stated: \"As evidence for a better decision, the Hammerhead Shark Fin Export Report, which demonstrates that the State continues to allow exports of endangered sharks.\"\n\n24) EVIDENCE FOR A BETTER DECISION 4 Finally, the plaintiff has stated: \"I submit for your consideration as evidence for a better decision, resolution 2025031029 of nine hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand twenty-five, issued in case file 25-024327-0007-CO, related to an amparo appeal filed by me against the Costa Rican Institute of Fishing and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) and the Ministry of Agriculture and Livestock, regarding the omission incurred by said institutions by failing to regulate, within the established 6-month period, Law No. 10304 to Recover Costa Rica's Tuna Wealth.\"\n\n**SECOND.- THE STATE'S RESPONSE.** The State opposed the prerequisites for the precautionary measure in the following terms: \"...before the order of 14:20 hrs. on the 18th [of the previous month], notified on the 19th, I respectfully state: With resolution R-SINAC-CONAC-008-2021 (Gazette 93 of May 17, 2021), the suspension is requested of the export of coastal marine wild species indicated in the 'List of endangered or threatened coastal marine wild species,' specifically the silky or grey shark and three species of thresher shark. In accordance with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Law 5605 of October 30, 1974, Articles III, IV, and IX, the fulfillment of its obligations, as the administrative and executing authority, corresponds to SINAC and INCOPESCA, respectively, each in its field (Law 7317, Articles 1 p.4, 3, 4, 7.f, and 71; Law 7384, Article 5; Law 8436, numerals 2 and 5; Decree 39489, Article 1; Decree 42842, Article 2), and with their own legal standing (Law 7788, numeral 22; 7384, Article 1), our participation being governed by law (Law 8508, Article 12.2). In this matter, it is not proven that the cited species must be listed in Appendix I of CITES, nor that the positive non-detriment findings and their control mechanisms are contrary to the rules of science and technique, rendering the scope of the measure and its instrumentality void against the technical and normative support of the active Administration's actions. Given the unproven damage of a critical condition, the public interest reverts in favor of the license and not the restriction. As the assessment of the fulfillment of the prerequisites for the adoption of a precautionary measure is the responsibility of the judge, according to the facts proven by the evidence, we abide by whatever is finally resolved in accordance with the law and the merit of the proceedings.\"\n\n**THIRD.- INCOPESCA'S RESPONSE.-** INCOPESCA formulates its opposition, arguing: 1) that the plaintiff's active standing lacks support, as he has repeatedly promoted similar processes of an ideological and non-technical nature, dismissed in prior resolutions. 2) It notes that the plaintiff omits considering national and international scientific studies that demonstrate the healthy state of shark biomass, supported by research from the Inter-American Tropical Tuna Commission (CIAT), the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (CICAA), and the Organization for the Fisheries and Aquaculture Sector of the Central American Isthmus (OSPESCA), which show stable populations in the Eastern Pacific Ocean and the Caribbean Sea. 3) It argues that it is not appropriate to invoke the principle in dubio pro natura based on lists unrelated to the national context, such as the IUCN Red List, prepared for other latitudes. 4) It maintains that Article 50 of the Political Constitution must be interpreted comprehensively, considering the general welfare and the State's obligation to promote sustainable production and the equitable distribution of wealth, in harmony with current environmental and fishing legislation. 5) Regarding the appearance of good law, INCOPESCA reiterates that it possesses the exclusive legal competence to issue technical and scientific criteria on marine species of fishing interest, in accordance with Laws No. 7384 and 8436, as well as the Wildlife Conservation Law (No. 7317). 6) By virtue of this competence, the declaration of a species as being of fishing interest does not imply its indiscriminate exploitation, but rather the implementation of conservation and sustainable use measures. 7) It highlights the preventive actions adopted by Costa Rica in consonance with international organizations, such as CIAT Resolution C-11-10, which prohibits the retention of oceanic whitetip sharks, and Executive Decree 43900 MAG-MINAE (2023), which prohibits the capture of hammerhead sharks. These provisions reflect the country's commitment to marine conservation. 8) Regarding the danger in delay, INCOPESCA maintains that the precautionary measure would be counterproductive, as the species subject to it have healthy populations and active control and monitoring regulations. 9) It explains that since the Institute's creation, measures such as mandatory inspections, satellite tracking of fleets, and exhaustive fishing statistics have been implemented, which have significantly reduced exports and the practice of shark finning. 10) The brief emphasizes that fishing activity represents a vital source of sustenance for coastal communities. 11) That an absolute prohibition would violate fundamental rights such as the right to work and economic security. 12) The principle of proportionality must be considered. 13) The measure would generate disproportionate social and economic harm compared to the intended environmental benefit. 14) Furthermore, it highlights that the trade of marine species is regulated by the CITES Convention, ratified through Executive Decree No. 42842-MAG-MINAE (2021), which designates it as the CITES Management Authority. 15) That the silky shark species and those of the genus Alopias have valid Non-Detriment Findings (NDFs), which support their controlled export under scientific supervision. 16) It clarifies that these species are listed in Appendix II of CITES, which does not prohibit their trade but subjects it to strict controls to guarantee sustainability. 17) The findings prepared by the Technical Scientific Council for species of fishing and aquaculture interest are positive, reflecting management compatible with international conservation principles. 18) It lists applicable national, regional, and international measures, detailing Costa Rica's adherence to resolutions by CIAT, CICAA, FAO, OSPESCA, and CITES, all aimed at the sustainable management of sharks and the eradication of unsustainable practices like shark finning. 19) It underscores that the criteria of the IUCN, which are global and non-binding, cannot prevail over the international legal instruments ratified by the country, which are based on regional scientific assessments. 20) It maintains that the precautionary measure lacks instrumentality, as it does not consider the Costa Rican ecological and socioeconomic reality, and could encourage illegal markets and the loss of scientific information. 21) It affirms that Costa Rica has implemented an ecosystemic and regional approach, in coordination with OROPs and international organizations, guaranteeing a balance between conservation and responsible fishing development. 22) Regarding the weighing of interests, it concludes that granting the precautionary measure would cause a disproportionate negative impact on coastal communities and the national economy, without sufficient scientific justification to support it. 23) It indicates that resolution R-SINAC-CONAC-008-2021 establishes that said species form part of the reduced population list, confirming the legality of sustainable use. 24) It concludes by requesting that the precautionary measure be rejected in all its aspects, as the prerequisites for its granting are not met, nor are the requirements of urgency, appearance of good law, or danger in delay proven. 25) EVIDENCE PROVIDED: 1. CIAT Resolution C-22-05, 2. CIAT Resolution C-24-05, 3. CIAT Resolution C-11-10, 4. CIAT Resolution C-19-06, 5. CIAT Resolution C-19-08, 6. CIAT Resolution C-23-08, 7. CIAT Resolution C-25-08, 8. CIAT Resolution C-25-09, 9. Resolution R-SINAC-CONAC-008-2021, 10. IATTC-101-013 CIAT, 11. Res-16-06-R181 CITES, 12. PAR-TIBURONES – OSPESCA OSP-05-11 OSPESCA, 13 Executive Decree No. 42842-MAG-MINAE, 14 Executive Decree No. 38681-MAG-MINAE, 15 Executive Decree No. 29834-MINAE, 16 Executive Decree No. 43368-MINAE, 17 Executive Decree No. 40548-MINAE, 18 AJDIP/437-2016 INCOPESCA Board of Directors Agreement, 19. AJDIP/076-2022 INCOPESCA Board of Directors Agreement, 20. AJDIP/026-2018 INCOPESCA Board of Directors Agreement, 21. AJDIP/067-2018 INCOPESCA Board of Directors Agreement.\n\n**FOURTH.- SINAC'S RESPONSE.** IT ACCEPTS THE EVIDENCE AND RESPONSE OF INCOPESCA, having responded to the hearing in the following terms: \"in my capacity as Special Judicial Attorney of the Executive Secretariat of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), within the term granted in the resolution of fourteen hours twenty minutes on September eighteenth, two thousand twenty-five, via email, and in application of CIRCULAR No. 42-2011 of the Plenary Court (Judicial Bulletin No. 82 of 04/29/2011), I appear to contest the precautionary measure presented by WALTER BRENES SOTO in a personal capacity, against SINAC, the STATE, and INCOPESCA based on the following: Previously, it is indicated to your esteemed Authority that this Representation adheres to what was stated in the brief presented by the Costa Rican Institute of Fishing and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA). We will not refer to the facts, as their analysis corresponds to a future response in a proceeding of full knowledge, which the promoter of this precautionary measure must present before the Contentious Administrative Tribunal, within the legal term provided by the Contentious Administrative Procedure Code, and not in a summary proceeding where the essential matter is to assess and determine if the budgets and necessary requirements for granting the requested precautionary order are met. EVIDENCE This representation requests that the evidence provided by the Costa Rican Institute of Fishing and Aquaculture (INCOPESCA) be admitted as common evidence.\"\n\n**FIFTH.- COADJUVANTS AND THIRD PARTIES.-** Although the ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES DE QUEPOS Y OTRAS has requested to intervene as passive coadjuvants, and EMPRESAS CRUZ Z S.A. Y OTRA as interested third parties, at the time of resolving this precautionary measure, their integrations have not been declared and finalized.\n\n**SIXTH.- ON THE APPEARANCE OF GOOD LAW.** Instrumentality between the object of the merits proceeding and the request for a precautionary measure; 1) its existence having been previously declared in favor of the plaintiff's request by the Appeals Court itself, recognizing, with better judgment and in a collegiate manner, the link of instrumentality between the requested precautionary measure and the claim of the lawsuit; Consequently, regarding this element of instrumentality, there is nothing more to be said than to recount it. 2) Object of the original proceeding [subsequently modified in appeals], the claim for compliance with Omissive Conduct, which in the original precautionary measure brief would be defined by the plaintiff, who literally stated: \"the precautionary measure seeks the protection of the species, while in judgment the STATE and SINAC are condemned to solve the problem that is accused as an omission in this precautionary measure; while the technical-scientific considerations will be discussed in an ordinary proceeding of full knowledge.\" 3) Adaptation of the object of the proceeding; the precautionary measure having been rejected in the first instance for lack of instrumentality, it would be during the Appeals hearing that the plaintiff, at the request and with the better judgment and collegiate manner of the Appeals Court, moves from requesting condemnation to solve the omitted problem [in relation to thresher and grey sharks], to what was readapted orally in appeals, so that [in relation to thresher and grey sharks] the defendants are condemned to: a) order a declaration of non-conformity of the export permits for those species, b) that the species be recognized as endangered; c) That an absolute prohibition on the export of those species be declared. 4) However, according to what was ordered by the Appeals Court, it was revoked insofar as declaring that there is instrumentality between the precautionary measure and the lawsuit, which would already be established], the foregoing did not imply that, jointly with the pronouncement on the danger in delay and the interests at stake, other elements regarding the appearance of good law would be examined. 5) Being required that the claim is not manifestly frivolous or lacking in seriousness, it can be INDUCED that the appellate body has not manifestly considered it frivolous or lacking in seriousness, by the collegiate body; in that sense, the lack of prior requirement for due conduct has lost the capacity to affect the declared instrumentality. The foregoing is understood to be under the minimum analysis, that is, it has not been previously considered that the declaration of prohibition of export of those species is manifestly frivolous or lacking in seriousness. Consequently, in this case, the analysis of the appearance of good law does not include a study of the probabilities of proving the technical elements necessary for the prohibition to proceed, given that the only direct evidence offered regarding the object of the proceeding are figures on the quantity of exports for two periods, not providing information on the state of the marine bank. CONCLUSION.- Instrumentality having been declared on appeal, without their manifestly considering it lacking in seriousness or frivolous, IT IS RECOGNIZED THAT THERE IS AN APPEARANCE OF GOOD LAW. In that sense, the arguments of the plaintiff, contained in the first considerando of this judgment and which have been numbered from 1 to 14 [standing and appearance of good law], are preliminarily recognized for the appearance of good law, without prejudice to its eventual final determination in the merits proceeding.\n\n**SEVENTH.- PROVISION OF EVIDENCE AND NORMATIVE FOUNDATIONS.** For the purposes of this resolution, it should be noted that the so-called evidence, ordinarily presented by the plaintiff and numbered 1, 2, and 3, technically do not constitute demonstrative or probative elements, similarly to the evidence for a better decision No. 4. Properly, the 1st: Ruling of the First Chamber 912-F-S1-2023, would qualify as an indirect precedent, a jurisdictional antecedent that, in the event of multiple reiterations, could constitute jurisprudence. The norms of general scope, 2nd: R-SINAC-CONAC-008-2021 and 3rd: Executive Decree No. 43477-MINAE, by their nature are normative or legal foundations. While the 4th: vote 2025031029 of the Constitutional Chamber does constitute erga omnes jurisprudence; but not an element of analysis or probative character. These elements are indeed considered pertinent to the plaintiff's theory of the case, but to substantiate the legal reasoning and the appearance of good law; that is, their utility would ultimately be validated in the proceeding of full knowledge. They constitute legal reasons related to the object of the proceeding; none by itself proves that the marine bank of the species to be prohibited is currently in grave danger; these legal considerations must be weighed jointly with the technical, direct, and suitable evidence in the final resolution. That is, even if they are provided as evidence, are consistent with the theory of the case and the appearance of good law, they must be analyzed in the final judgment as argued legal regulations, but they currently lack the condition of being a technical-biological, controvertible study that allows the state of the marine bank and the danger in delay to be proven. Regarding the evidence for a better decision No. 3 [Appeals], the report on the hammerhead shark, this not being offered in the first instance, nor being accepted in the second instance, its object of study also does not correspond to the species in this proceeding, nor is the non-compliance or re-export of Hammerhead Shark fins of direct interest to this precautionary measure; consequently, it is deemed and declared inadmissible for the knowledge of this precautionary measure. Consequently, of the so-called evidence that was offered by the plaintiff, both those published in the gazette and the rulings would be annexes to the legal foundation. We would have that of the 8 documents provided and offered as evidence by the plaintiff, only three elements constitute evidence, and the rest are normative annexes to the legal foundation and reasoning. Ordinary evidence No. 4 and the evidence for a BETTER DECISION No. 1 do have the nature of direct technical evidence, their object being to report the quantity of exports of grey shark and thresher sharks during 2023 and its extension into 2024; thus, the evidence for a BETTER DECISION No. 2 is admitted as indirect evidence, the Visual Summary contained on page 6 of the document entitled \"Meat on the menu and fins for export: The Shark Trade from Latin America with Asia.\"\n\n**EIGHTH.- DANGER IN DELAY.-** In accordance with the previous qualification of the elements offered as evidence. Pursuant to the plaintiff's burden of proof, they provided and offered direct and indirect technical evidence. In this case, DIRECT evidence must be understood as that which focuses its study directly on the thresher and grey shark species that are sought to be prohibited from export. In this case, these would be: 1) a joint report on the exports [June to December 2023] of the thresher and grey shark species that are sought to be prohibited from export, corresponding to the one prepared by biologists and scientists Elpis Chávez, Randall Araúz, and Maike Heidemeyer. 2) The previous report was updated by Randall Araúz through evidence for a better decision, updating the report with the period from January to May 2024. In that sense, it is technically proven that in the year elapsed between June 2023 and May 2024, 738 tons of grey shark meat and 22.2 tons of shark fins were exported. Meanwhile, INDIRECT evidence would be the technical evidence of a scientific nature, whose object, without being limited to the thresher and grey species, neither in time nor space, is related in general terms to the fishing of various shark species.\n\nEven though 1) the reasons for its untimely submission are not indicated, 2) it corresponds to data more than four years old, 3) the data on grey shark and thresher shark are not disaggregated or specified. It was admitted as evidence for better resolution, as it has an indirect relationship with the object of the proceeding. In this case of the Document titled “Carne en el menú y aletas para exportación: El comercio de Tiburones de América Latina con Asia,” the party offers the visual summary found on Page 6 of the submitted document. From which it can be deduced that between 2003 and 2020, despite the downward trend in the volume of fins traded, Costa Rica placed first, with a total of 5,613 metric tons over 17 years, for an annual average of 330 metric tons of all shark species. In that visual summary, although it was offered for that purpose, there is no specific information on Costa Rica regarding the lack of a clear official position by the responsible entities concerning the protection and conservation of sharks. INCONSISTENCIES IN THE DIRECT TECHNICAL EVIDENCE. As already indicated, from said report the quantity of tons of exports of the species in question can indeed be clearly deduced, being data for which the methodology and sources of consultation were reported. However, the report omits formalities such as: 1) Without cover page, it does not have a clear and concise title that identifies the authors and their affiliation data. [nor is it indicated whether the fees were earned by the three professionals, under the terms of Article 10.e of the Código de Ética profesional] that is, whether or not they were contracted to render a report and what the object of the contracted report was. 2) There is no index. 3) There is no abstract describing objectives, methods, results, and conclusions. 4) The introduction in principle establishes a single objective [a] “to conduct an analysis of exports of silky shark and thresher shark products and byproducts as of July 1, 2023, and [b] to verify compliance by the authorities of the Ministry of Environment and INCOPESCA with the Biodiversity Law and the Wildlife Conservation Law.” 5) Additionally, they proceeded to report that the result of the report was compared with judgment 912-F-S1-2023 of the First Chamber (Sala Primera), reaching the conclusion that MINAE and INCOPESCA are in contempt of the orders issued. 6) CONCLUSIONS.- The methodology set forth covered only the determination of exports in tons (PROCOMER) and their average price-per-kilo relationship according to the tariff classification of the SICA customs control system. This means that no methodology was indicated regarding the verification of compliance by the authorities; nor does it address why, technically or diligently, the paragraph that excepts species of fishing interest in the first article of that law should have been excluded from the analysis of compliance with the Wildlife Conservation Law. In any case, the conclusions on whether or not the authorities were in noncompliance would rest on the appearance of good law (apariencia de buen derecho) and subsequently demonstrating in the trial on the merits the validity or not of the biological interpretation regarding the noncompliance with the regulations and the ruling of the First Chamber (Sala Primera) by the authorities. Additionally, the visual summary contained on page 6 of the document “Carne en el menú...” only allows referencing that from 2003 to 2020 Costa Rica was on average the first exporter from Latin America and the Caribbean to the Asian market; that is, although it evidently does not contribute new information, it does put part of the reality of past decades into context. It is not considered that the evidence provided by the plaintiff allows establishing that the conditions of the marine stock of the species under proceedings must be moved from CITES Appendix II to I. The biological reports do not develop a relationship between the quality of the marine stock and a low or high level of exports. It is not considered that the evidence provided reports on the current state of the marine stock of the species whose export is sought to be prohibited. In this sense, the State is correct in indicating that the existing studies that have been developed by the international technical authorities, through which the thresher and grey shark species have been classified in CITES Appendix II, have not been refuted, pointing out that “In this matter, it is not accredited that said species should be listed in CITES Appendix I, nor that the positive non-detriment finding export permits (dictámenes de extracción no perjudicial positivos) and their control mechanisms are contrary to the rules of science and technique, rendering the scope of the measure and its instrumentality vain against the technical and normative support of the active Administration’s action.” This evidentiary omission by the plaintiff is also pointed out by INCOPESCA when noting that the plaintiff omits considering the national and international scientific studies that demonstrate the healthy state of the shark biomass, supported by investigations of the Inter-American Tropical Tuna Commission (CIAT), the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (CICAA), and the Organization of the Fishing and Aquaculture Sector of the Central American Isthmus (OSPESCA), which show stable populations in the Eastern Pacific Ocean and the Caribbean Sea. (submitted with its response) SUMMARY.- The technical certainty and without proof to the contrary is maintained regarding the favorable extraction criteria for the species, without the evidence offered by the plaintiff having had as its object assessing or refuting the current assessments of the conditions of the marine stocks of the grey shark and thresher shark species. Regarding the plaintiff’s allegations as to the danger in delay (peligro en la demora), which were numbered 15, 16, and 17 [in the first considering clause (considerando primero)], it is not shared, as the plaintiff indicates, that the danger in delay is credited from the content of the resolutions of SINAC and the First Chamber (Sala Primera); nor by their inclusion on the IUCN Red List; as stated, these are considerations of a legal nature and do not replace the necessity and character of the biological technical evidence on the state of the marine stock. Finally, regarding allegation numbered 18, it is not accepted insofar as it indicates that the proof of serious damage arises from the presentation of the product export data, given that it is not possible to establish even a percentage relationship between the quantity of species exported and the current stock size of the species whose export is sought to be prohibited. Consequently, reporting export data does not imply proving the seriousness of the damage to the marine stock, that is, in the case record, biologically, serious damage to the marine stocks has not been proven and therefore it is considered that there is no proof of danger in delay (peligro en la demora).\n\nNINTH.- INTERESTS AT STAKE.- PLAINTIFF, corresponding to allegations numbered 19 and 20 [in the first considering clause (considerando primero)], in the first instance the plaintiff indicates that if the measure is granted, no public interest is affected; quite the opposite, the public domain and the natural patrimony of the State, obligations and rights contained in our environmental laws, would be protected against the interests of fisheries and exporters. That is, we would have: a) on one hand there would be a public interest, advocated by the plaintiff, which would be the interest in protecting the natural patrimony of the State. b) That public interest is placed against the interests of fisheries and exporters [as a different one]. In his allegation 20, the plaintiff indicates as evidence of a balance in favor of the measure, an excerpt from the content of the DENP-2015, which in turn would have been cited within the judgment of the First Chamber (Sala Primera), where we have that: c) the social impact on fishermen is based on conjecture and not on substantive analysis; and d) that given the lack of biological data on the abundance of the species in question and estimating the impact of fishing, a decision in favor of the conservation of the species must be taken. STATE.- Has indicated that “given the unproven damage of a critical condition, the public interest reverts in favor of the license and not the restriction. e) That is, there is a public interest in fishing regulation, in favor of which the license should prevail over the prohibition. INCOPESCA.- On the interests at stake, concludes that, f) granting the preliminary injunction (medida cautelar) would cause a disproportionate negative impact on coastal communities and the national economy, without sufficient scientific justification to support it. g) INCOPESCA maintains that the preliminary injunction (medida cautelar) would be counterproductive, since the species subject to it present healthy populations and active control and monitoring regulations. CONCLUSIONS ON INTERESTS.- Although the plaintiff advocates for protection of the natural patrimony of the State through the prohibition of the export of thresher and grey shark species; this per se is not contrary to the reasonable use of natural resources and the development of the activity in a manner regulated and licensed by the State. In this case, the public interest of the activity has been so important that INCOPESCA has been created as a public entity tasked with regulating the activity. Furthermore, in this case the impact on fishermen is not mere conjecture, given that the plaintiff itself credited the multi-million-dollar value that recent exports represent; that is, there is an economic estimate of the negative impact that the development of the activity would have. INCOPESCA is correct in pointing out that the plaintiff disregards the national and international studies, [submitted as evidence]; the foregoing implies that the plaintiff neither recognizes them, nor disregards them, nor questions them, and it is considered that indeed, as INCOPESCA points out, granting the preliminary injunction (medida cautelar) would cause a disproportionate negative impact on coastal communities and the national economy, without sufficient scientific justification to support it. In this sense, this authority agrees with the lack of sufficient scientific justification; note that the biological extraction report for the thresher and grey species does not encompass as its object of study the state of the marine stock, has no data collection or biological samples, and no field work was done. Hence, the report does not have as its direct or indirect object the ability to establish the conditions of the marine stock; not even a conjecture is formulated relating the state of the stock to the increase or decrease of exports. Consequently, it is considered that the public interest does indeed revert in favor of regulating and permitting fishing activity, over total prohibition or restriction. The foregoing is consistent with the interests of the fishermen, as third parties indeed affected by the claim of nonconformity with the licenses, which would be sought on the merits. In the specific case, we are not dealing with the absence of biological data, given that the favorable extraction permits (dictámenes de extracción favorables) are in accordance with existing studies. There is no expiration date for the studies, so that if they could not be updated every two years, the foregoing does not automatically imply the loss of the license for their fishing until the studies are updated. Thus, in the balancing of the interests at stake, the public interest in regulating, restricting, and licensing the fishing and export activity of thresher and grey shark species must prevail, given the absence of field biological studies that refute the favorable conditions of the marine stock and that justify a total prohibition. The balancing of the interests at stake tilts against the requested preliminary injunction (medida cautelar) and in favor of lifting the provisionalísima prohibition. GENERAL CONCLUSION even though the appearance of good law (apariencia de buen derecho) has been recognized, neither the judgments, nor the resolutions, nor the regulations or decrees replace the technical evidence to prove the serious impact on the marine stock of the species sought to be prohibited, at least in this preliminary injunction instance and without prejudice to eventually considering that in the trial on the merits, the reasoning and legal interpretation of the current legal system would indeed be sufficient to deduce and order what is sought. The serious damage to the marine stock of the species under proceedings not having been proven, consequently the danger in delay (peligro en la demora) has been deemed not proven; additionally, the balancing of the interests at stake leans towards maintaining the restrictive regulation of fishing activity, over the provisional prohibition. The provisionalísima measure must be revoked and, in its place, the preliminary injunction (medida cautelar) of WALTER BRENES SOTO against THE STATE, SINAC, and INCOPESCA must be rejected in all its aspects.\n\nTENTH.- COSTS.- In accordance with the scope of the final judgment on the merits, it is understood for the moment that it is not appropriate to rule on the pronouncement on costs.\n\nTHEREFORE (POR TANTO)\n\nThe provisionalísima measure is revoked and the preliminary injunction (medida cautelar) of WALTER BRENES SOTO against THE STATE, SINAC, and INCOPESCA is rejected in all its aspects. Judgment is rendered without special condemnation as to costs. Notify. That is all. FILE (EXP).-24-004125-1027-CA. Judge Alexander Castillo Aguilar. PROCESSING XVI\n\n \n\nACASTILLOA\n\n\n\nTFSCHAPAIXO61\nALEXANDER CASTILLO AGUILAR - JUDGE/PROCESSOR\n\n \n\nEXP: 24-004125-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:35:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }