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  "id": "nexus-sen-1-0034-1348007",
  "citation": "Res. 00268-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Restitución de áreas de protección hídrica a tercero propietario sobrevenido",
  "title_en": "Restoration of Water Protection Areas Against a Subsequent Owner",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó una decisión que ordenó la restitución de zonas de protección hídrica a su estado original, incluso frente a un tercero propietario que adquirió el inmueble después de cometidos los ilícitos ambientales. El tribunal determinó que, aunque no se logró establecer responsabilidad penal del imputado original, sí se acreditó la invasión de áreas de protección de nacientes y quebrada mediante cultivos de café, plátano y un camino, conforme al dictamen del OIJ. Se ordenó al tercero propietario permitir al Estado (SINAC y Municipalidad de Tarrazú) ejecutar la restitución, asumiendo el Estado los costos. La Cámara rechazó el recurso del tercero, quien alegó violación al derecho de defensa por no haber podido controvertir la prueba en etapas anteriores. El fallo sostiene que su intervención tardía obedeció a la adquisición posterior del inmueble y que, en el juicio de reenvío, tuvo plena oportunidad de ejercer su defensa, sin que solicitara nueva prueba. Se reitera la obligación de restaurar el ambiente sano por encima de derechos de propiedad cuando existe un ilícito ambiental.",
  "summary_en": "The Criminal Sentencing Appeals Court of Cartago upheld a ruling ordering the restoration of water protection areas to their original state, even against a third-party owner who acquired the property after the environmental offenses occurred. The court held that although the original defendant's criminal liability was not established, the invasion of spring and stream protection areas by coffee and banana crops and a road was proven, per the OIJ's expert report. The third-party owner was ordered to allow the State (SINAC and the Municipality of Tarrazú) to carry out the restoration, with the State bearing the costs. The Chamber rejected the third party's appeal claiming violation of defense rights because he could not challenge evidence earlier. The ruling finds his late appearance was due to his post-offense acquisition, and in the re-trial he had full opportunity to defend himself but requested no new evidence. It reaffirms the duty to restore a healthy environment over property rights in cases of environmental wrongdoing.",
  "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago",
  "date": "30/05/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "criminal-environmental"
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  "primary_topic_id": "criminal-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "restitución de las cosas al estado anterior",
    "zona de protección hídrica",
    "tercero interesado",
    "juicio de reenvío",
    "acción civil resarcitoria",
    "principio dispositivo",
    "principio de congruencia",
    "cambio de uso del suelo",
    "irreductibilidad del bosque",
    "Artículo 58 de la Ley Forestal"
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  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 58",
      "law": "Ley Forestal 7575"
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    {
      "article": "Arts. 103, 361, 359, 355",
      "law": "Código Procesal Penal"
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    {
      "article": "Art. 50",
      "law": "Constitución Política"
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  "keywords_es": [
    "restitución de cosas",
    "zona de protección hídrica",
    "cambio de uso del suelo",
    "tercero interesado",
    "derecho de defensa",
    "área de protección de nacientes",
    "juicio de reenvío",
    "delito ambiental",
    "procuraduría general de la república",
    "SINAC",
    "Municipalidad de Tarrazú",
    "dictamen pericial OIJ",
    "Artículo 58 Ley Forestal",
    "principio de congruencia",
    "restauración ambiental"
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  "keywords_en": [
    "restoration of things",
    "water protection zone",
    "land-use change",
    "interested third party",
    "right of defense",
    "spring protection area",
    "re-trial",
    "environmental crime",
    "Attorney General's Office",
    "SINAC",
    "Municipality of Tarrazú",
    "OIJ expert report",
    "Article 58 Forestry Law",
    "principle of congruence",
    "environmental restoration"
  ],
  "excerpt_es": "Precisamente, luego de efectuado el juicio de reenvío, el juez a cargo emitió sentencia en la que decidió sobre el tema discutido, en la cual determinó, dentro de un mismo considerando, la base fáctica de la que partió a partir de la valoración de la prueba y motivó la procedencia de la restitución (...) Básicamente lo que el Tribunal determinó es que se encuentra establecida la ubicación de las nacientes y fijada el área de protección de cien metros a la redonda, mediante dictamen pericial en el que se incluyeron croquis de la zona y se utilizó el sistema GPS para la ubicación satelital de los puntos de interés. Como se señala en el fallo y se desarrolló por parte de la Sección Primera de este mismo Tribunal, es indiscutible que procede la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito en esa área y no se trata de un aspecto que el recurrente cuestione. En su escrito también reconoce la existencia de la zona de protección hídrica y no disputa la extensión y ubicación de ésta derivada del dictamen DCF: 2018-01059-ING y el oficio del SINAC OSRS-DEN-022-16, lo que objeta es qué porcentaje de esa área se encuentra actualmente cubierta por cultivos y caminos y cuál es el monto al que asciende el daño causado, cuestiones que no afectan de ninguna manera el derecho de propiedad de su representado pues lo que se ordenó fue recuperar, en concreto, la zona de protección que se encuentra claramente delimitada en el proceso, de manera que el Estado no intervendrá ningún área fuera de ésta y, por otra parte, no se ha dispuesto ejecutar ningún cobro que afecte sus intereses.",
  "excerpt_en": "Specifically, after the re-trial was held, the presiding judge issued a ruling deciding the issue discussed, determining, within a single recital, the factual basis from which it started based on the assessment of evidence and justified the appropriateness of restoration (...) Essentially what the Court determined is that the location of the springs was established and the 100-meter protection area was fixed, by means of an expert report that included sketches of the area and used GPS for satellite location of the points of interest. As noted in the ruling and elaborated by the First Section of this same Court, it is indisputable that restoration of things to the state prior to the commission of the crime is appropriate in that area, and that is not a matter the appellant disputes. In his brief he also acknowledges the existence of the water protection zone and does not dispute its extent and location derived from report DCF: 2018-01059-ING and SINAC official letter OSRS-DEN-022-16; what he objects to is what percentage of that area is currently covered by crops and roads and what the amount of damage is, matters that in no way affect his client's property rights because what was ordered was to recover, specifically, the protection zone that is clearly delineated in the proceeding, so that the State will not intervene any area outside of it and, moreover, no charge affecting his interests has been ordered.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied — restoration confirmed",
    "label_es": "Sin lugar — se confirma la restitución",
    "summary_en": "The third-party owner's appeal is denied, and the restoration order for the water protection areas is confirmed, authorizing SINAC and the Municipality of Tarrazú to carry out the restoration at the State's expense.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de apelación del tercero propietario y se confirma la orden de restitución de las áreas de protección hídrica, autorizando al SINAC y la Municipalidad de Tarrazú a ejecutar las labores a costa del Estado."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando III (razonamiento del voto 2023-487 que ordenó el reenvío)",
      "quote_en": "A potential third party in good faith who came into possession of the property could not claim, on that basis, a right to prevent those areas from being restored, due to the legal restriction regime on property rights that governs in our legal system.",
      "quote_es": "Un eventual tercero de buena fe que hubiese entrado en posesión del fundo no podría alegar que tiene derecho, por esa causa, para impedir que dichas áreas sean restauradas, debido al régimen de restricción legal del derecho de propiedad que rige en nuestro ordenamiento."
    },
    {
      "context": "Cita del fallo de juicio incorporada en el considerando III de esta sentencia",
      "quote_en": "It is notorious that the damage must be restored as ordered by article 50 of our political constitution, and since it has not been determined who is responsible for this restoration, in the case of natural resources that are inalienable to the whole community, this being a good protected by the State under the Forestry Law, this Court considers that to return things to their state prior to the crime, it is up to the State through its institutions.",
      "quote_es": "Es notorio que el daño debe restituirse conforme lo ordena el numeral 50 de nuestra constitución política, y al no haberse determinado a quien le corresponde esta restitución, en tratándose de recursos naturales que nos son alienables a toda la colectividad, siendo este un bien protegido por el Estado conforme a la ley Forestal, estima este Tribunal que para devolver las cosas a su estado anterior al delito, corresponde al Estado conforme a sus instituciones."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "Restoration is a civil consequence, so that, from the moment Mr. [Name 002] was notified of the proceeding's existence, he was able to present, through his representative, any action he deemed appropriate for the defense of his interests and, particularly, during the oral hearing, he could have requested the Court to receive any admitted evidence relevant to the issue under discussion and could even have offered evidence for better provision as authorized by article 355 of the Criminal Procedure Code.",
      "quote_es": "La restitución es una consecuencia civil, de manera que, desde que se le comunicó la existencia del proceso el señor [Nombre 002] tuvo la posibilidad de presentar, por medio de su apoderado, cualquier gestión que considerase oportuna para la defensa de sus intereses y, particularmente, durante la audiencia oral, pudo haber requerido al Tribunal la recepción de cualquier elemento admitido atinente al tema en discusión e incluso pudo haber ofrecido prueba para mejor proveer según faculta el numeral 355 del Código Procesal Penal."
    }
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1348007",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago\n\nResolución Nº 00268 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 10:20\n\nExpediente: 16-000306-0567-PE\n\nRedactado por: Xiomara Gutierrez Cruz\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nRes: 2025-268\n\nExp:  16-000306-0567-PE\n\n Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Segunda. A las diez horas veinte miutos del treinta de mayo del dos mil veinticinco.\n\n Causa penal 16-000306-0567-PE seguida contra [Nombre 001] por el delito de Cambio de uso del suelo en perjuicio de Los recursos naturales.\n\n Recurso de apelación de sentencia penal formulado por el licendiado Eithel Mauricio Campos Rojas, apoderado especial judicial del señor [Nombre 002], tercero interesado. Este Tribunal integrado por la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz, así como Hazel Espinoza Mora y Mauren Sancho González, resuelve;\n\nResultando:\n\n ÚNICO. Que mediante sentencia número 1121-2024 de las nueve horas treinta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro, el Tribunal Penal de Cartago, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad al numeral 37, 39, 41, 50 y 89 de la constitución política, 103 inciso 1 del código penal, se le ordena a [Nombre 002] permitir al ESTADO realizar la restitución de las cosas a su estado original, y en ese sentido, dentro del plazo de TRES MESES a la firmeza de esta sentencia, se deberán desarraigar los cultivos, destrucción e inhabilitación del camino existente sobre el área de protección que se encuentra dentro de su finca inscrita ante el Registro de la Propiedad matrícula [Valor 001], plano [Valor 002], ubicada en [...]. Para tales efectos, se autoriza a la Administración del SINAC de la zona de los Santos, así como a la Municipalidad de Tarrazú realizar la restitución conforme se determina la afectación dentro del dictamen DCF: 201801059-ING del Organismo de Investigación Judicial. En caso de que el señor [Nombre 002] no acuerde con la autoridad administrativa la hora y fecha de la restitución, deberá LA AUTORIDAD Administrativa del SINAC y la Municipalidad de Tarrazú gestionar con el Tribunal Penal hora y fecha para el ingreso de la maquinaria a la propiedad para proceder conforme lo ordenado, siendo los costos de la restitución por cuenta total del ESTADO, ello por no haberse determinado la responsabilidad penal o civil de quien realizó el daño en la zona protegida sobre la cual se ordena la restitución. EJECÚTESE. Msc. Reinaldo Antonio Araya Ucañán. Juez de Juicio.\" (sic).              \n\n Informa la jueza Gutiérrez Cruz.\n\nCONSIDERANDO:\n\n  I. Antecedentes: A) Mediante sentencia oral número 792-2023, dictada a las ocho horas del veinticuatro de octubre del dos mil veintitrés, el Tribunal Penal de Cartago resolvió, en lo que interesa: “se ABSUELVE, de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001] por los delitos de APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREA DE PROTECCIÓN Y UN DELITO DE INVASIÓN DE AREA DE PROTECCIÓN que en daño de LOS RECURSOS NATURALES se le ha venido atribuyendo en este asunto. Se declara sin lugar la Querella establecida por LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA bajo la representación del procurador Andrés Alfaro Ramírez en contra del querellado [Nombre 001], sin especial condenatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria establecida por PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA bajo la representación del procurador Andrés Alfaro Ramírez en contra del querellado [Nombre 001] sin especial condenatoria en costas por existir razón plausible para litigar. Se ordena el levantamiento de las medidas cautelares existentes en contra del imputado. Se resuelve sin especial condenatoria por los gastos del proceso penal. Así mismo se rechaza solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior” [sic]. B) Dicho pronunciamiento fue impugnado por la Procuraduría General de la República, por lo que la Sección Primera de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en el voto número 2023-487 de las catorce horas del veinte de diciembre del dos mil veintitrés resolvió, por mayoría: “Se anula parcialmente la sentencia y se ordena el reenvío  al tribunal de origen para que, con distinta integración, proceda a realizar un  nuevo juicio, en el que se conocerá exclusivamente lo relativo a la  restauración de las cosas al estado que tenían antes del hecho acusado y  definirá quién es el responsable de realizar dicha restitución. En resguardo de los derechos de todas las personas que puedan verse afectadas, deberá darse audiencia al actual propietario registral del inmueble, quien podrá intervenir en el juicio de reenvío independientemente de que, en caso de no ser ubicado o no mostrar interés, se pueda resolver prescindiendo de su participación” [sic]. C) Como consecuencia del juicio de reenvío, mediante sentencia número 1121-2024 dictada por el Tribunal Penal de Cartago, de las nueve horas treinta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro, se estableció: “se le ordena a [Nombre 002] permitir al ESTADO  realizar la restitución de las cosas a su estado original, y en ese sentido, dentro del  plazo de TRES MESES a la firmeza de esta sentencia, se deberán desarraigar los  cultivos, destrucción e inhabilitación del camino existente sobre el área de protección  que se encuentra dentro de su finca inscrita ante el Registro de la Propiedad matrícula  [Valor 001], plano [Valor 002]. Para tales efectos, se autoriza a la Administración del SINAC de la zona de los Santos, así como a la Municipalidad de Tarrazú realizar la restitución conforme se determina la afectación dentro del dictamen DCF: 201801059- ING del Organismo de Investigación Judicial. En caso de que el señor [Nombre 002] no  acuerde con la autoridad administrativa la hora y fecha de la restitución, deberá LA  AUTORIDAD Administrativa del SINAC y la Municipalidad de Tarrazú gestionar con el  Tribunal Penal hora y fecha para el ingreso de la maquinaria a la propiedad para  proceder conforme lo ordenado, siendo los costos de la restitución por cuenta total del  ESTADO, ello por no haberse determinado la responsabilidad penal o civil de quien  realizó el daño en la zona protegida sobre la cual se ordena la restitución” [sic].  El recurso presentado contra esta última sentencia es el que conoce esta Cámara, conforme lo que se desarrolla a partir del siguiente considerando.\n\nII. Admisibilidad del recurso: El abogado Eithel Mauricio Campos Rojas, en su condición de apoderado especial judicial del señor [Nombre 002], tercero interesado en este proceso, impugnó la última sentencia dictada por el Tribunal Penal de Cartago, número 1121-2024, cuya lectura integral se realizó el martes 3 de diciembre del 2024, por lo cual el plazo de quince días hábiles para impugnar venció el martes 7 de enero del 2025, tomando en cuenta el periodo de cierre colectivo, del 23 de diciembre del 2024 al 3 de enero del 2025. El recurso fue presentado en el escritorio virtual en tiempo, el lunes 6 de enero del 2025, por una parte legitimada para ello y cumple con los requisitos formales, por lo que se admite para su estudio de fondo\n\nIII. En su único motivo el apelante reprocha la forma en que se incorporó a su defendido como parte en el proceso hasta el momento del juicio de reenvío, en su condición de tercero interesado, no como imputado o demandado civil. Afirma que, debido a ello, no estuvo en posibilidad de defender de forma adecuada sus intereses. Indica que no es suficiente aseverar que se encuentran en juego derechos colectivos como el derecho a un ambiente sano, que el Estado debe tutelar. Agrega que en el fallo impugnado se dispuso la restitución de las cosas al estado anterior al delito con base en el dictamen DCF:2021801059-ING, prueba documental incorporada al proceso que no puedo ser cuestionada por su defendido, mediante otra prueba que aportara un segundo criterio sobre los alcances por la afectación derivada de la cobertura total de las plantaciones y caminos ubicadas dentro del área de protección.  Al respecto sostiene: “En el informe referido que toma como base la sentencia, se dice que dentro de la zona de protección existe un área #1 de 6900 m2 sembradas de café y plátano; un área # 2 de 5600 m2 sembrada de café y plátano; un área #3 de 1900 m2 sembradas de café y plátano; un área #4 de 2800 m2 sembradas de café y plátano, así como un camino de 1660 m2 con una longitud de 370. Pese a lo que indica ese dictamen, existe prueba en autos ofrecida por parte del imputado, sea el Estudio Jurídico y Económico realizado por parte del Consultor Dr. Bernardo Aguilar Gonzalez (página 13), que señala: “Se desprende de los resultados que de las 2.31 ha en las áreas de protección de las nacientes, para enero del año 2015, con anterioridad a la adquisición del inmueble por su dueño actual de conformidad con la prueba que consta en autos, un 69 % se encontraba ya en un uso del suelo diferente a la cobertura boscosa, pastos con árboles dispersos. La cobertura de bosque en esas áreas se estima al año 2015 en aproximadamente 1.03 hectáreas. Ello implica que para que se diera una alteración del área boscosa existente en el área de protección de las nacientes, de acuerdo con la estimación de la querella, se habría tenido que eliminar más de la totalidad de esa área. Por ello, se deben considerar para la imputabilidad jurídica y económica del daño ambiental, los datos consignados en este reporte y la situación base de la cual se parte. La reducción de cobertura boscosa que se registra, a diciembre del 2017 es de 244 metros cuadrados, conforme se señaló antes” [sic]. Con base en ello, sostiene que no hay certeza respecto de cuál es el área afectada dentro de la zona de protección con las plantaciones de café y plátano, de lo cual se enteró su defendido en el juicio de reenvío, de manera que no tuvo la posibilidad de debatir el tema, por lo ordenado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Como consecuencia de lo anterior, se irrespetó el principio de contradicción, el cual define mediante una cita doctrinal, dado que “se pretende preservar el derecho de defensa trayendo al mi representado como tercero interesado a escuchar como se ordena la restitución de las cosas sobre su propiedad sin derecho a ofrecer prueba y participar en el contradictorio” [sic].  Estima que tal actuación genera un vicio sustancial en el proceso, porque la prueba recibida en el juicio no pudo ser rebatida por su patrocinado, debido a que estuvo limitado durante el reenvío a “referirse únicamente a la restitución de las cosas al estado anterior, dejando de lado los alcances que de esa restitución puedan interesarle”, sin considerarse la indefensión que ello le ocasionaba. Agrega que: “el derecho de defensa no es un derecho divisible o flexible. Si en un proceso no existió posibilidad para una parte de cuestionar, hacer alegaciones, refutar prueba, ofrecer la que considere de interés para su defensa, pues este derecho no se respetó. Tampoco podría subsanarse esa indefensión notificando a un tercero interesado para que se pueda referir de forma exclusiva a la restitución que se pretende disponer sobre su finca, púes cualquier alegación –sin la posibilidad de haber participado en el contradictorio– estaría limitada a lo que las demás partes pudieron debatir con base a sus intereses, más no a lo que ese tercero interesado pudo haber considerado necesario para su defensa. Resulta claro que el proceder en este caso genera una absoluta indefensión que toca también el principio de igualdad, o igualdad de armas” [sic]. Subraya que, aunque el Tribunal de Juicio se limitó a ejecutar lo dispuesto por el superior al resolver el recurso de apelación, debió considerar que el tercero interesado no debió quedar sujeto, en cuanto a la restitución, al dictamen del Organismo de Investigación Judicial existente, el cual reitera, no pudo contradecir, y que, ante las dudas planteadas a partir del otro dictamen, debió decidirse como base en  “un  informe posterior realizado por parte del SINAC, al que pudiera tener audiencia mi representado, ahí sí, respetando su derecho de defensa. Se desprende de la sentencia, de alguna forma una intención del Juzgador de graduar los efectos de la restitución, rechazando la petición de que los costos de está recayeran sobre mi representado, y que ante la imposibilidad de ordenársele que fuera él, quien tuviera que restituir las cosas al estado anterior, fuera entones el Estado mediante el SINAC y/o la Municipalidad de Tarrazú.  En ese sentido, el respetable juzgador no consideró la indefensión en la que se encontraba mi representado, y lo limitó a consentir la restitución de las cosas con base a un informe que no pudo refutar en el contradictorio.  Se señala lo anterior, por cuanto, le parece a esta representación que una forma de graduar la afectación al tercero interesado es garantizando que la restitución se realice con base en dictámenes o informes a los que él se pueda referir de previo, sea para buscar una segunda opinión profesional bajo su costo, o aceptarlo si fuera el caso” [sic]. Solicita se revoque la sentencia y se disponga el reenvío para nueva sustanciación. Posición de la Procuraduría General de la República: El Procurador Andrés Alfaro Ramírez sostiene que el alegato del recurrente, en cuanto a que se violentó el derecho de defensa y el debido proceso del tercero, es inaceptable porque pasa por alto lo dispuesto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal en la sentencia número 487-2003 que ordenó la realización de un juicio de reenvío para la discusión sobre la restitución de cosas a su estado anterior, ya que [Nombre 001] no era el propietario de la finca. El apelante transcribe, en lo conducente, lo decidido en esa resolución y agrega que el reenvío se dispuso solamente para la discusión sobre la restitución de cosas al estado anterior con base en la prueba ya evacuada en el contradictorio, por lo que no era procedente reabrir el debate sobre aspectos respecto de los que ya existía cosa juzgada material, consistentes en la absolutoria del acusado [Nombre 001] y la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria planteada contra éste. Por ello, el reenvío versó solamente sobre la restitución con base en la prueba constante en autos y admitida para el primer juicio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 465, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal. Agrega que el señor [Nombre 002] fue notificado de manera debida con relación al objeto del juicio, tuvo acceso total al expediente y la posibilidad de combatir los argumentos presentados por la Procuraduría y presentar los propios, con lo que se cumplió el debido proceso y se respetó el derecho de defensa, sin que exista algún vicio. Estima que el impugnante cuestiona el informe de Ingeniería Forense DCF:2021801059-ING como si se tratase de la única prueba disponible para comprobar la invasión de la zona de protección mediante cultivos de café y plátano y un camino, pero su existencia se demostró por medio de prueba documental y testimonial, que incluye el criterio del SINAC y el de la Dirección de Aguas del MINAE. Señala que el citado informe solamente localiza en el terreno las afectaciones específicas, la cantidad de metros de invasión en zonas de protección hídrica que deben eliminarse mediante la remoción de cultivos y destrucción e inhabilitación del camino. Asevera que la prueba transcrita por el recurrente integra el acervo probatorio valorado en el contradictorio; sin embargo, se limita a la cuantificación del daño ambiental determinada en la acción civil, basada a su vez en la estimación económica elaborada por el SINAC. Esta prueba no guarda relación con la existencia del daño ambiental, ni con la invasión a las áreas de protección hídrica o con los alcances del peritaje elaborado por la Sección de Ingeniería Forense. Por ello, el señalamiento del recurrente carece de sustento y no se vincula con el objeto del juicio de reenvío. Asimismo, no se configura afectación alguna a los derechos del tercero interesado, quien fue notificado, compareció con asistencia letrada y ejerció su derecho a ser escuchado y a presentar su posición. En consecuencia, considera que la sentencia impugnada se encuentra adecuadamente motivada y que el recurso debe declararse sin lugar. Sin lugar el recurso. Antes de abordar los reclamos formulados por la parte apelante, resulta necesario destacar que la discusión en este caso se circunscribe exclusivamente a la restitución de bienes objeto del delito al estado anterior, lo cual constituye una consecuencia civil, de carácter patrimonial, derivada del hecho ilícito, de acuerdo con lo establecido, principalmente, por los artículos 361 inciso del Código Procesal Penal y 103 del Código Penal. En virtud de ello, deben considerarse dos principios fundamentales: el principio dispositivo y el principio de congruencia. El principio dispositivo se basa en la naturaleza patrimonial de las controversias civiles, lo cual confiere a las partes plena libertad para disponer de sus derechos e intereses, ya sea de manera expresa o tácita. Esto implica que pueden renunciar a ejercerlos, omitir su invocación o abstenerse de impugnar lo resuelto. Como consecuencia, únicamente los aspectos expresamente planteados por la parte interesada pueden ser objeto de pronunciamiento judicial. Este principio adquiere particular relevancia en la fase impugnatoria, puesto que el órgano jurisdiccional no está autorizado para resolver sobre extremos de la sentencia que no hayan sido objeto de apelación. La parte que decide no recurrir se entiende conforme con lo resuelto y, al abstenerse de ejercer su derecho de impugnación, asume las consecuencias jurídicas derivadas del fallo y debe acatarlo según lo dispuesto por el ordenamiento legal. En este sentido, los puntos cuestionados en la apelación delimitan la competencia del tribunal de alzada. Por ende, la sola existencia de una impugnación no habilita al tribunal para revisar de manera general el contenido del fallo, sino únicamente aquellos puntos comprendidos en los motivos del recurso, junto con sus respectivas consecuencias jurídicas. Esta restricción se encuentra en consonancia con el principio de congruencia, el cual exige una estricta correspondencia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el órgano jurisdiccional. De lo anterior se desprende que, aun cuando el tribunal advierta la existencia de un error en la sentencia, únicamente podrá modificarla —ya sea anulando, revocando o ajustando el fallo— si dicho yerro ha sido alegado oportunamente por alguna de las partes, y solo en la medida en que la modificación favorezca a quien interpuso el recurso. Si no existe reproche por parte de la contraparte, no resulta jurídicamente procedente una reforma en su perjuicio. Asimismo, la omisión o transgresión de estos principios por parte del tribunal, en cualquier instancia, solo podrá ser enmendada si la parte afectada manifiesta su disconformidad a través de los mecanismos legales previstos; de lo contrario, lo resuelto adquiere firmeza y produce plenos efectos conforme a derecho. Por ello, esta Cámara se aboca a resolver el único tema propuesto por el recurrente, que alega, en síntesis, que al señor [Nombre 002] se le violentó su derecho de defensa porque no pudo cuestionar la prueba con base en la cual se resolvió la restitución de cosas al estado anterior en este proceso. Como estima el representante de la Procuraduría, tal reproche no puede atenderse. En primer término, es relevante señalar que el señor [Nombre 002] no intervino de previo en este proceso, iniciado en 2016 porque la finca dentro de la cual se realizaron los actos ilícitos se inscribió a su nombre el quince de julio del dos mil veintidós, según la certificación RNPDIGITAL-[Valor 003], fecha a partir de la cual se le puede tener formalmente como propietario para efectos de esta causa. Además, la información sobre la existencia de un nuevo propietario se aportó hasta el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés, durante la fase de conclusiones del primer juicio oral y público, por parte del abogado representante del imputado, querellado y demandado civil [Nombre 001], según consta en la minuta elaborada ese día. La audiencia preliminar se realizó el trece de junio del dos mil veintidós, en la cual se dictó auto de apertura a juicio con base en la acusación, la querella y la demanda establecidas en el proceso. Es decir, en el momento en que se dispuso que la causa avanzaría hacia la etapa de juicio, el señor [Nombre 002] no era propietario del inmueble, por lo cual era imposible que fuese considerado parte del proceso y no puede alegarse, en consecuencia, alguna violación de su derecho de intervención en las etapas preparatoria e intermedia del proceso penal, en las que se desarrolló la investigación, se recolectó la prueba, se formuló y dio traslado de los requerimientos de las partes, se admitieron las acciones y los elementos probatorios respectivos porque no ostentaba ninguna condición por la cual estuviese facultado a apersonarse. Adicionalmente, no se ofreció ni admitió prueba mediante la cual se pueda determinar si al momento de la adquisición de la finca, el señor [Nombre 002] fue o no informado sobre el litigio pendiente, que, en todo caso, no es un tópico que corresponda discutir en esta causa. De considerar que la existencia de este proceso pendiente perjudicó sus intereses, puede acudir a las vías que el ordenamiento jurídico prevé. En segundo lugar, las consecuencias del cambio de propietario no son objeto de discusión en este momento procesal, pues se dictó sentencia que eximió de responsabilidad civil al antiguo dueño [Nombre 001] y en el reenvío para discutir sobre la restitución de las cosas al estado anterior, en el cual intervino junto con su representante, no se emitió pronunciamiento en su contra y tal aspecto no fue apelado por la Procuraduría ni por la Fiscalía, de ahí que operan los principios antes mencionados, que impiden a esta Cámara resolver sobre aspectos no reclamados por las partes interesadas. Solamente es relevante mencionar que el traspaso no era obstáculo para resolver sobre la situación de [Nombre 001], al ser aplicable la figura de la sucesión procesal prevista por el artículo 21.4 inciso 5 del Código Procesal Civil que regula: “La enajenación de la cosa o del derecho litigioso a título particular, por acto entre vivos, permite al adquirente o cesionario suceder al enajenante o cedente. Si la parte contraria recurre la resolución que la admite y se acepta la oposición, el adquirente o cesionario podrá intervenir como tercero o litisconsorte, según corresponda. En todo caso, el transmitente continuará como parte para todos los efectos procesales que beneficien a la contraria” (el resaltado es propio). En tercer lugar y partiendo de lo anterior, la posición asumida en el juicio de reenvío por el representante de [Nombre 002], en el sentido de pretender que no se dispusiera la restitución, fue correctamente descartada por el juzgador, pues su participación tardía en el proceso solo es atribuible a que adquirió la propiedad luego de haberse dispuesto la apertura a juicio y a que el antiguo propietario se refirió a la existencia del traspaso hasta el final del primer juicio, en etapa de conclusiones, es decir, una vez evacuada la totalidad de la prueba, sin que se planteara ninguna solicitud al respecto ni por éste ni por alguna de las demás partes. Además, se constata que, al ordenarse el reenvío para la repetición parcial del juicio solo en lo relativo al punto de interés, se garantizó su derecho de intervenir de manera activa, pues fue ubicado y puesto en conocimiento del proceso existente, se le concedió la oportunidad de contar con representante legal (acta de las nueve horas veintiocho minutos del ocho de octubre del dos mil veinticuatro), por lo cual designó ese mismo día como apoderado al Licenciado Eithel Mauricio Campos Rojas, quien lo representó en la reposición del contradictorio que se efectuó hasta el veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro, es decir, tuvo más de un mes y medio para preparar su defensa. Además, en cuanto a las facultades de las partes en el juicio de reenvío, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 359 del Código Procesal Penal que, en lo que interesa, establece: “El juicio sobre la pena o las consecuencias civiles comenzará con la lectura de la primera parte de la sentencia … A continuación se recibirá la prueba que se haya ofrecido para individualizar la pena o las consecuencias civiles, y proseguirá, de allí en adelante, según las normas comunes … Si se ha ordenado un juicio de reenvío sólo para determinar la pena o las consecuencias civiles, se aplicarán las mismas reglas”.  Como se ha indicado, la restitución es una consecuencia civil, de manera que, desde que se le comunicó la existencia del proceso el señor [Nombre 002] tuvo la posibilidad de presentar, por medio de su apoderado, cualquier gestión que considerase oportuna para la defensa de sus intereses y, particularmente, durante la audiencia oral, pudo haber requerido al Tribunal la recepción de cualquier elemento admitido atinente al tema en discusión e incluso pudo haber ofrecido prueba para mejor proveer según faculta el numeral 355 del Código Procesal Penal, de modo que, si como aduce en el recurso de apelación, consideraba pertinente un nuevo dictamen del SINAC o “una segunda opinión profesional bajo su costo”, debió gestionarlo durante el juicio de reenvío. Sin embargo, el recurrente no hizo solicitud alguna atinente a la recepción de prueba, de manera que la ausencia de discusión de este aspecto, para determinar si el Tribunal procedería o no con la reproducción de prueba admitida o con la aceptación prueba nueva no existió porque así lo dispuso el abogado representante del tercero, en ejercicio de sus facultades, regidas por el principio dispositivo antes mencionado. En todo caso, el impugnante se limita a enunciar la posibilidad de presentar nuevos elementos, pero no indica en concreto cuál es su disconformidad con el contenido de la prueba que sí se incorporó en el proceso en relación con la ubicación y extensión del área de protección hídrica sobre la cual el Estado ejercerá sus funciones para eliminar cualquier camino o cultivo existente a la fecha. El párrafo que transcribe y que corresponde a un “Estudio Jurídico y Económico” elaborado por Bernardo Aguilar González que fue aportado como prueba dentro del proceso, es irrelevante en el tema que ahora se discute porque versa sobre el monto del daño que en su momento pretendió la Procuraduría cobrar al demandado civil, pero no se encuentra en discusión ninguna indemnización porque está en firme la declaratoria sin lugar de la demanda. En cuarto lugar, no es cierto que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, al disponer la realización parcial de un nuevo debate, limitase la posibilidad de recibir prueba, de cuestionar la existente o, en general, de que el tercero interesado ejerciera su defensa según las facultades previstas en el Código Procesal Penal sobre el tema objeto de pronunciamiento. Al respecto debe señalarse que, de la escucha de la sentencia oral dictada el veinticuatro de octubre del dos mil veintitrés incorporada a escritorio virtual ese mismo día (que fue anulada parcialmente, solo en lo relativo a la restitución), deriva que el Tribunal de Juicio no tuvo ningún hecho como probado (explicación a partir del contador 00:35:16), que absolvió por los hechos acusados y querellados a quienes se les habían atribuido, declaró sin lugar la demanda y rechazó la restitución. Solamente este último punto fue anulado y debía debatirse nuevamente, con todas las facultades que el Código otorga a las partes según el artículo 359 recién mencionado. No hubo hechos probados en el fallo de origen, por lo cual es falso que el juez estuviese vinculado a una plataforma fáctica que el apelante no pudo cuestionar. Lo que estaba vedado para el juez era revertir la absolutoria o la declaratoria sin lugar de la demanda, pero sobre la restitución estaba facultado para resolver de nuevo, porque se anuló lo decidido previamente. Debido a que los intervinientes no solicitaron la reproducción de alguna prueba ni ofrecieron algún elemento, el juez partió de la incorporada en la sentencia número 792-2023 que integró con la decisión sobre la restitución y ello obedeció a la manera en que las partes decidieron disponer de sus facultades procesales durante el debate realizado el veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro. Precisamente, si se estudia la resolución que dio lugar al reenvío, se observa que éste se ordenó para discutir sobre los alcances de la restitución pretendida y la situación de los intervinientes con respecto a ésta, y aunque se dejó clara su procedencia, al no haber duda de que la zona de protección sí fue invadida y se cambió el uso de suelo, lo cual no combate el impugnante, no se limitó ninguna facultad del tercero para contradecir la prueba conforme su posición, por lo contrario, se dejó claro su derecho de defender su propiedad ante la pretensión de restitución, al señalarse: “no puede invocarse la presunta afectación a terceros para impedir la restauración de áreas afectadas por hechos ilícitos, que deben ser protegidas debido al régimen de restricción legal al derecho de propiedad y el mandato constitucional de preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En la sentencia no se analizó la prueba aportada sobre la afectación ambiental que se dio en el inmueble y la invasión de las zonas de protección de una quebrada y dos nacientes de aguas permanentes, descritas en las acusaciones del Ministerio Público y del Estado. Tampoco se justificó de manera objetiva por qué se denegaba la restitución, salvo hacer referencia una y otra vez a que no se ha demostrado quién es el propietario actual del inmueble, sin demostrar por qué era indispensable determinarlo para poder resolver la cuestión. En ningún momento se descartó de manera fundada que los hechos en perjuicio de los recursos naturales hayan acaecido, sino que la a quo se enfocó en indicar que no se sabe quién es el dueño actual ni cómo ubicarlo. Se aprecia que, en esa línea de análisis, no estableció hechos probados que eran relevantes, dado que no tuvo por acreditado el cambio de uso de suelo y la invasión de zonas de protección en los términos descritos en la acusación y la querella, omitiendo valorar la prueba recibida a fin de establecer si ésta permitía demostrar el hecho y pronunciarse sobre la restitución de las cosas a su estado original. Tampoco explica por qué no se podía resolver sin llamar al proceso al titular registral del inmueble, habida cuenta de que, conforme a los criterios elaborados por la jurisprudencia nacional que se citó supra, el tercero que ostente la titularidad actual no tendría legitimidad procesal para oponerse a la orden de restablecer el bosque y la zona de protección afectada al estado anterior al daño ambiental. Un eventual tercero de buena fe que hubiese entrado en posesión del fundo no podría alegar que tiene derecho, por esa causa, para impedir que dichas áreas sean restauradas, debido al régimen de restricción legal del derecho de propiedad que rige en nuestro ordenamiento al que hacen referencia los votos citados. De tal modo que aun si el dueño actual de la finca no es el imputado sino un tercero que recibió el terreno en su estado alterado, quien por esa razón no tendría la obligación de restituir, sí estaría obligado a permitir el ingreso al inmueble de las autoridades que correspondan y no podría oponerse a las medidas para volver la tierra a su estado anterior, a fin de impedir que se perpetúe un hecho a todas luces ilegal, siempre y cuando no se afecten otros aspectos de su derecho de propiedad. Así las cosas, aunque no se haya logrado determinar quién fue el autor de las acciones ilícitas y, por ende, quién es el obligado directo a cumplir con la restitución y restauración de la zona protectora afectada, sí podría ordenarse la restitución a cargo del Estado, lo que no fue considerado por la juzgadora, incurriendo en un vicio por falta de fundamentación respecto a una cuestión esencial que le fue planteada en el debate. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Se anula parcialmente la sentencia y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, proceda a realizar un nuevo juicio a fin de conocer exclusivamente lo relativo a la restitución y restauración de las cosas al estado que tenían antes del hecho acusado, debiendo resolver si es posible imponer dicha obligación al imputado o si deberá asumirla el Estado. Cabe acotar que, en resguardo de los derechos de todas las personas que puedan verse afectadas, deberá darse audiencia al actual propietario registral del inmueble, quien podrá intervenir en el juicio de reenvío independientemente de que, en caso de no ser ubicado o no mostrar interés, se pueda resolver prescindiendo de su participación, lo que no contradice lo señalado respecto a que la restitución procede, si se demuestra el daño ambiental, aun si no se conoce quién es el dueño actual del fundo. Sin embargo, existiendo medios que permiten fácilmente establecer la identidad del titular, lo procedente es garantizar su derecho a ser informado y a intervenir en el proceso, en caso de que así lo disponga” (el resaltado es propio) (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, voto número 2023-487 de las catorce horas del veinte de diciembre del dos mil veintitrés). Precisamente, luego de efectuado el juicio de reenvío, el juez a cargo emitió sentencia en la que decidió sobre el tema discutido, en la cual determinó, dentro de un mismo considerando, la base fáctica de la que partió a partir de la valoración de la prueba y motivó la procedencia de la restitución, en los siguientes términos, que se transcriben in extenso por su relevancia para lo que se resuelve: “Conforme lo resolvió este Tribunal con otra integración, no se logró determinar la responsabilidad de alguna persona en los hechos que acá fueron sometidos al debate. En la sentencia oral dictada por este Tribunal, donde se fundamenta las razones por las  cuales el imputado fue absuelto (ver contador 35:20), no existen elementos de prueba  para determinar la fecha cierta en la cual se dieron los cultivos de café y plátano en la  zona de protección hídrica de varias nacientes, que según se determinó por parte del  dictamen del Organismo de Investigación Judicial DCF: 2018-01059-ING visible de folio  994 a 1000 del expediente digital, acreditó la invasión de las áreas de protección hídricas de varias nacientes, y se dio el cultivo de otras especies, así como la  instauración de un camino en dichas áreas protegidas, contrario a los establecido en el  numeral 58 de la Ley Forestal. Para este Tribunal, este dictamen del OIJ demuestra la existencia clara de los daños ocasionados las áreas de protección que fueron objeto del líbelo. Del dictamen realizado por el señor José Pablo Araya Pacheco se determina  en su análisis pericial con la tecnología del GPS, la existencia de las siembras de café,  así como de plátano, lo cual es corrobora con la denuncia interpuesta por funcionario del SINAC ante el Ministerio Público mediante oficio OSRS-DEN-022-16 del 13 de setiembre del 2016, donde los funcionarios documentan con las fotografías los daños ambientales dentro del área de protección de las nacientes y quebrada, haciendo ver la existencia de los caminos dentro de esas zonas protegidas, esto cotejado con la inspección realizada por los mismos agentes Forestales, que dan cuenta irrefutable de  los daños existentes en las áreas de conservación, ello dentro de la finca inscrita a folio real número 1-00273809 del partido de [...], propiedad que hoy en día se encuentra a nombre del tercero interesado [Nombre 002]. Si bien, tanto el abogado Valverde Porras, como Campos Rojas solicitan se rechace la petición de la Procuraduría General de la República para la restitución de las cosas a su estado original, aduciendo que no se tiene claro el daño ambiental, este Tribunal no comparte dicho alegato, por cuanto tanto el informe del SINAC mencionado, con el dictamen del OIJ revelan claramente cual es el daño realizado en la zona de protección a los cien metros a la redonda de las nacientes de agua. En las fotografías aportadas como prueba en ambos documentos, da cuenta de la existencia de los cultivos y el camino dentro del área de conservación que fue inspeccionada por ambos profesionales, a los cuales este Tribunal les rinde total autenticidad para tener por cierta la veracidad de las imágenes. En el plano que se levanta en sitio afectado, establecido como figura uno en el dictamen pericial, se logra establecer en color diferente la zona protegida, y  claramente se determina la existencia tanto de los cultivos como del camino levantado por encima del área protegida, lográndose evidenciar la zona por donde están las nacientes, y se determina dónde están los cultivos que deben ser desarraigados, así como el camino que debe ser eliminado a los efectos de proveer nuevamente la naturaleza de la manera en que estaba antes de los hechos. En dicho croquis, se puede observar como en los sitos de protección de la quebrada están los diferentes cultivos, así como la existencia del camino que pasa por las áreas de conservación. En ese sentido, y para tener más claro el lugar donde se da el daño, en la figura número 2 del dictamen, conforme el área de protección dentro de los 100 metros alrededor de la naciente se puede apreciar conforme al plano levantado del GPS, cuáles son las siembras de plátano y café que están generando una afectación a la zona protegida alrededor de la naciente, así como, cual es el camino que pasa en medio de esta zona.  Concluye este dictamen, así como lo observado de la prueba obtenida de los  personeros del SINAC, que los daños ocasionados al medio ambiente, rondan los 6900  metros cuadrados que corresponde a la siembra número uno, 5600 metros cuadrados  correspondientes a la siembra número dos que se trata de café y plátano, 1900 metros  cuadrados que es la siembra número tres correspondientes a café y plátano, más  2800 metros cuadrados que corresponde a siembra de café y plátano correspondiente  a la figura de café y plátano, y por último, 1660 metros cuadrados de camino de 370  metros que transcurren dentro del área protegida, todo ello verificable en la figura tres del dictamen forense en cuestión, la trazabilidad en los cuales estos cultivos deben ser derribados y el camino levantado las otorga este cuadro, donde claramente se  puede determinar que el área dañada debe reponerse a lo largo de los cien metros de donde se encuentra las nacientes ubicadas por los personeros del SINAC, y se denota  claramente en el plano de la figura del dictamen del OIJ. Ubicar esta área en sitio no solo fue fácil para los peritos que intervinieron en la documentación del daño, si no que, conforme al mapeo de la zona del GPS, levantado en la figura tres, se establece claramente hasta donde se dio el daño de las áreas naturales, sea cien metros a la redonda de las nacientes, conforme lo exige el numeral 58 de la Ley Forestal. Entonces, no es como lo dice lo dicen los abogados defensores que no hay forma de  establecer el daño para acoger la petición de la Procuraduría General de la República, hoy en día el lugar de las nacientes donde se dio la afectación ambiental está claramente delimitado tanto por los personeros del SINAC, y es acreditado por dictamen 2018-1059-ING, siendo esta el área que debe recuperarse para los fines de la  protección del ambiente, y donde al día de hoy se observa aun persiste el daño contra  la naturaleza … Es notorio que el daño debe restituirse conforme lo ordena el numeral 50 de nuestra constitución política, y al no haberse determinado a quien le corresponde esta restitución, en tratándose de recursos naturales que nos son alienables a toda la colectividad, siendo este un bien protegido por el Estado conforme a la ley Forestal, estima este Tribunal que para devolver las cosas a su estado anterior al delito, corresponde al Estado conforme a sus instituciones, sea el Ministerio de Ambiente y Energía, así como la Municipalidad de Tarrazú” [sic] (el resaltado es del original). Básicamente lo que el Tribunal determinó es que se encuentra establecida la ubicación de las nacientes y fijada el área de protección de cien metros a la redonda, mediante dictamen pericial en el que se incluyeron croquis de la zona y se utilizó el sistema GPS para la ubicación satelital de los puntos de interés. Como se señala en el fallo y se desarrolló por parte de la Sección Primera de este mismo Tribunal, es indiscutible que procede la restitución de las cosas al estado anterior a la comisión del delito en esa área y no se trata de un aspecto que el recurrente cuestione. En su escrito también reconoce la existencia de la zona de protección hídrica y no disputa la extensión y ubicación de ésta derivada del dictamen DCF: 2018-01059-ING y el oficio del SINAC OSRS-DEN-022-16, lo que objeta es qué porcentaje de esa área se encuentra actualmente cubierta por cultivos y caminos y cuál es el monto al que asciende el daño causado, cuestiones que no afectan de ninguna manera el derecho de propiedad de su representado pues lo que se ordenó fue recuperar, en concreto, la zona de protección que se encuentra claramente delimitada en el proceso, de manera que el Estado no intervendrá ningún área fuera de ésta y, por otra parte, no se ha dispuesto ejecutar ningún cobro que afecte sus intereses. Se colige de todo lo expuesto, que no lleva razón el apelante en sus alegatos, por lo que su recurso debe declararse sin lugar.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Eithel Mauricio Campos Rojas y se confirma la sentencia impugnada. NOTIFÍQUESE.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\n\nFVSCZEC715861\nXIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nWGEBHAPMI5G61\nHAZEL ESPINOZA MORA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nO6Z8VKNLAOW61\nMAUREEN REBECA SANCHO GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 16-000306-0567-PE\n\n \n\nCircuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: tapelacionpe-car@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:38:17.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\n\nCourt of Criminal Sentencing Appeals of Cartago\n\nResolution No. 00268 - 2025\n\nResolution Date: May 30, 2025 at 10:20 a.m.\n\nCase File: 16-000306-0567-PE\n\nDrafted by: Xiomara Gutierrez Cruz\n\nType of matter: Criminal appeal\n\nAnalyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER\n\n\n\nJudgments from the same case file\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nText of the resolution\n\n\n\n \n\nRes: 2025-268\n\nExp:  16-000306-0567-PE\n\n Court of Criminal Sentencing Appeals of Cartago, Second Section. At ten hours and twenty minutes on the thirtieth of May of two thousand twenty-five.\n\n Criminal case 16-000306-0567-PE against [Name 001] for the crime of land-use change (Cambio de uso del suelo) to the detriment of Natural resources.\n\n Criminal appeal filed by Attorney Eithel Mauricio Campos Rojas, special judicial representative of Mr. [Name 002], interested third party. This Court, composed of Judge Xiomara Gutiérrez Cruz, as well as Hazel Espinoza Mora and Mauren Sancho González, resolves;\n\nWhereas:\n\n  SOLE. That by judgment number 1121-2024 of nine hours thirty minutes on the twenty-sixth of November of two thousand twenty-four, the Criminal Court of Cartago resolved: \"THEREFORE: In accordance with numerals 37, 39, 41, 50 and 89 of the political constitution, 103 subsection 1 of the penal code, [Name 002] is ordered to allow the STATE to carry out the restitution of things to their original state, and in that sense, within the period of THREE MONTHS from the finality of this judgment, the crops must be uprooted, and the existing road on the protection area within his property registered before the Property Registry under registration number [Value 001], plan [Value 002], located in [...], must be destroyed and disabled. For such purposes, the Administration of the SINAC of the Santos zone, as well as the Municipality of Tarrazú are authorized to carry out the restitution as determined by the affectation within the report DCF: 201801059-ING of the Judicial Investigation Agency. In the event that Mr. [Name 002] does not agree with the administrative authority on the time and date of the restitution, THE Administrative AUTHORITY of the SINAC and the Municipality of Tarrazú must arrange with the Criminal Court a time and date for the entry of machinery to the property to proceed as ordered, with the costs of the restitution being fully borne by the STATE, given that the criminal or civil liability of the person who caused the damage in the protected zone over which the restitution is ordered was not determined. LET IT BE EXECUTED. Msc. Reinaldo Antonio Araya Ucañán. Trial Judge.\" (sic).\n\n  Judge Gutiérrez Cruz reports.\n\nWHEREAS:\n\n  I. Background: A) By oral judgment number 792-2023, issued at eight hours on the twenty-fourth of October of two thousand twenty-three, the Criminal Court of Cartago resolved, as relevant: “[Name 001] is ACQUITTED of all penalty and liability for the crimes of FOREST USE IN PROTECTION AREA (APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ÁREA DE PROTECCIÓN) AND A CRIME OF INVASION OF PROTECTION AREA (INVASIÓN DE AREA DE PROTECCIÓN) which to the detriment of NATURAL RESOURCES have been attributed to him in this matter. The Private Criminal Action established by THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE (PROCURADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA) under the representation of prosecutor Andrés Alfaro Ramírez against the accused [Name 001] is declared without merit, without special award of costs as there exists plausible reason to litigate. The Civil Action for Damages established by the ATTORNEY GENERAL'S OFFICE under the representation of prosecutor Andrés Alfaro Ramírez against the accused [Name 001] is declared without merit without special award of costs as there exists plausible reason to litigate. The lifting of existing precautionary measures against the defendant is ordered. It is resolved without special award for the costs of the criminal proceedings. Likewise, the request for restitution of things to their previous state is rejected” [sic]. B) Said pronouncement was challenged by the Attorney General's Office, for which reason the First Section of this Court of Criminal Sentencing Appeals, in vote number 2023-487 of fourteen hours on the twentieth of December of two thousand twenty-three resolved, by majority: “The judgment is partially annulled and a remand is ordered to the court of origin so that, with a different composition, it proceeds to conduct a new trial, in which it will hear exclusively that relating to the restoration of things to the state they had before the alleged act and will define who is responsible for carrying out said restitution. In safeguarding the rights of all persons who may be affected, the current registered owner of the property must be given a hearing, who may intervene in the remand trial regardless of whether, if he is not located or shows no interest, the matter can be resolved without his participation” [sic]. C) As a consequence of the remand trial, by judgment number 1121-2024 issued by the Criminal Court of Cartago, at nine hours thirty minutes on the twenty-sixth of November of two thousand twenty-four, it was established: “[Name 002] is ordered to allow the STATE to carry out the restitution of things to their original state, and in that sense, within the period of THREE MONTHS from the finality of this judgment, the crops must be uprooted, and the existing road on the protection area within his property registered before the Property Registry under registration number [Value 001], plan [Value 002] must be destroyed and disabled. For such purposes, the Administration of the SINAC of the Santos zone, as well as the Municipality of Tarrazú are authorized to carry out the restitution as determined by the affectation within the report DCF: 201801059-ING of the Judicial Investigation Agency. In the event that Mr. [Name 002] does not agree with the administrative authority on the time and date of the restitution, THE Administrative AUTHORITY of the SINAC and the Municipality of Tarrazú must arrange with the Criminal Court a time and date for the entry of machinery to the property to proceed as ordered, with the costs of the restitution being fully borne by the STATE, given that the criminal or civil liability of the person who caused the damage in the protected zone over which the restitution is ordered was not determined” [sic]. The appeal filed against this last judgment is the one heard by this Chamber, as developed from the following considering.\n\n  II. Admissibility of the appeal: Attorney Eithel Mauricio Campos Rojas, in his capacity as special judicial representative of Mr. [Name 002], interested third party in this proceeding, challenged the last judgment issued by the Criminal Court of Cartago, number 1121-2024, whose full reading took place on Tuesday, December 3, 2024, therefore the fifteen-business-day period to challenge expired on Tuesday, January 7, 2025, taking into account the collective closure period from December 23, 2024 to January 3, 2025. The appeal was filed in the virtual office on time, on Monday, January 6, 2025, by a party legitimized to do so and it meets the formal requirements, therefore it is admitted for a substantive review.\n\n  III. In his sole ground, the appellant criticizes the manner in which his client was incorporated as a party to the proceeding only at the time of the remand trial, in his capacity as an interested third party, not as a defendant or civil defendant. He states that, due to this, he was not able to adequately defend his interests. He indicates that it is not sufficient to assert that collective rights such as the right to a healthy environment, which the State must safeguard, are at stake. He adds that the challenged judgment ordered the restitution of things to the state before the crime based on the report DCF:2021801059-ING, documentary evidence incorporated into the proceeding that his client could not question through other evidence that would provide a second opinion on the scope of the affectation derived from the total coverage of the plantations and roads located within the protection area. In this regard, he maintains: “The referenced report on which the judgment is based states that within the protection zone there is an area #1 of 6900 m2 planted with coffee and plantain; an area #2 of 5600 m2 planted with coffee and plantain; an area #3 of 1900 m2 planted with coffee and plantain; an area #4 of 2800 m2 planted with coffee and plantain, as well as a road of 1660 m2 with a length of 370. Despite what this report indicates, there is evidence in the case file offered by the defendant, namely the Legal and Economic Study conducted by Consultant Dr. Bernardo Aguilar Gonzalez (page 13), which states: ‘It follows from the results that of the 2.31 ha in the protection areas of the springs (nacientes), as of January 2015, prior to the acquisition of the property by its current owner according to the evidence in the case file, 69% was already in a land use other than forest cover (cobertura boscosa), pastures with scattered trees. The forest cover in those areas is estimated as of 2015 at approximately 1.03 hectares. This implies that for an alteration of the existing forest area in the protection area of the springs to have occurred, according to the estimate of the private criminal action, more than the entirety of that area would have had to be eliminated. Therefore, the legal and economic imputability of the environmental damage must consider the data recorded in this report and the baseline situation from which it departs. The reduction in forest cover recorded as of December 2017 is 244 square meters, as noted above’ [sic]. Based on this, he maintains that there is no certainty regarding the affected area within the protection zone with the coffee and plantain plantations, of which his client became aware at the remand trial, such that he did not have the possibility to debate the issue, due to what was ordered by the Court of Criminal Sentencing Appeals. As a consequence of the above, the principle of contradiction was disrespected, which he defines through a doctrinal quote, given that ‘the intention is to preserve the right of defense by bringing my client as an interested third party to listen to how the restitution of things on his property is ordered without the right to offer evidence and participate in the adversarial process’ [sic]. He considers that such action generates a substantial defect in the proceeding, because the evidence received at trial could not be rebutted by his client, as he was limited during the remand to ‘referring only to the restitution of things to the previous state, leaving aside the scopes of that restitution that may interest him’, without considering the defense-less state this caused him. He adds that: ‘the right of defense is not a divisible or flexible right. If in a proceeding there was no possibility for a party to question, make allegations, refute evidence, offer what it considers of interest for its defense, then this right was not respected. Nor could this lack of defense be remedied by notifying an interested third party so that he can refer exclusively to the restitution intended to be ordered on his property, because any allegation – without the possibility of having participated in the adversarial process – would be limited to what the other parties were able to debate based on their interests, but not to what that interested third party could have considered necessary for his defense. It is clear that the procedure in this case generates an absolute lack of defense that also touches upon the principle of equality, or equality of arms’ [sic]. He underlines that, although the Trial Court limited itself to executing what was ordered by the superior court when resolving the appeal, it should have considered that the interested third party should not have been subject, regarding the restitution, to the existing report from the Judicial Investigation Agency, which he reiterates he could not contradict, and that, given the doubts raised by the other report, it should have decided based on ‘a subsequent report conducted by the SINAC, on which my client could be heard, there indeed, respecting his right of defense. The judgment somehow reveals an intention by the Judge to grade the effects of the restitution, rejecting the request that the costs of this fall on my client, and that given the impossibility of ordering him to be the one who had to restore things to their previous state, it was then the State through the SINAC and/or the Municipality of Tarrazú. In that sense, the honorable judge did not consider the lack of defense in which my client found himself, and limited him to consenting to the restitution of things based on a report that he could not refute in the adversarial process. The foregoing is noted because this representation believes that one way to grade the affectation to the interested third party is by guaranteeing that the restitution is carried out based on reports or opinions on which he can make his own prior statement, either to seek a second professional opinion at his own cost, or to accept it if applicable’ [sic]. He requests that the judgment be revoked and a remand for new substantiation be ordered. Position of the Attorney General's Office: Prosecutor Andrés Alfaro Ramírez maintains that the appellant's argument, regarding the violation of the interested third party's right of defense and due process, is unacceptable because it overlooks what was ordered by the Court of Criminal Sentencing Appeals in judgment number 487-2003, which ordered a remand trial for the discussion on the restitution of things to their previous state, since [Name 001] was not the owner of the property. The appellant transcribes, as relevant, what was decided in that resolution and adds that the remand was ordered only for the discussion on the restitution of things to the previous state based on the evidence already presented in the adversarial process, so it was not appropriate to reopen the debate on aspects regarding which res judicata material already existed, consisting of the acquittal of the defendant [Name 001] and the declaration without merit of the civil action for damages filed against him. Therefore, the remand concerned only the restitution based on the evidence on file and admitted for the first trial, in accordance with articles 465, following and related of the Criminal Procedure Code. He adds that Mr. [Name 002] was duly notified regarding the subject matter of the trial, had full access to the case file and the possibility to combat the arguments presented by the Attorney General's Office and present his own, with which due process was fulfilled and the right of defense was respected, without any defect existing. He considers that the appellant challenges the Forensic Engineering report DCF:2021801059-ING as if it were the only evidence available to prove the invasion of the protection zone by means of coffee and plantain crops and a road, but its existence was demonstrated through documentary and testimonial evidence, which includes the opinion of the SINAC and that of the Water Directorate of the MINAE. He points out that the cited report merely locates the specific affectations on the ground, the quantity of meters of invasion in water protection zones that must be eliminated through the removal of crops and destruction and disabling of the road. He asserts that the evidence transcribed by the appellant is part of the body of evidence assessed in the adversarial process; however, it is limited to the quantification of environmental damage determined in the civil action, based in turn on the economic estimate prepared by the SINAC. This evidence is not related to the existence of environmental damage, nor to the invasion of water protection areas or to the scope of the expert opinion prepared by the Forensic Engineering Section. Therefore, the appellant's claim lacks support and is not linked to the subject matter of the remand trial. Likewise, no affectation to the rights of the interested third party occurred, who was notified, appeared with legal counsel, and exercised his right to be heard and to present his position. Consequently, he considers that the challenged judgment is adequately reasoned and that the appeal must be declared without merit. The appeal is without merit. Before addressing the claims formulated by the appellant, it is necessary to highlight that the discussion in this case is exclusively limited to the restitution of assets subject to the crime to the previous state, which constitutes a civil consequence, of a patrimonial nature, derived from the illicit act, in accordance with what is established, mainly, by articles 361 subsection of the Criminal Procedure Code and 103 of the Penal Code. By virtue of this, two fundamental principles must be considered: the principle of party disposition and the principle of congruence. The principle of party disposition is based on the patrimonial nature of civil disputes, which grants the parties full freedom to dispose of their rights and interests, whether expressly or tacitly. This implies that they can renounce exercising them, omit their invocation, or refrain from challenging what has been resolved. Consequently, only the aspects expressly raised by the interested party can be the subject of a judicial ruling. This principle becomes particularly relevant in the challenge phase, since the jurisdictional body is not authorized to rule on aspects of the judgment that have not been the subject of appeal. The party that decides not to appeal is understood to be in agreement with what was resolved and, by refraining from exercising its right of challenge, assumes the legal consequences derived from the ruling and must comply with it as provided by the legal system. In this sense, the points questioned in the appeal define the competence of the appellate court. Therefore, the mere existence of a challenge does not authorize the court to generally review the content of the ruling, but only those points included in the grounds of the appeal, together with their respective legal consequences. This restriction is in line with the principle of congruence, which requires a strict correspondence between what was requested by the parties and what was resolved by the jurisdictional body. From the foregoing, it follows that, even if the court notices the existence of an error in the judgment, it can only modify it — whether by annulling, revoking, or adjusting the ruling — if said error has been timely alleged by one of the parties, and only to the extent that the modification favors the party that filed the appeal. If there is no reproach from the opposing party, a reform to its detriment is not legally admissible. Likewise, the omission or transgression of these principles by the court, in any instance, can only be corrected if the affected party expresses its disagreement through the provided legal mechanisms; otherwise, what was resolved becomes final and produces full effects in accordance with the law. Therefore, this Chamber addresses itself to resolving the sole issue proposed by the appellant, who alleges, in summary, that Mr. [Name 002]'s right of defense was violated because he could not question the evidence based on which the restitution of things to the previous state was resolved in this proceeding. As the representative of the Attorney General's Office considers, such reproach cannot be entertained. In the first place, it is relevant to point out that Mr. [Name 002] did not previously intervene in this proceeding, initiated in 2016 because the property within which the illicit acts were carried out was registered in his name on the fifteenth of July of two thousand twenty-two, according to the certification RNPDIGITAL-[Value 003], a date from which he can formally be considered the owner for the purposes of this case. Furthermore, the information about the existence of a new owner was provided only on the twenty-third of October of two thousand twenty-three, during the conclusions phase of the first oral and public trial, by the attorney representing the defendant, private criminal defendant, and civil defendant [Name 001], as recorded in the minute prepared that day. The preliminary hearing was held on the thirteenth of June of two thousand twenty-two, in which the order to open the trial was issued based on the accusation, the private criminal action, and the civil claim filed in the proceeding. That is, at the time it was ordered that the case would proceed to the trial stage, Mr. [Name 002] was not the owner of the property, which made it impossible for him to be considered a party to the proceeding and, consequently, no violation of his right to intervene in the preparatory and intermediate stages of the criminal proceeding can be alleged, stages in which the investigation was developed, evidence was collected, the requests of the parties were formulated and transferred, and the respective actions and evidentiary elements were admitted, because he did not hold any status by which he was empowered to appear. Additionally, no evidence was offered or admitted by which it could be determined whether, at the time of acquiring the property, Mr. [Name 002] was informed or not about the pending litigation, which, in any case, is not a topic meant to be discussed in this case. If he considers that the existence of this pending proceeding harmed his interests, he may resort to the legal channels provided by the legal system. In the second place, the consequences of the change of owner are not the subject of discussion at this procedural stage, as a judgment was issued that exempted the former owner [Name 001] from civil liability and, in the remand to discuss the restitution of things to the previous state, in which he intervened together with his representative, no ruling was issued against him and this aspect was not appealed by the Attorney General's Office or the Public Prosecutor's Office, hence the aforementioned principles operate, which prevent this Chamber from ruling on aspects not claimed by the interested parties. It is only relevant to mention that the transfer was not an obstacle to resolve on the situation of [Name 001], as the figure of procedural succession provided for by article 21.4 subsection 5 of the Civil Procedure Code is applicable, which states: “The transfer of the thing or the litigious right in a particular capacity, by inter vivos act, allows the acquirer or assignee to succeed the transferor or assignor. If the opposing party challenges the resolution admitting it and the opposition is accepted, the acquirer or assignee may intervene as a third party or co-party, as appropriate. In any case, the transferor shall continue as a party for all procedural effects that benefit the opposing party” (emphasis added). In the third place and based on the foregoing, the position taken in the remand trial by the representative of [Name 002], in the sense of seeking that the restitution not be ordered, was correctly dismissed by the judge, as his late participation in the proceeding is only attributable to the fact that he acquired the property after the opening of the trial had been ordered and that the former owner referred to the existence of the transfer only at the end of the first trial, in the conclusions stage, that is, once all the evidence had been presented, without any request being made about it by either him or any of the other parties. Furthermore, it is observed that, when the remand was ordered for the partial repetition of the trial only regarding the point of interest, his right to actively intervene was guaranteed, as he was located and informed of the existing proceeding, he was granted the opportunity to have a legal representative (minutes of nine hours twenty-eight minutes on the eighth of October of two thousand twenty-four), for which reason he appointed that same day Attorney Eithel Mauricio Campos Rojas as his representative, who represented him in the resumption of the adversarial process that took place until the twenty-sixth of November of two thousand twenty-four, that is, he had more than a month and a half to prepare his defense. Moreover, regarding the powers of the parties in the remand trial, the provisions of article 359 of the Criminal Procedure Code must be observed, which, as relevant, establishes: “The trial on the penalty or civil consequences shall begin with the reading of the first part of the judgment … Evidence offered to individualize the penalty or civil consequences shall then be received, and it shall proceed, from then on, according to the common rules … If a remand trial has been ordered only to determine the penalty or civil consequences, the same rules shall apply.” As indicated, restitution is a civil consequence, so that, from the moment the existence of the proceeding was communicated to him, Mr. [Name 002] had the possibility of presenting, through his representative, any petition he considered timely for the defense of his interests and, particularly, during the oral hearing, he could have requested the Court to receive any admitted element pertaining to the topic under discussion and could even have offered evidence for a better provision according to the power granted by numeral 355 of the Criminal Procedure Code, so that, if as he argues in the appeal, he considered a new report from the SINAC or “a second professional opinion at his own cost” pertinent, he should have requested it during the remand trial. However, the appellant made no request regarding the reception of evidence, so the absence of discussion on this aspect, to determine whether the Court would proceed or not with the reproduction of admitted evidence or with the acceptance of new evidence, did not exist because the attorney representing the third party so decided, in exercise of his powers, governed by the aforementioned principle of party disposition. In any case, the appellant merely states the possibility of presenting new elements but does not specifically indicate what his disagreement is with the content of the evidence that was indeed incorporated into the proceeding regarding the location and extent of the water protection area over which the State will exercise its functions to eliminate any existing road or crop as of that date. The paragraph he transcribes and that corresponds to a “Legal and Economic Study” prepared by Bernardo Aguilar González that was provided as evidence within the proceeding, is irrelevant to the topic now being discussed because it concerns the amount of damage that the Attorney General's Office at the time sought to collect from the civil defendant, but no compensation is under discussion because the declaration without merit of the claim is final. In the fourth place, it is not true that the Court of Criminal Sentencing Appeals, by ordering the partial holding of a new debate, limited the possibility of receiving evidence, questioning the existing evidence, or, in general, of the interested third party exercising his defense according to the powers provided in the Criminal Procedure Code on the topic subject to ruling. In this regard, it must be pointed out that, from listening to the oral judgment issued on the twenty-fourth of October of two thousand twenty-three uploaded to the virtual office on that same day (which was partially annulled, only regarding the restitution), it follows that the Trial Court held no fact as proven (explanation from counter 00:35:16), that it acquitted those to whom the alleged acts in the accusation and private criminal action had been attributed, declared the claim without merit, and rejected the restitution. Only this last point was annulled and had to be debated again, with all the powers that the Code grants to the parties according to the just-mentioned article 359. There were no proven facts in the original ruling, so it is false that the judge was bound to a factual platform that the appellant could not question. What was prohibited for the judge was to reverse the acquittal or the declaration without merit of the claim, but regarding restitution he was empowered to resolve anew, because what was previously decided was annulled. Because the participants did not request the reproduction of any evidence or offer any element, the judge proceeded from the evidence incorporated in judgment number 792-2023 which he integrated with the decision on restitution, and this was due to the manner in which the parties decided to dispose of their procedural powers during the debate held on the twenty-sixth of November of two thousand twenty-four.\n\nPrecisely, if one studies the resolution that gave rise to the remand, it is observed that it was ordered to discuss the scope of the restitution sought and the situation of the intervening parties with respect to it, and although its appropriateness was made clear, there being no doubt that the protection zone was indeed invaded and the land use was changed, which the appellant does not contest, no power of the third party to contradict the evidence according to his position was limited; on the contrary, his right to defend his property against the claim for restitution was made clear, when it was stated: \"the alleged harm to third parties cannot be invoked to prevent the restoration of areas affected by unlawful acts, which must be protected due to the regime of legal restriction on the right to property and the constitutional mandate to preserve a healthy and ecologically balanced environment. The judgment did not analyze the evidence provided regarding the environmental harm that occurred on the property and the invasion of the protection zones of a stream (quebrada) and two permanent water springs (nacientes), described in the accusations of the Public Prosecutor's Office and the State. Nor was it objectively justified why the restitution was denied, except for referring repeatedly to the fact that it has not been demonstrated who the current owner of the property is, without demonstrating why it was essential to determine this in order to resolve the issue. At no time was it reasonably dismissed that the events to the detriment of natural resources did occur; instead, the trial judge focused on indicating that the current owner and their location are unknown. It is observed that, in this line of analysis, she did not establish proven facts that were relevant, given that she did not deem the change of land use and the invasion of protection zones as accredited in the terms described in the accusation and the complaint, omitting to assess the evidence received in order to establish whether it allowed the fact to be demonstrated and to rule on the restitution of things to their original state. Nor does it explain why it could not be resolved without summoning the registered owner of the property to the proceeding, given that, in accordance with the criteria developed by the national jurisprudence cited above, a third party holding current ownership would lack procedural standing to oppose the order to restore the forest and the affected protection zone to the state prior to the environmental damage. A potential bona fide third party who had entered into possession of the land could not claim a right, on that basis, to prevent said areas from being restored, due to the legal property right restriction regime in force in our legal system referenced by the cited rulings. Thus, even if the current owner of the estate is not the accused but a third party who received the land in its altered state, and who for that reason would not have the obligation to restore, they would be obligated to allow the corresponding authorities to enter the property and could not oppose the measures to return the land to its prior state, in order to prevent the perpetuation of a manifestly illegal act, provided that other aspects of their property right are not affected. Therefore, although it was not possible to determine who the perpetrator of the illicit actions was and, consequently, who is directly obligated to comply with the restitution and restoration of the affected protection zone, restitution could be ordered at the expense of the State, which was not considered by the judge, incurring a defect due to lack of reasoning regarding an essential issue raised in the debate. Consequently, the appeal filed by the Procuraduría General de la República is partially granted. The judgment is partially annulled, and the case is remanded to the court of origin so that, with a different panel, it may proceed to hold a new trial for the exclusive purpose of hearing matters related to the restitution and restoration of things to the state they were in before the accused act, and must resolve whether it is possible to impose said obligation on the accused or whether the State must assume it. It is worth noting that, in safeguarding the rights of all persons who may be affected, the current registered owner of the property must be given a hearing, and they may intervene in the remand trial, regardless of the fact that, if they cannot be located or show no interest, the matter may be resolved without their participation, which does not contradict what was stated regarding the appropriateness of restitution, if the environmental damage is proven, even if the current owner of the land is unknown. However, since there are means that easily allow the identity of the owner to be established, the appropriate course is to guarantee their right to be informed and to intervene in the proceeding, should they so choose\" (emphasis added) (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, ruling number 2023-487 of fourteen hundred hours on December twentieth, two thousand twenty-three). Precisely, after the remand trial was conducted, the judge in charge issued a judgment deciding on the discussed issue, in which they determined, within a single recital (considerando), the factual basis from which they started based on the assessment of the evidence and provided reasons for the appropriateness of restitution, in the following terms, transcribed in full due to their relevance to what is resolved here: \"As this Court previously resolved with a different panel, the responsibility of any person for the events submitted to debate here could not be determined. In the oral judgment delivered by this Court, where the reasons for which the accused was acquitted are substantiated (see counter 35:20), there are no evidentiary elements to determine the exact date on which the coffee and banana crops were established in the water resource protection zone (zona de protección hídrica) of several springs, which according to the determination made by the expert report of the Organismo de Investigación Judicial DCF: 2018-01059-ING, visible from folio 994 to 1000 of the digital file, accredited the invasion of the water resource protection areas of several springs, and the cultivation of other species occurred, as well as the establishment of a road within said protected areas, contrary to the provisions of numeral 58 of the Ley Forestal. For this Court, this OIJ report clearly demonstrates the existence of the damages caused to the protection areas that were the subject of the indictment. From the expert report conducted by Mr. José Pablo Araya Pacheco, the existence of coffee and banana crops is determined through his expert analysis using GPS technology, which is corroborated by the complaint filed by the SINAC official before the Public Prosecutor's Office via official communication OSRS-DEN-022-16 of September 13, 2016, where the officials document with photographs the environmental damages within the protection area of the springs and the stream, revealing the existence of roads within those protected zones. This was compared with the inspection carried out by the same Forest Agents, which provides irrefutable evidence of the existing damages in the conservation areas, all within the property registered under real folio number 1-00273809 of the district of [...], a property currently registered under the name of the interested third party [Name 002]. While both attorney Valverde Porras and Campos Rojas request that the petition of the Procuraduría General de la República for the restitution of things to their original state be rejected, arguing that the environmental damage is not clearly established, this Court does not share that claim, since both the aforementioned SINAC report and the OIJ expert report clearly reveal the damage caused in the protection zone within a one-hundred-meter radius around the water springs. In the photographs provided as evidence in both documents, they account for the existence of the crops and the road within the conservation area that was inspected by both professionals, to which this Court grants full authenticity to accept the truthfulness of the images as fact. In the plan drawn up at the affected site, established as figure one in the expert report, the protected zone can be established in a different color, and the existence of both the crops and the road built over the protected area is clearly determined, making it possible to evidence the zone where the springs are located, and determining where the crops that must be uprooted are, as well as the road that must be eliminated in order to restore nature to the way it was before the events. In this sketch, one can observe how the different crops are located in the protection sites of the stream, as well as the existence of the road that passes through the conservation areas. In that sense, and to gain a clearer understanding of the place where the damage occurred, in figure number 2 of the expert report, according to the protection area within 100 meters around the spring, it can be seen, based on the plan drawn up using GPS, which are the banana and coffee plantings that are causing harm to the protected zone around the spring, as well as the road that passes through the middle of this zone. This expert report concludes, as well as what was observed from the evidence obtained from the SINAC representatives, that the damages caused to the environment amount to approximately 6900 square meters corresponding to planting number one, 5600 square meters corresponding to planting number two, which consists of coffee and banana, 1900 square meters which is planting number three, consisting of coffee and banana, plus 2800 square meters corresponding to a coffee and banana planting corresponding to the coffee and banana figure, and finally, 1660 square meters of road, 370 meters in length, that runs within the protected area, all of which is verifiable in figure three of the forensic report in question. The traceability indicating where these crops must be felled and the road removed is provided by this chart, where it can be clearly determined that the damaged area must be restored along the one hundred meters from where the springs located by the SINAC representatives are, and it is clearly denoted in the plan of the figure from the OIJ expert report. Locating this area on site was not only easy for the experts who participated in the documentation of the damage, but, according to the GPS mapping of the zone, drawn up in figure three, it is clearly established how far the damage to the natural areas extended, that is, within a hundred-meter radius around the springs, as required by numeral 58 of the Ley Forestal. Therefore, it is not as the defense attorneys state, that there is no way to establish the damage to grant the petition of the Procuraduría General de la República. Today, the location of the springs where the environmental harm occurred is clearly delimited both by the SINAC representatives and is accredited by expert report 2018-1059-ING, this being the area that must be recovered for environmental protection purposes, and where, to this day, the damage against nature is still observed to persist… It is notorious that the damage must be restored as ordered by numeral 50 of our Political Constitution, and as it has not been determined who is responsible for this restitution, in the case of natural resources that are inalienable to the entire community, this being a good protected by the State in accordance with the Ley Forestal, this Court deems that to return things to their state prior to the crime, it is the responsibility of the State, through its institutions, i.e., the Ministerio de Ambiente y Energía, as well as the Municipalidad de Tarrazú\" [sic] (emphasis in the original). Basically, what the Court determined is that the location of the springs is established and the one-hundred-meter radius protection area is fixed, through an expert report that included sketches of the zone and used the GPS system for the satellite location of the points of interest. As noted in the ruling and was developed by the First Section of this same Court, it is indisputable that the restitution of things to the state prior to the commission of the crime in that area is appropriate, and this is not an aspect that the appellant questions. In his brief, he also acknowledges the existence of the water resource protection zone and does not dispute its extent and location derived from expert report DCF: 2018-01059-ING and the SINAC official communication OSRS-DEN-022-16. What he objects to is what percentage of that area is currently covered by crops and roads and what the amount of the damage caused is, issues that in no way affect his client's property right, since what was ordered was to specifically recover the protection zone that is clearly delimited in the proceeding, such that the State will not intervene in any area outside of it, and, on the other hand, no collection that affects his interests has been ordered. It is inferred from all the foregoing that the appellant is not correct in his arguments, and therefore his appeal must be dismissed.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal filed by Licenciado Eithel Mauricio Campos Rojas is dismissed, and the contested judgment is confirmed. NOTIFÍQUESE.\n\n\n \n \n \n\n \n\t\n\n\n\nFVSCZEC715861\nXIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n\n\n\n\nWGEBHAPMI5G61\nHAZEL ESPINOZA MORA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\t\n\n\n\nO6Z8VKNLAOW61\nMAUREEN REBECA SANCHO GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 16-000306-0567-PE\n\n \n\nCircuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: tapelacionpe-car@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:38:17.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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