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  "id": "nexus-sen-1-0034-1362415",
  "citation": "Res. 00087-2026 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Absolución por invasión a área de protección y rechazo de derribo por falta de acreditación de hechos",
  "title_en": "Acquittal for protected area invasion and denial of demolition due to lack of proven facts",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, conoce de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia absolutoria dictada en favor de un imputado por el delito de invasión a área de conservación y protección. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República recurrieron el fallo. La apelación de la Procuraduría se declara inadmisible por extemporánea. En cuanto al recurso fiscal, se alega contradicción en la fundamentación de la sentencia respecto a la denegatoria de la orden de derribo de las construcciones ubicadas en zona de protección del río, pues el tribunal de juicio absolvió por duda sobre el dolo, pero a la vez reconoció la existencia de las edificaciones. La Cámara confirma la sentencia, al constatar que los hechos acusados no fueron tenidos por probados, y esa determinación no fue impugnada. Por ende, no es posible ordenar un reenvío para discutir el derribo, pues la falta de acreditación de los hechos adquirió firmeza. Se declara sin lugar el recurso del Ministerio Público.",
  "summary_en": "The Criminal Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, reviewed appeals against an acquittal for the crime of invading a conservation and protection area. Both the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office appealed. The Attorney General's appeal was dismissed as untimely. The prosecutor's appeal alleged a contradiction in the judgment's reasoning regarding the denial of a demolition order for structures built within a river protection zone, as the trial court acquitted due to doubt about intent while acknowledging the constructions' existence. The Appeals Chamber upheld the ruling, finding that the trial court determined the charged facts were not proven, and that determination was not challenged on appeal. Therefore, the acquittal became final, and no remand could be ordered to address the demolition request. The prosecutor's appeal was dismissed.",
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  "excerpt_es": "Examinada la sentencia oral, tenemos que la jueza a quo, tras la enunciación de los hechos acusados, describió la prueba incorporada al debate, que en la testimonial consiste únicamente en la declaración del imputado -en la cual negó los hechos-, así como la prueba documental y pericial, tras lo cual señaló: \"Es con esta prueba que el Tribunal no tiene por acreditado, ninguno de los hechos que el Ministerio Público atribuyó al imputado\" (08:16 horas). Esto significa que para los efectos legales, no se demostró ninguno de los hechos que el Ministerio Público acusó, incluyendo la existencia de dos construcciones en la zona de área protegida del río en mención. Ahora bien, del fundamento intelectivo de la sentencia, también se determina que la jueza de instancia, señaló que pese a que el encartado afirmó que él tenía los permisos de construcción del MINAE y de la Municipalidad, esto lo vino a desmentir la prueba documental incorporada, sobre la cual también se pronunció en forma amplia. Asimismo, en el desarrollo de las ideas posteriores, a partir de las 37:43 horas, al resolver sobre el rechazo de la solicitud de derribo del órgano fiscal, indica la jueza que: \"la prueba acredita de que efectivamente hay dos construcciones en esa finca... que no se encuentran dentro de los lineamientos de las áreas de protección de los márgenes del [...]\" , y que \"no hay duda en cuanto a que hay una invasión con esa nueva construcción del taller, y además la casa, no existe duda\", lo que evidencia claramente una incongruencia en relación con los hechos tenidos por no probados, ya que por un lado se indica que no se tuvo ningún hecho acusado por probado y posteriormente, al rechazar la gestión fiscal, se indica que que sí se comprobó la existencia de dos construcciones dentro del área protegida del [...]. Ninguno de estos aspectos fueron apelados por la representación fiscal, quien además en debate solicitó la absolutoria del encartado, sino que su inconformidad se dirigió a afirmar que es contradictorio el fundamento para rechazar el derribo, ya que el hecho de que no se diera audiencia al tercero interesado, no demerita la existencia de las construcciones dichas, aspectos sobre los que esta Cámara no encuentra contradicción alguna. Tal y como lo refiere la apelante, la razón que dio la jueza de instancia para no ordenar el derribo de esas edificaciones, es que pese a que en la audiencia preliminar se ofreció el estudio de registro de la propiedad, que señala que la misma fue vendida por el encartado en febrero de 2021 a una sociedad, ni el juez de la etapa intermedia ni el órgano fiscal, trajeron al proceso al representante de dicha sociedad, amén de que nunca se ordenó la inscripción de la presente causa penal, al margen del registro de propiedad de la finca. Considera este Tribunal que el problema de audiencia al tercero, era un aspecto que bien podría haberse enmendado a través de un reenvío, no obstante al comprobarse que los hechos no probados en sentencia no son objeto de apelación, no es posible ordenar un reenvío para conocer sobre la solicitud de derribo, ya que adquirió firmeza que no se comprobó ningún hecho. Dicho de otro modo, para que tuviera algún respaldo la pretensión del órgano fiscal de derribo de dichas edificaciones, en sentencia debió haberse acreditado la existencia de las mismas, como hechas al margen de la ley y dentro de la zona protegida del [...], ya que en forma independiente de que el encartado haya sido absuelto por duda, la verificación de aquella existencia hubiera legitimado la orden de derribo pretendida.",
  "excerpt_en": "Upon examining the oral judgment, the trial judge, after stating the charged facts, described the evidence admitted at trial, which in terms of testimony consisted solely of the defendant's statement—in which he denied the facts—along with documentary and expert evidence, after which she stated: \"It is with this evidence that the Court does not consider any of the facts attributed by the Public Prosecutor's Office to the defendant to be proven\" (08:16 hours). This means that, for legal purposes, none of the facts alleged by the Public Prosecutor's Office were demonstrated, including the existence of two structures in the protected area of the aforementioned river. However, from the intellectual reasoning of the judgment, it is also determined that the trial judge indicated that despite the defendant's claim that he had construction permits from MINAE and the Municipality, this was contradicted by the documentary evidence admitted, which she also discussed at length. Furthermore, in the subsequent reasoning, starting at 37:43 hours, when ruling on the denial of the prosecution's request for demolition, the judge states that: \"the evidence proves that there are indeed two structures on that property... that are not within the guidelines of the protection areas of the [...] riverbanks,\" and that \"there is no doubt that there is an invasion with this new workshop construction, and also the house, there is no doubt,\" which clearly shows an inconsistency regarding the facts considered not proven, since on one hand it is stated that none of the charged facts were proven, and subsequently, when rejecting the prosecution's request, it is stated that the existence of two structures within the protected area of the [...] was indeed proven. None of these aspects were appealed by the prosecution, who moreover requested the acquittal of the defendant at trial, but whose disagreement was directed at asserting that the reasoning for denying the demolition was contradictory, since the fact that the third party was not heard does not diminish the existence of said structures, aspects on which this Chamber finds no contradiction. As the appellant points out, the reason given by the trial judge for not ordering the demolition of those structures is that, even though the property registry study was offered at the preliminary hearing, indicating that the property was sold by the defendant in February 2021 to a corporation, neither the intermediate-stage judge nor the prosecution brought the representative of that corporation into the proceedings, in addition to the fact that the registration of this criminal case was never ordered to be noted on the margin of the property's registry entry. This Court considers that the issue of hearing the third party was a matter that could well have been remedied through a remand; however, given that the facts not proven in the judgment were not subject to appeal, it is not possible to order a remand to address the demolition request, since the determination that no facts were proven became final. In other words, for the prosecution's claim for demolition of those buildings to have any support, the judgment should have established their existence as structures built outside the law and within the protected zone of the [...], since regardless of whether the defendant was acquitted due to doubt, the verification of that existence would have legitimized the requested demolition order.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
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    "summary_en": "The appeal by the Attorney General's Office is dismissed as untimely, and the Public Prosecutor's appeal is denied, upholding the acquittal and denial of demolition.",
    "summary_es": "Se declara inadmisible el recurso de la Procuraduría y sin lugar el recurso del Ministerio Público, confirmando la sentencia absolutoria y el rechazo del derribo."
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      "quote_es": "Es con esta prueba que el Tribunal no tiene por acreditado, ninguno de los hechos que el Ministerio Público atribuyó al imputado."
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      "quote_es": "no es posible ordenar un reenvío para conocer sobre la solicitud de derribo, ya que adquirió firmeza que no se comprobó ningún hecho."
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      "quote_es": "para que tuviera algún respaldo la pretensión del órgano fiscal de derribo de dichas edificaciones, en sentencia debió haberse acreditado la existencia de las mismas, como hechas al margen de la ley y dentro de la zona protegida del [...]"
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón\n\nResolución Nº 00087 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 26 de Enero del 2026 a las 10:00\n\nExpediente: 19-001132-0332-PE\n\nRedactado por: Yadira Godínez Segura\n\nClase de asunto: Recurso de apelación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n            PODER JUDICIAL          \n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN\n\n           Tel: 2456-9105          tapelacion-sra@poder-judicial.go.cr                   Fax: 2445-5349\n\n__________________________________________________________________________________\n\nExp: 19-001132-0332-PE\n\nRes: 2026-0087 \n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN TERCERA. San Ramón, a las diez horas\n\n(10:00) del veintiséis de enero de dos mil veintiséis.\n\nRECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], por un delito de INVASIÓN A ÁREA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, las juezas Yadira Godínez Segura, Marcela Araya Rojas y Carmen María Peraza Segura. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada Fabiola Morales Calvo, en calidad de representante del Ministerio Público y la licenciada Viviana Brenes Delgado, en condición de Procuradora Penal.\n\n                                                        RESULTANDO:\n\nI.- Que mediante sentencia número 103-2025 de las 14:11 horas del 13 de mayo de 2025, el Tribunal de Juicio de Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto artículos  39, 41  y 50 de la Constituci ón Política; 8 y 9 de la Convenci ón Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 30, 31, 45  del Código Penal;    1, 3, 5, 6, 8, 9, 141, 140, 142, 184, 265 a 269, 360 a 366, 422 a 436 del Código Procesal Penal, 35, 58 inciso a y 61 inciso c de la ley Forestal, y en aplicación del principio IN DUBIO PRO REO; se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD  a  [Nombre 001], por el los delitos de Infracción a la Ley Forestal por invasión a un Área de Protección en daño del Ambiente, conforme a los hechos acusados por el Ministerio Público.  Son los gastos del proceso a cargo del Estado costarricense. Se levanta cualquier medida cautelar real o personal que se hubiera impuesto con motivo de este proceso. Se rechaza la solicitud del Ministerio público en cuanto al derribo. Se ordena testimoniar piezas para ante el Ministerio Público para que investigue la posible comisión de Fraude de simulación. Se notifica de forma oral. Quedando a disposición de las partes el registro digital. \" (sic).\n\nII.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Fabiola Morales Calvo, en calidad de representante del Ministerio Público y la licenciada Viviana Brenes Delgado, en condición de Procuradora Penal, interpuso recurso de apelación de sentencia.\n\nIII.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.\n\nIV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta la jueza de apelación de sentencia Godínez Segura; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. Mediante escrito presentado el 04 de julio de 2025 (folio 301 y siguientes), la licenciada Viviana Brenes Delgado, Produradora Penal, apeló la sentencia 103-TSSR-2025, emitida por el Tribunal de Juicio del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, a las 14:11 horas del 13 de mayo de 2025. II. Se rechaza por inadmisible, el recurso de apelación presentado por la representante de la Procuraduría General de la República.  Consta a folio 283 del expediente, que la sentencia número 103-TJSR-2025, fue dictada en forma oral a las 14:11 horas del 13 de mayo de 2025, misma que legalmente se notificó de esa forma. Conforme con el artículo 460 del Código Procesal Penal, los 15 días de lapso para apelar dicho fallo, vencieron el 03 de junio de 2025. En razón de que el recurso presentado, lo fue en fecha 04 de julio de 2025, el mismo se encuentra fuera del término legal y por lo tanto resulta inadmisible por extemporáneo.  Observa esta Cámara, que al concederse audiencia del recurso de apelación planteado por el  Ministerio Público, la representación del Estado solicitó la remisión del recurso y la sentencia, lo cual le fue enviado en fecha 13 de junio de 2025 (folio 300), no obstante dicha audiencia de cinco días, también venció en fecha 20 de junio de 2025, sin que se haya presentado ninguna adhesión al mismo. Así las cosas, por extemporáneo, se declara inadmisible el recurso de apelación presentado por la licenciada Viviana Brenes Delgado, representante de la Procuraduría General de la República.\n\nMediante escrito presentado en tiempo y forma el 30 de mayo de 2025 (folio 285 y siguientes del expediente), la fiscal Fabiola Morales Calvo, apeló la sentencia  número 103-TJSR-2025, dictada en forma oral a las 14:11 horas del 13 de mayo de 2025.\nComo único motivo, alega: \"CONTRADICTORIA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA EN TORNO A LA PETICIÓN DE DERRIBO QUE HICIERE EL MINISTERIO PÚBLICO\". Señala que se acusó la existencia de una construcción localizada en finca folio real [Valor 001], propiedad el imputado [Nombre 001], vivienda que se encontraba invadiendo el área de protección de la margen del [...]. Considera que si bien existió duda sobre el dolo del imputado al construir dicha vivienda en esa zona, y pese al pago de la multa de parte del encartado a la Municipalidad de San Ramón, por falta de permisos de construcción, esto no demerita que la construcción se hizo dentro del área de protección, según la prueba pericial recabada, dictamen 2021-01071-ING, de folio 141 del expediente. De seguido señala el razonamiento de la jueza en sentencia, para concluir con la existencia de la duda sobre el dolo en la actuación del imputado, a quien la Municipalidad solo le impuso una multa y bajo esa tesis, estimó -la jueza- que al haberse aclarado la situación del permiso municipal, el imputado pudo haber incurrido en un error de prohibición, sobre lo cual la representación fiscal se muestra conforme. No obstante, en relación con el derribo, la jueza solo indicó que si bien la prueba acredita la existencia de construcciones en la finca, que invaden la margen del río \"...se admitió una consulta del registro y en esa consulta del registro dice que en esa propiedad, muy convenientemente... en febrero del año 2021, esa Sociedad adquiere esa propiedad... porque cuando a usted lo ponen en conocimiento de la causa penal y lo están indagando por invasión a una área de protección en diciembre del 2020, un mes y medio después, esa propiedad suya aparece a nombre de una sociedad y por desgracia, el Ministerio Público que tramitó esta causa, obvió desde el día que recibió la denuncia, que tenía que solicitarle al Juez Penal que anotara al margen de la propiedad la circunstancia que estaba ocurriendo, para que no ocurriera esto...\", por lo que la jueza estimó que por haberse pasado la propiedad a nombre de una persona jurídica y al no traerse al proceso al representante legal de la sociedad actualmente dueña de la finca en cuestión, no era posible ordenar el derribo y que al no estar el tercero interesado y actual dueño de la propiedad, ordenar el derribo devendría en una ilegalidad y por ello rechazó la solicitud del Ministerio Público. Considera la apelante que eso no es acertado, ya que si la adquisición del mueble hubiera sido por fraude, como lo deja entrever la jueza, propiciado por el justiciable a raíz de ser indagado, lo cierto es que al momento de la adquisición del bien, ya existía la invasión al área de protección de la rivera del río, y no se puede alegar derecho sobre la misma Cita el voto 222-931 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y voto 1002-2020 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea. Finalmente, señala que aunque en sentencia se testimonió piezas para investigar el presunto delito de fraude de simulación, esto no elimina la existencia de las construcciones, dentro del área de protección. Solicita se acoja el motivo y se ordene la ineficacia del fallo, en relación con el rechazo de la orden de derribo, pide se reenvíe para que se fundamente al respecto.\nSin lugar el motivo.  Los hechos que acusó el Ministerio Público, son los siguientes: \"Sin precisar fecha exacta pero sí entre el año 2017 y el 26 de setiembre de 2019, el acuado [Nombre 001] invadió la zona de protección del [...] con el número de folio real [Valor 001], plano catastrado [Valor 002]. Dicha invasión se efectuó por parte del imputado [Nombre 001], al construir una vivienda con una cabida de 72 metros cuadrados localizada dentro del área de protección del cauce del [...], el imputado construyó además 52 metros cuadrados  de un aparente taller dentro del área de protección del mismo río. 2. Como consecuencia del actuar del acusado [Nombre 001], se ocasión un daño ambiental aproximado inicialmente en la la suma de C122.395.00\" (a partir de las 03:40 horas del respectivo registro audiovisual, al cual ser hará referencia en adelante). En sentencia, conforme con el principio in dubio pro reo, se absolvió al encartado [Nombre 001] por el delito de Invasión a un Área Protegida, y del fundamento intelectivo y jurídico del fallo, deriva que dicha absolutoria obedeció a la duda, sobre la existencia de un error de prohibición, en relación con el conocimiento del encartado de que cometía un delito -se indica que la Municipalidad únicamente le impuso una multa por construir sin el permiso Municipal-. Al margen de que se encuentre correcto, o no, dicho fundamento, el mismo ha adquirido firmeza, al no haber sido apelado ante esta sede. Examinada la sentencia oral, tenemos que la jueza a quo, tras la enunciación de los hechos acusados, describió la prueba incorporada al debate, que en la testimonial consiste únicamente en la declaración del imputado -en la cual negó los hechos-, así como la prueba documental y pericial, tras lo cual señaló:  \"Es con esta prueba que el Tribunal no tiene por acreditado, ninguno de los hechos que el Ministerio Público atribuyó  al imputado\" (08:16 horas).  Esto significa que para los efectos legales, no se demostró ninguno de los hechos que el Ministerio Público acusó, incluyendo la existencia de dos construcciones en la zona de área protegida del río en mención. Ahora bien, del fundamento intelectivo de la sentencia, también se determina que la jueza de instancia, señaló que pese a que el encartado afirmó que él tenía los permisos de construcción del MINAE y de la Municipalidad, esto lo vino a desmentir la prueba documental incorporada, sobre la cual también se pronunció en forma amplia. Asimismo, en el desarrollo de las ideas posteriores, a partir de las 37:43 horas, al resolver sobre el rechazo de la solicitud de derribo del órgano fiscal, indica la jueza que: \"la prueba acredita de que efectivamente hay dos construcciones en esa finca... que no se encuentran dentro de los lineamientos de las áreas de protección de los márgenes del [...]\" , y que \"no hay duda en cuanto a que hay una invasión con esa nueva construcción del taller, y además la casa, no existe duda\", lo que evidencia claramente una incongruencia en relación con los hechos tenidos por no probados, ya que por un lado se indica que no se tuvo ningún hecho acusado por probado y posteriormente, al rechazar la gestión fiscal, se indica que que sí se comprobó la existencia de dos construcciones dentro del área protegida del [...]. Ninguno de estos aspectos fueron apelados por la representación fiscal, quien además en debate solicitó la absolutoria del encartado, sino que su inconformidad se dirigió a afirmar que es contradictorio el fundamento para rechazar el derribo, ya que el hecho de que no se diera audiencia al tercero interesado, no demerita la existencia de las construcciones dichas, aspectos sobre los que esta Cámara no encuentra contradicción alguna.  Tal y como lo refiere la apelante, la razón que dio la jueza de instancia para no ordenar el derribo de esas edificaciones, es que pese a que en la audiencia preliminar se ofreció el estudio de registro de la propiedad, que señala que la misma fue vendida por el encartado en febrero de 2021 a una sociedad, ni el juez de la etapa intermedia ni el órgano fiscal, trajeron al proceso al representante de dicha sociedad, amén de que nunca se ordenó la inscripción de la presente causa penal, al margen del registro de propiedad de la finca. Considera este Tribunal que el problema de audiencia al tercero, era un aspecto que bien podría haberse enmendado a través de un reenvío, no obstante al comprobarse que los hechos no probados en sentencia no son objeto de apelación, no es posible ordenar un reenvío para conocer sobre la solicitud de derribo, ya que adquirió firmeza que no se comprobó ningún hecho.  Dicho de otro modo, para que tuviera algún respaldo la pretensión del órgano fiscal de derribo de dichas edificaciones, en sentencia debió haberse acreditado la existencia de las mismas, como hechas al margen de la ley y dentro de la zona protegida del [...], ya que en forma independiente de que el encartado haya sido absuelto por duda, la verificación de aquella existencia hubiera legitimado la orden de derribo pretendida. Este Tribunal no puede declarar de oficio ese yerro detectado en la fundamentación intelectiva del fallo, porque el órgano acusador no lo apeló ni expresó agravio alguno al respecto, sino que, como ya se ha expuesto, su impugnación se limitó al rechazo de la restitución de las cosas a su estado original, aspecto sobre el cual no se detecta contradicción alguna.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara inadmisible, el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Se declara sin lugar, el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Notifíquese.\n\nFirmado digitalmente Gaudi móvil BCCR\n\nYadira Godínez Segura\n\n Marcela Araya Rojas            Carmen María Peraza Segura\n\n Juezas de Apelación de Sentencia\n\nExpediente Nº 19-001132-0332-PE\n\nContra: [Nombre 001]\n\nDelito: Invasión a una área de conservación En perjuicio de: Los recursos naturales\n\njchaves*\n\n\n\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:43:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "JUDICIAL POWER\n\nSENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN\n\nTel: 2456-9105  tapelacion-sra@poder-judicial.go.cr Fax: 2445-5349\n\n__________________________________________________________________________________\n\nExp: 19-001132-0332-PE\n\nRes: 2026-0087\n\nSENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, THIRD SECTION. San Ramón, at ten o'clock (10:00) on the twenty-sixth of January, two thousand twenty-six.\n\nSENTENCE APPEAL filed in this case against [Name 001], for the crime of INVASION OF A CONSERVATION AND PROTECTION AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Yadira Godínez Segura, Marcela Araya Rojas, and Carmen María Peraza Segura participate in the decision of the appeal. Appearing in the sentence appeal are licensed attorney Fabiola Morales Calvo, as representative of the Public Prosecutor's Office, and licensed attorney Viviana Brenes Delgado, as Criminal Attorney for the State.\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 103-2025 at 14:11 hours on May 13, 2025, the Trial Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón seat, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the provisions of Articles 39, 41 and 50 of the Political Constitution; 8 and 9 of the American Convention on Human Rights; 1, 2, 30, 31, 45 of the Criminal Code; 1, 3, 5, 6, 8, 9, 141, 140, 142, 184, 265 to 269, 360 to 366, 422 to 436 of the Criminal Procedure Code, 35, 58 subsection a and 61 subsection c of the Forest Law, and in application of the principle IN DUBIO PRO REO; [Name 001] is ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for the crimes of Infraction of the Forest Law for invading a Protection Area to the detriment of the Environment, according to the facts charged by the Public Prosecutor's Office. The costs of the proceedings are to be borne by the Costa Rican State. Any personal or real precautionary measure imposed by reason of this process is lifted. The Public Prosecutor's Office's request regarding demolition is rejected. It is ordered that pieces be transcribed for the Public Prosecutor's Office to investigate the possible commission of Simulated Fraud. Notification is given orally. The digital record is made available to the parties.\" (sic).\n\nII.- That against the foregoing pronouncement, licensed attorney Fabiola Morales Calvo, as representative of the Public Prosecutor's Office, and licensed attorney Viviana Brenes Delgado, as Criminal Attorney for the State, filed a sentence appeal.\n\nIII.- That after the respective deliberation, in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Sentence Appeals Court of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.\n\nIV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by sentence appeals judge Godínez Segura; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI. By brief filed on July 4, 2025 (folio 301 and following), licensed attorney Viviana Brenes Delgado, Criminal Attorney for the State, appealed judgment 103-TSSR-2025, issued by the Trial Court of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, at 14:11 hours on May 13, 2025. II. The appeal filed by the representative of the Office of the Attorney General of the Republic is rejected as inadmissible. It is recorded at folio 283 of the case file that judgment number 103-TJSR-2025 was delivered orally at 14:11 hours on May 13, 2025, and was legally notified in that form. In accordance with Article 460 of the Criminal Procedure Code, the 15-day period to appeal said ruling expired on June 3, 2025. Given that the appeal filed was submitted on July 4, 2025, it is outside the legal term and is therefore inadmissible as untimely. This Chamber observes that, when granting a hearing regarding the appeal filed by the Public Prosecutor's Office, the State's representation requested the referral of the appeal and the judgment, which was sent to it on June 13, 2025 (folio 300); however, said five-day hearing period also expired on June 20, 2025, without any adhesion to it having been filed. Thus, as untimely, the sentence appeal filed by licensed attorney Viviana Brenes Delgado, representative of the Office of the Attorney General of the Republic, is declared inadmissible.\n\nBy brief filed in a timely and proper manner on May 30, 2025 (folio 285 and following of the case file), prosecutor Fabiola Morales Calvo appealed judgment number 103-TJSR-2025, delivered orally at 14:11 hours on May 13, 2025.\nAs the sole ground, she alleges: \"CONTRADICTORY STATEMENT OF REASONS OF THE JUDGMENT REGARDING THE DEMOLITION PETITION MADE BY THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE\". She points out that the existence of a construction was alleged, located on the property with real folio number [Value 001], owned by the accused [Name 001], a dwelling that was invading the protection area (área de protección) of the bank of the [...]. She considers that even though there was doubt regarding the intent (dolo) of the accused in building said dwelling in that zone, and despite the payment of the fine by the accused to the Municipality of San Ramón for lack of construction permits, this does not diminish the fact that the construction was made within the protection area (área de protección), according to the expert evidence gathered, expert report 2021-01071-ING, at folio 141 of the case file. She then points out the trial judge's reasoning in the judgment, to conclude with the existence of doubt about the intent (dolo) in the accused's actions, upon whom the Municipality only imposed a fine, and under that thesis, the judge estimated that since the municipal permit situation had been clarified, the accused could have incurred a mistake of law (error de prohibición), with which the prosecutor's representation is in agreement. However, in relation to the demolition, the judge only indicated that although the evidence proves the existence of constructions on the property that invade the riverbank \"... a registry inquiry was admitted, and in that registry inquiry it says that this property, very conveniently... in February 2021, that Corporation acquires that property... because when you are made aware of the criminal case and are being investigated for invasion of a protection area in December 2020, a month and a half later, your property appears in the name of a corporation, and unfortunately, the Public Prosecutor's Office that handled this case omitted, from the day it received the complaint, that it had to request the Criminal Judge to annotate in the margin of the property the circumstance that was occurring, so that this would not happen...\", for which reason the judge estimated that because the property had been transferred to a legal entity and the legal representative of the corporation currently owning the property in question was not brought into the process, it was not possible to order the demolition, and that since the interested third party and current owner of the property was not present, ordering the demolition would result in an illegality, and therefore she rejected the Public Prosecutor's Office's request. The appellant considers that this is not correct, since if the acquisition of the asset had been fraudulent, as the judge implies, brought about by the accused upon being investigated, the truth is that at the time of the acquisition of the property, the invasion of the protection area (área de protección) of the riverbank already existed, and no right can be claimed over it. She cites ruling 222-931 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice and ruling 1002-2020 of the Sentence Appeals Court of Goicoechea. Finally, she points out that although pieces were transcribed in the judgment to investigate the alleged crime of simulated fraud (fraude de simulación), this does not eliminate the existence of the constructions within the protection area (área de protección). She requests that the ground be upheld and the ineffectiveness of the ruling regarding the rejection of the demolition order be declared; she requests a remand for a reasoned decision in that regard.\nWithout merit. The facts charged by the Public Prosecutor's Office are as follows: \"Without specifying the exact date but between 2017 and September 26, 2019, the accused [Name 001] invaded the protection zone (zona de protección) of [...] with real folio number [Value 001], cadastral plan [Value 002]. Said invasion was carried out by the accused [Name 001] by building a dwelling with an area of 72 square meters located within the protection area (área de protección) of the course of the [...]; the accused also built 52 square meters of what appears to be a workshop within the protection area (área de protección) of the same river. 2. As a consequence of the actions of the accused [Name 001], environmental damage was initially caused in the approximate amount of C122,395.00\" (from 03:40 hours of the respective audiovisual record, to which reference will be made below). In the judgment, in accordance with the principle in dubio pro reo, the accused [Name 001] was acquitted of the crime of Invasion of a Protected Area, and from the intellectual and legal reasoning of the ruling, it derives that said acquittal was due to the doubt regarding the existence of a mistake of law (error de prohibición), in relation to the accused's knowledge that he was committing a crime—it is indicated that the Municipality only imposed a fine on him for building without a Municipal permit. Regardless of whether said reasoning is correct or not, it has become final, as it was not appealed before this venue. Examining the oral judgment, we find that the trial judge (jueza a quo), after enunciating the charged facts, described the evidence incorporated into the trial, which in terms of witness testimony consists only of the accused's statement—in which he denied the facts—as well as the documentary and expert evidence, after which she stated: \"It is with this evidence that the Court does not consider any of the facts attributed to the accused by the Public Prosecutor's Office to be proven\" (08:16 hours). This means that for legal purposes, none of the facts charged by the Public Prosecutor's Office were proven, including the existence of two constructions in the protected area zone of the river in question. Now, from the intellectual reasoning of the judgment, it is also determined that the trial judge pointed out that, despite the accused claiming he had the construction permits from MINAE and the Municipality, this was disproven by the documentary evidence incorporated, on which she also ruled extensively. Likewise, in the development of later ideas, starting at 37:43 hours, when ruling on the rejection of the prosecutorial body's demolition request, the judge indicates that: \"the evidence proves that there are indeed two constructions on that property... which are not within the guidelines for the protection areas of the banks of the [...]\" , and that \"there is no doubt that there is an invasion with that new workshop construction, and also the house, there is no doubt\", which clearly shows an inconsistency in relation to the facts deemed not proven, because on one hand it is indicated that none of the charged facts were considered proven, and subsequently, when rejecting the prosecutorial request, it is indicated that the existence of two constructions within the protected area of [...] was indeed proven. None of these aspects were appealed by the prosecutor's representation, who also requested the acquittal of the accused during the trial; rather, her disagreement was directed at asserting that the reasoning for rejecting the demolition is contradictory, since the fact that a hearing was not given to the interested third party does not diminish the existence of said constructions, aspects on which this Chamber finds no contradiction whatsoever. As the appellant herself states, the reason given by the trial judge for not ordering the demolition of those buildings is that, despite the fact that the property registry study was offered at the preliminary hearing, which indicates that the property was sold by the accused in February 2021 to a corporation, neither the intermediate stage judge nor the prosecutorial body brought the representative of said corporation into the process, in addition to the fact that the registration of this criminal case was never ordered to be entered in the margin of the property's real estate registration. This Court considers that the issue of giving a hearing to the third party was an aspect that could well have been remedied by a remand; however, upon verifying that the facts not proven in the judgment are not the subject of the appeal, it is not possible to order a remand to address the demolition request, since it became final that no facts were proven. In other words, for the prosecutorial body's claim for the demolition of said buildings to have any support, their existence should have been proven in the judgment, as having been carried out outside the law and within the protected zone of [...], since, independently of the accused having been acquitted due to doubt, verification of that existence would have legitimized the intended demolition order. This Court cannot declare this detected flaw in the intellectual reasoning of the ruling on its own motion (oficio), because the prosecutorial body did not appeal it or express any grievance in that regard, but rather, as has already been stated, its challenge was limited to the rejection of the restoration of things to their original state, an aspect on which no contradiction is detected.\n\nTHEREFORE:\n\nThe sentence appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic is declared inadmissible. The sentence appeal filed by the Public Prosecutor's Office is declared without merit. Let it be notified.\n\nDigitally signed Gaudi móvil BCCR\n\nYadira Godínez Segura\n\nMarcela Araya Rojas Carmen María Peraza Segura\n\nSentence Appeals Judges\n\nCase File No. 19-001132-0332-PE\n\nAgainst: [Name 001]\n\nCrime: Invasion of a conservation area To the detriment of: Natural resources\n\njchaves*\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:43:24.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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