{
  "id": "nexus-sen-1-0034-1374450",
  "citation": "Res. 01006-2026 Sala Segunda de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Regencia interna ambiental y cobro del 25% adicional según Ley 8412",
  "title_en": "Environmental internal regency and 25% surcharge under Law 8412",
  "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia revoca una sentencia laboral que había denegado a un ingeniero químico del ICE el pago adicional del 25% por ejercer como regente ambiental interno de varios proyectos de generación eléctrica. El tribunal interpreta el artículo 126 del Reglamento a la Ley 8412 (Colegio de Ingenieros Químicos) y concluye que el supuesto de regente interno, previsto en el inciso 1, es aplicable a funcionarios de planta que asumen labores de regencia adicionales a su contrato original, sin que la naturaleza salarial de la relación impida el reconocimiento. La Sala estima que la ausencia de previsión expresa en la normativa interna del ICE no es razón para denegar el derecho, pues se acredita que el trabajador amplió sus responsabilidades desde 2012 al ser designado responsable ambiental de los proyectos Centro de Producción Garabito, Planta Térmica Orotina, Planta Hidroeléctrica Pirrís y Planta Hidroeléctrica Peñas Blancas. Se condena al ICE al pago retroactivo del 25%, más intereses, ajustes en aguinaldos, cargas sociales, salario escolar, fondo de garantías y costas.",
  "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice reverses a labor judgment that had denied an ICE chemical engineer the 25% additional payment for serving as internal environmental regent for several power generation projects. The court interprets Article 126 of the Regulation to Law 8412 (College of Chemical Engineers) and holds that the internal regent hypothesis in subsection 1 applies to staff professionals who take on regency duties beyond their original contract, without the salaried nature of the relationship barring the recognition. The Chamber finds that the absence of an express provision in ICE’s internal rules is no ground to deny the right, since the worker demonstrably expanded his responsibilities from 2012 when he was appointed environmental manager for the Garabito Production Center, Orotina Thermal Plant, Pirrís Hydroelectric Plant and Peñas Blancas Hydroelectric Plant projects. ICE is ordered to pay retroactively the 25% surcharge, plus interest, adjustments to bonuses, social charges, school salary, guarantee fund and costs.",
  "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte",
  "date": "17/03/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [
    "procedural-environmental"
  ],
  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
  "es_concept_hints": [
    "regencia ambiental",
    "regencia interna",
    "regente",
    "honorarios profesionales",
    "Ley 8412",
    "Colegio de Ingenieros Químicos",
    "sobresueldo",
    "ampliación de funciones"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 126 Reglamento al Título I",
      "law": "Ley 8412 — Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "regencia ambiental",
    "Ley 8412",
    "ingeniero químico",
    "ICE",
    "regencia interna",
    "honorarios profesionales",
    "sobresueldo",
    "Sala Segunda",
    "derecho laboral ambiental",
    "responsable ambiental",
    "contrato de trabajo",
    "ampliación de funciones"
  ],
  "keywords_en": [
    "environmental regent",
    "Law 8412",
    "chemical engineer",
    "ICE",
    "internal regency",
    "professional fees",
    "surcharge",
    "Second Chamber",
    "environmental labor law",
    "environmental manager",
    "employment contract",
    "expansion of duties"
  ],
  "excerpt_es": "De esta manera, a partir de la interpretación del numeral indicado, es criterio de esta Sala que, el único presupuesto que contempla una norma de carácter exclusivo a las personas que laboran bajo un contrato de servicios profesionales es la contenida en el inciso 2.b. Aún más, se visualiza que, pese a que, el ingreso del actor, como funcionario de la institución, fue en el año 2010... es hasta el año 2012 en que el actor inicia sus labores como regente. Así las cosas, del análisis del caso bajo estudio, esta Sala estima que, además de que, el accionante, se encuentra comprendido dentro del presupuesto previsto en el inciso 1 del numeral 126 ídem, en tanto ostenta la condición de regente interno de planta... se verifica, una ampliación de las funciones que le fueron asignadas en el contrato original... Dichas labores de regencia han sido desarrolladas por el actor desde la fecha indicada... Tales circunstancias, justifican la aplicación del porcentaje del 25% previsto en dicha norma, en atención al incremento efectivo de responsabilidades asumidas por el actor.",
  "excerpt_en": "Thus, from the interpretation of said provision, it is the view of this Chamber that the only scenario that exclusively applies to persons working under a professional services contract is the one in subsection 2.b. Moreover, it appears that, although the plaintiff joined the institution in 2010… it was not until 2012 that he began his regent duties. Therefore, upon analysis of the case, this Chamber finds that, in addition to the plaintiff falling under subsection 1 of Article 126, as he holds the status of in-house internal regent… there is an expansion of the functions originally assigned in his contract… These regency duties have been performed by the plaintiff since that date… Such circumstances justify the application of the 25% surcharge provided in that provision, given the effective increase in responsibilities assumed by the plaintiff.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Second Chamber grants the appeal and orders ICE to pay the 25% surcharge for internal environmental regency, plus interest and costs.",
    "summary_es": "La Sala Segunda acoge el recurso y condena al ICE al pago del 25% adicional por regencia interna ambiental, más intereses y costas."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Artículo 126 del Reglamento al Título I de la Ley 8412",
      "quote_en": "The professional shall receive for his services as Responsible Professional or Regent the fees he privately agrees with the Establishment. However, professionals hired as regents may not receive less than the following fees: 1. Internal Regent: He shall be paid an additional 25 percent of the current minimum wage corresponding to his professional level decreed by the government.",
      "quote_es": "El profesional percibirá por sus servicios como Profesional responsable o Regente, los honorarios que pacte en particular con el Establecimiento. Sin embargo, los profesionales contratados como regentes no podrán percibir menos de los honorarios siguientes: 1. El Regente Interno: Se le pagará un adicional del 25 por ciento del salario mínimo vigente, correspondiente a su nivel profesional decretado por el gobierno."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "Thus, from the interpretation of said provision, it is the view of this Chamber that the only scenario that exclusively applies to persons working under a professional services contract is the one in subsection 2.b.",
      "quote_es": "De esta manera, a partir de la interpretación del numeral indicado, es criterio de esta Sala que, el único presupuesto que contempla una norma de carácter exclusivo a las personas que laboran bajo un contrato de servicios profesionales es la contenida en el inciso 2.b."
    },
    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "This, because the absence of a specific provision does not invalidate the existence of a sufficient legal basis supporting his claim, even more so when it has been proven that the necessary normative and factual requirements for granting the requested benefit are met.",
      "quote_es": "Ello, por cuanto, la ausencia de una previsión específica, no desvirtúa la existencia de un fundamento legal suficiente que ampara su reclamo, más aún, cuando se ha acreditado que concurren los presupuestos normativos y fácticos necesarios para el reconocimiento del beneficio solicitado."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-52943",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 8412 — Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines  Art. 126 Reglamento al Título I"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1374450",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 01006 - 2026\n\nFecha de la Resolución: 17 de Marzo del 2026 a las 10:41\n\nExpediente: 22-000412-0643-LA\n\nRedactado por: Jorge Enrique Olaso Alvarez\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\n \n\nCorte Suprema de Justicia\n\nSALA SEGUNDA\n\n\t\n\n \n\nExp: 22-000412-0643-LA\n\nRes: 2026-001006\n\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta y uno minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.\n\n Proceso ORDINARIO LABORAL-EMPLEO PÚBLICO interpuesto ante el JUZGADO DE TRABAJO DE PUNTARENAS por [Nombre 001], mayor, ingeniero químico, divorciado, vecino de Esparza, con cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), representado por su Presidente Ejecutivo. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora el Lic. Ronald Eduardo Molina Vargas, mayor, abogado, divorciado, vecino de Esparza, cédula 6-0226-0345 y como apoderada especial judicial del instituto demandado, la Licda. Shirley Araya Araya.\n\n Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- ANTECEDENTES: El actor interpuso esta demanda solicitando lo siguiente: 1. Se condene a la demandada, al pago adicional del 25% correspondiente a la regencia interna asumida en el ICE desde el mes de marzo de 2012 a la fecha de su efectivo pago, más los respectivos intereses, pago de las diferencias en los aguinaldos desde marzo de 2012, ajustes en las cargas sociales desde marzo de 2012, ajustes en el salario escolar desde marzo desde marzo del 2012, ajustes en el fondo de garantías y ahorros, tanto del aporte personal de, como del aporte institucional, así como los intereses generados en dicho fondo desde marzo del 2012. Todos estos rubros con los intereses de ley hasta la fecha de su efectivo pago. 2. Se condene a la parte demandada, al pago de ambas costas personales, y procesales del proceso. 3. Que se realice el pago de los intereses legales e indexación sobre todos los rubros reclamados desde el momento en que debieron pagarse hasta el momento de su efectivo pago. La parte demandada interpuso la excepción de falta de derecho. La jueza Jesica Marcela Cordero Azofeifa, mediante resolución N° 2023000370 dictada a las quince horas veintinueve minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés determinó: Se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por [Nombre 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.\n\n II.- AGRAVIOS: El accionante plantea aspectos que estima son relevantes, de previo al desarrollo de los motivos del recurso: manifiesta que, la sentencia se dictó con un retraso de 8 meses, una vez que el expediente se encontraba listo para su dictado, invoca el numeral 511 del Código de Trabajo. Señala a su vez el numeral 537 ídem respecto de las eventuales sanciones por el dictado de la sentencia fuera de los plazos indicados. Establece el recurso de casación por razones procesales y de fondo. En relación con las razones procesales, en su primer reproche manifiesta una falta de determinación precisa de los hechos acreditados por el juzgado. En primer lugar, transcribe el hecho uno que se tuvo por probado e indica que la sentencia debe cumplir con los requisitos del artículo 560 ídem. Manifiesta que, el Código obliga a explicar las razones del dictado del fallo y los criterios de valoración empleados, señala que, solamente se consideró un elemento probatorio, una prueba documental que, según el criterio de la jueza, no fue impugnada por las partes. No obstante, estima que, existe prueba en el expediente que contradice tal hecho probado y que no fue considerada por la a-quo. Hace referencia a las imágenes 8,35,56,152, en las que constan acciones de personal, según las cuales, afirma, se constata que, en la actualidad, el actor ocupa el puesto INGE3 al Área Gestión Socio Ambiental, Centro de Gestión 3507 de Generación Región Central, Negocio Generación, bajo la plaza #15802. Añade que, el hecho probado uno, establece como fecha de ingreso el 06 de setiembre de 2010, indica que, a imagen 152 del expediente, se aprecia que la fecha fue puesta a mano, pero se contradice con la que aparece en el extremo inferior de esa misma prueba, que es la fecha en la que se firmó dicho contrato de trabajo que fue el día 26 de agosto. Refiere que, deben visualizarse los sellos que aparecen en la acción de personal, 27 de agosto del Área de Presupuesto, 01 de setiembre de Atención al Cliente y 02 de Setiembre de División de Capital Humano. Con lo cual, estima que, tal hecho probado, se basó en documentación que presenta errores y, considera que, la a-quo, no analizó otros documentos del expediente. En segundo lugar, expone el cuarto hecho probado. Manifiesta que, la prueba visible a imágenes 9 y 10, no fue impugnada por las partes, alega que, dicha prueba, fue incorporada en la demanda, para sustentar el hecho cuarto y, también, en el hecho sexto de la demanda, se visualiza la consulta realizada al Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, así como la respuesta brindada por el bufete Hidalgo y Asociados, en nota del 9 de abril del 2015, en la que se emite una serie de conclusiones relacionadas con la consulta. Adicionalmente indica que, tal hecho no se enmarca con la realidad del proceso, pues, precisamente la recomendación del no pago del sobresueldo por Regencia Ambiental que hace el ICE, por considerar que estas actividades están implícitas en sus puestos de trabajo, es lo que motiva precisamente la interposición del asunto. Estima que, existen otras pruebas que contradicen la afirmación de que las actividades están implícitas en el puesto, como lo son las pruebas visibles a imágenes 158 y 159 del expediente y las imágenes 141 a 146, en las que describen las actividades principales al puesto, con lo cual, alega, que se está incurriendo en el vicio de falta de determinación de este hecho acreditado por el juzgador de primera instancia. Asimismo, se cita la prueba que consta a imágenes 164, 127, 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 19, 20, 27 a 30, 31, 34, 37, 38 del expediente judicial para probar su dicho). Arguye que, tal prueba no fue tomada en cuenta en la emisión del fallo. En tercer lugar, hace referencia al hecho quinto probado de la sentencia, el cual cita. Señala que, para la acreditación de tal hecho, la jueza, se basa únicamente en una sola prueba, sin analizar las demás probanzas que constan en el expediente. Indica que, la demandada, admite que la ley 8412 y el artículo 126 Regencia de Honorarios Profesionales son leyes de la República y, aduce que, tal aspecto no fue considerado por, la a-quo, al acreditar el hecho quinto (cita la prueba visible a imágenes 16 a 19, 20, 21 a 26, 27 a 30, 31, 32 a 33, 34, 37, 38 en el mismo sentido). Añade que, los hechos probados lo son, porque en el razonamiento de la jueza, no fueron objetados, lo que, indica, atenta contra el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Alude que, la normativa laboral vigente es clara en que, la a-quo, deberá indicar los medios de prueba en que fundamenta su decisión, por lo que, concluye que, la forma en que   se determinó tal hecho probado le resta precisión a una sentencia en materia laboral. Como segundo agravio plantea una fundamentación insuficiente de la sentencia. En su primer alegato asevera que, en la resolución, por los vicios mencionados en los hechos acreditados, incurre en el vicio de falta de fundamento de la sentencia. Indica que, los hechos probados 1,4 y 5, generan que la conclusión a la que llegó, la jueza carezca de fundamento. En este mismo agravio, ataca que, la sentencia, no tiene hechos no probados. Señala que, de conformidad con el numeral 560 ídem, se requiere un pronunciamiento sobre  hechos probados y no probados, de importancia para resolver el asunto o bien, determinar que no existían tales hechos, lo cual, estima, no ocurrió. En su tercer alegato, manifiesta una inaplicación de los artículos 477 y 478 del Código de Trabajo sobre la carga de la prueba. Indica que, la resolución no refiere a la carga de la prueba; no obstante, estima que, el actor, acreditó el puesto desempeñado desde el año 2012, la parte demandada, no logró probar que la labor de regente interno estuviera implícita dentro del contrato de trabajo, por lo cual, era su obligación demostrar con prueba que, conforme a su dicho, esta labor de regente estaba implícita dentro del contrato de trabajo, lo que, estima, no ocurrió. En relación con las razones de fondo, como primer agravio plantea una violación sustancial al ordenamiento jurídico por una mala interpretación del principio de legalidad. Manifiesta que, en su criterio, se interpretó la legalidad como si el proceso se tramitara en sede administrativa o contencioso administrativa, para fundar su dicho, incorpora parte de la resolución judicial en este sentido.  Estima que, la a-quo confundió el principio de legalidad que rige los actos de la Administración, con el que rige el pago adicional o no del 25% correspondiente a la regencia interna, cuando se trata de dos temas distintos. Indica que, de conformidad con los numerales 11 de la Ley General de la Administración Pública y la Constitución Política, la Administración, en cuanto a sus actuaciones, sólo puede realizar los que la ley expresamente le permite hacer; sin embargo, plantea que, el proceso, es en materia laboral, con lo cual, se dilucidan las pretensiones de esa naturaleza, que no deben confundirse con actuaciones administrativas. Cita el numeral 15 del Código de Trabajo. Arguye que, cuando el asunto que se interpone en esta vía, no está expresamente contemplado en el cuerpo normativo indicado, se debe en primera instancia acudir a Reglamentos o leyes supletorias o conexas. Hace mención a la Ley 8412 y al Decreto Ejecutivo Nº 35695-MINAE, manifiesta que ambas normas están vigentes y regulan el pago que debe recibir una persona que realiza las funciones de regente y que, aunado al numeral 15 supra citado, debieron ser tomados en cuenta para la resolución del presente caso. Vuelve a transcribir parte del pronunciamiento impugnado y, añade que, el numeral 126 del Decreto Ejecutivo Nº 35695-MINAE, es claro en su inciso primero, cuando establece un pago adicional no menor del 25% por la realización de la labor de regente, lo cual, conforme a las pruebas existentes en el expediente se acreditó que realiza. Aclara que, los honorarios profesionales, son pagos que se realizan a profesionales sean parte de la empresa o institución o trabajen por su propia cuenta. Adicionalmente alega que, en la sentencia no se explica por qué descarta la aplicación de esta normativa más allá de mencionar que es porque se trata de honorarios y no de salario que tal norma no aplica. Como segundo agravio plantea, una violación sustancial del ordenamiento jurídico por una ilegítima aplicación del régimen probatorio. Refiere nuevamente a los hechos probados 1, 4 y 5 de la sentencia, e indica que, no se valoraron otras pruebas, con lo cual, se incurrió en preterición de prueba. Llama la atención al criterio C-048-2007, del 15 de febrero de 2007, sobre el beneficio de “identidad propia”, adicionalmente, alega que, no se tomó en cuenta el contrato de trabajo, la caracterización del puesto y demás elementos probatorios. Solicita, se declare con lugar la demanda, se deje sin efecto la sentencia recurrida y se condene a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales.\n\n III.- AGRAVIOS DE ÍNDOLE PROCESAL: Los argumentos expuestos por la parte accionante en el recurso de casación, radican en falta de determinación de los hechos, fundamentación y motivación de la sentencia. El numeral 587 inciso 5) del actual Código de Trabajo, dispone que el recurso será admisible por razones procesales por falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. Sin embargo, las razones dadas por quien recurre para sostener la supuesta falta de fundamentación y determinación de los hechos son, en el fondo, una disconformidad con la interpretación normativa realizada por la jueza y la manera en la que valoró el caso concreto, es decir, se muestra disconforme con la forma en que resolvió, por lo cual, tales aspectos que serán analizados en el considerando siguiente como aspectos sustantivos.\n\n IV.- FONDO DEL ASUNTO: Pese a la amplitud de los reproches planteados por la parte actora, la Sala estima que, el quid de este asunto, radica en determinar, si el actor, al amparo del numeral 126 del Reglamento al Título I de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412, tiene derecho a percibir el 25% adicional del salario mínimo vigente. Literalmente, la norma establece: \"Artículo 126.-Regencia. Honorarios Profesionales: El profesional percibirá por sus servicios como Profesional responsable o Regente, los honorarios que pacte en particular con el Establecimiento. Sin embargo, los profesionales contratados como regentes no podrán percibir menos de los honorarios siguientes: 1. El Regente Interno: Se le pagará un adicional del 25 por ciento del salario mínimo vigente, correspondiente a su nivel profesional decretado por el gobierno. 2. El Regente Externo: a) En caso de ser contratado como asalariado, el pago mínimo será el tiempo contratado, proporcional al salario mínimo vigente decretado por el gobierno, correspondiente a su nivel profesional, multiplicado por 2,0. El factor multiplicador compensará las obligaciones legales y tiempo de transporte del profesional, siempre y cuando este desplazamiento sea en un radio de diez kilómetros. En caso de que la distancia del transporte sea mayor se deberá compensar el costo de transporte, de acuerdo al Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos, emitido por la Contraloría General de la República para el exceso de kilometraje, incorporándose este pago al costo de la hora de regencia. b) En caso de ser contratado por servicios profesionales, el costo será de US $15,00 por hora diaria o su equivalente de US $ 65,00 hora mensual, que corresponde a $15,00 por 4.33 semanas por cada mes.\" En el caso particular, tal y como fue indicado por, la a-quo, el accionante labora para el Instituto Costarricense de Electricidad, desempeñando un puesto como profesional de planta. No obstante, ante los agravios de la parte casacionista, la Sala concluye que, la jueza, realiza una interpretación errónea de la norma, porque, a pesar de que, la relación laboral es de carácter salarial y no refiere a un supuesto de contratación por servicios profesionales, dicho ordinal, esboza dos supuestos para el pago de honorarios: el primero de ellos es, si se trata de un regente interno o de planta, en cuyo caso, se le pagará el 25% adicional del salario mínimo. El segundo, es si se refiere a un regente externo, para el cual, hay dos escenarios particulares: a) si es asalariado, se le deberá pagar el salario mínimo por 2, sumado a los gastos adicionales; b) si fue contratado por servicios profesionales, el costo será de $15,00 por hora diaria o su equivalente de $65,00 hora mensual, que corresponde a $15,00 por 4.33 semanas por cada mes. De esta manera, a partir de la interpretación del numeral indicado, es criterio de esta Sala que, el único presupuesto que contempla una norma de carácter exclusivo a las personas que laboran bajo un contrato de servicios profesionales es la contenida en el inciso 2.b. Aún más, se visualiza que, pese a que, el ingreso del actor, como funcionario de la institución, fue en el año 2010, en el puesto Profesional-2, en la especialidad de Ingeniero Químico, para laborar en el Centro Producción Garabito a cargo del laboratorio químico y recepción de combustible (bunker) en el área denominada Control de Procesos, (según lo indicado por el trabajador en su demanda y fue aclarado por la accionada),es hasta el año 2012 en que el actor inicia sus labores como regente. Así las cosas, del análisis del caso bajo estudio, esta Sala estima que, además de que, el accionante, se encuentra comprendido dentro del presupuesto previsto en el inciso 1 del numeral 126 ídem, en tanto ostenta la condición de regente interno de planta, como trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad, se verifica, una ampliación de las funciones que le fueron asignadas en el contrato original, siendo que, a partir de marzo del año 2012, él asumió labores de regencia. Lo anterior, según oficio SG-ASA-237-2012 del 19 de marzo del 2012 por el cual, la Secretaría Técnica Nacional acepta el nombramiento del actor como responsable ambiental (regente) del proyecto para las obras constructivas del Centro de Producción de Garabito (visible a imagen 19 del expediente judicial). A su vez, fue nombrado en la plaza 15802, correspondiente al puesto de INGE3 al Centro de Producción de Garabito (según consta a imagen 138 a 145 ídem). Dichas labores de regencia han sido desarrolladas por el actor desde la fecha indicada, con las siguientes precisiones: en marzo de 2017 se le transfirió al Área Socioambiental de la Región Central, en abril 2017, se le solicitó asumir la regencia de la Planta Térmica de Orotina, en diciembre 2017, se le requirió en la Regencia Ambiental de la Planta Hidroeléctrica Pirrís, en Llano Bonito de León Cortés y, en 2021, la Planta Hidroeléctrica Peñas Blancas, en San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón. Tales circunstancias, justifican la aplicación del porcentaje del 25% previsto en dicha norma, en atención al incremento efectivo de responsabilidades asumidas por el actor. En cuanto al planteamiento de la a-quo, de que, dentro de la normativa que rige las relaciones laborales de los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, no se encuentra expresamente contemplado el pago del sobresueldo reclamado, es criterio de esta Sala que, tal circunstancia, no constituye un argumento válido para denegar la pretensión al actor. Ello, por cuanto, la ausencia de una previsión específica, no desvirtúa la existencia de un fundamento legal suficiente que ampara su reclamo, más aún, cuando se ha acreditado que concurren los presupuestos normativos y fácticos necesarios para el reconocimiento del beneficio solicitado. Por las razones anteriores, debe declararse con lugar el recurso interpuesto por la parte actora.\n\n V.- COSTAS: De conformidad con el numeral 562 del Código de Trabajo: “En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por litispendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacción extraprocesal o deserción, se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada con la finalización del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas.” Al resultar la parte accionada vencida en la totalidad de las pretensiones planteadas, se le condena al pago de cosas personales y procesales del presente proceso. Las personales se han de fijar en el 15% de la condenatoria, según el numeral 562 ídem.\n\n VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo expuesto, se declara con lugar el recurso. Se anula el fallo recurrido. En consecuencia, se declara con lugar la demanda y se condena al Instituto Costarricense de Electricidad al pago adicional del 25% correspondiente a la regencia interna asumida en el ICE, de conformidad con el numeral 126 del Reglamento al Título I de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412, desde el mes de marzo de 2012 a la fecha de su efectivo pago, más los respectivos intereses, pago de las diferencias en los aguinaldos desde marzo de 2012, ajuste en las cargas sociales desde marzo de 2012, ajuste en el salario escolar desde marzo del 2012, ajuste en el fondo de garantías y ahorros, en el aporte personal y en el aporte institucional, así como los intereses generados en dicho fondo, desde marzo del 2012. Se concede el pago de los intereses legales, conforme a la tasa establecida por el numeral 1163 del Código Civil, e indexación sobre todos los rubros reclamados desde que surgió el adeudo hasta el efectivo pago. Los montos se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia. Se condena a la parte demandada, al pago de ambas costas personales, y procesales del proceso, las personales se han de fijar en el 15% de la condenatoria, según el numeral 562 ídem.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso. Se anula el fallo recurrido. En consecuencia, se declara con lugar la demanda y se condena al Instituto Costarricense de Electricidad al pago adicional del veinticinco por ciento correspondiente a la regencia interna asumida en el ICE,  desde el mes de marzo de dos mil doce, a la fecha de su efectivo pago, más los respectivos intereses, pago de las diferencias en los aguinaldos, ajustes en las cargas sociales, en el salario escolar, en el fondo de garantías y ahorros, en el aporte personal y en el aporte institucional, así como los intereses generados en dicho fondo. Se condena al pago de los intereses legales, conforme a la tasa establecida por el numeral mil ciento sesenta y tres del Código Civil e indexación sobre todos los rubros reclamados desde el momento en que debieron pagarse hasta el momento de su efectivo pago. Los montos se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia. Se condena a la parte demandada, al pago de ambas costas personales, y procesales del proceso, las personales se han de fijar en el quince por ciento de la condenatoria.\n\nRes: 2026001006\n\nALOPEZCAM/mrg\n\n \n\n\t\n\n\n\nKVC076CBWNU61\nJULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\n443RAGN1TXK461\nROXANA CHACÓN ARTAVIA - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nLP3QY7FUS9E61\nANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRADO/A\n\n\n\n\n\n\nHBM3DESZWVK61\nGRACE DEL CARMEN AGUERO ALVARADO - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nL0QGIA91PRM61\nJORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A\n\n \n\n1\n\nEXP: 22-000412-0643-LA\n\n \n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2258-4165. Correo Electrónico: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 15:57:35.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Large\nNormal\nSmall\nSecond Chamber of the Court\n\nResolution No. 01006 - 2026\n\nResolution Date: March 17, 2026 at 10:41 a.m.\n\nCase File: 22-000412-0643-LA\n\nDrafted by: Jorge Enrique Olaso Alvarez\n\n\n\nJudgment with protected data, in accordance with current regulations\n\n\nText of the resolution\n\n\n\n \n\nSupreme Court of Justice\n\nSECOND CHAMBER\n\n \n\n \n\nExp: 22-000412-0643-LA\n\nRes: 2026-001006\n\nSECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and forty-one minutes on the seventeenth of March, two thousand twenty-six.\n\n ORDINARY LABOR-PUBLIC EMPLOYMENT PROCEEDING filed before the LABOR COURT OF PUNTARENAS by [Name 001], of legal age, chemical engineer, divorced, resident of Esparza, with identification number [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), represented by its Executive President. Acting as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is Lic. Ronald Eduardo Molina Vargas, of legal age, attorney, divorced, resident of Esparza, ID 6-0226-0345, and as special judicial attorney-in-fact for the defendant institute, Licda. Shirley Araya Araya.\n\n Drafted by Judge Olaso Álvarez; and,\n\nCONSIDERING:\n\n I.- BACKGROUND: The plaintiff filed this lawsuit requesting the following: 1. That the defendant be ordered to pay the additional 25% corresponding to the internal regency (regencia interna) assumed at ICE from March 2012 until the date of its effective payment, plus the respective interest, payment of the differences in Christmas bonuses (aguinaldos) from March 2012, adjustments in social security contributions (cargas sociales) from March 2012, adjustments in the school bonus (salario escolar) from March 2012, adjustments in the guarantee and savings fund, for both the employee's contribution and the institutional contribution, as well as the interest generated in said fund from March 2012. All these items with statutory interest until the date of their effective payment. 2. That the defendant be ordered to pay both personal and procedural costs of the proceeding. 3. That statutory interest and indexation be paid on all claimed items from the moment they should have been paid until the moment of their effective payment. The defendant filed the defense of lack of right. Judge Jesica Marcela Cordero Azofeifa, by resolution No. 2023000370 issued at fifteen hours twenty-nine minutes on the twenty-fourth of March, two thousand twenty-three, determined: The lawsuit filed by [Name 001] against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD is declared WITHOUT MERIT. It is resolved without special condemnation in costs.\n\n II.- GRIEVANCES: The plaintiff raises aspects he deems relevant, prior to the development of the grounds for the appeal: he states that the judgment was issued with an 8-month delay once the file was ready for its issuance, invoking section 511 of the Labor Code. He also points to section 537 of the same code regarding possible sanctions for issuing the judgment outside the indicated deadlines. He establishes the cassation appeal for procedural and substantive reasons. Regarding the procedural reasons, in his first reproach, he claims a lack of precise determination of the proven facts by the court. First, he transcribes proven fact one and indicates that the judgment must comply with the requirements of article 560 of the same code. He states that the Code obliges the judge to explain the reasons for issuing the ruling and the evaluation criteria used; he points out that only one piece of evidence was considered, a documentary proof that, according to the judge's criteria, was not challenged by the parties. However, he believes that there is evidence in the file that contradicts this proven fact and that was not considered by the lower court. He refers to images 8, 35, 56, 152, which contain personnel actions, according to which, he affirms, it is confirmed that the plaintiff currently holds the position INGE3 in the Socio-Environmental Management Area, Management Center 3507 of Central Region Generation, Generation Business, under position #15802. He adds that proven fact one establishes the start date as September 6, 2010, and indicates that, in image 152 of the file, it is seen that the date was handwritten, but it contradicts the one appearing at the bottom of that same evidence, which is the date on which said employment contract was signed, which was August 26. He states that the stamps appearing on the personnel action should be viewed: August 27 from the Budget Area, September 1 from Customer Service, and September 2 from the Human Capital Division. With this, he believes that this proven fact was based on documentation containing errors and considers that the lower court did not analyze other documents in the file. Secondly, he sets out the fourth proven fact. He states that the evidence visible in images 9 and 10 was not challenged by the parties; he alleges that this evidence was incorporated in the lawsuit to support the fourth fact, and also, in the sixth fact of the lawsuit, the inquiry made to the Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines is seen, as well as the response provided by the firm Hidalgo y Asociados, in a note dated April 9, 2015, in which a series of conclusions related to the inquiry are issued. Additionally, he indicates that this fact does not fit the reality of the proceeding, since precisely the ICE's recommendation not to pay the additional salary for Environmental Regency, because it considers these activities are implicit in their job positions, is what motivates the filing of the matter. He believes that there is other evidence that contradicts the assertion that the activities are implicit in the position, such as the evidence visible in images 158 and 159 of the file and images 141 to 146, which describe the main activities of the position, thus, he alleges, incurring in the defect of lack of determination of this proven fact by the first-instance judge. Likewise, the evidence found in images 164, 127, 10, 11, 13, 14, 15, 16 to 19, 20, 27 to 30, 31, 34, 37, 38 of the judicial file is cited to prove his statement). He argues that this evidence was not taken into account when issuing the judgment. Thirdly, he refers to the fifth proven fact of the judgment, which he cites. He points out that, to accredit this fact, the judge based her decision on only one piece of evidence, without analyzing the other evidence contained in the file. He indicates that the defendant admits that Law 8412 and Article 126 on Professional Fee Regency are laws of the Republic and argues that this aspect was not considered by the lower court when accrediting the fifth fact (he cites the evidence visible in images 16 to 19, 20, 21 to 26, 27 to 30, 31, 32 to 33, 34, 37, 38 in the same sense). He adds that the proven facts are so because, in the judge's reasoning, they were not objected to, which, he indicates, violates the right of access to justice and effective judicial protection. He alludes that current labor regulations are clear that the lower court must indicate the means of evidence on which it bases its decision; therefore, he concludes that the manner in which this proven fact was determined diminishes the precision of a judgment in labor matters. As a second grievance, he raises insufficient reasoning of the judgment. In his first argument, he asserts that, due to the defects mentioned in the accredited facts, the resolution incurs in the defect of lack of grounds for the judgment. He indicates that proven facts 1, 4, and 5 cause the conclusion reached by the judge to lack foundation. In this same grievance, he attacks that the judgment has no unproven facts. He points out that, in accordance with section 560 of the same code, a pronouncement is required on proven and unproven facts, of importance for resolving the matter or to determine that such facts did not exist, which, he believes, did not occur. In his third argument, he claims a non-application of articles 477 and 478 of the Labor Code regarding the burden of proof. He indicates that the resolution does not refer to the burden of proof; however, he believes that the plaintiff proved the position held since 2012, and the defendant failed to prove that the work of internal regent was implicit within the employment contract; therefore, it was its obligation to demonstrate with evidence that, according to its statement, this work of regent was implicit within the employment contract, which, he believes, did not occur. Regarding the substantive reasons, as a first grievance, he raises a substantial violation of the legal system due to a misinterpretation of the principle of legality. He states that, in his opinion, legality was interpreted as if the proceeding were conducted in an administrative or contentious-administrative venue; to support his claim, he incorporates part of the judicial resolution in this sense. He believes that the lower court confused the principle of legality that governs the acts of the Administration with the one governing the additional payment or not of the 25% corresponding to internal regency, when these are two different issues. He indicates that, in accordance with sections 11 of the General Law of Public Administration and the Political Constitution, the Administration, regarding its actions, can only do what the law expressly allows it to do; however, he argues that the proceeding is in labor matters, thus resolving claims of that nature, which should not be confused with administrative actions. He cites section 15 of the Labor Code. He argues that when the matter filed in this venue is not expressly contemplated in the indicated normative body, one must first turn to Regulations or supplementary or related laws. He mentions Law 8412 and Decreto Ejecutivo Nº 35695-MINAE, stating that both norms are in force and regulate the payment that a person performing the functions of regent must receive, and that, coupled with section 15 cited above, they should have been taken into account for the resolution of the present case. He transcribes part of the appealed ruling again and adds that section 126 of Decreto Ejecutivo Nº 35695-MINAE is clear in its first subsection when it establishes an additional payment of not less than 25% for performing the work of regent, which, according to the evidence existing in the file, it was proven that he performs. He clarifies that professional fees are payments made to professionals whether they are part of the company or institution or work on their own account. Additionally, he alleges that the judgment does not explain why it discards the application of this regulation beyond mentioning that it is because it concerns fees and not salary, so that norm does not apply. As a second grievance, he raises a substantial violation of the legal system due to an illegitimate application of the evidentiary regime. He refers again to proven facts 1, 4, and 5 of the judgment and indicates that other evidence was not evaluated, thus incurring in pretermission of evidence. He draws attention to criterion C-048-2007, of February 15, 2007, regarding the benefit of \"own identity\"; additionally, he alleges that the employment contract, the job characterization, and other evidentiary elements were not taken into account. He requests that the lawsuit be declared with merit, the appealed judgment be set aside, and the defendant be ordered to pay personal and procedural costs.\n\n III.- PROCEDURAL GRIEVANCES: The arguments put forth by the plaintiff in the cassation appeal lie in a lack of determination of facts, reasoning, and motivation of the judgment. Subsection 5 of section 587 of the current Labor Code provides that the appeal will be admissible for procedural reasons due to lack of grounds or insufficient grounds for the judgment. However, the reasons given by the appellant to sustain the alleged lack of reasoning and determination of facts are, in essence, a disagreement with the normative interpretation made by the judge and the way in which she assessed the specific case; that is, he is dissatisfied with the way she resolved it, therefore, such aspects will be analyzed in the following considering paragraph as substantive aspects.\n\n IV.- MERITS OF THE MATTER: Despite the breadth of the reproaches raised by the plaintiff, the Chamber considers that the crux of this matter lies in determining whether the plaintiff, under section 126 of the Reglamento al Título I de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412, has the right to receive the additional 25% of the current minimum salary. Literally, the norm establishes: \"Article 126.-Regency. Professional Fees: The professional shall receive for their services as responsible Professional or Regent, the fees they agree upon in particular with the Establishment. However, professionals hired as regents may not receive less than the following fees: 1. The Internal Regent: They shall be paid an additional 25 percent of the current minimum salary, corresponding to their professional level decreed by the government. 2. The External Regent: a) In case of being hired as a salaried employee, the minimum payment shall be the contracted time, proportional to the current minimum salary decreed by the government, corresponding to their professional level, multiplied by 2.0. The multiplier factor shall compensate the legal obligations and transportation time of the professional, provided this travel is within a ten-kilometer radius. In the event that the transportation distance is greater, the transportation cost must be compensated, according to the Regulations for travel and transportation expenses for public officials, issued by the Contraloría General de la República for the excess mileage, incorporating this payment into the cost of the regency hour. b) In case of being hired for professional services, the cost shall be US $15.00 per daily hour or its equivalent of US $65.00 monthly hour, which corresponds to $15.00 per 4.33 weeks per month.\" In the particular case, as was indicated by the lower court, the plaintiff works for the Instituto Costarricense de Electricidad, holding a position as a permanent staff professional. However, given the grievances of the cassation appellant, the Chamber concludes that the judge makes an erroneous interpretation of the norm, because, even though the employment relationship is of a salary nature and does not refer to a case of contracting for professional services, said section outlines two scenarios for the payment of fees: the first is if it concerns an internal or staff regent, in which case they shall be paid the additional 25% of the minimum salary. The second is if it refers to an external regent, for which there are two particular scenarios: a) if they are a salaried employee, they shall be paid the minimum salary times 2, plus additional expenses; b) if they were hired for professional services, the cost shall be $15.00 per daily hour or its equivalent of $65.00 monthly hour, which corresponds to $15.00 per 4.33 weeks per month. Thus, from the interpretation of the indicated section, it is the criterion of this Chamber that the only scenario that contemplates a rule of an exclusive nature for persons working under a professional services contract is the one contained in subsection 2.b. Furthermore, it is observed that, although the plaintiff's entry as an employee of the institution was in 2010, in the position Professional-2, in the specialty of Chemical Engineer, to work at the Centro Producción Garabito in charge of the chemical laboratory and fuel reception (bunker) in the area called Control de Procesos, (as indicated by the worker in his lawsuit and clarified by the defendant), it is not until 2012 that the plaintiff begins his duties as regent. Having analyzed the case under study, this Chamber considers that, in addition to the plaintiff being included within the scenario provided in subsection 1 of section 126 of the same code, insofar as he holds the status of internal staff regent as a worker of the Instituto Costarricense de Electricidad, an expansion of the functions assigned to him in the original contract is verified, given that, starting in March 2012, he assumed regency duties. The foregoing, according to official communication SG-ASA-237-2012 of March 19, 2012, by which the National Technical Secretariat accepts the appointment of the plaintiff as environmental responsible (regent) for the project for the construction works of the Centro de Producción de Garabito (visible in image 19 of the judicial file). In turn, he was appointed to position 15802, corresponding to the INGE3 position at the Centro de Producción de Garabito (as stated in images 138 to 145 of the same file). Said regency duties have been carried out by the plaintiff since the indicated date, with the following details: in March 2017 he was transferred to the Socio-Environmental Area of the Central Region; in April 2017, he was requested to assume the regency of the Planta Térmica de Orotina; in December 2017, he was required in the Environmental Regency of the Planta Hidroeléctrica Pirrís, in Llano Bonito de León Cortés; and, in 2021, the Planta Hidroeléctrica Peñas Blancas, in San Isidro de Peñas Blancas, in San Ramón. Such circumstances justify the application of the 25% percentage provided for in said norm, in attention to the effective increase in responsibilities assumed by the plaintiff. Regarding the lower court's argument that, within the regulations governing the employment relationships of the employees of the Instituto Costarricense de Electricidad, the payment of the claimed additional salary is not expressly contemplated, it is the criterion of this Chamber that such a circumstance does not constitute a valid argument to deny the plaintiff's claim. This is because the absence of a specific provision does not detract from the existence of a sufficient legal basis that supports his claim, even more so when it has been proven that the necessary normative and factual requirements for the recognition of the requested benefit are present. For the foregoing reasons, the appeal filed by the plaintiff must be granted.\n\n V.- COSTS: In accordance with section 562 of the Labor Code: \"In every judgment, including summary judgments, and resolutions that cause the termination of the proceeding due to litispendence, lack of jurisdiction for reasons of national territory, extraprocedural satisfaction, or desistance, the losing party, the party who has satisfied the right, or the party sanctioned with the conclusion of the matter shall be ordered to pay the personal and procedural costs incurred.\" As the defendant has been the losing party regarding all the claims filed, it is ordered to pay personal and procedural costs of the present proceeding. The personal costs are to be fixed at 15% of the total judgment amount, according to section 562 of the same code.\n\n VI.- FINAL CONSIDERATIONS: As a corollary of the foregoing, the appeal is granted. The appealed ruling is annulled. Consequently, the lawsuit is granted, and the Instituto Costarricense de Electricidad is ordered to pay the additional 25% corresponding to the internal regency assumed at ICE, in accordance with section 126 of the Reglamento al Título I de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412, from March 2012 until the date of its effective payment, plus the respective interest, payment of the differences in Christmas bonuses from March 2012, adjustment in social security contributions from March 2012, adjustment in the school bonus from March 2012, adjustment in the guarantee and savings fund, in the employee's contribution and in the institutional contribution, as well as the interest generated in said fund, from March 2012. Statutory interest is granted, according to the rate established by section 1163 of the Civil Code, and indexation on all claimed items from when the debt arose until effective payment. The amounts shall be liquidated in the judgment enforcement stage. The defendant is ordered to pay both personal and procedural costs of the proceeding; the personal costs are to be fixed at 15% of the total judgment amount, according to section 562 of the same code.\n\nTHEREFORE:\n\n The appeal is granted. The appealed ruling is annulled. Consequently, the lawsuit is granted, and the Instituto Costarricense de Electricidad is ordered to pay the additional twenty-five percent corresponding to the internal regency assumed at ICE, from March two thousand twelve, until the date of its effective payment, plus the respective interest, payment of the differences in Christmas bonuses, adjustments in social security contributions, in the school bonus, in the guarantee and savings fund, in the employee's contribution and in the institutional contribution, as well as the interest generated in said fund. Payment of statutory interest is ordered, according to the rate established by section one thousand one hundred sixty-three of the Civil Code and indexation on all claimed items from the moment they should have been paid until the moment of their effective payment. The amounts shall be liquidated in the judgment enforcement stage. The defendant is ordered to pay both personal and procedural costs of the proceeding; the personal costs are to be fixed at fifteen percent of the total judgment amount.\n\nRes: 2026001006\n\nALOPEZCAM/mrg\n\n \n\n \n\n\nKVC076CBWNU61\nJULIA VARELA ARAYA - MAGISTRATE JUDGE\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n443RAGN1TXK461\nROXANA CHACÓN ARTAVIA - MAGISTRATE JUDGE\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\nLP3QY7FUS9E61\nANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRATE JUDGE\n\n\n\n\nHBM3DESZWVK61\nGRACE DEL CARMEN AGUERO ALVARADO - MAGISTRATE JUDGE\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\nL0QGIA91PRM61\nJORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRATE JUDGE\n\n \n\n1\n\nEXP: 22-000412-0643-LA\n\n \n\n Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Fax: 2258-4165. Email: sala-segunda@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-07-2026 15:57:35.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}