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  "id": "nexus-sen-1-0034-159501",
  "citation": "Res. 00122-2001 Tribunal de Casación Penal de San José",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Consideración de antecedentes penales para fijar la pena en delito forestal",
  "title_en": "Considering prior criminal record in sentencing for forestry offense",
  "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal de San José, en voto de mayoría, analizó un recurso de casación interpuesto contra una sentencia condenatoria por infracción a la Ley Forestal N° 7575. El imputado fue declarado autor responsable de tala ilegal de árboles de roble en bosque primario, sin permiso de la Dirección Forestal, y condenado a ocho meses de prisión. El recurrente alegó vicios de forma por falta de fundamentación en la determinación de los hechos, nulidad por violación al principio de amplitud de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva en la fijación de la pena. El Tribunal rechazó todos los motivos. En particular, declaró que la sentencia estaba debidamente circunstanciada en cuanto al modo, tiempo y lugar de la tala, sin violación al non bis in idem. Además, estableció que no es obligatorio ordenar inspección judicial de oficio cuando existen otros medios de prueba válidos. Sobre la pena, consideró que los antecedentes penales sí pueden tomarse en cuenta para determinar la sanción, siempre que no sean el único fundamento, y que la pena impuesta se ajustaba a los límites legales y a los principios de proporcionalidad.",
  "summary_en": "The Criminal Appeals Tribunal of San José, in a majority decision, reviewed a cassation appeal against a conviction for violating Forestry Law No. 7575. The defendant was found guilty of illegally felling oak trees in a primary forest without authorization and was sentenced to eight months in prison. The appellant raised procedural defects regarding lack of factual specification, violation of the right to evidence, and incorrect application of substantive law in sentencing. The Tribunal rejected all grounds, holding that the trial court’s factual findings were sufficiently detailed as to time, place, and manner of the offense, without double jeopardy concerns. It further ruled that a judge is not required to order an on-site inspection sua sponte when other valid evidence exists. Regarding sentencing, it held that prior criminal records may be considered in setting the penalty, provided they are not the sole basis, and that the eight-month sentence fell within the prescribed range and complied with proportionality principles.",
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    "forestry-law-7575"
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  "excerpt_es": "Respecto a los antecedentes penales, han existido diversos criterios a los fines de considerarlos o no como elementos para adecuar el monto de la sanción. La misma Sala Constitucional no ha sido uniforme en ese punto.  Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación y en todo caso en el sublite no es una la cuestión – los referidos antecedentes- que se consideraran para agravar la pena.  Conviene aclarar que existe una resolución posterior a la citada por el recurrente emanada de la Sala Constitucional que ha aceptado como viable considerar los antecedentes penales para la fijación de la pena, y en que se dijo que “… no es violatorio del debido proceso, el hecho de que el Tribunal sentenciador tome en cuenta los antecedentes penales del imputado para la determinación del monto de la sanción a imponer, siempre que este se ubique dentro de los límites establecidos por el tipo penal”. (Sala Constitucional Voto 2748 – 99 de 14:30 horas del 20 de abril de 1999. Boletín Judicial del 11 de mayo de 1999).",
  "excerpt_en": "Regarding prior criminal records, different criteria have existed as to whether they should be taken into account to adjust the amount of the sentence. The Constitutional Court itself has not been uniform on this point. It is the view of the judges hearing this cassation appeal that there is no obstacle whatsoever to considering prior records as a factor in setting the penalty, as long as it is not the sole and exclusive basis for that determination; and in the present case, those prior records were not the issue considered to aggravate the sentence. It should be clarified that there is a later decision from the Constitutional Court, issued after the one cited by the appellant, which has accepted as valid the consideration of prior criminal records for sentencing purposes, stating that \"...it is not a violation of due process for the sentencing court to take into account the defendant's prior criminal record in determining the amount of the sanction to be imposed, provided that it falls within the limits established by the criminal offense.\" (Constitutional Court, Decision 2748-99, 2:30 p.m., April 20, 1999, Judicial Bulletin of May 11, 1999).",
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    "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal declaró sin lugar el recurso, confirmando la condena de ocho meses de prisión por tala ilegal y estableciendo que los antecedentes penales pueden considerarse para fijar la pena siempre que no sean el único fundamento."
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      "quote_es": "Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Casación Penal de San José\n\nResolución Nº 00122 - 2001\n\nFecha de la Resolución: 09 de Febrero del 2001 a las 00:00\n\nExpediente: 98-203066-0345-PE\n\nRedactado por: Guillermo Sojo Picado\n\nClase de asunto: Recurso de casación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias Relacionadas Sentencias en igual sentido\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Penal\n\nTema: Fijación de la pena\n\nSubtemas:\n\nPosibilidad de considerar antecedentes penales.\n\n\"Respecto a los antecedentes penales, han existido diversos criterios a los fines de considerarlos o no como elementos para adecuar el monto de la sanción. La misma Sala Constitucional no ha sido uniforme en ese punto.  Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación y en todo caso en el sublite no es una la cuestión – los referidos antecedentes- que se consideraran para agravar la pena.  Conviene aclarar que existe una resolución posterior a la citada por el recurrente emanada de la Sala Constitucional que ha aceptado como viable considerar los antecedentes penales para la fijación de la pena, y en que se dijo que “… no es violatorio del debido proceso, el hecho de que el Tribunal sentenciador tome en cuenta los antecedentes penales del imputado para la determinación del monto de la sanción a imponer, siempre que este se ubique dentro de los límites establecidos por el tipo penal”. (Sala Constitucional Voto 2748 – 99 de 14:30 horas del 20 de abril de 1999. Boletín Judicial del 11 de mayo de 1999).\"\n\n... Ver más\n\nOtras Referencias: Boletín judicial de 11 de mayo de 1999\n\nTexto de la resolución\nExp:  98-203066-345-PE-4\n\nRes. 2001-122\n\n            TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, nueve de febrero de dos mil uno.\n\n            RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, casado, cédula de identidad CED1, hijo de [Nombre2] y de [Nombre3], nació en San José el 20 de octubre de 1964,por el delito INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en daño de LOS RECURSOS NATURALES.  Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Guillermo Sojo Picado, Fernando Cruz Castro y Jorge Alberto Chacón Laurito.  Se apersonaron el imputado [Nombre4] y su abogado defensor Licenciado [Nombre5].-\n\nRESULTANDO:\n\n            1) Que mediante sentencia dictada a las dieciséis horas del  tres de noviembre del dos mil, el Tribunal de Cartago, resolvió: \"POR TANTO:  De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 360 a 372 del Código Procesal Penal, 1, 30, 45, 71 del Código Penal, 3 incisos a y 61 incisos a y b de la Ley Forestal 7575, se declara a [Nombre1] autor responsable del delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en daño del PATRIMONIO FORESTAL.  Se le impone la pena de OCHO MESES DE PRISION que deberá descontar previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma que determinen los reglamentos carcelarios.  Son las costas a cargo del condenado.  Por lectura Notifíquese.  LIC. [Nombre6].  JUEZ. \" (sic).\n\n            2) Que contra el anterior pronunciamiento interpuso Recurso de Casación el Licenciado [Nombre5].-\n\n            3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.\n\n4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez de Casación [Nombre7]; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI- Recurre a favor del imputado el Licenciado [Nombre5], y alega a favor de su patrocinado varios agravios que a su juicio contiene la resolución de mérito.  En un primer motivo por vicios del procedimiento se reclama la falta de fundamentación en cuanto estima que el fallo no contiene una determinación circunstanciada del hecho.  En un segundo reclamo de forma reprocha la nulidad de la sentencia por violación al principio constitucional de la amplitud de la prueba contenido en el principio general del debido proceso. Se ocupa también el señor defensor de un tercer reclamo de forma enunciado como falta de fundamentación de la sentencia pues, – a criterio el quejoso – no es derivada e irrespeta los principios de razón suficiente y de concordancia. Finalmente, se plantea un único reclamo por violación de ley sustantiva específicamente al considerar   que el fallo es violatorio de los artículos1, 30, 71 y 72 del Código Penal, 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 39 y 4 de la Constitución Política, y por ende violatoria por errónea aplicación de los artículos 61 incisos a y b de la Ley Forestal número 7575.\n\nII- No se ha solicitado audiencia oral para informar sobre los agravios, ni ofrecida prueba alguna, una vez transcurrido el respectivo emplazamiento, y siendo admisible el recurso, procede este Tribunal Superior de Casación Penal a resolver los reclamos por el orden en que han sido planteados.\n\nIII- Primer motivo por la forma.  Contenido del reclamo.  Falta de fundamentación por no contener la pieza impugnada la determinación circunstanciada del hecho que el juzgador estima acreditado.  Se reclama nulidad absoluta del fallo por infracción de los artículos 178 inciso a), 363 inciso c) y 369 inciso b del Código Procesal Penal en relación con los numerales 39 y 41 de la Constitución Política.  Luego de transcribir algunas citas doctrinales de interés, así como el fallo N- 20 F de las 9:05 horas del 13 de enero de 1994, sin señalar a cual tribunal pertenece ese precedente, el quejoso indica que el tribunal no específica el número de árboles talados, pues solo consigna que fueron varios, ni se determina tampoco la extensión del bosque primario, último aspecto que debió circunstanciarse en metros cuadrados o en otra unidad de medida del suelo, lo que no hace el fallo de mérito. No se puntualiza por el a quo la edad aproximada, la altura, y dimensiones de los árboles supuestamente talados por el justiciable.  La ubicación exacta de los árboles era importante en tanto el imputado cuenta con una condenatoria por el mismo delito de tala, hecho que ocurrió en 1996  en esa misma finca, y ante esa imprecisión podría estarse juzgando esos hechos dos veces en violación del conocido aforismo  non bis in ídem.  El reclamo no procede.  Con relación al primer aspecto, si bien  la sentencia en el acápite de hechos probados refiere que “ A- Sin que se tenga fecha exacta, pero en mayo de 1998, el imputado [Nombre4]  procedió en su finca en el Empalme del Guarco en esta provincia y dentro del área de conservación  La Amistad, a talar varios árboles de roble, y ha preparar la madera para  carbón en su carbonera, todo sin permiso de la Dirección Forestal. B- Que en junio de 1998, también taló varios arboles de esta misma especie, en una extensión de bosque primario dentro de su finca, aserrando la madera obtenida cerca de la casa de su finca, todo sin permiso de la Dirección Forestal “. ( cf. Folio 70), tales hechos así enunciados, parcos o si quiere escuetos, son suficientes para tener por configurado el delito por el cual se condenó al justiciable.  El fallo es específico en indicar el modo, tiempo y lugar de las talas, así como los fines de utilización de la madera obtenida, y se señala que ella provenía de un bosque primario dentro de la finca.  Véase que el único argumento que se esgrime por el recurrente a los fines de motivar la presunta incidencia de la no fijación de la cantidad exacta de los arboles, su ubicación, tamaño, y la extensión de lo talado, estriba en que a su juicio, podría estarse ante un doble juzgamiento por hechos ya ocurridos en 1996, tesis que conforme al análisis del juez de mérito no encuentra eco en los elementos de prueba, en especial conforme a la declaración de [Nombre8], quien manifestó que el imputado luego de la suspensión del proceso a prueba, respecto de otros hechos continuó con la tala de árboles.  De modo que en el fallo visto en su integridad queda bien establecido que los hechos por los que se dicta la sentencia 431-00 del Tribunal  de Cartago de las dieciséis horas del tres de setiembre del dos mil, corresponden a los  ocurridos en mayo y junio de 1998, sin que al respecto se infiera violación alguna a la garantía del non bis in idem.  Lo anterior por cuanto del fallo recurrido se infiere de modo motivado las razones para descartar que el justiciable fuese objeto de condenatoria dos veces por los mismos hechos.  En efecto, en la sentencia se establece que de la prueba no es posible derivar que los hechos objeto de este proceso sean los mismos que dieron origen a la condenatoria de folio 56 referidos  a los  hechos ocurridos en mil novecientos noventa y seis.  De modo que, del análisis del fallo impugnado no se establece duda alguna sobre un posible doble juzgamiento por hechos iguales, pues las talas a que este proceso se contrae ocurren en mayo y junio ambas fecha de mil novecientos noventa y ocho.  Además en el fallo impugnado se establece que existe evidencia suficiente para considerar que se trata una tala reciente  practicada en dos momentos cercanos, mayo y junio ambos de mil novecientos noventa y ocho, sin que sobre ese extremo el fallo se encuentre viciado en su fundamentación.  En lo atinente a la cantidad de árboles, es cierto que el juzgador no puntualiza en el elenco de hechos probados la cantidad de árboles, pero si establece que son varios, aspecto que se particulariza ya en los considerandos de fondo al referir que el imputado “…taló gran cantidad de árboles de roble de gran tamaño…”, todo lo cual permite concluir que la sentencia se encuentra debidamente circunstanciada en ese extremo.  Conviene señalar que para el tribunal de mérito no existe la menor duda de que las especies provenían de un bosque, lo que claramente se deriva de la secuencia fotográfica de folios 4 a 9 debidamente incorporada a la audiencia del debate.  En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar este primer motivo del recurso.\n\nIV-Segundo motivo por la forma.  Contenido del reclamo.  Nulidad absoluta de la sentencia por violación al principio constitucional de la amplitud de la prueba contenido en el principio general del debido proceso. Violación de los numerales 175, 178, del Código Procesal Penal, 8. 2 de la Convención Americana de Derecho Humanos con relación a los numerales 39 y 41de la Constitución Política.  En apoyo de su reclamo el quejoso cita un extracto en lo que le interesa del conocido voto 1739-92 de la Sala Constitucional sobre el tema del debido proceso - e igualmente invoca como argumento de autoridad lo dicho por [Nombre9] en su obra la Prueba en el Proceso Penal con relación a la actividad probatoria.  Se concreta el presunto vicio cuando indica que el tribunal de sentencia debió ordenar de oficio una inspección judicial en el lugar de los hechos, prueba que en todo caso fue solicitada por la defensa antes de la audiencia del debate como en ella.  Concluye el quejoso que en esta clase de delitos ( tala de árboles) es de rigor que el órgano jurisdiccional realice la citada inspección.  El reclamo debe denegarse.  No es cierto que el juzgador esté obligado a aceptar y aún a practicar todas las pruebas que las partes propongan, sino aquellas que sean pertinentes, y útiles a los fines de esclarecer el theman probandum en un determinado proceso.  No es tampoco  ajustado a la normativa procesal y al principio de verdad real que en este tipo de delitos “ es de rigor” –según la propia terminología del recurrente- la practica de la inspección ocular, pues al respecto rige el principio de libertad de prueba según el cual todo se puede probar y por cualquier medio siempre que sea lícito.  En efecto, el numeral 182 del Código Procesal Penal aplicable a la especie fáctica juzgada, estatuye que “ Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por  cualquier medio de prueba permitido, salvo disposición expresa de ley”. En consecuencia, si en el caso en examen, el juzgador, confirió plena credibilidad a los elementos probatorios existentes y debidamente incorporados a la audiencia de debate, sin que en la fundamentación descriptiva se observen alteraciones o posibles falsedades de esos elementos, o deficiencias en el análisis intelectivo, considerando que rige el indicado principio de libertad de prueba, así como que el tribunal analizó la prueba de descargo incluida la versión de los hechos dada por el imputado, para de modo fundado descalificarlas, no encuentra este Tribunal de Casación base suficiente para decretar  la invalidez del fallo recurrido.  El tema a probar, consistente según la acusación en que el justiciable en los meses de mayo y junio de 1998, cortó y aprovechó especies forestales, pudo acreditarse por elementos de convicción válidos, en especial la declaración del indicado [Nombre8], así como con la secuencia fotográfica de folios 4 a 9 fte, lo cual hizo sin permiso de la Dirección General Forestal.  Debe agregarse que en todo caso el recurrente no refiere cual es el agravio que le ocasionó que se omitiera la inspección ocular en el sitio del suceso, y ante lo parco e indemostrado de la esencialidad del reclamo, aspectos que deben correr a cargo del recurrente, procede el rechazo de agravio que se intenta.  En consecuencia, se declara sin lugar el segundo motivo del recurso de casación por la forma.\n\nIV-Tercer motivo por la forma.  Contenido del reclamo.  Se acusa que ha existido falta de fundamentación de la sentencia en cuanto la misma no es derivada irrespetándose los principios de razón suficiente y de concordancia. Vulneración de los artículos 142, 363 en relación con el 369 inciso d- del Código Procesal Penal.  Se concreta el presunto vicio en dos aspectos: ( 1) que de la forma en que están redactados los hechos probados, se entiende que el imputado taló gran cantidad de arboles y que lo hizo en una extensión de bosque primario, conclusión que extrae el tribunal de la declaración de [Nombre8], cuando lo cierto es que este testigo lo que manifestó es que verificó la tala de ocho árboles frescos, de modo que no es posible extraer la conclusión del tribunal de que se taló una extensión de bosque primario, y ( 2) que la sentencia señala que el imputado contaba con toda una organización comercial pues tenía una carbonera y plásticos para tapar la madera aserrada, dejando entrever que la actividad del imputado era a gran escala.  Dice el impugnante que indicar que existía una carbonera no es ningún parámetro para determinar la cantidad de árboles que se pueden reducir a carbón, de modo que insiste en que la única manera de probar ese extremo era haciendo una inspección en lugar lo que no se hizo.  El reclamo no procede y debe ser declarado sin lugar.  Las conclusiones del tribunal en punto a la extensión de la tala así como con respecto a la cantidad de árboles, no es una conclusión antojadiza o que no se obtenga de los medios probatorios, contrario ello se extraen de modo derivado de elementos como la declaración del guarda forestal [Nombre8], así como de la secuencia fotográfica que es visible a los folios 4 a 9, así como del informe de folio 23 y 24 en que se establece la tala de no menos de 20 árboles, especialmente de la especie roble, extremos que tuvo por cierto el Tribunal en consonancia con las reglas de la sana crítica racional.  Por las razones expuestas se declara sin lugar el reclamo.\n\nV- RECURSO POR EL FONDO.  Contenido del reclamo.  Errónea aplicación de los artículos 1, 30, 71, y 72 del Código Penal, 7. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, así como errónea aplicación de los artículos 61 incisos A- y B- y 66 de la Ley Forestal.  Se considera que la sentencia en el rubro de la pena impuesta de ocho meses de prisión es violatoria del principio de proporcionalidad, con relación a los hechos tenidos por demostrados,  pues los aspectos que se aducen como fundamento del quantum impuesto se refieren a la tala y al aprovechamiento de los árboles, elementos que forman parte del tipo penal así como a los antecedentes penales, extremos que no son suficientes ni idóneos para llegar esa fijación. Se afirma que tomar en cuenta los antecedentes penales es una cuestión  extraña al numeral 71 del Código Penal y con cita del voto 5396 del año 1993 de la Sala Constitucional, refiere que es violatorio al debido proceso tomar en cuenta esos atestados, pues ello sería violatorio del debido proceso. El reclamo no procede.  El extremo mayor  de la pena para el delito por el cual se consideró al imputado autor responsable es de un mes  hasta tres años de prisión, de modo que la pena impuesta de ocho meses, no excede de modo irracional el mínimo legal, según se infiere del artículo 61 incisos a y b de la Ley Forestal 7575.  Por consiguiente no se estima que la pena sea violatoria de los principios de racionalidad y proporcionalidad de la sanción, sino en un todo acorde con la acción desplegada por el justiciable.  La pena–contrario a la tesis del quejoso- si se encuentra debidamente motivada conforme con los parámetros del artículo 71 del Código Penal, por cuanto el a quo consideró no sólo que el imputado realizaba una acción con fines comerciales, pues utilizaba los árboles con el fin de producir carbón,  los  aserraba para su provecho, e igualmente se consideraron esos aspectos objetivos sino los de tipo subjetivo atinentes a la personalidad del justiciable como su situación socio - económica, el ser persona campesina que necesita de su finca para vivir. Respecto a los antecedentes penales, han existido diversos criterios a los fines de considerarlos o no como elementos para adecuar el monto de la sanción. La misma Sala Constitucional no ha sido uniforme en ese punto.  Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación y en todo caso en el sublite no es una la cuestión – los referidos antecedentes- que se consideraran para agravar la pena.  Conviene aclarar que existe una resolución posterior a la citada por el recurrente emanada de la Sala Constitucional que ha aceptado como viable considerar los antecedentes penales para la fijación de la pena, y en que se dijo que “… no es violatorio del debido proceso, el hecho de que el Tribunal sentenciador tome en cuenta los antecedentes penales del imputado para la determinación del monto de la sanción a imponer, siempre que este se ubique dentro de los límites establecidos por el tipo penal”. (Sala Constitucional Voto 2748 – 99 de 14:30 horas del 20 de abril de 1999. Boletín Judicial del 11 de mayo de 1999).  No ha lugar a modificar el monto de la pena hacia el extremo menor de un mes de prisión como se solicita, pues la impuesta se considera ajustada a derecho según se ha indicado, máxime que cometió los hechos a que obedece este proceso dentro del periodo  de prueba concedido para el anterior delito en que al justiciable se le condenó por un hecho similar(cf. folio 56).  Con fundamento en las razones expuestas se declara sin lugar el reclamo por el fondo.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación que se interpone a favor del sentenciado [Nombre10].  Notifíquese.\n\n \n\n \n\nGUILLERMO SOJO PICADO\n\n \n\n \n\nFERNANDO CRUZ CASTRO    [Nombre11]\n\nJUECES DE CASACIÓN PENAL\n\nDig/ Beirute\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:19:59.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Penal Court of Cassation of San José\n\nResolution No. 00122 - 2001\n\nDate of Resolution: February 9, 2001 at 00:00\n\nCase File: 98-203066-0345-PE\n\nDrafted by: Guillermo Sojo Picado\n\nType of matter: Appeal in cassation\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nRelated Judgments Judgments to the same effect\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Criminal Law\n\nTopic: Determination of the penalty\n\nSubtopics:\n\nPossibility of considering prior criminal records (antecedentes penales).\n\n\"Regarding prior criminal records, there have been various criteria as to whether or not to consider them as elements for adjusting the amount of the sanction. The Constitutional Chamber itself has not been uniform on this point. It is the criterion of the judges hearing this appeal in cassation that there is no obstacle to considering prior criminal records as an aspect for determining the penalty, as long as it is not the sole and exclusive basis for that determination and, in any case, in the matter at hand it is not the only thing—the referred prior criminal records—that were considered to aggravate the penalty. It should be clarified that there is a subsequent resolution from the Constitutional Chamber, subsequent to the one cited by the appellant, which has accepted as viable to consider prior criminal records for the determination of the penalty, and in which it was stated that '… it is not a violation of due process for the sentencing Court to take into account the accused's prior criminal records for determining the amount of the sanction to be imposed, provided that it is within the limits established by the criminal type.' (Constitutional Chamber, Voto 2748 – 99 of 14:30 hours on April 20, 1999. Judicial Bulletin of May 11, 1999).\"\n\n... See more\n\nOther References: Judicial Bulletin of May 11, 1999\n\nText of the resolution\nCase File: 98-203066-345-PE-4\n\nRes. 2001-122\n\nPENAL COURT OF CASSATION. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, February ninth, two thousand one.\n\nAPPEAL IN CASSATION filed in the present case against [Nombre1], of legal age, married, identity card number CED1, son of [Nombre2] and [Nombre3], born in San José on October 20, 1964, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES (LOS RECURSOS NATURALES). Judges Guillermo Sojo Picado, Fernando Cruz Castro, and Jorge Alberto Chacón Laurito participate in the decision on the appeal. The accused [Nombre4] and his defense attorney, Licenciado [Nombre5], appeared.\n\nWHEREAS (RESULTANDO):\n\n1) That by judgment delivered at sixteen hundred hours on November third, two thousand, the Court of Cartago resolved: \"THEREFORE (POR TANTO): In accordance with Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 360 to 372 of the Code of Criminal Procedure, 1, 30, 45, 71 of the Penal Code, 3 subsections a) and 61 subsections a) and b) of the Forestry Law 7575, [Nombre1] is declared the responsible perpetrator of the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW to the detriment of the FOREST PATRIMONY (PATRIMONIO FORESTAL). The penalty of EIGHT MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed, which he shall serve after credit for the pre-trial detention suffered, at the place and in the manner determined by prison regulations. Costs are charged to the convicted party. Notify by reading. LIC. [Nombre6]. JUDGE.\" (sic).\n\n2) That Licenciado [Nombre5] filed an Appeal in Cassation against the preceding pronouncement.\n\n3) That after verifying the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal.\n\n4) That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Cassation Judge [Nombre7]; and,\n\nCONSIDERANDO (CONSIDERANDO):\n\nI- Licenciado [Nombre5] appeals on behalf of the accused, and alleges on behalf of his client several grievances which, in his opinion, are contained in the resolution on the merits. In a first ground for procedural defects, a lack of proper reasoning is claimed, considering that the judgment does not contain a detailed determination of the fact. In a second formal complaint, the nullity of the judgment is denounced for violation of the constitutional principle of the full breadth of evidence contained in the general principle of due process. The defense counsel also addresses a third formal complaint, stated as a lack of proper reasoning of the judgment because—in the complainant's opinion—it is not derived and disrespects the principles of sufficient reason and concordance. Finally, a sole complaint for violation of substantive law is raised, specifically considering that the judgment violates Articles 1, 30, 71, and 72 of the Penal Code, 7.3 of the American Convention on Human Rights, 39 and 41 of the Political Constitution, and therefore is violative due to erroneous application of Article 61 subsections a) and b) of the Forestry Law number 7575.\n\nII- No oral hearing to report on the grievances has been requested, nor any evidence offered, once the respective period for appearance has elapsed, and the appeal being admissible, this Superior Penal Court of Cassation proceeds to resolve the complaints in the order in which they have been raised.\n\nIII- First ground regarding procedural form. Content of the complaint. Lack of proper reasoning because the challenged document does not contain the detailed determination of the fact that the adjudicator deems proven. Absolute nullity of the judgment is claimed for violation of Articles 178 subsection a), 363 subsection c), and 369 subsection b) of the Code of Criminal Procedure in relation to Articles 39 and 41 of the Political Constitution. After transcribing some doctrinal citations of interest, as well as Judgment No. 20-F of 9:05 a.m. on January 13, 1994, without indicating which court that precedent belongs to, the complainant indicates that the court does not specify the number of trees felled, since it only records that there were several, nor is the extent of the primary forest determined, a latter aspect that should have been detailed in square meters or another unit of land measurement, which the judgment on the merits does not do. The approximate age, height, and dimensions of the trees supposedly felled by the defendant are not specified by the Lower Court (a quo). The exact location of the trees was important given that the accused has a conviction for the same crime of felling, an event that occurred in 1996 on that same farm, and given this imprecision, those events could be being tried twice in violation of the well-known maxim non bis in idem. The complaint does not proceed. In relation to the first aspect, although the judgment, in the section of proven facts, states that \"A- Without having an exact date, but in May 1998, on his farm in Empalme del Guarco in this province and within the La Amistad Conservation Area, the accused [Nombre4] proceeded to fell several oak trees, and to prepare the wood for charcoal in his charcoal kiln, all without permission from the Forestry Directorate (Dirección Forestal). B- That in June 1998, he also felled several trees of this same species, in an extension of primary forest within his farm, sawing the wood obtained near his farmhouse, all without permission from the Forestry Directorate.\" (cf. Folio 70), these facts stated as such, sparingly or, if you will, succinctly, are sufficient to deem configured the crime for which the defendant was convicted. The judgment is specific in indicating the manner, time, and place of the fellings, as well as the intended use of the wood obtained, and it is indicated that it came from a primary forest within the farm. Note that the sole argument put forward by the appellant for the purpose of motivating the alleged incidence of not fixing the exact number of trees, their location, size, and the extent of what was felled, lies in that, in his opinion, there could be a double prosecution for events already occurred in 1996, a thesis which, according to the analysis of the trial judge, finds no support in the elements of proof, especially according to the statement of [Nombre8], who stated that the accused, after the suspension of the process on probation regarding other events, continued with the felling of trees. Thus, in the judgment viewed in its entirety, it is well established that the events for which judgment 431-00 of the Court of Cartago was delivered at sixteen hundred hours on September third, two thousand, correspond to those that occurred in May and June 1998, without any violation of the guarantee of non bis in idem being inferred in this respect. The foregoing because from the appealed judgment, the reasons for ruling out that the defendant was convicted twice for the same events are inferred in a reasoned manner. Indeed, the judgment establishes that from the evidence it is not possible to derive that the events that are the subject of this proceeding are the same ones that gave rise to the conviction on folio 56, referring to the events that occurred in nineteen ninety-six. Therefore, from the analysis of the challenged judgment, no doubt is established regarding a possible double prosecution for the same events, since the fellings to which this proceeding refers occurred in May and June, both dates in nineteen ninety-eight. Furthermore, the challenged judgment establishes that there is sufficient evidence to consider that it was a recent felling carried out at two close moments, May and June, both of nineteen ninety-eight, without the judgment being flawed in its reasoning on this point. Regarding the quantity of trees, it is true that the adjudicator does not specify in the list of proven facts the quantity of trees, but does establish that they were several, an aspect that is particularized in the substantive considerations when referring to the fact that the accused \"…felled a large quantity of large oak trees…\", all of which allows concluding that the judgment is duly detailed on that point. It should be noted that for the trial court there is no doubt whatsoever that the species came from a forest, which is clearly derived from the photographic sequence on folios 4 to 9 duly incorporated into the trial hearing. By virtue of the foregoing, this first ground of the appeal is declared without merit.\n\nIV- Second ground regarding procedural form. Content of the complaint. Absolute nullity of the judgment for violation of the constitutional principle of the full breadth of evidence contained in the general principle of due process. Violation of Articles 175, 178 of the Code of Criminal Procedure, 8.2 of the American Convention on Human Rights in relation to Articles 39 and 41 of the Political Constitution. In support of his complaint, the complainant quotes an excerpt of interest from the well-known vote 1739-92 of the Constitutional Chamber on the subject of due process - and likewise invokes as an authoritative argument what was said by [Nombre9] in his work \"La Prueba en el Proceso Penal\" regarding evidentiary activity. The alleged defect is concretized when he indicates that the sentencing court ought to have ordered, of its own motion, a judicial inspection at the scene of the events, evidence that in any case was requested by the defense both before and during the trial hearing. The complainant concludes that in this class of crimes (tree felling), it is imperative that the jurisdictional body carry out the mentioned inspection. The complaint must be denied. It is not true that the adjudicator is obliged to accept and even to practice all evidence that the parties propose, but only that which is pertinent and useful for the purpose of clarifying the theman probandum in a specific proceeding. Nor is it consistent with procedural regulations and the principle of real truth that in this type of crimes \"it is imperative\"—according to the appellant's own terminology—to carry out an ocular inspection (inspección ocular), since the principle of freedom of proof governs in this regard, according to which everything can be proven and by any means provided it is lawful. Indeed, Article 182 of the Code of Criminal Procedure applicable to the factual situation judged, states that \"Facts and circumstances of interest for the correct solution of the case may be proven by any permitted means of proof, except for express legal provision.\" Consequently, if in the case under review, the adjudicator conferred full credibility on the existing evidentiary elements duly incorporated into the trial hearing, without observing alterations or possible falsities of those elements in the descriptive reasoning, or deficiencies in the intellectual analysis, considering that the indicated principle of freedom of proof governs, as well as that the court analyzed the exculpatory evidence including the version of events given by the accused, in order to disqualify them in a reasoned manner, this Court of Cassation finds no sufficient basis to decree the invalidity of the appealed judgment. The subject to be proven, consisting according to the accusation in that the defendant, in the months of May and June 1998, cut and exploited forest species, could be accredited by valid elements of conviction, especially the statement of the aforementioned [Nombre8], as well as the photographic sequence on folios 4 to 9 fte., which he did without permission from the General Directorate of Forestry (Dirección General Forestal). It must be added that in any case, the appellant does not state what grievance the omission of the ocular inspection at the scene caused him, and given how sparse and unsubstantiated the essentiality of the claim is, aspects which must be borne by the appellant, the rejection of the grievance sought proceeds. Consequently, the second ground of the appeal in cassation regarding form is declared without merit.\n\nIV- Third ground regarding procedural form. Content of the complaint. It is alleged that there has been a lack of proper reasoning in the judgment in that it is not derived, disrespecting the principles of sufficient reason and concordance. Violation of Articles 142, 363 in relation to 369 subsection d)- of the Code of Criminal Procedure. The alleged defect is concretized in two aspects: (1) that from the way the proven facts are drafted, it is understood that the accused felled a large quantity of trees and that he did so in an extension of primary forest, a conclusion that the court extracts from the statement of [Nombre8], when the truth is that this witness stated that he verified the felling of eight fresh trees, so it is not possible to extract the court's conclusion that an extension of primary forest was felled, and (2) that the judgment indicates that the accused had an entire commercial organization because he had a charcoal kiln (carbonera) and plastics to cover the sawn wood, insinuating that the accused's activity was large-scale. The appellant says that indicating there was a charcoal kiln is not a parameter to determine the quantity of trees that can be reduced to charcoal, thus insisting that the only way to prove that point was by conducting an inspection at the location, which was not done. The complaint does not proceed and must be declared without merit. The court's conclusions regarding the extent of the felling as well as the quantity of trees, are not an arbitrary conclusion or one not obtained from the evidentiary means; on the contrary, they are derived from elements such as the statement of the forest ranger (guarda forestal) [Nombre8], the photographic sequence visible on folios 4 to 9, and the report on folios 23 and 24 in which the felling of no fewer than 20 trees, especially of the oak species, is established, points that the Court took as true in accordance with the rules of sound rational criticism. For the reasons stated, the complaint is declared without merit.\n\nV- APPEAL ON THE MERITS. Content of the complaint. Erroneous application of Articles 1, 30, 71, and 72 of the Penal Code, 7.3 of the American Convention on Human Rights, 39 and 41 of the Political Constitution, as well as erroneous application of Articles 61 subsections A- and B- and 66 of the Forestry Law. It is considered that the judgment, regarding the imposed penalty of eight months' imprisonment, violates the principle of proportionality in relation to the facts deemed proven, since the aspects adduced as the basis for the quantum imposed refer to the felling and exploitation of the trees, elements that form part of the criminal offense, as well as to the prior criminal records, points that are neither sufficient nor suitable to reach that determination. It is affirmed that taking into account prior criminal records is a matter foreign to Article 71 of the Penal Code, and citing vote 5396 of 1993 from the Constitutional Chamber, it states that taking those records into account is violative of due process, because that would be violative of due process. The complaint does not proceed. The maximum penalty for the crime for which the accused was considered responsible perpetrator is from one month to three years of imprisonment, so the imposed penalty of eight months does not irrationally exceed the legal minimum, as inferred from Article 61 subsections a) and b) of Forestry Law 7575. Consequently, the penalty is not considered violative of the principles of rationality and proportionality of the sanction, but entirely consistent with the action carried out by the defendant. The penalty—contrary to the complainant's thesis—is indeed duly motivated in accordance with the parameters of Article 71 of the Penal Code, because the Lower Court (a quo) considered not only that the accused carried out an action for commercial purposes, as he used the trees to produce charcoal, sawed them for his benefit, but also considered those objective aspects as well as the subjective ones concerning the personality of the defendant, such as his socio-economic situation, being a rural person who needs his farm to live. Regarding prior criminal records, there have been various criteria as to whether or not to consider them as elements for adjusting the amount of the sanction. The Constitutional Chamber itself has not been uniform on this point. It is the criterion of the judges hearing this appeal in cassation that there is no obstacle to considering prior criminal records as an aspect for determining the penalty, as long as it is not the sole and exclusive basis for that determination and, in any case, in the matter at hand it is not the only thing—the referred prior criminal records—that were considered to aggravate the penalty. It should be clarified that there is a subsequent resolution from the Constitutional Chamber, subsequent to the one cited by the appellant, which has accepted as viable to consider prior criminal records for the determination of the penalty, and in which it was stated that \"… it is not a violation of due process for the sentencing Court to take into account the accused's prior criminal records for determining the amount of the sanction to be imposed, provided that it is within the limits established by the criminal type.\" (Constitutional Chamber, Voto 2748 – 99 of 14:30 hours on April 20, 1999. Judicial Bulletin of May 11, 1999). There are no grounds to modify the amount of the penalty toward the lower extreme of one month of imprisonment as requested, since the imposed penalty is considered lawful as has been indicated, especially as he committed the events to which this proceeding relates within the probation period granted for the previous crime in which the defendant was convicted for a similar event (cf. folio 56). Based on the reasons stated, the complaint on the merits is declared without merit.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal in cassation filed on behalf of the sentenced person [Nombre10] is declared without merit. Notify.\n\nGUILLERMO SOJO PICADO\n\nFERNANDO CRUZ CASTRO    [Nombre11]\n\nJUDGES OF THE PENAL COURT OF CASSATION\n\nDig/ Beirute\n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:19:59.\n\nSCIJ of the Treasury\nSCIJ of the Office of the Attorney General of the Republic"
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