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  "id": "nexus-sen-1-0034-356535",
  "citation": "Res. 00934-2006 Tribunal de Casación Penal de San José",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Absolución por delitos forestales al no acreditarse zona protegida",
  "title_en": "Acquittal for forest crimes as protected area was not proven",
  "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal de San José confirma la absolución del imputado por los delitos de aprovechamiento ilegal de madera, cambio de uso del suelo e invasión de área protegida. En el recurso de casación, la Procuraduría alegaba que el tribunal de juicio tuvo por demostrada la afectación de una zona protegida a diez metros de un cuerpo de agua, pero el tribunal de casación determina que la sentencia recurrida no tuvo por probados los hechos de la acusación. Se destaca un voto concurrente que aclara que la falta de mención del término 'humedal' en la acusación no es un argumento suficiente para la absolución per se, sino que lo determinante es que no se acreditó la existencia de un área protegida, ya que los humedales requieren ser creados y delimitados mediante decreto ejecutivo, según la jurisprudencia citada (voto 2005-461).",
  "summary_en": "The Criminal Cassation Court of San José upholds the acquittal of the defendant for the crimes of illegal timber harvesting, land-use change, and invasion of a protected area. In the cassation appeal, the Attorney General's Office argued that the trial court had found proven the damage to a protected area located ten meters from a water body. However, the cassation court determined that the appealed judgment did not find the prosecution's facts proven. A concurring opinion clarifies that the failure to mention the term 'wetland' in the charges is not sufficient reason for acquittal per se; rather, the key point is that the existence of a protected area was not established. According to cited case law (vote 2005-461), wetlands must be created and delimited by executive decree.",
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  "date": "08/09/2006",
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  "excerpt_es": "Como se desprende claramente del anterior criterio jurisprudencial, para considerar que en este caso estamos ante una zona de protección asociada a un humedal, el mismo debiera estar definido en cuanto a su existencia y extensión por un decreto ejecutivo, cosa que no se probó durante el debate, pues, ninguna de la pruebas documentales incorporadas en éste y que se detallan a folio 106 del acta respectiva, hace alusión a dicha circunstancias, de ahí que, resulta evidente que no se acreditó que el área afectada fuera una zona protegida y, como se dijo, lo procedente es desechar los argumentos del impugnante.",
  "excerpt_en": "As clearly follows from the above case law, in order to consider that we are dealing with a protection zone associated with a wetland, it must be defined in terms of its existence and extent by an executive decree, which was not proven during the trial. None of the documentary evidence incorporated and detailed on page 106 of the respective record refers to those circumstances. Therefore, it is evident that it was not proven that the affected area was a protected zone, and the challenger's arguments must be dismissed.",
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    "summary_en": "The cassation appeal is denied, and the acquittal is upheld, as the existence of a protected area subject to an executive decree was not proven.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación y se confirma la sentencia absolutoria, al no haberse acreditado la existencia de un área protegida sujeta a decreto ejecutivo."
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "In a cassation on the merits, the factual framework must be respected, and from it, an incorrect application or disregard of substantive law may be challenged. When the charged facts are not found proven, it is impossible to examine whether the alleged defect exists.",
      "quote_es": "En la casación por el fondo debe respetarse el cuadro fáctico y a partir de éste cuestionar una errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva. Al no tener por demostrados los hechos acusados no es posible examinar si existe o no el vicio que se reclama."
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    {
      "context": "Nota del juez de casación",
      "quote_en": "It should be emphasized that it is decisive for the purposes of this law that the normative content of the concept of 'wetland' shall be defined by an Executive Decree, which shall define not only their creation but also their delimitation.",
      "quote_es": "Cabe resaltar que, resulta tajante o determinante, para los efectos de la presente ley, que en efecto la definición del contenido normativo del concepto de 'humedal' se hará por Decreto Ejecutivo que definirá, no sólo la creación de éstos, sino su delimitación."
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      "context": "Nota del juez de casación",
      "quote_en": "Thus, it is clear that, due to the implications of affecting the constitutional principle of private property (Article 45 of the Political Constitution), the protection of these important ecosystems falls on the State. The limitation on property that is harmonious with the protection of environmental principles consists in the possibility that the owner may be threatened with expropriation. However, environmental protection does not even impair the owner's right if the corresponding payment or expropriation has not been made beforehand, much less could the owner be criminally disturbed in the legitimate use of their property right.",
      "quote_es": "Así, es claro que, por las implicaciones que tiene la afectación del principio constitucional de la propiedad privada (artículo 45 de la Constitución Política), la protección de estos importantes ecosistemas, se hace recaer en el ente Estatal y que, evidentemente, la limitación a la propiedad que resulta armoniosa con la protección de los principios ambientales, consiste en que el particular, titular del derecho de propiedad se puede ver amenazado con la posibilidad de ser expropiado, sin embargo, la protección ambiental no llega, ni siquiera, a menoscabar el derecho del propietario, si previamente no se ha efectuado el pago o expropiación correspondiente, mucho menos, podría verse inquietado penalmente en el uso legítimo de su derecho de propiedad."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Casación Penal de San José\n\nResolución Nº 00934 - 2006\n\nFecha de la Resolución: 08 de Setiembre del 2006 a las 09:45\n\nExpediente: 03-201777-0306-PE\n\nRedactado por: Rafael Ángel Sanabria Rojas\n\nClase de asunto: Recurso de casación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\nExp:03-201777-306-PE-8\n\nRes: [Telf1]\n\nTRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil seis.\n\nRECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], cédula de residencia número CED1, Estadounidense, odontólogo, nativo de California el 14 de febrero de 1943, [Nombre2] y [Nombre3], vecino de Caño Negro, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, [Nombre4] y Martín Alfonso Rodríguez Miranda. Se apersonaron en casación el Licenciado [Nombre5], en Representación del Estado, la Licenciada [Nombre6], en representación del Ministerio Público y el Licenciado [Nombre7], en su condición de Defensor Particular del Encartado.\n\nRESULTANDO:\n\nI.- Que mediante sentencia número 142-2006 de las ocho horas del veintiuno de junio del dos mil seis, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y artículos 39 de la Constitución Política; 1, 30, 31 y 45 del Código Penal; 9, 360, 361, 363, 364, 365 del Código Procesal Penal; 33, 58 y 61 de la Ley Forestal 7575; este Tribunal resuelve: Absolver de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre1], de haber cometido los delitos de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA Y CAMBIO USO DE SUELO y en aplicación del principio indubio pro reo, de haber cometido el delito de INVASIÓN DE AREA PROTEGIDA, que se le ha venido atribuyendo en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se declara sin lugar en todos sus extremos, la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra del aquí encartado [Nombre8]. Sin especial condena en costas, siendo los gastos del proceso del Estado. Mediante lectura en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede San Carlos, notifíquese. [Nombre9]. Juez\"\n\nII.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el Licenciado [Nombre5], en Representación del Estado.\n\nIII.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de casación.\n\nIV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez [Nombre10]; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los artículos 422, 423, 424, 443, 444 y 445 del Código Procesal Penal. II. En el único motivo de casación por el fondo, el representante del Estado alega inobservancia de los artículos 33, 58 de la Ley Forestal y 2 de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Señala que en principio se había acusado al imputado por los delitos de cambio de uso del suelo, aprovechamiento ilegal de madera e invasión de área de conservación. Que por los dos primeros delitos solicitó absolutoria y por el último un fallo condenatorio. Agrega que el Tribunal de mérito tuvo por demostrado que por orden y encargo del acusado se afectó y barrió, con maquinaria, parte de su propiedad en un área de una hectárea o menos. Que dicha afectación e invasión se dio en una zona a diez metros de la laguna o caño, pero siempre dentro de cincuenta metros de la orilla de esa misma zona. Que el lugar que conserva agua y cuyos trabajos sin permiso estatal se realizaron junto a ese sitio, se llena de agua solo en verano, cuando llueve, manteniéndose seco si no cae agua llovida, que el agua no discurre sino que se mantiene estancada, y que es una hondonada. Menciona que a pesar de tener por acreditado lo anterior, no se configura el delito de invasión de área protegida porque el sitio no es un caño, lago u otro similar; no se incluyó en la acusación el término humedal, contenido en el artículo 2 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, de tal forma que se afectaría el derecho de defensa si se contemplara una calificación en tal sentido. Reprocha que lo tenido por demostrado implica una violación a las normas que se invocan en el recurso, pues se trata de un área protegida, según el contenido del artículo 33 inciso c) de la Ley Forestal. Se trata de un embalse que fue invadido por orden del imputado. Finalmente, menciona que no hacía falta mencionar el artículo 2 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pues se afectó una zona protegida, según el artículo 58 de la Ley Forestal. No es atendible el reclamo. El recurrente parte de la base de que el Tribunal de mérito tuvo por demostrado que el acusado realizó una invasión de un área protegida. Sin embargo, contrario a lo expuesto por el representante del Estado, en la sentencia se consigna con claridad y precisión que los hechos de la acusación y de la querella no fueron acreditados. Puede apreciarse en la sentencia que en el considerando relativo a los hechos probados se consigna: No han sido debidamente probados ni los hechos de la acusación ni los de la querella, por lo que aquellos se tienen como hechos no probados, y son:... (folios 113 y 114). De seguido el juzgador transcribe los hechos que se atribuían al imputado las acusaciones del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. De tal forma que para sustentar su recurso el abogado del Estado parte de una premisa falsa. Según puede observarse en la totalidad de la sentencia (folios 123 a 128), el a quo concluye con que no fue posible establecer que en el sitio existiera una zona protegida, luego de la valoración de todos los elementos probatorios recibidos en la audiencia. Consecuentemente, si la parte querellante no estaba de acuerdo con dicho análisis de los elementos probatorios debió mencionar cuáles elementos esenciales se dejaron de valorar o si existe un vicio de violación a las reglas de la sana crítica. En la casación por el fondo debe respetarse el cuadro fáctico y a partir de éste cuestionar una errónea aplicación o inobservancia de la ley sustantiva. Al no tener por demostrados los hechos acusados no es posible examinar si existe o no el vicio que se reclama. Con fundamento en lo expuesto se declara sin lugar la casación.\n\nIII. Nota del juez de casación [Nombre11]: En esencia comparto la forma en que en este asunto se ha procedido a resolver, sin embargo, estimo pertinente ahondar un punto específico alegado por el recurrente y que debe, a mi criterio, ser objeto de resolución. Me refiero a que, con independencia de si en la acusación se utilizó el término humedal o no, lo cierto del caso es que la imputación de cargos específica que se hace en ésta lo es por la afectación, que se achaca al imputado, de una \"zona de protección\", motivo por el cual, resulta independiente de si esa zona protegida está asociada a un caño o lago o, eventualmente, a un humedal, siempre existiría correlación entre acusación y sentencia si la efectiva afectación de la zona protegida se hubiera dado; por ello, estimo que la argumentación del juez a quo, en el sentido que no procedería una condenatoria por no mencionar la acusación el término humedal, no es un argumento suficiente para determinar, per sé, una absolutoria. En este caso, la visión particular de este juzgador es que la responsabilidad penal del justiciable estaría excluída, precisamente, por cuanto el área de protección no se acreditó en cuanto a su existencia, pues, en tratándose de la asociación de dicha área de protección a un humedal, es, un requisito esencial probar, por parte del ente acusador, no sólo que existe una acumulación estacional de agua, sino que, dicha zona se encuentra tutelada por medio de la afectación que realiza un decreto ejecutivo, en los términos que se definieron en el voto 2005-461 de las 8:35 horas del 25 de mayo de 2005, en aquella ocasión se puntualizó en lo que interesa:\n\n\"... estima este Tribunal, que en realidad, con independencia de lo innegablemente importante que es el Medio Ambiente para el individuo y la comunidad, no se debe de perder de vista que, en el presente caso, nos ubicamos dentro de materia odiosa, en donde confluyen muchos bienes jurídicos relevantes y los principios fundamentales que deben ser atendidos, en primer orden, son las garantías ciudadanas del individuo al ser juzgado. Es decir, las reglas de interpretación a favor de los recursos naturales, no podrían llegar a hacer sucumbir las garantías del debido proceso en el juzgamiento del imputado y concretamente, una de ellas, de relevancia fundamental, es la que establece el artículo 2 del Código Procesal Penal, en el sentido de que tratándose de materia odiosa, la interpretación válida es aquella que sea restrictiva y pro libertatis. En este sentido, el primer cuerpo normativo que debe de tenerse en consideración, a los efectos del alcance del tipo penal, debe ser, indudablemente la ley que contempla los tipos aplicables, es decir, la misma Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la que, si bien es cierto, en el artículo 2, en donde se dan una serie de definiciones referentes a lo que es materia de regulación en la ley y se hace alusión expresa a lo que se define como humedal, al decir que comprende: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.”, lo que resulta más relevante o determinante para efectos de resolver la presente causa, es lo que dispone el numeral 7 inciso h de ese mismo cuerpo normativo, que establece: “La Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia: … h) Administrar, supervisar y proteger los humedales.” De inmediato y refiriendo una segunda idea relacionada pero aparte de la anterior dispone: “La creación y delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos.” (la negrilla es suplida). Cabe resaltar que, resulta tajante o determinante, para los efectos de la presente ley, que en efecto la definición del contenido normativo del concepto de “humedal” se hará por Decreto Ejecutivo que definirá, no sólo la creación de éstos, sino su delimitación. Evidentemente, dicha regulación es consecuente con la tutela del bien jurídico propiedad y, en el caso concreto de la regulación penal, con el principio de intervención mínima, toda vez que, si atendemos al concepto general de lo que es un humedal, referido por esta ley, podemos fácilmente percatarnos que es un concepto tan amplio, que requiere una delimitación conceptual que permita dar seguridad jurídica. Tenemos así, conforme a lo que ha definido la doctrina, que este tipo penal del artículo 103 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, es un ley penal en blanco, que a través del concepto de humedal, deberá ser llenado por el Decreto Ejecutivo respectivo que delimite y crea el área de aplicación donde la conducta específica será punible. Evidentemente, esto resulta armonioso con la restante legislación que regula la materia, toda vez que si atendemos a la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, publicada y vigente desde el 13 de noviembre de 1995, tenemos que, en primer término, el artículo 32, al referirse a la clasificación de las áreas silvestres protegidas, establece como una de esas categorías a los humedales, mientras el numeral 37 de dicho cuerpo normativo dispone como una de las facultades del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente y Energía, el establecer áreas silvestres protegidas, específicamente en lo que interesa a los efectos del presente caso se dispone: “En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto en este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, solo a partir del momento en que se haya efectuado legalmente su pago o expropiación, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al régimen forestal. (Así reformado este párrafo por el artículo 72, inciso c), de la Ley Forestal No.7575 del 13 de febrero de 1996). Así, es claro que, por las implicaciones que tiene la afectación del principio constitucional de la propiedad privada (artículo 45 de la Constitución Política), la protección de estos importantes ecosistemas, se hace recaer en el ente Estatal y que, evidentemente, la limitación a la propiedad que resulta armoniosa con la protección de los principios ambientales, consiste en que el particular, titular del derecho de propiedad se puede ver amenazado con la posibilidad de ser expropiado, sin embargo, la protección ambiental no llega, ni siquiera, a menoscabar el derecho del propietario, si previamente no se ha efectuado el pago o expropiación correspondiente, mucho menos, podría verse inquietado penalmente en el uso legítimo de su derecho de propiedad. Ciertamente, el numeral 41 de esta Ley Orgánica del Ambiente establece el interés público en la conservación de los humedales, tal y como lo reseñó la sentencia recurrida, sin embargo, ese interés es el que debe determinar la actuación estatal en su conservación, no puede ser extrapolado a rebasar los límites y alcances garantistas de la tipicidad penal. Por último y, también consecuente con lo ya dicho, tenemos que el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, Ley Nº 7788 sancionada el 30 de abril de 1998 y publicada el 27 de mayo de ese mismo año, remite en la creación de las áreas silvestres protegidas, dentro de las cuales expresamente se hace alusión a los humedales a la ya citada Ley Orgánica del Ambiente. Así las cosas, resulta claro que de un análisis sistemático e integral de la normativa vigente, por la amplitud del concepto o definición de un humedal, para efectos de la tipicidad penal, la única forma legal de llenar ese contenido es a través de su creación y delimitación mediante Decreto Ejecutivo, ...\"\n\nComo se desprende claramente del anterior criterio jurisprudencial, para considerar que en este caso estamos ante una zona de protección asociada a un humedal, el mismo debiera estar definido en cuanto a su existencia y extensión por un decreto ejecutivo, cosa que no se probó durante el debate, pues, ninguna de la pruebas documentales incorporadas en éste y que se detallan a folio 106 del acta respectiva, hace alusión a dicha circunstancias, de ahí que, resulta evidente que no se acreditó que el área afectada fuera una zona protegida y, como se dijo, lo procedente es desechar los argumentos del impugnante.-\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación.\n\nRafael Ángel Sanabria Rojas\n\nJorge Luis Morales García Martín Alfonso Rodríguez Miranda\n\nJueces de Casación Penal\n\nCausa: 03-201777-306-PE\n\nContra: [Nombre12]\n\nPor: Infracción a la Ley Forestal\n\nEn perjuicio de: Los recursos naturales\n\nKPA\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:22:20.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "GRAND\nNORMAL\nSMALL\n\nCriminal Cassation Tribunal of San José\n\nResolution No. 00934 - 2006\n\nDate of the Resolution: September 8, 2006 at 09:45\n\nExpediente: 03-201777-0306-PE\n\nDrafted by: Rafael Ángel Sanabria Rojas\n\nType of matter: Cassation appeal\n\nAnalyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER\n\nText of the resolution\n\nExp: 03-201777-306-PE-8\n\nRes: [Telf1]\n\nCRIMINAL CASSATION TRIBUNAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine forty-five in the morning of September eight, two thousand six.\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], residency identification number CED1, American, dentist, native of California on February 14, 1943, [Nombre2] and [Nombre3], resident of Caño Negro, for the crime of VIOLATION OF THE Ley Forestal, to the detriment of THE NATURAL RESOURCES. The Judges Rafael Ángel Sanabria Rojas, [Nombre4] and Martín Alfonso Rodríguez Miranda participate in the decision on the appeal. Appearing in cassation were Attorney [Nombre5], representing the State, Attorney [Nombre6], representing the Public Prosecutor's Office, and Attorney [Nombre7], in his capacity as Private Defender of the Accused.\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 142-2006 of eight o'clock in the morning of June twenty-first, two thousand six, the Trial Tribunal of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos seat, resolved: \"POR TANTO: In accordance with the foregoing, cited laws and articles 39 of the Political Constitution; 1, 30, 31 and 45 of the Penal Code; 9, 360, 361, 363, 364, 365 of the Criminal Procedure Code; 33, 58 and 61 of the Ley Forestal 7575; this Tribunal resolves: To acquit the accused [Nombre1] of all penalty and responsibility for having committed the crimes of ILLEGAL LOGGING (APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA) AND LAND-USE CHANGE (CAMBIO USO DE SUELO) and, in application of the principle in dubio pro reo, of having committed the crime of INVASION OF A PROTECTED AREA (INVASIÓN DE AREA PROTEGIDA), which had been attributed to him to the detriment of THE NATURAL RESOURCES. The Civil Action for Damages brought by the Procuraduría General de la República against the accused herein, [Nombre8], is dismissed in its entirety. Without special condemnation for costs, with the expenses of the process being borne by the State. By reading at the Trial Tribunal of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos seat, let it be notified. [Nombre9]. Judge\"\n\nII.- That against the foregoing pronouncement, Attorney [Nombre5], representing the State, filed a cassation appeal.\n\nIII.- That having completed the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Criminal Procedure Code, the Tribunal addressed the issues raised in the cassation appeal.\n\nIV.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.\n\nDrafted by Judge [Nombre10]; and,\n\nWHEREAS:\n\nI. The cassation appeal meets the admissibility requirements established by articles 422, 423, 424, 443, 444 and 445 of the Criminal Procedure Code. II. In the sole ground of cassation on the merits, the representative of the State alleges failure to observe articles 33, 58 of the Ley Forestal and 2 of the Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. He states that initially the accused had been charged with the crimes of land-use change (cambio de uso del suelo), illegal logging (aprovechamiento ilegal de madera) and invasion of a conservation area. That for the first two crimes he requested acquittal and for the last a conviction. He adds that the trial court found it proven that, by order and commission of the accused, part of his property was affected and cleared, with machinery, in an area of one hectare or less. That this affectation and invasion occurred in a zone ten meters from the lagoon or caño, but always within fifty meters from the bank of that same zone. That the place, which retains water and where the works without state permission were carried out next to that site, fills with water only in summer, when it rains, remaining dry if no rainwater falls, that the water does not flow but remains stagnant, and that it is a hollow. He mentions that despite finding the foregoing proven, the crime of invasion of a protected area (invasión de área protegida) is not configured because the site is not a caño, lagoon or other similar feature; the term wetland (humedal), contained in article 2 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, was not included in the accusation, such that the right of defense would be affected if a qualification in that sense were considered. He reproaches that what was found proven implies a violation of the norms invoked in the appeal, since it is a protected area, according to the content of article 33 subsection c) of the Ley Forestal. It is a reservoir (embalse) that was invaded by order of the accused. Finally, he mentions that it was not necessary to mention article 2 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, since a protected area was affected, according to article 58 of the Ley Forestal. The complaint is not admissible. The appellant proceeds from the premise that the trial court found it proven that the accused carried out an invasion of a protected area. However, contrary to what the representative of the State stated, the judgment clearly and precisely records that the facts of the accusation and of the complaint were not proven. It can be seen in the judgment that in the whereas clause relating to the proven facts it is recorded: Neither the facts of the accusation nor those of the complaint have been duly proven, therefore those are considered unproven facts, and are:... (folios 113 and 114). The judge then transcribes the facts attributed to the accused by the accusations of the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República. Thus, to support his appeal, the State's attorney proceeds from a false premise. As can be observed in the entirety of the judgment (folios 123 to 128), the trial court concludes that it was not possible to establish that a protected area existed at the site, after the assessment of all the evidentiary elements received in the hearing. Consequently, if the complainant party did not agree with said analysis of the evidentiary elements, it should have mentioned which essential elements were not assessed or if there is a defect of violation of the rules of sound criticism (sana crítica). In a cassation appeal on the merits, the factual framework must be respected, and from it, an erroneous application or failure to observe substantive law must be challenged. Not having found the accused facts proven, it is not possible to examine whether the defect claimed exists or not. Based on the foregoing, the cassation appeal is dismissed.\n\nIII. Note from cassation judge [Nombre11]: In essence, I share the way in which this matter has been resolved; however, I consider it pertinent to delve into a specific point alleged by the appellant and which, in my opinion, must be resolved. I refer to the fact that, regardless of whether the term wetland (humedal) was used in the accusation or not, the truth of the case is that the specific imputation of charges made therein is for the affectation, attributed to the accused, of a \"protection zone (zona de protección),\" which is why it is independent of whether that protected zone is associated with a caño or lagoon or, eventually, a wetland; correlation between accusation and judgment would always exist if the effective affectation of the protected zone had occurred; therefore, I believe that the trial court judge's argument that a conviction would not proceed because the accusation did not mention the term wetland is not a sufficient argument to determine, per se, an acquittal. In this case, this judge's particular view is that the criminal liability of the person subject to justice would be excluded precisely because the existence of the protection area was not proven, since, given the association of said protection area with a wetland, it is an essential requirement for the accusing entity to prove not only that there is a seasonal accumulation of water but also that said zone is protected by means of the affectation carried out by an executive decree, in the terms defined in Voto 2005-461 of 8:35 a.m. on May 25, 2005; on that occasion it was specified, as relevant:\n\n\"... this Tribunal considers that, in reality, regardless of the undeniably enormous importance of the Environment for the individual and the community, one must not lose sight of the fact that in the present case we are situated within a matter of odious law, where many relevant legal interests converge, and the fundamental principles that must be addressed, in the first order, are the citizen's guarantees of the individual upon being judged. That is, the rules of interpretation in favor of natural resources could not cause the guarantees of due process in judging the accused to succumb, and specifically, one of them, of fundamental relevance, is that established by article 2 of the Criminal Procedure Code, in the sense that in matters of odious law, the valid interpretation is that which is restrictive and pro libertatis. In this sense, the first normative body that must be taken into consideration for the purposes of the scope of the criminal offense must undoubtedly be the law that contains the applicable offenses, that is, the Ley de Conservación de la Vida Silvestre itself, which, although it is true, in article 2 provides a series of definitions referring to what is the subject of regulation in the law and expressly refers to what is defined as a wetland (humedal), stating that it comprises: 'Extensions of marshes, swamps, peatlands or water bodies of natural or artificial regime, permanent or temporary, stagnant or flowing fresh, brackish or salt water, including marine water extensions whose depth at low tide does not exceed six meters.' What is more relevant or decisive for purposes of resolving the present case is the provision of numeral 7 subsection h of that same normative body, which establishes: 'The Dirección General de Vida Silvestre of the Ministerio de Ambiente y Energía has the following functions in the exercise of its competence: ... h) Administer, supervise and protect wetlands (humedales).' Immediately after and referring to a second related but separate idea, it provides: 'The creation and delimitation of wetlands (humedales) shall be done by executive decree, according to technical criteria.' (emphasis added). It should be highlighted that it is categorical or decisive for the purposes of this law that in effect the definition of the normative content of the concept of 'wetland (humedal)' shall be done by Executive Decree that will define not only their creation but also their delimitation. Evidently, this regulation is consistent with the protection of the legal interest of property and, in the specific case of criminal regulation, with the principle of minimal intervention (intervención mínima), since if we look at the general concept of what a wetland is, referred to by this law, we can easily realize that it is such a broad concept that it requires a conceptual delimitation that allows for legal certainty. We thus have, according to what doctrine has defined, that this criminal offense in article 103 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre is a blank criminal law, which through the concept of wetland will have to be filled in by the respective Executive Decree that delimits and creates the area of application where the specific conduct will be punishable. Evidently, this is harmonious with the remaining legislation regulating the matter, since if we look at the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of October 4, 1995, published and in force since November 13, 1995, we have that, firstly, article 32, when referring to the classification of protected wild areas, establishes wetlands as one of those categories, while numeral 37 of said normative body provides as one of the powers of the Executive Branch, through the Ministerio del Ambiente y Energía, the establishment of protected wild areas, specifically as relevant for the purposes of the present case, it provides: 'In cases of forest reserves, protection zones (zonas protectoras), mixed wildlife refuges and wetlands, the properties or their parts may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they voluntarily submit to the forest regime. That subjection shall be recorded in the Public Registry of Property as an affectation on the immovable property, which shall be maintained for the time established in the management plan. The private farms affected according to the provisions of this article, for being in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves and protection zones (zonas protectoras), shall be included within the state protected wild areas only from the moment their payment or expropriation has been legally completed, except when they voluntarily submit to the forest regime. (Paragraph thus amended by article 72, subsection c) of the Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996). Thus, it is clear that, due to the implications of the affectation of the constitutional principle of private property (article 45 of the Political Constitution), the protection of these important ecosystems is placed upon the State entity and that, evidently, the limitation on property that is harmonious with the protection of environmental principles consists of the private individual, holder of the property right, being able to be threatened with the possibility of being expropriated; however, environmental protection does not even impair the owner's right if the corresponding payment or expropriation has not been previously completed, much less could the owner be worried criminally about the legitimate use of their property right. Certainly, numeral 41 of this Ley Orgánica del Ambiente establishes the public interest in the conservation of wetlands, as the appealed judgment reviewed; however, that interest is what should determine state action in their conservation; it cannot be extrapolated to exceed the guarantor limits and scope of criminal liability (tipicidad). Lastly, and also consistent with what has been said, we have that article 58 of the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 sanctioned on April 30, 1998, and published on May 27 of that same year, refers to the creation of protected wild areas, within which express mention is made of wetlands, to the already cited Ley Orgánica del Ambiente. Thus, it is clear from a systematic and comprehensive analysis of the current regulations that, due to the breadth of the concept or definition of a wetland, for purposes of criminal liability (tipicidad penal), the only legal way to fill in that content is through its creation and delimitation by Executive Decree, ...'\"\n\nAs clearly emerges from the foregoing jurisprudential criterion, to consider that in this case we are dealing with a protection zone associated with a wetland, the same would have to be defined in terms of its existence and extension by an executive decree, which was not proven during the trial, since none of the documentary evidence incorporated therein, which is detailed in folio 106 of the respective minutes, mentions said circumstances; hence, it is evident that it was not proven that the affected area was a protected zone and, as stated, it is appropriate to dismiss the arguments of the appellant.-\n\nPOR TANTO:\n\nThe cassation appeal is dismissed.\n\nRafael Ángel Sanabria Rojas\n\nJorge Luis Morales García Martín Alfonso Rodríguez Miranda\n\nJudges of Criminal Cassation\n\nCase: 03-201777-306-PE\n\nAgainst: [Nombre12]\n\nFor: Violation of the Ley Forestal\n\nTo the detriment of: Natural resources\n\nKPA\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:22:20.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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