{ "id": "nexus-sen-1-0034-448879", "citation": "Res. 00053-2009 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IX", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Cancelación de concesión minera por riesgo al acuífero Colima Superior", "title_en": "Mining concession cancellation for risk to the Colima Superior aquifer", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo confirma la legalidad de dos resoluciones de la Dirección de Geología y Minas: la medida cautelar de 2001 que suspendió totalmente las labores de explotación minera de Productos Pedregal S.A. por la constatación de un segundo afloramiento del acuífero Colima Superior, y la posterior cancelación de la concesión en 2002 por incumplimiento de dicha medida. El Tribunal desarrolla extensamente la protección constitucional de las aguas subterráneas y aplica el principio precautorio, concluyendo que la falta de certeza científica absoluta sobre la inocuidad de la actividad minera frente al acuífero justificaba plenamente la suspensión total de labores y, ante la desobediencia de la empresa, la cancelación del derecho de concesión. Se rechaza la demanda en todos sus extremos, declarando los actos administrativos conformes con el ordenamiento jurídico y el derecho fundamental a un ambiente sano.", "summary_en": "The Administrative Appeals Court upholds two resolutions of the Directorate of Geology and Mines: a 2001 precautionary measure that fully suspended mining operations of Productos Pedregal S.A. after a second outcrop of the Colima Superior aquifer was discovered, and the subsequent 2002 cancellation of the concession for non-compliance. The Court extensively develops the constitutional protection of groundwater and applies the precautionary principle, holding that the lack of absolute scientific certainty about the harmlessness of the mining activity to the aquifer fully justified the total suspension and, given the company's disobedience, the cancellation of the concession right. The lawsuit is dismissed in its entirety, deeming the administrative acts lawful and aligned with the fundamental right to a healthy environment.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IX", "date": "30/06/2009", "year": "2009", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "aguas subterráneas", "manto acuífero", "principio precautorio", "indubio pro natura", "medida cautelar ambiental", "concesión minera", "daño ambiental", "irreversible" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 11", "law": "Ley de Biodiversidad 7788" }, { "article": "Arts. 67, 101, 102", "law": "Código de Minería" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley de Aguas" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal 7575" } ], "keywords_es": [ "aguas subterráneas", "acuífero", "principio precautorio", "medida cautelar", "concesión minera", "daño ambiental", "indubio pro natura", "Tajo Pedregal", "recurso hídrico" ], "keywords_en": [ "groundwater", "aquifer", "precautionary principle", "preliminary injunction", "mining concession", "environmental damage", "indubio pro natura", "Pedregal Quarry", "water resources" ], "excerpt_es": "El Tribunal estima que los actos impugnados resultaron conformes con el ordenamiento jurídico, y en tal caso, la demanda no puede prosperar. [...] es un hecho innegable e indiscutible que en la zona concesionada se pudo verificar un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, y ese hecho, por sí mismo, justificaba, la medida de paralización de las actividades desarrolladas por la empresa accionante en los terrenos concesionados, en resguardo de un interés general de primer orden, cuál resulta ser la protección del recurso hídrico, máxime tratándose de aguas subterráneas, cuya eventual contaminación pondría en serio riesgo su futura utilización para el abastecimiento a los habitantes. [...] [L]a cancelación emitida por la Dirección de Geología y Minas no resultó ser una conducta arbitraria, en la medida que respondió al propio incumplimiento de la accionante respecto de las disposiciones adoptadas por la Dirección de Geología y Minas mediante las resoluciones N°590-2001 y 784-2001, para la protección y conservación del medio ambiente, amparadas en el principio precautorio y que fueron incumplidas por la actora.", "excerpt_en": "The Court finds that the challenged acts were in accordance with the legal system, and thus the lawsuit cannot succeed. [...] it is an undeniable and indisputable fact that a new outcrop of the Colima Superior aquifer was verified in the concession area, and that fact, by itself, justified the measure of halting the activities carried out by the plaintiff company on the concession lands, in safeguarding a paramount general interest, namely the protection of water resources, especially groundwater, whose potential contamination would seriously risk its future use for supplying the population. [...] [T]he cancellation issued by the Directorate of Geology and Mines was not arbitrary conduct, insofar as it responded to the plaintiff's own non-compliance with the provisions adopted by the Directorate of Geology and Mines through resolutions No. 590-2001 and 784-2001, for the protection and conservation of the environment, grounded in the precautionary principle and which were breached by the plaintiff.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The lawsuit against resolutions 590-2001 and 451-2002 is dismissed; the precautionary suspension of activities and the cancellation of the mining concession for non-compliance are upheld, both being consistent with the precautionary principle and the legal system.", "summary_es": "Se rechaza la demanda contra las resoluciones 590-2001 y 451-2002; se confirman la medida cautelar de suspensión de actividades y la cancelación de la concesión minera por incumplimiento, ambos actos ajustados al principio precautorio y al ordenamiento jurídico." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "In environmental matters, the precautionary principle or in dubio pro natura must prevail [...]", "quote_es": "En materia ambiental debe prevalecer el principio precautorio o indubio pro natura [...]" }, { "context": "Considerando VIII (cita del Principio 15 Declaración de Río)", "quote_en": "[L]ack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.", "quote_es": "[L]a falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente." }, { "context": "Conclusiones del estudio de SETENA", "quote_en": "The exposure of the Colima Superior aquifer is irreversible environmental damage since it is impossible to return to the initial situation.", "quote_es": "La exposición del acuífero Colima Superior es un daño irreversible al medio ya que es imposible volver a la situación inicial." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-39796", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Biodiversidad 7788 Art. 11" }, { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal 7575 Art. 33" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-448879", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección IX\n\nResolución Nº 00053 - 2009\n\nFecha de la Resolución: 30 de Junio del 2009 a las 15:20\n\nExpediente: 02-000718-0161-CA\n\nRedactado por: Eduardo González Segura\n\nClase de asunto: Proceso Especial Minero\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nIndicadores de Relevancia\n\nSentencia relevante\n\nSentencias en igual sentido\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental\n\nObjetivos de Desarrollo Sostenible: Agua limpia y sanamiento (Obj 6)\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Ambiental\n\nTema: Medidas cautelares en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nPrevención de la eventual producción de daños a un manto acuífero producto de la explotación de concesión minera.\nDesarrollo constitucional de las aguas subterráneas como parte del recurso hídrico y su vinculación con los derechos humanos.\nOrigen, contenido y alcance de los principios precautorios.\n\nTema: Daño ambiental\n\nSubtemas:\n\nMedida cautelar que previene el eventual daño de un manto acuífero derivado de la explotación de una concesión minera.\nDesarrollo constitucional de las aguas subterráneas como parte del recurso hídrico y su vinculación con los derechos humanos.\nOrigen, contenido y alcance de los principios precautorios.\n\nTema: Contaminación ambiental\n\nSubtemas:\n\nMedida cautelar que previene el eventual daño de un manto acuífero derivado de la explotación de una concesión minera.\nDesarrollo constitucional de las aguas subterráneas como parte del recurso hídrico y su vinculación con los derechos humanos.\nOrigen, contenido y alcance de los principios precautorios.\n\nTema: Concesión minera\n\nSubtemas:\n\nFundamento constitucional y principios aplicables al dictado de medida cautelar que previene la eventual producción de daños a un manto acuífero.\n\nTema: Concesión de explotación minera\n\nSubtemas:\n\nFundamento constitucional y principios aplicables al dictado de medida cautelar que previene la eventual producción de daños a un manto acuífero.\n\nTema: Protección ambiental minera\n\nSubtemas:\n\nMedida cautelar que previene el eventual daño de un manto acuífero derivado de la explotación de una concesión.\nDesarrollo constitucional de las aguas subterráneas como parte del recurso hídrico y su vinculación con los derechos humanos.\nOrigen, contenido y alcance de los principios precautorios.\n\nTema: Agua ambiental\n\nSubtemas:\n\nMedida cautelar que previene el eventual daño a un manto acuífero producto de la explotación de concesión minera.\nDesarrollo constitucional de las subterráneas como parte del recurso hídrico y su vinculación con los derechos humanos.\nOrigen, contenido y alcance de los principios precautorios.\n\nTema: Medidas cautelares en el procedimiento administrativo\n\nSubtemas:\n\nFundamento constitucional y principios aplicables al dictado que previene la eventual producción de daños a un manto acuífero derivados de explotación de concesión minera.\nOrigen, contenido y alcances en materia ambiental.\n\nTema: Principios Constitucionales Mineros\n\nSubtemas:\n\nOrigen, contenido y alcance de los principios precautorios en materia ambiental.\n\nTema: Procedimientos administrativos mineros\n\nSubtemas:\n\nFundamento constitucional y principios aplicables al dictado de medida cautelar que previene la eventual producción de daños a un manto acuífero derivados de explotación de concesión minera.\n\n            “V.- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL. Si bien el presente es un proceso \"especial\" minero, por cuanto se impugnan en esta sede resoluciones emanadas de la Dirección de Geología y Minas, emitidas durante el ejercicio y extinción de una concesión para la extracción y procesamiento de recursos minerales (artículo 94 del Código de Minería), lo cierto es que, en el fondo, el debate se concentra mayormente en el análisis de legalidad de una medida cautelar (Res. N°590-2001) dictada en el marco de la concesión, y cuyo contenido es estrictamente de orden ambiental, en tanto tenía por objeto prevenir la eventual producción de daños a un manto acuífero (Colima Superior) que discurre por los terrenos de la zona donde se ejecutaba la explotación minera. La medida precautoria aludida (primer acto impugnado), dispuso la suspensión de todas las labores que llevaba a cabo la accionante en ese momento y solicitó informes técnicos para conocer con mayor precisión la posible afectación del acuífero indicado. A juicio de la Dirección de Geología y Minas, con posterioridad la aquí actora incumplió con lo establecido en la medida cautelar ya referida, y en consecuencia, ordenó la cancelación de la concesión que en su oportunidad le había sido otorgada a la empresa Productos Pedregal S.A. (Res. N°451-2002). Conforme se dirá, el Tribunal estima que los actos impugnados resultaron conformes con el ordenamiento jurídico, y en tal caso, la demanda no puede prosperar.- \n\n            VI.- DESARROLLO CONSTITUCIONAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO PARTE DEL RECURSO HÍDRICO Y SU VINCULACIÓN CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Sala Constitucional se ha ocupado de analizar ampliamente el tema de la protección del medio ambiente, y en lo que corresponde en particular a las aguas subterráneas, creó un precedente en la resolución N°2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero del 2004, que por su rigor jurídico y amplitud, se ha estimado importante citar, en lo conducente:\n\n\"V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.\n\nVI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.\n\n(...)\n\nX.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol- , el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.\n\nXII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. (...)\"\n\nTomando en consideración el anterior desarrollo constitucional sobre la protección de las aguas subterráneas, por ser plenamente aplicable al caso concreto, a continuación se emite pronunciamiento sobre los alegatos formulados en la demanda.-\n\n            VII.- SOBRE EL MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN N°590. Argumenta la empresa actora que la mencionada resolución carece de motivo, por cuanto estableció la existencia de conductas generadoras de un daño ambiental, cuando en realidad el afloramiento producido no es más que el impacto ambiental que la propia Administración sabía que podía ocurrir con ocasión de la explotación minera, y que de acuerdo con el mismo artículo 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de aguas con motivo de una explotación minera no es solo un impacto esperado, sino legalmente admitido. Que en consecuencia, el afloramiento ocurrido en la zona no puede estimarse como un daño ambiental. Los alegatos no son de recibo. Es consabido que todo acto administrativo debe contener un motivo (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública), por ser éste uno de los elementos esenciales que configura la validez de toda conducta administrativa. Diríase que el motivo está conformado por las razones de hecho y de derecho (antecedentes) que posibilitan la emisión de todo acto. El motivo está indisolublemente vinculado con otro elemento esencial, es decir, con el fin (artículo 131 Ley General de la Administración Pública), y éste último a su vez presupone la necesaria competencia del órgano que dicta el acto (artículo 129 ibid.). Pues bien, en el caso concreto, independientemente de si hubo denuncia pública o no, lo cual se estima intrascendente en función del conflicto de fondo, la Dirección de Geología y Minas, órgano perteneciente al Ministerio de Ambiente y Energía, en el uso de sus facultades de inspección de las actividades mineras nacionales (artículo 97 inciso ch, anteriormente artículo 93), realizó una visita de campo el día 3 de agosto del 2001 en la zona donde se explotaba el Tajo Pedregal, ubicada o en el distrito de San Antonio, cantón de Belén, provincia de Heredia. Dicha visita fue realizada por los funcionarios Marlene Salazar Alvarado (Subdirectora General), Ana Sofía Huapaya (Geóloga) y Edgar Sandí (Ingeniero Forestal), en compañía de representantes de la empresa actora (ver folio 601 del tomo III del expediente administrativo). Luego de una verificación de las condiciones del sector, constataron la existencia de un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, que discurre por la zona donde se realiza la explotación minera, y en su informe concluyeron que se había producido lo siguiente: 1) la afectación del acuífero Colima Superior en el sector este del área concesionada, 2) la afectación de la zona de protección que establece el artículo 33 de la Ley Forestal, 3) el incumplimiento de los artículos 8 y 11 de la Ley de Biodiversidad. En ese sentido, como parte de las recomendaciones señaladas en el informe levantado al efecto por los referidos funcionarios (Memorandum DGM-DC-803-2001), se propuso la suspensión inmediata de labores de explotación y procesamiento de materiales de la empresa Pedregal S.A., y que se solicitara a SETENA y al ICAA la valoración del eventual daño ambiental al acuífero, y a la empresa concesionaria la presentación de un estudio hidrogeológico con la caracterización del acuífero en el área y la determinación de los niveles freáticos, para determinar las cotas mínimas de extracción. El Director General de Geología y Minas acogió dicho  informe y sustentó el acto impugnado con base en aquél, disponiendo la inmediata suspensión de labores de explotación y procesamiento de material de cantera que desarrollaba la actora, y ordenando el cumplimento de las recomendaciones indicadas en el memorandum de cita. De una lectura de la motivación (fundamentación) del acto cuestionado, claramente se advierte que su objeto lo era la protección y preservación del acuífero Colima Superior, y por ende, su fin era la protección del medio ambiente, cuya base jurídica reside en el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en el derecho a la salud, que sobra decir, son derechos consagrados en nuestra Constitución Política y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, según se vio antes. También huelga mencionar que por disposición constitucional, el Estado está en el deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50), de manera que ni siquiera cabe cuestionarse la clara competencia de la Dirección de Geología y Minas (órgano estatal), para adoptar actos administrativos tendientes a proteger ese derecho, siendo que en el caso de medidas cautelares emitidas en favor del ambiente, como resulta ser el caso que nos ocupa, el fundamento jurídico para su adopción es provisto por el principio precautorio o indubio pro natura, contenido en el principio 15 de la Declaración de Ambiente y Desarrollo (Río, 1992) y los incisos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, en relación con el numeral 45 de la misma legislación. Es así que, con base en lo anterior, y sin detrimento de las consideraciones que se harán más adelante, el Tribunal estima que, contrario a lo argumentado por la actora, la resolución N°590 contaba con motivo suficiente y el mismo era legítimo. En efecto, véase que, en la especie, el órgano público competente en materia de concesiones para la explotación de recursos minerales, realizó una inspección de campo en la zona de la concesión de Pedregal S.A., encontró irregularidades que podían poner en peligro el manto acuífero Colima Superior, y advirtiendo lo anterior, en el uso de sus competencias legales y constitucionales, emitió una medida cautelar en protección del ambiente y la salud, ordenando la suspensión de las labores de explotación y procesamiento de material de cantera que realizaba la accionante. En sustento de esa medida invocó como fundamento jurídico el artículo 50 de la Constitución Política, jurisprudencia de la Sala Constitucional (votos 503-94, 1394-94 y 1758-94), el ordinal 11 de la Ley de Biodiversidad, el numeral 1 de la Ley General de Agua Potable,  artículo 1 de la Ley General de Salud y en las disposiciones 93 y 98 del Código de Minería (actualmente 97 y 102). En conclusión, la resolución administrativa combatida contaba con un motivo legítimo, en el tanto, para el momento de su dictado, se constató la existencia de circunstancias que ponían en peligro el acuífero Colima Superior (hecho constatable por apreciaciones técnicas), así como la salud de las personas (por ser una fuente utilizable para el abastecimiento de agua); al tiempo que existían normas jurídicas (antecedente de derecho) que sustentaban el proceder de la Dirección de Geología y Minas, es decir, la toma de medidas precautorias en resguardo de aquellos bienes de interés general y superior. Siendo así, no se encuentra violación alguna por falta de motivo, por lo que procede rechazar los argumentos esbozados por la actora en tal sentido. Estima importante el Tribunal agregar a lo ya resuelto, que no es relevante, por no ser el punto neurálgico de esa litis,  la discusión que pretende incorporar en este juicio la empresa demandante, en el sentido de que la medida cautelar impugnada estableció erróneamente la existencia de daños ambientales, cuando en realidad lo se que produjo fue un impacto ambiental previsto por la propia Administración. En criterio de esta cámara, independientemente de la nomenclatura que la DGM le haya asignado a los hallazgos constatados en la cantera explotada por la actora, tema secundario a los efectos de lo que aquí se analiza, es un hecho innegable e indiscutible que en la zona concesionada se pudo verificar un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, y ese hecho, por sí mismo, justificaba, tal y como se dirá más adelante, la medida de paralización de las actividades desarrolladas por la empresa accionante en los terrenos concesionados, en resguardo de un interés general de primer orden, cuál resulta ser la protección del recurso hídrico, máxime tratándose de aguas subterráneas, cuya eventual contaminación pondría en serio riesgo su futura utilización para el abastecimiento a los habitantes. Así lo confirma la prueba testimonial recaba en autos. En ese sentido, los testimonios de las señores Marlene Salazar Alvarado, Cynthia Cavallini Chinchilla y Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, ofrecidos por la parte demandada, reiteran lo que de por sí se desprende del expediente administrativo, esto es: que se constató que en la zona de la concesión se estaba rompiendo el manto acuífero y el agua estaba aflorando a un nivel por encima del nivel freático, que en virtud de ello se tomaron las medidas de suspensión de las obras de explotación, al tiempo que se solicitaron estudios más detallados, los cuales una vez presentados, resultaron incompletos y hasta contradictorios. Que se hizo una valoración de todos los estudios presentados por AyA y SETENA y los aportados por la actora, concluyéndose que debía mantenerse la suspensión, hasta tanto no se presentaran estudios hidrogeológicos más completos, pues los presentados concluían que faltaban estudios más específicos para determinar la posición del nivel freático. Que posteriormente se autorizó el uso del quebrador en el sector oeste, pero más tarde a través de una inspección se determinó el incumplimiento de las medidas establecidas en la resolución N°590, recomendándose la cancelación de la concesión. La patente falta de información científica a efecto de ponderar la mayor o menor vulnerabilidad del acuífero Colima Superior, frente a la actividad minera desplegada en la zona, no fue refutada por la prueba  testimonial ofrecida por la parte actora. Nótese que la declaración del geólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, testigo aportado por la parte accionante, se enfoca en hacer referencia a aspectos que, en modo alguno, desvirtúan el proceder de carácter preventivo que desplegó la Administración con el dictado de la medida cautelar. Básicamente su testimonio se orientó en plantear: que los brotes de agua son impactos esperados, que la Toma Zamora es una zanja excavada por el AyA, que la salida de agua no es nueva porque ya existía desde antes de tener la concesión, que hasta donde sabe no ha habido cambios en la calidad del agua del acuífero como resultado de la explotación del tajo, y que su persona fue responsable de definir un área de protección para la calidad del agua de la zanja del AyA, afirmando algunos detalles sobre ese particular. Es decir, en toda su declaración no hace ninguna referencia al segundo afloramiento encontrado por la Dirección de Geología y Minas en la visita realizada en el año 2001, ni tampoco señala si para ese momento habían elementos claros y contundentes para garantizar la inocuidad de las aguas subterráneas, o bien, si las acciones dispuestas por la Administración en aquel momento, con la medida cautelar, resultaron absolutamente contrarias a la ciencia o la técnica. Por el contrario, llama la atención que sobre el segundo afloramiento adujo lo siguiente: \"Sobre si sabe sobre un segundo afloramiento ocurrido en la cantera, responde que si, \"es mas en el último de los estudios que hice en el 2003 donde se definió el área de protección hacia un afloramiento hacia el área del este yo no sabría asegurar si corresponde con el afloramiento que yo conocí a principio de los ochenta que se hubiera ido corriendo a causa de la extracción del material. 10- Este segundo afloramiento  técnicamente no debió haber ocurrido, a menos que el nivel del agua variara por condiciones estacionales que sería la única razón que veo por la que pueda variar el nivel del agua.\" (ver folio 854 -la negrita no es del original-). Según puede verse, existen claras imprecisiones en lo declarado por el testigo en relación con este segundo afloramiento (motivo del acto impugnado), en el tanto no supo definir la causa del mismo, ni mucho menos explicó si existía o no peligro de afectación del acuífero, producto de las salida de esas aguas a la superficie. Para mayor abundamiento, téngase en cuenta lo declarado por el Dr. Allan Astorga Gatgens, quién luego de repetir en su testimonio lo que ya había indicado en su documento: \"Análisis Técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía\", que consta en autos y del cual se hará referencia más adelante, fue clarísimo en indicar en breves líneas lo siguiente: \"Para el momento en que se dictó la resolución 590, únicamente se contaba con el plan de explotación en poder de la dirección de geología y minas, y la observación directa del tajo.\" (ver folio 903). De conformidad con lo anterior, es dable concluir que el motivo del acto resulta legítimo, no habiendo logrado la actora cuestionar los elementos de hecho y de derecho que le dieron sustento, a partir de argumentaciones que pretenden desviar la atención hacia otros aspectos no esenciales. Bajo ese mismo esquema, se estima que a nada conduciría entrar a analizar si, conforme al numeral 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de un acuífero con ocasión de una explotación minera es o no un impacto esperado y legalmente admitido, pues aún de aceptarse tal razonamiento, no significa que entonces El Estado y los entes públicos menores competentes, no puedan o no deban ejercer sus potestades en cualquier momento con el objeto de proteger y conservar el recurso hídrico, especialmente como en este caso, tratándose de una situación de riesgo. Por paridad de razones, no es aceptable, desde ningún punto de vista, pretender atacar la medida cautelar aquí impugnada, argumentando que a pesar de las inspecciones realizadas a través del tiempo por parte de los órganos y entes públicos competentes (DGM, AyA y SETENA), nunca se le advirtió a la actora la necesidad de guardar áreas de protección al amparo del artículo 33 de la Ley Forestal, pues por principio básico y constitucionalmente estatuido, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, y todo caso, de haber incurrido aquellas autoridades públicas en eventuales omisiones en el ejercicio de sus competencias, ello no es objeto debate en este proceso de acuerdo con las pretensiones esgrimidas, amén de que la Administración no esta llamada a intervenir una única vez, sino tantas veces sea necesario para el resguardo de los intereses públicos cuya tutela tiene encargada por mandato legal y constitucional.-\n\n            VIII.- SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN EL CASO CONCRETO. En consideración de la actora, la medida cautelar tomada por la Dirección de Geología y Minas se encuentra viciada de nulidad absoluta, en virtud de que violentó el principio precautorio por indebida aplicación. Plantea que se optó por una prohibición total de las labores de extracción y procesamiento, omitiéndose ponderar la proporcionalidad y la evaluación económica costo/beneficio de la decisión tomada. Aduce que si bien le correspondía a la concesionaria aportar la información científica para hacer una evaluación de riesgo más completa, una vez aportada ésta se mantuvo sin razón la medida. Los argumentos no son de recibo. El principio precautorio, como fuente de carácter legal e internacional de aplicación en nuestro ordenamiento, permite que el Estado tome todas las acciones anticipadas necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de que aquéllos puedan sufrir alguna afectación. La Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con el denominado principio precautorio y sus alcances, tal y como se desprende de la cita que se hace a continuación, que en lo que interesa dice:\n\n \n\n\"ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO. El principio precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio \"Vorsorgeprinzip\", al indicar que \"no se consolida totalmente una política ambiental sólo mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado\" habiéndolo empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte. El principio aparece en el escenario internacional con los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen de 1984 (Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los conocimientos. Posteriormente, en la Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta última declaración se dispuso que \"(…) es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas (…) incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (…)\". Con posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se indico que \"Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas que prevengan la degradación ambiental\". Del mismo modo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, dispuso lo siguiente: \"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente\". Es así como el principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología- que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en general, de desarrollo sostenible de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente. (…).” (Resolución N° 17747-2006, de las 14:37 horas del 11 de diciembre del 2006).\n\nPues bien, tal y como lo aduce la accionante, en efecto la Sala ha establecido que la toma de una medida precautoria o anticipada, al amparo del principio precautorio, supone una valoración objetiva del riesgo y de la relación costo beneficio de la omisión o acción precautoria, de manera que no se lleguen a establecer medidas arbitrarias o discriminatorias. No obstante, ha de tomar en cuenta la actora que ello se refiere a aquellos casos en los cuales se cuenta con suficiente evidencia científica, que permitiría contar con los elementos necesarios para determinar si existe o no una relación causal entre la actividad humana que resultaría afectada con la medida y el potencial daño al ambiente que se pretende evitar, o de existir alguna relación, el tipo de incidencia que se produce entre ambos, pudiendo de esa forma ponderarse si se justifica o no la acción precautoria o por lo menos si es viable modificarla, de manera que devendría en arbitraria e injustificada aquella que no es acorde con la realidad científica y técnica que reflejan los datos. En sentido contrario, y en ajuste al principio en cuestión, no resulta posible realizar una valoración como la indicada antes, en aquellos supuestos en los cuales no se cuenta con ninguna información científica, o bien, cuando ésta es insuficiente, en punto a determinar con absoluta certeza cuáles son los factores que podrían generar un daño al ambiente, y sobre todo tratándose de situaciones en las que el daño podría ser serio e irreversible. Es en estas situaciones dónde priva la protección y preservación del ambiente, debiendo disponerse de las medidas que aseguren la minimización de cualquier afectación a los recursos, aún cuando esto pueda suponer una grave restricción a un interés particular, toda vez que el primero se erige como un interés superior que beneficia a la colectividad, incluso al propio particular. Véase que aún cuando pueda existir duda sobre la producción de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la norma obliga a adoptar la medida precautoria e incluso prevé la posibilidad de posponer \"la actividad de que se trate\", todo lo cual se justifica, en última instancia, en el hecho notorio de que los recursos naturales constituyen un elemento esencial para el mantenimiento de la vida humana, y en la medida en que se atenta contra el medio ambiente, por reflejo, se atenta también contra la salud de los seres humanos. En el caso concreto ello fue lo que ocurrió, en el tanto funcionarios expertos de la Dirección de Geología y Minas constataron, por la vía de la fiscalización, situaciones que afectaban el acuífero Colima Superior en la zona de la concesión, todo lo cual hacía necesario la toma acciones que tendieran a la efectiva protección y preservación de ese recurso hídrico, en virtud de las implicaciones que para la salud y el ambiente podrían generar, e incluso con el riesgo de que la afectación tuviere carácter irreversible. Si bien lo argüido no resulta descabellado, lo cierto es que en este caso se justificaba la imposición de la medida adoptada ordenando la paralización de todas las actividades de explotación y procesamiento de material, en virtud de la repercusión que para la vida humana y el ambiente representaba la eventual contaminación del acuífero en mención, dada su exposición a través del afloramiento encontrado en la inspección del 3 de agosto del 2001, teniendo en cuenta que la contaminación del acuífero implicaría a su vez la contaminación del agua que abastece el sistema de \"Puente de Mulas\", que es captada por el primer afloramiento ocurrido en 1991. En ese orden de ideas, se estima que la imposición de acciones como la tomada por la Dirección de Geología y Minas al momento del dictado de la resolución N°590, no solo resultan admisibles sino también necesarias, toda vez que a ese momento no se contaba con los estudios técnicos y científicos suficientes, a efecto de descartar, con toda certeza, la ocurrencia de un daño en el acuífero Colima Superior con ocasión de las actividades de explotación que estaba llevando la empresa accionante, de manera que no se encuentra que la resolución de cita resulte nula por indebida aplicación del principio precautorio, pues por el contrario, a juicio de esta autoridad, la misma era procedente y acorde con la trascendencia de la eventual afectación que pretendía prevenir, que es precisamente el contenido fundamental de dicho principio. Al respecto se coincide con la representación estatal, en el sentido de que debe tomarse en cuenta lo establecido por la Sala Constitucional en la sentencia N°1923-2004, citada antes, pues claramente constituye un parámetro vinculante en lo que corresponde a la aplicación del principio precautorio en relación con la protección de las aguas subterráneas de los mantos acuíferos. Al respecto se estima importante citar el considerando XV de dicha resolución, que dice así:\n\n\"XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.\"\n\nPrecisamente, en el caso concreto no existía un estado de certeza acerca de la inocuidad de la actividad de explotación minera sobre el acuífero Colima Superior, y ante tal panorama, en aplicación del criterio esgrimido por la Sala y que comparte este Tribunal, lo que corresponde es suspender las actividades que estén en curso hasta que se despeje el estado de duda, todo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora bien, véase que un elemento esencial para estimar que el principio aludido fue bien aplicado en la especie, lo constituye el contenido del estudio aportado por SETENA, denominado: \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.\", presentado el 17 de setiembre del 2001 (folio 858 del tomo IV del expediente administrativo y 365 del expediente judicial), de acuerdo con el cual se encontraron daños efectivos así como posibles daños al ambiente, según se desprende de las conclusiones de ese estudio, que a continuación se citan:\n\n \"... VIII. Conclusiones.\n\nBasado en la investigación realizada por el equipo técnico designado por esta Secretaría, se llega a las siguientes conclusiones: Se comprobó daño ambiental en los siguientes factores:\n\n1. Zona de protección del Río Virilla.\n\na. Se removió una franja aproximada de 300 m lineales de vegetación en el sector oeste de la concesión.\n\nb. Por las diversas actividades en el Tajo se irrespetó la franja de 50 m a lo largo del río, lo que impidió su recuperación natural o por reforestación. El área total correspondiente a zona de protección es de 73500m2.\n\n2. Río Virilla.\n\na) Se dio arrastre de sedimentos e hidrocarburos hacia el río Virilla, alterando negativamente sus calidades fisicoquímicas.\n\n3. Aguas subterráneas.\n\na) La exposición del acuífero Colima Superior es un daño irreversible al medio ya que es imposible volver a la situación inicial.\n\n4. Paisaje.\n\na) La labor extractiva, las explosiones y los derechos sólidos causan un alto impacto negativo sobre el paisaje.\n\nb) La extracción en los frentes Oeste y Este presentan taludes con ángulos de 90 grados y sin bermas.\n\n5. Salud Pública.\n\na) El Tajo Pedregal, por acciones de extracción, explosiones, quebrado, proceso de producción de mexcla asfáltica, proceso de producción de blocks, disposición de aguas negras y el taller, es responsable parcial de afectaciones a la salud pública generadas por polvo, ruido y vibraciones.-\n\nSe determinó un posible daño ambiental en los siguientes factores:\n\n1. Río Virilla.\n\na. La acumulación de concreto que se encuentra dentro del lecho del río puede producir un cambio en el comportamiento de la capacidad hidráulica de su cauce.\n\n2. Toma Zamora\n\na. La Planta de Concreto, la Planta de Asalto, la Planta de Tratamiento y la fábrica de blocks están invadiendo la Zona de Protección de la Toma Zamora, lo que incrementa la vulnerabilidad a la contaminación y al daño estructural.\n\n3. Aguas Subterráneas\n\na. La apertura del acuífero en el frente Este podría estar ocasionando disminuciones en la descarga de agua a nivel local.\n\nb. El acuífero Colima Superior presenta alta vulnerabilidad debido a su exposición y por contar con una protección, a lo sumo de 2 m de  profundidad en toda el área del pit.\n\nc. Las eventuales inundaciones y la presencia del quebrador del sector este, acumulaciones de áridos y acumulaciones de restos asfálticos que están en la Zona de Protección del manantial, son posibles fuentes de contaminación, no solo microbiológica sino química.\n\n4. Salud ocupacional.\n\na. Los ángulos de 90 grados ponen en peligro latente la vida de los trabajadores. b. La constante generación de polvo y partículas debidas a la extracción, explosiones, quebrado, planta de asfalto y fábrica de blocks, pueden causar afecciones respiratorias a los trabajadores de planta.\" (la negrita no es del original).-\n\nEn suma, el contenido del estudio de la SETENA confirma que la medida cautelar fue emitida conforme a derecho, pues refleja la existencia de una serie de daños -y posibles daños ambientales- en la zona concesionada, estudio que fue preparado con posterioridad a la inspección realizada por los funcionarios de Geología y Minas, y a partir del cual se refuerza la tesis de que para ese momento no era posible descartar con absoluta certeza que la actividad de explotación afectaba al medio ambiente, especialmente el acuífero Colima. Por otra parte, cabe resaltar que no lleva razón la actora cuando afirma que la Administración decidió mantener la suspensión total de las labores de extracción y procesamiento, a pesar de haberse presentado los informes solicitados en la resolución N°590 citada, por cuanto del expediente administrativo se desprende que la Dirección de Geología y Minas, mediante resolución N°784, de las 9:40 horas del 16 de diciembre del 2001, amparada en el contenido de la resolución N°623-2001 de SETENA y el Memorandum DGM-DC-1018-2001, dispuso levantar parcialmente la suspensión de labores que se había ordenado inicialmente, autorizando a Productos Pedregal S.A. para la utilización del sistema de quebrado (beneficiado) localizado al oeste del área  concesionada, hasta el día 1 de junio del 2002. Es decir, a pesar de que la Administración en un primer momento había rechazado la solicitud de suspensión de los efectos del acto (por resolución N° 703), posteriormente, toma en consideración el contenido de informes naturaleza técnica emanados de SETENA y la propia Dirección de Geología y Minas, incorporados al expediente administrativo, y con base en esa información técnica, que valga aclarar no era definitiva ni concluyente, decidió levantar la suspensión de las labores de beneficiado en el sector oeste de la cantera, tal y como lo solicitara la propia concesionaria en el recurso de revocatoria con apelación y suspensión de los efectos del acto presentado el 6 de agosto del 2001. De cualquier forma, aún y cuando la actora cuestiona la resolución N°784, de la demanda no desprende argumento alguno que sustente su impugnación, tornando imposible la revisión de legalidad de ese acto en particular. Por otra parte, tal y como se verá más adelante, si bien la actora presentó en octubre del 2001 los informes que le fueron requeridos (folio 893 del tomo IV del expediente administrativo y estudios empastados), los mismos resultaron incompletos en lo referente a la adecuada caracterización del acuífero, con lo cual sus reproches no son de recibo. Consecuentemente, no se encuentran los vicios apuntados por la accionante en relación con este tema, por lo que procede rechazar los alegatos formulados.-\n\n            IX.- SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Alega la actora que la medida cautelar adoptada mediante la resolución N°590, resultó ser violatoria del principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto ésta constituía un acto limitativo de derechos, y como todo acto de esa naturaleza, debe contar con una triple condición: ser necesario, idóneo y proporcional. Argumenta que la resolución mencionada no cumplió con ninguna de esas tres condiciones, terminando por generar una restricción absoluta del ejercicio de un derecho real administrativo, alrededor del cual se desarrollaba una serie importante de actividades productivas. Aduce, igualmente, que la Dirección de Geología y Minas dejó de lado la recomendación contenida en el punto 4 del aparte de recomendaciones del oficio DGM-DC-803-2001, en el sentido de mantener la suspensión, hasta que se realizaran los estudios hidrogeológicos solicitados y que oportunamente se aportaron. Los argumentos no son de recibo. El acto que se impugna participa de las características apuntadas en considerandos anteriores, es decir, se trata de una medida cautelar orientada a proteger un bien jurídico de rango constitucional e internacional, cuál es el medio ambiente, debiendo tenerse claro que los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para la toma de estas medidas son especiales, rescatándose lo dicho antes, en el sentido de que, la toma de acciones por parte del Estado deben estar dirigidas siempre en favor del ambiente, aún y cuando existiere duda de si el disfrute del derecho del particular, que resultaría limitado con la medida, fuere la causa directa de la posible afectación del elemento que se ve comprometido. Ahora bien, en los términos planteados por la propia actora, a partir de lo establecido por la Sala Constitucional en la resolución 8858-98, disiente este cuerpo colegiado de jueces en cuanto a que la medida cautelar no resultó necesaria, idónea y proporcional. Es claro que la medida debía ser adoptada en la forma en que lo hizo la Dirección de Geología y Minas, pues lo que estaba en juego era la eventual contaminación de un recurso hídrico de suma trascendencia, como lo era el acuífero Colima Superior, toda vez que constituye una importante fuente subterránea de abastecimiento de agua potable, debiendo recordarse que el acceso al agua potable es un derecho fundamental en tanto materializa el derecho a la vida.  Reitérase que no existían en aquel momento (inspección del 3 de agosto del 2001), elementos científicos certeros que evidenciaran que la actividad de explotación llevada a cabo por la concesionaria no tenía posibilidad alguna de afectar el acuífero, y más bien, el hecho de que se hallara un nuevo afloramiento de ese acuífero en la zona en concesión, reflejaba la vulnerabilidad del mismo a la contaminación por los procesos de extracción y procesamiento. Precisamente por esa falta de información técnica y científica es que se dispuso la suspensión de las labores en todos los frentes de explotación, no siendo exigible la ponderación que echa de menos la accionante, en punto a definir como alternativa la suspensión de la explotación sólo en las zonas donde existía riesgo, dado que se desconocía el nivel de vulnerabilidad que presentaba el recurso hídrico mencionado, en relación con el estado y avance de la superficie que era objeto del proceso de extracción. Por lo anterior se estima que la medida sí resultaba necesaria.  Por las mismas razones, entiende el Tribunal que la medida adoptada resultó idónea, de toda suerte que era la única que podía tomarse luego de la inspección ya señalada, al amparo del principio precautorio contenido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y desarrollado por la Sala Constitucional, habida cuenta que la Administración carecía de la efectiva evidencia científica que permitiera hacer una valoración para no afectar, o al menos en forma leve, los intereses particulares de la concesionaria. La actora cita insistentemente el informe extrajudicial vertido por el Dr. Allan Astorga Gätgens, según el cual la resolución N°590 resultó excesivamente lesiva a los intereses de la demandante y de las familias que obtenían trabajo a partir de su actividad minera, sin embargo, el dicho del citado profesional no hace más que confirmar lo que se ha señalado en líneas precedentes, por cuanto esgrime meras opiniones y no afirmaciones contundentes, es decir, su posición no refleja con contundencia científica que las labores de extracción y procesamiento, aún y cuando se tratara del sector oeste de la zona, no afectaban o afectarían el acuífero. Véase que la actora transcribe un extracto del mencionado informe que dice así: \"Esta condición de desproporcionada se reafirma aún más, cuando se considera el hecho indicado en el informe de campo, de que el proyecto estaba llevando a cabo las labores de extracción en el frente Oeste de la concesión, localizado, como ya se indicó, en un área donde no estaba afectando el acuífero, ni tampoco generaba un riesgo de contaminación a la captación de la fuente Zamora.  Parece más lógico, que la recomendación del informe de la DGM, tomando en cuenta la ausencia de una conexión clara entre el Tajo y la contaminación de Puente de Mulas y las consecuencias sociales de una suspensión total de las actividades productivas de la concesión, estuviera encaminado a limitar las labores de extracción y procesamiento del material mineral en un espacio geográfico, dentro del área del proyecto, donde se minimizaran los posibles riesgos.\" (folio 329, la negrita no es del original).- De ser tan sencillo como estimar a priori y sin suficientes estudios hidrogeológicos, -tal y como se plantea en el informe que aporta la actora-, que por el hecho de que el afloramiento se hallaba en el sector este de la zona explotada, entonces podían continuar las labores en el otro frente de explotación, la discusión habría acabado de inmediato, y el principio precautorio se habría dejado sin contenido para este caso particular, lo cual no ocurrió. Nótese que el mismo profesional reconoce que existe una ausencia de una conexión clara entre el Tajo y la contaminación de Puente de Mulas, es decir, aún y cuando lo relevante de la discusión en este proceso fuera el tema de la contaminación que sufrió el agua de Puente de Mulas, que no es así, sino la protección del acuífero Colima Superior, ni siquiera allí tenía total certeza el informe del experto ofrecido por la accionante, a efecto de desvincular de toda causalidad la actividad de explotación y procesamiento de materiales con la contaminación señalada. En el mismo sentido, el informe pericial rendido en autos (folios 1738 a 1749), cuyo objeto consistía en analizar el texto que elaboró el Dr. Allan Astorga Gätgens denominado \"Análisis técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del MInisterio de Ambiente y Energía\", no es claro ni contundente en punto a establecer que la DGM, al momento del dictado de la resolución N°590, contaba con suficientes elementos de orden científico que brindaran absoluta certeza, a efecto de descartar la existencia de un peligro de contaminación del acuífero Colima Superior, por las labores de explotación minera desplegada por la actora. En efecto, dicho informe en sus conclusiones finales dice en lo que interesa: \"... 5.4.- A solicitud del Director Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), la Dirección de Geología y Minas realizó una inspección a la propiedad del Tajo de El Pedregal, en compañía de funcionarios de otras instituciones. El objetivo de la inspección era el de establecer si la contaminación del agua que afectó la Estación de Puente de Mulas se había originado en los terrenos del Tajo El Pedregal. Como resultado de la inspección, no se logra establecer que realmente la contaminación se hubiese originado en la propiedad de El Pedregal. Lo que la DGM reporta es la vulnerabilidad sobre el acuífero superior que existe en el sitio debido a los trabajos de extracción de material que allí se realiza. De esta inspección surgió la Resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía. En dicha resolución se ordenó \"LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LABORES DE EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL DE LA CANTERA que desarrolla la sociedad Productos Pedregal S.A. en el área de concesión del expediente administrativo N°1547\". 5.5.- El perito considera válido la declaración del Dr. Allan Astorga de que la resolución 590-2001 se basó en las condiciones de vulnerabilidad observadas en el tajo, tal como lo reportan los inspectores, y que esa situación estaba plenamente reconocida por las instituciones vinculadas con los controles de operación del tajo desde hacía muchos años. Además no se señala en la resolución la definitoria de que en el Tajo El Pedregal hubiese ocurrido la contaminación del agua. 5.6.- Es opinión de este perito, que la Dirección de Geología y Minas pudo haber analizado los dictámenes del Dr. González del Ministerio de Salud, así como otras opiniones de profesionales especialistas en Hidrogeología, con suficiente experiencia del área donde se generó el problema, antes de emitir una resolución final. 5.7.- Es opinión de este perito que, con base en los dictámenes del Ministerio de Salud, y mediante la ejecución de estudios hidrogeológicos inmediatos, era posible que la planta extractora del material rocoso El Pedregal se mantuviera en operación, al mismo tiempo que se aplicaban las recomendaciones y medidas de protección que se daban en la Resolución 590-200 (sic), y mientras se realizaban los nuevos estudios propuestos, y que fueron realizados por los hidrogeólogos Marcelino Losilla, Clara Agudelo, Hugo Rodríguez y Alicia Gómez. 5.8.- La aplicación de normativas como la que señala el Considerando No. 5 de la Resolución 590-2001, dependerá finalmente de la decisión que tomen los profesionales responsables de las distintas instituciones públicas involucradas con una problemática específica. Se copia textualmente ese considerando: (...) En este caso concreto, los profesionales con mayor experiencia y conocimiento de las condiciones hidrogeológicas del área de Puente Mulas, no laboraban para ninguna de las instituciones públicas involucradas en el momento en que se presentó el problema. Precisamente es a algunos de esos profesionales, los que se mencionan en el punto 5.7 de estas conclusiones, a los que se les asignó posteriormente efectuar los trabajos de las nuevas investigaciones hidrogeólogicas del área de Puente Mulas. Por esta situación, y posiblemente ante el desconocimiento o la duda que existía en las instituciones responsables, para tomar las decisiones con relación a la problemática de la contaminación el agua en Puente Mulas, es que se decidió aplicar las normativas ambientales que permitían ante cualquier duda, tomar una decisión como la que se incorporó en la Resolución 590-2001.\" (la negrita no es del original). Como puede observarse, a lo largo de sus conclusiones, el perito plantea meras hipótesis, al igual que lo hace el estudio del Dr. Astorga, limitándose a hacer comentarios de lo que en su criterio pudo haber hecho la DGM, sin embargo, no es claro en indicar lo más relevante del caso, esto es, sí para el momento de adoptar la medida cautelar, existía  absoluta seguridad de que el recurso hídrico del acuífero Colima Superior no se encontraba bajo ningún riesgo, producto de la actividad minera de la actora. Por el contrario, el perito reconoce que los funcionarios de Geología y Minas basaron su actuación en las condiciones de vulnerabilidad encontradas en el Tajo, y concretamente, de la vulnerabilidad del acuífero superior que discurre por la zona concesionada, hecho que no ha sido desvirtuado por las partes. Súmese a lo anterior, que el informe, fundamentalmente, concentra su análisis en si se logró o no acreditar la posible contaminación de Puente de Mulas, sin embargo, como ya se explicó antes, ese no es el tema central de la discusión, siendo que el motivo del acto  impugnado tiene su asidero en la constatación de un segundo afloramiento del Acuífero Colima Superior en la zona en explotación, y ante el riesgo de resultar afectado el mismo por la actividad de explotación en la cantera, tuvo como objeto su protección y conservación. Finalmente, es destacable que el informe pericial incurre en una serie de comentarios que exceden el objeto del análisis que le fue solicitado, por cuanto hace calificaciones sobre la experiencia y conocimiento de los funcionarios que laboraban en aquel momento para las instituciones competentes en la materia de fondo, sin embargo, no está en posición de hacer tales afirmaciones, ni mucho menos son relevantes a efecto lograr una aproximación a la verdad real en este debate. Con todo, lo que sí queda evidenciado del propio dicho del perito, es que la Administración optó por aplicar la normativa ambiental que permite tomar las medidas como la adoptada en este caso (principio precautorio), ante la duda sobre la posible afectación del recurso hídrico. En consecuencia, a juicio del Tribunal y por las particularidades del asunto de fondo, la medida no resultó inidónea, en el tanto para el momento en que se adoptó, no existían otros mecanismos que en mejor forma solucionaran la necesidad existente (protección del acuífero). Por último, esta Cámara considera que la medida sí resultó proporcionada, en atención a que, como se ha venido insistiendo en el desarrollo de esta sentencia, el día de la inspección se pudo constatar la existencia de un nuevo afloramiento del acuífero Colima, reflejando tal situación la vulnerabilidad de ese recurso hídrico en función de las labores mineras que se desplegaban en la zona, con lo cual se evidenció el peligro de que dicho acuífero resultara contaminado con las sustancias que se producían a consecuencia de la extracción y procesamiento de materiales. Para el Tribunal, tratándose de un recurso de tanta importancia para la salud humana y por su gran potencial para el eventual abastecimiento de agua potable, la mera constatación, como lo hace ver la actora, no era razón suficiente para autorizar el proceso de extracción y procesamiento en el sector oeste de la concesión, toda vez que el segundo afloramiento encontrado, aún cuando se hallara en el sector este, constituía un signo externo de la vulnerabilidad del acuífero referido, producto del avance de la actividad que se llevaba a cabo en esa zona de nuestro país. Ahora, lejos de considerarse intempestiva y arbitraria la medida por haber sido tomada el mismo día de la inspección, se encuentra que la misma era una respuesta acorde con la magnitud de las consecuencias que podrían resultar de la contaminación del acuífero, consecuencias que significarían ni más ni menos que la posibilidad de dejar sin utilidad una fuente de abastecimiento de agua de gran potencial para todos los habitantes, ya que, en última instancia, es la colectividad la que resulta beneficiaria, todos los días, de tan importante recurso para todas las actividades de la vida humana. Las aseveraciones del informe del Dr. Astorga, citadas por la propia actora, resultan contrarias al parámetro constitucional erigido a partir del principio precautorio, cuando dice así: \"La lógica, en este sentido, indica que lo más equilibrado hubiese sido una suspensión parcial, que limitara el área de extracción a sitios donde el riesgo ambiental fuese muy bajo, mientras se desarrollaban las investigaciones detalladas y la implementación de medidas más concretas para las operaciones del proyecto.\" (folio 330, la negrita y el subrayado no es del original). La lógica no es el único factor que impera, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, para la toma de decisiones en relación con medidas cautelares cuyo fin sea la protección del ambiente, pues juegan un papel más preponderante en esta materia la ciencia y la técnica. Y se ha reiterado ya, que el conocimiento científico en esta materia debe ser absolutamente certero, a efecto de descartar toda conexión entre el derecho cuyo disfrute se vería restringido con la medida y la afectación al ambiente en cualquiera de sus componentes. Obsérvese que el mismo profesional reconoce que sí existía un riesgo ambiental (aunque lo califique como bajo), y reconoce igualmente que no se contaba para ese momento con investigaciones detalladas, lo cual va en perfecta armonía con lo expuesto hasta ahora, puesto que de haber sido así, se habría tenido un panorama claro y cierto, en punto a determinar si había o no una relación de causalidad entre la actividad de la actora en el Tajo y la contaminación del acuífero. Ante tales circunstancias, es notable que lo procedente, conforme al principio precautorio y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, era suspender las labores en su totalidad, hasta tanto se contara con los estudios hidrogeológicos solicitados a la empresa y los que debía presentar SETENA y el ICAA, cada uno en su respectiva competencia. A la accionante le fue requerido la caracterización del acuífero, estudios hidrogeológicos, y la determinación de los niveles freáticos. Valga indicar que a pesar de haber presentado esos estudios, los mismos resultaron insuficientes en en relación con las características del acuífero (informe del Consejo Técnico Asesor en Minería citado en la resolución N°77, a folios 1104 a 1107 del tomo V del expediente administrativo), y en todo caso de acuerdo con el informe vertido por las geólogas Marlene Salazar y Sofía Huapaya (funcionarias de DGM), en el cual hicieron una revisión de los estudios de la empresa y de las instituciones antes citadas, se concluyó que en el frente oeste del Tajo no se descartaba el peligro de afectación al acuífero (oficio DGM-SD 20-2002, del 15 de enero del 2002 a folio 1070 del tomo V del expediente administrativo). Ello se hizo ver en la motivación de la resolución N°77 de las nueve horas del veintiocho de enero del 2002, mediante la cual la Dirección de Geología y Minas rechazó el recurso de revocatoria que presentó la demandante contra la resolución N°590. Así, en esa oportunidad se dijo: \"En el frente oeste, si bien es cierto que no se detectaron afloramientos del manto acuífero, no se debe omitir la irregularidad del flujo hídrico en el área y la carencia de información de esta. Por lo tanto se recomienda que la extracción en este sector, si se diera, sea mediante bloques de explotación previamente estudiado y con la caracterización del flujo hídrico subterráneo para determinar la cota máxima de explotación. Para esto el concesionario deberá de presentar la evaluación de reservas diferenciada por tipo de material y posibilidad de extracción, así como un plan y programa minero, con su respectivo cronograma,de la explotación por áreas y niveles, esto incluye la secuencia lógica y técnica del desarrollo, así como la presentación de los estudios de estabilidad de taludes correspondientes para los cortes a realizarse.\" (folio 1076 del tomo V del expediente administrativo). Es decir, en virtud de que los estudios hidrogeológicos de la actora eran incompletos en cuanto a caracterizar la profundidad del acuífero en las zonas que se pretendían explotar, no se descartaba que surgieran nuevos afloramientos incluso en el sector oeste, y que para permitirse la explotación en ese sector, se hacía necesaria información hidrogeológica más detallada y un plan de explotación minucioso y riguroso. En pocas palabras, aún y cuando la accionante no emitió argumento alguno para impugnar la resolución N°77, es claro que aún después de la medida cautelar, la información científica presentada por la concesionaria no permitía suprimir una posible conexión entre la actividad minera y la afectación al acuífero Colima, y en todo caso, la voluntad de la Administración no fue de la vedar toda posibilidad de realización de labores de extracción por parte de la empresa accionante, sino que tal situación estaba supeditada a que la propia interesada presentara información necesaria para garantizar la protección del tantas veces mencionado recurso subterráneo. Consecuentemente, estima el Tribunal, con base en todo lo expuesto, que la medida resultó proporcionada, en el tanto el beneficio que se pretendía alcanzar con la misma en favor de la colectividad, no era marcadamente superior a la restricción que se impuso a la accionante en el disfrute de su derecho real limitado. Por consiguiente, se rechazan las argumentaciones vertidas en ese sentido.-\n\n            X.- SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. La actora basa este reproche en el hecho de que, si bien para dictar una medida cautelar no se requiere de un procedimiento previo, en el momento en que se tuvo por probado que se había ocasionado un daño ambiental como consecuencia de conductas de la accionante, debió haberse seguido un procedimiento ordinario administrativo con oportunidad de defensa. Los alegatos no son de recibo. Entre la empresa actora y el Estado existía una relación jurídico administrativa, nacida con ocasión del derecho de concesión que el último le otorgó a la primera, permitiéndole desarrollar la actividad de explotación minera en la zona de Belén. Es precisamente dentro del ejercicio de esa concesión que surgió el hecho natural que motivó la adopción de la medida cautelar impugnada, misma que fue dictada por la Administración dentro del procedimiento correspondiente a la concesión (expediente 1547), al ser ése el marco legal preexistente. Lo anterior se trae a colación, por cuanto es claro que independientemente de la naturaleza de la relación aludida, el objeto de la medida precautoria consistía única y exclusivamente en la protección del acuífero Colima Superior, en tanto era un recurso hídrico susceptible de contaminarse a causa de las labores que realizaba la concesionaria en la zona por donde aquél discurría. De esta forma, tenemos que el contenido de la medida cautelar impugnada consistió en paralizar las labores de extracción y procesamiento de materiales, y solicitar estudios hidrogeológicos para determinar si era viable que la empresa demandante continuara con las obras en el área de concesión, todo de conformidad con el principio precautorio antes analizado. Nótese que la Administración invocó en respaldo de su actuar los artículos 219 y 226 de la Ley General de la Administración Publica, que permite que en casos como éste, donde existe un peligro grave e inminente para las cosas y las personas (el medio ambiente y la salud humana), en tanto se podía ocasionar daños de imposible reparación, se prescinda de la constitución de un procedimiento ordinario administrativo para poder emitir el acto administrativo tendiente a su protección. Consecuentemente, entiende esta Cámara que las acciones dispuestas para la determinación del posible daño ambiental que se hubiere podido generar en la zona concesionada,  no surgió como consecuencia de un acto sancionatorio, en el tanto no tenía por objeto la aplicación de un castigo a la demandante con ocasión de la comisión de alguna infracción administrativa previamente tipificada, sino que nace como consecuencia de un acto cautelar, que obliga al Estado a coordinar con las diferentes órganos y entes competentes en la materia ambiental, la implementación de todas las acciones establecidas en el ordenamiento que tiendan a proteger el recurso hídrico, y en tal condición, no participa de los supuestos establecidos en el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública, tal y como lo pretende hacer ver la accionante. Ante ese panorama, el Tribunal estima que no era preciso que se levantara un procedimiento administrativo ordinario para esos efectos. De cualquier forma, es claro que por regla de principio la ley especial prevalece sobre la general, y en este caso específico, por razón de la materia, el Código de Minería (Ley N° 6797) es ley especial, prevaleciendo por encima de la Ley General de la Administración Pública. Dicha norma contiene un título específico (XIII), en el cual se encuentran descritos y regulados los procedimientos atinentes a la materia de exploración o explotación de los recursos minerales, y es a través de dichos procedimientos que la Administración expresaría su voluntad en relación con las distintas solicitudes de concesión de aquellas actividades, así también como cuando éstas ya se encuentren en plena ejecución. El mencionado código no es omiso en regular el procedimiento recursivo que procede en contra de las resoluciones que dicte la Dirección de Geología y Minas, órgano competente en la materia, siendo que el actual artículo 94 (anteriormente artículo 90), dispone así: \"Contra las resoluciones que se dicten procederán los recursos de revocatoria y de revisión, ante la Dirección, y de apelación ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Contra la resolución que dé por agotada la vía administrativa, podrá interponerse acción contencioso administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del plazo de dos meses, salvo otras disposiciones de esta ley.\" Respecto de este numeral debe aclararse que en virtud de varias transformaciones que sufrió la estructura del Poder Ejecutivo entre los años 1980 y 1988, específicamente en lo relativo a las competencias ministeriales en materia de industria, energía, minas y ambiente, hoy día la Dirección de Geología y Minas pertenece al MINAET, anteriormente MINAE. Pues bien, conforme se desprende del expediente administrativo, la actora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N°590 aquí impugnada, en fecha 6 de agosto del 2001, recurso que fue  adicionado por escrito del 8 de agosto del mismo año, solicitando en esa oportunidad lo siguiente: \"Por ello solicitamos se proceda a levantar la suspensión del procesamiento beneficiado y se permita a mi representada continuar procesando los materiales que tenga en sus patios así como material que pueda adquirir en otras canteras.\" (folios 617 y 630 del expediente administrativo). La Dirección de Geología y Minas mediante resolución N° 703 de las nueve horas treinta minutos del cinco de setiembre del 2001, denegó la solicitud de levantamiento de la suspensión de labores de extracción y procesamiento en el área de la concesión. De dicho pronunciamiento apeló la concesionaria (aquí actora), siendo que por resolución N°R-1726-2001-MINAE, de las nueve horas del nueve de octubre del 2001, la Ministra de Ambiente y Energía dispuso rechazar el recurso de apelación con nulidad concomitante interpuesto por la accionante en contra la referida resolución N°703, y ordenando a la Dirección de Geología y Minas pronunciarse sobre el recurso de revocatoria presentado contra la resolución N°590. Cabe agregar que, pocos días después, mediante resolución N°784 de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de octubre del 2001 -aludida en considerandos anteriores- el citado órgano dispuso variar la medida cautelar y autorizó a la empresa accionante para utilizar el sistema de quebrado localizado al oeste del área concesionada hasta el 1 de junio del 2002. Mas tarde, por resolución N°077 de las nueve horas del veintiocho de enero del 2002, la Dirección de Geología y Minas resolvió el recurso de revocatoria incoado contra la resolución N°590, y tomando en cuenta el contenido de los estudios aportados por la empresa (Uno realizado por los hidrogeólogos Hugo Rodríguez y Alicia Gómez, y otro por los hidrogeólogos MarcelIino Losilla y Clara Agudelo), así como los realizados por SETENA: \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.\", el ICAA: \"Análisis del daño ambiental y otros, producto de la afectación del acuífero y la violación de las zonas de protección en el tajo Pedregal-Sistema de Puente de Mulas\", e inclusive los informes aportados por el Consejo Técnico Asesor en Minería; dispuso mantener vigente la orden de suspensión de las labores de explotación y las de procesamiento de material en el sector este de la concesión (folio 1144 del tomo V del expediente administrativo). Por resolución de las diez horas del veintinueve de abril del 2002, la Ministra de Ambiente y Energía conoció la apelación contra la resolución N°590, rechazando la misma y dando por agotada la vía administrativa (folio 1176). Como puede observarse, la empresa demandante tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa conforme las regulaciones procedimentales establecidas en el Código de Minería, y en tal sentido ejerció las posibilidades que le brindaba el ordenamiento para exponer sus argumentaciones técnicas a efecto de combatir la medida cautelar dispuesta, todas las cuales le fueron resueltas. Puede afirmarse que se han cumplido en este caso las garantías fundamentales del debido proceso exigidas por la jurisprudencia constitucional, esto es, derecho a ser oído, oportunidad para presentar argumentos y pruebas, acceso a la información y los antecedentes, derecho a obtener asesoría, notificación de las decisiones tomadas y derecho de recurrir la decisión tomada. Siendo así, se rechazan los argumentos de la actora en relación con la aparente la violación al debido proceso, no advirtiéndose ninguna nulidad absoluta por este motivo.-\n\n            XI.- EN CUANTO A LA FALTA DE MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN N°451. Afirma la actora que el motivo de la resolución N°451, mediante la cual se extinguió la concesión de la cual gozaba, lo fue el incumplimiento de la resolución N°590 y de la resolución N°784. Que en virtud de que de las mencionadas resoluciones adolecen de vicios de nulidad absoluta, las mismas eran ineficaces de acuerdo con nuestro ordenamiento. En ese tanto, argumenta que la resolución N°451 carece de motivo legítimo, por cuanto está imputando a la demandante el incumplimiento de una medida que era ineficaz. Los alegatos no son de recibo. Evidentemente todo acto administrativo absolutamente nulo no puede ejecutarse por disposición legal, y ordenar su ejecución daría lugar a responsabilidad de la Administración y del funcionario que así lo hiciere (artículos 146.3, 169 y 170 LGAP). En el caso concreto, el Tribunal no ha encontrado que los motivos alegados por la demandante para sustentar la invalidez de la resolución N°590 fueren procedentes, y en esa medida se debe presumir que el acto cuestionado era legalmente válido así como ejecutable, esta última condición en virtud de la ejecutoriedad de los actos administrativos (artículos 146 y siguientes de LGAP). Siendo así, se estima que la resolución N°451 gozaba de motivo legítimo, en el tanto tuvo por tal el incumplimiento incurrido por la actora respecto de las disposiciones que fueron establecidas por la Dirección de Geología y  Minas, en la medida cautelar expresada en la resolución N°590, que como se dijo, se presume válida y eficaz para todos los efectos. En consecuencia, se desestiman los reproches formulados en este sentido.-\n\n            XII.- SOBRE LA INVOCADA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA EN LA RESOLUCIÓN N°451. Argumenta la actora que la resolución N°451 corresponde a una sanción administrativa rescisoria. Que para ello debe existir una norma de rango legal, que de previo a la conducta que se sanciona, la tipifique y la haga posible. Por lo anterior, señala que en el caso concreto hay una falta de fundamentación jurídica, pues no existe base legal para declarar la caducidad de una concesión, por la conducta de desobedecer una orden cautelar de suspensión de la actividad extractiva. No lleva razón en sus alegatos. No participa este Tribunal de la tesis que plantea la accionante, por cuanto no se considera que el acto expresado mediante la resolución N°451 corresponda a uno de naturaleza sancionatoria. En primer lugar, de haber querido el legislador que la cancelación fuese una sanción, la hubiere  previsto expresamente en el capítulo II, del Título XVII, correspondiente a las infracciones y sanciones administrativas, donde están descritas las hipótesis legales que dan lugar a distintas consecuencias jurídicas a título de sanción (por ejemplo la imposición de multas) . Por otra parte, una sanción constituye un mal inflingido por la Administración a una persona física o jurídica, como consecuencia de haber cometido una conducta ilegal, y previamente tipificada como tal (infracción). La Administración la impone en el ejercicio de su potestad punitiva inherente, y con ello se procura el bienestar de la colectividad, mediante la protección de determinados bienes jurídicos que se estiman necesarios para el mantenimiento del orden, la seguridad y la paz sociales. En el caso concreto, el actuar de la Administración no se enmarca en el ejercicio de esa potestad sancionadora, en el tanto no estamos ante un hecho tipificado como infracción, sino que se trata de un derecho a título precario (derecho real limitado sobre dominio público), por cuanto el Estado es el titular del dominio absoluto de todos los recursos minerales del territorio nacional (artículo 1 Código de Minería), y por medio de la concesión de explotación, autoriza a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, a realizar actividades de explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las condiciones y requisitos que establece el Código de Minería, su reglamento y las leyes especiales (artículo 12 Código de Minería).  En el marco de esa relación jurídico administrativa, le asisten al concesionario una serie de obligaciones que está compelido a cumplir, y cuya desatención genera, de pleno derecho, la cancelación de aquél derecho limitado. Dentro de ellas destacan las relativas a la protección del ambiente, y en tal sentido se transcriben en lo que interesan las siguientes normas del Código de Minería:\n\nArtículo 34. \"El titular de una concesión de explotación estará obligado a:\n\n ...\n\nch) Elaborar un estudio completo sobre el impacto ambiental del proceso de explotación, que cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 97; y cumplir con las normas que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables.\n\n...\n\nf) Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamento, y en la resolución de otorgamiento de la concesión.\"\n\n\"Artículo 67 (anteriormente 63). La concesión de explotación podrá ser cancelada, si el titular no cumple con las condiciones estipuladas en la resolución de otorgamiento, de acuerdo con esta ley y su reglamento, en especial en los siguientes casos:\n\n...\n\nch) Si no se hubieren cumplido las normas legales y reglamentarias que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables.\"\n\n\"Artículo 101 (anteriormente 97). Los titulares de un permiso de exploración o de una concesión de explotación, están obligados a cumplir con todas las normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley. \"\n\n\"Artículo 102 (anteriormente 98). Prohíbese toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que están destinados.\" (la negrita no es del original).\n\nUna interpretación armónica de estas normas en relación con el artículo 50 constitucional, confirma, sin lugar a dudas, que con mucha mayor razón, dentro de una relación de concesión, el medio ambiente se erige como un interés superior que está por encima de cualquier interés privado, su protección es de obligada observancia y están prohibidas todas las acciones que puedan implicar un daño a ese bien jurídico. Cualquiera conducta de un concesionario que resulte contraria a ése interés superior y que no se ajuste a las medidas que en su oportunidad se dicten para protegerlo, generará en cabeza del Estado la potestad de cancelar la concesión, en el tanto el Estado es el titular del dominio de todos los recursos minerales del territorio nacional, y además le asiste un deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por así mandarlo la Constitución Política en su artículo 50 en relación con el 21 (derecho a la salud). Por supuesto, en resguardo del debido proceso, para lo anterior se debe cumplir con el procedimiento especial previsto en el párrafo final del actual artículo 67 del Código de Minería (anteriormente artículo 63), según el cual, la Dirección de Geología y Minas realiza un estudio, le otorga plazo a la concesionaria para que se emita sus justificaciones o cumpla con sus obligaciones. Posteriormente, se analiza lo actuado por la concesionaria y de considerarse procedente, el asunto se lleva a conocimiento del Ministro. Éste estudia el mismo y decide si otorga o no un nuevo plazo no mayor de tres meses, de lo contrario la Dirección dicta la resolución de cancelación. En el caso bajo examen, ello fue lo que ocurrió, la concesionaria incumplió las medidas precautorias de suspensión de obras que le había impuesto la Dirección de Geología y Minas cuyo objeto era proteger el acuífero Colima (ver informe en memorandum DGM-DC-399-2002 a folio 1372 del tomo VI del expediente administrativo y criterio en memorandum DGM-OD-644-2002 a folio 1404 del mismo tomo). Tal incumplimiento se verificó en el tanto la actora realizó posteriores extracciones de material y lo procesó, lo cual no ha sido negado en este proceso, y más bien, lo reconoce abiertamente, cuando argumenta que para ese momento no existía norma que tipificara el incumplimiento de una medida cautelar con la \"sanción\" de cancelación. En la especie, se siguió el procedimiento antes aludido, y se decidió cancelar la concesión que se le había otorgado a la empresa accionante. Desde el punto de vista jurídico material, se estima que el incumplimiento en el que incurrió la actora respecto de las medidas cautelares en favor del ambiente, constituía motivo suficiente y amparado en la normativa legal y constitucional para cancelar el derecho de concesión de explotación. Las razones que hubiere podido tener la demandante para violentar esas medidas no son acciones sustentadas en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto, habrán de rechazarse sus argumentos, como en efecto se hace.-\n\n            XIII.- SOBRE LA ADUCIDA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ADECUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD EN LA RESOLUCIÓN N°451. En consideración de la actora, de acuerdo con los principios de adecuación y proporcionalidad, para el cumplimiento forzoso de un acto la Administración debe adoptar aquella medida que esté acorde con su contenido y en grado suficiente para asegurar el fin perseguido. Señala que en el caso concreto, ante el incumplimiento de la medida cautelar, la Administración debió valorar la naturaleza del incumplimiento considerando que: el aprovechamiento del material no implicó voladuras en el frente de explotación, que se trató de actividades de procesamiento de material que había sido extraído del sector oeste antes de la suspensión de sus actividades, que dicho sector no se observa intervención en el manto acuífero, que el concesionario había hecho ver en repetidas ocasiones la necesidad de procesar material  para cumplir con las obras públicas en curso al momento de la adopción de la medida cautelar, y la inexistencia de daño ambiental alguno producto de la desobediencia de la suspensión. Y por otro lado, aduce que la Administración debió evaluar, conforme la medida cautelar cuyo cumplimiento forzoso se buscaba, la opción que asegurara la menor lesión posible sin dejar de proteger el recurso hídrico. Concluye que de haber sido así, ello hubiera dado lugar a otras medidas de cumplimiento como el decomiso de bienes, la clausura de establecimientos, etc., pero no una sanción rescisoria capaz de afectar familias y daños y perjuicios. Los alegatos no son de recibo. La actora pretende calificar la cancelación de la concesión (resolución N°451) como si fuere un medio de ejecución de la resolución N°590, es decir, como si tratara de la actuación por medio de la cual la Administración logró ejecutar coactivamente aquel acto de naturaleza cautelar (artículos 146 y siguientes LGAP). No obstante, atendiendo a sus características, la resolución N°451 no es una mera actuación de naturaleza ejecutiva, es un acto administrativo independiente de la medida cautelar, que cuenta con un motivo, un contenido y un fin, y se encuentra debidamente fundamentado. Es un acto final que da por terminada la relación jurídico administrativa surgida con ocasión del derecho de concesión (derecho real limitado), que se produce por el incumplimiento de la concesionaria de las disposiciones que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos renovables (sea, la protección del ambiente que es un interés superior de rango constitucional e internacional), y para lo cual se requiere el previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 67 del Código de Minería. En tal sentido, tenemos que si bien el motivo de la resolución N°451 lo es el incumplimiento aceptado por la actora de las medidas establecidas en la resolución N°590 (ver oficio N°DC-399-2002 del 21 de junio del 2002), no por ello se constituye en un medio de ejecución de ésta última, y en tal caso no son aplicables las normas relativas a la ejecutoriedad de los actos. Desde ese punto de vista, se estima que la cancelación emitida por la Dirección de Geología y Minas no resultó ser una conducta arbitraria, en la medida que respondió al propio incumplimiento de la accionante respecto de las disposiciones adoptadas por la Dirección de Geología y Minas mediante las resoluciones N°590-2001 y 784-2001, para la protección y conservación del medio ambiente, amparadas en el principio precautorio y que fueron incumplidas por la actora. Consecuentemente, se rechazan los alegatos vertidos en este sentido.-“\n\n           \n\n \n\n \n\n... Ver más\n\nOtras Referencias: Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del NorteProtocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000.Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo del medio ambiente Estocolmo, 1972, principio 2. Declaración Ambiente y Desarrollo Rio 1992, principio 15. Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11.\n\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Objetivos de Desarrollo Sostenible\nTexto de la resolución\n\nEXPEDIENTE: CED119216\n\nPROCESO: ESPECIAL MINERO\n\nACTOR: Nombre150891  . Y OTROS\n\nDEMANDADO: EL ESTADO\n\nNº  53-2009\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN NOVENA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, a las quince horas  veinte minutos del treinta de junio del dos mil nueve.-\n\n            Proceso especial minero promovido por Productos Pedregal S.A., con cédula de persona jurídica número CED60080; Asfaltos Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED31656; Bloques Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED60082; Concretos Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED60081; Constructora Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED119217; Corporación Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED119218; Quebradores Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED22952; Transportes Pedregal S.A., cédula de persona jurídica número CED119219 y Servicios y Acarreos Belén S.A., cédula de persona jurídica número CED119220, todas representadas por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Nombre150892  , mayor, casado, empresario, vecino de Belén, cédula número CED111300, contra El Estado, representado por el Procurador Julio Jurado Fernández, mayor, casado, abogado, vecina de San José, cédula de identidad número CED48253.-\n\nRESULTANDO\n\n            1-Que fijada en definitiva la cuantía de este asunto como inestimable (folio 810), con base en los hechos que expone y las citas legales aducidas, la demanda es para que en sentencia se declare: \"a.- Se anulen por manifiesta infracción al Ordenamiento Jurídico Administrativo, las resoluciones impugnadas, así como cualquier otro acto administrativo o actuación material, derivadas o en conexión con éstas; b.- Se reconozca la situación jurídica individualizada de la actora, Productos Pedregal, s.a.(sic) como concesionaria en los términos originalmente definidos mediante la resolución mencionada en el hecho 7 de esta demanda; c.- Se ordene la indemnización de los daños y perjuicios que las resoluciones ocasionaron a las actoras en los términos liquidados en esta demanda o los que sean probados en la fase probatoria; d.- Se condene en ambas costas al Estado.\" (folio 350).-\n\n            2.- El Estado contestó en forma negativa la acción, interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y la defensa de caducidad (el Despacho emitió pronunciamiento a folios 801 y 816), pidiendo que en sentencia se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, con condena a la parte actora del pago de las costas del proceso (folios 753 a 788).-\n\n            3.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de rigor, no se observan vicios que impliquen nulidad ni indefensión para las partes, y se dicta la resolución dentro del plazo que permite las labores del Despacho, previa deliberación de rigor.\n\n            Redacta el Juez González Segura.\n\nCONSIDERANDO\n\n            I.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes:\n\n1) Que por resolución de las 13:00 horas del 29 de agosto de 1983, la Dirección de Geología y Minas resolvió la solicitud de concesión formulada por Productos Pedregal S.A., de explotación de cantera, en los terrenos de su propiedad, ubicados en los distritos primero San Antonio de Belén y Tercero Asunción, Dirección18586  , Provincia de Heredia, indicando que en la tramitación se cumplió con los requisitos exigidos en el Código de Minería, y remitiendo las diligencias ante el Ministro para su respectivo otorgamiento. Por resolución N°27-83 MIEM, de las 10:00 horas del 5 de setiembre de 1983, el Ministro de Industria, Energía y Minas resolvió otorgar al señor Nombre150893   la concesión solicitada por el plazo de 25 años, en su carácter de Presidente de la compañía Nombre150891  . (folios 33 y 151 del tomo I del expediente administrativo).-\n\n2) Que el Dirección18587     funcionarios del ICAA, de SENARA, del Ministerio de Salud y de la Dirección de Geología y Minas, realizaron una inspección en el área de concesión correspondiente al expediente N°1547 Tajo Pedregal, a solicitud del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 601 del tomo III del expediente administrativo).\n\n3) Que como consecuencia de la visita de campo anteriormente indicada, la Subdirectora General M.Sc. Marlene Salazar Alvarado, la Geóloga Licda. Ana Sofía Huapaya y el Ingeniero Forestal Ing. Edgar Sandí, todos de la Dirección de Geología y Minas, mediante Memorandum DGM-DC-803-2001, del Dirección18587    , rindieron informe al Director General, que literalmente dice: “Siguiendo sus instrucciones a fin de atender solicitud presentada por el presidente ejecutivo de ICAA Ing. Rafael Villalta y en compañía de funcionarios del Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), así como representantes de la empresa Productos Pedregal S.A., se acudió a inspeccionar el área que corresponde al expediente N° 1547, ubicado en el distrito Dirección18588°  , Dirección18589°    ° , Provincia de Heredia, cartográficamente localizada entre las coordenadas 216000-219000 Norte y 516000-518000 Este de la hoja Abra 3345 del I.G.N. (fig. n° 1). OBSERVACIONES HECHAS EN EL CAMPO. 1. Pozos de captación  del ICAA. El mismo existe desde hace más de diez años y la galería se localiza aproximadamente a un metro del suelo. Actualmente esta inmerso dentro de área de la planta procesadora y carece de las medidas protectoras que aseguren la calidad del agua (vulnerabilidad a filtración de aguas superficiales y químico e hidrocarburos provenientes de la maquinaria existente en dicha planta). 2. Primer Frente de extracción. Ubicado al extremo Este de la concesión. Se observó un frente de remoción de material reciente, con taludes de 15 a 20 metros de altura y en los niveles inferiores de dicho talud se observó el afloramiento del manto acuífero, con un caudal regular que fue drenado o encausado en dirección al Río Virilla, lo que podría evidenciar efectivamente el rompimiento del nivel freático producto de las labores de remoción. Es importante mencionar que a lo largo de la base del talud por sectores, se observa zanjas completamente cubiertas de material adquiriendo una consistencia suanposa poniendo en evidencia la saturación del agua en el área. Diagonal a este mismo frente es evidente la presencia de un relleno de dimensiones considerables (tomamos como medida de profundidad el hundimiento de piernas de los funcionarios de la  D.G.M., estas se aproximan a 55 centímetros). 3 Áreas de Protección. Se observó la alteración de la zona de protección establecido en el artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal 7575. Así mismo la siembra reciente de 41 árboles de Laurel de la India y tres de Cedro sobre un relleno a la margen izquierda. 4. Segundo frente de extracción. Ubicado al extremo Oeste de la concesión. Según lo manifestado por el concesionario es el frente actual de extracción. En sus perfiles se observó el afloramiento de las ignimbritas de Puente Mulas el cual representa un acuicierre (según el geólogo regente de la concesión). En este no se observa intervención en el manto acuífero. Se realizaban labores de arranque de material. Adicionalmente, se emitieron las siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES. 1. De las observaciones se desprende la afectación del acuífero Colima Superior en el sector Este del área concesionada. 2. De acuerdo al artículo 33  inciso a) de la Ley Forestal 7575 se afectó la zona de protección. 3. Incumplimiento del artículo 8 y 11 de la Ley de Biodiversidad 7788, todo lo anterior pone de manifiesto el impacto Ambiental negativo trayendo consigo una externalidad negativa. RECOMENDACIONES: 1. Para comprobar la información suministrada a esta Dirección respecto a la realidad in situ y determinar exactamente el área afectada, la Dirección de Geología y Minas procederá a la comprobación de cotas de los niveles de explotación y las medidas de avance de los  frentes de explotación, verificación del punto de rompimiento del acuífero, determinación de las áreas suanposas revisión de programa de explotación  versus últimos informes de labores y otros estudios técnicos presentados a la D.G.M., para lo cual la empresa deberá nombrar un topógrafo a efecto que la comprobación se realice en forma conjunta. 2. La empresa deberá suministrar la caracterización del acuífero en el área de la concesión, estudio hidrogeológico y determinación de los niveles freáticos tomando en consideración la irregularidad del acuífero en la zona, para determinar las cotas mínimas de extracción del material en la concesión. 3. La Nombre3456 y el ICAA, deberán valorar el daño ambiental producto de la afectación del acuífero y de la violación de las zonas de protección, así como cualquier otro daño que estimen conveniente. 4. Se recomienda la suspensión inmediata de labores de explotación y procesamiento de materiales en la empresa Pedregal S.A. hasta tanto la misma cumpla con lo recomendado en los puntos 1 y 2.”   (folios 602 a 605 del tomo III del expediente administrativo).\n\n4) Que con base en el informe indicado en el hecho inmediato anterior, la Dirección de Geología y Minas, mediante resolución Nº 590 de las 15:30 horas del tres de agosto de 2001, consideró y resolvió lo siguiente: \"CONSIDERANDO. 1) Según consta en el expediente administrativo N°1547, por resolución de las 10:00 horas del 5 de setiembre de 1983, se otorgó concesión de explotación de cantera a favor de la empresa Nombre150891  . representada por el señor Nombre150893    por un plazo de 25 años. 2) De acuerdo con el oficio DGM/DC 803-2001 suscrito por los funcionarios MSc. Marlene Salazar Alvarado, Geól Sofía Huapaya e Ing. Edgar Sandí, las labores de explotación de la cantera, ha causado daños al ambiente, perjudicando la captación de agua de la toma denominada Puente de Mulas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En ese sentido debemos recurrir al artículo 1 de la Ley N°1643 del 18 de setiembre de 1953, Ley General de Agua Potable, que establece: \"... Se declaran de utilidad Pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República\", artículo que debemos concordar con el artículo 1° de la Ley General de Salud N° 5395 que establece \"... La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado\". 3) El Código de Minería es claro en cuanto a la competencia de la Dirección de Geología y Minas al establecer en el artículo 93 del Código de Minería, la obligación de la Dirección de Geología y Minas de \"... ch) Asesorar e inspeccionar las actividades mineras nacionales ... \" y \"... h) Aplicar y velar porque se aplique la legislación minera, especialmente en lo relacionado con la tramitación de los permisos y concesiones, y con su ejercicio o extinción. Siendo una responsabilidad de la Dirección y en general del Ministerio de Ambiente y Energía, el velar porque se aplique la legislación minera, especialmente en lo relacionado con la tramitación de permisos y concesiones, y con su ejercicio o extinción; así como la obligación de todo concesionario contenida en el inciso g) del artículo 34 del Código de Minería  que indica: \"... g) Explotar, racional y efectivamente, el o los yacimientos otorgados en concesión ...\" Aunado a lo anterior, como lo indicó la Sala Constitucional en Voto N°6443-93 del tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, es responsabilidad del Estado el velar por sus recursos como un \"Buen Padre de Familia\". Sin omitir que la protección ambiental ha sido elevada a rango constitucional, artículo 50 de la Constitución Política, y en reiterados votos la Sala Constitucional ha establecido el deber del Estado de procurar su protección. \"... El derecho al ambiente es un derecho fundamental  y es obligación del Estado el procurar su protección ...\" (Voto 503-94); \"... La protección del ambiente, debe encaminarse a su utilización adecuada e integrada con sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, para ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y venideras ...\" (Voto 1394-94); \"... es al Estado al que le compete  velar porque se sigan las normas y procedimientos oportunamente, asegurando así el bienestar y protección de toda la comunidad ...\" (Voto 1758-94). 4) En materia ambiental debe prevalecer el principio precautorio o indubio pro natura tal y como lo establece el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. Además el artículo 98 del Código de Minería establece: \"... Prohíbase toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a los que están destinados.\" 5) De conformidad con los artículos 219 inciso 1 y 226 inciso 1° de la Ley General de la Administración Pública, se puede en casos de urgencia y para evitar daños a las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento sustitutivo especial. Máxime tratándose de explotación de recursos naturales no renovables, que le pertenecen al Estado de conformidad con el artículo 1° del Código de Minería, y que éste se otorga en Concesión al administrado quien tiene la obligación de explotarlos en forma racional. En virtud de lo anterior, se considera necesaria la INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LABORES DE EXPLOTACION Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA QUE SE EXPLOTA EN EL ÁREA DEL EXPEDIENTE N# 1547. (...) POR TANTO: De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política, 1º 3º, 34 inciso g), 93 y 98 del Código de Minería, 11 de la Ley de Biodiversidad, 1º de la Ley General de Salud y 1º de la Ley General de Agua Potable se resuelve: a) se ordena la INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LABORES DE EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA que desarrolla la sociedad Nombre150891  . en el área de concesión del expediente administrativo Nº1547. B) Se concede un plazo de\n\n\ndías hábiles a la empresa Nombre150891  . para que cumpla con la presentación de los estudios y recomendaciones emitidas en el oficio DGM/DC 803-2001 transcrito en la presente resolución. Se advierte que de no presentar lo requerido, se procederá conforme lo establece el último párrafo del artículo 63 del Código de Minería. C) Notifíquese la presente resolución a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con el fin de que procedan a elaborar los informes requeridos en la presente resolución. Se advierte a la empresa Nombre150891  . que de conformidad con los artículos 146 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, el acatamiento inmediato de la orden emitida es obligatorio. Contra la presente resolución, cabe los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con el artículo 90 del Código de Minería y dentro del plazo de (sic) establecido en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública.- Además el recurso de revisión de conformidad con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública. Comuníquese” (folios 607 a 613 del tomo III del expediente administrativo).-\n\n5) Que la empresa concesionaria, por escrito presentado el 6 de agosto del 2001, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución N°590 indicada anteriormente, solicitando a su vez el levantamiento de la medida de suspensión de las labores de procesamiento, y que se le permitiera continuar procesando los materiales que tenía en sus patios así como el material que se pudiera adquirir en otras canteras. Dicho recurso fue adicionado mediante escrito presentado por la concesionaria el 8 de agosto del 2001 (folios 615 a 617 y 627 a 630 del tomo III del expediente administrativo).-\n\n6) Mediante resolución N° 703 de las 9:30 horas del 5 de setiembre del 2001, la Dirección de Geología y Minas, rechazó la solicitud de levantamiento de la medida de suspensión de labores en el Tajo (folios 697 bis a 699 bis del tomo IV del expediente administrativo).-\n\n7) Por escrito presentado el 10 de setiembre del 2001, la empresa concesionaria interpuso recurso de apelación con nulidad concomitante en contra de la resolución indicada en el hecho inmediato anterior (folios 709 a 718 del tomo IV del expediente administrativo).-\n\n8) Mediante resolución N° R-1726-2001-MINAE, de las 9:00 horas del 9 de octubre del 2001, dictada por la Ministra de Ambiente y Energía, se resolvió la apelación interpuesta contra la resolución N° 703 que rechazaba la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, y en su parte dispositiva dispuso así: \"POR TANTO. 1. Se rechaza el recurso de apelación con nulidad absoluta concomitante interpuesto por la empresa Nombre150891  . contra la resolución 703 de las 9:30 del 5 de setiembre del 2001, emitida por la Dirección de Geología y Minas. 2. Proceda la Dirección de Geología y Minas a pronunciarse sobre el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución 590 de las 15:30 del 3 de agosto de 2001. 3. Se da por agotada la vía administrativa. 4. Notifíquese a la parte recurrente y a la Dirección de Geología y Minas.” (folios 956 a 959 del  tomo V del expediente administrativo).-\n\n9) En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución N° 590 (medida cautelar), el 17 de setiembre del 2001, la Nombre3456 presentó el estudio denominado: \"Valoración del Daño Ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la Empresa Productos Pedregal S.A.\", el cual en sus conclusiones dice: \"... VIII. Conclusiones. Basado en la investigación realizada por el equipo técnico designado por esta Secretaría, se llega a las siguientes conclusiones: Se comprobó daño ambiental en los siguientes factores: 1. Zona de protección del Río Virilla. a. Se removió una franja aproximada de 300 m lineales de vegetación en el sector oeste de la concesión. b. Por las diversas actividades en el Tajo se irrespetó la franja de 50 m a lo largo del río, lo que impidió su recuperación natural o por reforestación. El área total correspondiente a zona de protección es de 73500m2. 2. Río Virilla. a) Se dio arrastre de sedimentos e hidrocarburos hacia el río Virilla, alterando negativamente sus calidades fisicoquímicas. 3. Aguas subterráneas. a) La exposición del acuífero Colima Superior es un daño irreversible al medio ya que es imposible volver a la situación inicial. 4. Paisaje. a) La labor extractiva, las explosiones y los derechos sólidos causan un alto impacto negativo sobre el paisaje. b) La extracción en los frentes Oeste y Este presentan taludes con ángulos de 90 grados y sin bermas. 5. Salud Pública. a) El Tajo Pedregal, por acciones de extracción, explosiones, quebrado, proceso de producción de mezcla asfáltica, proceso de producción de blocks, disposición de aguas negras y el taller, es responsable parcial de afectaciones a la salud pública generadas por polvo, ruido y vibraciones. Se determinó un posible daño ambiental en los siguientes factores: 1. Río Virilla. a. La acumulación de concreto que se encuentra dentro del lecho del río puede producir un cambio en el comportamiento de la capacidad hidráulica de su cauce. 2. Toma Zamora. a. La Planta de Concreto, la Planta de Asalto, la Planta de Tratamiento y la fábrica de blocks están invadiendo la Zona de Protección de la Toma Zamora, lo que incrementa la vulnerabilidad a la contaminación y al daño estructural. 3. Aguas Subterráneas. a. La apertura del acuífero en el frente Este podría estar ocasionando disminuciones en la descarga de agua a nivel local. b. El acuífero Colima Superior presenta alta vulnerabilidad debido a su exposición y por contar con una protección, a lo sumo de 2 m de  profundidad en toda el área del pit. c. Las eventuales inundaciones y la presencia del quebrador del sector este, acumulaciones de áridos y acumulaciones de restos asfálticos que están en la Zona de Protección del manantial, son posibles fuentes de contaminación, no solo microbiológica sino química. 4. Salud ocupacional. a. Los ángulos de 90 grados ponen en peligro latente la vida de los trabajadores. b. La constante generación de polvo y partículas debidas a la extracción, explosiones, quebrado, planta de asfalto y fábrica de blocks, pueden causar afecciones respiratorias a los trabajadores de planta.\" (folios 365 a 390 del tomo I del expediente judicial y 858 del tomo IV del expediente administrativo).-\n\n10) Por resolución N° 623-2001, de las 14:00 horas del 27 de setiembre del 2001, la Nombre3456 dispuso los siguiente en lo que interesa: \"...Para esta Secretaría es claro que la ubicación actual de las actividades industriales de la empresa chocan con restricciones de interés público que se establecen atendiendo la protección del recurso agua. Estas restricciones, analizadas en su conjunto, y atendiendo a la existencia de un manto acuífero expuesto en la zona, evidencian que su protección integral pasa necesariamente por una integración de normas que busquen, precisamente, la mayor protección posible de la zona ... Tomando en cuenta el contenido del informe PREIA 438-2001-SETENA y considerando que, en las condiciones actuales, la zona muestra una alta vulnerabilidad, la Comisión Plenaria concluye que el sitio donde se desarrolla el proceso industrial y comercial de la empresa Nombre150891  . (planta de asfalto, de concreto, de bloques, quebradores, talleres y otras instalaciones) no es apto ambientalmente para su funcionamiento. POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL ACUERDA: Ordenar a la empresa el cierre técnico escalonado de todas las actividades industriales y comerciales que se lleven a cabo en el sitio, proceso que se realizará mediante un Plan de Gestión de Cierre ...\" (folios 913 a 920 del tomo V del expediente administrativo).-\n\n11) Por resolución N° 784 de las 9:40 horas del 16 de octubre del 2001, emitida por la Dirección de Geología y Minas, se modificó parcialmente la medida cautelar dispuesta en la resolución N° 590, indicándose lo siguiente: \"... La decisión de levantar parcialmente la suspensión dispuesta en la resolución # 590 no implica, como es obvio, un adelantamiento del criterio que deberá vertirse al momento de conocer los recursos de revocatoria que contra la misma se ha interpuesto por parte del apoderado especial de la empresa concesionaria. Por el contrario, y atendiendo a la naturaleza de las competencias de esta Dirección, tal y como lo reconoce el apoderado especial de la concesionaria, es oportuno autorizar las labores solicitadas de procesamiento en el sector indicado a resultas de lo que en definitiva venga a resolver este órgano con posterioridad a la valoración de los criterios técnicos que se han hecho llegar al expediente. Esta decisión, igualmente, puede suponer ciertas condiciones en cuanto a la forma en que opera tal quebrador, avalado en las consideraciones de in dubio pro natura y competencias técnicas encargadas de esta Dirección, tal y como se desprende del artículo 34 supra citado. POR TANTO: De conformidad con los artículos 1, 34, y 93 del Código de Minería, resolución #623-2001-SETENA y memorándum DGM/DC-1018-2001 se resuelve: Levantar parcialmente la suspensión de labores ordenada mediante resolución #590 de las quince horas treinta minutos del 3 de agosto del 2001 autorizándose a Nombre150891  . la utilización del sistema de quebrado localizado al Oeste del área concesionada entre coordenadas 217300-217-400 Norte y 516600-516800 Este hasta el día 1 de junio del 2002 como lo indicó la resolución #623-2001-SETENA de las catorce horas del 27 de setiembre del 2001. En lo demás se mantiene lo ordenado en dicha resolución.- Deberá la concesionaria cumplir con lo requerido en el memorándum DGM-DC-1018-2001 transcrito en el Considerando cuarto de la presente resolución. Se advierte al concesionario que de no cumplir con los requisitos establecidos en el oficio DGM/DC 1018-2001 y dentro de los plazos establecidos en el mismo, se procederá a revocar el levantamiento de la suspensión de procesamiento, dictada por esta resolución…” (folios 935 a 943 del tomo V del expediente administrativo).-\n\n12) El 4 de setiembre del 2001, el ICAA presentó el estudio solicitado por la Dirección de Geología y Minas en la resolución N°590, denominado \"Análisis de daño ambiental y otros, producto de la afectación del acuífero y la violación de las zonas de protección en el Tajo Pedregal - Sistema de Puente de Mulas\" (folios 476 a 708 del tomo I del expediente judicial, folio 700 del tomo IV del expediente administrativo y 1132 del tomo V del expediente administrativo).-\n\n13) El 3 de octubre del 2001 la empresa concesionaria presentó los estudios hidrogeológicos requeridos por la resolución N°590, denominados: \"Estudio Hidrogeológico en el área del tajo de Nombre150891  . y sus alrededores\", llevado a cabo por M.Sc. Nombre150894  y Lic. Nombre150895   e \"Hidrología del área del Puente de Mulas y Tajo Pedregal\", elaborado por M.Sc. Nombre150896  . y M.Sc. Claudia Agudelo (folio 893 del tomo IV del expediente administrativo y documentos empastados y presentados fuera del expediente administrativo con aquélla denominación).-\n\n14) Mediante resolución N° 077, de las 9:00 horas del 28 de enero del 2002, la Dirección de Geología y Minas rechazó el recurso de revocatoria que había interpuesto la concesionaria contra la resolución N° 590 (medida cautelar).  Para el dictado de este acto, se tomó en cuenta como fundamento del mismo los siguientes informes: a) oficio DGM/DC 842-2001, del 22 de agosto del 2001, de la Dirección de Geología y Minas, suscrito por la Geóloga Sofía Huapaya, el Ing. Forestal Edgar Sandí y el Ing. Topógrafo Jorge Delgado, informe denominado: \"Valoración técnica del estado actual del Tajo Pedregal Expediente N°1547\"; b) Documento denominado \"Análisis del daño ambiental y otros producto de la afectación del acuífero y la violación de las zonas de protección en el Tajo Pedregal - Sistema de Puente de Mulas\", preparado por el ICAA; c) Documento denominado \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A. Expediente Minero 1547\", preparado por SETENA; d) Dictamen de consulta realizada sobre el caso del Tajo Pedregal expediente 1547, del 27 de setiembre del 2001, elaborado por el Consejo Técnico Asesor en Minería del Poder Ejecutivo; e) Dictamen de consulta realizada sobre el caso del Tajo Pedregal expediente 1547 (segundo informe), del 19 de noviembre del 2001, emitido por el Consejo Técnico Asesor en Minería del Poder Ejecutivo; f) Los estudios hidrogeológicos presentados por la empresa concesionaria; y g) oficio DGM/DC 20-2002 del 15 de enero del 2002, suscrito por las geólogas Marlene Salazar y Sofía Huapaya, mediante el cual analizan toda la anterior documentación y emitieron un informe que en lo que interesa dice: \"... ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS. De los estudios hidrogeológicos presentados se concluye que falta información detallada para definir los parámetros que definen las condiciones en que podría llevarse a cabo una explotación en esta concesión. La Dirección concuerda con algunas conclusiones a que llega la empresa, como el de ser necesaria más investigación que justifique pasos posteriores de explotación. ANÁLISIS DEL DAÑO AMBIENTAL Y OTROS, PRODUCTO DE LA  AFECTACIÓN DEL ACUÍFERO Y LA VIOLACIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN EN EL TAJO PEDREGAL - SISTEMA DE PUENTE DE MULAS ICAA. Con base en los estudios elaborados por el ICAA se concluye que no hay prueba fehaciente que indique específicamente que la empresa Pedregal S.A., haya provocado con su operación  en el tajo la contaminación de la Fuente Zamora. Es alta la vulnerabilidad del Acuífero Colima Superior a posibles contaminaciones debido a los procesos de extracción y beneficiamiento  de los recursos minerales. INFORMES APORTADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO ASESOR EN MINERÍA EN RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA SOBRE EL CASO DEL TAJO PEDREGAL (SETIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2001). De estos informes se concluye: 1. Con el avance de la explotación aumenta el riesgo de alterar aún más el acuífero en el bloque C y en el sector Este, solo se podría trabajar en la zona Oeste previo a que se estudie la zona en cuanto a la realidad hidrogeológica y se presente un plan adecuado de explotación. 2. La explotación actual se realiza dentro de los materiales correspondientes al acuífero Colima Superior y en el sector Oeste del tajo se empezó a extraer parte de la capa de baja permeabilidad (acuitardo) que el cubre el acuífero Colima Inferior. 3. Debe exigírsele a Nombre150891  . un estudio hidrogeológico completo de la situación actual que establezca los parámetros necesarios para la toma definitiva de decisiones al respecto principalmente de la actividad minera, detallando en aquellas localidades donde se pretendía cualquier actividad extractiva. (...) RECOMENDACIONES. 1. Como el frente Este llegó a su límite de explotación, se recomienda no permitir ninguna extracción en este sector, por lo contrario, tomar las medidas ambientales correspondientes para la etapa de cierre del mismo, asimismo con respecto al quebrador y cualquier otra actividad industrial en este sector, no se permitirá, para evitar cualquier afectación al medio como producto directo del beneficiamiento o del mantenimiento de equipo. 2. No se deberá continuar con labores extractivas, hasta que se demuestre que la ubicación exacta del frente de explotación actual, se encuentra dentro de los linderos del área concesionada. 3. Presentar un estudio hidrogeológico completo, mediante el cual se resuelva los puntos inconclusos de los estudios hidrogeológicos presentados en esta oportunidad, así como las exigencias de esta Dirección. Para el estudio hidrogeológico a detallarse se deberá de tomar en consideración aumentar la densidad de las perforaciones, sobre todo en los diferentes sectores factibles de explotación, ya que no se ha caracterizado la profundidad del acuífero en esos bloques. (...)\"  Con base en lo anterior, en su parte dispositiva la resolución N° 077 dispuso así: “… a) Se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Nombre65104    contra la resolución Nº590 de las 15:30 horas del3 de agosto del 2001, manteniéndose vigente la orden de suspensión de labores de explotación, así como las labores de beneficiamiento de material en el sector Este de la concesión. b) Remítase al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las propuestas realizadas por la empresa Productos Pedregal S.A., para que dentro del plazo de un mes manifieste a ésta Dirección la procedencia o no de las mismas, en el entendido que si dentro del plazo indicado el ICAA no se pronuncia al respecto, se tendrá por rechazada la propuesta de la empresa Productos Pedregal S.A.. c) Remítase los estudios presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en los que se indica que existió daño al ambiente, al Tribunal Ambiental Administrativo, para que corresponda de acuerdo a su competencia. Se eleva el expediente administrativo Nº1547 al Despacho de la señora Ministra en virtud del recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria. Se advierte al recurrente que dentro del plazo de tres días deberá presentar al Superior los alegatos que fundamentan la apelación. COMUNÍQUESE” (folios 1071 a 1144 del  tomo V del expediente administrativo).-\n\n15) Por R-234-2002-MINAE, de las 10:00 horas del 29 de abril del 2002, la Ministra de Ambiente y Energía declaró sin lugar el recurso de apelación que en su oportunidad había presentado la concesionaria contra la resolución N°590 de la Dirección de Geología y Minas (folios 1172 a 1178 del tomo V del expediente administrativo).-\n\n16) El 12 de junio del 2002, se realizó una inspección en el área de concesión de la empresa Productos Pedregal, correspondiente al expediente N° 1547, con la presencia de una Asesora del Departamento Legal del Ministerio de Ambiente y Energía, la Asesora Legal del Ministro de Ambiente y Energía, el Director de Geología y Minas, un topógrafo de esa Dirección, y la Directora del Registro Nacional Minero, así como funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En el acta que se levantó al efecto se indicó: “…Al ser  las catorce horas cinco minutos, se autorizó  el ingreso al área de concesión, primero se inspeccionó el denominado sector Oeste de la cantera, cerca de donde se ubica el depósito de chatarra, se encontró un cúmulo considerable de material. Al momento de la inspección en ese punto se unió al grupo la Licda. Sonia Muñoz, abogada de la empresa, quién nos acompañó por todo el recorrido. La Licda. Muñoz aclaró que no podía dar respuesta a las inquietudes debido a que no le corresponde el manejo de la parte de la cantera. Posteriormente se unió al grupo el Ing. Luis Garro, Topógrafo de la empresa, quien explicó que el material acumulado en el sector Oeste, es parte de un material extraído de la cantera, como cumplimiento al manejo de aguas, recomendación técnica que ellos siguieron. El quebrador del sector Oeste se encuentra laborando y se observa bastante material apilado de arena sobre todo, según la Licda. Muñoz el material que procesa el quebrador proviene de Barranca y Guápiles. Al ser las 15:07 horas se apersonaron los funcionarios de SETENA, Tatiana Cruz, Allison Villalobos, Roxana Badilla y Nombre150897 , quienes recorrieron el sector intervenido donde se extrajo el material en el sector oeste. Nos trasladamos al sector Este, ahí no estaba en operación el quebrador que evidencia que desde hace bastante tiempo no funciona, se encuentra material acumulado de restos de asfalto. En el área donde se intervino el acuífero, se encontró dos \"pipas\" que transportan agua, cargando agua con ayuda de una bomba mecánica de la que corre por el canal construido para encauzar el agua que brota del manantial, las \"pipas\" tenían el logotipo de Pedregal y con las placas Placa11133 y Placa11134. Una vez que cargaron el agua, se retiraron de la zona. En el sector donde se destapó el acuífero, se encuentra que el mismo fue cubierto por material proveniente del mismo tajo, principalmente piedra de distintos tamaños y lastre, arriba de ese sector se evidencia que hubo movimiento de material, el cual fue removido por explosivos. Según informó el topógrafo de la empresa, este material fue removido para realizar una exhibición de vehículos de doble tracción que se realizó en el área. En el piso de la cantera, siempre en el sector este, se encuentra gran cantidad de troncos y otros desechos provenientes del río, lo que demuestra que el río creció e ingresó al sitio varios metros adentro, según explicó el topógrafo de la empresa las lluvias del lunes pasado, provocaron una crecida del río e hizo que éste inundara parte del sector mencionado. ( …)\" (folios 1348 a 1350 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n17) Que en Memorándum DGM-TOP-206-2002, del 21 de junio del 2002, el Ing. topógrafo Jorge Delgado Barboza, de la Dirección de Geología y Minas, informa a la Jefe del Registro Nacional Minero, que el 14 de junio de ese año realizó una verificación de campo en el área de concesión del expediente N° 1547, cuyas conclusiones en lo que interesa dicen: \"... En el frente de explotación, en puntos cercanos al punto A, se observan diferencias representativas en las elevaciones, se observa la formación de vaguadas, taludes que al 7 de agosto del 2001 no existían, modificación de los taludes obtenidos en la fecha mencionada. Se encuentran diferencias en elevaciones superiores a los 4.5 mtrs; estas diferencias en las elevaciones sólo podrían ser producto de la extracción posterior a la fecha de elaboración del plano aportado al folio 879. Adjunto figura Nº1 y parte del plano aportado al folio 879 (plano ampliado) para ubicación de la rampa de acceso y punto A y alrededores mediante los cuales se realizó la comparación. Se cubicaron 2 stocks de material apilado, uno procesado el cual posee un volumen aproximado de 21805m3, dato obtenido a partir del levantamiento de una sección transversal típica; otro sin procesar con un volumen aproximado de m3, dato obtenido por métodos comparativos. No omito indicar sobre la evidencia de remoción de materiales en el área ubicada cercana al Dirección18590     (ver plano aportado al folio 879), remoción realizada para drenar la zona mencionada, según lo confirmó posteriormente el topógrafo de la empresa Pedregal Luis Garro Marín. Sobre el frente este de extracción aunque existe evidencia de remoción de materiales posterior al 7 de agosto del 2001, no se realizaron trabajos topográficos en ninguna de estas visitas (14 y 20 de junio del año en curso) lo que no permite realizar una cuantificación de las labores realizadas\" (folios 1351 a 1356 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n18) Mediante Memorándum DGM-DC-399-2002, del 21 de junio del 2002, las geólogas Nombre65106  . y Nombre65107  ., de la Dirección de Geología y Minas, informan a la Jefe del Registro Nacional Minero, que el 14 de junio de ese año realizaron una visita al área de concesión expediente N° 1547, cuyas conclusiones fueron las siguientes: \"Durante el análisis de este informe se concluye lo siguiente: 1. Las evidencias físicas muestran que materiales procesados y no procesados en el frente Oeste de explotación, son de origen in situ. Esto puede verificarse por el alto porcentaje de mineral secundario (galena), y observado en las rocas in situ y en los materiales apilados. 2. El grado de angularidad en los materiales no procesados y apilados en el frente Oeste nos indica poco transporte y que por supuesto, difieren de los materiales aluvionales, pues estos son fuertemente redondeados debido al transporte en los sistemas fluviales. 3. Los colores y texturas de los materiales apilados en el sector Oeste, los cuales varían entre amarillos, naranja, grises, vinos y hasta ladrillo; son fuertemente relacionados con las brechas amarillas de alta permeabilidad, brecha de vino de alta permeabilidad, lavas gris diaclasada y fracturada y la brecha naranja de permeabilidad media mencionadas por Nombre150896 (2001) y correlacionables con el acuífero de Colima Superior. 4. Evidentemente, estos materiales (brechas varicolor) están siendo vendidos. Esta afirmación fue corroborada por los funcionarios del MINAE y Pedregal cuando se vio cargar y salir dos vagonetas una de ellas de la empresa Pedregal y la otra de un particular. 5. Es evidente los cambios en el talud superior en el sector Noroeste del frente de explotación Oeste, en el cual está ausente aproximadamente 5000 m2 de área y que con un 15% de expansión por abultamiento de los materiales y dependiendo del espesor eliminado, esto puede ascender a varios metros cúbicos. 6. Otra evidencia, es el desnivel del piso en el sector Suroeste, de hasta 1,8 metros tal como se indicó en este informe. 7. Se realizó un movimiento de materiales en el sector Este, construyéndose un acceso hacia la terraza superior en el cual se encuentra las tobas. 8. Se obstruyó las nacientes expuestas en el sector Este, con materiales de roca in situ, y sin ninguna recomendación técnica.9. En el sector Este las evidencias muestran el uso reciente de explosivos. 10. Además, el agua está siendo reutilizada, sin ningún permiso. Recomendaciones. Se recomienda al registro Nacional Minero que proceda según lo estipula la ley\" (folios 1368 a 1372 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n19) Por resolución N°416 de las 9:00 horas del 24 de junio del 2002, la Dirección de Geología y Minas, concedió audiencia por un plazo de 5 días a la empresa concesionaria, a efecto de que justificara las labores de explotación de materiales en el área de la cantera, así como el procesamiento de materiales en el quebrador ubicado en el sector oeste del área (folios 1373 a 1386 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n20) Por escrito presentado el 1 de julio del 2002, la empresa concesionaria planteó sus observaciones y justificaciones sobre los hallazgos determinados por la Dirección de Geología y Minas (folios 1397 a 1401 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n21) En Memorando DGM-OD-644-2002, del 4 de julio del 2002, el Director de Geología y Minas emitió pronunciamiento sobre las justificaciones presentadas por la concesionaria, indica lo siguiente: \"... La Dirección de Geología y Minas, en el caso del levantamiento topográfico aportado en su oportunidad por la empresa, parte del hecho, dado el detalla (sic) del mismo, de que la información consignada en dicho plano, es real y ajustada al sitio done se efectúa el trabajo topográfico. Sobre todo cuando el plano presentado, se aporta a esta Dirección con el fin de dirimir aspectos relevantes del área concesionada, a saber, niveles de piso, definición de los límites de la concesión, entre otros. Lo anterior implica, dadas las evidencias mostradas en el levantamiento efectuado por el topógrafo de esta Dirección, que se dieron remociones de materiales en la zona en cuestión, estando vigente una orden de suspensión de labores de explotación, (resolución N° 590 del 3 de agosto del 2001). Otro aspecto alegado por el representante de la empresa concesionaria, es que la remoción de material en el área de concesión, sector este, se realizó siguiendo una recomendación contenida en el Estudio Hidrogelógico elaborado por el Lic. Nombre150896 . Recordemos que ese Estudio obedeció a un requerimiento a la empresa Nombre150891  . de esta Dirección en la resolución N°590 del 3 de agosto del 2001, asimismo a la fecha ese Estudio no ha sido aprobado por esta Dirección, debido a la falta de información del mismo, aspecto que en el propio documento se acepta, por consiguiente las recomendaciones del Lic. Nombre150896 NO son ni emitidas, ni avaladas por esta Dirección, por ende la empresa no debió implementar las recomendaciones en cuestión, tal como lo alega en el escrito de justificación, por el simple hecho de estar contenidas en un documento privado, no aprobado por el órgano competente, como es esta Dirección. En cuanto a la operación del quebrador en el sector oeste del área, la resolución N°784 del 16 de octubre del 2001, permite el uso del mismo hasta el 1° de junio del 2002, fecha límite para el desmantelamiento ordenado por la SETENA. Alega el representante de la empresa que la resolución de la Nombre3456 ha sido impugnada, no obstante esta Dirección no ha recibido comunicación alguna de la Nombre3456 en la que se revoque la resolución N°623-2001-SETENA, ni que se haya ordenado la suspensión del acto. En conclusión este argumento tampoco es de recibo. En virtud de lo expuesto, le instruyo a efecto de que se remita el expediente N°1547, al Despacho del Señor Ministro de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 63 del Código de Minería ...\" (folios 1403 y 1404 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n22) Que por oficio DM-408-2002, del 15 de julio del 2002, el Ministro de Ambiente y Energía se pronunció en el siguiente sentido: \"... La resolución 590 del 3 de agosto del 2001, se encuentra vigente, lo que quiere decir que \"la inmediata suspensión de labores de explotación y procesamiento de material de cantera que desarrolla la sociedad Nombre150891  . en el área de concesión del expediente administrativo No. 1547\", ordenada en dicha resolución, es un acto administrativo eficaz o sea ejecutable de acuerdo a los artículos 146 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Lo mismo se aplica para la resolución número 784 del 16 de octubre del 2001 que permite el uso del quebrador en el sector oeste del área hasta el 1 de junio del 2002. De acuerdo a lo anterior y con fundamento en la inspección realizada el 12 de junio del año en curso, así como los oficios DGM/TOP 206-2002 del 21 de junio del 2002, DGM/DC 399-2002 del 21 de junio del 2002, DGM/OD-644-2002 del 4 de julio del 2002, se demuestra el incumplimiento del acto administrativo ordenado en las resoluciones indicadas anteriormente y consecuentemente a los compromisos y obligaciones contraídas por el concesionario. De conformidad con el grave incumplimiento  apuntado, así como en relación con los artículos 63, 93 inciso h) y 97 siguientes y concordantes del Código de Minería, se debe proceder a la cancelación de la concesión. Se omite ... por no ser necesario otorgar un nuevo plazo para el cumplimiento de otras obligaciones, ya que conforme a las razones expuestas existe un grave incumplimiento por parte del concesionario que fundamenta la cancelación de la concesión otorgada.\" (folio 1411 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n23) Mediante resolución N°451 de las trece horas diez minutos del 16 de julio del 2002, la Dirección de Geología y Minas, con base en los oficios DGM/TOP 206-2002, DG/DC399-2002, del 21 de julio del 2002, DGM/OD 644-2002 del 4 de julio del 2002 y oficio DM-408-2002 del 15 de julio del 2002, ordenó la cancelación del derecho de concesión de explotación de cantera otorgado a la empresa Nombre150891  . mediante resolución de las 10:00 horas del 5 de setiembre de 1983, expediente N° 1547 (folios 1412 a 1425 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n24) Por escrito presentado el 22 de julio del 2002, la concesionaria presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y nulidad concomitante en contra de la resolución No. 451-2002 (folios 1426 a 1435 del tomo VI del expediente administrativo).-\n\n25) Mediante resolución N°482 de las 11:00 horas del 31 de julio del 2002, la Dirección de Geología y Minas, declaró sin lugar el recurso de revocatoria e incidente de nulidad presentado contra la resolución N° 451 de las 13:10 horas del 16 de julio del 2002 (folios 1516 1526 del tomo VII del expediente administrativo).-\n\n26) Por resolución N° R-388-2002-MINAE, de las 9:40 horas del 19 de setiembre del 2002, el Ministro de Ambiente y Energía declaró sin lugar el recurso de apelación con nulidad concomitante interpuesto contra la resolución N°451, y declaró agotada la vía administrativa. En resolución N° R-441-2002-MINAE, de las 11:00 horas del 21 de octubre del 2002, el Ministro de Ambiente y Energía rechazó la solicitud de aclaración y adición presentada por la concesionaria, en relación con la resolución que declaró sin lugar la apelación (folios 1541 y 1542 del tomo VII del expediente administrativo).-\n\n            II.- HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como no acreditado en autos lo siguiente: 1) Que a la fecha de la adopción de la resolución N°590-2001, dictada por la Dirección General de Geología y Minas, existían elementos que permitían descartar, con absoluta certeza científica, que dado el afloramiento del acuífero Colima Superior, dicho recurso hídrico no estaba en riesgo de ser afectado por la actividad de explotación minera desplegada por la empresa actora en la zona concesionada (los autos).-\n\n            III.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En sustento de sus pretensiones establecidas en el libelo de demanda, la actora plantea lo siguiente: Que el 17 de marzo de 1983, Nombre150891  . presentó ante la Dirección de Geología y Minas, solicitud de explotación de una cantera ubicada en los terrenos propiedad de la empresa para la extracción y proceso de materiales para la construcción, tales como agregados de concreto y materiales para la construcción de carreteras. Que el 2 de mayo de 1983, la empresa presentó ante la misma oficina, el documento denominado \"Declaración Preliminar de Impacto Ambiental - Solicitud de explotación de una Cantera según expediente N°. 1547 del Registro Minero\". En el mencionado documento se circunscribió el área en el que se llevaría a cabo la extracción minera, y también se señalaron los potenciales efectos ambientales que se producirían sobre los elementos naturales. En dicho documento se indicó lo siguiente: \"la explotación de esta cantera se realizará dejando un margen de seguridad de 1 metro sobre el límite inferior de la actual explotación, de tal forma que se mantendrá una cobertura de 3 metros sobre las capas freáticas en el área del proyecto. (...) El cambio topográfico producto de la extracción a cielo abierto de grandes volúmenes de material, es prácticamente el único factor ambiental de carácter permanente que no puede ser evitado en una explotación de este tipo.\" Que adicionalmente a modo de aclaración se señaló: \"Con base en el análisis del hidrograma del pozo AB-738 (ver red de flujos) se determinó que la oscilación estacional del nivel piezométrico en el área del tajo, es del orden de los 2.5 metros. La capa de protección se estableció a 3 metros por encima del nivel promedio de oscilación (diciembre 1982), de tal forma que con las oscilaciones estacionales del nivel piezométrico, la zona de protección propuesta tendrá un espesor variable entre 1.75 metros y 4.25 metros de manera que la cobertura promedio será de 3 metros.\" Manifiesta que por todo ello, la cota máxima de explotación se estableció en 871 msnm. Que la Dirección de Geología e Hidrocarburos, Registro Nacional Minero, mediante resolución de las 15:50 horas del 10 de noviembre de 1986, dispuso así: \"... de acuerdo con el informe rendido por la Comisión Gubernamental de Control sobre los Estudios de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras mediante memorandum de fecha nueve de setiembre de mil novecientos ochenta y seis en el cual se comunica que en Sesión #GCC-EIA-91 se procedió a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental presentado para la concesión de Explotación Minera # 1547 ...\" Que mediante acuerdo del Poder Ejecutivo N° 27-83, de las 10 horas del 5 de setiembre de 1983, se otorgó la concesión sobre cantera por un plazo de 25 años a la empresa Productos Pedregal S.A.. Que durante el año 1991, se produjo un afloramiento de agua al pie de uno de los taludes, dado que en el área se encuentra una zona de descarga de las aguas subterráneas que desembocan en el Río Virilla, lo cual se había hecho del conocimiento de la Dirección de Geología y Minas, al momento de obtenerse la concesión. Que dicho afloramiento de las aguas subterráneas se produjo cuando aún no se había alcanzado la cota mínima de explotación señalada en el estudio indicado antes, el cual había sido debidamente aprobado por la Dirección de Geología y Minas. Que en conjunto con el Geólogo Luis A. Chavarría, de la Dirección de Geología y Minas, funcionarios de Acueductos y Alcantarillados propusieron a la empresa concesionaria excavar una zanja en el terreno de su propiedad, con el fin de inducir el flujo subterráneo hacia ella, y se lograra aprovechar esas aguas para sus funciones. Que el AyA excavó una zanja en la parte baja del frente de explotación y una tubería subterránea para conducir el agua a la Estación de Puente de Mulas, donde recibe un tratamiento por cloración, para luego ser bombeada al sistema de acueductos urbanos del Gran Área Metropolitana. Que una vez puesta en operación la galería de conducción de las aguas, continuamente funcionarios del AyA  visitaron las instalaciones de las actoras para tomar muestras de agua, evaluación de la tubería y demás actividades de mantenimiento mínimo. Que durante más de 11 años de estar en operación la galería, las actoras nunca fueron apercibidas de algún problema de operación, contaminación de las aguas o cualquier otra irregularidad. Que en 1994 las empresas actoras desarrollaron una estructura productiva, alrededor de su ubicación en torno al área concesionada, y que ello les generó altos índices de productividad y una importante cantidad de puestos de trabajo. Que al acercarse la explotación al límite este de la concesión, se produjo un nuevo afloramiento de agua, luego del cual, ninguna autoridad -Geología y Minas, AyA o SETENA- definió una zona de protección a pesar de las diversas visitas de funcionarios que se produjeron antes, durante y después del afloramiento. Que en el curso de la explotación de la cantera fueron múltiples los informes anuales sometidos a revisión de la autoridad minera, consignando en una tabla un resumen de los informes y de la cronología de las inspecciones técnicas realizadas por la Dirección de Geología y Minas. Que en ningún caso, producto de esas evaluaciones, se advirtió a la empresa la necesidad de guardar áreas de protección en la margen del río Virilla o en cualquier otra zona del tajo. Que en el propio expediente administrativo, a folio 576, consta el oficio DGM-OD-198-2011, en el cual se indica que: \"Debido a la antigüedad de la explotación, no existe una zona de protección del río, pues todo fue explotado y la cobertura eliminada ...\". Que en el mes de julio del 2001, se reportaron múltiples problemas de salud en un sector de la población capitalina, los cuales fueron relaciones posteriormente con el suministro de agua potable. Dentro de esa población se encontraba la abastecida por el AyA mediante las aguas procesadas y bombeadas desde Puente de Mulas. Que los estudios encontraron la existencia de una altísima contaminación bacteriológica en las aguas, y que según denuncia planteada por el Presidente Ejecutivo del AyA, dicha situación fue atribuida a las actividades de explotación de la cantera por parte de la empresa actora. Que contrariamente a lo anterior, la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, en oficio DPAH-771 del 23 de julio de 2001, señaló que el sistema de Puente de Mulas capta agua de dos puntos: un pozo ubicado en la propiedad del Tajo Pedregal y de la Fuente Zamora, calificando como vulnerable a ésta última, pues está expuesta a contaminarse fácilmente, según las inspecciones sanitarias realizadas en el sitio por el personal de esa Dirección. Que producto de la denuncia pública que hiciera el Presidente Ejecutivo del AyA, existía una enorme presión de los medios de comunicación y de la opinión pública, para que se sancionara a la concesionaria. Que bajo la influencia de ese ambiente, y en una intempestiva visita de campo, mediante resolución N°590 de las 15:30 horas del 3 de agosto del 2001, la Dirección de Geología y Minas ordenó la suspensión total de las labores de explotación y procesamiento de material de cantera. Que con posterioridad se pudo comprobar científicamente que la contaminación de las aguas de Puente Mulas no pudo haber sido ocasionada por las actividades productivas de las actoras, en vista de la interacción de agentes infecciosos (patógenos fecales), en el brote de diarrea que se dio en los usuarios del servicio de agua potable. Que se comprobó que dichos patógenos no estaban presentes en el agua de la Fuente Zamora, ni tampoco pudieron haberse generado por las actividades de las empresas en la zona aledaña a la fuente, lo cual llegó a ser admitido por el propio Presidente Ejecutivo del AyA. Que según los datos de Nombre150896 y Agudelo (2001), expertos en hidrología contratados por la Dirección de Geología y Minas, se acreditó, entre otras cosas, que el recurso hídrico no ha sufrido desmedro alguno en su constitución físico química como producto de la actividad de las actoras, y que, en general, los niveles cuantitativos y cualitativos del recurso hídrico se mantienen inalterables. Que de acuerdo con los estudios hidrogeológicos aportados a la Dirección de Geología y Minas, determinaron la existencia de sitios donde la explotación es claramente viable, y otros que requerían mayores estudios. Que fueron planteadas diversas gestiones tendientes a obtener la revocatoria total o parcial de la resolución N°590, sin embargo, fueron rechazadas ilegítimamente en su totalidad. Que al momento de disponerse la suspensión inmediata de las labores de explotación, la actora mantenía múltiples compromisos contractuales con diversos entes públicos para el desarrollo de las varias obras públicas, que detalla en un cuadro. Que en todos los casos existían plazos de entrega definidos, garantías de cumplimiento rendidas hasta por la suma de ¢162.680.872,50 y $301.206,56 y urgencia de cumplir en tiempo con la entrega de las obras. Que ante tal circunstancia, la actora realizó una ponderación de intereses en juego y decidió aprovechar un material ya extraído del tajo antes de la resolución N°590, y procesarlo para su aprovechamiento  en las mencionadas obras públicas. Que la actividad de extracción del material no causó daño ambiental alguno, como tampoco lo causó la actividad productiva de las actoras. Aduce que lo que se ocasionó fue el impacto ambiental negativo previsto desde el inicio de las labores de extracción, una vez obtenida la concesión minera. Que durante el período del 1 de agosto del 2001 al 30 de noviembre del 2003, las actoras dejaron de percibir utilidades netas por la suma de $9.794.000,00 USD, suma que corresponde al promedio de utilidades netas dejadas de percibir durante los 28 meses que transcurrieron desde el 1 de agosto del 2001 al 30 de noviembre del 2003. Que se le ocasionó un grave daño inmaterial a las actoras, por la lesión a su imagen, producto de la masiva difusión de la problemática en medios de comunicación colectiva y las dificultades financieras que el impedimento de explotación del tajo ha traído ha traído a las empresas. En cuanto a los argumentos de fondo, plantea que la resolución N°590 de la Dirección de Goelogía y Minas es una medida cautelar de naturaleza administrativa, siendo el motivo de su dictado la supuesta contaminación del acuífero Colima Superior en el sector este del área concesionada. Alega que la citada resolución adolece de vicios de nulidad absoluta, por los siguientes aspectos: violación a los principios generales del Derecho Público de razonabilidad y proporcionalidad, violación del principio precautorio, violación del debido proceso y carencia de motivo. Por otra parte, señala que toda medida cautelar debe ser necesaria, idónea y proporcional. Que en el caso de la resolución N°590 la necesidad es relativa, por cuanto una más ponderada evaluación de los hechos y de la información disponible hubiese permitido que se adoptara una decisión `que no fuera la de ordenar, de forma intempestiva y arbitraria, la paralización de las actividades de extracción y procesamiento de material. De igual manera, aduce que de haberse considerado lo dicho en el oficio DPAH-771 del 23 de julio del 2001, de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, es probable que las medidas de mitigación del riesgo de daño al Acuífero Colima y de contaminación de la Toma Zamora, hubiesen sido otras. Manifiesta que según el estudio técnico preparado por el Dr. Nombre150898  , que aporta como prueba, con la información técnica disponible al momento de adoptarse la resolución N°590, era posible encontrar medidas alternativas menos lesivas para las actoras, sin que ello conllevara desproteger el recurso hídrico. Concluye que la medida adoptada no puede entenderse como una medida necesaria. En relación con la idoneidad de la medida, indica que tal y como se explica en el estudio del Dr. Nombre150898 , al momento de adoptarse la medida, la explotación en el tajo involucraba un frente de explotación de no menos de 1000 metros lineales de extensión, por lo que bien pudo ponderarse como alternativa, impedir la explotación en las porciones en las que existían riesgos potenciales de afectación o impacto negativo al acuífero, no así en la totalidad del frente de explotación. Hace ver que la propia resolución N°590 estableció que no se evidenciaba un impacto ambiental en el acuífero en la zona en que se realizaba la extracción, al momento de la visita. Cuestiona el por qué se impidió de forma absoluta la extracción en todo el frente de explotación sin argumento alguno. Menciona que las labores de procesamiento involucran un amplio sector de la concesión, por lo que tales actividades, como un todo, no estaban en posibilidad de ser el agente contaminante, no sólo porque durante muchos años se realizaron sin que el AyA detectara infección alguna, sino también por lo establecido en el oficio DPAH-771 del 23 de julio del 2001 del Ministerio de Salud. En su criterio, las medidas de contingencia pudieron ser menos lesivas, ordenando la paralización de aquellas actividades más cercanas a Fuente Zamora, mientras se realizaba una evaluación más profunda. Sostiene que al tomarse aquella medida, sin antes ponderarse los diversos intereses involucrados al acordar la suspensión de la ejecución, se adoptó una medida inidónea. Cita un extracto del estudio realizado por el Nombre150898.  , en el cual manifiesta que lo más lógico era que la recomendación del informe de la DGM, estuviera encaminado a limitar las labores de extracción y procesamiento del material en un espacio geográfico, dentro del área del proyecto, donde se minimizaran los posibles riesgos. Concluye que al adoptarse una decisión excesivamente lesiva a los intereses involucrados -de las actoras y de los trabajadores y sus familias-, la medida es inidónea, y en consecuencia, ilegítima. Por último, en cuanto a la proporcionalidad, aduce que la medida resultó desproporcionada, en el tanto impidió, en forma absoluta, la continuidad de las labores extractivas en un frente de explotación de más de 1000 metros lineales de extensión, así como de las labores de beneficiamiento, aún cuando no se daban en las cercanías de la Fuente Zamora o del afloramiento en el sector este. Que de acuerdo con el estudio ya citado, la explotación que se estaba realizando en el sector oeste, al momento de la medida, no comprometía el Acuífero Colima Superior ni la Toma Zamora. Indica que la propia DGM requirió a la concesionaria evaluaciones hidrogeológicas, las cuales vinieron a confirmar lo que refirieron los propios funcionarios de la DGM en el oficio DGM/DC 803-2001, es decir, que la extracción en el segundo frente de explotación ubicado en el sector oeste, no comprometía el recurso hídrico, ni la calidad del agua de la Toma Zamora. Reprocha que a pesar de lo anterior, la DGM, de forma irreflexiva y arbitraria, mantuvo su decisión de impedir en su totalidad la explotación. Plantea que la DGM dejó de lado la recomendación contenida en el punto 4 del aparte de recomendaciones del oficio DGM/DC 803-2001, en el sentido de mantener la suspensión hasta que se realizaran los estudios de hidrogeología, los cuales fueron aportados oportunamente. Finaliza este argumento señalando que, en consecuencia, la decisión adoptada mediante la resolución N°590 es absolutamente nula, por estarse frente a una medida innecesaria, inidónea y desproporcionada. Respecto de la aplicación del principio precautorio, cita un extracto de la resolución número 2806-98 de la Sala Constitucional, en la cual se hace referencia al llamado principio precautorio, Pro Natura o de la Evitación Prudente. En el mismo sentido afirma que existe un documento denominado \"Criterios de la Comisión Europea para la aplicación del Principio de Precaución\", cuyo enfoque consiste en subordinar el principio mencionado a un procedimiento de toma de decisiones basado en el análisis de riesgo. Indica que tanto para la Sala Constitucional, como para la Comisión Europea, las medidas sustentadas en el principio Precautorio, son medidas temporales (cautelares), por lo que, hasta tanto no exista certeza científica de la posibilidad de evitar el daño ambiental, será posible adoptar medidas de abstención, pero tales medidas quedan sujetas a revisión, a la espera de nuevos datos científicos. Alega que la decisión que se adopte debe ser proporcional al nivel de protección elegido, y que en el presente asunto es excesiva, por cuanto intenta alcanzar un riesgo cero. Estima que en el caso bajo examen, se optó por una prohibición total de extracción y procesamiento, impidiendo la continuidad de actividades productivas directamente dependientes de la explotación minera, no cumpliéndose con el procedimiento de evaluación del riesgo, por lo que se omitió ponderar la proporcionalidad y la evaluación económica del costo/beneficio de la decisión tomada. Argumenta que a pesar de haberse hecho llegar al expediente información técnica concluyente, se mantuvo la decisión unilateralmente adoptada, haciendo aún mayor los costos económicos y sociales de la medida. Agrega que no sólo se ordenó la suspensión de labores extractivas, sino de toda labor de procesamiento, por lo que no se pudo utilizar los quebradores instalados en el sector. Finalmente, señala que si bien correspondía a la concesionaria aportar información científica para hacer una evaluación del riesgo más completa, una vez aportada ésta, se mantuvo sin razón la medida, la cual ya inicialmente era inidónea y desproporcionada, todo lo cual conduce a que la resolución N°590 violó el principio precautorio, y por ende, está viciada de nulidad absoluta. En cuanto al debido proceso argumenta que si bien la resolución N°590 tuvo como objeto la adopción de una medida cautelar, y que para ello no se requiere un procedimiento previo, cuando se tuvo por probado un daño ambiental producto de conductas de la actora, sí debió haberse seguido un procedimiento ordinario administrativo en que se le diera oportunidad de defensa. Aduce que la resolución N°590 sustenta el procedimiento seguido en un supuesto de urgencia, y como derecho invoca los artículos 219 inciso 1) y 226 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, sin embargo, plantea que ese sustento jurídico no aplica para establecer la existencia de un daño ambiental, la responsabilidad de la actora por tal daño ambiental, la invasión de zonas de protección y el daño ambiental con motivo de esa invasión. Que al no haberse dado la oportunidad de discutir eso en un procedimiento administrativo, se le ubicó en un estado de indefensión, lo cual ocasiona la violación del principio del debido proceso, y por lo tanto, la nulidad del acto impugnado. Aduce que hay una falta de motivo de la resolución N°590. Al respecto plantea que la resolución N°590 vino a establecer la existencia de conductas generadoras de un supuesto daño ambiental, pero que al no haberse delimitado ninguna zona de protección al amparo del artículo 33 de la Ley Forestal, no es posible establecer un daño ambiental en vista de su irrespeto. Señala que en estricto sentido lo que se produjo fue el impacto ambiental que la propia Administración conocía que podía darse, al momento de otorgar la concesión minera. Cita un extracto del estudio del Nombre150898.  , haciendo ver que la Administración confunde los términos impacto ambiental y daño ambiental, y que por ende, la tercera recomendación en relación a una solicitud a la Nombre3456 y AyA para valorar el daño ambiental, induce a confusión, pues se está concluyendo, a priori, que se trata de un daño, sin que antes se investigue y se evalúe en forma científica. Agrega que conforme al artículo 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de aguas con motivo de explotación minera, es un impacto no solo esperado sino legalmente admitido. Al amparo de esa norma, cuestiona cómo pudo estimarse que los afloramientos sobrevenidos, aún estando por encima de la cota establecida en el estudio aprobado por la DGM, son un daño ambiental. Arguye que por estas razones, la resolución impugnada carece de motivo, y por ello es absolutamente nula, de acuerdo con la Ley General de la Administración. Por otro lado, acusa la nulidad de la resolución N°451 de las 13:10 horas del 16 de julio 2002. En ese sentido plantea que la medida adoptada por la Administración, mediante la cual pretende extinguir el derecho real administrativo declarado en favor de Productos Pedregal S.A., tiene como naturaleza jurídica la de una sanción administrativa rescisoria, por lo que son aplicables los límites establecidos por el ordenamiento, al ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria. Alega que la citada resolución adolece de vicios de nulidad absoluta, por los siguientes aspectos: falta de motivo, atipicidad de la conducta sancionada y violación de los principios de adecuación y proporcionalidad. Alega una falta de motivo de la resolución N°451. Hace ver que la DGM decidió extinguir la concesión debido al incumplimiento de las resoluciones N°590 y N°784, sin embargo, señala que esa cancelación resulta improcedente, por cuanto las resoluciones mencionadas adolecen de vicios de nulidad absoluta. En ese sentido, afirma que de conformidad con los artículos 146.1 y 3 de Ley General de la Administración Pública, la ejecutoriedad de esas decisiones era jurídicamente inexistente, e incluso prohibida. Citando extractos de doctrina, indica que al adolecer la resolución N°590 de vicios de nulidad absoluta, de forma congénita carece de eficacia, es decir, su ejecución es calificada como prohibida por el ordenamiento. Que el hecho de hacer valer la resolución N°590 por la vía de la extinción de la concesión, declarada en la resolución N°451, genera de forma automática la responsabilidad de la Administración, con base en los numerales 169 a 172 de la Ley General de la Administración Pública. Concluye que la resolución N°451 presenta una nulidad, por cuanto carece de motivo legítimo, al imputar a la actora el incumplimiento de una medida ineficaz (res. N°590). Argumenta que existe una atipicidad de la conducta en la resolución N°451. Reitera que la resolución mediante la cual se decide la extinción de un derecho real administrativo, tiene el carácter de sanción administrativa rescisoria. Afirma que en el presente caso el acto impugnado carece de fundamentación jurídica suficiente, toda vez que no existe una norma legal (principio de reserva legal), que sirva de base normativa para imponer una sanción tan lesiva como declarar la caducidad de la concesión. Señala que con posterioridad a los hechos, entró en vigencia la Ley N° 8246, desde el 28 de julio del 2002, incluyendo en el Código de Minería el artículo 137, que dispone que al titular de un permiso de concesión para la realización de actividades de explotación minera, una vez suspendido el permiso o la concesión, se le cancelará definitivamente. En tal sentido, hace ver que de previo a la ley aludida, no existía fundamento jurídico para imponer una sanción de carácter rescisorio a aquel concesionario que estando suspendida la concesión, realizara actividades de explotación minera. Agrega que esa norma, por el principio de irretroactividad, no habilita a la Administración en este caso, por tratarse de hechos previos a su vigencia. En consecuencia, afirma que existe una atipicidad de la conducta, por lo que se impone la anulación de la resolución. Alega que la resolución N°451 incurre en la violación de los principios de adecuación y proporcionalidad. Al respecto indica que la Administración cuenta con una amplia gama de medidas de carácter coercitivo, para el resguardo del orden público ambiental, y hace un repaso de las normas de la Ley General de la Administración Pública que se ocupan del tema. Menciona que ante la interrogante de cuáles de esos mecanismos debe elegir la Administración, se debe acudir al principio de Proporcionalidad y de Adecuación. Luego de citar un extracto de doctrina, argumenta que conforme al principio de adecuación, debe optarse por aquella medida en procura de la ejecución forzosa del acto que esté acorde con su contenido y en el grado suficiente para asegurar el fin perseguido (principio de proporcionalidad). Que en función de lo anterior, lo que debió hacer la Administración fue: a.- valorar la naturaleza del incumplimiento y b.- evaluar, conforme a los términos de la medida cuya ejecución forzosa se buscaba, la opción que asegurara la menor lesión posible al incumplimiento, sin dejar de proteger el recurso hídrico. Considera que esto hubiera dado lugar a la selección de una medida de cumplimiento forzoso, con el concurso de la fuerza pública, decomiso de bienes, clausura de establecimientos, etc., no así una sanción rescisoria capaz de generar afectaciones a más de cuatrocientos familias y daños y perjuicios estimados prudencialmente en la suma de $9.794.000,00 USD. Afirma que al optarse por la sanción más gravosa para el concesionario sin apreciarse esos aspectos, se violaron los principios de adecuación y proporcionalidad, produciendo nulidad absoluta de lo actuado. Por último solicita el pago de daños y perjuicios. En sustento de ello, asevera que los actos impugnados adolecen de múltiples vicios de nulidad absoluta, por lo que recae sobre el Estado una responsabilidad plena que hace exigible la indemnización de los daños y perjuicios irrogados, en virtud de la sujeción a los efectos de tales actos. Manifiesta que es posible tener por demostrada la relación de causalidad entre las conductas administrativas y los daños y perjuicios ocasionados. Solicita indemnización por concepto de daño inmaterial y por concepto de perjuicios. En cuanto al daño inmaterial, plantea que al haber tenido difusión estos hechos en los medios de comunicación colectiva de mayor influencia en la opinión pública, se produjo un importante daño inmaterial a las actoras. Asimismo aduce que en el mercado de la construcción, la imagen del grupo de empresas resultó ampliamente afectada. Estima el daño en la imagen empresarial en la suma de $10.000,00 USD. Sobre los perjuicios indica que al 30 de noviembre de 2003, ya era posible establecer un perjuicio para las empresas no menor de $9.794.000,00 USD, que corresponde a las ganancias dejadas de percibir. Que lo anterior deriva de la imposibilidad de extracción y aprovechamiento del material mineral no metálico con el que se dejó de contar, producto de los actos administrativos impugnados. Agrega que según probanzas que ha aportado, es posible establecer que mientras no se pueda extraer material de la cantera, las empresas dejarán de percibir mensualmente $340,400.00 USD, que corresponde al promedio de utilidades netas dejadas de percibir durante el período que abarca del 1 de agosto del 2001 al 30 de noviembre del 2003. Solicita que como mecanismo de ajuste, la cifra liquidada deberá ser ajustada, hasta el dictado de la sentencia y efectivo pago, en $340.000,00 USD, cada mes que no sea posible extraer material de la cantera.\n\n            IV.- ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL. Señala que el afloramiento ocurrido en el año 1991, al que hace referencia la actora, es un hecho irrelevante en relación con las resoluciones que se impugnan en este proceso, siendo que estas últimas se refieren a la orden de suspensión de actividades en relación con un segundo afloramiento que aconteció en el sector este de la cantera, presumiblemente en el año 2001, y a la cancelación de la concesión por no cumplir con la orden de suspensión. Aduce que la concesionaria no comunicó a la Administración que se había producido un segundo afloramiento del acuífero, en el sector este de la cantera. Alega que la Dirección de Geología y Minas tuvo noticias de ello cuando realizó la inspección el 3 de agosto del 2001. Manifiesta que no es cierto que fueran múltiples los informes anuales rendidos por la concesionaria, y por el contrario, muchos de los informes fueron rechazados por incompletos. Apunta que la explotación del tajo, según el análisis hecho por Acueductos y Alcantarillados, afectó el acuífero La Colima por la simple exposición del mismo, resultado de esa explotación. Que la exposición del acuífero entraña un serio peligro ambiental y sanitario, porque puede ser contaminado por las aguas del río Virilla. Rechaza las argumentaciones de la parte actora en el sentido que la resolución N° 590 se basara en una apreciación a priori de los hechos, si por ello se refiere a que el mismo día de la inspección ya había una valoración de los mismos. Establece que a raíz de una denuncia pública hecha por el Presidente Ejecutivo del ICAA, se llevó a cabo una inspección en el tajo, y que en ese momento se constató la existencia del segundo afloramiento, ocurrido en el límite de la explotación. Que como resultado de esa inspección, se emitieron varias recomendaciones entre la que destaca el suspender las labores de extracción y procesamiento de materiales. Agrega que el motivo de la resolución N°590 fue la protección del recurso hídrico, concretamente, del acuífero La Colima Superior, el ambiente y la salud pública, ante el peligro de contaminación por su exposición en un lugar donde se realizaban actividades de explotación minera. Asimismo, señala que la N°590 otorgó un plazo de veinte días hábiles a la actora para que presentara los estudios y recomendaciones solicitadas en el oficio DGM/DC 803-2001, quedando la eficacia de la medida sujeta a dicho cumplimiento, previa comprobación por parte de los funcionarios del MINAE. Que la empresa pidió prórrogas para hacer los estudios y adoptar las recomendaciones, las cuales le fueron otorgadas. Alega que los estudios fueron incompletos en varios aspectos, y que la empresa incumplió la primera de las disposiciones adoptadas en la resolución, esto es, la suspensión de las labores de extracción y procesamiento de material, a pesar de que en resolución N°784 de las 9:40 horas del 16 de octubre del 2001, la Dirección de Geología y Minas resolvió levantar parcialmente la suspensión de labores y autorizó la utilización del sistema de quebrado en el sector oeste, hasta el día 12 de junio del 2002. Agrega que en la inspección realizada por funcionarios de la DGM realizada el 12 de junio del 2002, se constató que la empresa había extraído material en el sector este de la cantera, en contra de sus propios estudios y de la resolución N°590, lo cual motivó la cancelación de la concesión. Manifiesta que no es cierto que Nombre150891  . tenga los compromisos contractuales que dice tener, derivados de varias licitaciones hechas por el CONAVI y el MOPT. Asevera que la contratista es la empresa Quebradores Pedregal S.A., que no es la concesionaria de la cantera. Que no le consta sí había o no material extraído antes del dictado de la resolución N°590, pero que ello es irrelevante ante el hecho de que Nombre150891  . extrajo y procesó material con posterioridad al dictado de aquella resolución, desobedeciendo lo ordenado, como lo reconoce la actora en el hecho dieciocho del escrito donde solicitó la medida cautelar. Que en la inspección realizada el 12 de junio del 2002, se constató que el quebrador oeste estaba procesando material que se encontraba apilado y que por sus características se logró comprobar que dicho material había sido extraído del sector este de la cantera, desobedeciendo las resoluciones 590 y 784. Señala que, además, en el sector este, donde está el segundo afloramiento, y donde no podían realizarse labores extractivas, se removió material con la finalidad de realizar una exhibición de vehículos doble tracción. Alega que sí hubo daño ambiental provocado por la extracción y procesamiento de material, de lo cual dan cuenta los estudios presentados por la Nombre3456 y el ICAA, solicitados por la Dirección de Geología y Minas en la resolución N°590. Acepta que mediante resolución N° 451 de las 13:10 horas del 16 de julio del 2002, la Dirección de Geología y Minas canceló la concesión número 1547 otorgada a Productos Pedregal S.A., y que dicha cancelación se debió a que la concesionaria incumplió lo dispuesto en la resolución N°590, lo cual fue aceptado por la actora y constatado por funcionarios de la DGM en la inspección que realizaron el 12 de julio del 2002. Afirma que si la actora sufrió daños en su imagen empresarial, ello se debe a hechos atribuibles a la propia accionante. En cuanto a los aspectos de derecho, alude que la medida cautelar no está relacionada con la denominada \"Fuente Zamora\" que es la captación hecha por el ICAA del primer afloramiento ocurrido en 1991. Que la resolución 590 se basó en el memorandum DGM/DC 803-2001, elaborado a raíz de la inspección del 3 de agosto del 2001. En dicho memorandum se concluye que el acuífero Colima Superior había sido afectado en el sector este del área concesionada, es decir, en razón del segundo afloramiento, no del captado por el ICAA y que se denomina Fuente Zamora. Plantea que el único vínculo existente entre lo ocurrido en relación con la Fuente Zamora y la medida cautelar, es que la inspección del 3 de agosto la motivó una denuncia hecha por el Presidente Ejecutivo del ICAA en razón de la supuesta contaminación de la mencionada fuente. Advierte que dicho vínculo carece de relevancia jurídica puesto que la medida cautelar no se refiere a la fuente Zamora, ni se adoptó con la finalidad de proteger esa fuente, sino que se adoptó con la finalidad de proteger el acuífero Colima Superior, dado su segundo afloramiento. En cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, establece que el objetivo de la medida cautelar contenida en las resoluciones  590 y 784 de la Dirección de Geología y Minas, es evitar la contaminación del acuífero La Colima Superior. Según dice, se trata de un \"objetivo legítimo\" fundamentado en la tutela de un interés público consistente en la protección del ambiente y del recurso hídrico como recurso natural propiedad del Estado, y que ello es el fin público preponderante de los actos impugnados, cuya prosecución le impone el ordenamiento jurídico a la administración pública ambiental, según se desprende de los artículos 50 constitucional, 1 y 50 de la Ley Orgánica del Ambiente y 101 y 102 del Código de Minería. Indica que la medida fue necesaria, pues dado el afloramiento, la única manera de proteger el manto acuífero  que subyace a la cantera, era suspendiendo toda la actividad potencialmente contaminante hasta tanto no se pudiera precisar, con los estudios correspondientes, qué actividades podían continuar y cuáles no y qué medidas había que adoptar. Que en tales circunstancias no se podía adoptar una medida menos gravosa y que lograra el mismo objetivo. Manifiesta que la orden de suspensión de actividades fue una medida apta para el logro del objetivo buscado, con lo cual hubo idoneidad entre el contenido de aquella y el objetivo buscado. Y finalmente, aduce que se trató de una medida proporcional al objetivo buscado. Así, menciona que en un primer momento se ordenó la suspensión total de las actividades de extracción y procesamiento de material, hasta tanto no se tuviera información acerca de la vulnerabilidad del acuífero. Luego, por resolución N°784 del 16 de octubre del 2001, con fundamento en la resolución N°623 de la SETENA, se permitió el funcionamiento del quebrador en el sector oeste, limitando y precisando los alcances de la medida cautelar. Concreta que el grado de afectación de los intereses de la concesionaria hay que medirlo en relación con esta última resolución (N°784) y ponderar tal afectación con el beneficio que la protección del acuífero significa, para concluir que éste último es sobradamente mayor y que justifica sin lugar a dudas la medida adoptada. En relación con la aplicación del principio precautorio, señala que el mismo se encuentra recogido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y que la Sala Constitucional ha derivado del principio constitucional que establece el deber estatal de tutela del ambiente, contenido en el artículo 50 de la Constitución. Cita un extracto de la resolución N°2213-99 del 24 de marzo de 1999, de la Sala Constitucional. Alega que lo dispuesto en la resolución N°590 fue una medida adoptada ante una situación de emergencia, pues se había producido un segundo afloramiento en el sector este de la cantera, respecto del cual la Administración tuvo conocimiento por primera vez el mismo día de la inspección. Arguye que la posible contaminación del acuífero a raíz de su exposición por el afloramiento ocurrido en el sector este, fue apreciada por la Administración como un peligro o amenaza de daño al ambiente y a un recurso natural, incluso la salud pública, grave e inminente. Grave por las implicaciones que conlleva la contaminación de un manto acuífero, cuya regeneración es muy difícil sino imposible, y porque la eventual contaminación del acuífero implica una amenaza a la salud pública directa, inmediata y cierta, pues la captación de agua de \"Puente de Mulas\" se surte de ese acuífero. E inminente, porque el acuífero estaba expuesto en una zona donde se realizaban actividades productivas contaminantes. Hace ver que en el caso de los mantos acuíferos, la aplicación del principio precautorio exige la máxima reducción de los riesgos, tal y como lo señaló la Sala Constitucional en la sentencia N°2004-1923 del 25 de febrero del 2004, del cual cita un extracto. Afirma que de acuerdo con ese voto de la Sala, en el caso de los mantos acuíferos la aplicación del principio referido implica que, a menos que haya certeza científica y técnica absoluta de que determinadas actividades son inocuas para el acuífero, éstas deben evitarse. Plantea que éste es fundamento jurídico suficiente para suspender las actividades mineras de la actora, por el simple hecho de que en la cantera se encuentra un área de recarga del manto acuífero, al margen de que se haya producido o no un afloramiento. Hace ver que ello es así independientemente de que haya de por medio una concesión y una evaluación de impacto ambiental, porque en el caso que dio lugar al voto antes referido, la Sala aplicó el principio precautorio a pesar de que ya habían sido otorgados los permisos municipales de construcción y a pesar de una evaluación de impacto ambiental que había sentado la viabilidad de la urbanización. En cuanto al debido proceso y la motivación del acto, aduce que ni hay violación de ninguno de los dos, dado que la resolución N°590 de la Dirección de Geología y Minas no se fundamentó en la existencia de un daño ambiental ni dispuso nada en relación con un supuesto daño ambiental. Que si bien en los considerandos de la resolución se hace referencia a un posible daño ambiental y se le pide a la Nombre3456 y al ICAA su valoración, la medida cautelar en su parte dispositiva no se refiere a ese supuesto daño. Que de una simple lectura de la resolución 590 se desprende que el motivo de la medida cautelar lo fue el peligro de contaminación del manto acuífero, y que además, por la gravedad e inminencia del peligro, la situación era de urgencia en los términos de los artículos 219.1 y 226.1 de la Ley General de la Administración Pública, con la prescindencia de un procedimiento administrativo ordinario. Alega que no hubo violación del debido proceso por la no sujeción al procedimiento ordinario, en el tanto la medida cautelar no se adoptó en razón de la existencia de un daño ambiental. Sobre el sustento técnico-científico de la medida cautelar y su funcionamiento, manifiesta que la validez jurídica de la medida cautelar depende de que la misma cuente con un sustento técnico y científico adecuado, aunque no necesariamente concluyente, pues ese sustento es el que permite calificarla como razonable y el que permite valorar si la utilización del principio precautorio se justifica. Que en un primer momento el respaldo técnico y científico fue dado por la inspección de campo hecha por las geólogas Marlene Salazar Herrera y Sofía Huapaya, así como el Ingeniero Edgar Sandí, cuyos resultados constan en el oficio DGM/DC 803-2001, que sirvió de fundamentó para la adopción de la resolución N°590. Asevera que con posterioridad a la medida adoptada, la Nombre3456 valoró los daños ambientales ocasionados, tal y como consta en el documento denominado \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.\", que forma parte del sustento técnico. Que la Nombre3456 determinó en el informe PREIA 438-2001, que consta en el expediente administrativo, que en las condiciones existentes en la zona, el acuífero La Colima Superior era altamente vulnerable (ambientalmente) por lo que las actividades de extracción y procesamiento de material constituían un peligro para aquél. Con base en ese informe, la Nombre3456 adoptó la decisión contenida en la resolución N°623, mediante la cual se ordenó el cierre técnico escalonado de todas las actividades productivas realizadas en el sitio, incluidas las de explotación y extracción. Menciona que el artículo 93 inciso g) del Código de Minería otorga a la Dirección de Geología y Minas la competencia para inspeccionar las actividades mineras, y de esa manera da cumplimiento al deber estatal establecido en el principio constitucional del artículo 50. Que esta norma, junto con la prohibición establecida en el artículo 102, antes 98, implica la competencia para dictar medidas cautelares, en procura de una explotación racional y efectiva de los recursos mineros o de la tutela del ambiente. En relación con la resolución que canceló la concesión minera número 1547, señala que según se desprende con claridad del expediente administrativo, la concesionaria incumplió la orden de suspensión de labores de extracción de material, ya que extrajo material del sector este para procesarlo. Manifiesta que hay un acta de inspección en el lugar que así lo consigna y está explicado con detalle en el memorándum número DC-399-2002 del 18 de junio del 2002, aceptado por la propia actora. Este incumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones números 590 y 784, dio como resultado la resolución de la Dirección de Geología y Minas N°451 del 16 de julio del 2002. mediante la cual se canceló la concesión. Indica que previamente al dictado de la resolución se otorgó a la concesionaria las audiencias respectivas para que justificar su incumplimiento. Sobre el motivo de la resolución N°451, aduce que ciertamente en nuestro derecho administrativo los actos absolutamente nulos no son ejecutables e incurre en responsabilidad el funcionario que así lo disponga, pero que éste no es el caso, y así lo estimó la Administración en relación con los recursos administrativos interpuestos contra las resoluciones 580 y 784, y que la concesionaria estaba en la obligación de cumplir lo dispuesto en ellas. Que tanto la resolución 590 como la 784 tienen plena validez, fundamento jurídico y técnico y son eficaces, por lo que su incumplimiento constituye el hecho que motivó la adopción de la resolución 451. Sobre el fundamento legal de la resolución N°451, afirma que el Ministro de Ambiente y Energía, mediante oficio DM-408-2002 del 15 de julio del 2002, resolvió no otorgar a Nombre150891  . un nuevo plazo para el cumplimiento de otras obligaciones a cargo de la empresa concesionaria, y con fundamento en los artículos 63, 93 h) y 97 y siguientes del Código de Minería recomendó la cancelación de la concesión por incumplimiento grave del acto ordenado en las resoluciones 590 y 784. Al amparo de esta recomendación y los oficios DGM-TOP 206-2002, DGM-DC- 399-2002, DGM-OD 644-2002 y DM 408-2002 y el artículo 63 del Código de Minería, la Dirección de Geología y Minas canceló la concesión número 1547. Plantea que la cancelación en el presente caso no opera como una sanción administrativa. Que la doctrina ha distinguido entre aquellas situaciones en donde se da una relación jurídica bilateral, como en el caso de las concesiones, donde las consecuencias jurídicas y la responsabilidad por eventuales incumplimientos no se resuelven como ejercicio de la potestad sancionadora, aunque esta pueda poner fin a la concesión unilateralmente en virtud de la potestad de autotutela que ostenta la administración pública. Que en el presente caso no se está ante un ilícito administrativo, sino ante una causal de caducidad de la concesión, artículo 67, antes 63 del Código de Minería, por lo que no rige el principio de tipicidad, bastando que la cancelación tenga fundamento legal. Al respecto cita la norma del artículo 67, antes 63 del Código de Minería, específicamente el inciso ch) y el procedimiento allí establecido para la cancelación. Dice que no hay duda de que el incumplimiento de las condiciones estipuladas en la resolución de otorgamiento y de las normas legales y reglamentarias que regulan la contaminación y la recuperación de los recursos naturales renovables, dan lugar a la cancelación de la concesión. Indica que en todo caso las concesiones como derechos reales limitados que son, se ejercen bajo las condiciones y requisitos establecidos tanto en el Código de Minería como su reglamento, como en la resolución de otorgamiento de la respectiva resolución. Argumenta que en todo caso, si se tomara la cancelación como una sanción administrativa, la norma del 67 del Código de Minería tipifica adecuadamente la conducta sancionable, y establece expresamente como sanción la cancelación de la concesión a quién incumpla la normativa ambiental y las disposiciones incorporadas en el acto de otorgamiento. Respecto de la proporcionalidad y adecuación de la cancelación de la concesión, señala que cuando un concesionario como Nombre150891  . incumple con las órdenes giradas por la Dirección de Geología y Minas tendientes a la protección del ambiente, del recurso hídrico y de la salud pública, y pone en peligro los bienes, la administración está en la obligación legal y constitucional de cancelar definitivamente la concesión. Que actuar de otra manera sería violentar el principio de legalidad. Aduce que el titular de la concesión decidió incumplir las órdenes giradas tanto por la Dirección de Geología y Minas como por la SETENA, justificando dicho incumplimiento en una curiosa aplicación del criterio de \"ponderación de los intereses en juego\", curiosa por cuanto dice haberlo hecho en tutela del interés público, pero sin tomar en consideración las consecuencias que dicho incumplimiento conllevaba, y mucho menos la vulnerabilidad del acuífero La Colima Superior, tutelado desde el punto de vista de protección al ambiente, el agua y la salud pública, por las medidas cautelares. Que aunado a los reiterados incumplimientos de la concesionaria en relación con los informes rendidos a solicitud de la Administración, que fueron incompletos y omisos, que ya de por sí constituía una conducta que se enmarca dentro de las causales de cancelación de la concesión, ante un hecho especialmente grave como el incumplimiento de una orden cautelar adoptada en tutela del ambiente, el recurso hídrico y la salud pública, la Administración se encontraba facultada, u obligada, por los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, de actuar de la forma en que lo hizo. En conclusión, hace ver que lejos de ser desproporcional e inadecuado, lo decidido por la resolución N°451 es lo debido de acuerdo con la Constitución y la legislación minera. Por último, en lo referente a los daños y perjuicios, rechaza las pretensiones pecuniarias reclamadas por las actoras, pues solo Nombre150891  . esta legitimada para interponer esta acción contencioso administrativa, ya que es la titular de la concesión, y la que ostenta un interés legítimo en la validez y legalidad de las resoluciones impugnadas. Rechaza el daño inmaterial reclamado, por cuanto afirma que la difusión que los medios de comunicación dieron a estos hechos no es imputable a la administración, cuyos funcionarios se limitaron a ejercer sus competencias y cumplir sus funciones de conformidad con la ley. De igual forma, plantea que no es atendible la pretensión de cobrar los perjuicios que la cancelación de la concesión pudo haber ocasionado a las empresas actoras, aunque se beneficiaran económicamente de las relaciones comerciales que tenían con la empresa concesionaria. Que en ningún caso los supuestos perjuicios a terceros ajenos a la relación jurídica existente entre el Estado y Nombre150891  . pueden ser imputables al Estado por haber cancelado la concesión, aunque llegare a estimarse que la misma es nula. Agrega que la pérdida de la ventaja competitiva que para ellas pudo haber supuesto su relación con la empresa concesionaria, por haber perdido ésta la concesión, es parte del riesgo que deben asumir como empresas, y en consecuencia, aún suponiendo que la cancelación fuera jurídicamente inválida, la pretensión de los supuestos perjuicios carece de fundamento.-\n\n            V.- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL. Si bien el presente es un proceso \"especial\" minero, por cuanto se impugnan en esta sede resoluciones emanadas de la Dirección de Geología y Minas, emitidas durante el ejercicio y extinción de una concesión para la extracción y procesamiento de recursos minerales (artículo 94 del Código de Minería), lo cierto es que, en el fondo, el debate se concentra mayormente en el análisis de legalidad de una medida cautelar (Res. N°590-2001) dictada en el marco de la concesión, y cuyo contenido es estrictamente de orden ambiental, en tanto tenía por objeto prevenir la eventual producción de daños a un manto acuífero (Colima Superior) que discurre por los terrenos de la zona donde se ejecutaba la explotación minera. La medida precautoria aludida (primer acto impugnado), dispuso la suspensión de todas las labores que llevaba a cabo la accionante en ese momento y solicitó informes técnicos para conocer con mayor precisión la posible afectación del acuífero indicado. A juicio de la Dirección de Geología y Minas, con posterioridad la aquí actora incumplió con lo establecido en la medida cautelar ya referida, y en consecuencia, ordenó la cancelación de la concesión que en su oportunidad le había sido otorgada a la empresa Nombre150891  . (Res. N°451-2002). Conforme se dirá, el Tribunal estima que los actos impugnados resultaron conformes con el ordenamiento jurídico, y en tal caso, la demanda no puede prosperar.- \n\n            VI.- DESARROLLO CONSTITUCIONAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO PARTE DEL RECURSO HÍDRICO Y SU VINCULACIÓN CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Sala Constitucional se ha ocupado de analizar ampliamente el tema de la protección del medio ambiente, y en lo que corresponde en particular a las aguas subterráneas, creó un precedente en la resolución N°2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero del 2004, que por su rigor jurídico y amplitud, se ha estimado importante citar, en lo conducente:\n\n\"V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.\n\nVI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.\n\n(...)\n\nX.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol- , el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.\n\nXII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. (...)\"\n\nTomando en consideración el anterior desarrollo constitucional sobre la protección de las aguas subterráneas, por ser plenamente aplicable al caso concreto, a continuación se emite pronunciamiento sobre los alegatos formulados en la demanda.-\n\n            VII.- SOBRE EL MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN N°590. Argumenta la empresa actora que la mencionada resolución carece de motivo, por cuanto estableció la existencia de conductas generadoras de un daño ambiental, cuando en realidad el afloramiento producido no es más que el impacto ambiental que la propia Administración sabía que podía ocurrir con ocasión de la explotación minera, y que de acuerdo con el mismo artículo 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de aguas con motivo de una explotación minera no es solo un impacto esperado, sino legalmente admitido. Que en consecuencia, el afloramiento ocurrido en la zona no puede estimarse como un daño ambiental. Los alegatos no son de recibo. Es consabido que todo acto administrativo debe contener un motivo (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública), por ser éste uno de los elementos esenciales que configura la validez de toda conducta administrativa. Diríase que el motivo está conformado por las razones de hecho y de derecho (antecedentes) que posibilitan la emisión de todo acto. El motivo está indisolublemente vinculado con otro elemento esencial, es decir, con el fin (artículo 131 Ley General de la Administración Pública), y éste último a su vez presupone la necesaria competencia del órgano que dicta el acto (artículo 129 ibid.). Pues bien, en el caso concreto, independientemente de si hubo denuncia pública o no, lo cual se estima intrascendente en función del conflicto de fondo, la Dirección de Geología y Minas, órgano perteneciente al Ministerio de Ambiente y Energía, en el uso de sus facultades de inspección de las actividades mineras nacionales (artículo 97 inciso ch, anteriormente artículo 93), realizó una visita de campo el día 3 de agosto del 2001 en la zona donde se explotaba el Tajo Pedregal, ubicada o en el Dirección18591   ,   ,   . Dicha visita fue realizada por los funcionarios Marlene Salazar Alvarado (Subdirectora General), Ana Sofía Huapaya (Geóloga) y Edgar Sandí (Ingeniero Forestal), en compañía de representantes de la empresa actora (ver folio 601 del tomo III del expediente administrativo). Luego de una verificación de las condiciones del sector, constataron la existencia de un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, que discurre por la zona donde se realiza la explotación minera, y en su informe concluyeron que se había producido lo siguiente: 1) la afectación del acuífero Colima Superior en el sector este del área concesionada, 2) la afectación de la zona de protección que establece el artículo 33 de la Ley Forestal, 3) el incumplimiento de los artículos 8 y 11 de la Ley de Biodiversidad. En ese sentido, como parte de las recomendaciones señaladas en el informe levantado al efecto por los referidos funcionarios (Memorandum DGM-DC-803-2001), se propuso la suspensión inmediata de labores de explotación y procesamiento de materiales de la empresa Pedregal S.A., y que se solicitara a Nombre3456 y al ICAA la valoración del eventual daño ambiental al acuífero, y a la empresa concesionaria la presentación de un estudio hidrogeológico con la caracterización del acuífero en el área y la determinación de los niveles freáticos, para determinar las cotas mínimas de extracción. El Director General de Geología y Minas acogió dicho  informe y sustentó el acto impugnado con base en aquél, disponiendo la inmediata suspensión de labores de explotación y procesamiento de material de cantera que desarrollaba la actora, y ordenando el cumplimento de las recomendaciones indicadas en el memorandum de cita. De una lectura de la motivación (fundamentación) del acto cuestionado, claramente se advierte que su objeto lo era la protección y preservación del acuífero Colima Superior, y por ende, su fin era la protección del medio ambiente, cuya base jurídica reside en el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en el derecho a la salud, que sobra decir, son derechos consagrados en nuestra Constitución Política y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, según se vio antes. También huelga mencionar que por disposición constitucional, el Estado está en el deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50), de manera que ni siquiera cabe cuestionarse la clara competencia de la Dirección de Geología y Minas (órgano estatal), para adoptar actos administrativos tendientes a proteger ese derecho, siendo que en el caso de medidas cautelares emitidas en favor del ambiente, como resulta ser el caso que nos ocupa, el fundamento jurídico para su adopción es provisto por el principio precautorio o indubio pro natura, contenido en el principio 15 de la Declaración de Ambiente y Desarrollo (Río, 1992) y los incisos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, en relación con el numeral 45 de la misma legislación. Es así que, con base en lo anterior, y sin detrimento de las consideraciones que se harán más adelante, el Tribunal estima que, contrario a lo argumentado por la actora, la resolución N°590 contaba con motivo suficiente y el mismo era legítimo. En efecto, véase que, en la especie, el órgano público competente en materia de concesiones para la explotación de recursos minerales, realizó una inspección de campo en la zona de la concesión de Pedregal S.A., encontró irregularidades que podían poner en peligro el manto acuífero Colima Superior, y advirtiendo lo anterior, en el uso de sus competencias legales y constitucionales, emitió una medida cautelar en protección del ambiente y la salud, ordenando la suspensión de las labores de explotación y procesamiento de material de cantera que realizaba la accionante. En sustento de esa medida invocó como fundamento jurídico el artículo 50 de la Constitución Política, jurisprudencia de la Sala Constitucional (votos 503-94, 1394-94 y 1758-94), el ordinal 11 de la Ley de Biodiversidad, el numeral 1 de la Ley General de Agua Potable,  artículo 1 de la Ley General de Salud y en las disposiciones 93 y 98 del Código de Minería (actualmente 97 y 102). En conclusión, la resolución administrativa combatida contaba con un motivo legítimo, en el tanto, para el momento de su dictado, se constató la existencia de circunstancias que ponían en peligro el acuífero Colima Superior (hecho constatable por apreciaciones técnicas), así como la salud de las personas (por ser una fuente utilizable para el abastecimiento de agua); al tiempo que existían normas jurídicas (antecedente de derecho) que sustentaban el proceder de la Dirección de Geología y Minas, es decir, la toma de medidas precautorias en resguardo de aquellos bienes de interés general y superior. Siendo así, no se encuentra violación alguna por falta de motivo, por lo que procede rechazar los argumentos esbozados por la actora en tal sentido. Estima importante el Tribunal agregar a lo ya resuelto, que no es relevante, por no ser el punto neurálgico de esa litis,  la discusión que pretende incorporar en este juicio la empresa demandante, en el sentido de que la medida cautelar impugnada estableció erróneamente la existencia de daños ambientales, cuando en realidad lo se que produjo fue un impacto ambiental previsto por la propia Administración. En criterio de esta cámara, independientemente de la nomenclatura que la DGM le haya asignado a los hallazgos constatados en la cantera explotada por la actora, tema secundario a los efectos de lo que aquí se analiza, es un hecho innegable e indiscutible que en la zona concesionada se pudo verificar un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, y ese hecho, por sí mismo, justificaba, tal y como se dirá más adelante, la medida de paralización de las actividades desarrolladas por la empresa accionante en los terrenos concesionados, en resguardo de un interés general de primer orden, cuál resulta ser la protección del recurso hídrico, máxime tratándose de aguas subterráneas, cuya eventual contaminación pondría en serio riesgo su futura utilización para el abastecimiento a los habitantes. Así lo confirma la prueba testimonial recaba en autos. En ese sentido, los testimonios de las señores Marlene Salazar Alvarado, Nombre59923   y Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, ofrecidos por la parte demandada, reiteran lo que de por sí se desprende del expediente administrativo, esto es: que se constató que en la zona de la concesión se estaba rompiendo el manto acuífero y el agua estaba aflorando a un nivel por encima del nivel freático, que en virtud de ello se tomaron las medidas de suspensión de las obras de explotación, al tiempo que se solicitaron estudios más detallados, los cuales una vez presentados, resultaron incompletos y hasta contradictorios. Que se hizo una valoración de todos los estudios presentados por AyA y Nombre3456 y los aportados por la actora, concluyéndose que debía mantenerse la suspensión, hasta tanto no se presentaran estudios hidrogeológicos más completos, pues los presentados concluían que faltaban estudios más específicos para determinar la posición del nivel freático. Que posteriormente se autorizó el uso del quebrador en el sector oeste, pero más tarde a través de una inspección se determinó el incumplimiento de las medidas establecidas en la resolución N°590, recomendándose la cancelación de la concesión. La patente falta de información científica a efecto de ponderar la mayor o menor vulnerabilidad del acuífero Colima Superior, frente a la actividad minera desplegada en la zona, no fue refutada por la prueba  testimonial ofrecida por la parte actora. Nótese que la declaración del geólogo Nombre150894   , testigo aportado por la parte accionante, se enfoca en hacer referencia a aspectos que, en modo alguno, desvirtúan el proceder de carácter preventivo que desplegó la Administración con el dictado de la medida cautelar. Básicamente su testimonio se orientó en plantear: que los brotes de agua son impactos esperados, que la Nombre150899  es una zanja excavada por el AyA, que la salida de agua no es nueva porque ya existía desde antes de tener la concesión, que hasta donde sabe no ha habido cambios en la calidad del agua del acuífero como resultado de la explotación del tajo, y que su persona fue responsable de definir un área de protección para la calidad del agua de la zanja del AyA, afirmando algunos detalles sobre ese particular. Es decir, en toda su declaración no hace ninguna referencia al segundo afloramiento encontrado por la Dirección de Geología y Minas en la visita realizada en el año 2001, ni tampoco señala si para ese momento habían elementos claros y contundentes para garantizar la inocuidad de las aguas subterráneas, o bien, si las acciones dispuestas por la Administración en aquel momento, con la medida cautelar, resultaron absolutamente contrarias a la ciencia o la técnica. Por el contrario, llama la atención que sobre el segundo afloramiento adujo lo siguiente: \"Sobre si sabe sobre un segundo afloramiento ocurrido en la cantera, responde que si, \"es mas en el último de los estudios que hice en el 2003 donde se definió el área de protección hacia un afloramiento hacia el área del este yo no sabría asegurar si corresponde con el afloramiento que yo conocí a principio de los ochenta que se hubiera ido corriendo a causa de la extracción del material. 10- Este segundo afloramiento  técnicamente no debió haber ocurrido, a menos que el nivel del agua variara por condiciones estacionales que sería la única razón que veo por la que pueda variar el nivel del agua.\" (ver folio 854 -la negrita no es del original-). Según puede verse, existen claras imprecisiones en lo declarado por el testigo en relación con este segundo afloramiento (motivo del acto impugnado), en el tanto no supo definir la causa del mismo, ni mucho menos explicó si existía o no peligro de afectación del acuífero, producto de las salida de esas aguas a la superficie. Para mayor abundamiento, téngase en cuenta lo declarado por el Dr. Nombre150898  , quién luego de repetir en su testimonio lo que ya había indicado en su documento: \"Análisis Técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía\", que consta en autos y del cual se hará referencia más adelante, fue clarísimo en indicar en breves líneas lo siguiente: \"Para el momento en que se dictó la resolución 590, únicamente se contaba con el plan de explotación en poder de la dirección de geología y minas, y la observación directa del tajo.\" (ver folio 903). De conformidad con lo anterior, es dable concluir que el motivo del acto resulta legítimo, no habiendo logrado la actora cuestionar los elementos de hecho y de derecho que le dieron sustento, a partir de argumentaciones que pretenden desviar la atención hacia otros aspectos no esenciales. Bajo ese mismo esquema, se estima que a nada conduciría entrar a analizar si, conforme al numeral 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de un acuífero con ocasión de una explotación minera es o no un impacto esperado y legalmente admitido, pues aún de aceptarse tal razonamiento, no significa que entonces El Estado y los entes públicos menores competentes, no puedan o no deban ejercer sus potestades en cualquier momento con el objeto de proteger y conservar el recurso hídrico, especialmente como en este caso, tratándose de una situación de riesgo. Por paridad de razones, no es aceptable, desde ningún punto de vista, pretender atacar la medida cautelar aquí impugnada, argumentando que a pesar de las inspecciones realizadas a través del tiempo por parte de los órganos y entes públicos competentes (DGM, AyA y SETENA), nunca se le advirtió a la actora la necesidad de guardar áreas de protección al amparo del artículo 33 de la Ley Forestal, pues por principio básico y constitucionalmente estatuido, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, y todo caso, de haber incurrido aquellas autoridades públicas en eventuales omisiones en el ejercicio de sus competencias, ello no es objeto debate en este proceso de acuerdo con las pretensiones esgrimidas, amén de que la Administración no esta llamada a intervenir una única vez, sino tantas veces sea necesario para el resguardo de los intereses públicos cuya tutela tiene encargada por mandato legal y constitucional.-\n\n            VIII.- SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN EL CASO CONCRETO. En consideración de la actora, la medida cautelar tomada por la Dirección de Geología y Minas se encuentra viciada de nulidad absoluta, en virtud de que violentó el principio precautorio por indebida aplicación. Plantea que se optó por una prohibición total de las labores de extracción y procesamiento, omitiéndose ponderar la proporcionalidad y la evaluación económica costo/beneficio de la decisión tomada. Aduce que si bien le correspondía a la concesionaria aportar la información científica para hacer una evaluación de riesgo más completa, una vez aportada ésta se mantuvo sin razón la medida. Los argumentos no son de recibo. El principio precautorio, como fuente de carácter legal e internacional de aplicación en nuestro ordenamiento, permite que el Estado tome todas las acciones anticipadas necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de que aquéllos puedan sufrir alguna afectación. La Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con el denominado principio precautorio y sus alcances, tal y como se desprende de la cita que se hace a continuación, que en lo que interesa dice:\n\n \n\n\"ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO. El principio precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio \"Vorsorgeprinzip\", al indicar que \"no se consolida totalmente una política ambiental sólo mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado\" habiéndolo empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte. El principio aparece en el escenario internacional con los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen de 1984 (Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los conocimientos. Posteriormente, en la Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta última declaración se dispuso que \"(…) es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas (…) incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (…)\". Con posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se indico que \"Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas que prevengan la degradación ambiental\". Del mismo modo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, dispuso lo siguiente: \"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente\". Es así como el principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología- que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en general, de desarrollo sostenible de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente. (…).” (Resolución N° 17747-2006, de las 14:37 horas del 11 de diciembre del 2006).\n\nPues bien, tal y como lo aduce la accionante, en efecto la Sala ha establecido que la toma de una medida precautoria o anticipada, al amparo del principio precautorio, supone una valoración objetiva del riesgo y de la relación costo beneficio de la omisión o acción precautoria, de manera que no se lleguen a establecer medidas arbitrarias o discriminatorias. No obstante, ha de tomar en cuenta la actora que ello se refiere a aquellos casos en los cuales se cuenta con suficiente evidencia científica, que permitiría contar con los elementos necesarios para determinar si existe o no una relación causal entre la actividad humana que resultaría afectada con la medida y el potencial daño al ambiente que se pretende evitar, o de existir alguna relación, el tipo de incidencia que se produce entre ambos, pudiendo de esa forma ponderarse si se justifica o no la acción precautoria o por lo menos si es viable modificarla, de manera que devendría en arbitraria e injustificada aquella que no es acorde con la realidad científica y técnica que reflejan los datos. En sentido contrario, y en ajuste al principio en cuestión, no resulta posible realizar una valoración como la indicada antes, en aquellos supuestos en los cuales no se cuenta con ninguna información científica, o bien, cuando ésta es insuficiente, en punto a determinar con absoluta certeza cuáles son los factores que podrían generar un daño al ambiente, y sobre todo tratándose de situaciones en las que el daño podría ser serio e irreversible. Es en estas situaciones dónde priva la protección y preservación del ambiente, debiendo disponerse de las medidas que aseguren la minimización de cualquier afectación a los recursos, aún cuando esto pueda suponer una grave restricción a un interés particular, toda vez que el primero se erige como un interés superior que beneficia a la colectividad, incluso al propio particular. Véase que aún cuando pueda existir duda sobre la producción de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la norma obliga a adoptar la medida precautoria e incluso prevé la posibilidad de posponer \"la actividad de que se trate\", todo lo cual se justifica, en última instancia, en el hecho notorio de que los recursos naturales constituyen un elemento esencial para el mantenimiento de la vida humana, y en la medida en que se atenta contra el medio ambiente, por reflejo, se atenta también contra la salud de los seres humanos. En el caso concreto ello fue lo que ocurrió, en el tanto funcionarios expertos de la Dirección de Geología y Minas constataron, por la vía de la fiscalización, situaciones que afectaban el acuífero Colima Superior en la zona de la concesión, todo lo cual hacía necesario la toma acciones que tendieran a la efectiva protección y preservación de ese recurso hídrico, en virtud de las implicaciones que para la salud y el ambiente podrían generar, e incluso con el riesgo de que la afectación tuviere carácter irreversible. Si bien lo argüido no resulta descabellado, lo cierto es que en este caso se justificaba la imposición de la medida adoptada ordenando la paralización de todas las actividades de explotación y procesamiento de material, en virtud de la repercusión que para la vida humana y el ambiente representaba la eventual contaminación del acuífero en mención, dada su exposición a través del afloramiento encontrado en la inspección del 3 de agosto del 2001, teniendo en cuenta que la contaminación del acuífero implicaría a su vez la contaminación del agua que abastece el sistema de \"Puente de Mulas\", que es captada por el primer afloramiento ocurrido en 1991. En ese orden de ideas, se estima que la imposición de acciones como la tomada por la Dirección de Geología y Minas al momento del dictado de la resolución N°590, no solo resultan admisibles sino también necesarias, toda vez que a ese momento no se contaba con los estudios técnicos y científicos suficientes, a efecto de descartar, con toda certeza, la ocurrencia de un daño en el acuífero Colima Superior con ocasión de las actividades de explotación que estaba llevando la empresa accionante, de manera que no se encuentra que la resolución de cita resulte nula por indebida aplicación del principio precautorio, pues por el contrario, a juicio de esta autoridad, la misma era procedente y acorde con la trascendencia de la eventual afectación que pretendía prevenir, que es precisamente el contenido fundamental de dicho principio. Al respecto se coincide con la representación estatal, en el sentido de que debe tomarse en cuenta lo establecido por la Sala Constitucional en la sentencia N°1923-2004, citada antes, pues claramente constituye un parámetro vinculante en lo que corresponde a la aplicación del principio precautorio en relación con la protección de las aguas subterráneas de los mantos acuíferos. Al respecto se estima importante citar el considerando XV de dicha resolución, que dice así:\n\n\"XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación.\"\n\nPrecisamente, en el caso concreto no existía un estado de certeza acerca de la inocuidad de la actividad de explotación minera sobre el acuífero Colima Superior, y ante tal panorama, en aplicación del criterio esgrimido por la Sala y que comparte este Tribunal, lo que corresponde es suspender las actividades que estén en curso hasta que se despeje el estado de duda, todo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora bien, véase que un elemento esencial para estimar que el principio aludido fue bien aplicado en la especie, lo constituye el contenido del estudio aportado por Nombre3456, denominado: \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.\", presentado el 17 de setiembre del 2001 (folio 858 del tomo IV del expediente administrativo y 365 del expediente judicial), de acuerdo con el cual se encontraron daños efectivos así como posibles daños al ambiente, según se desprende de las conclusiones de ese estudio, que a continuación se citan:\n\n \"... VIII. Conclusiones.\n\nBasado en la investigación realizada por el equipo técnico designado por esta Secretaría, se llega a las siguientes conclusiones: Se comprobó daño ambiental en los siguientes factores:\n\n1. Zona de protección del Río Virilla.\n\na. Se removió una franja aproximada de 300 m lineales de vegetación en el sector oeste de la concesión.\n\nb. Por las diversas actividades en el Tajo se irrespetó la franja de 50 m a lo largo del río, lo que impidió su recuperación natural o por reforestación. El área total correspondiente a zona de protección es de 73500m2.\n\n2. Río Virilla.\n\na) Se dio arrastre de sedimentos e hidrocarburos hacia el río Virilla, alterando negativamente sus calidades fisicoquímicas.\n\n3. Aguas subterráneas.\n\na) La exposición del acuífero Colima Superior es un daño irreversible al medio ya que es imposible volver a la situación inicial.\n\n4. Paisaje.\n\na) La labor extractiva, las explosiones y los derechos sólidos causan un alto impacto negativo sobre el paisaje.\n\nb) La extracción en los frentes Oeste y Este presentan taludes con ángulos de 90 grados y sin bermas.\n\n5. Salud Pública.\n\na) El Tajo Pedregal, por acciones de extracción, explosiones, quebrado, proceso de producción de mexcla asfáltica, proceso de producción de blocks, disposición de aguas negras y el taller, es responsable parcial de afectaciones a la salud pública generadas por polvo, ruido y vibraciones.-\n\nSe determinó un posible daño ambiental en los siguientes factores:\n\n1. Río Virilla.\n\na. La acumulación de concreto que se encuentra dentro del lecho del río puede producir un cambio en el comportamiento de la capacidad hidráulica de su cauce.\n\n2. Toma Zamora\n\na. La Planta de Concreto, la Planta de Asalto, la Planta de Tratamiento y la fábrica de blocks están invadiendo la Zona de Protección de la Toma Zamora, lo que incrementa la vulnerabilidad a la contaminación y al daño estructural.\n\n3. Aguas Subterráneas\n\na. La apertura del acuífero en el frente Este podría estar ocasionando disminuciones en la descarga de agua a nivel local.\n\nb. El acuífero Colima Superior presenta alta vulnerabilidad debido a su exposición y por contar con una protección, a lo sumo de 2 m de  profundidad en toda el área del pit.\n\nc. Las eventuales inundaciones y la presencia del quebrador del sector este, acumulaciones de áridos y acumulaciones de restos asfálticos que están en la Zona de Protección del manantial, son posibles fuentes de contaminación, no solo microbiológica sino química.\n\n4. Salud ocupacional.\n\na. Los ángulos de 90 grados ponen en peligro latente la vida de los trabajadores. b. La constante generación de polvo y partículas debidas a la extracción, explosiones, quebrado, planta de asfalto y fábrica de blocks, pueden causar afecciones respiratorias a los trabajadores de planta.\" (la negrita no es del original).-\n\nEn suma, el contenido del estudio de la Nombre3456 confirma que la medida cautelar fue emitida conforme a derecho, pues refleja la existencia de una serie de daños -y posibles daños ambientales- en la zona concesionada, estudio que fue preparado con posterioridad a la inspección realizada por los funcionarios de Geología y Minas, y a partir del cual se refuerza la tesis de que para ese momento no era posible descartar con absoluta certeza que la actividad de explotación afectaba al medio ambiente, especialmente el acuífero Colima. Por otra parte, cabe resaltar que no lleva razón la actora cuando afirma que la Administración decidió mantener la suspensión total de las labores de extracción y procesamiento, a pesar de haberse presentado los informes solicitados en la resolución N°590 citada, por cuanto del expediente administrativo se desprende que la Dirección de Geología y Minas, mediante resolución N°784, de las 9:40 horas del 16 de diciembre del 2001, amparada en el contenido de la resolución N°623-2001 de Nombre3456 y el Memorandum DGM-DC-1018-2001, dispuso levantar parcialmente la suspensión de labores que se había ordenado inicialmente, autorizando a Nombre150891  . para la utilización del sistema de quebrado (beneficiado) localizado al oeste del área  concesionada, hasta el día 1 de junio del 2002. Es decir, a pesar de que la Administración en un primer momento había rechazado la solicitud de suspensión de los efectos del acto (por resolución N° 703), posteriormente, toma en consideración el contenido de informes naturaleza técnica emanados de Nombre3456 y la propia Dirección de Geología y Minas, incorporados al expediente administrativo, y con base en esa información técnica, que valga aclarar no era definitiva ni concluyente, decidió levantar la suspensión de las labores de beneficiado en el sector oeste de la cantera, tal y como lo solicitara la propia concesionaria en el recurso de revocatoria con apelación y suspensión de los efectos del acto presentado el 6 de agosto del 2001. De cualquier forma, aún y cuando la actora cuestiona la resolución N°784, de la demanda no desprende argumento alguno que sustente su impugnación, tornando imposible la revisión de legalidad de ese acto en particular. Por otra parte, tal y como se verá más adelante, si bien la actora presentó en octubre del 2001 los informes que le fueron requeridos (folio 893 del tomo IV del expediente administrativo y estudios empastados), los mismos resultaron incompletos en lo referente a la adecuada caracterización del acuífero, con lo cual sus reproches no son de recibo. Consecuentemente, no se encuentran los vicios apuntados por la accionante en relación con este tema, por lo que procede rechazar los alegatos formulados.-\n\n            IX.- SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Alega la actora que la medida cautelar adoptada mediante la resolución N°590, resultó ser violatoria del principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto ésta constituía un acto limitativo de derechos, y como todo acto de esa naturaleza, debe contar con una triple condición: ser necesario, idóneo y proporcional. Argumenta que la resolución mencionada no cumplió con ninguna de esas tres condiciones, terminando por generar una restricción absoluta del ejercicio de un derecho real administrativo, alrededor del cual se desarrollaba una serie importante de actividades productivas. Aduce, igualmente, que la Dirección de Geología y Minas dejó de lado la recomendación contenida en el punto 4 del aparte de recomendaciones del oficio DGM-DC-803-2001, en el sentido de mantener la suspensión, hasta que se realizaran los estudios hidrogeológicos solicitados y que oportunamente se aportaron. Los argumentos no son de recibo. El acto que se impugna participa de las características apuntadas en considerandos anteriores, es decir, se trata de una medida cautelar orientada a proteger un bien jurídico de rango constitucional e internacional, cuál es el medio ambiente, debiendo tenerse claro que los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para la toma de estas medidas son especiales, rescatándose lo dicho antes, en el sentido de que, la toma de acciones por parte del Estado deben estar dirigidas siempre en favor del ambiente, aún y cuando existiere duda de si el disfrute del derecho del particular, que resultaría limitado con la medida, fuere la causa directa de la posible afectación del elemento que se ve comprometido. Ahora bien, en los términos planteados por la propia actora, a partir de lo establecido por la Sala Constitucional en la resolución 8858-98, disiente este cuerpo colegiado de jueces en cuanto a que la medida cautelar no resultó necesaria, idónea y proporcional. Es claro que la medida debía ser adoptada en la forma en que lo hizo la Dirección de Geología y Minas, pues lo que estaba en juego era la eventual contaminación de un recurso hídrico de suma trascendencia, como lo era el acuífero Colima Superior, toda vez que constituye una importante fuente subterránea de abastecimiento de agua potable, debiendo recordarse que el acceso al agua potable es un derecho fundamental en tanto materializa el derecho a la vida.  Reitérase que no existían en aquel momento (inspección del 3 de agosto del 2001), elementos científicos certeros que evidenciaran que la actividad de explotación llevada a cabo por la concesionaria no tenía posibilidad alguna de afectar el acuífero, y más bien, el hecho de que se hallara un nuevo afloramiento de ese acuífero en la zona en concesión, reflejaba la vulnerabilidad del mismo a la contaminación por los procesos de extracción y procesamiento. Precisamente por esa falta de información técnica y científica es que se dispuso la suspensión de las labores en todos los frentes de explotación, no siendo exigible la ponderación que echa de menos la accionante, en punto a definir como alternativa la suspensión de la explotación sólo en las zonas donde existía riesgo, dado que se desconocía el nivel de vulnerabilidad que presentaba el recurso hídrico mencionado, en relación con el estado y avance de la superficie que era objeto del proceso de extracción. Por lo anterior se estima que la medida sí resultaba necesaria.  Por las mismas razones, entiende el Tribunal que la medida adoptada resultó idónea, de toda suerte que era la única que podía tomarse luego de la inspección ya señalada, al amparo del principio precautorio contenido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y desarrollado por la Sala Constitucional, habida cuenta que la Administración carecía de la efectiva evidencia científica que permitiera hacer una valoración para no afectar, o al menos en forma leve, los intereses particulares de la concesionaria. La actora cita insistentemente el informe extrajudicial vertido por el Dr. Nombre150898  , según el cual la resolución N°590 resultó excesivamente lesiva a los intereses de la demandante y de las familias que obtenían trabajo a partir de su actividad minera, sin embargo, el dicho del citado profesional no hace más que confirmar lo que se ha señalado en líneas precedentes, por cuanto esgrime meras opiniones y no afirmaciones contundentes, es decir, su posición no refleja con contundencia científica que las labores de extracción y procesamiento, aún y cuando se tratara del sector oeste de la zona, no afectaban o afectarían el acuífero. Véase que la actora transcribe un extracto del mencionado informe que dice así: \"Esta condición de desproporcionada se reafirma aún más, cuando se considera el hecho indicado en el informe de campo, de que el proyecto estaba llevando a cabo las labores de extracción en el frente Oeste de la concesión, localizado, como ya se indicó, en un área donde no estaba afectando el acuífero, ni tampoco generaba un riesgo de contaminación a la captación de la fuente Zamora.  Parece más lógico, que la recomendación del informe de la DGM, tomando en cuenta la ausencia de una conexión clara entre el Tajo y la contaminación de Puente de Mulas y las consecuencias sociales de una suspensión total de las actividades productivas de la concesión, estuviera encaminado a limitar las labores de extracción y procesamiento del material mineral en un espacio geográfico, dentro del área del proyecto, donde se minimizaran los posibles riesgos.\" (folio 329, la negrita no es del original).- De ser tan sencillo como estimar a priori y sin suficientes estudios hidrogeológicos, -tal y como se plantea en el informe que aporta la actora-, que por el hecho de que el afloramiento se hallaba en el sector este de la zona explotada, entonces podían continuar las labores en el otro frente de explotación, la discusión habría acabado de inmediato, y el principio precautorio se habría dejado sin contenido para este caso particular, lo cual no ocurrió. Nótese que el mismo profesional reconoce que existe una ausencia de una conexión clara entre el Tajo y la contaminación de Puente de Mulas, es decir, aún y cuando lo relevante de la discusión en este proceso fuera el tema de la contaminación que sufrió el agua de Puente de Mulas, que no es así, sino la protección del acuífero Colima Superior, ni siquiera allí tenía total certeza el informe del experto ofrecido por la accionante, a efecto de desvincular de toda causalidad la actividad de explotación y procesamiento de materiales con la contaminación señalada. En el mismo sentido, el informe pericial rendido en autos (folios 1738 a 1749), cuyo objeto consistía en analizar el texto que elaboró el Dr. Nombre150898   denominado \"Análisis técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del MInisterio de Ambiente y Energía\", no es claro ni contundente en punto a establecer que la DGM, al momento del dictado de la resolución N°590, contaba con suficientes elementos de orden científico que brindaran absoluta certeza, a efecto de descartar la existencia de un peligro de contaminación del acuífero Colima Superior, por las labores de explotación minera desplegada por la actora. En efecto, dicho informe en sus conclusiones finales dice en lo que interesa: \"... 5.4.- A solicitud del Director Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), la Dirección de Geología y Minas realizó una inspección a la propiedad del Tajo de El Pedregal, en compañía de funcionarios de otras instituciones. El objetivo de la inspección era el de establecer si la contaminación del agua que afectó la Dirección18592     se había originado en los terrenos del Tajo El Pedregal. Como resultado de la inspección, no se logra establecer que realmente la contaminación se hubiese originado en la propiedad de El Pedregal. Lo que la DGM reporta es la vulnerabilidad sobre el acuífero superior que existe en el sitio debido a los trabajos de extracción de material que allí se realiza. De esta inspección surgió la Resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía. En dicha resolución se ordenó \"LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LABORES DE EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL DE LA CANTERA que desarrolla la sociedad Nombre150891  . en el área de concesión del expediente administrativo N°1547\". 5.5.- El perito considera válido la declaración del Dr. Nombre150898  de que la resolución 590-2001 se basó en las condiciones de vulnerabilidad observadas en el tajo, tal como lo reportan los inspectores, y que esa situación estaba plenamente reconocida por las instituciones vinculadas con los controles de operación del tajo desde hacía muchos años. Además no se señala en la resolución la definitoria de que en el Tajo El Pedregal hubiese ocurrido la contaminación del agua. 5.6.- Es opinión de este perito, que la Dirección de Geología y Minas pudo haber analizado los dictámenes del Nombre150893.  del Ministerio de Salud, así como otras opiniones de profesionales especialistas en Hidrogeología, con suficiente experiencia del área donde se generó el problema, antes de emitir una resolución final. 5.7.- Es opinión de este perito que, con base en los dictámenes del Ministerio de Salud, y mediante la ejecución de estudios hidrogeológicos inmediatos, era posible que la planta extractora del material rocoso El Pedregal se mantuviera en operación, al mismo tiempo que se aplicaban las recomendaciones y medidas de protección que se daban en la Resolución 590-200 (sic), y mientras se realizaban los nuevos estudios propuestos, y que fueron realizados por los hidrogeólogos Nombre150896 , Nombre150900 , Nombre150894  y Nombre150895 . 5.8.- La aplicación de normativas como la que señala el Considerando No. 5 de la Resolución 590-2001, dependerá finalmente de la decisión que tomen los profesionales responsables de las distintas instituciones públicas involucradas con una problemática específica. Se copia textualmente ese considerando: (...) En este caso concreto, los profesionales con mayor experiencia y conocimiento de las condiciones hidrogeológicas del área de Puente Mulas, no laboraban para ninguna de las instituciones públicas involucradas en el momento en que se presentó el problema. Precisamente es a algunos de esos profesionales, los que se mencionan en el punto 5.7 de estas conclusiones, a los que se les asignó posteriormente efectuar los trabajos de las nuevas investigaciones hidrogeólogicas del área de Puente Mulas. Por esta situación, y posiblemente ante el desconocimiento o la duda que existía en las instituciones responsables, para tomar las decisiones con relación a la problemática de la contaminación el agua en Puente Mulas, es que se decidió aplicar las normativas ambientales que permitían ante cualquier duda, tomar una decisión como la que se incorporó en la Resolución 590-2001.\" (la negrita no es del original). Como puede observarse, a lo largo de sus conclusiones, el perito plantea meras hipótesis, al igual que lo hace el estudio del Nombre150898. , limitándose a hacer comentarios de lo que en su criterio pudo haber hecho la DGM, sin embargo, no es claro en indicar lo más relevante del caso, esto es, sí para el momento de adoptar la medida cautelar, existía  absoluta seguridad de que el recurso hídrico del acuífero Colima Superior no se encontraba bajo ningún riesgo, producto de la actividad minera de la actora. Por el contrario, el perito reconoce que los funcionarios de Geología y Minas basaron su actuación en las condiciones de vulnerabilidad encontradas en el Tajo, y concretamente, de la vulnerabilidad del acuífero superior que discurre por la zona concesionada, hecho que no ha sido desvirtuado por las partes. Súmese a lo anterior, que el informe, fundamentalmente, concentra su análisis en si se logró o no acreditar la posible contaminación de Puente de Mulas, sin embargo, como ya se explicó antes, ese no es el tema central de la discusión, siendo que el motivo del acto  impugnado tiene su asidero en la constatación de un segundo afloramiento del Acuífero Colima Superior en la zona en explotación, y ante el riesgo de resultar afectado el mismo por la actividad de explotación en la cantera, tuvo como objeto su protección y conservación. Finalmente, es destacable que el informe pericial incurre en una serie de comentarios que exceden el objeto del análisis que le fue solicitado, por cuanto hace calificaciones sobre la experiencia y conocimiento de los funcionarios que laboraban en aquel momento para las instituciones competentes en la materia de fondo, sin embargo, no está en posición de hacer tales afirmaciones, ni mucho menos son relevantes a efecto lograr una aproximación a la verdad real en este debate. Con todo, lo que sí queda evidenciado del propio dicho del perito, es que la Administración optó por aplicar la normativa ambiental que permite tomar las medidas como la adoptada en este caso (principio precautorio), ante la duda sobre la posible afectación del recurso hídrico. En consecuencia, a juicio del Tribunal y por las particularidades del asunto de fondo, la medida no resultó inidónea, en el tanto para el momento en que se adoptó, no existían otros mecanismos que en mejor forma solucionaran la necesidad existente (protección del acuífero). Por último, esta Cámara considera que la medida sí resultó proporcionada, en atención a que, como se ha venido insistiendo en el desarrollo de esta sentencia, el día de la inspección se pudo constatar la existencia de un nuevo afloramiento del acuífero Colima, reflejando tal situación la vulnerabilidad de ese recurso hídrico en función de las labores mineras que se desplegaban en la zona, con lo cual se evidenció el peligro de que dicho acuífero resultara contaminado con las sustancias que se producían a consecuencia de la extracción y procesamiento de materiales. Para el Tribunal, tratándose de un recurso de tanta importancia para la salud humana y por su gran potencial para el eventual abastecimiento de agua potable, la mera constatación, como lo hace ver la actora, no era razón suficiente para autorizar el proceso de extracción y procesamiento en el sector oeste de la concesión, toda vez que el segundo afloramiento encontrado, aún cuando se hallara en el sector este, constituía un signo externo de la vulnerabilidad del acuífero referido, producto del avance de la actividad que se llevaba a cabo en esa zona de nuestro país. Ahora, lejos de considerarse intempestiva y arbitraria la medida por haber sido tomada el mismo día de la inspección, se encuentra que la misma era una respuesta acorde con la magnitud de las consecuencias que podrían resultar de la contaminación del acuífero, consecuencias que significarían ni más ni menos que la posibilidad de dejar sin utilidad una fuente de abastecimiento de agua de gran potencial para todos los habitantes, ya que, en última instancia, es la colectividad la que resulta beneficiaria, todos los días, de tan importante recurso para todas las actividades de la vida humana. Las aseveraciones del informe del Nombre150898. , citadas por la propia actora, resultan contrarias al parámetro constitucional erigido a partir del principio precautorio, cuando dice así: \"La lógica, en este sentido, indica que lo más equilibrado hubiese sido una suspensión parcial, que limitara el área de extracción a sitios donde el riesgo ambiental fuese muy bajo, mientras se desarrollaban las investigaciones detalladas y la implementación de medidas más concretas para las operaciones del proyecto.\" (folio 330, la negrita y el subrayado no es del original). La lógica no es el único factor que impera, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, para la toma de decisiones en relación con medidas cautelares cuyo fin sea la protección del ambiente, pues juegan un papel más preponderante en esta materia la ciencia y la técnica. Y se ha reiterado ya, que el conocimiento científico en esta materia debe ser absolutamente certero, a efecto de descartar toda conexión entre el derecho cuyo disfrute se vería restringido con la medida y la afectación al ambiente en cualquiera de sus componentes. Obsérvese que el mismo profesional reconoce que sí existía un riesgo ambiental (aunque lo califique como bajo), y reconoce igualmente que no se contaba para ese momento con investigaciones detalladas, lo cual va en perfecta armonía con lo expuesto hasta ahora, puesto que de haber sido así, se habría tenido un panorama claro y cierto, en punto a determinar si había o no una relación de causalidad entre la actividad de la actora en el Tajo y la contaminación del acuífero. Ante tales circunstancias, es notable que lo procedente, conforme al principio precautorio y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, era suspender las labores en su totalidad, hasta tanto se contara con los estudios hidrogeológicos solicitados a la empresa y los que debía presentar Nombre3456 y el ICAA, cada uno en su respectiva competencia. A la accionante le fue requerido la caracterización del acuífero, estudios hidrogeológicos, y la determinación de los niveles freáticos. Valga indicar que a pesar de haber presentado esos estudios, los mismos resultaron insuficientes en en relación con las características del acuífero (informe del Consejo Técnico Asesor en Minería citado en la resolución N°77, a folios 1104 a 1107 del tomo V del expediente administrativo), y en todo caso de acuerdo con el informe vertido por las geólogas Marlene Salazar y Sofía Huapaya (funcionarias de DGM), en el cual hicieron una revisión de los estudios de la empresa y de las instituciones antes citadas, se concluyó que en el frente oeste del Tajo no se descartaba el peligro de afectación al acuífero (oficio DGM-SD 20-2002, del 15 de enero del 2002 a folio 1070 del tomo V del expediente administrativo). Ello se hizo ver en la motivación de la resolución N°77 de las nueve horas del veintiocho de enero del 2002, mediante la cual la Dirección de Geología y Minas rechazó el recurso de revocatoria que presentó la demandante contra la resolución N°590. Así, en esa oportunidad se dijo: \"En el frente oeste, si bien es cierto que no se detectaron afloramientos del manto acuífero, no se debe omitir la irregularidad del flujo hídrico en el área y la carencia de información de esta. Por lo tanto se recomienda que la extracción en este sector, si se diera, sea mediante bloques de explotación previamente estudiado y con la caracterización del flujo hídrico subterráneo para determinar la cota máxima de explotación. Para esto el concesionario deberá de presentar la evaluación de reservas diferenciada por tipo de material y posibilidad de extracción, así como un plan y programa minero, con su respectivo cronograma,de la explotación por áreas y niveles, esto incluye la secuencia lógica y técnica del desarrollo, así como la presentación de los estudios de estabilidad de taludes correspondientes para los cortes a realizarse.\" (folio 1076 del tomo V del expediente administrativo). Es decir, en virtud de que los estudios hidrogeológicos de la actora eran incompletos en cuanto a caracterizar la profundidad del acuífero en las zonas que se pretendían explotar, no se descartaba que surgieran nuevos afloramientos incluso en el sector oeste, y que para permitirse la explotación en ese sector, se hacía necesaria información hidrogeológica más detallada y un plan de explotación minucioso y riguroso. En pocas palabras, aún y cuando la accionante no emitió argumento alguno para impugnar la resolución N°77, es claro que aún después de la medida cautelar, la información científica presentada por la concesionaria no permitía suprimir una posible conexión entre la actividad minera y la afectación al acuífero Colima, y en todo caso, la voluntad de la Administración no fue de la vedar toda posibilidad de realización de labores de extracción por parte de la empresa accionante, sino que tal situación estaba supeditada a que la propia interesada presentara información necesaria para garantizar la protección del tantas veces mencionado recurso subterráneo. Consecuentemente, estima el Tribunal, con base en todo lo expuesto, que la medida resultó proporcionada, en el tanto el beneficio que se pretendía alcanzar con la misma en favor de la colectividad, no era marcadamente superior a la restricción que se impuso a la accionante en el disfrute de su derecho real limitado. Por consiguiente, se rechazan las argumentaciones vertidas en ese sentido.-\n\n            X.- SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. La actora basa este reproche en el hecho de que, si bien para dictar una medida cautelar no se requiere de un procedimiento previo, en el momento en que se tuvo por probado que se había ocasionado un daño ambiental como consecuencia de conductas de la accionante, debió haberse seguido un procedimiento ordinario administrativo con oportunidad de defensa. Los alegatos no son de recibo. Entre la empresa actora y el Estado existía una relación jurídico administrativa, nacida con ocasión del derecho de concesión que el último le otorgó a la primera, permitiéndole desarrollar la actividad de explotación minera en la zona de Belén. Es precisamente dentro del ejercicio de esa concesión que surgió el hecho natural que motivó la adopción de la medida cautelar impugnada, misma que fue dictada por la Administración dentro del procedimiento correspondiente a la concesión (expediente 1547), al ser ése el marco legal preexistente. Lo anterior se trae a colación, por cuanto es claro que independientemente de la naturaleza de la relación aludida, el objeto de la medida precautoria consistía única y exclusivamente en la protección del acuífero Colima Superior, en tanto era un recurso hídrico susceptible de contaminarse a causa de las labores que realizaba la concesionaria en la zona por donde aquél discurría. De esta forma, tenemos que el contenido de la medida cautelar impugnada consistió en paralizar las labores de extracción y procesamiento de materiales, y solicitar estudios hidrogeológicos para determinar si era viable que la empresa demandante continuara con las obras en el área de concesión, todo de conformidad con el principio precautorio antes analizado. Nótese que la Administración invocó en respaldo de su actuar los artículos 219 y 226 de la Ley General de la Administración Publica, que permite que en casos como éste, donde existe un peligro grave e inminente para las cosas y las personas (el medio ambiente y la salud humana), en tanto se podía ocasionar daños de imposible reparación, se prescinda de la constitución de un procedimiento ordinario administrativo para poder emitir el acto administrativo tendiente a su protección. Consecuentemente, entiende esta Cámara que las acciones dispuestas para la determinación del posible daño ambiental que se hubiere podido generar en la zona concesionada,  no surgió como consecuencia de un acto sancionatorio, en el tanto no tenía por objeto la aplicación de un castigo a la demandante con ocasión de la comisión de alguna infracción administrativa previamente tipificada, sino que nace como consecuencia de un acto cautelar, que obliga al Estado a coordinar con las diferentes órganos y entes competentes en la materia ambiental, la implementación de todas las acciones establecidas en el ordenamiento que tiendan a proteger el recurso hídrico, y en tal condición, no participa de los supuestos establecidos en el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública, tal y como lo pretende hacer ver la accionante. Ante ese panorama, el Tribunal estima que no era preciso que se levantara un procedimiento administrativo ordinario para esos efectos. De cualquier forma, es claro que por regla de principio la ley especial prevalece sobre la general, y en este caso específico, por razón de la materia, el Código de Minería (Ley N° 6797) es ley especial, prevaleciendo por encima de la Ley General de la Administración Pública. Dicha norma contiene un título específico (XIII), en el cual se encuentran descritos y regulados los procedimientos atinentes a la materia de exploración o explotación de los recursos minerales, y es a través de dichos procedimientos que la Administración expresaría su voluntad en relación con las distintas solicitudes de concesión de aquellas actividades, así también como cuando éstas ya se encuentren en plena ejecución. El mencionado código no es omiso en regular el procedimiento recursivo que procede en contra de las resoluciones que dicte la Dirección de Geología y Minas, órgano competente en la materia, siendo que el actual artículo 94 (anteriormente artículo 90), dispone así: \"Contra las resoluciones que se dicten procederán los recursos de revocatoria y de revisión, ante la Dirección, y de apelación ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Contra la resolución que dé por agotada la vía administrativa, podrá interponerse acción contencioso administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del plazo de dos meses, salvo otras disposiciones de esta ley.\" Respecto de este numeral debe aclararse que en virtud de varias transformaciones que sufrió la estructura del Poder Ejecutivo entre los años 1980 y 1988, específicamente en lo relativo a las competencias ministeriales en materia de industria, energía, minas y ambiente, hoy día la Dirección de Geología y Minas pertenece al MINAET, anteriormente MINAE. Pues bien, conforme se desprende del expediente administrativo, la actora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N°590 aquí impugnada, en fecha 6 de agosto del 2001, recurso que fue  adicionado por escrito del 8 de agosto del mismo año, solicitando en esa oportunidad lo siguiente: \"Por ello solicitamos se proceda a levantar la suspensión del procesamiento beneficiado y se permita a mi representada continuar procesando los materiales que tenga en sus patios así como material que pueda adquirir en otras canteras.\" (folios 617 y 630 del expediente administrativo). La Dirección de Geología y Minas mediante resolución N° 703 de las nueve horas treinta minutos del cinco de setiembre del 2001, denegó la solicitud de levantamiento de la suspensión de labores de extracción y procesamiento en el área de la concesión. De dicho pronunciamiento apeló la concesionaria (aquí actora), siendo que por resolución N°R-1726-2001-MINAE, de las nueve horas del nueve de octubre del 2001, la Ministra de Ambiente y Energía dispuso rechazar el recurso de apelación con nulidad concomitante interpuesto por la accionante en contra la referida resolución N°703, y ordenando a la Dirección de Geología y Minas pronunciarse sobre el recurso de revocatoria presentado contra la resolución N°590. Cabe agregar que, pocos días después, mediante resolución N°784 de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de octubre del 2001 -aludida en considerandos anteriores- el citado órgano dispuso variar la medida cautelar y autorizó a la empresa accionante para utilizar el sistema de quebrado localizado al oeste del área concesionada hasta el 1 de junio del 2002. Mas tarde, por resolución N°077 de las nueve horas del veintiocho de enero del 2002, la Dirección de Geología y Minas resolvió el recurso de revocatoria incoado contra la resolución N°590, y tomando en cuenta el contenido de los estudios aportados por la empresa (Uno realizado por los hidrogeólogos Nombre150894  y Nombre150895 , y otro por los hidrogeólogos Nombre150901  y Nombre150900 ), así como los realizados por SETENA: \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.\", el ICAA: \"Análisis del daño ambiental y otros, producto de la afectación del acuífero y la violación de las zonas de protección en el tajo Pedregal-Sistema de Puente de Mulas\", e inclusive los informes aportados por el Consejo Técnico Asesor en Minería; dispuso mantener vigente la orden de suspensión de las labores de explotación y las de procesamiento de material en el sector este de la concesión (folio 1144 del tomo V del expediente administrativo). Por resolución de las diez horas del veintinueve de abril del 2002, la Ministra de Ambiente y Energía conoció la apelación contra la resolución N°590, rechazando la misma y dando por agotada la vía administrativa (folio 1176). Como puede observarse, la empresa demandante tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa conforme las regulaciones procedimentales establecidas en el Código de Minería, y en tal sentido ejerció las posibilidades que le brindaba el ordenamiento para exponer sus argumentaciones técnicas a efecto de combatir la medida cautelar dispuesta, todas las cuales le fueron resueltas. Puede afirmarse que se han cumplido en este caso las garantías fundamentales del debido proceso exigidas por la jurisprudencia constitucional, esto es, derecho a ser oído, oportunidad para presentar argumentos y pruebas, acceso a la información y los antecedentes, derecho a obtener asesoría, notificación de las decisiones tomadas y derecho de recurrir la decisión tomada. Siendo así, se rechazan los argumentos de la actora en relación con la aparente la violación al debido proceso, no advirtiéndose ninguna nulidad absoluta por este motivo.-\n\n            XI.- EN CUANTO A LA FALTA DE MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN N°451. Afirma la actora que el motivo de la resolución N°451, mediante la cual se extinguió la concesión de la cual gozaba, lo fue el incumplimiento de la resolución N°590 y de la resolución N°784. Que en virtud de que de las mencionadas resoluciones adolecen de vicios de nulidad absoluta, las mismas eran ineficaces de acuerdo con nuestro ordenamiento. En ese tanto, argumenta que la resolución N°451 carece de motivo legítimo, por cuanto está imputando a la demandante el incumplimiento de una medida que era ineficaz. Los alegatos no son de recibo. Evidentemente todo acto administrativo absolutamente nulo no puede ejecutarse por disposición legal, y ordenar su ejecución daría lugar a responsabilidad de la Administración y del funcionario que así lo hiciere (artículos 146.3, 169 y 170 LGAP). En el caso concreto, el Tribunal no ha encontrado que los motivos alegados por la demandante para sustentar la invalidez de la resolución N°590 fueren procedentes, y en esa medida se debe presumir que el acto cuestionado era legalmente válido así como ejecutable, esta última condición en virtud de la ejecutoriedad de los actos administrativos (artículos 146 y siguientes de LGAP). Siendo así, se estima que la resolución N°451 gozaba de motivo legítimo, en el tanto tuvo por tal el incumplimiento incurrido por la actora respecto de las disposiciones que fueron establecidas por la Dirección de Geología y  Minas, en la medida cautelar expresada en la resolución N°590, que como se dijo, se presume válida y eficaz para todos los efectos. En consecuencia, se desestiman los reproches formulados en este sentido.-\n\n            XII.- SOBRE LA INVOCADA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA EN LA RESOLUCIÓN N°451. Argumenta la actora que la resolución N°451 corresponde a una sanción administrativa rescisoria. Que para ello debe existir una norma de rango legal, que de previo a la conducta que se sanciona, la tipifique y la haga posible. Por lo anterior, señala que en el caso concreto hay una falta de fundamentación jurídica, pues no existe base legal para declarar la caducidad de una concesión, por la conducta de desobedecer una orden cautelar de suspensión de la actividad extractiva. No lleva razón en sus alegatos. No participa este Tribunal de la tesis que plantea la accionante, por cuanto no se considera que el acto expresado mediante la resolución N°451 corresponda a uno de naturaleza sancionatoria. En primer lugar, de haber querido el legislador que la cancelación fuese una sanción, la hubiere  previsto expresamente en el capítulo II, del Título XVII, correspondiente a las infracciones y sanciones administrativas, donde están descritas las hipótesis legales que dan lugar a distintas consecuencias jurídicas a título de sanción (por ejemplo la imposición de multas) . Por otra parte, una sanción constituye un mal inflingido por la Administración a una persona física o jurídica, como consecuencia de haber cometido una conducta ilegal, y previamente tipificada como tal (infracción). La Administración la impone en el ejercicio de su potestad punitiva inherente, y con ello se procura el bienestar de la colectividad, mediante la protección de determinados bienes jurídicos que se estiman necesarios para el mantenimiento del orden, la seguridad y la paz sociales. En el caso concreto, el actuar de la Administración no se enmarca en el ejercicio de esa potestad sancionadora, en el tanto no estamos ante un hecho tipificado como infracción, sino que se trata de un derecho a título precario (derecho real limitado sobre dominio público), por cuanto el Estado es el titular del dominio absoluto de todos los recursos minerales del territorio nacional (artículo 1 Código de Minería), y por medio de la concesión de explotación, autoriza a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, a realizar actividades de explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las condiciones y requisitos que establece el Código de Minería, su reglamento y las leyes especiales (artículo 12 Código de Minería).  En el marco de esa relación jurídico administrativa, le asisten al concesionario una serie de obligaciones que está compelido a cumplir, y cuya desatención genera, de pleno derecho, la cancelación de aquél derecho limitado. Dentro de ellas destacan las relativas a la protección del ambiente, y en tal sentido se transcriben en lo que interesan las siguientes normas del Código de Minería:\n\nArtículo 34. \"El titular de una concesión de explotación estará obligado a:\n\n ...\n\nch) Elaborar un estudio completo sobre el impacto ambiental del proceso de explotación, que cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 97; y cumplir con las normas que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables.\n\n...\n\nf) Cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamento, y en la resolución de otorgamiento de la concesión.\"\n\n\"Artículo 67 (anteriormente 63). La concesión de explotación podrá ser cancelada, si el titular no cumple con las condiciones estipuladas en la resolución de otorgamiento, de acuerdo con esta ley y su reglamento, en especial en los siguientes casos:\n\n...\n\nch) Si no se hubieren cumplido las normas legales y reglamentarias que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables.\"\n\n\"Artículo 101 (anteriormente 97). Los titulares de un permiso de exploración o de una concesión de explotación, están obligados a cumplir con todas las normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley. \"\n\n\"Artículo 102 (anteriormente 98). Prohíbese toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que están destinados.\" (la negrita no es del original).\n\nUna interpretación armónica de estas normas en relación con el artículo 50 constitucional, confirma, sin lugar a dudas, que con mucha mayor razón, dentro de una relación de concesión, el medio ambiente se erige como un interés superior que está por encima de cualquier interés privado, su protección es de obligada observancia y están prohibidas todas las acciones que puedan implicar un daño a ese bien jurídico. Cualquiera conducta de un concesionario que resulte contraria a ése interés superior y que no se ajuste a las medidas que en su oportunidad se dicten para protegerlo, generará en cabeza del Estado la potestad de cancelar la concesión, en el tanto el Estado es el titular del dominio de todos los recursos minerales del territorio nacional, y además le asiste un deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por así mandarlo la Constitución Política en su artículo 50 en relación con el 21 (derecho a la salud). Por supuesto, en resguardo del debido proceso, para lo anterior se debe cumplir con el procedimiento especial previsto en el párrafo final del actual artículo 67 del Código de Minería (anteriormente artículo 63), según el cual, la Dirección de Geología y Minas realiza un estudio, le otorga plazo a la concesionaria para que se emita sus justificaciones o cumpla con sus obligaciones. Posteriormente, se analiza lo actuado por la concesionaria y de considerarse procedente, el asunto se lleva a conocimiento del Ministro. Éste estudia el mismo y decide si otorga o no un nuevo plazo no mayor de tres meses, de lo contrario la Dirección dicta la resolución de cancelación. En el caso bajo examen, ello fue lo que ocurrió, la concesionaria incumplió las medidas precautorias de suspensión de obras que le había impuesto la Dirección de Geología y Minas cuyo objeto era proteger el acuífero Colima (ver informe en memorandum DGM-DC-399-2002 a folio 1372 del tomo VI del expediente administrativo y criterio en memorandum DGM-OD-644-2002 a folio 1404 del mismo tomo). Tal incumplimiento se verificó en el tanto la actora realizó posteriores extracciones de material y lo procesó, lo cual no ha sido negado en este proceso, y más bien, lo reconoce abiertamente, cuando argumenta que para ese momento no existía norma que tipificara el incumplimiento de una medida cautelar con la \"sanción\" de cancelación. En la especie, se siguió el procedimiento antes aludido, y se decidió cancelar la concesión que se le había otorgado a la empresa accionante. Desde el punto de vista jurídico material, se estima que el incumplimiento en el que incurrió la actora respecto de las medidas cautelares en favor del ambiente, constituía motivo suficiente y amparado en la normativa legal y constitucional para cancelar el derecho de concesión de explotación. Las razones que hubiere podido tener la demandante para violentar esas medidas no son acciones sustentadas en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto, habrán de rechazarse sus argumentos, como en efecto se hace.-\n\n            XIII.- SOBRE LA ADUCIDA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ADECUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD EN LA RESOLUCIÓN N°451. En consideración de la actora, de acuerdo con los principios de adecuación y proporcionalidad, para el cumplimiento forzoso de un acto la Administración debe adoptar aquella medida que esté acorde con su contenido y en grado suficiente para asegurar el fin perseguido. Señala que en el caso concreto, ante el incumplimiento de la medida cautelar, la Administración debió valorar la naturaleza del incumplimiento considerando que: el aprovechamiento del material no implicó voladuras en el frente de explotación, que se trató de actividades de procesamiento de material que había sido extraído del sector oeste antes de la suspensión de sus actividades, que dicho sector no se observa intervención en el manto acuífero, que el concesionario había hecho ver en repetidas ocasiones la necesidad de procesar material  para cumplir con las obras públicas en curso al momento de la adopción de la medida cautelar, y la inexistencia de daño ambiental alguno producto de la desobediencia de la suspensión. Y por otro lado, aduce que la Administración debió evaluar, conforme la medida cautelar cuyo cumplimiento forzoso se buscaba, la opción que asegurara la menor lesión posible sin dejar de proteger el recurso hídrico. Concluye que de haber sido así, ello hubiera dado lugar a otras medidas de cumplimiento como el decomiso de bienes, la clausura de establecimientos, etc., pero no una sanción rescisoria capaz de afectar familias y daños y perjuicios. Los alegatos no son de recibo. La actora pretende calificar la cancelación de la concesión (resolución N°451) como si fuere un medio de ejecución de la resolución N°590, es decir, como si tratara de la actuación por medio de la cual la Administración logró ejecutar coactivamente aquel acto de naturaleza cautelar (artículos 146 y siguientes LGAP). No obstante, atendiendo a sus características, la resolución N°451 no es una mera actuación de naturaleza ejecutiva, es un acto administrativo independiente de la medida cautelar, que cuenta con un motivo, un contenido y un fin, y se encuentra debidamente fundamentado. Es un acto final que da por terminada la relación jurídico administrativa surgida con ocasión del derecho de concesión (derecho real limitado), que se produce por el incumplimiento de la concesionaria de las disposiciones que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos renovables (sea, la protección del ambiente que es un interés superior de rango constitucional e internacional), y para lo cual se requiere el previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 67 del Código de Minería. En tal sentido, tenemos que si bien el motivo de la resolución N°451 lo es el incumplimiento aceptado por la actora de las medidas establecidas en la resolución N°590 (ver oficio N°DC-399-2002 del 21 de junio del 2002), no por ello se constituye en un medio de ejecución de ésta última, y en tal caso no son aplicables las normas relativas a la ejecutoriedad de los actos. Desde ese punto de vista, se estima que la cancelación emitida por la Dirección de Geología y Minas no resultó ser una conducta arbitraria, en la medida que respondió al propio incumplimiento de la accionante respecto de las disposiciones adoptadas por la Dirección de Geología y Minas mediante las resoluciones N°590-2001 y 784-2001, para la protección y conservación del medio ambiente, amparadas en el principio precautorio y que fueron incumplidas por la actora. Consecuentemente, se rechazan los alegatos vertidos en este sentido.-\n\n            XIV.- SOBRE LOS RESTANTES ACTOS IMPUGNADOS. Si bien es cierto, en el escrito de interposición de la demanda, la actora solicitó, además, la anulación de las resoluciones N°77 de las 9:00 horas del 28 de enero del 2002 de la Dirección de Geología y Minas, R-234-2002-MINAE, de las 10:00 horas del 29 de abril del 2002 del Ministro de Ambiente y Energía, N°784-2001 de las 9:40 horas del 16 de octubre del 2001, N°482-2002 de las 11:00 horas del 31 del 2002, de la Dirección4247    , y N°R-388-2002-MINAE de las 9:40 horas del 19 de setiembre del 2002, del Ministro de Ambiente y Energía, no formuló argumentos en su escrito de formalización, tendientes a fundamentar los vicios de invalidez de los mencionados actos, atacando únicamente las resoluciones N°590-2001 de las 15:30 horas del 3 de agosto del 2001 y N°451-2002 de las 13:10 horas del 16 de julio del 2002, de la Dirección de Geología y Minas. Así las cosas, procede denegar la pretensión de anulación de los actos antes referidos.-\n\n            XV.- SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RECLAMADOS. La actora plantea que los actos impugnados adolecen de múltiples vicios de nulidad absoluta, y que por lo tanto, recae sobre el Estado una responsabilidad plena que hace exigible, en beneficio de las actoras, la indemnización de los daños y perjuicios irrogados con motivo de la sujeción a los efectos de esos actos. Los argumentos no son de recibo. Siendo que la accionante solicitó la indemnización de daños y perjuicios supeditando la misma a la eventual declaratoria de nulidad de los actos administrativos impugnados, y en vista de que éstos no han sido declarados como tales por esta autoridad, por no encontrar esta Cámara que los mismos padezcan de los vicios acusados en este proceso, lo procedente es rechazar este extremo de la demanda por ser accesorio de la pretensión principal anulatoria. De cualquier forma, la empresa actora ha reconocido en esta litis haber incumplido las medidas decretadas por la Administración en la resolución N°590-2001 de la Dirección de Geología y Minas, y en tal supuesto, no procedería conceder la pretensión resarcitoria intentada, en el tanto habría operado aquí una las causales de exclusión de la responsabilidad administrativa, cuál es la culpa de la víctima.-\n\n            XVI.- EXCEPCIONES. La representación del Estado interpuso la defensa de caducidad y las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho. En cuanto a la primera debe hacerse ver que si bien el Estado interpuso la mencionada defensa (folio 786 del tomo I del expediente judicial), por resolución N° 439-2004, dictada por la Sección Segunda de este Tribunal, se dispuso así: \"... I)  El accionado únicamente opuso la defensa previa de falta de legitimación activa; no obstante, al conferir audiencia sobre ella el Despacho, en auto de las trece horas veintisiete minutos del dieciocho de mayo de este año, citó también la caducidad (folio 745).- Lo anterior constituye un error evidente, pues este último tema no ha sido planteado, lo que obliga a revocar la citada resolución en ese extremo.\" De dicho pronunciamiento no apeló la representación estatal. Posteriormente, mediante auto de las diez horas y veinte minutos del veintinueve de octubre del dos mil cuatro (folio 810 del tomo II del expediente judicial), se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda y por interpuesta la excepción de falta de derecho. Luego, por memorial presentado el 15 de noviembre del 2004, el representante del Estado le hizo ver al Tribunal que éste Despacho omitió referirse sobre la defensa de caducidad, y presentó revocatoria con apelación en subsidio contra el auto de las diez horas y veinte minutos del veintinueve de octubre (folio 813 del tomo II del expediente judicial), no obstante, por resolución de las catorce horas y treinta minutos del diecinueve de enero del dos mil cinco (folio 816), el Tribunal rechazó la revocatoria interpuesta, remitiendo al recurrente a lo resuelto por ese Despacho en la resolución N°439-2004 antes citada, al tiempo que se denegó la apelación en subsidio por carecer de ese medio de impugnación. De conformidad con lo anterior, es claro que el tema ya fue analizado y revisado en su momento, y por lo tanto, no procede abrir nuevamente la discusión por constituirse en un asunto precluido. En consecuencia, se omite pronunciamiento sobre la defensa de caducidad.- Ahora bien, en cuanto a la falta de legitimación activa opuesta, estima esta Cámara que la misma debe acogerse respecto de las empresas Asfalto Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transporte Pedregal S.A., y Servicios y Acarreos Belén S.A., y denegarse en relación con la empresa Productos Pedregal S.A., pues ciertamente, tal y como lo aduce el representante del Estado, de acuerdo con la prueba que consta en el expediente administrativo (folio 151 del tomo I del expediente administrativo), la única persona jurídica que podría estar legitimada en este proceso para solicitar la anulación de los actos cuestionados, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y la indemnización de los daños y perjuicios, lo sería Productos Pedregal S.A., al ser la concesionaria de la explotación sobre la cantera en el Tajo Pedregal, no así el resto de las empresas que se apersonaron en esta litis, por cuanto no acreditaron contar con dicha condición, siendo evidente que los actos atacados en este debate incumben, en estricto, a la relación jurídica que surgió con ocasión de la concesión tantas veces mencionada. En tal sentido, considera el Tribunal que las restantes sociedades no cuentan con un interés directo para accionar en relación con las pretensiones esgrimidas, siendo que a lo sumo se les pudo haber tenido como coadyuvantes en este proceso, sin embargo no fue así. Por lo anterior, no son de recibo, por improcedentes, las argumentaciones formuladas a efecto de intentar sostener una eventual legitimación activa, a partir de una alegada vinculación comercial entre las distintas sociedades en la actividad de explotación minera del Tajo en cuestión, pues lo cierto del caso es que la única concesionaria para esa actividad lo es Productos Pedregal S.A.. Consecuentemente, se deniega la excepción de falta de legitimación activa en relación con Nombre150891  . y se acoge en cuanto a las demás. Finalmente, la excepción de falta de derecho debe ser aceptada, pues tal y como se desprende de los considerandos que preceden, a Nombre150891  . no le asistió el derecho en relación con sus pretensiones, por consiguiente, la demanda debe ser declarada sin lugar.-\n\n XVII.- COSTAS. En virtud de lo resuelto, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación con el numeral 103 de la misma legislación y el 221 del Código Procesal Civil, se condena a la actora al pago de ambas costas de esta acción.-\n\nPOR TANTO\n\nSe acoge la excepción de falta de legitimación activa en relación con las empresas Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A. y Servicios y Acarreos Belén S.A.. Se acoge la de falta de derecho en relación con Nombre150891  .. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda. Son ambas costas de esta acción a cargo de la parte actora. Notífiquese.-\n\n \n\nNombre15131 . \n\n \n\nEduardo González Segura                                        Nombre5243  \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 02-03-2026 19:54:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "V.- ANALYSIS OF THE COURT. Although this is a \"special\" mining proceeding, insofar as resolutions issued by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) are challenged in this venue, issued during the exercise and termination of a concession for the extraction and processing of mineral resources (Article 94 of the Mining Code), the truth is that, at bottom, the debate focuses primarily on the legality analysis of a precautionary measure (Res. No. 590-2001) issued within the framework of the concession, and whose content is strictly environmental in nature, as it was intended to prevent the potential production of damage to an aquifer (Colima Superior) that runs through the lands in the area where mining exploitation was being carried out. The aforementioned precautionary measure (first challenged act) ordered the suspension of all work being carried out by the plaintiff at that time and requested technical reports to learn with greater precision the possible impact on the indicated aquifer. In the judgment of the Directorate of Geology and Mines, the plaintiff here subsequently breached the provisions of the precautionary measure already referenced, and consequently, ordered the cancellation of the concession that had previously been granted to the company Productos Pedregal S.A. (Res. No. 451-2002). As will be stated, the Court considers that the challenged acts were in conformity with the legal system, and in such case, the claim cannot succeed.-\n\nVI.- CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF GROUNDWATER AS PART OF THE WATER RESOURCE AND ITS LINKAGE TO FUNDAMENTAL RIGHTS. The Constitutional Chamber has extensively analyzed the issue of environmental protection, and as pertains in particular to groundwater, it created a precedent in resolution No. 2004-1923 at 2:55 p.m. on February 25, 2004, which, due to its legal rigor and breadth, is deemed important to cite, as relevant:\n\n\"V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and may be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwater is that which is found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels, which are the following: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The waters included in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the speed of groundwater movement depends, in essence, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, as opposed to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation by harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the particular case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater catchments. The consumption and use of groundwater, in relation to surface water, presents clear and evident qualitative and quantitative advantages, such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is carried out gradually depending on the increase in service demand, and the capture areas can be located near the place where the demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and it is potable with little or no treatment; c) since there is soil or rock above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability in dry or rainy seasons are minimal compared to those of surface water; e) it constitutes a strategic reserve to face states of emergency due to public calamity, internal disturbance (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.\n\nVI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, proclaims the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life—\"without water, no life is possible\" states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to health of persons—indispensable for their food, drink, and hygiene—(Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure for each individual well-being and a dignified quality of life (Article 33 of the Political Constitution and Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development in large proportions. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1,000 million inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, approximately 5,500 million people will suffer water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually due to the use of untreated water. In another line of thought, nowadays, the duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development) has been recognized, such that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious good, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—use of water that is non-contaminating or compatible with the environment.\n\n(...)\n\nX.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface water, which is usually patent and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, that of groundwater, by its very nature, often goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, may take a very long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest themselves, or, when it comes to localized contaminations, they are detected when they flow to some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to becoming contaminated; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and sometimes irreversible due to the high cost of the means to do so. It is proven that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer in order to achieve potability levels again have not been successful; cleanup technologies have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very costly. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and unpostponable task of protecting them. Contamination of groundwater may be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of blackwater wells or injection wells; it is of the second type when it occurs through dilution via contamination of natural recharge. Contaminating agents can be of very diverse kinds, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, meaning it is a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse kinds, such as the following: a) contamination by domestic activity, which is organic and biological and arises from septic tanks, sewage system leaks, discharge of blackwater, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination by agricultural activities, here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash, or natural ones—based on manure—, irrigation with wastewater and high-salinity water, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination by livestock farming, essentially, it is organic and biological, similar to domestic but more intense when it involves intensive farms; d) contamination by surface water, when it recharges and is, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, produced when marine and salty waters intrude into coastal regions due to overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination by mining activities—mineral—, related to evacuations of mine water and mineral washing sites; g) contamination by industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination by nuclear activities, although exceptional in our context, may come from treatment plants for irradiated fuels and radioactive minerals and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect several aquifers and, when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface water, can cause it; j) contamination through the discharge of wastewater via blackwater wells, septic tanks, sewage network leaks, or indiscriminate discharge into hydrographic basins; k) contamination by solid waste dumping, produced when a sanitary landfill is built on permeable or unsealed terrain through leachates; l) contamination by injection wells—a form of subsoil use as a waste storage—poorly designed, constructed, or used.\n\nXII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the contamination characteristics of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in determined zones or by ordering safety measures over certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater catchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2), some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are foreseen that directly concern the protection of aquifers, in the interest of achieving sustained use of water resources, that is, to guarantee the availability of water in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal system—despite their lack of regulation—as implicit in the express and general competence of protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are grounded in the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its irreversible exhaustion or deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. (...)\"\n\nTaking into consideration the foregoing constitutional development on the protection of groundwater, as it is fully applicable to the specific case, a ruling is issued below on the allegations formulated in the claim.-\n\nVII.- REGARDING THE GROUNDS OF RESOLUTION No. 590. The plaintiff company argues that the mentioned resolution lacks grounds, in that it established the existence of conduct generating environmental damage, when in reality the outcrop (afloramiento) produced is nothing more than the environmental impact that the Administration itself knew could occur on the occasion of mining exploitation, and that in accordance with the same Article 9 of the Water Law, the outcrop of water on the occasion of mining exploitation is not only an expected impact, but legally admitted. That consequently, the outcrop that occurred in the zone cannot be considered as environmental damage. The allegations are not acceptable. It is well known that every administrative act must contain grounds (Article 133 of the General Law of Public Administration), this being one of the essential elements that configures the validity of all administrative conduct. It could be said that the grounds consist of the reasons of fact and law (background) that enable the issuance of any act. The grounds are indissolubly linked to another essential element, that is, the purpose (Article 131 General Law of Public Administration), and the latter in turn presupposes the necessary jurisdiction of the body issuing the act (Article 129 ibid.). Well then, in the specific case, regardless of whether there was a public complaint or not, which is deemed irrelevant in view of the underlying conflict, the Directorate of Geology and Mines, an organ belonging to the Ministry of Environment and Energy, in the exercise of its powers to inspect national mining activities (Article 97 subsection ch), previously Article 93), carried out a field visit on August 3, 2001, in the zone where the Tajo Pedregal was being exploited, located in the district of San Antonio, canton of Belén, province of Heredia. Said visit was conducted by officials Marlene Salazar Alvarado (Deputy General Director), Ana Sofía Huapaya (Geologist), and Edgar Sandí (Forestry Engineer), accompanied by representatives of the plaintiff company (see folio 601 of volume III of the administrative file). After verifying the conditions of the sector, they confirmed the existence of a new outcrop (afloramiento) of the Colima Superior aquifer, which runs through the zone where mining exploitation is being carried out, and in their report they concluded that the following had occurred: 1) impact on the Colima Superior aquifer in the eastern sector of the concession area, 2) impact on the protection zone established by Article 33 of the Forestry Law, 3) non-compliance with Articles 8 and 11 of the Biodiversity Law. In that regard, as part of the recommendations indicated in the report drawn up for that purpose by the referenced officials (Memorandum DGM-DC-803-2001), the immediate suspension of exploitation and material processing work by the company Pedregal S.A. was proposed, and that SETENA and ICAA be requested to assess the potential environmental damage to the aquifer, and that the concessionaire company present a hydrogeological study with the characterization of the aquifer in the area and the determination of the phreatic levels, to determine the minimum extraction levels. The General Director of Geology and Mines accepted said report and grounded the challenged act based on it, ordering the immediate suspension of quarry material exploitation and processing work being carried out by the plaintiff, and ordering compliance with the recommendations indicated in the memorandum cited. From a reading of the reasoning (foundation) of the questioned act, it is clearly noted that its object was the protection and preservation of the Colima Superior aquifer, and therefore, its purpose was the protection of the environment, whose legal basis resides in the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and in the right to health, which needless to say, are rights enshrined in our Political Constitution and extensively developed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber, as seen before. It is also superfluous to mention that by constitutional provision, the State has the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment (Art. 50), so that the clear jurisdiction of the Directorate of Geology and Mines (state organ) to adopt administrative acts aimed at protecting that right cannot even be questioned, given that in the case of precautionary measures issued in favor of the environment, as turns out to be the case before us, the legal basis for their adoption is provided by the precautionary principle or in dubio pro natura, contained in Principle 15 of the Declaration on Environment and Development (Rio, 1992) and subsections 1 and 2 of Article 11 of the Biodiversity Law, in relation to Article 45 of the same legislation. Thus, based on the foregoing, and without prejudice to the considerations that will be made further on, the Court considers that, contrary to what was argued by the plaintiff, Resolution No. 590 had sufficient grounds and the same was legitimate. Indeed, observe that, in the case, the competent public body in matters of concessions for the exploitation of mineral resources carried out a field inspection in the zone of the Pedregal S.A. concession, found irregularities that could endanger the Colima Superior aquifer, and noting the foregoing, in the exercise of its legal and constitutional powers, issued a precautionary measure in protection of the environment and health, ordering the suspension of the quarry material exploitation and processing work being carried out by the plaintiff. In support of that measure, it invoked as legal basis Article 50 of the Political Constitution, jurisprudence of the Constitutional Chamber (votes 503-94, 1394-94, and 1758-94), Article 11 of the Biodiversity Law, Article 1 of the General Law of Potable Water, Article 1 of the General Health Law, and provisions 93 and 98 of the Mining Code (currently 97 and 102). In conclusion, the contested administrative resolution had legitimate grounds, insofar as, at the time of its issuance, the existence of circumstances that endangered the Colima Superior aquifer (a fact verifiable by technical assessments) was confirmed, as well as the health of persons (as it is a usable source for water supply); while there existed legal norms (legal background) that supported the action of the Directorate of Geology and Mines, that is, the taking of precautionary measures in safeguarding those assets of general and higher interest. That being the case, no violation is found due to lack of grounds, and therefore, it is appropriate to reject the arguments put forward by the plaintiff in this regard. The Court considers it important to add to what has already been decided, that the discussion that the plaintiff company seeks to introduce in this trial is not relevant, as it is not the central point of this litigation, in the sense that the contested precautionary measure erroneously established the existence of environmental damage, when in reality what occurred was an environmental impact foreseen by the Administration itself. In the opinion of this chamber, regardless of the nomenclature that the DGM assigned to the findings confirmed in the quarry exploited by the plaintiff—a secondary issue for the purposes of what is analyzed here—it is an undeniable and indisputable fact that in the concessioned area a new outcrop (afloramiento) of the Colima Superior aquifer could be verified, and that fact, in itself, justified, as will be stated further on, the measure to halt the activities carried out by the plaintiff company on the concessioned lands, in safeguarding a general interest of the first order, which is the protection of the water resource, especially in the case of groundwater, whose potential contamination would place its future use for supplying inhabitants at serious risk. The testimonial evidence presented in the proceedings confirms this. In this regard, the testimonies of Ms. Marlene Salazar Alvarado, Cynthia Cavallini Chinchilla, and Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, offered by the defendant party, reiterate what is already evident from the administrative file, that is: that it was confirmed that in the concession area the aquifer was being broken and water was outcropping (aflorando) at a level above the phreatic level, that by virtue of this, measures to suspend the exploitation works were taken, while more detailed studies were requested, which once presented, turned out to be incomplete and even contradictory. That an assessment was made of all the studies presented by AyA and SETENA and those provided by the plaintiff, concluding that the suspension should be maintained until more complete hydrogeological studies were presented, since those submitted concluded that more specific studies were needed to determine the position of the phreatic level. That subsequently the use of the crusher in the western sector was authorized, but later, through an inspection, non-compliance with the measures established in Resolution No. 590 was determined, recommending the cancellation of the concession. The patent lack of scientific information for the purpose of weighing the greater or lesser vulnerability of the Colima Superior aquifer in the face of the mining activity deployed in the zone was not refuted by the testimonial evidence offered by the plaintiff party. Note that the declaration of geologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, a witness provided by the plaintiff party, focuses on referring to aspects that in no way detract from the preventive action that the Administration deployed with the issuance of the precautionary measure. Basically, his testimony was oriented toward raising: that water springs are expected impacts, that the Toma Zamora is a trench excavated by AyA, that the water outflow is not new because it already existed before having the concession, that as far as he knows there have been no changes in the quality of the aquifer water as a result of the quarry exploitation, and that he was responsible for defining a protection area for the water quality of the AyA trench, affirming some details about that particular.\n\nThat is, in his entire statement, he makes no reference to the second outcrop found by the Dirección de Geología y Minas during the visit carried out in 2001, nor does he indicate whether at that time there were clear and conclusive elements to guarantee the safety of the groundwater, or whether the actions ordered by the Administration at that time, with the precautionary measure, were absolutely contrary to science or technique. On the contrary, it is noteworthy that regarding the second outcrop, he stated the following: \"When asked if he knows about a second outcrop that occurred in the quarry, he answers yes, 'moreover, in the last of the studies I did in 2003 where the protection area was defined towards an outcrop towards the east area, I could not be sure if it corresponds to the outcrop I knew in the early eighties that would have been shifting due to the extraction of material. 10- This second outcrop technically should not have occurred, unless the water level varied due to seasonal conditions, which would be the only reason I see why the water level could vary.'\" (see folio 854 -bold not in original-). As can be seen, there are clear inaccuracies in the witness's statement regarding this second outcrop (reason for the challenged act), as he was unable to define its cause, much less explain whether or not there was a danger of affecting the aquifer as a result of those waters surfacing. For further clarity, consider what was stated by Dr. Allan Astorga Gatgens, who, after repeating in his testimony what he had already indicated in his document: \"Análisis Técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía\" (Technical Analysis of resolution 590-2001 of the Dirección de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy), which is in the record and will be referenced later, was very clear in indicating in a few lines the following: \"At the time resolution 590 was issued, the only thing available was the exploitation plan in the possession of the Dirección de Geología y Minas, and the direct observation of the pit.\" (see folio 903). In accordance with the foregoing, it is reasonable to conclude that the motive for the act is legitimate, the plaintiff having failed to question the factual and legal elements that supported it, through arguments that attempt to divert attention to other non-essential aspects. Under this same framework, it is deemed that it would lead nowhere to analyze whether, pursuant to numeral 9 of the Ley de Aguas, the outcropping of an aquifer due to mining exploitation is or is not an expected and legally admitted impact, because even if such reasoning were accepted, it does not mean that the State and the competent local public entities cannot or should not exercise their powers at any time in order to protect and conserve water resources, especially, as in this case, concerning a risk situation. By parity of reasoning, it is not acceptable, from any point of view, to attempt to attack the precautionary measure challenged here by arguing that despite the inspections carried out over time by the competent public bodies and entities (DGM, AyA, and SETENA), the plaintiff was never warned of the need to maintain protection areas under Article 33 of the Ley Forestal, because by basic and constitutionally established principle, no one can claim ignorance of the law, and in any case, if those public authorities incurred possible omissions in the exercise of their competencies, that is not the subject of debate in this proceeding according to the claims raised, in addition to the fact that the Administration is not called to intervene only once, but as many times as necessary to safeguard the public interests whose protection it is entrusted with by legal and constitutional mandate.-\n\n VIII.- ON THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE SPECIFIC CASE. In the plaintiff's consideration, the precautionary measure taken by the Dirección de Geología y Minas is vitiated by absolute nullity, by virtue of having violated the precautionary principle through improper application. It argues that a total prohibition of extraction and processing work was opted for, failing to weigh the proportionality and the cost/benefit economic evaluation (evaluación económica costo/beneficio) of the decision taken. It contends that although it was the concessionaire's responsibility to provide the scientific information to conduct a more complete risk assessment, once this was provided, the measure was maintained without reason. The arguments are not acceptable. The precautionary principle, as a source of legal and international character applicable in our legal system, allows the State to take all necessary anticipatory actions to protect and conserve the environment and people's health when there is a risk that these may suffer some impact. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has ruled on repeated occasions regarding the so-called precautionary principle and its scope, as is evident from the citation made below, which states, in relevant part:\n\n \n\n\"ORIGIN, CONTENT, AND SCOPE OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE. The precautionary principle, from its origin, considers the fallibility of human understanding and the possibility of making errors. In the second half of the 1970s, the federal government of Germany enunciated the principle 'Vorsorgeprinzip', indicating that 'an environmental policy is not fully consolidated only through the elimination of imminent dangers and the repair of damages that have occurred. A precautionary environmental policy also requires that natural resources be protected and that demands upon them be managed with care,' having used it to justify the implementation of policies against acid rain and pollution of the North Sea. The principle appears on the international stage with the North Sea Treaties (Declarations of Bremen 1984, London 1987, Den Haag 1990, and Esbjerg 1995). Thus, the 1984 Bremen Declaration (First International Conference on the Protection of the North Sea) refers to the need to adopt timely preventive measures given the insufficient level of knowledge. Subsequently, the 1987 London Declaration (Second International Conference on the Protection of the North Sea) proclaimed the principle to safeguard the North Sea ecosystem through the reduction of polluting emissions of substances that are persistent, toxic, and susceptible to accumulation at the source, using the best available technology and other appropriate measures. An option that would be especially applicable when there was reason to presume that such substances could cause some harm or harmful effects on living marine resources, even when there was no scientific evidence to prove the link between emissions and effects (principle of precautionary action). This last declaration stipulated that '(...) a precautionary approach is necessary which may require the adoption of measures (...) even before a causal relationship has been established by absolutely clear scientific evidence (...).' Subsequently, the principle is incorporated into various multilateral treaties and international declarations such as the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer of 1987, the Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE Region adopted by representatives of European countries and Canada in 1990, the Convention on Biological Diversity of 1992, the Framework Convention on Climate Change of 1992, the Treaty on European Union of 1992, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic of 1992, the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1994, the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO) of 1994, the Washington Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities of 1995, the London Convention on Dumping at Sea, originally from 1992, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity of Montreal in 2000, the Cartagena Protocol on Biosafety of 2000, and the Communication from the European Union on the Precautionary Principle of 2000. Likewise, the precautionary principle quickly assumed a general approach - including natural resources, ecosystems, the fishing and forestry sector, and biological diversity - and not only limited to toxic substances. Thus, the Bergen Declaration (1990) stated that 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation'. Similarly, the Rio Declaration on Environment and Development (June 3-14, 1992), in its Principle 15, stipulated the following: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' This is how the precautionary principle acquired, even, an ethical dimension - of science and technology - that guides environmental, health, trade, food security, and, in general, sustainable development policies of States. Despite the aura of uncertainty that exists in defining or conceptualizing the precautionary principle, from a general perspective, it requires that when environmental risks are uncertain, unpredictable, and cannot be ignored, an omission or inaction in regulation is unjustified. Simply put, the sum of a state of scientific or technological uncertainty - given the absence, insufficiency, or inadequacy of available scientific information and knowledge about the causality, magnitude, probability, and nature of the injury - and the possibility or threat of potential serious and irreversible damage equals or must equal a precautionary or anticipatory action, which may include, even, the prohibition or elimination of certain products, activities, or substances. This presupposes an objective risk assessment and a cost-benefit analysis of the precautionary omission or action in light of the available scientific evidence, allowing the conclusion that it is insufficient, absent, or inadequate, such that the precautionary principle cannot justify the adoption of arbitrary and potentially discriminatory measures. Moreover, the application of the precautionary principle does not imply a fossilization of the current state of affairs, at the time of adopting the pertinent actions, which would impede progress and innovation, since the intervention or restriction measures must remain in force as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of injury is serious and irreversible, thus they are subject to periodic review in light of scientific progress. Also, when ordering restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems lack the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, thus seeking to anticipate damage and protect human health and the environment. (...).\" (Resolution No. 17747-2006, of 14:37 hours on December 11, 2006).\n\nNow then, just as the plaintiff contends, the Chamber has indeed established that the taking of a precautionary or anticipatory measure, under the protection of the precautionary principle, presupposes an objective assessment of the risk and the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action, so that arbitrary or discriminatory measures are not implemented. However, the plaintiff must consider that this refers to cases where there is sufficient scientific evidence that would allow having the necessary elements to determine whether or not a causal relationship exists between the human activity that would be affected by the measure and the potential environmental harm sought to be avoided, or if some relationship exists, the type of impact occurring between the two, thereby making it possible to weigh whether the precautionary action is justified or at least whether it is feasible to modify it, so that a measure which is not in accordance with the scientific and technical reality reflected by the data would become arbitrary and unjustified. Conversely, and in accordance with the principle in question, it is not possible to carry out an assessment as indicated above in those scenarios where there is no scientific information whatsoever, or when it is insufficient, in terms of determining with absolute certainty what the factors are that could cause harm to the environment, and especially in situations where the harm could be serious and irreversible. It is in these situations that environmental protection and preservation prevails, requiring the implementation of measures that ensure the minimization of any impact on the resources, even when this may imply a serious restriction to a private interest, given that the former stands as a superior interest that benefits the community, including the private party himself. Note that even when there may be doubt about the production of serious or irreversible harm to the environment, the norm requires adopting the precautionary measure and even foresees the possibility of postponing \"the activity in question,\" all of which is justified, ultimately, by the well-known fact that natural resources are an essential element for the maintenance of human life, and to the extent that the environment is attacked, by reflection, human health is also attacked. In the specific case, this is what happened, insofar as expert officials from the Dirección de Geología y Minas verified, through inspection, situations that were affecting the Colima Superior aquifer in the concession area, all of which made it necessary to take actions aimed at the effective protection and preservation of that water resource, by virtue of the implications they could have for health and the environment, even with the risk that the impact could be irreversible. Although what was argued is not unreasonable, the truth is that in this case, the imposition of the adopted measure ordering the halting of all exploitation and material processing activities was justified, by virtue of the repercussions that the eventual contamination of the aquifer in question represented for human life and the environment, given its exposure through the outcrop found during the inspection of August 3, 2001, considering that the contamination of the aquifer would in turn imply the contamination of the water that supplies the \"Puente de Mulas\" system, which is captured by the first outcrop that occurred in 1991. In this line of reasoning, it is deemed that the imposition of actions such as the one taken by the Dirección de Geología y Minas at the time of issuing resolution No. 590 is not only admissible but also necessary, since at that moment there were not sufficient technical and scientific studies to rule out, with complete certainty, the occurrence of damage to the Colima Superior aquifer due to the exploitation activities being carried out by the plaintiff company, such that resolution is not found to be null due to improper application of the precautionary principle, since, on the contrary, in the judgment of this authority, it was appropriate and consistent with the significance of the eventual impact it sought to prevent, which is precisely the fundamental content of said principle. In this regard, we agree with the state's representation, in the sense that what was established by the Constitutional Chamber in judgment No. 1923-2004, cited earlier, must be considered, as it clearly constitutes a binding parameter regarding the application of the precautionary principle in relation to the protection of groundwater in aquifers. In this regard, it is deemed important to cite recital XV of said resolution, which reads as follows:\n\n\"XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is embodied in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which literally states: 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (No. 7788 of April 30, 1998), in its Article 11, establishes the following principles as hermeneutical parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Ruling No. 1250-99 of this Chamber, at 11:24 on February 19, 1999 (reiterated in Rulings No. 9773-00 at 9:44 on November 3, 2000, No. 1711-01 at 16:32 on February 27, 2001, and No. 6322-03 at 14:14 on July 3, 2003) this Tribunal held: '(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the potential impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage - or doubt regarding it - a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.' Subsequently, in Ruling No. 3480-03 at 14:02 on May 2, 2003, this Tribunal indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but rather in the face of a lack of certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.' In the case of groundwater contained in aquifers and their recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura means that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and precisely applicable rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the harmlessness of the activity intended to be carried out on the environment, or these are contradictory to each other, central and decentralized administration entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new or modification requests, suspend those in progress until the state of doubt is cleared, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, a safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before it is contaminated or degraded.\"\n\nPrecisely, in the specific case, there was no state of certainty about the harmlessness of the mining exploitation activity on the Colima Superior aquifer, and faced with such a scenario, applying the criterion put forth by the Chamber and shared by this Tribunal, the appropriate course is to suspend the activities in progress until the state of doubt is cleared, all based on the right to a healthy and ecologically balanced environment. Now, note that an essential element for assessing that the aforementioned principle was correctly applied in this case is the content of the study provided by SETENA, called: \"Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.\" (Assessment of the environmental damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.), presented on September 17, 2001 (folio 858 of volume IV of the administrative file and 365 of the judicial file), according to which actual damages as well as potential damages to the environment were found, as is evident from the conclusions of that study, cited below:\n\n \"... VIII. Conclusions.\n\nBased on the investigation carried out by the technical team designated by this Secretariat, the following conclusions are reached: Environmental damage was verified in the following factors:\n\n1. Protection zone of the Río Virilla.\n\na. A strip of approximately 300 linear meters of vegetation was removed in the west sector of the concession.\n\nb. Due to the various activities in the Pit, the 50 m strip along the river was disregarded, which prevented its natural recovery or by reforestation. The total area corresponding to the protection zone is 73,500 m2.\n\n2. Río Virilla.\n\na) There was sediment and hydrocarbon washout into the Río Virilla, negatively altering its physicochemical qualities.\n\n3. Groundwater.\n\na) The exposure of the Colima Superior aquifer is irreversible damage to the environment since it is impossible to return to the initial situation.\n\n4. Landscape.\n\na) The extraction work, explosions, and solid waste cause a high negative impact on the landscape.\n\nb) The extraction at the West and East fronts presents slopes with 90-degree angles and without berms.\n\n5. Public Health.\n\na) The Pedregal Pit, through extraction actions, explosions, crushing, asphalt mix production process, block production process, sewage disposal, and the workshop, is partially responsible for public health impacts generated by dust, noise, and vibrations.-\n\nPossible environmental damage was determined in the following factors:\n\n1. Río Virilla.\n\na. The accumulation of concrete found within the riverbed could cause a change in the hydraulic capacity behavior of its channel.\n\n2. Zamora Intake\n\na. The Concrete Plant, the Asphalt Plant, the Treatment Plant, and the block factory are invading the Protection Zone of the Zamora Intake, which increases vulnerability to contamination and structural damage.\n\n3. Groundwater\n\na. The opening of the aquifer on the East front could be causing decreases in water discharge at the local level.\n\nb. The Colima Superior aquifer presents high vulnerability due to its exposure and because it has protection of at most 2 m deep throughout the entire pit area.\n\nc. The eventual flooding and the presence of the crusher in the east sector, accumulations of aggregates, and accumulations of asphalt remnants that are in the spring's Protection Zone are possible sources of contamination, not only microbiological but also chemical.\n\n4. Occupational Health.\n\na. The 90-degree angles pose a latent danger to the workers' lives. b. The constant generation of dust and particles due to extraction, explosions, crushing, the asphalt plant, and the block factory can cause respiratory conditions to the plant workers.\" (bold not in the original).-\n\nIn sum, the content of the SETENA study confirms that the precautionary measure was issued in accordance with the law, as it reflects the existence of a series of damages - and possible environmental damages - in the concession area, a study that was prepared after the inspection carried out by the officials from Geología y Minas, and from which the thesis is reinforced that at that time it was not possible to rule out with absolute certainty that the exploitation activity was affecting the environment, especially the Colima aquifer. On the other hand, it should be noted that the plaintiff is not correct when it affirms that the Administration decided to maintain the total suspension of extraction and processing work, despite the reports requested in resolution No. 590 cited above having been submitted, because it is evident from the administrative file that the Dirección de Geología y Minas, through resolution No. 784, at 9:40 on December 16, 2001, pursuant to the content of resolution No. 623-2001 of SETENA and Memorandum DGM-DC-1018-2001, ordered the partial lifting of the work suspension that had been initially ordered, authorizing Productos Pedregal S.A. to use the crushing (beneficiado) system located west of the concession area, until June 1, 2002. That is, although the Administration had initially rejected the request for suspension of the effects of the act (by resolution No. 703), it subsequently considers the content of technical reports issued by SETENA and the Dirección de Geología y Minas itself, incorporated into the administrative file, and based on that technical information, which, it should be clarified, was not definitive or conclusive, decided to lift the suspension of beneficiation work in the west sector of the quarry, just as the concessionaire herself had requested in the appeal for reversal with appeal and suspension of the effects of the act filed on August 6, 2001. In any event, even though the plaintiff challenges resolution No. 784, no argument whatsoever that supports its challenge is evident from the complaint, making it impossible to review the legality of that particular act. Furthermore, as will be seen later, although the plaintiff presented the requested reports in October 2001 (folio 893 of volume IV of the administrative file and bound studies), they were incomplete regarding the adequate characterization of the aquifer, and therefore its reproaches are not acceptable. Consequently, the defects pointed out by the plaintiff regarding this issue are not found, so the formulated allegations are dismissed.-\n\n IX.- ON THE ALLEGED VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY. The plaintiff argues that the precautionary measure adopted through resolution No. 590 violated the constitutional principle of reasonableness and proportionality, because it constituted an act limiting rights, and like any act of that nature, it must meet a triple condition: be necessary, suitable, and proportional. It argues that the mentioned resolution did not fulfill any of these three conditions, ultimately generating an absolute restriction on the exercise of a real administrative right, around which a significant series of productive activities were developed. It also contends that the Dirección de Geología y Minas disregarded the recommendation contained in point 4 of the recommendations section of official letter DGM-DC-803-2001, in the sense of maintaining the suspension until the requested hydrogeological studies were carried out and which were timely provided. The arguments are not acceptable. The act being challenged shares the characteristics pointed out in previous recitals, that is, it is a precautionary measure aimed at protecting a legal right of constitutional and international rank, which is the environment, it being understood that the parameters established in the legal system for taking these measures are special, reiterating what was said before, in the sense that the taking of actions by the State must always be directed in favor of the environment, even when there is doubt as to whether the enjoyment of the private party's right, which would be limited by the measure, was the direct cause of the potential impact on the compromised element. Now then, in the terms proposed by the plaintiff herself, based on what was established by the Constitutional Chamber in resolution 8858-98, this collegiate body of judges disagrees regarding the assertion that the precautionary measure was not necessary, suitable, and proportional.\n\nIt is clear that the measure had to be adopted in the manner in which the Directorate of Geology and Mines did so, since what was at stake was the potential contamination of a water resource of utmost importance, namely the Colima Superior aquifer (acuífero Colima Superior), given that it constitutes a significant underground source of drinking water supply, and it must be remembered that access to drinking water is a fundamental right insofar as it embodies the right to life. It is reiterated that at that time (inspection of August 3, 2001), there were no reliable scientific elements demonstrating that the exploitation activity carried out by the concessionaire had no possibility whatsoever of affecting the aquifer, and rather, the fact that a new outcrop of that aquifer was found in the concession area reflected its vulnerability to contamination from the extraction and processing operations. Precisely because of this lack of technical and scientific information, the suspension of work on all exploitation fronts was ordered, and the balancing that the plaintiff finds lacking is not required, with a view to defining as an alternative the suspension of exploitation only in areas where there was risk, given that the level of vulnerability presented by the aforementioned water resource was unknown in relation to the status and progress of the surface area subject to the extraction process. For the foregoing reasons, it is considered that the measure was indeed necessary. For the same reasons, the Court understands that the measure adopted was suitable, such that it was the only one that could be taken after the aforementioned inspection, under the protection of the precautionary principle (principio precautorio) contained in Article 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) and developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), considering that the Administration lacked the effective scientific evidence that would allow an assessment in order not to affect, or at least only slightly affect, the private interests of the concessionaire. The plaintiff insistently cites the extrajudicial report rendered by Dr. Allan Astorga Gätgens, according to which Resolution No. 590 was excessively harmful to the interests of the plaintiff and the families who obtained work from its mining activity; however, the statement of the aforementioned professional merely confirms what has been noted in the preceding lines, as he puts forth mere opinions and not conclusive assertions; that is, his position does not reflect with scientific certainty that the extraction and processing work, even when it involved the western sector of the area, did not or would not affect the aquifer. Note that the plaintiff transcribes an excerpt from the aforementioned report which reads as follows: \"This disproportionate condition is further reaffirmed when considering the fact indicated in the field report, that the project was carrying out extraction work on the western front of the concession, located, as already indicated, in an area where it was not affecting the aquifer, nor did it generate a risk of contamination to the Zamora spring (fuente) intake. It seems more logical that the recommendation in the DGM report, taking into account the absence of a clear connection between the Pit (Tajo) and the Puente de Mulas contamination and the social consequences of a total suspension of the concession's productive activities, would have been aimed at limiting the extraction and processing of mineral material to a geographic space, within the project area, where possible risks were minimized.\" (folio 329, bold text not in the original). If it were as simple as estimating a priori and without sufficient hydrogeological studies—as suggested in the report provided by the plaintiff—that because the outcrop was in the eastern sector of the exploited area, work could then continue on the other exploitation front, the discussion would have ended immediately, and the precautionary principle would have been rendered meaningless in this particular case, which did not occur. Note that the same professional acknowledges that there is an absence of a clear connection between the Pit (Tajo) and the contamination of Puente de Mulas; that is, even though the relevant issue in this proceeding had been the contamination suffered by the water at Puente de Mulas—which it is not, but rather the protection of the Colima Superior aquifer—the expert report offered by the plaintiff did not even have total certainty there, in order to completely dissociate the exploitation and material processing activity from the noted contamination. In the same vein, the expert report rendered in the record (folios 1738 to 1749), whose purpose was to analyze the text prepared by Dr. Allan Astorga Gätgens entitled \"Technical analysis of Resolution 590-2001 of the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía)\", is neither clear nor conclusive in establishing that the DGM, at the time of issuing Resolution No. 590, had sufficient scientific elements providing absolute certainty to rule out the existence of a danger of contamination of the Colima Superior aquifer from the mining exploitation work carried out by the plaintiff. Indeed, said report states in its final conclusions, in relevant part: \"... 5.4.- At the request of the Executive Director of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA), the Directorate of Geology and Mines conducted an inspection of the El Pedregal Pit property, accompanied by officials from other institutions. The objective of the inspection was to establish whether the water contamination that affected the Puente de Mulas Station had originated on the grounds of the El Pedregal Pit. As a result of the inspection, it could not be established that the contamination had actually originated on the El Pedregal property. What the DGM reports is the vulnerability of the upper aquifer existing at the site due to the material extraction work being carried out there. From this inspection arose Resolution 590-2001 of the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy. Said resolution ordered 'THE IMMEDIATE SUSPENSION OF EXPLOITATION AND MATERIAL PROCESSING WORK AT THE QUARRY (Cantera) carried out by the company Productos Pedregal S.A. in the concession area of administrative file No. 1547.' 5.5.- The expert considers valid Dr. Allan Astorga's statement that Resolution 590-2001 was based on the conditions of vulnerability observed at the pit, as reported by the inspectors, and that this situation had been fully recognized by the institutions linked to the pit's operational controls for many years. Furthermore, the resolution does not state the definitive finding that the water contamination had occurred at the El Pedregal Pit. 5.6.- It is the opinion of this expert that the Directorate of Geology and Mines could have analyzed the opinions of Dr. González from the Ministry of Health, as well as other opinions of professional specialists in Hydrogeology with sufficient experience in the area where the problem arose, before issuing a final resolution. 5.7.- It is the opinion of this expert that, based on the Ministry of Health's opinions, and through the execution of immediate hydrogeological studies, it was possible for the El Pedregal rock material extraction plant to remain in operation, at the same time that the recommendations and protection measures set forth in Resolution 590-200 (sic) were applied, and while the new proposed studies were being conducted, which were subsequently carried out by hydrogeologists Marcelino Losilla, Clara Agudelo, Hugo Rodríguez, and Alicia Gómez. 5.8.- The application of regulations such as that indicated in Considering No. 5 of Resolution 590-2001, will ultimately depend on the decision made by the responsible professionals of the different public institutions involved with a specific problem. That considering is copied verbatim: (...) In this specific case, the professionals with greater experience and knowledge of the hydrogeological conditions of the Puente Mulas area were not working for any of the public institutions involved at the time the problem arose. It is precisely some of those professionals, those mentioned in point 5.7 of these conclusions, who were subsequently assigned to carry out the new hydrogeological investigations in the Puente Mulas area. Due to this situation, and possibly given the lack of knowledge or doubt that existed in the responsible institutions to make decisions regarding the problem of water contamination in Puente Mulas, it was decided to apply the environmental regulations that allowed, in the face of any doubt, a decision such as that incorporated in Resolution 590-2001.\" (bold text not in the original). As can be observed, throughout his conclusions, the expert poses mere hypotheses, just as Dr. Astorga's study does, limiting himself to commenting on what, in his opinion, the DGM could have done; however, he is not clear in indicating the most relevant issue in the case, that is, whether at the time of adopting the precautionary measure, there was absolute certainty that the water resource of the Colima Superior aquifer was not under any risk as a result of the plaintiff's mining activity. On the contrary, the expert acknowledges that the Geology and Mines officials based their actions on the vulnerability conditions found at the Pit, and specifically, on the vulnerability of the upper aquifer that runs through the concessioned area, a fact that has not been refuted by the parties. In addition to the foregoing, the report fundamentally focuses its analysis on whether or not the possible contamination of Puente de Mulas was proven; however, as already explained, that is not the central issue of the discussion, as the reason for the contested act is grounded in the verification of a second outcrop of the Colima Superior Aquifer in the exploitation area, and given the risk of the same being affected by the exploitation activity in the quarry, its purpose was its protection and conservation. Finally, it is noteworthy that the expert report makes a series of comments that exceed the scope of the analysis requested, as it makes assessments regarding the experience and knowledge of the officials who worked at that time for the institutions competent in the substantive matter; however, it is not in a position to make such assertions, nor are they even relevant for the purpose of approximating the real truth in this debate. All in all, what is clearly evidenced by the expert's own statement is that the Administration opted to apply the environmental regulation that permits taking measures such as the one adopted in this case (precautionary principle), given the doubt about the possible impact on the water resource. Consequently, in the Court's judgment and due to the particularities of the substantive matter, the measure was not unsuitable, insofar as at the time it was adopted, there were no other mechanisms that would better resolve the existing need (protection of the aquifer). Lastly, this Chamber considers that the measure was indeed proportionate, in consideration of the fact that, as has been repeatedly emphasized throughout this judgment, on the day of the inspection, the existence of a new outcrop of the Colima aquifer could be verified, a situation reflecting the vulnerability of that water resource in relation to the mining work being deployed in the area, thereby evidencing the danger that said aquifer would be contaminated by the substances produced as a consequence of the extraction and processing of materials. For the Court, as this is a resource of such importance for human health and due to its great potential for the eventual supply of drinking water, the mere verification, as the plaintiff points out, was not sufficient reason to authorize the extraction and processing process in the western sector of the concession, since the second outcrop found, even though it was located in the eastern sector, constituted an external sign of the vulnerability of the referenced aquifer, as a result of the advance of the activity being carried out in that area of our country. Now, far from being considered untimely and arbitrary for having been taken on the same day as the inspection, the measure is found to have been a response commensurate with the magnitude of the consequences that could result from the contamination of the aquifer, consequences that would mean no more and no less than the possibility of rendering useless a water supply source of great potential for all inhabitants, since, ultimately, it is the community that benefits, every day, from such an important resource for all activities of human life. The assertions in Dr. Astorga's report, cited by the plaintiff herself, are contrary to the constitutional parameter established based on the precautionary principle, where it states: \"Logic, in this sense, indicates that the most balanced approach would have been a partial suspension, limiting the extraction area to sites where the environmental risk was very low, while detailed investigations were carried out and more specific measures for the project's operations were implemented.\" (folio 330, bold and underlining not in the original). Logic is not the only factor that prevails, according to our legal system, for decision-making regarding precautionary measures whose purpose is the protection of the environment, as science and technology play a more preponderant role in this matter. And it has already been reiterated that scientific knowledge in this matter must be absolutely certain, in order to rule out any connection between the right whose enjoyment would be restricted by the measure and the impact on the environment in any of its components. Observe that the same professional acknowledges that an environmental risk did exist (even if he qualifies it as low), and he also acknowledges that detailed investigations were not available at that time, which is in perfect harmony with what has been stated thus far, since if that had been the case, a clear and certain panorama would have existed to determine whether or not there was a causal relationship between the plaintiff's activity at the Pit and the contamination of the aquifer. Given such circumstances, it is notable that what was appropriate, pursuant to the precautionary principle and the jurisprudence of the Constitutional Chamber, was to suspend the work in its entirety, until the hydrogeological studies requested from the company and those that SETENA and the ICAA were to present, each within their respective competence, were available. The plaintiff was required to provide the aquifer's characterization, hydrogeological studies, and the determination of the water table levels. It is worth noting that despite having presented those studies, they proved insufficient in relation to the aquifer's characteristics (report of the Technical Advisory Council on Mining cited in Resolution No. 77, at folios 1104 to 1107 of Volume V of the administrative file), and in any case, according to the report rendered by geologists Marlene Salazar and Sofía Huapaya (DGM officials), in which they reviewed the studies of the company and the aforementioned institutions, it was concluded that on the western front of the Pit, the danger of impact to the aquifer was not ruled out (official communication DGM-SD 20-2002, of January 15, 2002, at folio 1070 of Volume V of the administrative file). This was noted in the reasoning of Resolution No. 77 of nine o'clock on January twenty-eighth, 2002, by which the Directorate of Geology and Mines rejected the motion for reconsideration filed by the plaintiff against Resolution No. 590. Thus, on that occasion it was stated: \"On the western front, although it is true that no outcrops of the aquifer layer were detected, the irregularity of the water flow in the area and the lack of information about it should not be omitted. Therefore, it is recommended that extraction in this sector, if it were to occur, be carried out using previously studied exploitation blocks and with the characterization of the underground water flow to determine the maximum exploitation level. For this, the concessionaire must present the reserve assessment differentiated by type of material and extraction possibility, as well as a mining plan and program, with its respective schedule, for exploitation by areas and levels; this includes the logical and technical sequence of development, as well as the presentation of the corresponding slope stability studies for the cuts to be made.\" (folio 1076 of Volume V of the administrative file). That is, by virtue of the fact that the plaintiff's hydrogeological studies were incomplete in terms of characterizing the depth of the aquifer in the areas intended to be exploited, the emergence of new outcrops even in the western sector was not ruled out, and in order to permit exploitation in that sector, more detailed hydrogeological information and a meticulous and rigorous exploitation plan were necessary. In short, even though the plaintiff did not present any argument to challenge Resolution No. 77, it is clear that even after the precautionary measure, the scientific information presented by the concessionaire did not make it possible to eliminate a possible connection between the mining activity and the impact on the Colima aquifer, and in any case, the Administration's intention was not to preclude any possibility of extraction work by the plaintiff company, but rather that such a situation was contingent upon the interested party itself presenting the information necessary to guarantee the protection of the oft-mentioned underground resource. Consequently, the Court considers, based on all the foregoing, that the measure was proportionate, insofar as the benefit intended to be achieved by it in favor of the community was not markedly superior to the restriction imposed on the plaintiff in the enjoyment of its limited real property right. Therefore, the arguments presented in that regard are rejected.\n\nX.- ON THE ALLEGED VIOLATION OF DUE PROCESS. The plaintiff bases this complaint on the fact that, although a prior procedure is not required to issue a precautionary measure, once it was considered proven that environmental damage had been caused as a consequence of the plaintiff's conduct, an ordinary administrative procedure with an opportunity for defense should have been followed. The arguments are not acceptable. There existed a legal administrative relationship between the plaintiff company and the State, which arose from the concession right that the latter granted to the former, allowing it to carry out mining exploitation activity in the Belén area. It is precisely within the exercise of that concession that the natural event which motivated the adoption of the contested precautionary measure arose, a measure that was issued by the Administration within the procedure corresponding to the concession (file 1547), this being the pre-existing legal framework. The foregoing is noted because it is clear that regardless of the nature of the aforementioned relationship, the purpose of the precautionary measure consisted solely and exclusively in the protection of the Colima Superior aquifer, as it was a water resource susceptible to contamination due to the work being carried out by the concessionaire in the area through which it flowed. Thus, the content of the contested precautionary measure consisted of halting the material extraction and processing work and requesting hydrogeological studies to determine whether it was viable for the plaintiff company to continue the work in the concession area, all in accordance with the precautionary principle analyzed previously. Note that the Administration invoked, in support of its actions, Articles 219 and 226 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), which allow that in cases such as this, where there is a serious and imminent danger to things and persons (the environment and human health), insofar as impossible-to-repair damage could be caused, the establishment of an ordinary administrative procedure may be dispensed with in order to issue the administrative act aimed at its protection. Consequently, this Chamber understands that the actions ordered to determine the possible environmental damage that could have been generated in the concessioned area did not arise as a consequence of a punitive act, insofar as their purpose was not the application of a penalty to the plaintiff for the commission of a previously defined administrative infraction, but rather arises as a consequence of a precautionary act, which obliges the State to coordinate with the different bodies and entities competent in environmental matters, the implementation of all actions established in the legal system aimed at protecting the water resource, and in such capacity, it does not fall under the assumptions established in Article 308 of the General Law of Public Administration, as the plaintiff seeks to suggest. Given this scenario, the Court considers that it was not necessary to initiate an ordinary administrative procedure for those purposes. In any event, it is clear that as a general rule of principle, the special law prevails over the general law, and in this specific case, due to the subject matter, the Mining Code (Código de Minería) (Law No. 6797) is a special law, prevailing over the General Law of Public Administration. Said code contains a specific title (XIII), in which the procedures pertaining to the exploration or exploitation of mineral resources are described and regulated, and it is through those procedures that the Administration would express its will in relation to the various concession requests for those activities, as well as when these are already in full execution. The aforementioned code is not silent in regulating the appeals procedure available against resolutions issued by the Directorate of Geology and Mines, the competent body in the matter, as current Article 94 (formerly Article 90) provides as follows: \"Against the resolutions issued, motions for reconsideration and review may be filed before the Directorate, and an appeal before the Ministry of Economy, Industry and Commerce. Against the resolution that exhausts the administrative remedy, a contentious-administrative action may be filed before the Contentious-Administrative Court, within a period of two months, unless other provisions of this law apply.\" Regarding this article, it must be clarified that by virtue of several transformations that the structure of the Executive Branch underwent between 1980 and 1988, specifically regarding ministerial competences in matters of industry, energy, mines, and environment, today the Directorate of Geology and Mines belongs to MINAET, formerly MINAE. Well then, as is evident from the administrative file, the plaintiff filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against Resolution No. 590 contested here, on August 6, 2001, a motion that was supplemented by a written submission of August 8 of the same year, requesting on that occasion the following: \"Therefore, we request that the suspension of beneficiated processing be lifted and that my client be permitted to continue processing the materials it has in its yards, as well as materials it may acquire from other quarries.\" (folios 617 and 630 of the administrative file). The Directorate of Geology and Mines, through Resolution No. 703 of nine thirty o'clock on September fifth, 2001, denied the request to lift the suspension of extraction and processing work in the concession area. The concessionaire (plaintiff herein) appealed that ruling, and by Resolution No. R-1726-2001-MINAE, of nine o'clock on October ninth, 2001, the Minister of Environment and Energy ordered the rejection of the appeal with concomitant nullity filed by the plaintiff against the referenced Resolution No. 703, and ordered the Directorate of Geology and Mines to rule on the motion for reconsideration filed against Resolution No. 590. It should be added that, a few days later, through Resolution No. 784 of nine forty o'clock on October sixteenth, 2001—alluded to in previous considerings—the aforementioned body ordered a change to the precautionary measure and authorized the plaintiff company to use the crushing system located west of the concessioned area until June 1, 2002. Later, by Resolution No. 077 of nine o'clock on January twenty-eighth, 2002, the Directorate of Geology and Mines resolved the motion for reconsideration filed against Resolution No. 590, and taking into account the content of the studies provided by the company (one carried out by hydrogeologists Hugo Rodríguez and Alicia Gómez, and another by hydrogeologists Marcelino Losilla and Clara Agudelo), as well as those carried out by SETENA: \"Assessment of the environmental damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.\", the ICAA: \"Analysis of the environmental damage and others, resulting from the impact on the aquifer and the violation of the protection zones in the Pedregal pit-Puente de Mulas System\", and including the reports provided by the Technical Advisory Council on Mining; it ordered the suspension order for exploitation and material processing work in the eastern sector of the concession to remain in effect (folio 1144 of Volume V of the administrative file). By resolution of ten o'clock on April twenty-ninth, 2002, the Minister of Environment and Energy heard the appeal against Resolution No. 590, rejecting it and considering the administrative remedy exhausted (folio 1176). As can be observed, the plaintiff company had the opportunity to exercise its right of defense in accordance with the procedural regulations established in the Mining Code, and in that sense, it exercised the possibilities afforded by the legal system to present its technical arguments in order to contest the ordered precautionary measure, all of which were resolved. It can be affirmed that the fundamental guarantees of due process required by constitutional jurisprudence have been met in this case, that is, the right to be heard, the opportunity to present arguments and evidence, access to information and records, the right to obtain advice, notification of the decisions taken, and the right to appeal the decision taken. This being the case, the plaintiff's arguments regarding the apparent violation of due process are rejected, and no absolute nullity is observed for this reason.\n\nXI.- REGARDING THE LACK OF GROUNDS FOR RESOLUTION No. 451. The plaintiff states that the grounds for Resolution No. 451, by which the concession it held was extinguished, was the non-compliance with Resolution No. 590 and Resolution No. 784. That since the aforementioned resolutions suffer from defects causing absolute nullity, they were ineffective under our legal system. To that extent, it argues that Resolution No. 451 lacks legitimate grounds, since it is attributing to the plaintiff non-compliance with a measure that was ineffective. The arguments are not acceptable. Evidently, any absolutely null administrative act cannot be executed by legal mandate, and ordering its execution would give rise to liability on the part of the Administration and the official who does so (Articles 146.3, 169, and 170 LGAP). In the specific case, the Court has not found that the grounds alleged by the plaintiff to support the invalidity of Resolution No. 590 were valid, and to that extent, it must be presumed that the contested act was legally valid as well as enforceable, the latter condition by virtue of the enforceability of administrative acts (Article 146 et seq. of the LGAP). This being so, it is considered that Resolution No. 451 had legitimate grounds, insofar as it deemed as such the non-compliance incurred by the plaintiff with respect to the provisions established by the Directorate of Geology and Mines in the precautionary measure expressed in Resolution No. 590, which, as stated, is presumed valid and effective for all purposes. Consequently, the complaints raised in this regard are dismissed.\n\nXII.- ON THE INVOKED ATYPICALITY OF THE CONDUCT IN RESOLUTION No. 451. The plaintiff argues that Resolution No. 451 corresponds to a rescissory administrative sanction. That for this, there must be a norm of legal rank that, prior to the conduct being sanctioned, defines it and makes it possible. Therefore, it indicates that in the specific case there is a lack of legal basis, since there is no legal foundation for declaring the expiration (caducidad) of a concession for the conduct of disobeying a precautionary suspension order of the extractive activity. Its arguments are not valid. This Court does not subscribe to the thesis proposed by the plaintiff, as it does not consider that the act expressed through Resolution No. 451 corresponds to one of a punitive nature.\n\nFirst of all, had the legislator intended cancellation to be a penalty, it would have expressly provided for it in Chapter II, Title XVII, pertaining to administrative infractions and penalties, where the legal hypotheses giving rise to different legal consequences by way of penalty (for example, the imposition of fines) are described. On the other hand, a penalty constitutes a harm inflicted by the Administration on a natural or legal person as a consequence of having committed an illegal act, previously classified as such (infraction). The Administration imposes it in the exercise of its inherent punitive power, and thereby seeks the well-being of the community, through the protection of certain legal interests deemed necessary for the maintenance of social order, security, and peace. In the specific case, the Administration's action is not framed within the exercise of that punitive power, insofar as we are not faced with an act classified as an infraction, but rather with a revocable right (limited real right over public domain), since the State holds absolute ownership of all mineral resources in the national territory (article 1 of the Mining Code, Código de Minería), and by means of the exploitation concession, it authorizes natural or legal persons, national or foreign, to carry out exploitation activities of mineral deposits, under the conditions and requirements established by the Mining Code, its regulations, and special laws (article 12 of the Mining Code). Within the framework of that administrative legal relationship, the concessionaire is subject to a series of obligations that it is compelled to fulfill, and the neglect of which gives rise, ipso jure, to the cancellation of said limited right. Among these, those relating to the protection of the environment stand out, and in this regard, the following provisions of the Mining Code are transcribed as relevant:\n\nArticle 34. \"The holder of an exploitation concession shall be obligated to:\n\n ...\n\nch) Prepare a complete study on the environmental impact of the exploitation process, meeting the requirements set forth in article 97; and comply with the regulations governing environmental contamination and the recovery of renewable natural resources.\n\n...\n\nf) Comply with the obligations established in this law and its regulations, and in the resolution granting the concession.\"\n\n\"Article 67 (formerly 63). The exploitation concession may be cancelled if the holder does not comply with the conditions stipulated in the granting resolution, in accordance with this law and its regulations, especially in the following cases:\n\n...\n\nch) If the legal and regulatory norms governing environmental contamination and the recovery of renewable natural resources are not complied with.\"\n\n\"Article 101 (formerly 97). The holders of an exploration permit or an exploitation concession are obligated to comply with all legal and regulatory norms and requirements regarding environmental contamination and the recovery of renewable natural resources and regarding the specifications and obligations related to environmental protection, as set forth in the granting resolution and in this law.\"\n\n\"Article 102 (formerly 98). Any action, practice, or operation that deteriorates the natural environment, such that it renders its basic elements unusable, especially air, water, and soil, for the purposes for which they are intended, is prohibited.\" (bold text not in the original).\n\nA harmonious interpretation of these norms in relation to article 50 of the Constitution confirms, without a doubt, that with much greater reason, within a concession relationship, the environment stands as a superior interest that is above any private interest, its protection is mandatory, and all actions that may imply harm to that legal interest are prohibited. Any conduct by a concessionaire that proves contrary to this superior interest and does not conform to the measures dictated in due course for its protection will give rise, in the State, to the power to cancel the concession, insofar as the State holds ownership of all mineral resources in the national territory, and is also bound by a duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, as mandated by the Political Constitution in its article 50 in relation to article 21 (right to health). Of course, in safeguarding due process, the special procedure provided for in the final paragraph of current article 67 of the Mining Code (formerly article 63) must be followed, whereby the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) conducts a study, grants the concessionaire a period to submit its justifications or fulfill its obligations. Subsequently, the actions taken by the concessionaire are analyzed, and if deemed appropriate, the matter is brought to the attention of the Minister. The latter studies it and decides whether or not to grant a new period not exceeding three months; otherwise, the Directorate issues the cancellation resolution. In the case under review, this is what occurred: the concessionaire breached the precautionary measures of suspension of works imposed by the Directorate of Geology and Mines, the purpose of which was to protect the Colima aquifer (see report in memorandum DGM-DC-399-2002 at folio 1372 of volume VI of the administrative file and opinion in memorandum DGM-OD-644-2002 at folio 1404 of the same volume). Such non-compliance was verified insofar as the plaintiff subsequently extracted and processed material, which has not been denied in this proceeding, and indeed, it is openly acknowledged when the plaintiff argues that at that time there was no norm classifying the breach of a precautionary measure as a \"penalty\" of cancellation. In this case, the aforementioned procedure was followed, and it was decided to cancel the concession that had been granted to the plaintiff company. From a substantive legal standpoint, it is considered that the non-compliance incurred by the plaintiff regarding the precautionary measures in favor of the environment constituted sufficient grounds, supported by legal and constitutional provisions, to cancel the exploitation concession right. The reasons the petitioner may have had for violating those measures are not actions supported by the legal system, and therefore, its arguments must be rejected, as is hereby done.-\n\n XIII.- REGARDING THE ALLEGED VIOLATION OF THE PRINCIPLES OF ADEQUACY AND PROPORTIONALITY IN RESOLUTION No. 451. In the petitioner's view, pursuant to the principles of adequacy and proportionality, for the compulsory enforcement of an act, the Administration must adopt that measure which is consistent with its content and sufficient in degree to ensure the pursued end. It indicates that in the specific case, in light of the breach of the precautionary measure, the Administration should have assessed the nature of the breach considering that: the utilization of material did not involve blasting at the exploitation face; that it involved material processing activities of material that had been extracted from the western sector before the suspension of its activities; that no intervention in the aquifer layer is observed in said sector; that the concessionaire had repeatedly pointed out the need to process material to fulfill public works in progress at the time the precautionary measure was adopted; and the non-existence of any environmental damage resulting from the disobedience of the suspension. And on the other hand, it argues that the Administration should have evaluated, in accordance with the precautionary measure whose compulsory enforcement was sought, the option that ensured the least possible injury without ceasing to protect the water resource. It concludes that had this been done, it would have led to other enforcement measures such as seizure of goods, closure of establishments, etc., but not a rescission penalty capable of affecting families and causing damages and losses. The arguments are not acceptable. The plaintiff seeks to characterize the cancellation of the concession (resolution No. 451) as if it were a means of enforcement of resolution No. 590, that is, as if it were the action by which the Administration achieved the coercive enforcement of that precautionary act (articles 146 and following of the General Law of Public Administration, LGAP). However, given its characteristics, resolution No. 451 is not a mere action of an executive nature; it is an administrative act independent of the precautionary measure, which has grounds, content, and purpose, and is duly grounded. It is a final act that terminates the administrative legal relationship arising from the concession right (limited real right), which results from the concessionaire's non-compliance with the provisions governing environmental contamination and the recovery of renewable resources (that is, the protection of the environment, which is a superior interest of constitutional and international rank), and for which prior compliance with the procedure established in article 67 of the Mining Code is required. In this regard, we have that even though the grounds for resolution No. 451 constitute the non-compliance, accepted by the plaintiff, with the measures established in resolution No. 590 (see official letter No. DC-399-2002 of June 21, 2002), this does not make it a means of enforcement of the latter, and in such case the rules relating to the enforceability of acts are not applicable. From that standpoint, it is considered that the cancellation issued by the Directorate of Geology and Mines did not constitute arbitrary conduct, insofar as it responded to the plaintiff's own non-compliance with the provisions adopted by the Directorate of Geology and Mines through resolutions No. 590-2001 and 784-2001, for the protection and conservation of the environment, grounded in the precautionary principle and which were breached by the plaintiff. Consequently, the arguments submitted in this regard are rejected.-\n\n...\n\nSee more\n\nOther References: North Sea Treaties (Bremen 1984, London 1987, The Hague 1990, and Esbjerg 1995 Declarations). London Declaration of 1987 (Second International Conference on the Protection of the North Sea, Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer of 1987, the Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE Region adopted by representatives of European countries and Canada in 1990, the Convention on Biological Diversity of 1992, the Framework Convention on Climate Change of 1992, the Treaty on European Union of 1992, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic of 1992, the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1994, the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO) of 1994, the Washington Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities of 1995, the London Convention on Dumping, originally of 1972, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity in Montreal in 2000, the Cartagena Protocol on Biosafety of 2000, and the European Union Communication on the Precautionary Principle of 2000. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972, principle 2. Rio Declaration on Environment and Development, 1992, principle 15. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, article 11.\n\nLegislation and Doctrine Citations Related Rulings Sustainable Development Goals\n\nText of the resolution\n\nFILE: CED119216\n\nPROCEEDING: SPECIAL MINING\n\nPLAINTIFF: Nombre150891 . AND OTHERS\n\nDEFENDANT: THE STATE\n\nNo. 53-2009\n\nCONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION NINE. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A, at fifteen hours twenty minutes on the thirtieth of June of two thousand nine.-\n\nSpecial mining proceeding brought by Productos Pedregal S.A., with legal entity identification number CED60080; Asfaltos Pedregal S.A., legal entity identification number CED31656; Bloques Pedregal S.A., legal entity identification number CED60082; Concretos Pedregal S.A., legal entity identification number CED60081; Constructora Pedregal S.A., legal entity identification number CED119217; Corporación Pedregal S.A., legal entity identification number CED119218; Quebradores Pedregal S.A., legal entity identification number CED22952; Transportes Pedregal S.A., legal entity identification number CED119219 and Servicios y Acarreos Belén S.A., legal entity identification number CED119220, all represented by their general agent without limit of amount, Nombre150892 , of age, married, businessman, resident of Belén, identification number CED111300, against The State, represented by Procurador Julio Jurado Fernández, of age, married, lawyer, resident of San José, identification number CED48253.-\n\nWHEREAS\n\n1- That the amount of this matter having been definitively set as inestimable (folio 810), based on the facts set forth and the legal citations adduced, the complaint seeks that the judgment declare: \"a.- That the challenged resolutions be annulled due to manifest infringement of the Administrative Legal Order, as well as any other administrative act or material action derived from or connected with them; b.- That the individualized legal situation of the plaintiff, Productos Pedregal, s.a. (sic), be recognized as concessionaire in the terms originally defined by the resolution mentioned in fact 7 of this complaint; c.- That compensation for the damages and losses that the resolutions caused to the plaintiffs be ordered, in the terms set out in this complaint or as proven in the evidentiary phase; d.- That the State be ordered to pay both costs.\" (folio 350).-\n\n2.- The State answered the action in the negative, raised the defenses of lack of right, lack of standing to sue, and the defense of expiration (the Office issued a ruling at folios 801 and 816), requesting that the judgment declare the complaint without merit in all its respects, with the plaintiff ordered to pay the costs of the proceeding (folios 753 to 788).-\n\n3.- The prescribed procedures have been observed in the proceedings, no defects are noted that would imply nullity or lack of defense for the parties, and the resolution is issued within the time period permitted by the Office's work, following due deliberation.\n\nDrafted by Judge González Segura.\n\nWHEREAS\n\nI.- ESTABLISHED FACTS. Of importance for the resolution of this matter, the following are considered:\n\n1) That by resolution at 13:00 hours on August 29, 1983, the Directorate of Geology and Mines resolved the concession application filed by Productos Pedregal S.A., for the exploitation of a quarry, on its own properties, located in the first district of San Antonio de Belén and the third district of Asunción, Dirección18586 , Province of Heredia, indicating that the requirements of the Mining Code were met in the processing, and referring the proceedings to the Minister for their respective granting. By resolution No. 27-83 MIEM, at 10:00 hours on September 5, 1983, the Minister of Industry, Energy and Mines resolved to grant to Mr. Nombre150893 the concession requested for a term of 25 years, in his capacity as President of the company Nombre150891 . (folios 33 and 151 of volume I of the administrative file).-\n\n2) That the Dirección18587 officials from ICAA, SENARA, the Ministry of Health, and the Directorate of Geology and Mines conducted an inspection in the concession area corresponding to file No. 1547 Tajo Pedregal, at the request of the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (folio 601 of volume III of the administrative file).-\n\n3) That as a result of the aforementioned field visit, the Assistant Director General M.Sc. Marlene Salazar Alvarado, the Geologist Licda. Ana Sofía Huapaya, and the Forestry Engineer Ing. Edgar Sandí, all from the Directorate of Geology and Mines, through Memorandum DGM-DC-803-2001, dated Dirección18587 , submitted a report to the Director General, which literally states: \"Following your instructions in order to attend to the request submitted by the executive president of ICAA Ing. Rafael Villalta and accompanied by officials from the Ministry of Health, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), and Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), as well as representatives of the company Productos Pedregal S.A., we went to inspect the area corresponding to file No. 1547, located in the district Dirección18588° , Dirección18589° ° , Province of Heredia, cartographically located between coordinates 216000-219000 North and 516000-518000 East of the Abra 3345 sheet of the I.G.N. (fig. no. 1). OBSERVATIONS MADE IN THE FIELD. 1. ICAA capture wells. This has existed for more than ten years and the gallery is located approximately one meter from the ground. It is currently located within the processing plant area and lacks protective measures to ensure water quality (vulnerability to infiltration of surface water and chemical and hydrocarbon runoff from the machinery in said plant). 2. First extraction face. Located at the eastern end of the concession. A recently disturbed material removal face was observed, with slopes of 15 to 20 meters in height, and at the lower levels of said slope, the outcrop of the aquifer layer was observed, with a regular flow that was drained or channeled toward the Río Virilla, which could evidence the breaking of the water table resulting from the removal activities. It is important to mention that along the base of the slope in sections, trenches completely covered with material are observed, acquiring a swampy consistency, evidencing water saturation in the area. Diagonal to this same face, the presence of a fill of considerable dimensions is evident (we took as a measure of depth the sinking of the D.G.M. officials' legs, these being approximately 55 centimeters). 3 Protection Areas. The alteration of the protection zone established in article 33 subsection a) of Forest Law (Ley Forestal) 7575 was observed. Also, the recent planting of 41 Indian Laurel trees and three Cedar trees on a fill on the left bank. 4. Second extraction face. Located at the western end of the concession. According to statements by the concessionaire, this is the current extraction face. In its profiles, the outcrop of the Puente Mulas ignimbrites was observed, which represents an aquiclude (according to the concession's registry geologist). No intervention in the aquifer layer is observed here. Material extraction activities were being carried out. Additionally, the following conclusions and recommendations were issued: CONCLUSIONS. 1. From the observations, the impact to the Colima Superior aquifer in the eastern sector of the concession area is evident. 2. According to article 33 subsection a) of Forest Law 7575, the protection zone was impacted. 3. Non-compliance with articles 8 and 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) 7788, all of the above reveals a negative Environmental Impact, bringing with it a negative externality. RECOMMENDATIONS: 1. To verify the information provided to this Directorate with the in situ reality and determine exactly the area affected, the Directorate of Geology and Mines will proceed to verify the exploitation level elevations and the advance measurements of the exploitation faces, verify the aquifer breaking point, determine the swampy areas, review the exploitation plan versus the latest work reports and other technical studies submitted to the D.G.M., for which the company must appoint a surveyor so that the verification is carried out jointly. 2. The company must provide the characterization of the aquifer in the concession area, a hydrogeological study, and the determination of water table levels, taking into account the irregularity of the aquifer in the area, to determine the minimum extraction levels for material in the concession. 3. The Nombre3456 and the ICAA must assess the environmental damage resulting from the impact on the aquifer and the violation of the protection zones, as well as any other damage they deem appropriate. 4. The immediate suspension of exploitation and material processing activities at the Pedregal S.A. company is recommended until such time as it complies with the recommendations in points 1 and 2.\" (folios 602 to 605 of volume III of the administrative file).-\n\n4) That based on the report indicated in the immediately preceding fact, the Directorate of Geology and Mines, by resolution No. 590 at 15:30 hours on August 3, 2001, considered and resolved as follows: \"CONSIDERING. 1) As recorded in administrative file No. 1547, by resolution at 10:00 hours on September 5, 1983, a quarry exploitation concession was granted in favor of the company Nombre150891 . represented by Mr. Nombre150893 for a term of 25 years. 2) In accordance with official letter DGM/DC 803-2001 signed by officials MSc. Marlene Salazar Alvarado, Geol. Sofía Huapaya, and Eng. Edgar Sandí, the quarry exploitation activities have caused environmental damage, harming the water intake of the intake named Puente de Mulas of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In this sense, we must turn to article 1 of Law No. 1643 of September 18, 1953, General Potable Water Law, which establishes: '... The planning, design, and execution of potable water supply works in the populations of the Republic are declared of Public utility', an article that we must harmonize with article 1 of the General Health Law (Ley General de Salud) No. 5395 which establishes '... The health of the population is a good of public interest protected by the State.' 3) The Mining Code is clear regarding the competence of the Directorate of Geology and Mines by establishing in article 93 of the Mining Code, the obligation of the Directorate of Geology and Mines to '... ch) Advise and inspect national mining activities ... ' and '... h) Apply and ensure the application of mining legislation, especially regarding the processing of permits and concessions, and their exercise or extinction. It is a responsibility of the Directorate and in general of the Ministry of Environment and Energy, to ensure the application of mining legislation, especially regarding the processing of permits and concessions, and their exercise or extinction; as well as the obligation of every concessionaire contained in subsection g) of article 34 of the Mining Code which indicates: '... g) Rationally and effectively exploit the deposit or deposits granted in concession ...' In addition to the foregoing, as the Constitutional Chamber indicated in Ruling No. 6443-93 of December 3, nineteen hundred ninety-three, it is the State's responsibility to look after its resources as a 'Good Father of a Family'. Without omitting that environmental protection has been elevated to constitutional rank, article 50 of the Political Constitution, and in repeated rulings, the Constitutional Chamber has established the State's duty to seek its protection. '... The right to the environment is a fundamental right and it is the obligation of the State to seek its protection ...' (Ruling 503-94); '... The protection of the environment must be directed towards its adequate and integrated use with its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relations, in order to safeguard the heritage to which present and future generations are entitled ...' (Ruling 1394-94); '... it is the State's responsibility to ensure that norms and procedures are followed in a timely manner, thus ensuring the well-being and protection of the entire community ...' (Ruling 1758-94). 4) In environmental matters, the precautionary principle or in dubio pro natura must prevail, as established in article 11 of the Biodiversity Law. Furthermore, article 98 of the Mining Code establishes: '... Any action, practice, or operation that deteriorates the natural environment, such that it renders its basic elements unusable, especially air, water, and soil, for the purposes for which they are intended, is prohibited.' 5) Pursuant to articles 219 subsection 1 and 226 subsection 1 of the General Law of Public Administration, in cases of urgency and to avoid harm to persons or irreparable damage to things, one or all procedural formalities may be dispensed with, and even a special substitute procedure may be created. Especially when dealing with the exploitation of non-renewable natural resources, which belong to the State pursuant to article 1 of the Mining Code, and which are granted under Concession to the administered party who is obligated to exploit them rationally. By virtue of the foregoing, the IMMEDIATE SUSPENSION OF EXPLOITATION AND PROCESSING ACTIVITIES OF QUARRY MATERIAL BEING EXPLOITED IN THE AREA COVERED BY FILE NO. 1547 is deemed necessary. (...) THEREFORE: Pursuant to articles 50 of the Political Constitution, 1º 3º, 34 subsection g), 93 and 98 of the Mining Code, 11 of the Biodiversity Law, 1 of the General Health Law, and 1 of the General Potable Water Law, it is resolved: a) The IMMEDIATE SUSPENSION OF EXPLOITATION AND PROCESSING ACTIVITIES OF QUARRY MATERIAL carried out by the company Nombre150891 . in the concession area of administrative file No. 1547 is ordered. B) A period of\n\nworking days is granted to the company Nombre150891 . to comply with the submission of the studies and recommendations issued in official letter DGM/DC 803-2001 transcribed in this resolution. It is warned that failure to submit what is required will result in proceeding as established in the last paragraph of article 63 of the Mining Code. C) Notify this resolution to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados so that they may proceed to prepare the reports required in this resolution. The company Nombre150891 . is warned that pursuant to articles 146 and following of the General Law of Public Administration, immediate compliance with the issued order is mandatory. Against this resolution, the remedies of revocation and appeal may be filed pursuant to article 90 of the Mining Code and within the time period established in article 346 of the General Law of Public Administration.- Additionally, the remedy of review pursuant to what is established in the General Law of Public Administration. Let it be communicated” (folios 607 to 613 of volume III of the administrative file).-\n\n5) That the concessionaire company, by written submission filed on August 6, 2001, filed a motion for revocation and appeal against resolution No. 590 indicated above, requesting in turn the lifting of the suspension measure on processing activities, and that it be allowed to continue processing the materials it had in its yards as well as material that could be acquired from other quarries. Said motion was supplemented by a written submission filed by the concessionaire on August 8, 2001 (folios 615 to 617 and 627 to 630 of volume III of the administrative file).-\n\n6) Through resolution No. 703 at 9:30 hours on September 5, 2001, the Directorate of Geology and Mines rejected the request for lifting the suspension measure on activities at the Tajo (Pit) (folios 697 bis to 699 bis of volume IV of the administrative file).-\n\n7) By written submission filed on September 10, 2001, the concessionaire company filed an appeal with concomitant nullity against the resolution indicated in the immediately preceding fact (folios 709 to 718 of volume IV of the administrative file).-\n\n8) Through resolution No. R-1726-2001-MINAE, at 9:00 hours on October 9, 2001, issued by the Minister of Environment and Energy, the appeal filed against resolution No. 703, which rejected the request for lifting the precautionary measure, was resolved, and its operative part ordered as follows: \"THEREFORE. 1. The appeal with concomitant absolute nullity filed by the company Nombre150891 . against resolution 703 at 9:30 on September 5, 2001, issued by the Directorate of Geology and Mines, is rejected. 2. The Directorate of Geology and Mines shall proceed to rule on the revocation motion filed against resolution 590 at 15:30 on August 3, 2001. 3. The administrative channel is deemed exhausted. 4.\n\nNotify the appellant and the Geology and Mines Directorate (Dirección de Geología y Minas).” (folios 956 to 959 of volume V of the administrative file).-\n\n9) In compliance with the provisions of resolution No. 590 (precautionary measure), on September 17, 2001, SETENA submitted the study entitled: “Assessment of Environmental Damage (Valoración del Daño Ambiental) caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.”, which states in its conclusions: “... VIII. Conclusions. Based on the investigation carried out by the technical team designated by this Secretariat, the following conclusions are reached: Environmental damage was verified in the following factors: 1. Protection zone of the Río Virilla. a. An approximate strip of 300 linear meters of vegetation was removed in the western sector of the concession. b. Due to the various activities in the quarry (Tajo), the 50 m strip along the river was not respected, which prevented its natural recovery or recovery through reforestation. The total area corresponding to the protection zone is 73,500 m². 2. Río Virilla. a) There was sediment and hydrocarbon drag towards the Río Virilla, negatively altering its physicochemical qualities. 3. Groundwater (Aguas subterráneas). a) The exposure of the Colima Superior aquifer is irreversible damage to the environment since it is impossible to return to the initial situation. 4. Landscape. a) The extraction work, explosions, and solid waste cause a high negative impact on the landscape. b) The extraction on the West and East fronts presents slopes with 90-degree angles and without berms. 5. Public Health. a) The Pedregal Quarry, through extraction actions, explosions, crushing, the asphalt mix production process, the block production process, sewage disposal, and the workshop, is partially responsible for public health impacts generated by dust, noise, and vibrations. Possible environmental damage was determined in the following factors: 1. Río Virilla. a. The accumulation of concrete found within the riverbed could produce a change in the behavior of the hydraulic capacity of its channel. 2. Zamora Intake. a. The Concrete Plant, the Asphalt Plant, the Treatment Plant, and the block factory are invading the Protection Zone of the Zamora Intake, which increases vulnerability to contamination and structural damage. 3. Groundwater. a. The opening of the aquifer on the East front could be causing decreases in water discharge at the local level. b. The Colima Superior aquifer presents high vulnerability due to its exposure and because it has protection of at most 2 m depth in the entire pit area. c. The eventual floods and the presence of the crusher in the eastern sector, accumulations of aggregates, and accumulations of asphalt debris that are in the Protection Zone of the spring (manantial), are possible sources of contamination, not only microbiological but also chemical. 4. Occupational health. a. The 90-degree angles pose a latent danger to the workers’ lives. b. The constant generation of dust and particles due to extraction, explosions, crushing, the asphalt plant, and the block factory can cause respiratory conditions in plant workers.” (folios 365 to 390 of volume I of the judicial file and 858 of volume IV of the administrative file).-\n\n10) By resolution No. 623-2001, of 2:00 p.m. on September 27, 2001, SETENA ordered the following, as relevant: “...For this Secretariat, it is clear that the current location of the company's industrial activities clashes with public interest restrictions established to protect the water resource. These restrictions, analyzed as a whole, and considering the existence of an exposed aquifer layer in the area, show that its comprehensive protection necessarily requires an integration of standards that seek, precisely, the greatest possible protection of the area ... Taking into account the content of report PREIA 438-2001-SETENA and considering that, under current conditions, the area shows high vulnerability, the Plenary Commission concludes that the site where the industrial and commercial process of the company Productos Pedregal S.A. is carried out (asphalt plant, concrete plant, block plant, crushers, workshops, and other installations) is not environmentally suitable for its operation. THEREFORE, THE PLENARY COMMISSION OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL) RESOLVES: To order the company to carry out a phased technical closure of all industrial and commercial activities conducted at the site, a process that will be carried out through a Closure Management Plan ...” (folios 913 to 920 of volume V of the administrative file).-\n\n11) By resolution No. 784 of 9:40 a.m. on October 16, 2001, issued by the Geology and Mines Directorate, the precautionary measure ordered in resolution No. 590 was partially modified, stating the following: “... The decision to partially lift the suspension ordered in resolution # 590 does not imply, as is obvious, an anticipation of the criterion that must be rendered when hearing the revocation remedies (recursos de revocatoria) that have been filed against it by the special representative of the concessionaire company. On the contrary, and considering the nature of the powers of this Directorate, as recognized by the special representative of the concessionaire, it is appropriate to authorize the requested processing works in the indicated sector as a result of what this body definitively resolves after assessing the technical criteria that have been submitted to the file. This decision, likewise, may imply certain conditions regarding the manner in which said crusher operates, endorsed by the considerations of in dubio pro natura and the technical competencies assigned to this Directorate, as set forth in Article 34 cited above. THEREFORE: In accordance with Articles 1, 34, and 93 of the Mining Code (Código de Minería), resolution #623-2001-SETENA, and memorandum DGM/DC-1018-2001, it is resolved: To partially lift the suspension of works ordered by resolution #590 of three thirty p.m. on August 3, 2001, authorizing Productos Pedregal S.A. to use the crushing system located to the West of the concession area between coordinates 217300-217-400 North and 516600-516800 East until June 1, 2002, as indicated by resolution #623-2001-SETENA of two p.m. on September 27, 2001. In all other respects, what was ordered in said resolution remains in force. The concessionaire must comply with what is required in memorandum DGM-DC-1018-2001 transcribed in Considering IV of this resolution. The concessionaire is warned that if it fails to comply with the requirements established in official communication DGM/DC 1018-2001 and within the deadlines established therein, the lifting of the processing suspension ordered by this resolution will be revoked…” (folios 935 to 943 of volume V of the administrative file).-\n\n12) On September 4, 2001, the ICAA submitted the study requested by the Geology and Mines Directorate in resolution No. 590, entitled “Analysis of environmental damage and others, resulting from the impact on the aquifer and the violation of protection zones in the Pedregal Quarry - Puente de Mulas System” (folios 476 to 708 of volume I of the judicial file, folio 700 of volume IV of the administrative file, and 1132 of volume V of the administrative file).-\n\n13) On October 3, 2001, the concessionaire company submitted the hydrogeological studies required by resolution No. 590, entitled: “Hydrogeological Study in the quarry area of Productos Pedregal S.A. and its surroundings”, carried out by M.Sc. [Name] and Lic. [Name], and “Hydrology of the Puente de Mulas and Pedregal Quarry area”, prepared by M.Sc. [Name] and M.Sc. Claudia Agudelo (folio 893 of volume IV of the administrative file and bound documents submitted outside the administrative file under that name).-\n\n14) By resolution No. 077, of 9:00 a.m. on January 28, 2002, the Geology and Mines Directorate rejected the revocation remedy filed by the concessionaire against resolution No. 590 (precautionary measure). For the issuance of this act, the following reports were considered as its basis: a) official communication DGM/DC 842-2001, of August 22, 2001, from the Geology and Mines Directorate, signed by Geologist Sofía Huapaya, Forest Engineer Edgar Sandí, and Topographical Engineer Jorge Delgado, report entitled: “Technical assessment of the current state of the Pedregal Quarry File No. 1547”; b) Document entitled “Analysis of environmental damage and others resulting from the impact on the aquifer and the violation of protection zones in the Pedregal Quarry - Puente de Mulas System”, prepared by the ICAA; c) Document entitled “Assessment of Environmental Damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A. Mining File 1547”, prepared by SETENA; d) Expert opinion from the consultation conducted on the case of the Pedregal Quarry file 1547, of September 27, 2001, prepared by the Technical Advisory Council on Mining (Consejo Técnico Asesor en Minería) of the Executive Branch; e) Expert opinion from the consultation conducted on the case of the Pedregal Quarry file 1547 (second report), of November 19, 2001, issued by the Technical Advisory Council on Mining of the Executive Branch; f) The hydrogeological studies submitted by the concessionaire company; and g) official communication DGM/DC 20-2002 of January 15, 2002, signed by geologists Marlene Salazar and Sofía Huapaya, by which they analyze all the previous documentation and issued a report that, as relevant, states: “... HYDROGEOLOGICAL STUDIES. From the hydrogeological studies submitted, it is concluded that detailed information is lacking to define the parameters that define the conditions under which exploitation in this concession could be carried out. The Directorate agrees with some conclusions reached by the company, such as the need for more research to justify subsequent exploitation steps. ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL DAMAGE AND OTHERS, RESULTING FROM THE IMPACT ON THE AQUIFER AND THE VIOLATION OF PROTECTION ZONES IN THE PEDREGAL QUARRY - PUENTE DE MULAS SYSTEM ICAA. Based on the studies prepared by the ICAA, it is concluded that there is no conclusive evidence that specifically indicates that the company Pedregal S.A. caused contamination of the Zamora Source through its operation in the quarry. The vulnerability of the Colima Superior Aquifer to possible contamination is high due to the extraction and beneficiation processes of mineral resources. REPORTS PROVIDED BY THE TECHNICAL ADVISORY COUNCIL ON MINING IN RESPONSE TO THE CONSULTATION CONDUCTED ON THE CASE OF THE PEDREGAL QUARRY (SEPTEMBER, NOVEMBER, AND DECEMBER 2001). From these reports, it is concluded: 1. With the progress of exploitation, the risk of further altering the aquifer in block C and in the East sector increases; work could only be done in the West zone after the zone is studied regarding the hydrogeological reality and an adequate exploitation plan is submitted. 2. The current exploitation is carried out within the materials corresponding to the Colima Superior aquifer, and in the West sector of the quarry, extraction began on part of the low-permeability layer (aquitard) that covers the Colima Inferior aquifer. 3. A complete hydrogeological study of the current situation must be required from Productos Pedregal S.A., establishing the necessary parameters for the definitive decision-making regarding the mining activity, detailing those locations where any extractive activity was intended. (...) RECOMMENDATIONS. 1. As the East front reached its exploitation limit, it is recommended not to permit any extraction in this sector; on the contrary, take the corresponding environmental measures for its closure stage, likewise, regarding the crusher and any other industrial activity in this sector, it will not be permitted, to avoid any impact on the environment as a direct result of beneficiation or equipment maintenance. 2. Extractive work should not continue until it is demonstrated that the exact location of the current exploitation front is within the boundaries of the conceded area. 3. Submit a complete hydrogeological study, through which the inconclusive points of the hydrogeological studies submitted on this occasion are resolved, as well as the requirements of this Directorate. For the detailed hydrogeological study, consideration must be given to increasing the density of drillings, especially in the different sectors feasible for exploitation, since the depth of the aquifer in those blocks has not been characterized. (...)” Based on the foregoing, in its operative part, resolution No. 077 ordered as follows: “… a) The revocation remedy filed by Mr. [Name] against resolution No. 590 of 3:30 p.m. on August 3, 2001, is declared without merit, maintaining in force the order to suspend exploitation works, as well as material beneficiation works in the East sector of the concession. b) Forward to the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) the proposals made by the company Productos Pedregal S.A., so that within one month they may indicate to this Directorate the appropriateness or not of the same, on the understanding that if the ICAA does not issue a pronouncement within the indicated period, the proposal of the company Productos Pedregal S.A. will be deemed rejected. c) Forward the studies submitted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and by the National Environmental Technical Secretariat, which indicate that environmental damage occurred, to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), for it to act according to its competence. Administrative file No. 1547 is elevated to the Office of the Minister pursuant to the appeal (recurso de apelación) filed subsidiarily. The appellant is warned that within three days they must submit to the Superior the arguments substantiating the appeal. NOTIFY.” (folios 1071 to 1144 of volume V of the administrative file).-\n\n15) By R-234-2002-MINAE, of 10:00 a.m. on April 29, 2002, the Minister of Environment and Energy declared without merit the appeal that the concessionaire had timely filed against resolution No. 590 of the Geology and Mines Directorate (folios 1172 to 1178 of volume V of the administrative file).-\n\n16) On June 12, 2002, an inspection was conducted in the concession area of the company Productos Pedregal, corresponding to file No. 1547, with the presence of an Advisor from the Legal Department of the Ministry of Environment and Energy, the Legal Advisor to the Minister of Environment and Energy, the Director of Geology and Mines, a topographer from that Directorate, and the Director of the National Mining Registry (Registro Nacional Minero), as well as officials from the National Environmental Technical Secretariat. The report drawn up on this occasion stated: “…At two o’clock and five minutes p.m., entry to the concession area was authorized; first, the so-called West sector of the quarry was inspected, near where the scrap metal deposit is located; a considerable accumulation of material was found. At the time of the inspection at that point, Ms. Sonia Muñoz, the company’s lawyer, joined the group, and she accompanied us throughout the tour. Ms. Muñoz clarified that she could not answer the inquiries because she is not responsible for managing the quarry part. Subsequently, Engineer Luis Garro, the company’s Topographer, joined the group, explaining that the material accumulated in the West sector is part of material extracted from the quarry, in compliance with water management, a technical recommendation they followed. The crusher in the West sector is working, and quite a lot of piled material, mostly sand, is observed; according to Ms. Muñoz, the material processed by the crusher comes from Barranca and Guápiles. At 3:07 p.m., SETENA officials Tatiana Cruz, Allison Villalobos, Roxana Badilla, and [Name] arrived; they toured the intervened sector where material was extracted in the west sector. We moved to the East sector. There, the crusher was not in operation, showing that it has not functioned for a long time; accumulated material of asphalt debris is found. In the area where the aquifer was intervened, two ‘tanker trucks’ were found transporting water, loading water with the help of a mechanical pump from the water running through the channel built to channel the water flowing from the spring (manantial); the ‘tanker trucks’ had the Pedregal logo and license plates [Plate] and [Plate]. Once they loaded the water, they left the area. In the sector where the aquifer was uncovered, it was found to have been covered by material from the same quarry, mainly stone of different sizes and ballast; above that sector, it is evident that there was movement of material, which was removed by explosives. According to the company’s topographer, this material was removed to hold a four-wheel-drive vehicle exhibition that took place in the area. On the quarry floor, still in the east sector, there is a large amount of logs and other debris from the river, demonstrating that the river rose and entered the site several meters inland; according to the company’s topographer, the rains from last Monday caused the river to rise and flood part of the mentioned sector. (…)” (folios 1348 to 1350 of volume VI of the administrative file).-\n\n17) That in Memorandum DGM-TOP-206-2002, of June 21, 2002, Topographical Engineer Jorge Delgado Barboza, from the Geology and Mines Directorate, informed the Head of the National Mining Registry that on June 14 of that year, he conducted a field verification in the concession area of file No. 1547, whose conclusions, as relevant, state: “... On the exploitation front, at points near point A, representative differences in elevations are observed; the formation of channels is observed, slopes that did not exist as of August 7, 2001, modification of the slopes obtained on the mentioned date. Differences in elevations exceeding 4.5 meters are found; these differences in elevations could only be the result of extraction subsequent to the date the map submitted at folio 879 was prepared. Figure No. 1 and part of the map submitted at folio 879 (enlarged map) are attached for locating the access ramp and point A and surroundings, through which the comparison was made. Two stockpiles of piled material were measured: one processed, having an approximate volume of 21,805 m³, a figure obtained from surveying a typical cross-section; another unprocessed, with an approximate volume of m³, a figure obtained by comparative methods. I must report on the evidence of material removal in the area located near the [Address], removal carried out to drain the mentioned zone, as later confirmed by Pedregal’s topographer, Luis Garro Marín. Regarding the east extraction front, although there is evidence of material removal after August 7, 2001, no topographic work was performed on any of these visits (June 14 and 20 of the current year), which does not allow for quantification of the works carried out” (folios 1351 to 1356 of volume VI of the administrative file).-\n\n18) By Memorandum DGM-DC-399-2002, of June 21, 2002, geologists [Name] and [Name], from the Geology and Mines Directorate, informed the Head of the National Mining Registry that on June 14 of that year, they conducted a visit to the concession area of file No. 1547, whose conclusions were as follows: “During the analysis of this report, the following is concluded: 1. The physical evidence shows that processed and unprocessed materials on the West exploitation front are of in situ origin. This can be verified by the high percentage of secondary mineral (galena), observed in the in situ rocks and in the piled materials. 2. The degree of angularity in the unprocessed materials piled on the West front indicates little transport and that, of course, they differ from alluvial materials, since these are strongly rounded due to transport in fluvial systems. 3. The colors and textures of the materials piled in the West sector, which vary between yellows, oranges, grays, wine colors, and even brick; are strongly related to the high-permeability yellow breccias, high-permeability wine breccia, jointed and fractured gray lavas, and the medium-permeability orange breccia mentioned by [Name] (2001) and correlatable with the Colima Superior aquifer. 4. Evidently, these materials (varicolored breccias) are being sold. This statement was corroborated by MINAE and Pedregal officials when two dump trucks, one belonging to the Pedregal company and the other to a private individual, were seen loading and leaving. 5. Changes in the upper slope in the Northwest sector of the West exploitation front are evident, in which approximately 5,000 m² of area is absent; with a 15% expansion due to bulking of materials and depending on the thickness removed, this can amount to several cubic meters. 6. Another piece of evidence is the level difference of the floor in the Southwest sector, of up to 1.8 meters, as indicated in this report. 7. Material movement was carried out in the East sector, constructing an access way to the upper terrace where the tuffs are located. 8. The exposed springs (nacientes) in the East sector were obstructed with in situ rock materials, without any technical recommendation. 9. In the East sector, the evidence shows the recent use of explosives. 10. In addition, the water is being reused, without any permit. Recommendations. The National Mining Registry is recommended to proceed as stipulated by law” (folios 1368 to 1372 of volume VI of the administrative file).-\n\n19) By resolution No. 416 of 9:00 a.m. on June 24, 2002, the Geology and Mines Directorate granted a hearing for a period of 5 days to the concessionaire company, for the purpose of justifying the material exploitation works in the quarry area, as well as the processing of materials in the crusher located in the west sector of the area (folios 1373 to 1386 of volume VI of the administrative file).-\n\n20) By a brief filed on July 1, 2002, the concessionaire company presented its observations and justifications regarding the findings determined by the Geology and Mines Directorate (folios 1397 to 1401 of volume VI of the administrative file).-\n\n21) In Memorandum DGM-OD-644-2002, of July 4, 2002, the Director of Geology and Mines issued a pronouncement on the justifications presented by the concessionaire, stating the following: “... The Geology and Mines Directorate, in the case of the topographic survey provided in its time by the company, starts from the fact, given the detail thereof, that the information contained in said plan is real and conforms to the site where the topographic work is performed. Especially when the submitted plan is provided to this Directorate for the purpose of resolving relevant aspects of the concession area, namely, floor levels, definition of the concession limits, among others. The foregoing implies, given the evidence shown in the survey carried out by this Directorate’s topographer, that removals of materials occurred in the area in question, while a suspension order for exploitation works was in force (resolution No. 590 of August 3, 2001). Another aspect alleged by the representative of the concessionaire company is that the removal of material in the concession area, east sector, was carried out following a recommendation contained in the Hydrogeological Study prepared by Lic. [Name]. Let us recall that said Study was a requirement imposed on the company Productos Pedregal S.A. by this Directorate in resolution No. 590 of August 3, 2001; likewise, to date, that Study has not been approved by this Directorate, due to its lack of information, an aspect accepted in the document itself; consequently, the recommendations of Lic. [Name] are NOT issued nor endorsed by this Directorate; therefore, the company should not have implemented the recommendations in question, as it alleges in the justification brief, simply by being contained in a private document, not approved by the competent body, which is this Directorate. Regarding the operation of the crusher in the west sector of the area, resolution No. 784 of October 16, 2001, allows its use until June 1, 2002, the deadline for the dismantling ordered by SETENA. The company representative alleges that SETENA’s resolution has been challenged; however, this Directorate has not received any communication from SETENA revoking resolution No. 623-2001-SETENA, nor ordering the suspension of the act. In conclusion, this argument is also inadmissible. Pursuant to the foregoing, I instruct you to forward file No. 1547 to the Office of the Minister, in accordance with the provisions of the last paragraph of Article 63 of the Mining Code ...” (folios 1403 and 1404 of volume VI of the administrative file).-\n\n22) That by official communication DM-408-2002, of July 15, 2002, the Minister of Environment and Energy pronounced as follows: “... Resolution 590 of August 3, 2001, is in force, meaning that ‘the immediate suspension of quarry exploitation and material processing works carried out by the company Productos Pedregal S.A. in the concession area of administrative file No. 1547,’ ordered in said resolution, is an effective administrative act, that is, enforceable in accordance with Articles 146 et seq. of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The same applies to resolution number 784 of October 16, 2001, which permits the use of the crusher in the west sector of the area until June 1, 2002. In accordance with the foregoing and based on the inspection conducted on June 12 of this year, as well as official communications DGM/TOP 206-2002 of June 21, 2002, DGM/DC 399-2002 of June 21, 2002, DGM/OD-644-2002 of July 4, 2002, non-compliance with the administrative act ordered in the resolutions indicated above is demonstrated, and consequently with the commitments and obligations undertaken by the concessionaire. In accordance with the serious non-compliance noted, as well as in relation to Articles 63, 93 subsection h), and 97 et seq. and concordant of the Mining Code, the cancellation of the concession must proceed. It is omitted ... as it is not necessary to grant a new deadline for the fulfillment of other obligations, since, according to the reasons stated, there is a serious non-compliance by the concessionaire that justifies the cancellation of the granted concession.” (folio 1411 of volume VI of the administrative file).-\n\n23) By resolution No. 451 of one ten p.m. on July 16, 2002, the Geology and Mines Directorate, based on official communications DGM/TOP 206-2002, DG/DC399-2002, of July 21, 2002, DGM/OD 644-2002 of July 4, 2002, and official communication DM-408-2002 of July 15, 2002, ordered the cancellation of the quarry exploitation concession right granted to the company Productos Pedregal S.A. by resolution of 10:00 a.m. on September 5, 1983, file No. 1547 (folios 1412 to 1425 of volume VI of the administrative file).-\n\n24) By a brief filed on July 22, 2002, the concessionaire filed a revocation remedy with subsidiary appeal (revocatoria con apelación subsidiaria) and concomitant nullity (nulidad concomitante) against resolution No. 451-2002 (folios 1426 to 1435 of volume VI of the administrative file).-\n\n25) By resolution No. 482 of 11:00 a.m. on July 31, 2002, the Geology and Mines Directorate declared without merit the revocation remedy and nullity incident filed against resolution No. 451 of 1:10 p.m. on July 16, 2002 (folios 1516 to 1526 of volume VII of the administrative file).-\n\n26) By resolution No. R-388-2002-MINAE, of 9:40 a.m. on September 19, 2002, the Minister of Environment and Energy declared without merit the appeal with concomitant nullity filed against resolution No. 451, and declared the administrative route exhausted. In resolution No. R-441-2002-MINAE, of 11:00 a.m. on October 21, 2002, the Minister of Environment and Energy rejected the request for clarification and addition (aclaración y adición) filed by the concessionaire, in relation to the resolution that declared the appeal without merit (folios 1541 and 1542 of volume VII of the administrative file).-\n\nII.- FACTS NOT PROVEN.\n\nThe following has not been proven in the case file: 1) That at the time of the adoption of Resolution No. 590-2001, issued by the Directorate General of Geology and Mines, there were elements that made it possible to rule out, with absolute scientific certainty, that given the outcrop of the Colima Superior aquifer, said water resource was not at risk of being affected by the mining exploitation activity carried out by the plaintiff company in the concession area (the case file).\n\nIII.- ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. In support of its claims established in the complaint, the plaintiff raises the following: That on March 17, 1983, Nombre150891 filed with the Directorate of Geology and Mines an application for the exploitation of a quarry located on lands owned by the company for the extraction and processing of construction materials, such as concrete aggregates and materials for road construction. That on May 2, 1983, the company filed with the same office the document called \"Preliminary Declaration of Environmental Impact - Application for exploitation of a Quarry under case file No. 1547 of the Mining Registry\". In the aforementioned document, the area in which the mining extraction would be carried out was delineated, and the potential environmental effects on natural elements were also indicated. The document indicated the following: \"the exploitation of this quarry will be carried out leaving a safety margin of 1 meter above the lower limit of the current exploitation, so that a cover of 3 meters will be maintained over the water tables in the project area. (...) The topographical change resulting from the open-pit extraction of large volumes of material is practically the only permanent environmental factor that cannot be avoided in an exploitation of this type.\" That additionally, by way of clarification, it was stated: \"Based on the analysis of the hydrograph of well AB-738 (see flow net), it was determined that the seasonal oscillation of the piezometric level in the pit area is on the order of 2.5 meters. The protection layer was established at 3 meters above the average oscillation level (December 1982), so that with the seasonal oscillations of the piezometric level, the proposed protection zone will have a variable thickness between 1.75 meters and 4.25 meters, such that the average cover will be 3 meters.\" It states that for all these reasons, the maximum exploitation elevation was set at 871 meters above sea level. That the Directorate of Geology and Hydrocarbons, National Mining Registry, by resolution at 3:50 p.m. on November 10, 1986, ordered as follows: \"... according to the report rendered by the Governmental Control Commission on the Environmental Impact Studies of Mining Activities by memorandum dated September nine, nineteen eighty-six, in which it is communicated that in Session #GCC-EIA-91, the approval of the Environmental Impact Study presented for Mining Exploitation Concession # 1547 was proceeded with ...\" That by Executive Branch Agreement No. 27-83, at 10:00 a.m. on September 5, 1983, the quarry concession was granted for a term of 25 years to the company Productos Pedregal S.A. That during 1991, a water outcrop occurred at the foot of one of the slopes, given that a discharge zone for the groundwater that flows into the Río Virilla is located in the area, which had been made known to the Directorate of Geology and Mines at the time the concession was obtained. That said groundwater outcrop occurred when the minimum exploitation elevation indicated in the aforementioned study, which had been duly approved by the Directorate of Geology and Mines, had not yet been reached. That together with Geologist Luis A. Chavarría from the Directorate of Geology and Mines, officials from Acueductos y Alcantarillados proposed to the concessionaire company that it excavate a ditch on its property in order to induce the groundwater flow towards it, and to manage to use those waters for its functions. That the AyA excavated a ditch at the lower part of the exploitation front and an underground pipeline to convey the water to the Puente de Mulas Station, where it receives chlorination treatment, to then be pumped into the urban aqueduct system of the Greater Metropolitan Area. That once the water conveyance gallery was put into operation, AyA officials continually visited the plaintiffs' facilities to take water samples, evaluate the pipeline, and carry out other minimum maintenance activities. That for more than 11 years of the gallery's operation, the plaintiffs were never warned of any operational problem, water contamination, or any other irregularity. That in 1994 the plaintiff companies developed a productive structure around their location within the concession area, and that this generated high productivity indices and a significant number of jobs. That as the exploitation approached the eastern limit of the concession, a new water outcrop occurred, after which no authority—Geology and Mines, AyA, or SETENA—defined a protection zone despite the various visits by officials that occurred before, during, and after the outcrop. That in the course of the quarry exploitation, multiple annual reports were submitted for review by the mining authority, setting forth in a table a summary of the reports and the chronology of the technical inspections carried out by the Directorate of Geology and Mines. That in no case, as a result of these evaluations, was the company warned of the need to maintain protection areas on the bank of the Río Virilla or in any other area of the pit. That in the administrative file itself, on folio 576, official letter DGM-OD-198-2011 appears, which indicates that: \"Due to the age of the exploitation, there is no river protection zone, as everything was exploited and the cover eliminated ...\". That in the month of July 2001, multiple health problems were reported in a sector of the capital's population, which were subsequently linked to the drinking water supply. Within that population was the one supplied by the AyA through the waters processed and pumped from Puente de Mulas. That the studies found the existence of extremely high bacteriological contamination in the waters, and that according to a complaint filed by the Executive President of the AyA, this situation was attributed to the quarry exploitation activities of the plaintiff company. That contrary to the above, the Directorate for the Protection of the Human Environment of the Ministry of Health, in official letter DPAH-771 of July 23, 2001, indicated that the Puente de Mulas system captures water from two points: a well located on the Tajo Pedregal property and from the Fuente Zamora, classifying the latter as vulnerable, since it is exposed to easy contamination, according to the sanitary inspections carried out on site by personnel of that Directorate. That as a result of the public complaint made by the Executive President of the AyA, there was enormous pressure from the media and public opinion for the concessionaire to be sanctioned. That under the influence of that atmosphere, and in a sudden field visit, by Resolution No. 590 at 3:30 p.m. on August 3, 2001, the Directorate of Geology and Mines ordered the total suspension of the quarry material exploitation and processing work. That it was later scientifically verified that the contamination of the Puente Mulas waters could not have been caused by the plaintiffs' productive activities, in view of the interaction of infectious agents (fecal pathogens) in the diarrhea outbreak that occurred in the users of the drinking water service. That it was proven that these pathogens were not present in the water of Fuente Zamora, nor could they have been generated by the companies' activities in the area adjacent to the source, which even the Executive President of the AyA himself came to admit. That according to data from Nombre150896 and Agudelo (2001), hydrology experts hired by the Directorate of Geology and Mines, it was accredited, among other things, that the water resource has not suffered any detriment in its physical-chemical constitution as a result of the plaintiffs' activity, and that, in general, the quantitative and qualitative levels of the water resource remain unchanged. That according to the hydrogeological studies provided to the Directorate of Geology and Mines, they determined the existence of sites where exploitation is clearly viable, and others that required further studies. That various steps aimed at obtaining the total or partial revocation of Resolution No. 590 were raised; however, they were illegitimately rejected in their entirety. That at the time the immediate suspension of the exploitation work was ordered, the plaintiff maintained multiple contractual commitments with various public entities for the development of various public works, which it details in a table. That in all cases there were defined delivery deadlines, performance guarantees provided for up to the sum of ¢162,680,872.50 and $301,206.56, and urgency to comply with the delivery of the works on time. That under this circumstance, the plaintiff weighed the interests at stake and decided to use material already extracted from the pit before Resolution No. 590, and process it for use in the aforementioned public works. That the material extraction activity did not cause any environmental damage, nor did the plaintiffs' productive activity. It argues that what was caused was the negative environmental impact foreseen from the beginning of the extraction work, once the mining concession was obtained. That during the period from August 1, 2001, to November 30, 2003, the plaintiffs ceased to receive net profits in the sum of $9,794,000.00 USD, a sum that corresponds to the average net profits ceased to be received during the 28 months that elapsed from August 1, 2001, to November 30, 2003. That serious non-material damage was caused to the plaintiffs, due to the injury to their image, as a result of the massive dissemination of the problem in mass media and the financial difficulties that the impediment to the pit exploitation has brought to the companies. Regarding the substantive arguments, it raises that Resolution No. 590 of the Directorate of Geology and Mines is a precautionary measure of an administrative nature, the reason for its issuance being the alleged contamination of the Upper Colima aquifer in the eastern sector of the concession area. It alleges that the aforementioned resolution suffers from absolute nullity defects, for the following aspects: violation of the general principles of Public Law of reasonableness and proportionality, violation of the precautionary principle, violation of due process, and lack of grounds. Furthermore, it points out that any precautionary measure must be necessary, suitable, and proportional. That in the case of Resolution No. 590, the necessity is relative, since a more weighted evaluation of the facts and the available information would have allowed a decision to be adopted that was not that of ordering, in a sudden and arbitrary manner, the stoppage of the material extraction and processing activities. Similarly, it argues that had what was stated in official letter DPAH-771 dated July 23, 2001, from the Directorate for the Protection of the Human Environment of the Ministry of Health been considered, it is likely that the measures to mitigate the risk of damage to the Colima Aquifer and contamination of the Toma Zamora would have been different. It states that according to the technical study prepared by Dr. Nombre150898, which it provides as evidence, with the technical information available at the time of adopting Resolution No. 590, it was possible to find alternative measures less harmful to the plaintiffs, without this leading to the lack of protection of the water resource. It concludes that the adopted measure cannot be understood as a necessary measure. In relation to the suitability of the measure, it indicates that, as explained in Dr. Nombre150898's study, at the time of adopting the measure, the exploitation in the pit involved an exploitation front of no less than 1000 linear meters in length, so that the alternative of preventing exploitation in the portions where there were potential risks of affectation or negative impact to the aquifer, but not in the entire exploitation front, could well have been weighted. It points out that Resolution No. 590 itself established that no environmental impact on the aquifer was evident in the area where the extraction was being carried out at the time of the visit. It questions why extraction on the entire exploitation front was absolutely prevented without any argument. It mentions that the processing work involves a broad sector of the concession, so that such activities, as a whole, were not in a position to be the contaminating agent, not only because they were carried out for many years without the AyA detecting any infection, but also because of what was established in official letter DPAH-771 of July 23, 2001, from the Ministry of Health. In its opinion, the contingency measures could have been less harmful, by ordering the stoppage of those activities closest to Fuente Zamora, while a more in-depth evaluation was carried out. It maintains that by taking that measure, without first weighing the various interests involved when agreeing to the suspension of the execution, an unsuitable measure was adopted. It cites an excerpt from the study carried out by Nombre150898, in which it states that the most logical thing was for the recommendation of the DGM report to be aimed at limiting the material extraction and processing work to a geographical space within the project area where the possible risks were minimized. It concludes that by adopting an excessively harmful decision to the interests involved—those of the plaintiffs and the workers and their families—the measure is unsuitable, and consequently, illegitimate. Finally, regarding proportionality, it argues that the measure was disproportionate, insofar as it absolutely prevented the continuity of the extractive work on an exploitation front of more than 1000 linear meters in length, as well as the processing work, even though they were not taking place in the vicinity of Fuente Zamora or the outcrop in the eastern sector. That according to the aforementioned study, the exploitation that was being carried out in the western sector at the time of the measure did not compromise the Colima Superior Aquifer or the Toma Zamora. It indicates that the DGM itself required the concessionaire to conduct hydrogeological evaluations, which came to confirm what the DGM's own officials stated in official letter DGM/DC 803-2001, that is, that the extraction in the second exploitation front located in the western sector did not compromise the water resource, nor the water quality of the Toma Zamora. It reproaches that despite the foregoing, the DGM, in an unreflective and arbitrary manner, maintained its decision to completely prevent exploitation. It argues that the DGM disregarded the recommendation contained in point 4 of the recommendations section of official letter DGM/DC 803-2001, to the effect of keeping the suspension until the hydrogeological studies were carried out, which were provided in a timely manner. It ends this argument by pointing out that, consequently, the decision adopted through Resolution No. 590 is absolutely null, as it is an unnecessary, unsuitable, and disproportionate measure. Regarding the application of the precautionary principle, it cites an excerpt from Constitutional Chamber ruling number 2806-98, which refers to the so-called precautionary principle, Pro Natura, or Prudent Avoidance. In the same vein, it affirms that there is a document called \"European Commission Criteria for the Application of the Precautionary Principle,\" whose focus consists of subordinating the aforementioned principle to a decision-making procedure based on risk analysis. It indicates that for both the Constitutional Chamber and the European Commission, measures based on the Precautionary Principle are temporary (precautionary) measures, so that, as long as there is no scientific certainty of the possibility of avoiding environmental damage, it will be possible to adopt abstention measures, but such measures remain subject to review, pending new scientific data. It alleges that the decision adopted must be proportional to the chosen level of protection, and that in the present matter it is excessive, since it intends to achieve zero risk. It believes that in the case under examination, a total prohibition of extraction and processing was opted for, preventing the continuity of productive activities directly dependent on the mining exploitation, failing to comply with the risk evaluation procedure, and therefore, the weighing of the proportionality and the economic cost/benefit evaluation of the decision taken was omitted. It argues that despite having submitted conclusive technical information to the file, the unilaterally adopted decision was maintained, further increasing the economic and social costs of the measure. It adds that not only was the suspension of extractive work ordered but also of all processing work, so that the crushers installed in the sector could not be used. Finally, it points out that although it was the concessionaire's responsibility to provide scientific information to make a more complete risk evaluation, once this was provided, the measure was maintained without reason, which was already initially unsuitable and disproportionate, all of which leads to the conclusion that Resolution No. 590 violated the precautionary principle, and therefore, is tainted by absolute nullity. Regarding due process, it argues that although Resolution No. 590 aimed to adopt a precautionary measure, and that a prior procedure is not required for this, when environmental damage resulting from the plaintiff's conduct was taken as proven, an ordinary administrative procedure should have been followed in which it was given the opportunity to defend itself. It argues that Resolution No. 590 supports the procedure followed on an assumption of urgency, and as a right, it invokes Articles 219 subsection 1) and 226 subsection 1) of the General Public Administration Law; however, it argues that this legal basis does not apply to establish the existence of environmental damage, the plaintiff's liability for such environmental damage, the invasion of protection zones, and the environmental damage resulting from that invasion. That by not having been given the opportunity to discuss this in an administrative procedure, it was placed in a state of defenselessness, which causes a violation of the principle of due process, and therefore, the nullity of the challenged act. It argues that there is a lack of grounds for Resolution No. 590. In this regard, it argues that Resolution No. 590 came to establish the existence of conduct generating alleged environmental damage, but that since no protection zone had been delimited under Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), it is not possible to establish environmental damage due to its disregard. It points out that strictly speaking, what occurred was the environmental impact that the Administration itself knew could occur at the time of granting the mining concession. It cites an excerpt from Nombre150898's study, pointing out that the Administration confuses the terms environmental impact (impacto ambiental) and environmental damage (daño ambiental), and that therefore, the third recommendation regarding a request to Nombre3456 and AyA to assess the environmental damage induces confusion, since it is concluding, a priori, that it is a case of damage, without first investigating and evaluating it scientifically. It adds that according to Article 9 of the Water Law (Ley de Aguas), the outcrop of waters due to mining exploitation is an impact that is not only expected but legally admitted. Under that norm, it questions how the subsequent outcrops, even though they were above the elevation established in the study approved by the DGM, could be considered environmental damage. It argues that for these reasons, the challenged resolution lacks grounds, and is therefore absolutely null, in accordance with the General Public Administration Law. On the other hand, it alleges the nullity of Resolution No. 451 of 1:10 p.m. on July 16, 2002. In this regard, it argues that the measure adopted by the Administration, by which it intends to extinguish the administrative real right declared in favor of Productos Pedregal S.A., has the legal nature of a recissory administrative sanction, so that the limits established by the legal system on the exercise of the administrative sanctioning power are applicable. It alleges that the aforementioned resolution suffers from absolute nullity defects for the following aspects: lack of grounds, atypicality of the sanctioned conduct, and violation of the principles of adequacy and proportionality. It alleges a lack of grounds for Resolution No. 451. It points out that the DGM decided to extinguish the concession due to non-compliance with Resolutions No. 590 and No. 784; however, it points out that this cancellation is improper, since the aforementioned resolutions are tainted by absolute nullity. In this regard, it affirms that in accordance with Articles 146.1 and 3 of the General Public Administration Law, the enforceability of those decisions was legally non-existent, and even prohibited. Citing excerpts from legal doctrine, it indicates that since Resolution No. 590 suffers from absolute nullity defects, it congenitally lacks efficacy, that is, its execution is classified as prohibited by the legal system. That the act of enforcing Resolution No. 590 by way of the extinction of the concession, declared in Resolution No. 451, automatically generates the Administration's liability, based on numerals 169 to 172 of the General Public Administration Law. It concludes that Resolution No. 451 presents nullity, since it lacks a legitimate ground, by imputing to the plaintiff the non-compliance with an ineffective measure (Res. No. 590). It argues that there is atypicality of the conduct in Resolution No. 451. It reiterates that the resolution by which the extinction of an administrative real right is decided has the character of a recissory administrative sanction. It affirms that in the present case, the challenged act lacks sufficient legal basis, since there is no legal norm (principle of legal reservation) that serves as a normative basis for imposing a sanction as harmful as declaring the expiration (caducidad) of the concession. It points out that after the facts, Law No. 8246 entered into force on July 28, 2002, including Article 137 in the Mining Code (Código de Minería), which provides that the holder of a concession permit for carrying out mining exploitation activities, once the permit or concession is suspended, will be definitively cancelled. In this regard, it points out that prior to the aforementioned law, there was no legal basis to impose a recissory-type sanction on a concessionaire who, while the concession was suspended, carried out mining exploitation activities. It adds that this norm, by the principle of non-retroactivity, does not enable the Administration in this case, as it concerns facts prior to its entry into force. Consequently, it affirms that there is atypicality of the conduct, so the annulment of the resolution is required. It alleges that Resolution No. 451 incurs a violation of the principles of adequacy and proportionality. In this regard, it indicates that the Administration has a wide range of coercive measures for the safeguarding of environmental public order, and reviews the norms of the General Public Administration Law that deal with the subject. It mentions that when faced with the question of which of these mechanisms the Administration must choose, one must resort to the principle of Proportionality and Adequacy. After citing an excerpt from legal doctrine, it argues that according to the principle of adequacy, the measure chosen in pursuit of the forced execution of the act must be that which is in accordance with its content and to the degree sufficient to ensure the intended purpose (principle of proportionality). That based on the foregoing, what the Administration should have done was: a.- assess the nature of the non-compliance, and b.- evaluate, according to the terms of the measure whose forced execution was sought, the option that would ensure the least possible harm from the non-compliance, without failing to protect the water resource. It considers that this would have led to the selection of a forced compliance measure, with the assistance of the public force, confiscation of goods, closure of establishments, etc., but not a recissory sanction capable of generating effects on more than four hundred families and damages and losses prudently estimated in the sum of $9,794,000.00 USD. It affirms that by opting for the most severe sanction for the concessionaire without appreciating these aspects, the principles of adequacy and proportionality were violated, producing the absolute nullity of the proceedings. Finally, it requests the payment of damages and losses. In support of this, it asserts that the challenged acts suffer from multiple absolute nullity defects, so the State bears full liability that makes the indemnification of the damages and losses incurred enforceable, by virtue of the subjection to the effects of such acts. It states that it is possible to take the causal relationship between the administrative conduct and the damages and losses caused as proven. It requests indemnification for non-material damage (daño inmaterial) and for losses (perjuicios). Regarding non-material damage, it argues that since these facts were disseminated in the mass media with the greatest influence on public opinion, significant non-material damage was caused to the plaintiffs. Likewise, it argues that in the construction market, the image of the group of companies was widely affected. It estimates the damage to the business image in the sum of $10,000.00 USD. Regarding losses, it indicates that as of November 30, 2003, it was already possible to establish a loss for the companies of no less than $9,794,000.00 USD, which corresponds to the lost profits. That the foregoing derives from the impossibility of extracting and utilizing the non-metallic mineral material that was no longer available as a result of the challenged administrative acts. It adds that according to evidence it has provided, it is possible to establish that as long as material cannot be extracted from the quarry, the companies will cease to receive $340,400.00 USD monthly, which corresponds to the average net profits ceased to be received during the period spanning from August 1, 2001, to November 30, 2003. It requests that as an adjustment mechanism, the liquidated figure should be adjusted, until the issuance of the judgment and effective payment, by $340,000.00 USD for each month that material cannot be extracted from the quarry.\n\nIV.- ARGUMENTS OF THE STATE REPRESENTATION. It points out that the outcrop that occurred in 1991, to which the plaintiff refers, is an irrelevant fact in relation to the resolutions being challenged in this process, as the latter refer to the suspension order of activities in relation to a second outcrop that occurred in the eastern sector of the quarry, presumably in 2001, and to the cancellation of the concession for not complying with the suspension order. It argues that the concessionaire did not communicate to the Administration that a second aquifer outcrop had occurred in the eastern sector of the quarry. It alleges that the Directorate of Geology and Mines learned of it when it conducted the inspection on August 3, 2001. It states that it is not true that there were multiple annual reports rendered by the concessionaire, and on the contrary, many of the reports were rejected as incomplete. It notes that the exploitation of the pit, according to the analysis made by Acueductos y Alcantarillados, affected the La Colima aquifer by the mere exposure of the same, as a result of this exploitation. That the exposure of the aquifer entails a serious environmental and sanitary danger, because it can be contaminated by the waters of the Río Virilla. It rejects the plaintiff's arguments that Resolution No. 590 was based on an a priori assessment of the facts, if by this it refers to the fact that on the same day of the inspection there was already an assessment of them. It establishes that as a result of a public complaint made by the Executive President of the ICAA, an inspection was carried out at the pit, and that at that time the existence of the second outcrop, which occurred at the limit of the exploitation, was verified. That as a result of this inspection, several recommendations were issued, among which the suspension of material extraction and processing work stands out. It adds that the grounds for Resolution No. 590 were the protection of the water resource, specifically, the La Colima Superior aquifer, the environment, and public health, given the danger of contamination due to its exposure in a place where mining exploitation activities were being carried out.\n\nLikewise, it notes that Resolution No. 590 granted the plaintiff a period of twenty business days to submit the studies and recommendations requested in official communication DGM/DC 803-2001, with the effectiveness of the measure subject to such compliance, upon verification by MINAE officials. That the company requested extensions to conduct the studies and adopt the recommendations, which were granted. It alleges that the studies were incomplete in several respects, and that the company breached the first of the provisions adopted in the resolution, that is, the suspension of material extraction and processing activities, despite the fact that in Resolution No. 784 of 9:40 a.m. on October 16, 2001, the Dirección de Geología y Minas resolved to partially lift the suspension of activities and authorized the use of the crushing system in the western sector, until June 12, 2002. It adds that in the inspection conducted by DGM officials on June 12, 2002, it was verified that the company had extracted material in the eastern sector of the quarry, contrary to its own studies and Resolution No. 590, which led to the cancellation of the concession. It states that it is not true that Nombre150891 has the contractual commitments it claims to have, derived from several tenders issued by CONAVI and MOPT. It asserts that the contractor is the company Quebradores Pedregal S.A., which is not the concessionaire of the quarry. That it cannot attest whether or not there was material extracted before the issuance of Resolution No. 590, but that this is irrelevant in light of the fact that Nombre150891 extracted and processed material after the issuance of that resolution, disobeying what was ordered, as the plaintiff acknowledges in fact eighteen of the filing where it requested the interim measure. That in the inspection conducted on June 12, 2002, it was verified that the western crusher was processing material that was stockpiled and that, by its characteristics, it was proven that said material had been extracted from the eastern sector of the quarry, disobeying Resolutions 590 and 784. It points out that, furthermore, in the eastern sector, where the second outcrop is located, and where extractive activities could not be carried out, material was removed for the purpose of holding an exhibition of four-wheel-drive vehicles. It alleges that there was environmental damage caused by the extraction and processing of material, as evidenced by the studies submitted by Nombre3456 and ICAA, requested by the Dirección de Geología y Minas in Resolution No. 590. It accepts that through Resolution No. 451 of 1:10 p.m. on July 16, 2002, the Dirección de Geología y Minas cancelled concession number 1547 granted to Productos Pedregal S.A., and that said cancellation was due to the concessionaire’s breach of the provisions of Resolution No. 590, which was accepted by the plaintiff and verified by DGM officials in the inspection they conducted on July 12, 2002. It affirms that if the plaintiff suffered damage to its corporate image, this is due to facts attributable to the plaintiff itself.\n\nRegarding the legal aspects, it alludes that the interim measure is not related to the so-called “Fuente Zamora,” which is the capture made by ICAA of the first outcrop that occurred in 1991. That Resolution 590 was based on memorandum DGM/DC 803-2001, prepared following the inspection of August 3, 2001. Said memorandum concludes that the Colima Superior aquifer had been affected in the eastern sector of the concession area, that is, due to the second outcrop, not the one captured by ICAA and called Fuente Zamora. It submits that the only existing link between what occurred regarding Fuente Zamora and the interim measure is that the August 3 inspection was prompted by a complaint made by the Executive President of ICAA due to the alleged contamination of said spring (fuente). It warns that said link lacks legal relevance since the interim measure does not refer to the Fuente Zamora, nor was it adopted for the purpose of protecting that spring, but rather it was adopted for the purpose of protecting the Colima Superior aquifer, given its second outcrop.\n\nRegarding the proportionality and reasonableness of the measure, it establishes that the objective of the interim measure contained in Resolutions 590 and 784 of the Dirección de Geología y Minas is to prevent contamination of the La Colima Superior aquifer. According to it, this is a “legitimate objective” based on the protection of a public interest consisting of environmental protection and the protection of the water resource as a natural resource owned by the State, and that this is the overriding public purpose of the challenged acts, the pursuit of which is imposed upon the public environmental administration by the legal system, as is evident from Articles 50 of the Constitution, 1 and 50 of the Organic Environmental Law, and 101 and 102 of the Mining Code. It indicates that the measure was necessary, since given the outcrop, the only way to protect the aquifer (manto acuífero) underlying the quarry was to suspend all potentially contaminating activity until it could be determined, with the corresponding studies, which activities could continue and which could not, and what measures had to be adopted. That under such circumstances, a less burdensome measure that achieved the same objective could not be adopted. It states that the order to suspend activities was a measure suitable for achieving the sought objective, thus there was suitability between the content of that measure and the sought objective. And finally, it argues that it was a measure proportional to the sought objective. Thus, it mentions that initially, total suspension of material extraction and processing activities was ordered, until information was available regarding the vulnerability of the aquifer. Later, by Resolution No. 784 of October 16, 2001, based on Resolution No. 623 of SETENA, the operation of the crusher in the western sector was permitted, limiting and specifying the scope of the interim measure. It specifies that the degree of impact on the concessionaire’s interests must be measured in relation to this last resolution (No. 784) and that such impact must be weighed against the benefit that the protection of the aquifer represents, to conclude that the latter is overwhelmingly greater and undoubtedly justifies the measure adopted.\n\nIn relation to the application of the precautionary principle, it notes that it is enshrined in Article 11 of the Biodiversity Law and that the Constitutional Chamber has derived it from the constitutional principle establishing the State’s duty to protect the environment, contained in Article 50 of the Constitution. It cites an excerpt from Resolution No. 2213-99 of March 24, 1999, of the Constitutional Chamber. It alleges that the provisions of Resolution No. 590 constituted a measure adopted in an emergency situation, since a second outcrop had occurred in the eastern sector of the quarry, of which the Administration became aware for the first time on the same day as the inspection. It argues that the possible contamination of the aquifer as a result of its exposure due to the outcrop occurring in the eastern sector was assessed by the Administration as a serious and imminent danger or threat of damage to the environment and a natural resource, including public health. Serious, due to the implications of contaminating an aquifer (manto acuífero), the regeneration of which is very difficult if not impossible, and because the eventual contamination of the aquifer implies a direct, immediate, and certain threat to public health, since the “Puente de Mulas” water intake is supplied by that aquifer. And imminent, because the aquifer was exposed in an area where contaminating productive activities were being carried out. It highlights that in the case of aquifers, the application of the precautionary principle demands the maximum reduction of risks, as the Constitutional Chamber noted in decision No. 2004-1923 of February 25, 2004, from which it cites an excerpt. It affirms that according to that decision of the Chamber, in the case of aquifers, the application of the referred principle implies that, unless there is absolute scientific and technical certainty that certain activities are harmless to the aquifer, they must be avoided. It submits that this is sufficient legal grounds to suspend the plaintiff’s mining activities, for the simple fact that a recharge area for the aquifer is located in the quarry, regardless of whether an outcrop has occurred or not. It notes that this is so independently of whether there is a concession and an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) involved, because in the case that gave rise to the aforementioned decision, the Chamber applied the precautionary principle despite the fact that municipal construction permits had already been granted and despite an environmental impact assessment that had established the viability of the development (urbanización).\n\nRegarding due process and the statement of reasons for the act, it argues that there is no violation of either, given that Resolution No. 590 of the Dirección de Geología y Minas was not based on the existence of environmental damage nor did it order anything in relation to alleged environmental damage. That although the recitals of the resolution refer to possible environmental damage and ask Nombre3456 and ICAA for their assessment, the interim measure in its operative part does not refer to that alleged damage. That a simple reading of Resolution 590 reveals that the reason for the interim measure was the danger of contamination of the aquifer, and that furthermore, due to the seriousness and imminence of the danger, the situation was one of urgency under the terms of Articles 219.1 and 226.1 of the General Public Administration Law, dispensing with an ordinary administrative procedure. It alleges that there was no violation of due process for not subjecting it to an ordinary procedure, insofar as the interim measure was not adopted due to the existence of environmental damage.\n\nRegarding the technical-scientific basis for the interim measure and its operation, it states that the legal validity of the interim measure depends on it having adequate, though not necessarily conclusive, technical and scientific support, since that support is what allows it to be qualified as reasonable and what allows for assessing whether the use of the precautionary principle is justified. That initially, the technical and scientific backing was provided by the field inspection conducted by geologists Marlene Salazar Herrera and Sofía Huapaya, as well as Engineer Edgar Sandí, the results of which are recorded in official communication DGM/DC 803-2001, which served as the basis for the adoption of Resolution No. 590. It asserts that after the measure was adopted, Nombre3456 assessed the environmental damage caused, as recorded in the document entitled “Assessment of Environmental Damage Caused by the Mining Extraction Project of the Company Productos Pedregal S.A.”, which forms part of the technical support. That Nombre3456 determined in report PREIA 438-2001, which is in the administrative file, that under the existing conditions in the area, the La Colima Superior aquifer was highly vulnerable (environmentally) and therefore, the material extraction and processing activities constituted a danger to it. Based on that report, Nombre3456 adopted the decision contained in Resolution No. 623, through which the phased technical closure of all productive activities carried out at the site, including exploitation and extraction activities, was ordered. It mentions that Article 93 subsection g) of the Mining Code grants the Dirección de Geología y Minas the competence to inspect mining activities, and thereby fulfills the State duty established in the constitutional principle of Article 50. That this norm, together with the prohibition established in Article 102, formerly 98, implies the competence to issue interim measures, in pursuit of the rational and effective exploitation of mining resources or the protection of the environment.\n\nIn relation to the resolution that cancelled mining concession number 1547, it notes that as is clearly evident from the administrative file, the concessionaire breached the order to suspend material extraction activities, since it extracted material from the eastern sector for processing. It states that there is an on-site inspection record that so indicates and it is explained in detail in memorandum number DC-399-2002 of June 18, 2002, accepted by the plaintiff itself. This breach of the provisions of Resolutions numbers 590 and 784 resulted in Resolution No. 451 of July 16, 2002, of the Dirección de Geología y Minas, through which the concession was cancelled. It indicates that prior to the issuance of the resolution, the concessionaire was granted the respective hearings to justify its breach.\n\nRegarding the reason for Resolution No. 451, it argues that certainly in our administrative law, acts that are absolutely null are not enforceable and the official who so orders incurs liability, but that this is not the case, and the Administration so considered in relation to the administrative appeals filed against Resolutions 580 and 784, and that the concessionaire was obliged to comply with the provisions therein. That both Resolution 590 and 784 have full validity, legal and technical basis, and are effective, so their breach constitutes the fact that prompted the adoption of Resolution 451.\n\nRegarding the legal basis of Resolution No. 451, it affirms that the Minister of Environment and Energy, through official communication DM-408-2002 of July 15, 2002, resolved not to grant Nombre150891 a new deadline for compliance with other obligations incumbent upon the concessionaire company, and based on Articles 63, 93 h), and 97 et seq. of the Mining Code, recommended the cancellation of the concession for serious breach of the act ordered in Resolutions 590 and 784. Under this recommendation and official communications DGM-TOP 206-2002, DGM-DC-399-2002, DGM-OD 644-2002, and DM 408-2002, and Article 63 of the Mining Code, the Dirección de Geología y Minas cancelled concession number 1547. It submits that the cancellation in the present case does not operate as an administrative sanction. That legal doctrine has distinguished between those situations where there is a bilateral legal relationship, as in the case of concessions, where the legal consequences and liability for eventual breaches are not resolved as the exercise of sanctioning power, although this power may unilaterally terminate the concession by virtue of the self-help power (potestad de autotutela) held by the public administration. That in the present case, this is not an administrative offense, but rather a ground for termination (caducidad) of the concession, Article 67, formerly 63 of the Mining Code, so the principle of specificity (principio de tipicidad) does not apply, it being sufficient that the cancellation has a legal basis. In this regard, it cites the norm of Article 67, formerly 63 of the Mining Code, specifically subsection ch) and the procedure established therein for cancellation. It states there is no doubt that breach of the conditions stipulated in the granting resolution and of the legal and regulatory norms governing contamination and the recovery of renewable natural resources, gives rise to the cancellation of the concession. It indicates that in any case, concessions, as limited real rights that they are, are exercised under the conditions and requirements established both in the Mining Code and its regulations, as well as in the respective granting resolution.\n\nIt argues that in any case, if the cancellation were taken as an administrative sanction, the norm of Article 67 of the Mining Code adequately specifies the sanctionable conduct, and expressly establishes as a sanction the cancellation of the concession for anyone who breaches environmental regulations and the provisions incorporated in the granting act.\n\nRegarding the proportionality and suitability of the cancellation of the concession, it notes that when a concessionaire such as Nombre150891 breaches the orders issued by the Dirección de Geología y Minas aimed at protecting the environment, the water resource, and public health, and endangers these assets, the administration is under the legal and constitutional obligation to definitively cancel the concession. That to act otherwise would violate the principle of legality. It argues that the concession holder decided to breach the orders issued by both the Dirección de Geología y Minas and SETENA, justifying said breach on a curious application of the criterion of “balancing of interests at stake,” curious because it claims to have done so in protection of the public interest, but without taking into consideration the consequences that said breach entailed, much less the vulnerability of the La Colima Superior aquifer, protected from the standpoint of environmental, water, and public health protection, by the interim measures. That coupled with the repeated breaches by the concessionaire in relation to the reports rendered at the Administration’s request, which were incomplete and omitted information, which in itself constituted conduct falling within the grounds for cancellation of the concession, in the face of a particularly serious fact such as the breach of an interim order adopted in protection of the environment, the water resource, and public health, the Administration was empowered, or obligated, by Articles 21 and 50 of the Political Constitution, to act in the manner it did. In conclusion, it points out that far from being disproportionate and unsuitable, what was decided by Resolution No. 451 is what is due in accordance with the Constitution and mining legislation.\n\nFinally, regarding damages and losses, it rejects the pecuniary claims sought by the plaintiffs, because only Nombre150891 has standing to bring this administrative contentious action, since it is the concession holder, and the one who has a legitimate interest in the validity and legality of the challenged resolutions. It rejects the non-material damage claimed, in that it affirms that the dissemination that the media gave to these facts is not attributable to the administration, whose officials limited themselves to exercising their powers and fulfilling their duties in accordance with the law. Likewise, it submits that the claim for the damages that the cancellation of the concession may have caused to the plaintiff companies, even if they benefited economically from the commercial relationships they had with the concessionaire company, is not tenable. That under no circumstances can the alleged damages to third parties outside the legal relationship existing between the State and Nombre150891 be attributable to the State for having cancelled the concession, even if that cancellation were to be deemed null. It adds that the loss of the competitive advantage that their relationship with the concessionaire company may have entailed, due to the latter losing the concession, is part of the risk they must assume as companies, and consequently, even assuming the cancellation were legally invalid, the claim for alleged damages lacks merit.-\n\nV.- ANALYSIS OF THE TRIBUNAL. Although this is a “special” mining proceeding, since resolutions issued by the Dirección de Geología y Minas, issued during the exercise and termination of a concession for the extraction and processing of mineral resources (Article 94 of the Mining Code), are being challenged in this venue, the truth is that, at its core, the debate is primarily focused on the legality analysis of an interim measure (Res. No. 590-2001) issued within the framework of the concession, and whose content is strictly environmental, insofar as it aimed to prevent the potential occurrence of damage to an aquifer (Colima Superior) that runs through the lands in the area where mining exploitation was being conducted. The aforementioned precautionary measure (first challenged act) ordered the suspension of all activities being carried out by the plaintiff at that time and requested technical reports to ascertain with greater precision the possible impact on the indicated aquifer. In the opinion of the Dirección de Geología y Minas, the plaintiff here subsequently breached the provisions of the aforementioned interim measure, and consequently, ordered the cancellation of the concession that had been previously granted to the company Nombre150891 (Res. No. 451-2002). As will be stated, the Tribunal considers that the challenged acts were in conformity with the legal system, and in such case, the lawsuit cannot succeed.-\n\nVI.- CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF GROUNDWATER AS PART OF THE WATER RESOURCE AND ITS LINK TO FUNDAMENTAL RIGHTS. The Constitutional Chamber has extensively analyzed the issue of environmental protection, and with particular regard to groundwater, it set a precedent in Resolution No. 2004-1923 of 2:55 p.m. on February 25, 2004, which, due to its legal rigor and breadth, has been deemed important to cite, as relevant:\n\n“V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth’s crust and may be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwaters are those found beneath the earth’s surface occupying the empty spaces in soil or rocks; their most important source is rainwater that infiltrates the soil. The soil, in turn, is composed of two levels, which are as follows: a) Upper level or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below it called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The water contained in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table – phreatic level – in relation to their horizontal distance; the speed of groundwater movement depends, essentially, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of this 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the primary source of public supply is groundwater, as opposed to surface waters, which are notably exposed to contamination and degradation due to harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater intakes. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is made gradually depending on the increase in service demand, and the capture areas can be located near the place where the demand occurs, all of which reduces costs for conveyance, treatment, and storage; b) the natural physicochemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) since there is soil or rock above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability during dry or rainy seasons are minimal compared to those of surface waters; e) it constitutes a strategic reserve to address states of emergency due to public calamity, internal disturbance (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.\n\nVI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its Article 50, enshrines the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water secures the rights to life – ‘without water there is no possible life’ states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968 – to people’s health – essential for their food, drink, and hygiene – (Article 21 of the Political Constitution) and, of course, it is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual a dignified well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development to a great extent. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reservoirs is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1 billion inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, nearly 5.5 billion people will suffer from water scarcity, with between 5 and 10 million people dying annually from the use of untreated water. In another vein, it is currently recognized that there is a duty to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development), so that the needs of the present must be satisfied without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious asset, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transport route, support for recreational activities, and a constituent element for the maintenance of natural ecosystems – non-contaminating or environmentally compatible water use.\n\n(...)\n\nX.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface waters, which tends to be obvious and visible, allowing environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, the contamination of groundwater, by its very nature, often goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of water, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest itself, or that when localized contamination occurs, it is detected when it flows to some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and at times irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to achieve potability levels of the water again have not been successful, technologies for its cleanup have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very expensive. To this must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact extent of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and unavoidable task of protecting them. Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells; it is of the second type when, through dilution, it occurs due to contamination of the natural recharge.\n\nPollutants can be of very diverse types, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), organic compounds with low or no degradability (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, and is therefore a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of very diverse types, such as the following: a) contamination by domestic activity, which is organic and biological and originates from septic tanks, leaks from the sewer system, discharge of wastewater, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination by agricultural activities, here we have the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash, or natural ones - based on manure - irrigation with residual and high-salinity water, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and pesticides); c) contamination by livestock farming, essentially organic and biological, similar to domestic contamination but more intense in the case of intensive farms; d) contamination by surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, which occurs when marine and saline waters intrude into coastal regions due to the overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination by mining activities – mineral –, is related to discharges of mine water and mineral washing; g) contamination by industrial activities, this type is as varied as the type of industry that originates it, being especially harmful those caused by heavy metals from the metallurgical industry, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination by nuclear activities, although exceptional in our environment, can come from treatment plants for irradiated fuels and radioactive minerals, and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, wells can interconnect several aquifer layers and when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface waters, they can cause it; j) contamination through the discharge of wastewater through cesspools, septic tanks, leaks from the sewer network, or indiscriminate discharge into hydrographic basins; k) contamination by solid waste disposal, which occurs when a landfill is built on permeable or unsealed land through leachate; l) contamination by poorly designed, constructed, or used injection wells - a form of using the subsoil as a waste repository.\n\nXII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination of aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in determined zones or by ordering safety measures on certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater catchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law 29/1985 of August 2) some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are foreseen that directly concern the protection of aquifers, in order to achieve a sustained use of water resources, that is, to guarantee a water availability in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted into our legal system - despite their lack of regulation - as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of the water resource impose the administrative possibility of adopting such measures to avoid its depletion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. (...)\\\"\n\nTaking into consideration the above constitutional development on the protection of groundwater, as it is fully applicable to the specific case, a ruling is issued below on the allegations made in the complaint.-\n\n            VII.- ON THE GROUNDS FOR RESOLUTION No. 590. The plaintiff company argues that the mentioned resolution lacks grounds, since it established the existence of conduct generating environmental damage, when in reality the upwelling produced is nothing more than the environmental impact that the Administration itself knew could occur with the mining exploitation, and that according to Article 9 of the Water Law (Ley de Aguas) itself, the upwelling of water due to a mining exploitation is not only an expected impact, but legally admitted. That consequently, the upwelling that occurred in the zone cannot be considered environmental damage. The allegations are not admissible. It is well known that every administrative act must contain grounds (Article 133 of the General Law on Public Administration, Ley General de la Administración Pública), as this is one of the essential elements that configures the validity of all administrative conduct. It can be said that the grounds are made up of the reasons of fact and of law (background) that enable the issuance of any act. The grounds are indissolubly linked to another essential element, that is, the purpose (Article 131 General Law on Public Administration), and the latter in turn presupposes the necessary competence of the body issuing the act (Article 129 ibid.). Well then, in the specific case, regardless of whether there was a public complaint or not, which is considered inconsequential in terms of the substantive conflict, the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), a body belonging to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), in the use of its inspection powers over national mining activities (Article 97 subsection ch, formerly Article 93), conducted a field visit on August 3, 2001, in the area where the Pedregal Pit (Tajo Pedregal) was being exploited, located at Dirección18591, , . Said visit was conducted by officials Marlene Salazar Alvarado (Deputy Director General), Ana Sofía Huapaya (Geologist), and Edgar Sandí (Forest Engineer), accompanied by representatives of the plaintiff company (see folio 601 of volume III of the administrative file). After verifying the sector's conditions, they confirmed the existence of a new upwelling of the Colima Superior aquifer, which runs through the area where the mining exploitation is taking place, and in their report they concluded that the following had occurred: 1) the affectation of the Colima Superior aquifer in the eastern sector of the concession area, 2) the affectation of the protection zone established by Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), 3) the non-compliance with Articles 8 and 11 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). In that sense, as part of the recommendations indicated in the report prepared for this purpose by those officials (Memorandum DGM-DC-803-2001), the immediate suspension of exploitation and material processing work by the company Pedregal S.A. was proposed, and that Nombre3456 and the ICAA be requested to assess the eventual environmental damage to the aquifer, and the concessionaire company be requested to present a hydrogeological study characterizing the aquifer in the area and determining the phreatic levels, to determine the minimum extraction elevations. The Director General of Geology and Mines accepted said report and supported the challenged act based on it, ordering the immediate suspension of quarry material exploitation and processing work that the plaintiff was developing, and ordering compliance with the recommendations indicated in the referenced memorandum. From a reading of the motivation (substantiation) of the questioned act, it is clearly noticed that its object was the protection and preservation of the Colima Superior aquifer, and therefore, its purpose was the protection of the environment, whose legal basis resides in the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and in the right to health, which needless to say, are rights enshrined in our Political Constitution and widely developed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as seen before. It is also unnecessary to mention that by constitutional provision, the State has the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment (Art. 50), so that the clear competence of the Directorate of Geology and Mines (state body) to adopt administrative acts aimed at protecting that right cannot even be questioned, and in the case of precautionary measures issued in favor of the environment, as the case at hand turns out to be, the legal basis for their adoption is provided by the precautionary principle or in dubio pro natura, contained in Principle 15 of the Declaration on Environment and Development (Rio, 1992) and subsections 1 and 2 of Article 11 of the Biodiversity Law, in relation to numeral 45 of the same legislation. Thus, based on the foregoing, and without prejudice to the considerations that will be made later, the Tribunal considers that, contrary to what the plaintiff argued, Resolution No. 590 had sufficient grounds and they were legitimate. Indeed, see that, in this case, the competent public body in matters of concessions for the exploitation of mineral resources carried out a field inspection in the concession zone of Pedregal S.A., found irregularities that could endanger the Colima Superior aquifer, and noting the above, in the use of its legal and constitutional powers, issued a precautionary measure in protection of the environment and health, ordering the suspension of the quarry material exploitation and processing work that the plaintiff was carrying out. In support of this measure, it invoked as legal basis Article 50 of the Political Constitution, jurisprudence of the Constitutional Chamber (votes 503-94, 1394-94, and 1758-94), ordinal 11 of the Biodiversity Law, numeral 1 of the General Drinking Water Law (Ley General de Agua Potable), Article 1 of the General Health Law (Ley General de Salud), and provisions 93 and 98 of the Mining Code (Código de Minería) (currently 97 and 102). In conclusion, the contested administrative resolution had a legitimate grounds, insofar as, at the time it was issued, the existence of circumstances that endangered the Colima Superior aquifer (a fact verifiable by technical assessments), as well as the health of persons (as it is a usable source for water supply), was verified; while there also existed legal norms (legal background) that supported the action of the Directorate of Geology and Mines, that is, the taking of precautionary measures in protection of those assets of general and superior interest. This being so, no violation is found for lack of grounds, and therefore it is appropriate to reject the arguments put forward by the plaintiff in that sense. The Tribunal considers it important to add to what has already been resolved, that the discussion the plaintiff company seeks to introduce in this trial is not relevant, as it is not the crucial point of this dispute, in the sense that the challenged precautionary measure erroneously established the existence of environmental damage, when in reality what occurred was an environmental impact foreseen by the Administration itself. In the opinion of this chamber, regardless of the nomenclature that the DGM may have assigned to the findings verified in the quarry exploited by the plaintiff—a secondary issue for the purposes of what is analyzed here—it is an undeniable and indisputable fact that in the concession zone, a new upwelling of the Colima Superior aquifer could be verified, and that fact, by itself, justified, as will be stated later, the measure to halt the activities developed by the plaintiff company on the concession lands, in protection of a first-order general interest, which is the protection of water resources, especially in the case of groundwater, whose eventual contamination would seriously endanger its future use for supplying the inhabitants. This is confirmed by the testimonial evidence gathered in the case file. In that sense, the testimonies of Ms. Marlene Salazar Alvarado, Nombre59923, and Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, offered by the defendant party, reiterate what is already evident from the administrative file, that is: that it was verified that in the concession zone the aquifer was being breached and water was upwelling at a level above the phreatic level, that by virtue of this, suspension measures for the exploitation work were taken, while more detailed studies were requested, which once presented, were incomplete and even contradictory. That an evaluation of all the studies presented by AyA and Nombre3456 and those provided by the plaintiff was made, concluding that the suspension should be maintained, until more complete hydrogeological studies were presented, because those presented concluded that more specific studies were needed to determine the position of the phreatic level. That subsequently the use of the rock crusher in the western sector was authorized, but later, through an inspection, non-compliance with the measures established in Resolution No. 590 was determined, recommending the cancellation of the concession. The obvious lack of scientific information in order to weigh the greater or lesser vulnerability of the Colima Superior aquifer, in the face of the mining activity deployed in the zone, was not refuted by the testimonial evidence offered by the plaintiff party. Note that the declaration of geologist Nombre150894, a witness provided by the plaintiff party, focuses on referring to aspects that in no way detract from the preventive action deployed by the Administration with the issuance of the precautionary measure. Basically, his testimony was oriented towards proposing: that water outflows are expected impacts, that the Nombre150899 is a trench excavated by AyA, that the water outlet is not new because it already existed before having the concession, that as far as he knows there have been no changes in the water quality of the aquifer as a result of the pit exploitation, and that he was responsible for defining a protection area for the water quality of the AyA trench, affirming some details on that matter. That is, in his entire declaration he makes no reference to the second upwelling found by the Directorate of Geology and Mines during the visit made in 2001, nor does he indicate whether at that time there were clear and conclusive elements to guarantee the innocuousness of the groundwater, or whether the actions ordered by the Administration at that time, with the precautionary measure, were absolutely contrary to science or technique. On the contrary, it is noteworthy that regarding the second upwelling he stated the following: \\\"Regarding whether he knows about a second upwelling that occurred in the quarry, he answers yes, 'what's more, in the last of the studies I did in 2003 where the protection area was defined towards an upwelling towards the eastern area, I could not say for sure if it corresponds to the upwelling that I knew in the early eighties that might have been shifting due to the extraction of material. 10- This second upwelling technically should not have occurred, unless the water level varied due to seasonal conditions, which would be the only reason I see why the water level might vary.'\\\" (see folio 854 - bold is not from the original). As can be seen, there are clear inaccuracies in what the witness declared in relation to this second upwelling (the reason for the challenged act), insofar as he could not define its cause, much less explain whether or not there was a danger of affectation to the aquifer, as a result of those waters coming out to the surface. For further clarification, consider what was declared by Dr. Nombre150898, who after repeating in his testimony what he had already indicated in his document: \\\"Technical Analysis of Resolution 590-2001 of the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy,\\\" which is in the case file and to which reference will be made later, was very clear in briefly indicating the following: \\\"At the time Resolution 590 was issued, only the exploitation plan held by the directorate of geology and mines, and the direct observation of the pit, were available.\\\" (see folio 903). In accordance with the foregoing, it is reasonable to conclude that the grounds for the act are legitimate, the plaintiff not having managed to question the factual and legal elements that supported it, based on arguments intended to divert attention to other non-essential aspects. Under that same scheme, it is considered that it would serve no purpose to analyze whether, in accordance with numeral 9 of the Water Law, the upwelling of an aquifer due to a mining exploitation is or is not an expected and legally admitted impact, because even if such reasoning were accepted, it does not mean that then the State and the competent minor public entities cannot or must not exercise their powers at any time for the purpose of protecting and conserving water resources, especially as in this case, dealing with a risk situation. For parity of reasons, it is not acceptable, from any point of view, to try to attack the precautionary measure challenged here, arguing that despite the inspections carried out over time by the competent public bodies and entities (DGM, AyA, and SETENA), the plaintiff was never warned of the need to maintain protection areas under Article 33 of the Forestry Law, because by basic and constitutionally established principle, no one can claim ignorance of the law, and in any case, whether those public authorities incurred eventual omissions in the exercise of their powers is not a subject of debate in this process according to the claims put forward, besides the fact that the Administration is not called to intervene only once, but as many times as necessary to protect the public interests whose guardianship is entrusted to it by legal and constitutional mandate.-\n\n            VIII.- ON THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE SPECIFIC CASE. In the plaintiff's consideration, the precautionary measure taken by the Directorate of Geology and Mines is vitiated by absolute nullity, by virtue of the fact that it violated the precautionary principle through improper application. It contends that a total prohibition of extraction and processing work was chosen, omitting to weigh the proportionality and the cost/benefit economic evaluation of the decision taken. It argues that although it was up to the concessionaire to provide the scientific information to conduct a more complete risk evaluation, once it was provided, the measure was maintained without reason. The arguments are not admissible. The precautionary principle, as a source of legal and international character applicable in our legal system, allows the State to take all necessary anticipatory actions to protect and conserve the environment and the health of persons, when there is a risk that they may suffer some affectation. The Constitutional Chamber has pronounced on repeated occasions regarding the so-called precautionary principle and its scope, as is evident from the citation made below, which in what is relevant states:\n\n\\\"ORIGIN, CONTENT, AND SCOPE OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE. The precautionary principle, from its origin, takes into consideration the fallibility of human understanding and the possibility of committing errors. In the second half of the 1970s, the federal government of Germany enunciated the 'Vorsorgeprinzip' principle, indicating that 'an environmental policy is not fully consolidated only through the elimination of imminent dangers and the repair of damage that has occurred. A precautionary environmental policy also requires that natural resources be protected and that demands on them be managed with care,' having used it to justify the implementation of policies against acid rain and pollution of the North Sea. The principle appears on the international scene with the North Sea Treaties (Declarations of Bremen 1984, London 1987, Den Haag 1990, and Esbjerg 1995). Thus, in the Bremen Declaration of 1984 (First International Conference on the Protection of the North Sea), the need to adopt timely preventive measures in light of the insufficient level of knowledge is referenced. Subsequently, in the London Declaration of 1987 (Second International Conference on the Protection of the North Sea), the principle was proclaimed to safeguard the North Sea ecosystem through the reduction of polluting emissions of substances that are persistent, toxic, and susceptible to accumulation at the source, by using the best available technology and other appropriate measures. An option that would be of special application when there is reason to presume that such substances can cause some harm or harmful effects on living marine resources, even when there is no scientific evidence proving the link between emissions and effects (principle of precautionary action). This last declaration provided that '(...) a precautionary approach is necessary that may require the adoption of measures (...) even before a causal relationship has been established through absolutely clear scientific proof (...).' Subsequently, the principle is included in various multilateral treaties and international declarations such as the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer of 1987, the Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE Region adopted by representatives of European countries and Canada in 1990, the Convention on Biological Diversity of 1992, the Framework Convention on Climate Change of 1992, the Treaty of the European Union of 1992, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic of 1992, the Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1994, the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO) of 1994, the Washington Action Program for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities of 1995, the London Convention on Dumping at Sea, originally from 1992, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity of Montreal in 2000, the Cartagena Protocol on Biosafety of 2000, and the Communication from the European Union on the Precautionary Principle of 2000. Similarly, the precautionary principle quickly assumed a general focus - including natural resources, ecosystems, the fishing and forestry sector, and biological diversity - and not just limited to toxic substances. Thus, the Bergen Declaration (1990) indicated that 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing the adoption of measures to prevent environmental degradation.' Similarly, the Rio Declaration on Environment and Development (June 3-14, 1992), in its Principle 15, provided the following: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' This is how the precautionary principle acquired, even, an ethical dimension - of science and technology - that guides the environmental, health, trade, food safety, and, in general, sustainable development policies of States. Despite the halo of uncertainty that exists in defining or conceptualizing the precautionary principle, from a general perspective, it imposes that when environmental risks are uncertain, unforeseeable, and not negligible, a regulatory omission or inaction is unjustified. Simply put, the sum of a state of scientific or technological uncertainty - given the lack, insufficiency, or inadequacy of available scientific information and knowledge about the causality, magnitude, probability, and nature of the harm - and the possibility or threat of eventual serious and irreversible damage is equal to or must be equivalent to precautionary or anticipatory action, which may have as its content, even, the prohibition or elimination of certain products, activities, or substances. The foregoing presupposes an objective evaluation of the risk and of the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action in light of the available scientific evidence that allows concluding that it is insufficient, absent, or inadequate, so that the precautionary principle cannot justify the adoption of arbitrary and potentially discriminatory measures. On the other hand, the application of the precautionary principle does not imply a fossilization of the current state of affairs at the time of adopting the pertinent actions that prevents progress and innovation, since the intervention or restriction measures must remain in effect as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of harm is serious and irreversible, and therefore they admit periodic review in light of scientific progress. Likewise, when ordering restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems do not have the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, and thus seeks to anticipate damage and protect human health and the environment. (...).” (Resolution No. 17747-2006, of 2:37 p.m. on December 11, 2006).\n\nWell then, as argued by the plaintiff, indeed the Chamber has established that the taking of a precautionary or anticipatory measure, under the protection of the precautionary principle, entails an objective assessment of the risk and the cost-benefit ratio of the omission or precautionary action, so that arbitrary or discriminatory measures are not established. However, the plaintiff must take into account that this refers to those cases in which there is sufficient scientific evidence that would allow for the necessary elements to determine whether or not there is a causal relationship between the human activity that would be affected by the measure and the potential damage to the environment that is intended to be avoided, or if some relationship exists, the type of incidence that occurs between both, thus being able to weigh whether the precautionary action is justified or not, or at least whether it is viable to modify it, so that one that is not in accordance with the scientific and technical reality reflected by the data would become arbitrary and unjustified. Conversely, and in keeping with the principle in question, it is not possible to carry out an assessment as indicated above, in those cases in which no scientific information is available, or when it is insufficient, to determine with absolute certainty what factors could generate damage to the environment, and especially in situations where the damage could be serious and irreversible. It is in these situations where the protection and preservation of the environment prevails, and measures must be taken that ensure the minimization of any affectation to the resources, even when this may imply a serious restriction on a private interest, given that the former stands as a superior interest that benefits the community, including the private party themselves.\n\nSee that even when doubt may exist regarding the production of serious or irreversible damage to the environment, the norm obligates the adoption of the precautionary measure and even contemplates the possibility of postponing \"the activity in question,\" all of which is justified, ultimately, in the notorious fact that natural resources constitute an essential element for the maintenance of human life, and to the extent that the environment is harmed, by reflection, the health of human beings is also harmed. In the specific case, that is what occurred, insofar as expert officials of the Dirección de Geología y Minas confirmed, through oversight, situations that were affecting the Colima Superior aquifer in the concession zone, all of which made it necessary to take actions aimed at the effective protection and preservation of that water resource, by virtue of the implications that they could generate for health and the environment, and even with the risk that the impact could be irreversible. Although what has been argued is not unreasonable, the truth is that in this case the imposition of the adopted measure ordering the halt of all material exploitation and processing activities was justified, by virtue of the repercussion that the eventual contamination of the aforementioned aquifer represented for human life and the environment, given its exposure through the outcrop (afloramiento) found in the inspection of August 3, 2001, taking into account that contamination of the aquifer would in turn imply contamination of the water that supplies the \"Puente de Mulas\" system, which is captured by the first outcrop that occurred in 1991. In that line of reasoning, it is deemed that the imposition of actions such as the one taken by the Dirección de Geología y Minas at the time of issuing Resolution No. 590 are not only admissible but also necessary, since at that time there were insufficient technical and scientific studies to rule out, with complete certainty, the occurrence of damage to the Colima Superior aquifer on the occasion of the exploitation activities that the plaintiff company was carrying out, such that Resolution No. 590 is not found to be null due to improper application of the precautionary principle, as, on the contrary, in the judgment of this authority, it was appropriate and in accordance with the significance of the potential impact it sought to prevent, which is precisely the fundamental content of said principle. In this regard, we agree with the State's representation to the effect that the provisions of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Judgment No. 1923-2004, cited above, must be taken into account, as it clearly constitutes a binding parameter with respect to the application of the precautionary principle in relation to the protection of groundwater in aquifer layers. In this regard, it is deemed important to cite considerando XV of said resolution, which reads as follows:\n\n\"XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In domestic law, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (No. 7788 of April 30, 1998), in Article 11, incorporates the following principles as hermeneutic parameters: '1. Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2. Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Vote No. 1250-99 of this Chamber at 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Votes Nos. 9773-00 at 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 at 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 at 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Court held the following: '(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of persons. Thus, in the event that there exists a risk of serious or irreversible damage—or a doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment.' Subsequently, in Vote No. 3480-03 at 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Court indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' In the case of groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary principle or in dubio pro natura supposes that when there are no studies or reports carried out in accordance with the univocal and exacting rules of science and technique that allow for reaching a state of absolute certainty regarding the innocuousness of the activity intended to be carried out on the environment, or when these are contradictory to each other, the entities and organs of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those that are in progress until the state of doubt is resolved, and, concurrently, adopt all measures tending toward their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation.\"\n\nPrecisely, in the specific case, there was no state of certainty regarding the innocuousness of the mining exploitation activity on the Colima Superior aquifer, and in the face of such a panorama, in application of the criterion advanced by the Chamber and shared by this Court, what is called for is to suspend the activities that are in progress until the state of doubt is resolved, all based on the right to a healthy and ecologically balanced environment. Now, see that an essential element for considering that the aforementioned principle was properly applied in the case at hand is the content of the study provided by SETENA, called: \"Assessment of the environmental damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.,\" submitted on September 17, 2001 (folio 858 of volume IV of the administrative file and 365 of the judicial file), according to which effective damages as well as possible damages to the environment were found, as is evident from the conclusions of that study, which are cited below:\n\n \"... VIII. Conclusions.\n\nBased on the investigation carried out by the technical team designated by this Secretariat, the following conclusions are reached: Environmental damage was verified in the following factors:\n\n1. Protection zone of the Virilla River.\n\na. A strip of approximately 300 linear meters of vegetation was removed in the western sector of the concession.\n\nb. Due to various activities in the Pit, the 50 m strip along the river was not respected, which impeded its natural recovery or reforestation. The total area corresponding to the protection zone is 73,500 m².\n\n2. Virilla River.\n\na) There was dragging of sediments and hydrocarbons toward the Virilla River, negatively altering its physicochemical qualities.\n\n3. Groundwater.\n\na) The exposure of the Colima Superior aquifer is irreversible damage to the environment since it is impossible to return to the initial situation.\n\n4. Landscape.\n\na) The extractive work, the explosions, and solid wastes cause a high negative impact on the landscape.\n\nb) The extraction on the West and East fronts presents slopes with 90-degree angles and without berms.\n\n5. Public Health.\n\na) The Pedregal Pit, through extraction actions, explosions, crushing, the asphalt mix production process, the block production process, black water disposal, and the workshop, is partially responsible for impacts on public health generated by dust, noise, and vibrations.-\n\nPossible environmental damage was determined in the following factors:\n\n1. Virilla River.\n\na. The accumulation of concrete found within the riverbed may produce a change in the behavior of the hydraulic capacity of its channel.\n\n2. Zamora Intake\n\na. The Concrete Plant, the Asphalt Plant, the Treatment Plant, and the block factory are encroaching on the Protection Zone of the Zamora Intake, which increases vulnerability to contamination and structural damage.\n\n3. Groundwater\n\na. The opening of the aquifer on the East front could be causing decreases in water discharge at the local level.\n\nb. The Colima Superior aquifer presents high vulnerability due to its exposure and because it has protection of at most 2 m depth over the entire pit area.\n\nc. Eventual flooding and the presence of the crusher in the eastern sector, accumulations of aggregates, and accumulations of asphalt remains that are in the Protection Zone of the spring (manantial) are possible sources of contamination, not only microbiological but also chemical.\n\n4. Occupational health.\n\na. The 90-degree angles place the lives of the workers in latent danger. b. The constant generation of dust and particles due to extraction, explosions, crushing, the asphalt plant, and the block factory can cause respiratory conditions in plant workers.\" (boldface not in the original).-\n\nIn sum, the content of the SETENA study confirms that the precautionary measure was issued in accordance with the law, as it reflects the existence of a series of damages—and possible environmental damages—in the concessioned zone, a study that was prepared after the inspection carried out by the officials of Geología y Minas, and from which the thesis is reinforced that at that moment it was not possible to rule out with absolute certainty that the exploitation activity was affecting the environment, especially the Colima aquifer. On the other hand, it is worth highlighting that the plaintiff is not correct when it affirms that the Administration decided to maintain the total suspension of extraction and processing work, despite the reports requested in Resolution No. 590 having been submitted, since it is evident from the administrative file that the Dirección de Geología y Minas, through Resolution No. 784, at 9:40 a.m. on December 16, 2001, supported by the content of Resolution No. 623-2001 of SETENA and Memorandum DGM-DC-1018-2001, ordered the partial lifting of the work suspension that had initially been ordered, authorizing Productos Pedregal S.A. to use the crushing (beneficiado) system located to the west of the concessioned area, until June 1, 2002. That is to say, even though the Administration initially had rejected the request for suspension of the effects of the act (through Resolution No. 703), it subsequently took into consideration the content of technical reports emanating from SETENA and the Dirección de Geología y Minas itself, incorporated into the administrative file, and based on that technical information, which—it must be clarified—was neither definitive nor conclusive, it decided to lift the suspension of processing work in the western sector of the quarry, as requested by the concessionaire itself in the appeal for revocation with appeal and suspension of the effects of the act filed on August 6, 2001. In any event, even though the plaintiff challenges Resolution No. 784, no argument whatsoever emerges from the complaint to support its challenge, making review of the legality of that particular act impossible. Furthermore, as will be seen later, although the plaintiff submitted the reports that were required of it in October 2001 (folio 893 of volume IV of the administrative file and bound studies), they proved to be incomplete with respect to the adequate characterization of the aquifer, and thus its reproaches are not accepted. Consequently, the defects pointed out by the plaintiff in relation to this issue are not found, and therefore the allegations made must be rejected.-\n\n IX.- ON THE ALLEGED VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY. The plaintiff alleges that the precautionary measure adopted through Resolution No. 590 turned out to be in violation of the constitutional principle of reasonableness and proportionality, since it constituted an act limiting rights, and like any act of that nature, it must meet a triple condition: be necessary, suitable, and proportional. It argues that the aforementioned resolution did not comply with any of those three conditions, ultimately generating an absolute restriction on the exercise of an administrative real right, around which an important series of productive activities were developed. It also contends that the Dirección de Geología y Minas set aside the recommendation contained in point 4 of the recommendations section of official communication DGM-DC-803-2001, to the effect of maintaining the suspension until the requested hydrogeological studies were carried out and which were duly provided. The arguments are not accepted. The challenged act partakes of the characteristics noted in previous considerandos, that is, it is a precautionary measure aimed at protecting a legal right of constitutional and international rank, namely the environment, it being necessary to be clear that the parameters established in the legal system for taking such measures are special, reiterating what was said before, in the sense that the taking of actions by the State must always be directed in favor of the environment, even when there exists doubt as to whether the enjoyment of the private individual's right, which would be limited by the measure, was the direct cause of the potential impact on the element that is compromised. Now, in the terms raised by the plaintiff itself, based on the provisions of the Constitutional Chamber in Resolution 8858-98, this collegiate body of judges disagrees in that the precautionary measure was not necessary, suitable, and proportional. It is clear that the measure had to be adopted in the manner in which the Dirección de Geología y Minas did so, because what was at stake was the eventual contamination of a water resource of utmost importance, as was the Colima Superior aquifer, since it constitutes an important underground source of potable water supply, it needing to be remembered that access to potable water is a fundamental right insofar as it materializes the right to life. It is reiterated that at that time (inspection of August 3, 2001), there were no certain scientific elements demonstrating that the exploitation activity carried out by the concessionaire had no possibility whatsoever of affecting the aquifer, and indeed, the fact that a new outcrop of that aquifer was found in the zone under concession reflected its vulnerability to contamination by the extraction and processing processes. Precisely because of that lack of technical and scientific information, the suspension of work on all exploitation fronts was ordered, the balancing that the plaintiff misses not being required, as to defining as an alternative the suspension of exploitation only in the zones where there was risk, given that the level of vulnerability presented by the aforementioned water resource in relation to the condition and advancement of the surface that was the object of the extraction process was unknown. For the foregoing reasons, it is deemed that the measure was indeed necessary. For the same reasons, the Court understands that the adopted measure proved suitable, in any event being the only one that could be taken following the already-noted inspection, under the protection of the precautionary principle contained in Article 11 of the Biodiversity Law and developed by the Constitutional Chamber, given that the Administration lacked effective scientific evidence that would permit an assessment so as not to affect, or at least to affect only mildly, the private interests of the concessionaire. The plaintiff insistently cites the extrajudicial report provided by Dr. Allan Astorga, according to which Resolution No. 590 proved excessively injurious to the interests of the plaintiff and the families who obtained work from its mining activity; however, the statements of the cited professional do nothing more than confirm what has been indicated in the preceding lines, since he advances mere opinions and not conclusive assertions, that is, his position does not reflect with scientific cogency that the extraction and processing work, even if it were the western sector of the zone, did not or would not affect the aquifer. See that the plaintiff transcribes an extract from the aforementioned report that reads as follows: \"This disproportionate condition is reaffirmed even more when considering the fact indicated in the field report, that the project was carrying out extraction work on the West front of the concession, located, as already indicated, in an area where it was not affecting the aquifer, nor was it generating a risk of contamination to the Zamora spring (fuente) intake. It seems more logical that the recommendation of the DGM report, taking into account the absence of a clear connection between the Pit and the contamination of Puente de Mulas and the social consequences of a total suspension of the productive activities of the concession, would be aimed at limiting the extraction and processing work of mineral material to a geographic space, within the project area, where possible risks were minimized.\" (folio 329, boldface not in the original).- If it were as simple as estimating a priori and without sufficient hydrogeological studies—as is proposed in the report provided by the plaintiff—that by virtue of the fact that the outcrop was located in the eastern sector of the exploited zone, then work could continue on the other exploitation front, the discussion would have ended immediately, and the precautionary principle would have been left without content for this particular case, which did not occur. Note that the same professional acknowledges that there is an absence of a clear connection between the Pit and the contamination of Puente de Mulas, that is, even when the relevant point of the discussion in this proceeding were the issue of the contamination suffered by the water of Puente de Mulas, which it is not, but rather the protection of the Colima Superior aquifer, not even there did the expert's report offered by the plaintiff have total certainty so as to dissociate from all causality the activity of exploitation and processing of materials from the indicated contamination. In the same vein, the expert report rendered in the proceedings (folios 1738 to 1749), the object of which was to analyze the text prepared by Dr. Allan Astorga called \"Technical analysis of Resolution 590-2001 of the Dirección de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy,\" is neither clear nor conclusive in establishing that the DGM, at the time of issuing Resolution No. 590, had sufficient scientific elements providing absolute certainty so as to rule out the existence of a danger of contamination of the Colima Superior aquifer by the mining exploitation work deployed by the plaintiff. Indeed, said report in its final conclusions states, in what is relevant: \"... 5.4.- At the request of the Executive Director of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA), the Dirección de Geología y Minas conducted an inspection of the property of the El Pedregal Pit, accompanied by officials from other institutions. The objective of the inspection was to establish whether the water contamination that affected the La Libertad intake had originated on the grounds of the El Pedregal Pit. As a result of the inspection, it could not be established that the contamination had actually originated on the property of El Pedregal. What the DGM reports is the vulnerability of the upper aquifer that exists at the site due to the material extraction work carried out there. From this inspection arose Resolution 590-2001 of the Dirección de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy. In said resolution, it was ordered 'THE IMMEDIATE HALT OF EXPLOITATION AND PROCESSING WORK OF THE QUARRY that the company Productos Pedregal S.A. carries out in the concession area of administrative file No. 1547.' 5.5.- The expert considers valid the declaration of Dr. Allan Astorga that Resolution 590-2001 was based on the vulnerability conditions observed at the pit, as the inspectors report, and that this situation had been fully recognized by the institutions linked to the pit's operation controls for many years. Moreover, the resolution does not state definitively that the water contamination had occurred at the El Pedregal Pit. 5.6.- It is the opinion of this expert that the Dirección de Geología y Minas could have analyzed the pronouncements of the Office of the Ombudsman of the Ministry of Health, as well as other opinions of professional specialists in Hydrogeology, with sufficient experience in the area where the problem arose, before issuing a final resolution. 5.7.- It is the opinion of this expert that, based on the pronouncements of the Ministry of Health, and through the execution of immediate hydrogeological studies, it was possible for the extraction plant of rock material El Pedregal to remain in operation, at the same time that the recommendations and protection measures set forth in Resolution 590-200 (sic) were applied, and while the new proposed studies were being carried out, which were performed by hydrogeologists Nombre150896, Nombre150900, Nombre150894, and Nombre150895. 5.8.- The application of regulations such as those indicated in Considerando No. 5 of Resolution 590-2001 will ultimately depend on the decision made by the responsible professionals of the different public institutions involved with a specific problem. That considerando is copied textually: (...) In this specific case, the professionals with the most experience and knowledge of the hydrogeological conditions of the Puente Mulas area did not work for any of the public institutions involved at the time the problem arose. It is precisely some of those professionals, those mentioned in point 5.7 of these conclusions, who were subsequently assigned to carry out the work of the new hydrogeological investigations in the Puente Mulas area. Because of this situation, and possibly in the face of the lack of knowledge or doubt that existed in the responsible institutions for making decisions regarding the problem of water contamination in Puente Mulas, it was decided to apply the environmental regulations that allowed, in the face of any doubt, a decision to be made such as the one incorporated in Resolution 590-2001.\" (boldface not in the original). As can be observed, throughout his conclusions, the expert raises mere hypotheses, just as the study of Dr. Astorga does, limiting himself to making comments on what in his judgment the DGM could have done; however, he is not clear in indicating the most relevant aspect of the case, that is, whether at the time of adopting the precautionary measure, there existed absolute certainty that the water resource of the Colima Superior aquifer was not under any risk as a result of the plaintiff's mining activity. On the contrary, the expert acknowledges that the officials of Geología y Minas based their action on the vulnerability conditions found at the Pit, and specifically, on the vulnerability of the upper aquifer that runs through the concessioned zone, a fact that has not been disproven by the parties. Added to the foregoing is the fact that the report fundamentally concentrates its analysis on whether or not the possible contamination of Puente de Mulas could be proven; however, as already explained before, that is not the central issue of the discussion, the reason for the challenged act having its basis in the verification of a second outcrop of the Colima Superior Aquifer in the exploitation zone, and in the face of the risk of it being affected by the exploitation activity in the quarry, its purpose was its protection and conservation. Finally, it is notable that the expert report incurs in a series of comments that exceed the object of the analysis that was requested, since it makes assessments regarding the experience and knowledge of the officials who worked at that time for the institutions competent in the substantive matter; however, it is not in a position to make such affirmations, nor are they remotely relevant for achieving an approximation to the real truth in this dispute. All in all, what is clearly evidenced from the expert's own statement is that the Administration chose to apply the environmental regulation that permits taking measures such as the one adopted in this case (precautionary principle), in the face of doubt about the possible impact on the water resource. Consequently, in the judgment of the Court and due to the particularities of the substantive matter, the measure was not unsuitable, insofar as at the time it was adopted, no other mechanisms existed that would in a better way resolve the existing necessity (protection of the aquifer). Lastly, this Chamber considers that the measure did prove proportional, in consideration of the fact that, as has been repeatedly insisted upon in the development of this judgment, on the day of the inspection, the existence of a new outcrop of the Colima aquifer could be verified, such situation reflecting the vulnerability of that water resource as a function of the mining work being deployed in the zone, thereby evidencing the danger that said aquifer could become contaminated with the substances produced as a consequence of the extraction and processing of materials. For the Court, dealing with a resource of such importance for human health and for its great potential for the eventual supply of potable water, the mere verification, as the plaintiff points out, was not sufficient reason to authorize the extraction and processing process in the western sector of the concession, since the second outcrop found, even though it was located in the eastern sector, constituted an external sign of the vulnerability of the referenced aquifer, as a result of the advancement of the activity being carried out in that zone of our country. Now, far from considering the measure precipitous and arbitrary for having been taken on the same day as the inspection, it is found that it was a response commensurate with the magnitude of the consequences that could result from contamination of the aquifer, consequences that would mean nothing less than the possibility of rendering useless a water supply source of great potential for all inhabitants, since, ultimately, it is the community that benefits, every day, from such an important resource for all activities of human life. The assertions of the report of Dr. Astorga, cited by the plaintiff itself, prove contrary to the constitutional parameter erected from the precautionary principle, when it states: \"Logic, in this sense, indicates that the most balanced approach would have been a partial suspension, limiting the extraction area to sites where the environmental risk was very low, while the detailed investigations and the implementation of more concrete measures for the project's operations were being developed.\" (folio 330, boldface and underlining not in the original). Logic is not the only factor that governs, according to our legal system, for decision-making regarding precautionary measures aimed at protecting the environment, since science and technique play a more preponderant role in this matter. And it has already been reiterated that scientific knowledge in this matter must be absolutely certain, in order to rule out any connection between the right whose enjoyment would be restricted by the measure and the impact on the environment in any of its components.\n\nIt is noted that the same professional acknowledges that an environmental risk did exist (although he qualifies it as low), and equally acknowledges that detailed investigations were not available at that time, which is entirely consistent with what has been presented thus far, since had they been available, a clear and certain picture would have existed for determining whether or not there was a causal link between the plaintiff's activity in the Pit (Tajo) and the contamination of the aquifer. Under such circumstances, it is notable that the appropriate course, in accordance with the precautionary principle (principio precautorio) and the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), was to suspend all work entirely until the hydrogeological studies requested from the company and those required to be submitted by Nombre3456 and the ICAA, each within their respective competence, were available. The claimant was required to provide aquifer characterization, hydrogeological studies, and the determination of phreatic levels. It is worth noting that despite having submitted these studies, they proved insufficient in relation to the characteristics of the aquifer (report of the Technical Advisory Council on Mining (Consejo Técnico Asesor en Minería) cited in resolution No. 77, at folios 1104 to 1107 of volume V of the administrative file), and in any event, according to the report issued by geologists Marlene Salazar and Sofía Huapaya (officials of DGM), in which they reviewed the studies of the company and the aforementioned institutions, it was concluded that in the western face of the Pit (Tajo) the danger of affecting the aquifer could not be ruled out (official communication DGM-SD 20-2002, of January 15, 2002, at folio 1070 of volume V of the administrative file). This was noted in the reasoning of resolution No. 77 of nine o'clock on January twenty-eighth, 2002, through which the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) rejected the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed by the plaintiff against resolution No. 590. Thus, on that occasion it was stated: \"In the western face, although it is true that no outcrops of the aquifer layer were detected, the irregularity of the water flow in the area and the lack of information regarding it should not be overlooked. Therefore, it is recommended that extraction in this sector, if it occurs, be carried out using previously studied exploitation blocks and with characterization of the underground water flow to determine the maximum exploitation elevation. For this, the concession holder must submit the reserve evaluation differentiated by type of material and extraction possibility, as well as a mining plan and program, with its respective schedule, for exploitation by areas and levels, this includes the logical and technical development sequence, as well as the submission of the corresponding slope stability studies for the cuts to be made.\" (folio 1076 of volume V of the administrative file). That is to say, because the plaintiff's hydrogeological studies were incomplete in terms of characterizing the depth of the aquifer in the areas intended for exploitation, the possibility that new outcrops could emerge, even in the western sector, was not ruled out, and to permit exploitation in that sector, more detailed hydrogeological information and a meticulous and rigorous exploitation plan were necessary. In short, even though the claimant did not present any argument to challenge resolution No. 77, it is clear that even after the precautionary measure (medida cautelar), the scientific information presented by the concession holder did not allow for dismissing a possible connection between the mining activity and the impact on the Colima aquifer, and in any event, the Administration's intent was not to preclude all possibility of extraction work by the plaintiff company, but rather that such a situation was contingent upon the interested party itself submitting the necessary information to guarantee the protection of the oft-mentioned underground resource. Consequently, the Court (Tribunal) finds, based on all of the foregoing, that the measure was proportionate, insofar as the benefit sought to be achieved by it for the community was not markedly superior to the restriction imposed on the claimant in the enjoyment of its limited real right. Accordingly, the arguments made in that regard are rejected.\n\nX.- ON THE ALLEGED VIOLATION OF DUE PROCESS (DEBIDO PROCESO). The plaintiff bases this criticism on the fact that, although a prior procedure is not required to issue a precautionary measure (medida cautelar), at the moment it was deemed proven that environmental damage had been caused as a consequence of the claimant's conduct, an ordinary administrative procedure should have been followed with an opportunity for defense. The allegations are not acceptable. Between the plaintiff company and the State there existed an administrative legal relationship, born of the concession right that the latter granted to the former, allowing it to develop mining exploitation activity in the Belén zone. It is precisely within the exercise of that concession that the natural event arose which motivated the adoption of the challenged precautionary measure (medida cautelar), which was issued by the Administration within the corresponding concession procedure (file 1547), that being the pre-existing legal framework. The foregoing is brought up because it is clear that regardless of the nature of the aforementioned relationship, the purpose of the precautionary measure consisted solely and exclusively in the protection of the Upper Colima aquifer, as it was a water resource susceptible to contamination due to the work carried out by the concession holder in the zone through which it flowed. Thus, we have that the content of the challenged precautionary measure consisted of halting extraction and material processing work, and requesting hydrogeological studies to determine if it was viable for the plaintiff company to continue with the works in the concession area, all in accordance with the precautionary principle (principio precautorio) analyzed above. It is noted that the Administration invoked, in support of its action, articles 219 and 226 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Publica), which allow that in cases such as this, where there is a serious and imminent danger to things and persons (the environment and human health), insofar as irreparable damages could be caused, the establishment of an ordinary administrative procedure may be dispensed with to issue the administrative act aimed at its protection. Consequently, this Chamber (Cámara) understands that the actions ordered for the determination of possible environmental damage that could have been generated in the concession zone did not arise as a consequence of a sanctioning act, insofar as its purpose was not to apply a punishment to the plaintiff for the commission of some previously defined administrative infraction, but rather arises as a consequence of a precautionary act, which obliges the State to coordinate with the various organs and entities competent in environmental matters, the implementation of all actions established in the legal system aimed at protecting the water resource, and in such condition, it does not fall under the assumptions established in article 308 of the General Law of Public Administration, as the claimant seeks to suggest. Given this scenario, the Court (Tribunal) finds that it was not necessary to initiate an ordinary administrative procedure for those purposes. In any event, it is clear that as a matter of principle, special law prevails over general law, and in this specific case, by reason of subject matter, the Mining Code (Código de Minería) (Law No. 6797) is special law, prevailing over the General Law of Public Administration. Said code contains a specific title (XIII), which describes and regulates the procedures pertaining to the exploration or exploitation of mineral resources, and it is through these procedures that the Administration would express its will regarding the various concession applications for those activities, as well as when they are already in full execution. The aforementioned code is not remiss in regulating the appellate procedure available against resolutions issued by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), the competent body in this matter, with current article 94 (formerly article 90) providing as follows: \"Against the resolutions issued, the remedies of revocation (revocatoria) and review (revisión) shall be available before the Directorate, and appeal (apelación) before the Ministry of Economy, Industry and Commerce. Against the resolution that exhausts the administrative remedy, a contentious-administrative action may be filed before the Contentious-Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), within a period of two months, unless otherwise provided in this law.\" Regarding this article, it must be clarified that due to several transformations in the structure of the Executive Branch between 1980 and 1988, specifically regarding ministerial competences in matters of industry, energy, mines and environment, today the Directorate of Geology and Mines belongs to MINAET, formerly MINAE. Indeed, as is evident from the administrative file, the plaintiff filed an appeal for revocation (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio) against resolution No. 590 challenged herein, on August 6, 2001, an appeal that was supplemented by a writing dated August 8 of the same year, requesting on that occasion the following: \"Therefore, we request that the suspension of beneficiation processing be lifted and that my represented party be allowed to continue processing the materials it has in its yards as well as material it may acquire from other quarries.\" (folios 617 and 630 of the administrative file). The Directorate of Geology and Mines, through resolution No. 703 at nine-thirty on September fifth, 2001, denied the request to lift the suspension of extraction and processing work in the concession area. The concession holder (plaintiff here) appealed that decision, and by resolution No. R-1726-2001-MINAE, at nine o'clock on October ninth, 2001, the Minister of Environment and Energy ordered the appeal with concomitant nullity filed by the plaintiff against said resolution No. 703 to be rejected, and ordered the Directorate of Geology and Mines to rule on the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed against resolution No. 590. It should be added that, a few days later, through resolution No. 784 at nine forty on October sixteenth, 2001 - mentioned in previous recitals - said body ordered the precautionary measure to be varied and authorized the plaintiff company to use the crusher system located west of the concession area until June 1, 2002. Later, by resolution No. 077 at nine o'clock on January twenty-eighth, 2002, the Directorate of Geology and Mines resolved the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed against resolution No. 590, and taking into account the content of the studies provided by the company (one carried out by hydrogeologists Nombre150894 and Nombre150895, and another by hydrogeologists Nombre150901 and Nombre150900), as well as those carried out by SETENA: \"Assessment of the environmental damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.\", the ICAA: \"Analysis of environmental damage and others, resulting from the impact on the aquifer and the violation of protection zones in the Pedregal Pit-Puente de Mulas System (Tajo Pedregal-Sistema de Puente de Mulas)\", and even the reports provided by the Technical Advisory Council on Mining (Consejo Técnico Asesor en Minería); it ordered that the suspension order for exploitation work and material processing work in the eastern sector of the concession remain in force (folio 1144 of volume V of the administrative file). By resolution at ten o'clock on April twenty-ninth, 2002, the Minister of Environment and Energy heard the appeal against resolution No. 590, rejecting it and deeming the administrative remedy exhausted (folio 1176). As can be observed, the plaintiff company had the opportunity to exercise its right of defense in accordance with the procedural regulations established in the Mining Code (Código de Minería), and in that sense, it exercised the possibilities afforded by the legal system to present its technical arguments in order to challenge the precautionary measure ordered, all of which were resolved. It can be affirmed that the fundamental guarantees of due process (debido proceso) required by constitutional jurisprudence have been met in this case, namely, the right to be heard, the opportunity to present arguments and evidence, access to information and background records, the right to obtain counsel, notification of the decisions taken, and the right to appeal the decision taken. This being so, the plaintiff's arguments regarding the apparent violation of due process (debido proceso) are rejected, and no absolute nullity is apparent for this reason.\n\nXI.- REGARDING THE LACK OF GROUNDS FOR RESOLUTION No. 451. The plaintiff asserts that the grounds for resolution No. 451, through which the concession it enjoyed was extinguished, was the non-compliance with resolution No. 590 and resolution No. 784. That because the aforementioned resolutions suffer from defects of absolute nullity, they were ineffective according to our legal system. To that extent, it argues that resolution No. 451 lacks legitimate grounds, because it is accusing the plaintiff of non-compliance with a measure that was ineffective. The allegations are not acceptable. Evidently, any absolutely null administrative act cannot be executed by legal mandate, and ordering its execution would give rise to liability for the Administration and the official who does so (articles 146.3, 169 and 170 LGAP). In the specific case, the Court (Tribunal) has not found that the grounds alleged by the plaintiff to support the invalidity of resolution No. 590 were valid, and to that extent, it must be presumed that the challenged act was legally valid and enforceable, this latter condition by virtue of the enforceability (ejecutoriedad) of administrative acts (articles 146 et seq. of LGAP). This being so, it is found that resolution No. 451 had legitimate grounds, insofar as it deemed as such the non-compliance incurred by the plaintiff with respect to the provisions established by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), in the precautionary measure expressed in resolution No. 590, which, as stated, is presumed valid and effective for all purposes. Consequently, the criticisms formulated in this regard are dismissed.\n\nXII.- ON THE INVOKED ATYPICAL NATURE OF THE CONDUCT IN RESOLUTION No. 451. The plaintiff argues that resolution No. 451 constitutes a rescissory administrative sanction. That for this, there must exist a legal rule of statutory rank that, prior to the sanctioned conduct, defines it and makes it possible. Therefore, it points out that in the specific case, there is a lack of legal basis, as there is no legal foundation to declare the expiration of a concession for the conduct of disobeying a precautionary order to suspend extractive activity. Its arguments are unfounded. This Court (Tribunal) does not agree with the thesis proposed by the plaintiff, because it is not considered that the act expressed through resolution No. 451 corresponds to one of a sanctioning nature. In the first place, had the legislator intended that cancellation be a sanction, it would have expressly provided for it in Chapter II, Title XVII, corresponding to administrative infractions and sanctions, where the legal hypotheses that give rise to different legal consequences by way of sanction are described (for example, the imposition of fines). Moreover, a sanction constitutes a harm inflicted by the Administration on a natural or legal person as a consequence of having committed an illegal conduct, and previously defined as such (infraction). The Administration imposes it in the exercise of its inherent punitive power, thereby seeking the welfare of the community through the protection of certain legal interests deemed necessary for maintaining social order, security, and peace. In the specific case, the Administration's action does not fall within the exercise of that sanctioning power, insofar as we are not dealing with an act defined as an infraction, but rather a right held on a precarious basis (a limited real right over public domain), because the State holds absolute ownership of all mineral resources in the national territory (article 1 Mining Code (Código de Minería)), and through an exploitation concession, authorizes natural or legal persons, national or foreign, to carry out exploitation activities of mineral deposits under the conditions and requirements established by the Mining Code, its regulations, and special laws (article 12 Mining Code). Within the framework of that administrative legal relationship, the concession holder is bound by a series of obligations it is compelled to fulfill, the disregard of which generates, by operation of law (de pleno derecho), the cancellation of that limited right. Among these, those relating to environmental protection stand out, and in this regard, the following provisions of the Mining Code (Código de Minería) are transcribed insofar as relevant:\n\nArticle 34. \"The holder of an exploitation concession shall be obligated to:\n\n ...\n\nch) Prepare a complete study on the environmental impact of the exploitation process, which meets the requirements set forth in article 97; and comply with the rules regulating environmental contamination and the recovery of renewable natural resources.\n\n...\n\nf) Comply with the obligations established in this law and its regulations, and in the resolution granting the concession.\"\n\n\"Article 67 (formerly 63). The exploitation concession may be canceled if the holder does not comply with the conditions stipulated in the granting resolution, in accordance with this law and its regulations, especially in the following cases:\n\n...\n\nch) If the legal and regulatory rules regulating environmental contamination and the recovery of renewable natural resources have not been complied with.\"\n\n\"Article 101 (formerly 97). The holders of an exploration permit or an exploitation concession are obligated to comply with all legal and regulatory rules and requirements regarding environmental contamination and the recovery of renewable natural resources, and regarding the specifications and obligations related to environmental protection, which are set forth in the granting resolution and in this law.\"\n\n\"Article 102 (formerly 98). Any action, practice, or operation that deteriorates the natural environment in such a way that renders its basic elements unusable, especially air, water, and soil, for the uses to which they are destined, is prohibited.\" (bold text not in original).\n\nA harmonious interpretation of these rules in relation to constitutional article 50 confirms, without a doubt, that with even greater reason, within a concession relationship, the environment stands as a superior interest above any private interest, its protection is mandatorily observed, and all actions that could imply damage to that legal interest are prohibited. Any conduct by a concession holder that proves contrary to that superior interest and that does not conform to the measures timely issued to protect it will generate in the State the power to cancel the concession, insofar as the State is the owner of all mineral resources in the national territory, and furthermore, it has a duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, as mandated by the Political Constitution in its article 50 in relation to article 21 (right to health). Of course, in safeguarding due process (debido proceso), the special procedure provided in the final paragraph of current article 67 of the Mining Code (Código de Minería) (formerly article 63) must be followed, according to which the Directorate of Geology and Mines conducts a study and grants a period to the concession holder to provide its justifications or comply with its obligations. Subsequently, the actions taken by the concession holder are analyzed, and if deemed appropriate, the matter is brought to the Minister's attention. The Minister studies the matter and decides whether or not to grant a new period not exceeding three months; otherwise, the Directorate issues the cancellation resolution. In the case under review, this is what occurred: the concession holder failed to comply with the precautionary measures suspending works imposed by the Directorate of Geology and Mines, the purpose of which was to protect the Colima aquifer (see report in memorandum DGM-DC-399-2002 at folio 1372 of volume VI of the administrative file and opinion in memorandum DGM-OD-644-2002 at folio 1404 of the same volume). Such non-compliance was verified insofar as the plaintiff carried out subsequent extractions of material and processed it, which has not been denied in this proceeding; rather, it openly acknowledges it when arguing that at that time there was no rule defining non-compliance with a precautionary measure with the \"sanction\" of cancellation. In the present case, the aforementioned procedure was followed, and it was decided to cancel the concession that had been granted to the plaintiff company. From a substantive legal standpoint, it is found that the non-compliance incurred by the plaintiff with respect to the precautionary measures in favor of the environment constituted sufficient grounds, supported in legal and constitutional norms, to cancel the exploitation concession right. The reasons the plaintiff may have had to violate those measures are not actions supported by the legal system, and therefore, its arguments must be rejected, as is hereby done.\n\nXIII.- ON THE ALLEGED VIOLATION OF THE PRINCIPLES OF SUITABILITY AND PROPORTIONALITY IN RESOLUTION No. 451. In the plaintiff's view, according to the principles of suitability (adecuación) and proportionality (proporcionalidad), for the compulsory enforcement of an act, the Administration must adopt the measure that is consistent with its content and sufficient to ensure the intended purpose. It points out that in the specific case, faced with non-compliance with the precautionary measure, the Administration should have assessed the nature of the non-compliance considering that: the utilization of material did not involve blasting in the exploitation front; it involved material processing activities that had been extracted from the western sector before the suspension of its activities; that no intervention in the aquifer layer is observed in said sector; that the concession holder had repeatedly pointed out the need to process material to fulfill public works underway at the time the precautionary measure was adopted; and the non-existence of any environmental damage resulting from the disobedience of the suspension. And on the other hand, it argues that the Administration should have evaluated, in accordance with the precautionary measure whose compulsory enforcement was sought, the option that would ensure the least possible harm without ceasing to protect the water resource. It concludes that had this been done, it would have led to other enforcement measures such as seizure of goods, closure of establishments, etc., but not a rescissory sanction capable of affecting families and causing damages and losses. The allegations are not acceptable. The plaintiff seeks to qualify the cancellation of the concession (resolution No. 451) as if it were a means of enforcing resolution No. 590, that is, as if it were the action through which the Administration managed to coercively execute that precautionary act (articles 146 et seq. LGAP). However, considering its characteristics, resolution No. 451 is not merely an executive action; it is an administrative act independent of the precautionary measure, which has grounds, content, and purpose, and is duly substantiated. It is a final act that terminates the administrative legal relationship arising from the concession right (limited real right), which results from the concession holder's non-compliance with the provisions regulating environmental contamination and the recovery of renewable resources (i.e., environmental protection, which is a superior interest of constitutional and international rank), and for which the prior fulfillment of the procedure established in article 67 of the Mining Code (Código de Minería) is required. In this sense, we have that although the grounds for resolution No. 451 is the plaintiff's acknowledged non-compliance with the measures established in resolution No. 590 (see official communication No. DC-399-2002 of June 21, 2002), it does not thereby become a means of enforcing the latter, and in such case, the rules relating to the enforceability (ejecutoriedad) of acts are not applicable. From that perspective, it is found that the cancellation issued by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) was not an arbitrary action, insofar as it responded to the plaintiff's own non-compliance with the provisions adopted by the Directorate of Geology and Mines through resolutions No. 590-2001 and 784-2001, for the protection and conservation of the environment, supported by the precautionary principle (principio precautorio), and which were breached by the plaintiff. Consequently, the allegations made in this regard are rejected.\n\nXIV.- ON THE REMAINING CHALLENGED ACTS. While it is true that in the complaint filing, the plaintiff also sought the annulment of resolutions No. 77 of 9:00 a.m. on January 28, 2002, of the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas); R-234-2002-MINAE, of 10:00 a.m. on April 29, 2002, of the Minister of Environment and Energy; No. 784-2001 of 9:40 a.m. on October 16, 2001; No. 482-2002 of 11:00 a.m. on the 31st, 2002, of Directorate4247; and No. R-388-2002-MINAE of 9:40 a.m. on September 19, 2002, of the Minister of Environment and Energy; it did not formulate arguments in its formalization brief aimed at substantiating the defects of invalidity of the aforementioned acts, attacking only resolutions No. 590-2001 of 3:30 p.m. on August 3, 2001, and No. 451-2002 of 1:10 p.m. on July 16, 2002, of the Directorate of Geology and Mines. Thus, it is appropriate to deny the claim for annulment of the aforementioned acts.\n\nXV.- ON THE CLAIMED DAMAGES AND LOSSES. The plaintiff argues that the challenged acts suffer from multiple defects of absolute nullity, and that therefore, full liability falls upon the State, making it demandable, for the benefit of the plaintiffs, the compensation for damages and losses caused as a result of subjection to the effects of those acts. The arguments are not acceptable. Given that the plaintiff sought compensation for damages and losses conditioning it on the eventual declaration of nullity of the challenged administrative acts, and in view that these have not been declared as such by this authority, because this Chamber (Cámara) does not find that they suffer from the defects alleged in this proceeding, it is appropriate to reject this element of the complaint as it is accessory to the main annulment claim. In any event, the plaintiff company has acknowledged in this litigation having breached the measures ordered by the Administration in resolution No. 590-2001 of the Directorate of Geology and Mines, and in such scenario, it would not be appropriate to grant the attempted compensation claim, insofar as one of the grounds for excluding administrative liability would have operated here, namely the fault of the victim.\n\nXVI.- DEFENSES. The State's representation raised the defense of expiration (caducidad) and the exceptions of lack of active standing (falta de legitimación activa) and lack of right (falta de derecho). Regarding the first, it must be noted that although the State raised said defense (folio 786 of volume I of the judicial file), by resolution No. 439-2004, issued by the Second Section of this Court (Tribunal), it was ordered as follows: \"... I) The defendant only raised the preliminary defense of lack of active standing; however, when granting a hearing on it, the Court, in an order at 1:27 p.m. on May eighteenth of this year, also cited expiration (caducidad) (folio 745). The foregoing constitutes an evident error, as this last issue had not been raised, which requires revoking said resolution in that regard.\" The State representation did not appeal that ruling. Subsequently, by order at 10:20 a.m. on October twenty-ninth, two thousand four (folio 810 of volume II of the judicial file), the complaint was deemed answered in a timely and proper manner, and the exception of lack of right was deemed interposed.\n\nThereafter, by brief filed on November 15, 2004, the State's representative pointed out to the Court that this Office failed to address the defense of expiration (caducidad), and filed a motion for revocation (revocatoria) with a subsidiary appeal against the order issued at ten hours twenty minutes on October twenty-ninth (folio 813 of volume II of the judicial file). However, by ruling issued at fourteen hours thirty minutes on January nineteenth, two thousand five (folio 816), the Court rejected the revocation filed, referring the appellant to what this Office resolved in Resolution No. 439-2004 cited above, while simultaneously denying the subsidiary appeal because that means of challenge was unavailable. In accordance with the foregoing, it is clear that the matter was already analyzed and reviewed at the time, and therefore, reopening the discussion is improper as it constitutes a precluded issue. Consequently, we omit any ruling on the defense of expiration.\n\nNow then, regarding the asserted lack of active standing (falta de legitimación activa), this Chamber finds that it must be granted with respect to the companies Asfalto Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transporte Pedregal S.A., and Servicios y Acarreos Belén S.A., and denied with respect to the company Productos Pedregal S.A. Indeed, as argued by the State's representative, according to the evidence in the administrative file (folio 151 of volume I of the administrative file), the only legal entity that could have standing (legitimación) in this proceeding to seek annulment of the challenged acts, recognition of the individualized legal situation, and compensation for damages, would be Productos Pedregal S.A., as the concessionaire of the quarry exploitation at Tajo Pedregal, but not the other companies that appeared in this litigation, since they did not prove they held such status, it being evident that the acts challenged in this dispute strictly pertain to the legal relationship that arose on the occasion of the concession repeatedly mentioned. In that regard, the Court considers that the remaining companies lack a direct interest to bring suit in relation to the claims advanced, and at most they could have been considered as coadjuvants (coadyuvantes) in this proceeding, but that was not the case. Therefore, the arguments made in an attempt to sustain a possible active standing (legitimación activa) based on an alleged commercial link among the different companies in the mining exploitation activity of the Quarry (Tajo) in question are not receivable, as they are improper, because the fact of the case is that the sole concessionaire for that activity is Productos Pedregal S.A. Consequently, the objection of lack of active standing is denied with respect to Nombre150891  . and granted with respect to the others. Finally, the objection of lack of right (falta de derecho) must be accepted, because as is clear from the whereas clauses (considerandos) above, Nombre150891  . did not have the right in relation to its claims; therefore, the complaint must be dismissed.\n\nXVII.- COSTS. By virtue of the foregoing, in accordance with Article 98 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, in relation to Article 103 of the same legislation and Article 221 of the Código Procesal Civil, the plaintiff is ordered to pay both costs of this action.\n\nPOR TANTO\n\nThe objection of lack of active standing is granted with respect to the companies Asfaltos Pedregal S.A., Bloques Pedregal S.A., Concretos Pedregal S.A., Constructora Pedregal S.A., Corporación Pedregal S.A., Quebradores Pedregal S.A., Transportes Pedregal S.A., and Servicios y Acarreos Belén S.A. The objection of lack of right is granted with respect to Nombre150891  .. Consequently, the complaint is dismissed in all its aspects. Both costs of this action are borne by the plaintiff. Notify.\n\n \n\nNombre15131 . \n\n \n\nEduardo González Segura                                        Nombre5243  \n\nClassification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 02-03-2026 19:54:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }