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  "id": "nexus-sen-1-0034-492005",
  "citation": "Res. 03609-2010 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Invalidez de titulación de inmueble boscoso que constituye Patrimonio Natural del Estado",
  "title_en": "Invalidity of title grant for forested property deemed State Natural Heritage",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, en un proceso inter-administrativo tramitado preferentemente, declaró con lugar la demanda presentada por la Contraloría General de la República (CGR) contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y una particular. La CGR solicitaba la nulidad de la titulación otorgada por el IDA sobre un inmueble de aproximadamente 52 hectáreas ubicado en Turrubares, San José, el cual, según pruebas técnicas, presentaba cobertura boscosa en más del 60% y suelos con vocación forestal (clases VII y VIII). El tribunal determinó que dicho inmueble constituye Patrimonio Natural del Estado (PNE), un bien de dominio público inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que no podía ser titulado en favor de particulares. Se anularon el acuerdo de Junta Directiva del IDA, las escrituras de traspaso, los asientos registrales y el contrato de pago de servicios ambientales con FONAFIFO. Además, se ordenó la recuperación del inmueble por parte del Estado (MINAET) y la respectiva inscripción registral a su nombre. El IDA fue condenado al pago de daños en abstracto por su funcionamiento anormal; se desestimaron las excepciones de caducidad, prescripción y falta de legitimación.",
  "summary_en": "The Sixth Section of the Contentious-Administrative Tribunal, in an inter-administrative preferential proceeding, upheld the claim filed by the Comptroller General of the Republic (CGR) against the Institute of Agrarian Development (IDA) and a private individual. The CGR sought the annulment of the title granted by the IDA over a property of approximately 52 hectares located in Turrubares, San José, which, according to technical evidence, had more than 60% forest coverage and soils with forestry aptitude (classes VII and VIII). The court determined that the property constitutes State Natural Heritage (PNE), a public domain asset that is inalienable, imprescriptible and unseizable, and therefore could not be titled in favor of private parties. The IDA Board of Directors' agreement, the transfer deeds, the registry entries, and the environmental services payment contract with FONAFIFO were all declared void. The court ordered the recovery of the property by the State (MINAET) and its registration under the State's name. The IDA was ordered to pay damages in abstract for its abnormal functioning; the defenses of expiry, prescription, and lack of standing were dismissed.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
  "date": "23/09/2010",
  "year": "2010",
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    "property-and-titling"
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  "primary_topic_id": "property-and-titling",
  "es_concept_hints": [
    "Patrimonio Natural del Estado (PNE)",
    "dominio público",
    "bienes demaniales",
    "Ley Forestal 7575",
    "Artículo 13",
    "Artículo 33",
    "vocación forestal",
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      "law": "Ley General de la Administración Pública"
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  "keywords_es": [
    "Patrimonio Natural del Estado",
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    "Ley Forestal 7575",
    "artículo 13",
    "artículo 33",
    "IDA",
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    "nulidad absoluta",
    "vocación forestal",
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    "daños y perjuicios"
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  "keywords_en": [
    "State Natural Heritage",
    "public domain",
    "Forestry Law 7575",
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    "article 33",
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    "absolute nullity",
    "forestry aptitude",
    "FONAFIFO",
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    "unconstitutionality",
    "caducity",
    "prescription",
    "damages"
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  "excerpt_es": "V.- SOBRE LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES. Para este Tribunal, otro aspecto importante que debe tenerse presente en la resolución del presente asunto son los efectos de la sentencia No. 2063-07, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete. En dicha resolución se anuló por inconstitucional el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta No. 173, del diez setiembre del dos mil dos; mismo que a su vez, sirvió de fundamento para la titulación cuya validez se cuestiona en este proceso. Entre los aspectos que interesa resaltar, se tiene que en dicha resolución se confirma que el Patrimonio Natural del Estado, conformado por parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales, entre otros, constituye parte del demanio público. Partiendo de esa premisa, la Sala hace un recuento de diferentes normas ya declaradas inconstitucionales, mediante las cuales se pretendía la titulación en reservas nacionales [...] Finalmente, sobre los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, indicó esa sentencia que éstos eran declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos. Asimismo, dispuso que procedía la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que se anulaba, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad.\n\nVI.- SOBRE LA NATURALEZA DEL TERRENO TITULADO POR EL IDA EN EL CASO CONCRETO. A juicio de este Tribunal, para determinar si las conductas administrativas impugnadas se ajustan o no al ordenamiento jurídico debe dilucidarse si el inmueble objeto de este proceso y que fuera titulado por el IDA en favor de la demandada Nombre125803 constituye o no Patrimonio Natural del Estado. Ello por cuanto, en gran medida, el resto de pretensiones dependen de ésta. Para tales efectos, debe señalarse que de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, el Patrimonio Natural del Estado está constituido, entre otros, por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. [...] Expuesto lo anterior, debe indicarse que valorada la prueba que consta en autos, este órgano colegiado estima que, en efecto, el inmueble objeto de este proceso [...] tiene no sólo una naturaleza boscosa, sino que además, es de vocación forestal. En consecuencia, de conformidad con la normativa citada supra, constituye Patrimonio Natural del Estado.",
  "excerpt_en": "V.- EFFECTS OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF THE REGULATIONS FOR THE TITLING OF LAND IN NATIONAL RESERVES. For this Court, another important aspect to bear in mind when resolving this matter is the effects of ruling No. 2063-07, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice [...] said resolution annulled for being unconstitutional the Regulations for the Titling of Land in National Reserves, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development [...] which served as the legal basis for the titling whose validity is questioned in this proceeding. Among the relevant aspects, it is noteworthy that said ruling confirmed that the State Natural Heritage, comprised of national parks, forest reserves, biological reserves, protected zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments, among others, forms part of the public domain. Based on that premise, the Chamber recapped various norms already declared unconstitutional through which titling in national reserves was intended [...] Finally, regarding the effects of the declaration of unconstitutionality, the ruling indicated that they were declaratory and retroactive to the effective date of these regulations, namely August 12, 2002. It also ordered the recovery of any assets that, being public domain, were titled under the annulled regulations, without prejudice to the State's patrimonial liability arising from this unconstitutionality.\n\nVI.- THE NATURE OF THE LAND TITLED BY THE IDA IN THIS SPECIFIC CASE. In the Court's view, to determine whether the challenged administrative actions conform to the legal system, it must be clarified whether the property subject to these proceedings and which was titled by the IDA in favor of the defendant [...] constitutes State Natural Heritage. This is because, to a large extent, the remaining claims depend on this determination. For these purposes, it must be noted that in accordance with Articles 13 and 14 of the Forestry Law, the State Natural Heritage is comprised, among others, of forests and forestry land within national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other Public Administration bodies [...] Having stated the above, it should be noted that after evaluating the evidence in the record, this collegiate body finds that, indeed, the property subject to these proceedings [...] is not only forested in nature but also has forestry aptitude. Consequently, in accordance with the above-cited regulations, it constitutes State Natural Heritage.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The CGR's claim is upheld: the property titled by the IDA constitutes State Natural Heritage, all titling acts and contracts are annulled, recovery of the asset is ordered in favor of MINAET, and the IDA is ordered to pay damages in abstract.",
    "summary_es": "Se declara con lugar la demanda de la CGR: el inmueble titulado por el IDA constituye Patrimonio Natural del Estado, se anulan todos los actos de titulación y contratos, se ordena la recuperación del bien por el MINAET y se condena al IDA al pago en abstracto de los daños y perjuicios."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "the property subject to these proceedings [...] is not only forested in nature but also has forestry aptitude. Consequently, in accordance with the above-cited regulations, it constitutes State Natural Heritage.",
      "quote_es": "el inmueble objeto de este proceso [...] tiene no sólo una naturaleza boscosa, sino que además, es de vocación forestal. En consecuencia, de conformidad con la normativa citada supra, constituye Patrimonio Natural del Estado."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "the PNE affectation is legal and immediate and was already defined, even under the Forestry Law prior to the current one. In short, the land was owned by the State and had forest coverage, ergo, pursuant to articles 13, 14 and 15 of the Forestry Law, it is PNE. Therefore, the subsequent acts transferring the asset are void precisely because they disposed of an asset that by its nature could not be transferred to private individuals.",
      "quote_es": "la afectación al PNE es legal e inmediata y ya estaba definido, incluso, en la Ley Forestal anterior a la vigente. En suma, el terreno era del Estado y contaba con cobertura boscosa, ergo, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, es PNE. Por ende, los actos posteriores que enajenan el bien son nulos precisamente por disponer de un bien que por su naturaleza no podía ser trasladado a particulares."
    },
    {
      "context": "Considerando X",
      "quote_en": "when it comes to the recovery and protection of public domain assets, no prescription or expiry periods apply, as the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible.",
      "quote_es": "tratándose de recuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles."
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        "label": "Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos 7779  Art. 27"
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección VI\n\nResolución Nº 03609 - 2010\n\nFecha de la Resolución: 23 de Setiembre del 2010 a las 16:00\n\nExpediente: 09-000138-1027-CA\n\nRedactado por: Marianella Alvarez Molina\n\nClase de asunto: Proceso de trámite preferente\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Dominio público\nTemas (descriptores): Nulidad e ineficacia del acto administrativo\nTemas (descriptores): Instituto de Desarrollo Rural\n\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n Tribunal Contencioso Administrativo,\n\nII Circuito Judicial de San José, Dirección04 \n\nCentral 2545-00-03                                                             Fax 2545-00-33\n\n                                         Correo Electrónico ...01\n\n________________________________________________________________________\n\nEXPEDIENTE: 09-000138-1027-CA\n\nPROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTORA: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, Nombre125803 \n\n \n\nNo. 3609 -2010\n\n \n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA.  SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las dieciséis   horas del  veintitrés de setiembre de dos mil diez.\n\n \n\nProceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por  Nombre603   , casada, abogada,  cédula de identidad  CED414   y vecina de San Francisco de Heredia e Nombre13586  , casado, abogado, cédula de identidad CED111357     y vecino de Ciudad Colón,  contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (en adelante IDA) representado por la Apoderada General Judicial, Nombre139304  , cédula de identidad número CED111524    ; Nombre125803  , mayor, ama de casa, vecina de San Rafael de San Luis de Turrubares, San José, cédula de identidad número CED111525      .\n\n \n\nRESULTANDO.\n\n            1.- La Contraloría General de la República interpone la demanda que ha dado origen al presente proceso contra el Instituto de Desarrollo Agrario y Nombre125803   para que en sentencia se declaren las siguientes pretensiones, según fueran ajustadas en la audiencia única, celebrada el seis de setiembre del dos mil diez: ““1) Que se anule el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario contenido en el Artículo 32 de la Sesión número 016-04 de fecha 3 de mayo de 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de la señora Nombre125803  , descrita en el plano catastrado número Placa22735. 2) Que se anule la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario. 3) Que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa27014 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 4) Que se anule la escritura número 116, otorgada ante el Notario Público Mario Alberto Sánchez, a las 18 horas del día 10 de noviembre de 2006, que protocolizó el Contrato de Pago de Servicios Ambientales Modalidad de Protección de Bosque contrato SJ-01-22-0071-2006. 5) Que se anule el asiento registral de inscripción del Contrato de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque Contrato número SJ-01-22-0071-2006, emitido por el Registro Nacional. 6) Que se declare que la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa27014 (finca titulada) fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor de la señora Nombre125803  . 7) Que se declare que  la finca descrita en el plano catastrado número Placa22735 es Patrimonio Natural del Estado y, por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (en adelante MINAET), debiéndose ordenar a la Procuraduría General de la República por medio de la Notaría del Estado que confeccione una escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de la sentencia que se emita, a efecto de que proceda al respectivo cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado Placa22735 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad. Asimismo, se ordene al MINAET y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado. 8) Que se ponga en posesión de esa finca al MINAET  y se ordene el desalojo de la señora Nombre125803  . 9) Que se condene al IDA al pago, en abstracto, de los daños y perjuicios ocasionados. 10) Que se condene al IDA al pago de ambas costas procesales y personales de la presente demanda. 11) Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley General de la Administración Pública, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declare si la invalidez del acto administrativo emitida por el IDA, contenido en el artículo 32 de la sesión 16-2004, del 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de la señora Nombre125803   es manifiesta o no, y de serlo, se proceda conforme lo establecido en el inciso 2) del citado artículo.”\n\n \n\n             2.-  Que por resolución número 593-2009 de las quince horas diez minutos del treinta de marzo del dos mil nueve (folios 45 a 48 del expediente judicial), el Juez Tramitador resolvió \"...De conformidad al razonamiento expuesto y con fundamento en los artículos 20, 21 y 22 del CPCA, teniendo por configurados los requeridos presupuestos, se acoge la medida cautelar ordenando la anotación registral de esta demanda sobre la propiedad Placa27014, quedan los mandamientos a disposición de la parte actora...\".\n\n \n\n             3.- Este proceso fue declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las siete horas treinta minutos del veintitrés de abril del dos mil nueve (folios 57 y 58 del expediente judicial).\n\n \n\n             4.- El Instituto de Desarrollo Agrario contestó en tiempo y forma la demanda, solicitando que ésta se declare sin lugar y se le exima de responsabilidad en cuanto a los daños y perjuicios, costas personales y procesales. Asimismo, interpuso la excepción de incompetencia en razón de la materia (folios 62 a 82 del expediente judicial).\n\n   \n\n             5.- La demandada Nombre125803   contestó negativamente la demanda y opuso las defensas previas de falta de competencia, falta de integración de la litis consorcio pasiva necesaria, caducidad; así como las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva; falta de derecho y falta de interés actual (folios 110 a 117, 125 a 135 del expediente judicial). \n\n \n\n             6. - Que por escrito recibido en este Despacho a las quince horas cincuenta y un minutos del cinco de mayo del dos mil nueve (folios 130 a 138 del expediente judicial), los representantes de la Contraloría General de la República, solicitaron ampliación de medida cautelar, a fin de que se ordene a la señora Nombre125803   en su condición de propietaria registral, así como a cualquier otra persona, que se abstengan de realizar cualquier conducta por acción u omisión, que causen o pueden causar un menoscabo del Patrimonio Natural del Estado en el inmueble objeto de este proceso.\n\n \n\n7.-  Que por resolución número 955-2009 de las siete horas treinta minutos del veintiuno de mayo del dos mil nueve (folios 162 a 164 del expediente judicial), este Tribunal resolvió: “Se rechaza la excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario y el Representante de la demandada Nombre125803  .” Que por oficio número 489-093 del primero de junio del dos mil nueve (folio 166 del expediente judicial), el Auxiliar Judicial 3B, Randall Paniagua Castro, comunicó a este Tribunal que “...se interpuso Recurso de Inconformidad de Competencia contra la sentencia N° 955/90 de las siete horas y treinta minutos del veintiuno de mayo del dos mil nueve de ese Tribunal, por lo que ruego comunicar a las partes para que señalen lugar o medio de notificaciones, asimismo enviarnos el expediente referido, así como los documentos respectivos, si los hubiere...”. Que por auto de las quince horas cuarenta y nueve minutos del dos de junio del dos mil nueve (folio 167 del expediente judicial), el Juez Coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolvió: “El Superior Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha solicitado la remisión de este proceso por haberse presentado inconformidad, contra la resolución de este Despacho, N° 955-2009, de las siete horas treinta minutos del veintiuno de mayo del dos mil nueve (folio 161-163). En virtud de que el Superior tiene su asiento en un lugar distinto al de este Tribunal, se previene a las partes que dentro del plano improrrogable de veinticuatro horas señalen ante dicho órgano superior, medio para atender notificaciones dentro del perímetro del primer Circuito Judicial de San José, únicamente para este trámite...”.\n\n \n\n8.- Que por resolución número 000711-C-S1-2009 de las nueve horas treinta y cinco minutos del nueve de julio del dos mil nueve (folios 186 a 188 del expediente judicial), la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió: “...Se declara que el conocimiento de este proceso corresponde a la jurisdicción Contenciosa Administrativa...”. Que el expediente 09-000138-1027-CA, fue recibido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las trece horas treinta y un minutos del ocho de septiembre del dos mil nueve (folio 191 vuelto del expediente judicial).\n\n \n\n            9.- Que por resolución de las siete horas treinta minutos del veintiuno de septiembre del dos mil nueve (folio 192 a 193 del expediente judicial), este Tribunal procedió a continuar con la tramitación preferente de este proceso de conocimiento y entre otros aspectos resolvió dar audiencia a las partes por el plazo de tres días hábiles, sobre la solicitud de ampliación de la medida cautelar planteada por la parte actora, así como también, acerca de la excepción de litis consorcio pasivo incompleta interpuesta por la demandada Nombre125803  .\n\n \n\n10.- Que  por resolución número 2279-2009 de las catorce horas del catorce de octubre del dos mil nueve (folios 232 a 235 del expediente judicial), este Tribunal resolvió: “Se rechaza la excepción de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el representante de la demandada Nombre125803  ...”. No consta en autos que dicha resolución haya sido apelada.\n\n \n\n11.- Que por auto de las catorce horas treinta minutos del catorce de octubre del dos mil nueve (folio 236 del expediente judicial), este Tribunal otorgó a las partes el plazo de veinticuatro horas, a fin de que se manifestaran sobre los alegatos y las pruebas presentadas por la parte actora, al contestar la audiencia conferida mediante resolución de las siete horas treinta minutos del veintiuno de septiembre del dos mil nueve (folio 192 del expediente judicial), por lo que, una vez vencido ese plazo, se procedería a dictar la resolución escrita que en derecho corresponda, relacionada con la solicitud de ampliación de medida cautelar planteada por la Contraloría General de la República.\n\n \n\n12.- Que por oficio número 997-09 del diecinueve de octubre del dos mil nueve (folio 251 del expediente judicial), el Auxiliar Judicial 3B, Randall Paniagua Castro, comunicó a este Tribunal que “...se interpuso Recurso de Inconformidad de Competencia contra la sentencia N° 955/90 de las siete horas y treinta minutos del veintiuno de mayo del dos mil nueve de ese Tribunal, por lo que ruego comunicar a las partes para que señalen lugar o medio de notificaciones, asimismo enviarnos el expediente referido, así como los documentos respectivos, si los hubiere...”. Que por auto de las once horas treinta y cinco minutos del veinte de octubre del dos mil nueve (folio 252 del expediente judicial), el Juez Coordinador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolvió: “El Superior Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha solicitado la remisión de este proceso por haberse presentado inconformidad, contra la resolución de este Despacho, N° 955-2009, de las siete horas treinta minutos del veintiuno de mayo del dos mil nueve. En virtud de que el Superior tiene su asiento en un lugar distinto al de este Tribunal, se previene a las partes que dentro del plano improrrogable de veinticuatro horas señalen ante dicho órgano superior, medio para atender notificaciones dentro del perímetro del primer Circuito Judicial de San José, únicamente para este trámite...”.\n\n \n\n13.- Que por resolución número 001298-C-S1-2009 de las diez horas treinta y dos minutos del diecisiete de diciembre del dos mil nueve (folio 282 del expediente judicial), la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolvió: “...Se remite el expediente para que continúe su tramitación en el despacho de origen...”. Que el expediente 09-000138-1027-CA, fue recibido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las diez horas quince minutos del once de febrero del dos mil diez (folio 285 vuelto del expediente judicial).\n\n \n\n14.- Que por resolución de las siete horas treinta minutos del doce de febrero del dos mil diez (folio 291del expediente judicial), este Tribunal procedió a continuar con la tramitación preferente de este proceso de conocimiento y resolvió el escrito la solicitud presentada por la Contraloría General de la República en escrito visible a folios 289 a 290 del expediente judicial, en el sentido de requerir a la representante del Instituto de Desarrollo Agrario, que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procediera a remitir en el plazo de veinticuatro horas, copia completa del expediente administrativo, bajo apercibimiento de que en caso contrario, no sólo se tendrán por ciertos los hechos, sino que también, la Jueza Ejecutora del Despacho, procedería a presentarse a las oficinas centrales del Instituto de Desarrollo Agrario, a solicitar y obtener el expediente administrativo completo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 56 del Código Procesal Contencioso Administrativo, si así fuera procedente. Asimismo se le requirió, que indicara al Tribunal las razones por las cuales, no aportó copia completa del expediente administrativo al momento de presentar la contestación de la demanda, a pesar de que así se le ordenó mediante resolución de las siete horas treinta minutos del veintitrés de abril del dos mil nueve.\n\n \n\n15.- Que por resolución número 1118-2010 de las siete horas treinta minutos del veintitrés de marzo del dos mil diez, este Tribunal resolvió la solicitud de ampliación de la medida cautelar planteada por la Contraloría General de la República, en el sentido de que: “Se acoge la ampliación de la tutela cautelar solicitada por la Contraloría General de la República, con relación a la adoptada por este Tribunal en resolución número 593-2009 de las quince horas diez minutos del treinta de marzo del dos mil nueve,  en los siguientes términos: 1) Se ordena a la señora Nombre125803  , en su condición de propietaria registral del inmueble inscrito bajo matrícula de folio real número Placa27014, plano catastrado número Placa22735, que en ejercicio de los atributos propios del dominio adopte las medidas adecuadas y necesarias que garanticen la protección de la biodiversidad del inmueble objeto de este proceso, lo que incluye que tanto ella como cualquier tercero que se encuentre en la propiedad se abstengan de cortar árboles, raíces o ramas, abrir trochas o caminos, chapear, contaminar, eliminar o intervenir las zonas boscosas, introducir animales al dicha zona, sembrar especies exógenas o ajenas a la flora propia de la zona,  realizar cualquier tipo de edificación, realizar mejoras a la edificación existentes y encausar o alterar el cauce de la quebrada o de los yurros que se encuentra dentro de los terrenos objeto de este proceso o cambiar el uso del suelo de este inmueble. Asimismo, deberá facilitar y permitir el ingreso de los funcionarios del Área de Conservación del Pacífico Central,  que serán los encargados de la inspección y fiscalización del cumplimiento de dichas medidas. 2) Asimismo, y como complemento a las medidas antes indicadas, se ordena: a) Al Concejo Municipal, al Alcalde y demás personal a su cargo, que se abstengan de tramitar cualquier solicitud de permiso de construcción y obra sobre el inmueble objeto de este proceso, a saber, la finca inscrita en el Registro Nacional, con matrícula de folio real número Placa27014 (finca titulada) propiedad de Nombre125803  ; b) A la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, que se abstenga de tramitar cualquier solicitud de viabilidad de desarrollo y obras sobre el terreno objeto de este proceso; c) Al Área de Conservación Pacífico Central, que se abstenga de tramitar cualquier solicitud de tala, corta u aprovechamiento de recursos forestales en el terreno objeto de este proceso. 3) Se ordena al Área de Conservación del Pacífico Central  del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), fiscalizar el cumplimiento de la tutela cautelar impuesta a la demandada Nombre125803  y rendir un informe a este órgano jurisdiccional en los términos indicados en el Considerando V.  4) Expídase los mandamientos respectivos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación; a la Municipalidad de Turrubares y a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiental, para lo que en derecho corresponda…”.\n\n \n\n16.- Que por resolución número 237-2010 dictada de manera de manera oral, por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las ocho horas doce minutos del veinticinco de mayo del dos mil diez, se dispuso: “Primero: Se admite la prueba ofrecida y presentada para mejor proveer tanto por la codemandada Nombre141828  como por la CGR, consistente en fotografías del lugar, acta notarial, estudio de Registro Público respecto de la finca #274424-000, fotocopia de certificación SJ-010-2010 del Programa de Pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y certificado de uso conforme de suelo extendido por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), folios 118, 363, 363 y 394 a 402. Segundo: Se confirma resolución # 1118-2010 de 7:30 horas de 23 de marzo, en lo es que objeto del recurso, aclarando en el sentido de que la apelante podrá continuar la actividad de café actualmente existente en la finca hasta su recolección y darle mantenimiento, sin poder realizar nuevas plantaciones.”\n\n \n\n17.- Que por resolución de las siete horas treinta minutos del cinco de julio del dos mil diez (folio 434 del expediente judicial) y dado que la Jueza Conciliadora tuvo por fracasada la etapa de conciliación (folios 429 y 430 del expediente judicial), este Tribunal fijó la celebración de la audiencia única, para las ocho horas del diecisiete y dieciocho de agosto del dos mil diez. Que por resolución de las diez horas del veintiuno de julio del dos mil diez (folios 447 y 448 del expediente judicial), se reprogramó –por una única vez- la audiencia única por causa justificada de las partes demandadas, para las ocho horas del seis y siete de setiembre del dos mil diez. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 83, 85 y 93 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se ordenó recibir la declaración como testigo perito, del Ingeniero Nombre123874   , Director del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones (MINAET), respecto de contenido de la certificación ACOPAC-OT-C-002-10 de 7 de mayo de 2010 y el informe ACOPAC-PNE-025-2010 de 19 de enero de 2010 (folios 422, 409 a 413 del expediente judicial).\n\n \n\n18.- Que por auto de las dieciséis horas treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil diez (folios 454 y 455 del expediente judicial), se subsanaron y adicionaron las resoluciones dictadas alas siete horas treinta minutos del cinco de julio y de las diez horas del veintiuno de julio, ambas del dos mil diez, en el sentido de tener por contestada en tiempo y forma la demanda; tener por interpuestas –y en algunos supuestos, resueltas- las defensas previas y excepciones de incompetencia, litis consorcio pasivo necesario, caducidad, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y falta de derecho; otorgar audiencia de contraprueba a la parte actora y mantener el señalamiento a audiencia única, fijado para las ocho horas del seis y siete de setiembre del dos mil diez.\n\n \n\n             19.- La única audiencia se celebró el día 6 de setiembre del dos mil diez, la cual, fue grabada en el sistema electrónico correspondiente y corre agregada al expediente en un legajo especial. En ella, se reservaron para el dictado de esta sentencia, las excepciones de caducidad –interpuesta por Nombre125803  - y de prescripción –planteada durante la audiencia preliminar por la representante del IDA, respecto a la pretensión de condenatoria en daños y perjuicios-; se ajustaron las pretensiones fijándose según lo descrito en el resultando primero; se fijaron los hechos controvertidos y no controvertidos, trascendentales para el caso y por ende, objeto de prueba; se admitió la prueba documental pertinente; se rechazó la prueba testimonial y pericial ofrecida por la demandada Nombre125803  ; se recibió la declaración en condición de testigo perito del Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAET; las partes rindieron sus conclusiones y al finalizar éstas, el Tribunal declaró este proceso como un asunto complejo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación al numeral 82, inciso 1), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.\n\n         \n\n            20.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. De conformidad con los artículos 111 del citado Código Procesal en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento, previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley.\n\n \n\nRedacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González Vílchez, y; \n\n \n\nCONSIDERANDO.\n\n \n\nI.- HECHOS PROBADOS.  De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen por acreditados los siguientes: 1) Mediante Decreto Ejecutivo No. 3667-G, publicado en La Gaceta No. 72,  del 17 de abril de 1974, el Poder Ejecutivo traspasó en forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización, en tanto no estén comprendidos dentro de las excepciones que indican las leyes No. 2825, 4465, o se trate de dominio privado o que por otras causas no puedan ser no puedan ser traspasados  un área de 267.239 hectáreas para crear el \"Programa de Titulación Parrita - Puriscal\". En dichos terrenos se  ubicaban ocupantes de predios que no tenían regularizada la posesión de esos inmuebles (Hecho no controvertido, Prueba documental identificada como No. 1 en el legajo de pruebas de la CGR).  2) El terreno a que se hace referencia en el hecho probado anterior fue inscrito a nombre del IDA bajo el Sistema Folio Real Matrícula Placa26960 (finca madre) (Hecho no controvertido; Prueba documental identificada como No. 2 en el legajo de pruebas de la CGR).  3) La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 2 de la sesión 055-02, de 12 de agosto del 2002, aprobó el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, el cual fue publicado en La Gaceta No. 173, de 10 de setiembre de 2002 (Hecho no controvertid, Prueba documental identificada como No. 3 en el legajo de pruebas de la CGR). 4) Que el veintiuno de julio del 2003, se inscribió en el Registro Nacional, el plano catastrado número SJ-871001-2003, levantado por el Ingeniero Topógrafo Marco Vinicio Monge Quesada, que corresponde al inmueble situado en El Caite, del Distrito San Luis, del Cantón Turrubares, Provincia de San José, con un área de 52 hectáreas, longitud 1 98, latitud 4 86, hoja cartográfica Candelaria, en el que predomina el área montañosa, rodeada de yurros y de la quebrada Pitalillo conocida como quebrada Pital. Asimismo y colindante con el camino público viejo se hace referencia a un área de pastos y a cultivos de café y maíz. Por último, el plano catastrado SJ-871001-2003  indica que el terreno está afectado por la Ley Forestal 7575, artículo 33. (prueba documental identificada como No. 6 en el legajo de pruebas de la CGR y folios 87 a 89 del expediente judicial);  5) En escritura número doscientos cuatro de 28 de julio de 2003, la  codemandada  Nombre125803   rindió una declaración jurada ante el Notario Carlos Rodríguez Bermúdez, en la cual manifestó, entre otros aspectos, \"...que es propietaria  de la finca sin inscribir que se describe así: terreno de montaña y pastos. Situación: San Luis, distrito cuarto del cantón décimo-sexto, Turrubares, de la Provincia de San José. Medida: quinientos veinticinco mil treinta y siete metros sesenta y dos decímetros cuadrados, según consta en el plano número SJ-ocho siete uno cero cero uno-dos mil tres (…) que adquirió la propiedad descrita de Nombre141829   (…) desde hace más de ocho años, el cual le traspasó la posesión ejercida por él y los anteriores poseedores de más de doce años...\" (folios 93 y 94 del expediente judicial); 6) El 28 de julio de 2003, la codemandada Nombre125803   presentó ante el IDA una solicitud para tramitar una titulación de tierras en Reservas Nacionales, amparado a los artículos 10 y 11 del Reglamento para la titulación de tierras en Reservas Nacionales y la Ley de Tierras y Colonización No. 2825, para que se le otorgara el título de propiedad de la finca ubicada en el Programa Puriscal-Parrita; específicamente en el Caite, del distrito San Luis, cantón Turrubares de la provincia de San José, con una medida de 52 hectáreas, 5,037.62 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-871001-2003 (hecho no controvertido, prueba documental identificada como No. 4 en el legajo de pruebas de la CGR y folio 86 del expediente judicial). 7) Mediante oficio ACOPAC-OTC-259-03, de 7 de agosto de 2003,  Nombre141554  ., Coordinador Ordenamiento Territorial, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, hace constar, en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, que \"...inspeccionada la finca correspondiente a plano catastrado SJ-871001-2003, con área de 52 ha 5037.62 m2, ubicado en Dirección17188      ,  , perteneciente a FR 1219039-000, en posesión de Nombre125803  , céd. 1-596-432. La propiedad se encuentra con cobertura de bosque primario en sucesión clímax (...) Por las coordenadas del plano catastrado, esta propiedad se encuentra fuera de Areas Silvestres Protegidas. No se observa además, que se afecte el artículo Nº 33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 y sus reformas…\" (prueba documental identificada como No. 5 en el legajo de pruebas de la CGR y folio 92 del expediente judicial). 8) Mediante oficio STAO-139-2004, del 19 de abril del 2004, emitido por el Coordinador de Programas Titulación del Área de Titulación del Departamento Ordenamiento Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario y dirigido a la Junta Directiva de esa misma institución, se solicitó la autorización para  segregar y traspasar 168 lotes y parcelas para que se extendieran los correspondientes títulos supletorios de dominio, entre los que se encontraba el terreno a nombre de la codemandada  Nombre125803  y que correspondía con la parcela No. 40-92668 y el plano catastrado SJ-871001-2003. Lo anterior en cumplimiento con las políticas institucionales y con la recomendación de la Oficina Regional de Cartago y con el visto bueno de la Dirección Regional de Central, y por haber cumplido todos los requisitos que establecía el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173 del 10 de setiembre del 2002,  quedando las parcelas y lotes bajo las condiciones y restricciones del artículo XVIII de dicho reglamento (hecho no controvertido, prueba documental identificada como No. 7 en el legajo de pruebas de la CGR; folios 299 a 306 del expediente judicial). 9) El Instituto de Desarrollo Agrario, omitió solicitar el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley, al momento de titular el inmueble objeto de este proceso a favor de la demandada  Nombre125803   (Ver escrito de contestación de la demanda y conclusiones del Instituto de Desarrollo Agrario en la audiencia única que se encuentra grabado en formato digital y que se ubica en el expediente judicial). 10)  La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04, celebrada el 13 de mayo del 2004, aprobó la solicitud de segregar y traspasar y extender título supletorio de dominio, entre otros,  al inmueble a nombre de la demandada Nombre125803  y que correspondía con el plano catastrado SJ-871001-2003. En esa misma sesión de la Junta Directiva, se autorizó a los señores Walter Céspedes Salazar, Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General, para que comparecieran en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortiz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (hecho no controvertido, prueba documental identificada como No. 8 en  el legajo de pruebas de la CGR; folios 307 a 320 del expediente judicial); 11) Mediante escritura pública No. 47, otorgada ante los Notarios Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio,  a las ocho horas del veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, se segregó  y adjudicó  la parcela No. Placa27534  del Proyecto Puriscal Parrita,  de la finca inscrita en el Partido de San José, matrícula de Folio Real No. Placa26960 (finca madre) a la accionada Nombre125803 , correspondiente al plano catastrado No. Placa22735 (hecho no controvertido, prueba documental identificada como No. 9  en  el legajo de pruebas de la CGR). 12) En la escritura pública No. 47,  mencionada en el hecho probado anterior, no se consignaron las limitaciones ni estipulaciones establecidas en los artículos 67 y 68 de la Ley No 2825  (Hecho no controvertido, prueba documental identificada como No. 9 en  el legajo de pruebas). 13) La parcela No. Placa27534, del Proyecto Puriscal Parrita correspondiente al plano catastrado No. SJ-871001-2003 fue inscrita en el Registro Nacional el día 18 de enero de 2005, bajo el Sistema Folio Real, matrícula No Placa27014 -finca titulada-, a nombre de Nombre125803   (hecho no controvertido, prueba documental identificada como No. 10  en  el legajo de pruebas de la CGR). 14) Que a las diez horas del dieciséis de octubre del dos mil seis, la Ingeniera Forestal Nombre141830   , código 5109, certificó que “...el área máxima sujeta a Pago de Servicios Ambientales, modalidad protección de bosque es de 46.5 ha, según croquis que se anexa a esta certificación, basado en el plano catastrado SJ-871001-2003 realizado por IT Marco Vinicio Monge Quesada, IT4226; dicha área corresponde a cobertura boscosa de acuerdo a la definición dada en el artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575. Aunado a lo anterior, doy fe de la existencia de los colindantes. La finca cuenta con área de repasto y una casa, que está abandonada, dichas áreas fueron excluidas del área bajo PSA...” (ver folios 19 a 14 del expediente administrativo de FONAFIFO);  15) Que por escritura pública número 116-15 otorgada ante el Notario Público Mario Alberto Sánchez Hernández, a las dieciocho horas del diez de noviembre del dos mil tres, la demandada Nombre125803   suscribió con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) del Ministerio de Ambiente y Energía, un contrato de pago de servicios ambientales, modalidad de protección de bosque, contrato número SJ-01-22-0071-2006, que en su cláusula número 4 establece que: “...EL BENEFICIARIO” se compromete a: a) Proteger el bosque, la cobertura vegetal o los procesos de regeneración, del área comprendida en este contrato, y por ende no cortar árboles, o cualquier tipo de vegetación. b) Contar con un Regente Forestal, debidamente colegiado, responsable de la ejecución técnica durante la vigencia del contrato, c) Prevenir y controlar los incendios forestales. d) Prevenir y evitar la cacería ilegal y la extracción ilegal de otros productos del bosque, e) No desarrollar actividades agrícola y/o ganaderas, f) No efectuar acciones de corta y extracción de productos maderables, g) no realizar ninguna actividad que altere el comportamiento natural del área a proteger, h) Comunicar al MINAE, cualquier alteración o contingencia que ocasione cambios en el área protegida, i) Permitir el libre acceso del personal del MINAE, FONAFIFO, encargado del control, al lugar del área sujeta al PSA facilitando su labor, j) Ceder al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, los servicios ambientales, generados por su bosque. K) Acatar cualquier recomendación técnica emitida por el MINAE o el regente, en forma escrita...” (Prueba documental identificada como No. 11 en el Legajo de Pruebas presentado por la parte actora y folios 27 a 24 del expediente administrativo del FONAFIFO); 16) Que el testimonio de la escritura pública número 116-15 otorgada ante el Notario Público Mario Alberto Sánchez Hernández, fue inscrito en el Registro Nacional el catorce de noviembre del dos mil seis y como consecuencia de esa inscripción se asignó un gravamen de afectación y limitación al bien inmueble propiedad de la demandada Nombre125803  , matrícula número Placa27014 (hecho no controvertido, pruebas documentales identificadas como No. 10 y 11 de Legajo de Pruebas de la CGR); 17) La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 2063-2007, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007 anuló por inconstitucional el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por  acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta  173, del diez setiembre del dos mil dos . Que dicha sentencia fue publicada de forma íntegra en el Boletín Judicial número 190 del miércoles 3 de octubre del dos mil siete (hecho no controvertido; prueba documental identificada como No. 12 en  el legajo de pruebas de la CGR). 18) Mediante Decreto ejecutivo No. 34654-MGP, de 7 de julio de 2008, se derogó, entre otros, el Decreto Ejecutivo No. 3667-G (hecho no controvertido-prueba documental identificada como No. 13 en  el legajo de pruebas). 19) Que a los trece días del mes de mayo del dos mil nueve, el Director de Servicios Ambientales de FONAFIFO, emitió la constancia número PSA-026-2006, en el sentido de que los montos que se han desembolsado a la fecha, por pago de servicios ambientales, correspondientes al contrato número PSA SJ-01-22-0071-2006 a nombre de Nombre125803  , son: $2.976,00 (dos mil novecientos setenta y seis dólares) correspondiente a la primera cuota, pagados el trece de diciembre del dos mil seis, orden de pago número 13025; $2.976,00 (dos mil novecientos setenta y seis dólares) correspondiente a la segunda cuota, pagados el dos de febrero del dos mil siete, orden de pago número 13789 (ver folio 207 del expediente judicial); 20) Que por oficio número DEGEO-099-09 del treinta y uno de julio del dos mil nueve, el Departamento de Geografía del Instituto Geográfico Nacional, realizó un estudio fotointerpretativo de la finca propiedad de Nombre125803  , ubicada en El Caite de San Luis de Turrubares, San José, con los siguientes resultados: “...a. La fotografía aérea de 1964 muestra que ese año el uso de la tierra en la propiedad con plano catastrado número SJ-871001-2003 era bosque en su totalidad. b. En la fotografía aérea de 1974 se observa que la cobertura boscosa fue parcialmente eliminada, específicamente en la parte suroeste, donde se observan tres áreas de charrales y matorrales y un área de pastos. c. En la fotografía aérea de 1984 el área de pastos y las áreas de charrales y matorrales existentes en 1974 se incrementaron. Ese incremento es mayor en la categoría de uso de charrales y matorrales. d. En 1992 la cobertura boscosa se incrementó con respecto a 1984. El aumento en la cantidad de bosque se debe a que parte del área de charrales y matorrales evolucionó a bosque. La mancha de pastos se mantiene similar a 1984. e. En 1997, último año en estudio, el uso de la tierra en la propiedad con plano catastrado número SJ-871001-2003 es parecido a 1992. El bosque, que sigue siendo el uso de la tierra predominante, es ligeramente mayo a 1992, ya que el área de matorrales pasó a bosque...” (ver folios 202 a 206 del expediente judicial); 21) Que conforme a la Hoja Cartográfica de Capacidad de Uso de la Tierra Clases Forestales, No. Placa7850 Candelaria de la Fundación Neotrópica, y al plano catastrado número SJ-871001-2003, que corresponde al inmueble situado en El Caite, del Distrito San Luis, del Cantón Turrubares, Provincia de San José, con un área de 52 hectáreas, longitud 1 98, latitud 4 86, la capacidad de uso de las tierras ubicadas en dicha latitud y longitud, corresponden a las clases VII (manejo de bosque natural o regeneración) y VIII (protección), específicamente a la clasificación VII6nv (tierras aptas para el manejo del bosque o regeneración natural, con pendientes de 50 a 75% y limitantes de neblina y viento) y VIII7nv (tierras aptas para la preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica, con pendiente mayor a 75% y con limitantes de neblina y viento) (pruebas documentales identificadas como No. 6 y 16 en  el legajo de pruebas de la CGR); 22) Que el treinta de setiembre del dos mil nueve, el Director del Área de Conservación Pacífico Central del SINAC, Ingeniero Nombre123874   , emitió la certificación número CED111526, en el sentido de que “…Efectuado el estudio en la hoja cartográfica “Candelaria” Placa7850, del mapa básico de Costa Rica, escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número SJ-871001-03, en posesión de la señora Nombre125803  , cédula Nº CED111527, dice que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE LOS LÍMITES DE CUALQUIER AREA SILVESTE PROTEGIDA, SEA CUAL SEA, SU CATEGORÍA DE MANEJO, ADMINISTRADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN. Asimismo certifico que para la eliminación de árboles, se debe contar con el respectivo permiso (Art. 27 de la Ley Forestal), se debe respetar las áreas de protección (Art. 33 y 34 de la Ley Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque…” (folio 224 del expediente judicial); 23) El Informe No. ACOPAC-PNE-025-2010, elaborado el 19 de enero de 2010, por Nombre141831  , Coordinador de Ordenamiento Territorial y Nombre26741  , de la Unidad de Visados de ACOPAC, referido a una  inspección realizada en el terreno objeto de este proceso, concluyó en lo que interesa que \"...1. La propiedad cuenta con más del 60% de terreno cubierto de bosque primario y secundario, con intervención baja, ya que por pendiente estos terrenos son de difícil acceso y la propietaria ha deseado conservarlo en ese estado ya que en años pasados gozaba de incentivo de Protección al Bosque, según lo manifestado. No así lo observado en propiedades colindantes que con características similares a esta propiedad se encuentran totalmente alteradas, dedicadas a la ganadería extensiva en terrenos de actitud (sic) forestal y actos (sic) únicamente para la protección. 2. Al encontrarse la propiedad ubicada en la Zona Protectora Cerros de Turrubares, Área Silvestre Protegida, creada mediante Ley Nº 6900, artículo 3º inciso 5º del 01 de diciembre de 1983, categoría de manejo administrado por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en referencia a lo expuesto por la Ley Orgánica del Ambiente Nº 755, artículo 32, y siendo la protección del bosque interés de la Institución como rectora de los recursos naturales y en general de las políticas ambientales del país, no se puede decir que estos terrenos están fuera del interés de conservación y protección, de igual forma otros terrenos con cobertura y de actitud (sic) forestal de esta zona que son propiedades privadas. Ya que el fin principal de la creación e la Zona Protectora es la protección del recurso hídrico, suelo y bosque de l región. 3. Si bien es cierto, la posesión de la propiedad fue formalizada por medio del sistema de titulación asignado al IDA, según las manifestaciones del señor Nombre141829, él y su esposa adquirieron la propiedad por compra y se han preocupado por conservarla. 4. En la Oficina Subregional de Puriscal y en la Dirección del Area de Conservación Pacífico Central, no se ha tenido conocimiento alguno de que esta propiedad haya pertenecido o pertenezca al Estado, bajo la administración, por lo que no podríamos determinar que es Patrimonio Natural del Estado (PNE), que según lo establecido en la Ley Forestal 7575 artículo 15, se considera PNE todos aquellos terrenos con cobertura boscosa y de aptitud forestal. Lo anterior en base a la consulta de los archivos existentes. 5. En base  lo anteriormente expuesto, estos terrenos no forman parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE)…” (folios 377 a 391, 409 a 413 del expediente judicial y declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC ); 24) Que por nota del dos de febrero del dos mil nueve, el Área Legal de FONAFIFO le informó al Encargado de la Oficina Regional San José- FONAFIFO, que: “...según estudio de Registro del inmueble Folio real 561863-000 del Partido de San José se ejecuta el proyecto, presenta un gravamen que es una anotación de una demanda penal ordenada por el Segundo Circuito Judicial de San José, razón por la cual hasta tanto no se levante dicho gravamen, no procede el pago del contrato señalado, el cual queda suspendido en sus efectos hasta las resultas de este proceso o en su defecto el levantamiento del gravamen respectivo...” (ver folios 62 y 59 del expediente administrativo de FONAFIFO); 25) El Certificado de Uso Conforme del Suelo en el inmueble que corresponde al plano catastrado No. SJ-871001-2003,  elaborado el 21 de abril de 2010 por la Ingeniera María José Elizondo Alvarado, del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), dividió y analizó el uso del suelo en  el inmueble objeto de este proceso. En lo que interesa señaló \"...Sector A. Uso Actual. Bosque Secundario. Unidad de manejo VIII e1s24d1c23. Limitaciones de la Unidad de Manejo. Tierras con pendientes fuertemente escarpadas, texturas moderadamente gruesas en el suelo, fertilidad aparente media, drenaje excesivo, período seco y neblina fuerte. AREA . Ha.42,63. 85%. Sector B. Uso Actual. Potrero. Unidad de Manejo. VII e12s24d1c23. Limitaciones a la Unidad de manejo. Tierras con pendientes escarpadas, erosión moderada texturas moderadamente gruesas en el suelo, fertilidad aparente media, drenaje excesivo, período seco y neblina fuerte. AREA. Ha. 8,41 16,03%. Sector C. Uso Actual. Cultivo permanente. Unidad de Manejo. VI e12s4d1c23. Limitaciones a la Unidad de Manejo. Tierras con pendientes fuertemente onduladas, erosión leve, fertilidad aparente media, drenaje excesivo, período seco y neblina fuerte. AREA. 1,45 ha 2,77%.  RESOLUCIÓN. De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779, del 30 de abril de 1998 y con base en la visita de campo, esta instancia certifica que en la finca NO SE HA EJERCIDO con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo a la metodología aprobada (...) Recomendaciones: Las áreas de café y de bosque secundario deben mantenerse bajo las condiciones presentes, ya que son acordes con la capacidad de uso de las tierras. En el sector B donde se encuentra el potrero debe de evitar el paso de semovientes, y dejar esta área en regeneración natural ya que al ser suelos con pendientes escarpadas no son aptas para ninguna actividad agropecuaria...\" (folios 463 a 466  del expediente judicial); 26) El 7 de mayo de 2010, el Ingeniero Nombre123874  , Director de Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación certificó que \"...Realizado el estudio del informe de inspección de campo Placa27678 y la revisión respectiva en la hoja cartográfica \"Candelaria\" Placa7850 del mapa básico de Costa Rica, escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada y los criterios técnicos que el inmueble Folio Real matrícula número Placa27679, descrito en el plano catastrado número Placa27680, del cual es propietaria la señora Nombre125803  , cédula de identidad No. CED111527 NO FORMA PARTE DE TERRENOS DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Lo anterior en concordancia con lo expuesto en el Artículo 13 de la Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril 1996...\" (folios 376, 405, 422 del expediente judicial y declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC) ; 27) Que el veinticuatro de mayo del dos mil diez, el Encargado de la Oficina Regional San José Occidental de FONAFIFO, emitió la certificación número SJ-010-2010, en la cual, se indica que con vista en el expediente número 22-SJ-303, contrato SJ-01-22-0071-2007, a nombre de Nombre125803  , el inmueble inscrito bajo matrícula de folio real Placa27679, plano catastrado Placa22735, se encuentra “…en la modalidad de protección de bosque por un período de cinco años, con un área bajo contrato de cuarenta y seis hectáreas. A la fecha los pagos correspondientes a los servicios ambientales prestados por el inmueble se encuentran suspendidos, desde el año 2007…” (ver folios 395 y 396 del expediente judicial); 28) El terreno objeto de este proceso está ubicado en medio de una zona montañosa de diversa biodiversidad, caracterizada por una cobertura boscosa parcial, pendientes abruptas, y la existencia de una quebrada llamada Pitalillo o Pital, así como, de diversos yurros (Ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009 y plano catastrado que consta en el legajo de pruebas aportado por la parte actora e identificado como prueba documental No. 6); 29) En la zona sureste de la finca, prácticamente en una especie de hueco, se ubica una edificación o choza de latas en condición precaria, cercada y a la que no fue posible acceder, dado que el peón o persona encargada del cuidado de la finca, es quién tiene la llave del candado y no se encontraba el día en que se practicó la diligencia de reconocimiento. Se observa además, que en las afueras de dicha choza, se encontraba un estañón con agua (Ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009 y fotografías a folios 365 y 366 del expediente judicial); 30) Aledaña a la zona en que se encuentra la edificación, crece un número considerable de plantas de café de tamaño mediano, que al fecha del reconocimiento no estaban en producción, aunado a que se encuentran localizadas en un área con mucha pendiente (Ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009 y fotografía a folio 374 del expediente judicial); 31) En la parte plana de la propiedad, específicamente al lado izquierdo de la entrada al inmueble (sureste), se observó un corral pequeño de reciente construcción, no sólo porque la madera se notaba recién cortada, sino porque otros materiales utilizados para su construcción son nuevos (ver video de reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009); 32) En la parte plana de la propiedad, específicamente al lado derecho de la entrada al inmueble (suroeste), se observa que se habían llevado a cabo movimientos de tierras recientes –el suelo en ese lugar es arcilloso-, zona en la cual, también se ha realizado una especie de camino o trocha. Se observa al lado izquierdo de dicho camino o trocha, que se ha amontonado restos de vegetación, como ramas, hojas, entre otros (ver video de reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009); 33) Se constató la presencia de varios peones agrícolas (aproximadamente cinco) realizando labores de chapea y corta de árboles, inclusive se acreditó la utilización de “motoguaraña”, así como la utilización de sustancias químicas como el denominado “Evigras”, que es un herbicida cuyo principal componente es el glifosato, con características tales como amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes (ver video de reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009); 34) El día del reconocimiento judicial, no se evidenció la presencia de ganado en el terreno, como tampoco, la existencia de bebederos o comederos para las bestias. En algunas zonas del área montañosa, específicamente bajando el área de pendiente, había algunas boñigas secas. El señor Nombre141829   –pareja de la demandada Nombre125803 - manifestó que el ganado bebe agua de los yurros durante el invierno (ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009); 35) Que a pesar de que la zona boscosa era la predominante, según se desprende del plano catastrado SJ-871001-2003 de la certificación emitida por la Ingeniera Forestal código 5109 y del estudio foto interpretativo número DEGEO-099-09 del Instituto Geográfico Nacional, durante el reconocimiento judicial se pudo constatar que la cobertura boscosa ha disminuido considerablemente, tan es así, que prácticamente la mayor parte de la zona de pendientes, carece de árboles, arbustos y otro tipo de plantas (ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009); 34) El área boscosa se localiza a mucha distancia del área de pendientes y principalmente se ubica en la parte baja del terreno. El señor Nombre141829    –pareja de la demandada Nombre125803 - no pudo indicar con seguridad si pertenecen o no al inmueble objeto de conflicto (Ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009); 35) Que con vista en el Informe ACOPAC-PNE-025-2010 del diecinueve de enero del dos mil diez y en la certificación ACOPAC-OT-C-002-10 del siete de mayo del dos mil siete, el Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC, en declaración rendida el seis de octubre del dos mil diez, indicó que \"...el PNE constituyen áreas de bosque o de vocación forestal que se encuentran o pertenecen a cualquier institución del Estado. Que la vocación forestal se determina con base en un criterio técnico que se realiza con base  en la Metodología para la Clasificación de Tierras en Costa Rica y con base en las características del terreno se le clasifica en las diversas categorías. Si el estudio determina que es de clase 7 u 8, será un suelo de vocación forestal, aunque no tenga bosque si tiene esas características y estamos ante una propiedad del estado, es de vocación forestal. La cobertura de bosque no tienen nada que ver, pues si el terreno es de vocación forestal será patrimonio natural del Estado. La propiedad privada no se le puede considerar como PNE, porque ya no es de una institución del Estado. Por las características de la finca y de acuerdo al informe, sería patrimonio natural del Estado. Hay PNE aún y cuando no haya bosque, se encuentre o no en un área silvestre protegida. Que la ACOPAC no es la autoridad competente para clasificar suelos, es el INTA a través de un perito. Nosotros establecemos la pendiente, que es una característica determinante para establecer la vocación forestal, que en un área 8 de suelos es del 60 al 70%. En este caso y de acuerdo al informe, la pendiente es de un 55% a un 90%...\" (ver declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC); 36) Que bajo matrícula de folio real número Placa27681, se encuentra inscrito desde el siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, un inmueble a nombre de Nombre125803  , que se describe como terreno de pastos y charral, ubicado en el distrito 4 (San Luis), cantón 16 (Turrubares) de la Provincia de San José (ver folios 394 y 510 del expediente judicial).\n\n \n\n             II.- HECHOS NO PROBADOS. Determinante para la resolución del presente proceso, se tiene por indemostrado lo siguiente: UNICO. Que la codemandada  Nombre125803  haya actuado de mala fe al momento de solicitar la titulación del inmueble objeto de este proceso y en su posterior titulación (no hay prueba que lo demuestre).\n\n \n\n            III.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO.   Del marco de las pretensiones, defensas deducidas por las partes y el análisis de los alegatos formulados en la única audiencia realizada,  considera este Tribunal que el punto medular del presente proceso versa sobre la alegada invalidez de una serie de conductas administrativas del IDA, escrituras públicas y asientos registrales mediante los cuales, a juicio de la accionante,  se tituló e inscribió en forma ilegítima,  el inmueble descrito en el plano catastrado No. Placa22735 e inscrito en el Registro Nacional bajo el Sistema Folio Real Matrícula No. Placa27682 a nombre de la demandada Nombre125803  , actual propietaria del inmueble. En lo medular, el órgano contralor, fundamenta la invalidez de las conductas formales en lo siguiente: 1. La Sala Constitucional anuló por inconstitucional el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, por lo que de forma conexa todos los actos administrativos que se emitieron con base en esa normativa reglamentaria devienen en nulos. Así las cosas, por conexidad resulta nulo el acuerdo de la Junta Directiva del IDA mediante el cual  se le tituló a la codemandada Nombre125803  el inmueble objeto de este proceso. También padecerían del mismo vicio de invalidez todos los actos que son consecuencia de esa titulación,  como la escritura pública de traspaso de la propiedad; el respectivo asiento registral de inscripción, el contrato de pago por servicios ambientales número Placa27532 suscrito con el FONAFIFO y su respectivo asiento registral. 2. Existe violación directa del ordenamiento jurídico por parte del instituto accionado, al desconocer principios constitucionales relacionados con la tutela constitucional del ambiente, entre ellos el Precautorio, la objetivización en materia ambiental y la necesidad de que priven criterios técnicos en la toma de decisiones en esta materia, la inexistencia de silencio positivo en materia ambiental, los elementos y características del dominio público. 3. Por impedimento legal, técnico y científico: la propiedad titulada por el IDA a la demandada Nombre125803  está constituida por bosques que son Patrimonio Natural del Estado, por lo que ese inmueble es de dominio público o demanial. En consecuencia, es inembargable, imprescriptible, inalienable, por lo que el IDA no podía otorgar títulos de propiedad en un bien de esta naturaleza. Por ello pide que se declare Patrimonio Natural del Estado y se traslade su posesión, así como su propiedad, al Estado, específicamente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 4. Por omitir requisitos sustantivos esenciales en el procedimiento de titulación. Indica al efecto que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, obliga al IDA a que previo a otorgar una titulación, cuente con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que de forma ilegal se incumplió al momento de titular la propiedad objeto de este proceso a favor de la demandada Nombre125803 . Además, de que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le imposibilitaba al IDA titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios. 5. Considera que la excepción de caducidad resulta improcedente, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley Forestal y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las acciones tendentes a la recuperación de bienes de dominio público, como lo son, aquellos terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, no está sujeta a los plazos de prescripción o caducidad. 6. Estima que la excepción de prescripción interpuesta por la representante del IDA, en cuanto a la pretensión de condena en abstracto de daños y perjuicios, resulta improcedente, no sólo porque se trata de de una pretensión subsidiaria que se deriva de la declaratoria de nulidad absoluta de los actos impugnados, sino que además, se trata de conductas administrativas con efectos continuados, que aún no han cesado. Solicita que de declararse la nulidad de las conductas impugnadas, se condene, en abstracto al IDA al pago de los daños y perjuicios ocasionados; y que se establezca, para los efectos del artículo 200 de la Ley General de la Administración Pública, si la invalidez que se declara es o no manifiesta. Por su parte el IDA, codemandado en este asunto, externó sus argumentos defensivos, indicando en lo medular, los siguientes: 1. La propiedad objeto de este proceso no constituye Patrimonio Natural del Estado ni dominio público. En ese sentido, aportó una certificación del Area de Conservación Pacífico Central del SINAC según la cual el inmueble objeto de este proceso no forma parte de los terrenos que forman el Patrimonio Natural del Estado. 2. El artículo 72.b de la Ley Forestal y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permiten titular en reservas nacionales. 3. El estudio de suelo no era esencial para determinar si el inmueble era o no Patrimonio Natural del Estado, en realidad se trata de un requisito subsanable de carácter formal y no de fondo.  4. La titulación otorgada a la demandada Nombre125803  fue correcta y se ajustó a la legislación vigente. El requisito de estudio de suelo no podía pedírsele a una persona que venía poseyendo el inmueble para fines productivos. 5. No hubo una mala utilización del inmueble, ni daños, más bien se suscribió un contrato de pago por servicios ambientales con el FONAFIFO. 6. La codemandada  Nombre125803  cumplió todos los requisitos exigidos en ese momento para el otorgamiento del título de propiedad, y  el IDA actuó dentro del bloque de legalidad y bajo el marco de la normativa que regula su actividad. 7. La constancia elaborada por el Área de Conservación Pacífico Central, Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, aportada durante el trámite de titulación, indicaba que la propiedad objeto de este proceso, se encontraba fuera de la Áreas Silvestres Protegidas,  por lo que se actuó ajustado a derecho.  8. El artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, si bien es cierto establece la necesidad de que el IDA realice estudios de capacidad de uso de suelos, esa norma se aplica para fincas que compre el IDA con recursos propios para destinarlas a la formación de Asentamientos Campesinos, y éste no es el caso, ya que lo que sucedió fue que por Decreto Ejecutivo se traspasaron miles de hectáreas en todo el territorio nacional, por lo que esa norma no se puede aplicar en este asunto. 9. Si bien es cierto que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, solicita un estudio adecuado de uso conforme de suelos para los procedimientos de titulación realizados por el IDA, se consideró que éstos debían ser realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le encargó posteriormente, al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA), y por motivos de escasez  de recursos humanos y técnicos comenzaron a realizarse esos estudios hasta el año 2001.  10. Para cuando se le otorgó el título al demandado el INTA, no contaba con el mecanismo o estructura para la atención de las certificaciones de uso conforme de suelos y es a esta institución la que le correspondía llevar a cabo las certificaciones de uso conforme de suelo del IDA, y el INTA, suspendió este tipo de certificaciones. 11. El derecho de propiedad de la codemandada Nombre125803  deriva de una posesión decenal. 12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo numero 3667-G, la Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, debía comunicar al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación de ese Decreto, cuáles tierras comprendidas en el traspaso gratuito al ITCO, debían ser declaradas como reserva forestal o de otra índole, ya que pasado dicho plazo, se considerarían allanadas sus posibles objeciones. Asimismo considera que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo número 34654-MGP –que deroga el Decreto Ejecutivo 3667-G en que se basó la titulación en tierras en reservas nacionales- no ordena la nulidad de todos los títulos generados a consecuencia del Decreto 3667-G que fue derogado. 13. Por último, considera que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 198 de la Ley General de la Administración Pública, está prescrita la pretensión de condenatoria en abstracto de daños y perjuicios al IDA, toda vez que las conductas imputadas al IDA datan del año 2004 y la demanda fue interpuesta hasta enero del año dos mil nueve.  Finalmente, la accionada Nombre125803  argumentó  en su defensa que el inmueble que les fue titulado no estaba determinado como un bien de dominio público, sino como uno que se podía titular en virtud del decreto 3667-G y la Ley No. 2825. Dice, que la titulación cumplió todos los requisitos exigidos. Insiste que el terrenos se encontraba fuera de las áreas protegidas, aunado a que no existen estudios técnicos de los que se desprenda con claridad que se trata de un bien de dominio público. Que la sola existencia de bosque, no es un factor que determine que el terreno forme parte del Patrimonio Natural del Estado. Tan es así, que el Director de la ACOPAC indicó que el área en que se ubica el inmueble de Nombre125803  , no se encuentra bajo administración del MINAET. Indica que la demandada ha actuado de buena fe, no sólo en el procedimiento de titulación, sino también, en el manejo que se le ha dado al inmueble, en el cual, si bien es cierto se llevan a cabo actividades productivas de ganadería y siembra de café, también lo es, que se ha protegido el bosque pues hasta se suscribió para tal efecto, un contrato de pago por servicios ambientales con el FONAFIFO. Sostiene que la Contraloría General de la República, carece de legitimación activa, toda vez que interpuso la demanda sin que de previo existiera una declaratoria de lesividad de los actos declarativos de derechos dictados a favor de la señora Nombre125803 . Por último, considera que debe acogerse la excepción de caducidad, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, vigente al momento en que se dictaron las conductas impugnadas y aplicable en esas condiciones conforme a lo dispuesto en los transitorios III y IV del Código Procesal Contencioso Administrativo, el proceso contencioso administrativo debía interponerse en el plazo de cuatro años contados a partir de la adopción del acto, pues de lo contrario se provocaría una violación de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima. En virtud de lo anterior, considera que aún y cuando se llegará a declarar la nulidad absoluta del título de propiedad otorgado por el IDA a favor de Nombre125803  , no debe procederse a su desalojo de inmueble. \n\n \n\n            IV. -EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN.  Considera este órgano colegiado que, previo al examen de legalidad de las conductas administrativas cuya nulidad se reclama, es necesario referirse, de modo general, al Patrimonio Natural del Estado, como un bien demanial. Lo anterior toda vez que, en el caso concreto, parte fundamental de la controversia radica en determinar si el inmueble objeto de este proceso, constituye o no Patrimonio Natural del Estado, a efectos de establecer si las conductas administrativas mediante las cuales se tituló la propiedad en favor de la demandada Nombre125803 , se ajustaron o no al Ordenamiento Jurídico.  En ese sentido, debe señalarse que mediante la resolución No. 0063-2009, dictada por esta Sección, a las 16  horas del 19  de enero de 2009, se indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente: \".... Reconocimiento constitucional  del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental  no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil  novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales  (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve).  Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan: el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres). Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No.  5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. Placa27062 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No.  6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado,  respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y  cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que “La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado  frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras,  en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos:  procesales y materiales.  Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso,  no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio,  como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación  del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13  de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal;  Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que  “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas. Sobre el Patrimonio Natural del Estado. Conforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada ( y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE  y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Cabe resaltar que,  tanto las Áreas Silvestres Protegidas como el resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal comprendidas en la zona marítimo terrestre, están excluidas del ámbito  de regulación de la Ley No. 6043 y por ende, de la competencia de la Municipalidades, como se ampliará posteriormente.  Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reinvindicatoria del PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo. Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia,  la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte.  No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto. En consecuencia,  la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto.  Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables…\"(Ver en el mismo sentido, la resolución No. 1842-2009 y la No. 038-2010, dictadas por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo a las 7 horas 30 minutos del 31 de agosto de 2009 y a las 14 horas 45 minutos del 11 de enero de 2010, respectivamente). De las sentencias citadas es menester destacar algunos aspectos que resultan de vital importancia en la resolución del caso concreto. Sin duda, el Estado tiene una obligación constitucional y legal, de garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y darle a todas las personas los instrumentos para defender este derecho fundamental. En ese tanto, es indispensable el uso de mecanismos de carácter técnico y científicos en la toma de decisiones que involucren la materia ambiental. Ahora bien,  el Patrimonio Natural del Estado es parte del dominio público, en virtud no solo de la afectación constitucional según se ha explicado,  sino también por disposición expresa del legislador en distintas leyes, actualmente en la Ley Forestal. Así las cosas, el Patrimonio Natural del Estado se encuentra protegido por el régimen especial aplicable a los bienes demaniales  conforme al cual, por su vocación y destino, están fuera del comercio del ser humano, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Como consecuencia de ello, no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión. Desde esta perspectiva, su posesión por parte de particulares no causara derecho alguno a su favor. Son bienes que están sujetos al poder de policía, en lo atinente a su aprovechamiento y uso, ya que está condicionado al otorgamiento de las respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la Administración. Finalmente, cuenta el Estado con una serie de instrumentos procesales para la recuperación de este tipo de bienes, cuando han salido, ilegítimamente, del dominio público.  Por otra parte, el Patrimonio Natural del Estado se encuentra constituido, entre otros, por los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques y que tengan vocación forestal conforme a la clasificación del uso del suelo y la presencia de pendientes iguales o superiores al 60%, independientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales (artículo 13 de la Ley Forestal y declaración del testigo perito Nombre123874   , en su condición de Director de la ACOPAC del SINAC).  Se trata, en este supuesto, de una  afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado, de cualquier inmueble que se encuentre cubierto de bosque (artículo 15 de la Ley Forestal) y que tengan vocación forestal  conforme a la clasificación del uso de suelos -clases de suelos VII y VIII- (declaración del testigo perito Nombre123874   , en su condición de Director de la ACOPAC del SINAC; hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional y de la Fundación Neotrópica; y artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos). Por ello,  si los órganos técnicos correspondientes detectan la existencia de bosques y/o terrenos con vocación forestal conforme a la clasificación del uso de suelos, automáticamente y sin necesidad de declaración expresa previa, estos inmuebles pasaran a manos del Estado para que sean protegidos. De esta forma, un aspecto fundamental a dilucidar es si el inmueble objeto de este proceso constituye o no Patrimonio Natural del Estado.\n\n \n\n            V.- SOBRE LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES.  Para este Tribunal, otro aspecto importante que debe tenerse presente en la resolución del presente asunto son los efectos de la sentencia No. 2063-07, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete. En dicha resolución se anuló por inconstitucional el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por  acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta No. 173, del diez setiembre del dos mil dos; mismo que a su vez, sirvió de fundamento para la titulación cuya validez se cuestiona en este proceso.  Entre los aspectos que interesa resaltar, se tiene que en dicha resolución se confirma que el Patrimonio Natural del Estado, conformado por parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales, entre otros, constituye parte del demanio público.   Partiendo de esa premisa, la Sala hace un recuento de diferentes normas ya declaradas inconstitucionales, mediante las cuales se pretendía la titulación en reservas nacionales (ver en ese sentido la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, en sentencia número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve; la anulación –por inconstitucional– de la totalidad de esa misma ley en el Voto No. 2001-8560, de las quince horas treinta y siete minutos del veintiocho de agosto del dos mil uno). Estimó en aquel entonces la Sala Constitucional que se estaba ante zonas \"[...] protegidas precisamente por la importancia y relevancia que tiene para nuestro país, el mantener un ambiente ecológico equilibrado, aunado a los compromisos que ha asumido el país en una serie de convenios internacionales en busca de la protección mundial del medio ambiente ....En el caso bajo examen, la norma impugnada pretende titular unas zonas que han sido declaradas protegidas, precisamente por lo importante que resulta su conservación frente a las diversas actividades propias del hombre que vienen a alterar los ecosistemas y hábitat del medio ambiente que se desarrolla en estos lugares, así como la preservación de los bosques, los cuales son importantes para la generación de bienes esenciales e invaluables, como lo es el agua. El legislador en la presente ley, pone de manifiesto la necesidad de otorgarle un título de propiedad a los ocupantes de las zonas en cuestión, haciendo ver que la adquisición es con las limitaciones y protecciones ambientales que al respecto existen, sin embargo, del estudio de la norma impugnada se tiene que la facultad de titular en estas áreas, recae sobre un ámbito indiscriminado de aplicación, lo cual, de suceder así, podría estarse titulando áreas en las que son incompatibles muchas de las actividades que realiza el hombre y que podrían perjudicar seriamente el ecosistema ahí desarrollado así como la vulneración que existiría por parte del Estado para poder ejercer una adecuada vigilancia en ellas, lo cual, aún en el caso de que se parta del supuesto de que esas personas han venido ocupando desde hace muchos años estas áreas que son bienes de dominio público, esto no justifica en forma alguna que se pueda titular cualquiera de estas áreas, puesto que, el mismo Estado en protección del medio ambiente puede ordenar el desalojo de estas personas, en aquellas áreas donde más bien su presencia estén produciendo un efecto contraproducente, lo que provocaría consecuentemente, que en el caso de que se titularan este tipo de áreas, tendría el Estado que expropiar un bien que tal vez tuvo que expropiar alguna vez para declararlo zona de protección, incurriéndose en un acto irrazonable.  Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito... \" (sentencia número 2988-99, supra citada). Por otra parte, se establece que las reservas nacionales son inmuebles que han sido incorporados al régimen del Patrimonio Natural del Estado, precisamente para la debida tutela y conservación del ambiente natural.  Ahora bien, el Reglamento de Titulación se declaró inconstitucional entre otros motivos, porque facilitaba la titulación en zonas protegidas sin tomar en consideración la naturaleza jurídica demanial de este tipo de bienes.  En lo que interesa se indicó que \"...se evidencia la grave situación que permite esta regulación, desconociendo las características esenciales de los bienes de dominio público, que precisamente los sacan del comercio de los hombres –contrario a lo previsto con antelación el artículo 262 del Código Civil, que data de mil ochocientos ochenta y seis–, y que en consecuencia hace que sea absolutamente imposible su posesión, venta o gravación, sin antes haberse desafectado, materia que se repite, está reservada a la ley formal y material (emanada de la Asamblea Legislativa conforme a los procedimientos ordinarios de formación de las leyes), previo estudio técnico al efecto, que determine los efectos de la convivencia del hombre con los ecosistemas, como lo exige el principio de la objetivación ambiental o vinculación a la ciencia y técnica, desarrollado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente; lo anterior por cuanto, aún cuando las zonas protectoras no son zonas perpetuas, y a tal efecto pueden ser desafectas, no resulta legítima su desafectación para proteger otros intereses públicos o privados –como lo es la dotación de vivienda o de la tenencia de la tierra– en menoscabo de la tutela ambiental y del disfrute a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (sentencia número 7294-98). Por ello, será inconstitucional toda disposición normativa que permita o faculte a la Administración titular bienes de dominio público de manera genérica, y máxime cuando se trate de bienes que conforman el patrimonio natural del Estado cualquiera que sea su denominación o categoría –parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales, monumentos naturales– zona marítimo terrestre, zonas de protección hidrográfica, reservas indígenas, patrimonio histórico-arquitectónico, recursos mineros, patrimonio arqueológico, zona limítrofe, para someterlas al régimen de dominio privado, máxime cuando no se cuenta con el estudio técnico-científico previo, según se ha anotado....\" Finalmente, sobre los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, indicó esa sentencia que éstos eran declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos. Asimismo, dispuso que procedía la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que se anulaba, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad. \n\n \n\nVI.- SOBRE LA NATURALEZA DEL TERRENO TITULADO POR EL IDA EN EL CASO CONCRETO.   A juicio de este Tribunal, para determinar si las conductas administrativas impugnadas se ajustan o no al ordenamiento jurídico debe dilucidarse si el inmueble objeto de este proceso y que fuera titulado por el IDA en favor de la demandada Nombre125803   constituye o no Patrimonio Natural del Estado. Ello por cuanto, en gran medida, el resto de pretensiones dependen de ésta.  Para tales efectos, debe señalarse que de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal,  el Patrimonio Natural del Estado está constituido, entre otros,  por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. Señalan las normas citadas también que las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este. Por su parte, el numeral 15 de la misma Ley indica que la Administración Pública no podrá permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. También señala que si esos terrenos están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al Patrimonio Natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público. Expuesto lo anterior, debe indicarse que valorada la prueba que consta en autos, este órgano colegiado estima que, en efecto, el inmueble objeto de este proceso, situado en el Caite, del distrito San Luis, cantón Tarrazú de la provincia de San José, con una medida de 59 hectáreas, 0252, 66 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-866425-2003 que fuera titulado por el IDA en favor de la demandada Nombre125803  y que se encuentra inscrito en el Registro Nacional, Sistema Folio Real, Matrícula No. Placa27014, finca titulada,  tiene no sólo una naturaleza boscosa, sino que además, es de vocación forestal. En consecuencia, de conformidad con la normativa citada supra, constituye Patrimonio Natural del Estado. La naturaleza boscosa y la vocación forestal del terreno se acredita con distintas probanzas. Se tiene que ya desde antes de que se dictara el Decreto Ejecutivo No. 3367-G que facilitó el traspaso del inmueble al ITCO (hoy IDA), se podía acreditar la existencia de bosque. Así lo demuestra el oficio No. DEGEO-099-09, de 31 de julio de 2009, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que realizó un Estudio Foto Interpretativo para verificar el uso del suelo del inmueble objeto de este proceso y que corresponde al plano catastrado No. SJ-871001-2003, ubicado en El Caite, San Luis, Turrubares, San José, a través de fotografías de cuatro períodos diferentes: 1964, 1974, 1984, 1992 y 1997. Se indicó al efecto que “...a. La fotografía aérea de 1964 muestra que ese año el uso de la tierra en la propiedad con plano catastrado número SJ-871001-2003 era bosque en su totalidad. b. En la fotografía aérea de 1974 se observa que la cobertura boscosa fue parcialmente eliminada, específicamente en la parte suroeste, donde se observan tres áreas de charrales y matorrales y un área de pastos. c. En la fotografía aérea de 1984 el área de pastos y las áreas de charrales y matorrales existentes en 1974 se incrementaron. Ese incremento es mayor en la categoría de uso de charrales y matorrales. d. En 1992 la cobertura boscosa se incrementó con respecto a 1984. El aumento en la cantidad de bosque se debe a que parte del área de charrales y matorrales evolucionó a bosque. La mancha de pastos se mantiene similar a 1984. e. En 1997, último año en estudio, el uso de la tierra en la propiedad con plano catastrado número SJ-871001-2003 es parecido a 1992. El bosque, que sigue siendo el uso de la tierra predominante, es ligeramente mayo a 1992, ya que el área de matorrales pasó a bosque...” (ver folios 202 a 206 del expediente judicial). Por otra parte, durante el procedimiento previo a que la Junta Directiva del IDA, le titulara el inmueble en cuestión a la codemandada Nombre125803 , existen documentos que también acreditan esa naturaleza boscosa del inmueble. A saber, el oficio ACOPAC-OTC-259-03, de 07 de agosto de 2003,  hace constar, en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, que “...inspeccionada la finca correspondiente a plano catastrado SJ-871001-2003, con área de 52 ha 5037.62 m2, ubicado en Dirección17188      ,  , perteneciente a FR 1219039-000, en posesión de Nombre125803  , céd. 1-596-432. La propiedad se encuentra con cobertura de bosque primario en sucesión clímax (...) Por las coordenadas del plano catastrado, esta propiedad se encuentra fuera de Areas Silvestres Protegidas. No se observa además, que se afecte el artículo Nº 33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 y sus reformas…\" (prueba documental identificada como No. 5 en el legajo de pruebas de la CGR y folio 92 del expediente judicial) . Por otra parte, en las declaraciones juradas que rindiera la accionada Nombre125803  se indicaba \"...que es propietaria  de la finca sin inscribir que se describe así: terreno de montaña y pastos. Situación: San Luis, distrito cuarto del cantón décimo-sexto, Turrubares, de la Provincia de San José. Medida: quinientos veinticinco mil treinta y siete metros sesenta y dos decímetros cuadrados, según consta en el plano número SJ-ocho siete uno cero cero uno-dos mil tres (…) que adquirió la propiedad descrita de Nombre141829   (…) desde hace más de ocho años, el cual le traspasó la posesión ejercida por él y los anteriores poseedores de más de doce años...\" (folios 93 y 94 del expediente judicial). Asimismo,  el plano catastrado SJ-871001-2003, que corresponde al terreno objeto de este proceso,  indica que está afectado por la Ley Forestal 7575, artículo 33. Asimismo,  en la naturaleza del terreno se puede apreciar el predominio del área montañosa, rodeada de yurros y de la quebrada Pitalillo conocida como quebrada Pital (prueba documental identificada como No. 6 en  el legajo de pruebas de la CGR). Es importante destacar que todos estos documentos que acreditaban la naturaleza boscosa del inmueble, estuvieron a disposición del IDA desde antes de la titulación. En este sentido, existían las pruebas técnicas suficientes y necesarias, para que dicho instituto se percatara que estaba ante un inmueble que constituía Patrimonio Natural del Estado y no titulara el inmueble. Al menos, las probanzas citadas, debieron provocar la duda en el ente accionado para que solicitara otros elementos que le ayudaran a establecer la naturaleza del inmueble, antes de titularlo. Lo anterior en cumplimiento de los Principios Precautorio e In Dubio Pro Natura.  Debe recordarse que conforme al Principio de la Búsqueda de la Verdad Real que debe orientar los procedimientos administrativos, el IDA debió darse cuenta de ese aspecto, que resulta de vital importancia en este caso toda vez que, el inmueble, pese a que se indicara que estaba fuera de límites de áreas silvestres protegidas y reservas forestales y biológicas, seguía siendo Patrimonio Natural del Estado, por su sola naturaleza boscosa, tal como lo señalan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Una interpretación armónica de los ordinales  13 y 33 de la citada Ley Forestal permiten concluir que el Patrimonio Natural del Estado, se constituye en los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, independientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales o áreas de protección, por lo que los alegatos defensivos del IDA y de la demandada Nombre125803  en ese sentido, no son de recibo. Se tiene también que este Tribunal pudo constatar directamente y en el propio inmueble objeto de este proceso, que efectivamente en el terreno existe cobertura boscosa, conforme fuera apreciado en el reconocimiento judicial efectuado y cuya grabación consta agregada al expediente judicial. En este sentido, el terreno objeto de este proceso está ubicado en medio de una zona montañosa de variada biodiversidad, caracterizada por una cobertura boscosa parcial, pendientes abruptas, y la existencia de una quebrada llamada Pitalillo o Pital, así como, de diversos yurros (Ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009 y plano catastrado que consta en el legajo de pruebas aportado por la parte actora e identificado como prueba documental No. Placa27677,      ). Asimismo, en la zona sureste de la finca, prácticamente en una especie de hueco, se ubica una edificación o choza de latas en condición precaria, cercada y a la que no fue posible acceder, dado que el peón o persona encargada del cuidado de la finca, es quién tiene la llave del candado y no se encontraba el día en que se practicó la diligencia de reconocimiento. Se observa además, que en las afueras de dicha choza, se encontraba un estañón con agua (Ver video del reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009 y fotografías a folios 365 y 366 del expediente judicial). Por último, en la parte plana de la propiedad, específicamente al lado izquierdo de la entrada al inmueble (sureste), se observó un corral pequeño de reciente construcción, no sólo porque la madera se notaba recién cortada, sino porque otros materiales utilizados para su construcción son nuevos (ver video de reconocimiento judicial realizado el 30 de abril del 2009). Por otra parte, la naturaleza boscosa del terreno viene a ser confirmada por la prueba técnica elaborada por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y por la Ingeniera Nombre141830   , quién elaboró el Documento Técnico para optar al Pago de Servicios Ambientales, modalidad de Protección del Bosque. Así como también de las hojas cartográficas del sector de la Candelaria. En este sentido, a las diez horas del dieciséis de octubre del dos mil seis, la Ingeniera Forestal Nombre141830   , código 5109, certificó que “...el área máxima sujeta a Pago de Servicios Ambientales, modalidad protección de bosque es de 46.5 ha, según croquis que se anexa a esta certificación, basado en el plano catastrado SJ-871001-2003 realizado por IT Marco Vinicio Monge Quesada, IT4226; dicha área corresponde a cobertura boscosa de acuerdo a la definición dada en el artículo 3 de la Ley Forestal N° 7575. Aunado a lo anterior, doy fe de la existencia de los colindantes. La finca cuenta con área de repasto y una casa, que está abandonada, dichas áreas fueron excluidas del área bajo PSA...” (ver folios 19 a 14 del expediente administrativo de FONAFIFO). Igualmente, en el oficio No. DEGEO-199-09, de 31 de agosto de 2009, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizó un Estudio para verificar el uso del suelo del inmueble objeto de este proceso y que corresponde al plano catastrado No. Placa22735, ubicado en El Caite, San Luis,  Turrubares, San José, a través de fotografías de cuatro períodos diferentes: 1964, 1974, 1984, 1992 y 1997. Al respecto se indicó que “...a. La fotografía aérea de 1964 muestra que ese año el uso de la tierra en la propiedad con plano catastrado número Placa22735 era bosque en su totalidad. b. En la fotografía aérea de 1974 se observa que la cobertura boscosa fue parcialmente eliminada, específicamente en la parte suroeste, donde se observan tres áreas de charrales y matorrales y un área de pastos. c. En la fotografía aérea de 1984 el área de pastos y las áreas de charrales y matorrales existentes en 1974 se incrementaron. Ese incremento es mayor en la categoría de uso de charrales y matorrales. d. En 1992 la cobertura boscosa se incrementó con respecto a 1984. El aumento en la cantidad de bosque se debe a que parte del área de charrales y matorrales evolucionó a bosque. La mancha de pastos se mantiene similar a 1984. e. En 1997, último año en estudio, el uso de la tierra en la propiedad con plano catastrado número SJ-871001-2003 es parecido a 1992. El bosque, que sigue siendo el uso de la tierra predominante, es ligeramente mayor a 1992, ya que el área de matorrales pasó a bosque...” (ver folios 202 a 206 del expediente judicial). Asimismo, el Certificado de Uso Conforme del Suelo en el inmueble que corresponde al plano catastrado No. Placa27683,  elaborado el 21 de abril de 2010 por la Ingeniera María José Elizondo Alvarado,  del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), dividió y analizó el uso del suelo en  el inmueble objeto de este proceso. En lo que interesa señaló \"...\"...Sector A. Uso Actual. Bosque Secundario. Unidad de manejo VIII e1s24d1c23. Limitaciones de la Unidad de Manejo. Tierras con pendientes fuertemente escarpadas, texturas moderadamente gruesas en el suelo, fertilidad aparente media, drenaje excesivo, período seco y neblina fuerte. AREA . Ha.42,63. 85%. Sector B. Uso Actual. Potrero. Unidad de Manejo. VII e12s24d1c23. Limitaciones a la Unidad de manejo. Tierras con pendientes escarpadas, erosión moderada texturas moderadamente gruesas en el suelo, fertilidad aparente media, drenaje excesivo, período seco y neblina fuerte. AREA. Ha. 8,41 16,03%. Sector C. Uso Actual. Cultivo permanente. Unidad de Manejo. VI e12s4d1c23. Limitaciones a la Unidad de Manejo. Tierras con pendientes fuertemente onduladas, erosión leve, fertilidad aparente media, drenaje excesivo, período seco y neblina fuerte. AREA. 1,45 ha 2,77%.  RESOLUCIÓN. De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779, del 30 de abril de 1998 y con base en la visita de campo, esta instancia certifica que en la finca NO SE HA EJERCIDO con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo a la metodología aprobada (...) Recomendaciones: Las áreas de café y de bosque secundario deben mantenerse bajo las condiciones presentes, ya que son acordes con la capacidad de uso de las tierras. En el sector B donde se encuentra el potrero debe de evitar el paso de semovientes, y dejar esta área en regeneración natural ya que al ser suelos con pendientes escarpadas no son aptas para ninguna actividad agropecuaria...\" (folios 463 a 466  del expediente judicial). Por último, conforme a la Hoja Cartográfica de Capacidad de Uso de la Tierra Clases Forestales, No. Placa7850 Candelaria de la Fundación Neotrópica, y al plano catastrado número SJ-871001-2003, que corresponde al inmueble situado en El Caite, del Distrito San Luis, del Cantón Turrubares, Provincia de San José, con un área de 52 hectáreas, longitud 1 98, latitud 4 86, la capacidad de uso de las tierras ubicadas en dicha latitud y longitud, corresponden a las clases VII (manejo de bosque natural o regeneración) y VIII (protección), específicamente a la clasificación VII6nv (tierras aptas para el manejo del bosque o regeneración natural, con pendientes de 50 a 75% y limitantes de neblina y viento) y VIII7nv (tierras aptas para la preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica, con pendiente mayor a 75% y con limitantes de neblina y viento) (pruebas documentales identificadas como No. 6 y 16 en  el legajo de pruebas de la CGR). Ahora bien, es menester señalar que todas las partes aportaron la certificación ACOPAC-OT-C-002-10 emitida el 7 de mayo de 2010, por el Ingeniero Nombre123874  , Director de Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, según la cual \"...Realizado el estudio del informe de inspección de campo ACOPAC-PNE-025-2010 y la revisión respectiva en la hoja cartográfica \"Candelaria\" Placa7850 del mapa básico de Costa Rica, escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada y los criterios técnicos que el inmueble Folio Real matrícula número Placa27679, descrito en el plano catastrado número Placa27680, del cual es propietaria la señora Nombre125803  , cédula de identidad No. CED111527 NO FORMA PARTE DE TERRENOS DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Lo anterior en concordancia con lo expuesto en el Artículo 13 de la Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril 1996...\"  (folios 376, 405 y 422 del expediente judicial). Para el instituto accionado, esta probanza acredita que el inmueble en cuestión no ha sido nunca Patrimonio Natural del Estado, lo que dice de la legitimidad de su conducta al momento de titularlo a la demandada Nombre125803 . En cumplimiento del Principio de Búsqueda de la Verdad Real y con fundamento en los artículos 82, 83, 85, y 93 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, este Tribunal ordenó recibir el testimonio del Ingeniero Nombre123874  , Director de Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en calidad de testigo perito para referirse al contenido de la certificación emitida y al informe de inspección de campo ACOPAC-PNE-025-2010, que le sirve de fundamento y que también fue aportado por los representantes de la CGR y de la demandada Nombre125803  (folios 447 y 448 del expediente judicial). Las nuevas probanzas, particularmente la declaración del citado funcionario fueron fundamentales para comprender el verdadero alcance de lo certificado mediante ACOPAC-OT-C-002-10. En ese sentido, una interpretación literal de la citada conducta formal, permite establecer que en ella no se establece si el inmueble constituye o no Patrimonio Natural del Estado. Lo que indica es que “…NO FORMA PARTE DE TERRENOS DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Lo anterior en concordancia con lo expuesto en el Artículo 13 de la Ley Forestal…” (folios 376, 405 y 422 del expediente judicial). Nótese, además que se fundamenta en el numeral 13 de la Ley Forestal, más no en el 15 de la misma norma. En ese sentido, cabe resaltar que según el criterio del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , son PNE las \"áreas de bosque o con vocación forestal que se encuentran o pertenecen a cualquier institución del Estado\",   ello porque a su juicio,  \"...la propiedad privada no se puede considerar como PNE, porque ya no es de una institución del Estado...\" (folios 376, 405, 422 del expediente judicial y declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC). Considera este Tribunal que dicho criterio no resulta procedente con vista en lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, más aún cuando el mismo testigo perito insistió en que la existencia de cobertura boscosa y de suelos con vocación forestal -como sucede en este caso, tal y como se desprende del propio informe rendido por la ACOPAC- constituyen dos de los elementos esenciales a tomar en consideración para declarar un inmueble como PNE, terreno que era del Estado y que contenía cobertura boscosa (ver folios 203 a 206; 377 a 391; 398 a 400 del expediente judicial; 19 a 14 del expediente administrativo de FONAFIFO). Al respecto, también resulta revelador el Informe No. ACOPAC-PNE-025-2010, elaborado el 19 de enero de 2010, por Nombre141831  , Coordinador de Ordenamiento Territorial y por Nombre26741   de la Unidad de Visados de ACOPAC, que es el fundamento técnico de la mencionada certificación (ver folios 377 a 391, 409 a 413 el expediente judicial). En ese informe se señala que la  inspección realizada en el terreno objeto de este proceso, concluyó en lo que interesa que \"...1. La propiedad cuenta con más del 60% de terreno cubierto de bosque primario y secundario, con intervención baja, ya que por pendiente estos terrenos son de difícil acceso y la propietaria ha deseado conservarlo en ese estado ya que en años pasados gozaba de incentivo de Protección al Bosque, según lo manifestado. No así lo observado en propiedades colindantes que con características similares a esta propiedad se encuentran totalmente alteradas, dedicadas a la ganadería extensiva en terrenos de actitud (sic) forestal y actos (sic) únicamente para la protección. 2. Al encontrarse la propiedad ubicada en la Zona Protectora Cerros de Turrubares, Área Silvestre Protegida, creada mediante Ley Nº 6900, artículo 3º inciso 5º del 01 de diciembre de 1983, categoría de manejo administrado por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en referencia a lo expuesto por la Ley Orgánica del Ambiente Nº 755, artículo 32, y siendo la protección del bosque interés de la Institución como rectora de los recursos naturales y en general de las políticas ambientales del país, no se puede decir que estos terrenos están fuera del interés de conservación y protección, de igual forma otros terrenos con cobertura y de actitud (sic) forestal de esta zona que son propiedades privadas. Ya que el fin principal de la creación e la Zona Protectora es la protección del recurso hídrico, suelo y bosque de la región. 3. Si bien es cierto, la posesión de la propiedad fue formalizada por medio del sistema de titulación asignado al IDA, según las manifestaciones del señor Nombre141829, él y su esposa adquirieron la propiedad por compra y se han preocupado por conservarla. 4. En la Oficina Subregional de Puriscal y en la Dirección del Area de Conservación Pacífico Central, no se ha tenido conocimiento alguno de que esta propiedad haya pertenecido o pertenezca al Estado, bajo la administración, por lo que no podríamos determinar que es Patrimonio Natural del Estado (PNE), que según lo establecido en la Ley Forestal 7575 artículo 15, se considera PNE todos aquellos terrenos con cobertura boscosa y de aptitud forestal. Lo anterior en base a la consulta de los archivos existentes. 5. En base  lo anteriormente expuesto, estos terrenos no forman parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE)…” (folios 377 a 391, 409 a 413 del expediente judicial). (el resaltado es nuestro). Finalmente, el testigo perito señaló en su declaración que técnicamente un inmueble cuyo suelo se corresponde con las clases VII y VIII constituye un terreno de aptitud forestal, aún y cuando no tenga bosque. Al respecto, insistió en que la cobertura boscosa no es representativa para que un inmueble califique como Patrimonio Natural del Estado, pues basta que el suelo sea calificado de vocación o aptitud forestal. En consecuencia, recalcó que las características del suelo están ligadas técnicamente al PNE. Indicó que la calificación de PNE depende de tres factores: la existencia de bosque, la vocación o aptitud forestal y que esté inscrito a nombre del Estado. En ese sentido, resaltó que existiendo estas tres características, el terreno calificará como Patrimonio Natural del Estado, independientemente de que el terreno se encuentre o no dentro de un área silvestre protegida (ver declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC) . Propiamente en relación con el informe indicó que no se realizó una clasificación del uso de suelo, porque ello es competencia del INTA. Aclaró que el extremo que pueden determinar las Áreas de Conservación es el porcentaje de pendientes de un inmueble, y que si resulta superior al 60% determinará la vocación forestal del inmueble. Que en este caso, y de acuerdo al informe dichos porcentajes van del 55% al 90 % en el área boscosa del inmueble. Insistió también en que la Ley Forestal exige que el bien esté inscrito a nombre del Estado para que constituya Patrimonio Natural del Estado (ver declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC) .  Incluso, ante la reformulación de la pregunta planteada por la CGR en relación con el punto 4) de la certificación, el funcionario contestó que el criterio que privó para determinar de acuerdo al informe dado por la ACOPAC  que el inmueble objeto del proceso no fuera declarado como PNE, fue la propiedad privada o el régimen de propiedad (ver declaración del testigo perito Ingeniero Nombre123874   , Director de ACOPAC) . Para este Tribunal, si bien la certificación se encuentra, en principio, revestida de fe pública,  es lo cierto que el alcance de lo certificado debe analizarse a la luz del informe que le sirve de fundamento, de lo declarado por quién certificó -el Ingeniero Nombre123874   - y las otras pruebas técnicas traídas al proceso. Desde esta perspectiva,  y apreciando la comuna probatoria al amparo de la sana crítica racional, es criterio de este Tribunal que lo certificado  responde a un parámetro formal conforme al cual como en los archivos de ACOPAC no consta que el inmueble hubiera estado a nombre del Estado, no forma parte de los terrenos del Patrimonio Natural del Estado. Y es que no aparece inscrito a nombre del Estado, porque el IDA facilitó su titulación, sin verificar lo exigido en los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal. Más ello no significa que el inmueble no cumpla las características técnicas y legales suficientes para sea considerado PNE. En efecto, el propio informe, la declaración del testigo perito y demás criterios técnicos, confirman lo indicado. Además, tanto de la solicitud para el trámite de titulación en reservas nacionales; de las declaraciones juradas rendidas por la demandada Nombre125803 ; del mismo plano catastrado; de las hojas cartográficas y del informe técnico que sirvió de base a la suscripción del contrato de pago por servicios ambientales del FONAFIFO, se desprende la naturaleza boscosa y la vocación forestal del inmueble.  También constata lo apreciado en el reconocimiento judicial, en el sentido que en la propiedad titulada por el IDA a favor de la accionada Nombre125803 , ha existido y existe bosque desde 1964, haciendo hincapié en que la regeneración del bosque se da a partir de 1992. Finalmente, en el Certificado de Uso Conforme del Suelo, del inmueble que corresponde al plano catastrado No. SJ-866425-2003, se clasifica el uso del suelo en las categorías VIII, VII y VI, lo que aunado al informe del funcionario de ACOPAC (que sirvió de base a la certificación), que señala más de un 60% de terreno cubierto de bosque primario y secundario y la confirmación de que ese porcentaje corresponde a un suelo con vocación forestal, dado que presenta pendientes entre el 55% al 90% (según lo manifestado por el Ingeniero Nombre123874 ), permite concluir que existe un porcentaje muy elevado de hectáreas –42.63, para un 81,20% del inmueble (folios 398 del expediente judicial y 15, 16 del expediente administrativo de FONAFIFO)- que no sólo tienen cobertura boscosa, sino que además no reúnen condiciones mínimas para actividades de producción agropecuarias, toda vez que constituyen suelos de vocación forestal. En consecuencia, deben dedicarse a la conservación y recuperación del capital natural, incluso en las zonas sin cobertura forestal. Incluso, para los suelos de la categoría VI se señalan que solo pueden ser utilizadas para la producción forestal, así como cultivos permanentes tales como frutas y café (folio 399 del expediente judicial). Para este órgano colegiado, una valoración conjunta, integral y amparada a la sana crítica de las probanzas técnicas y científicas aportadas a este proceso, permiten tener por demostrada la existencia de cobertura boscosa y de suelos con vocación o aptitud forestal en el terreno objeto de este proceso, por lo que la consecuencia jurídica inmediata es que constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración corresponde al MINAET,  tal y como lo establecen los artículos 13, 14, 15, 16, 17  y 18 de la Ley Forestal. Por ello, procede declarar que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor de la demandada Nombre125803   constituye Patrimonio Natural del Estado, así como un bien de dominio público que  resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Se insiste que, tal y como se indicara con amplitud en el Considerando IV,  que esta declaración es una mera constatación, por cuanto la afectación al PNE es legal e inmediata y ya estaba definido,  incluso,  en la Ley Forestal anterior a la vigente. En suma, el terreno era del Estado y contaba con cobertura boscosa, ergo, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, es PNE. Por ende, los actos posteriores que enajenan el bien son nulos precisamente por disponer de un bien que por su naturaleza no podía ser trasladado a particulares. En ese sentido, la certificación considera el estado registral actual del inmueble, por lo que, no puede constituirse en un elemento determinante para negar la naturaleza jurídica de PNE.\n\n \n\n            VII.- SOBRE EL EXAMEN DE VALIDEZ DE LAS CONDUCTAS IMPUGNADAS.  Declarado que inmueble titulado por el IDA en favor de la accionada Nombre125803  constituye Patrimonio Natural del Estado (PNE), conforme a la normativa vigente, su administración corresponde al MINAET. Se procederá, entonces,  al examen de las conductas formales impugnadas. En sentido, debe señalarse que a juicio de este órgano colegiado, el solo hecho de que el inmueble objeto de este proceso constituya Patrimonio Natural del Estado así como el carácter demanial que lo caracteriza, vicia de nulidad absoluta todas las conductas administrativas formales y actuaciones mediante las cuales se permitió tanto el traspaso de esa propiedad a la codemandada Nombre125803 , como la suscripción de un contrato de pago por servicios ambientales a su favor.  Ello toda vez que al tratarse de un bien de dominio público,  estaba fuera del comercio del ser humano y existía prohibición legal para enajenar su dominio o constituir derechos reales sobre él. Por su misma naturaleza, no podía ser objeto de apropiación privada ni alegar la existencia de derechos de posesión sobre él, por lo que, los alega t os planteados en ese sentido por el representante de la demandada Nombre125803  , no son de recibo. Adicional a este motivo de invalidez, lo cierto es que de los autos se desprenden otros vicios que también afectan la validez de las conductas administrativas y escrituras cuya nulidad pretende la actora y que merecen examen de este Tribunal. En este sentido, se tiene que la titulación (que en forma ilegítima) efectuó la Junta Directiva del IDA, del inmueble en discordia, a favor de la accionada Nombre125803  se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario y  publicado en La Gaceta No. 173 del diez de setiembre del dos mil dos. Posteriormente, mediante sentencia No. 02063-07, la Sala Constitucional anuló por inconstitucional dicho reglamento.  Por los efectos declarativos y retroactivos que esa declaratoria produce, es evidente que la conducta administrativa que se fundamentó en la norma declarada inconstitucional, deviene nula por conexidad. Tanto es así, que el propio Tribunal Constitucional ordenó la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hubieran sido objeto de titulación al tenor de la normativa anulada.  Preocupa a este Tribunal, que pese a lo ordenado por la Sala Constitucional, en este caso en particular, el IDA no haya realizado ninguna gestión tendente a esa recuperación. Ello denota una conducta disfuncional y una clara violación a los deberes que tienen todas las Administraciones Públicas de proteger el Patrimonio Natural del Estado, lo que constituye un funcionamiento anormal de dicho ente. Asimismo, mediante Decreto ejecutivo No. 34654-MGP, de 7 de julio de 2008, se derogó, entre otros, el Decreto Ejecutivo No. 3667-G y se autorizó al Instituto de Desarrollo Agrario para que procediera a cancelar las inscripciones en el Registro Público, que se hubieran realizado al amparo de la norma derogada. Nuevamente, advierte este Tribunal que pese a la orden expresa dada en el citado Decreto Ejecutivo en el sentido de que el IDA debía iniciar los procedimientos para cancelar las inscripciones en el Registro Público, persiste la conducta omisiva por parte de ese instituto que no ha gestionado la nulidad del título otorgado a la codemandada Nombre125803 , en perjuicio del Patrimonio Natural del Estado. Un último motivo de invalidez que debe ser analizado es el referido a que en el procedimiento de titulación se omitieron una serie de requisitos sustanciales. Se acusa que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, obliga al IDA a realizar de forma previa, a otorgar una titulación, contar con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que de forma ilegal no cumplió el IDA, al momento de titular la propiedad objeto de este proceso. Además, se recrimina que  el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le imposibilitaba al IDA titular tierras que no clasificaran para fines agrarios. Este Tribunal comparte el alegato de la actora. En efecto, se tuvo por demostrado que al momento de que el Instituto de Desarrollo Agrario tituló el inmueble objeto de este proceso, a favor de la codemandada Nombre125803  no se contó con el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley. El incumplimiento lo acepta el propio instituto demandado, tanto en su escrito de contestación de la demanda como en las conclusiones, alegando que no tenía la obligación de solicitarlo. Al respecto, debe tenerse presente que el  artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que dispone: \"Será obligatorio para el Instituto de Desarrollo Agrario disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirir terrenos para fines de titulación. Toda adjudicación de terrenos deberá tener como limitación que el uso del terreno adjudicado no pueda ir en contra de su capacidad de uso. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación, aparte de otras penas con que se pueda castigar por los delitos que le sean imputables”. Nótese, la norma es muy clara en la obligación del IDA, de contar con los estudios de capacidad de uso de suelos, de previo a titular, y que el incumplimiento de ese mandato acarreará la revocatoria de la adjudicación. En el caso concreto al no contarse con el citado estudio al momento de la titulación,  se violentó la norma citada. En este sentido, el argumento defensivo del IDA,  se basa en que el mencionado numeral 27,  si bien establece la necesidad de que el IDA realice estudios de capacidad de uso de suelos, ellos estiman que esa norma se aplica para fincas que compre el IDA con recursos propios para destinarlas a la formación de Asentamientos Campesinos. Alegan que ese supuesto no se presenta en el caso concreto toda vez que los terrenos se adquirieron por traspaso gratuito del Poder Ejecutivo. Este Tribunal difiere de tal argumento y estima que resulta improcedente tal interpretación. El ordinal 27 es absolutamente diáfano respecto de la obligación de contar con el estudio  \"antes de adquirir terrenos para fines de titulación\".  La norma no distingue respecto del modo de adquisición de los terrenos a titular, como equivocadamente pretende hacer ver el instituto accionado. No interesa, por ende,  si los terrenos que adquiera el IDA para titular lo son  por compra con recursos propios o por traspaso gratuito,  como en este caso. Lo cierto es que la obligación que impone el numeral 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, es extensiva a cualquier titulación de inmuebles que el IDA realice.  Lo anterior se refuerza con lo disponen los artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo No. 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Las  normas citadas reiteran que antes de titular e inscribir terrenos, el IDA tiene la obligación de realizar los estudios de capacidad de uso de suelos. Asimismo, como correlativo, el citado artículo 61, le prohíbe al IDA adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos. El no contar con ese estudio facilitó que se titulara en favor de la demandada Nombre125803  un inmueble que, de conformidad con el Certificado de Uso de Suelos aportado por el órgano contralor a este proceso, clasifica en categorías VIII, VII y VI, y en el cual más 60% es bosque primario o secundario (Informe que sustenta la certificación de ACOPAC), que no reúnen condiciones mínimas para actividades de producción agropecuarias,  recomendando la protección y conservación del recurso boscoso del inmueble. Lo expuesto dice de un motivo adicional de nulidad de la titulación efectuada por el IDA, ya que no solo se presenta por la existencia de bosques en el inmueble, que lo constituye en Patrimonio Natural del Estado, sino también, en que se tituló sobre un terreno que tiene zonas que no resultan aptas para actividades producción agropecuaria o forestal alguna. Ahora, a diferencia de lo expuesto por los demandados en el sentido de que se trata de omisiones que no generan nulidad absoluta, estima este órgano jurisdiccional que el estudio de capacidad de uso de la tierra es un requisito sustancial que, sin duda, debe ser verificado antes de cualquier titulación. Ello porque se constituye en un elemento técnico y científico que permite establecer que la adjudicación o titulación del inmueble no va atentar contra la capacidad de uso natural del terreno. Asimismo, por medio de ese estudio se va a constatar que los terrenos a titular clasifiquen para fines agrarios. Nótese, las sanciones que la normativa impone ante la ausencia de la verificación de esos aspectos: la prohibición de titular si el inmueble no clasifica para fines agrarios, e incluso, la revocación de la adjudicación.  Así las cosas, a la luz del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, ese requisito se impone como una formalidad sustancial del procedimiento, cuya inobservancia genera nulidad absoluta. Precisamente, las probanzas traídas al proceso, particularmente los informes técnicos y certificado de uso de suelo que se omitieron en el procedimiento de titulación, permiten constatar la naturaleza boscosa del inmueble, que el mismo no es apto para fines agrarios y la protección y conservación que requieren en virtud de la biodiversidad existente. Si ese estudio hubiera sido solicitado en el momento procesal que la legislación exigía, la decisión adoptada hubiera sido otra y probablemente, el inmueble no hubiera sido traspasado y continuaría en el demanio público. Tampoco resultan de recibo los argumentos del IDA en el sentido que si bien es cierto el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, solicita un estudio adecuado de uso conforme de suelos para los procedimientos de titulación realizados por el IDA, se consideró que estos debían ser realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le encargó posteriormente, al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria  INTA, y por motivos de escasez  de recursos humanos y técnicos comenzaron a realizarse esos estudios hasta el dos mil uno (folios 96, 97, 106 a 109 del expediente judicial). Tampoco admite este Tribunal el argumento referido a que cuando se otorgó el título a la demandada, el INTA, no contaba con el mecanismo o estructura para la atención de las certificaciones de uso conforme de suelos y es a esta institución la que le correspondía llevar a cabo las certificaciones de uso conforme de suelo del IDA (folios 96, 97, 106 a 109 del expediente judicial). Lo anterior toda vez que, de conformidad con el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública,  el ejercicio y cumplimiento de  las potestades públicas  es irrenunciable, intransmisible e imprescriptible. En relación con el argumento que por Decreto 29884-MAG-MINAE-S-H-MOPT se suspendió  la obligación contenida en el numeral 40 del Reglamento de la Ley de Uso, Conservación y Manejo de Suelos (folio 105 del expediente judicial), debe indicarse que, siendo que la obligación de solicitar el estudio de uso de suelos lo impone el numeral 27 de la Ley No. 7979, no puede pretenderse que a través de una norma de rango jerárquico inferior, en este caso un Decreto Ejecutivo, se suspenda la verificación y cumplimiento de esa obligación legal. Una actuación de este tipo atentaría contra el Principio de Legalidad, Jerarquía de las Fuentes y el propio numeral 66 de la LGAP. Tampoco puede el IDA trasladar su responsabilidad a otras dependencias como el Ministerio de Agricultura y Ganadería o al INTA, por no poder realizar los estudios de capacidad de uso de suelos, ya que tenía la obligación legal de cumplir con ese requisito. Por otra parte, si el IDA no contaba con esos estudios, porque otras instituciones eran las encargadas y no tenían los recursos humanos y técnicos necesarios para realizarlos, no debió titular del todo los terrenos, hasta tanto no tuviera la capacidad de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Precisamente, en este caso la institución demandada otorgó un título de propiedad sobre un bien de dominio público y sin cumplir con lo establecido en el citado artículo de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y las normas indicadas del Reglamento a dicha Ley, por lo que la invalidez  de las actuaciones del IDA en este caso, son evidentes y manifiestas. Finalmente,  alegan los demandados que conforme a los artículos 72 inciso b) de la Ley Forestal, que reforma el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, es posible titular en áreas protegidas o con bosques, siempre que se demuestre ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, y que así lo han venido interpretando los Tribunales Agrarios. Al respecto, debe señalarse que para este Tribunal el punto medular es que el inmueble objeto de este proceso es un bien de dominio público. Esa demanialidad viene dada de norma legal expresa, no solo los numerales 13, 14 y 15 de la actual Ley Forestal, sino incluso desde la Ley No. 4465, en sus artículos 32 al 35. Así las cosas, esa afectación al dominio público impide que pueda alegarse derechos de posesión sobre este tipo de bienes para justificar un título de propiedad. Es por ello que este órgano colegiado difiere de la interpretación de los accionados: por ser un bien de dominio público está fuera del tráfico jurídico privado, y por ende,  no es susceptible de adquisición por usucapión. Lo contrario implicaría atentar contra la propia naturaleza y la afectación al fin público, propia de este tipo de bienes. En conclusión, es criterio de este Tribunal que si bien es procedente el otorgamiento de derechos reales administrativos sobre los bienes demaniales, sometiéndolos a un régimen especial que respete su afectación; lo que no es viable jurídicamente es constituir derechos reales privados sobre bienes de dominio público, tal y como sucedió en el presente caso. En virtud de que los vicios que se han declarado generan la invalidez absoluta de la titulación realizada por el IDA en favor de la demandada Nombre125803  , estima este Tribunal que carece de interés entrar a analizar si las escrituras de traspaso del inmueble debieron señalar las limitaciones que establecen los artículos 67 y 68 de la Ley No. 2825. Se insiste, resultaba inválido el otorgamiento de los citados instrumentos notariales por el solo hecho de estar en presencia de un bien de dominio público. Por las razones expuestas tanto en este considerando como en el anterior, debe declararse la nulidad  absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 32 de la Sesión No. 016-04, de 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Nombre125803   y descrita en el plano catastrado No. SJ-871001-2003. Ahora bien, habiéndose declarado la invalidez de la conducta formal del IDA que se impugnaba,  conforme lo exige el numeral 200 de la Ley General de la Administración Pública y fuera solicitado por el órgano contralor, procede determinar si la ilegalidad declarada es manifiesta o no. Estima este órgano jurisdiccional que si lo es. Lo anterior por varias razones. Debe partirse de que para el momento en que se llevó a cabo todo el procedimiento de titulación que nos ocupa, ya se encontraba vigente la Ley Forestal, la que, como se ha dicho establecía la incorporación inmediata del Patrimonio Natural del Estado de todos aquellos terrenos cubiertos de bosque, su inalienabilidad y la imposibilidad de que fueran traspasados a terceros. Conforme ha sido expuesto, de previo y durante el procedimiento de titulación que nos ocupa existía documentación técnica suficiente que permitía al IDA  establecer la naturaleza boscosa del terreno. Una actuación diligente y ajustada a Derecho por parte de la institución demandada al valorar esa circunstancia hubiera impedido el traslado de ese bien demanial al dominio privado, y evitado el consecuente menoscabo al Patrimonio Natural del Estado. Por otra parte, es importante hacer notar que, aún después de la declaratoria de inconstitucionalidad del Reglamento de Titulación en Reservas Nacionales, que ordenó la recuperación de los bienes de dominio público que se hubieren titulado al amparo de esa normativa y existiendo un Decreto Ejecutivo (Nº Placa27684) que imponía al IDA iniciar los procedimientos para cancelar las inscripciones en el Registro Público, persistió la conducta omisiva por parte de ese instituto que no gestionó la nulidad del título otorgado  a la codemandada Nombre125803 , en perjuicio del Patrimonio Natural del Estado. Actuaciones de este tipo resultan contrarias al ordenamiento jurídico y son reprochables. Es por ello que, de conformidad con los artículos 192, 199, 200, 210, 211 y 213 de la Ley General de la Administración Pública,  deberá el jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a este Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. Por otra parte, debe señalarse que por su conexidad con la  conducta formal administrativa que se ha invalidado,  procede también declarar la nulidad absoluta de la escritura pública No. 47 otorgada ante los notarios Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del 24 de mayo de 2004, únicamente en lo referido a la formalización  y protocolización de  la titulación ilegítima que emitiera  el IDA en favor de  Nombre125803   sobre la finca descrita en el plano catastrado No. SJ-871001-2003;  así como la escritura pública No. 116, otorgada ante el notario público Mario Alberto Sánchez Hernández,  a las 18 horas del 10 de noviembre de 2006, mediante la cual, se protocolizó el Contrato de Pago de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque, contrato número SJ-01-02-0071-2006, suscrito entre la demandada Nombre125803  y el FONAFIFO. Deberá comunicarse al Archivo Nacional y al Registro Nacional las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a efectos de las anotaciones marginales en la matriz de los protocolos respectivos y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional. De igual forma, siendo que  la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa27014 (finca titulada) fue inscrita técnica y jurídicamente en forma indebida a favor de Nombre125803  , deben anularse los asientos registrales correspondientes. En consecuencia, también debe anularse el asiento registral de inscripción del Contrato de Pago de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque, contrato número SJ-01-22-0071-2006, emitido por el Registro Público. Lo anterior a efectos de que el citado inmueble se inscriba a nombre del Estado, por tratarse de Patrimonio Natural del Estado. Finalmente, cabe señalar que, tal y como la propia Sala Constitucional lo indicara, las nulidades que aquí se declaran lo son sin perjuicio de la eventual responsabilidad estatal, siendo que quienes se vean afectados por éstas, pueden acudir a la vía jurisdiccional que corresponda para demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado o alguna de sus instituciones en el caso concreto, cuando así corresponda. \n\n \n\n            VIII.- SOBRE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR LA ESCRITURA DE TRASPASO DEL INMUEBLE OBJETO DE ESTE PROCESO A FAVOR DEL ESTADO Y LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL. Habiéndose declarado el inmueble objeto de este proceso como Patrimonio Natural del Estado, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal debe procederse a su inscripción a nombre del Estado. Conforme a la norma citada, corresponde a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar la  escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza, y hacer las gestiones pertinentes para inscribir esa escritura en el Registro Público de la Propiedad Inmueble.  Asimismo, en atención al deber genérico que, en lo referente a  la tutela del ambiente, impone  el Ordenamiento Jurídico al Estado (y que fuera ampliamente desarrollado en el Considerando IV de esta resolución), estima este Tribunal que es el Estado, por medio del MINAET y SINAC quien tiene la obligación de identificar el inmueble objeto de este proceso como Patrimonio Natural del Estado. En consecuencia, se ordena a la  Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione la escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza y realizar las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad descrita en el plano catastrado SJ-871001-2003 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado.\n\n \n\n            IX.- SOBRE LA PRETENSIÓN DE CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS EN ABSTRACTO AL IDA Y LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PLANTEADA POR SU APODERADA GENERAL JUDICIAL. El órgano contralor solicita que se condene al Instituto de Desarrollo Agrario al pago de los daños y perjuicios causados. Considera este Tribunal que, ciertamente,  como consecuencia de las conductas administrativas anuladas se generó un daño al Patrimonio Natural del Estado. Durante la audiencia única, la representante del Instituto de Desarrollo Agrario, interpuso la excepción de prescripción, pues considera que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 198 de la Ley General de la Administración Pública, está prescrita la pretensión de condenatoria en abstracto de daños y perjuicios al IDA que plantea la parte actora, toda vez que las conductas imputadas al IDA datan del año 2004 y la demanda fue interpuesta hasta enero del año dos mil nueve. En ese sentido, aunque las conductas objeto de este proceso se remontan al año 2004, este Tribunal considera que no es aplicable al caso concreto, el plazo de un año para interponer el proceso contencioso administrativo previsto en el artículo 40 del CPCA. Cabe precisar, la reclamación de daños y perjuicios no se encuentra sujeta a la caducidad del citado artículo, sino que por tratase de una pretensión propia de la materia civil de hacienda (aun cuando accesoria), el plazo máximo para incoar el proceso el es de prescripción del derecho de fondo. La misma mandataria del IDA, apoya su defensa en el artículo 198 LGAP, lo que de plano hace improcedente la invocación del artículo 40 como fundamento de una posible prescripción. Ahora bien, dado que la causa que presuntamente ocasionan los daños y perjuicios pretendidos, lo constituyen las omisiones en que incurrió en Instituto de Desarrollo Agrario, tendentes a recuperar bienes que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, a partir de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, normativa que sirvió de fundamento para que se titulara a nombre de Nombre125803   el inmueble objeto del proceso, no podría sostenerse -tal y como lo alega la representante del IDA- que prescribió la acción indemnizatoria que pretende la CGR, toda vez que dichas conductas omisivas continúan produciendo efectos de manera continuada. Se insiste, estamos frente a un supuesto de funcionamiento anormal e inercia del IDA, que supone el incumplimiento reiterado de su deber de recuperar los inmuebles que forman parte del PNE, que fueron titulados con base en un reglamento que con posterioridad fue declarado contrario al Derecho de la Constitución. Aunado a lo anterior, es menester resaltar que  la prescripción de cuatro años establecida en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, se interrumpe por la notificación de la demanda al presunto responsable (artículo 977 inciso a) del Código de Comercio), razón por la cual, si la demanda fue interpuesta el 29 de enero del dos mil nueve (folio 1 del expediente judicial) y notificada al IDA el veintitrés de abril del dos mil nueve (folio 61 del expediente judicial), en consecuencia, el plazo de prescripción se interrumpió desde esta última fecha. En todo caso, aún de entender que el plazo cuatrienal de prescripción,  se computa no a partir del acuerdo de titulación del trece de mayo del dos mil cuatro (ver prueba documental identificada como Nº8 del Legajo de Pruebas de la CGR), sino a partir del 3 de octubre del dos mil siete, fecha de publicación en el Boletín Judicial, de la sentencia 2007-2063, mediante la cual, se declaró la inconstitucionalidad del Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales (ver prueba documental identificada como No.12 en el legajo de pruebas de la CGR), lo es cierto, es que a partir de ese momento, el IDA incurre de manera continuada en la omisión de recuperar el inmueble objeto de este proceso, a pesar de que pertenece al PNE.  Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que los alegatos planteados por la representante el IDA, resultan improcedentes, por lo que, se rechaza la excepción de prescripción interpuesta. Así las cosas, el instituto demandado debe ser condenado al pago en abstracto de los daños y perjuicios en favor del Estado -tal y como se solicitó en el escrito de demanda y se reiteró durante la audiencia única- , como consecuencia del funcionamiento anormal en que incurrió, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), sub inciso iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo.  En consecuencia, se condena al IDA al pago al pago en abstracto de los daños y perjuicios  ocasionados al Patrimonio Natural del Estado, y derivados de las conductas formales anuladas. De conformidad con el artículo 122 inciso m) iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, su existencia y cuantía se determinarán en la fase de ejecución de sentencia. \n\n \n\n            X.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD INTERPUESTA POR LA DEMANDADA Nombre125803  . El representante de la señora Nombre125803 , considera que debe acogerse la excepción de caducidad, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, vigente al momento en que se dictaron las conductas impugnadas y aplicable en esas condiciones conforme a lo dispuesto en los transitorios III y IV del Código Procesal Contencioso Administrativo, el proceso contencioso administrativo debía interponerse en el plazo de cuatro años contados a partir de la adopción del acto, pues de lo contrario se provocaría una violación de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima. En primera instancia, cabe indicar respecto al régimen jurídico aplicable, que el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por resolución número 00001-C-TC-2008 de las once horas cincuenta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil ocho, resolvió: \"... Para la definición de este conflicto de competencia, ha de acudirse al Transitorio IV de la Ley 8508 de 24 de abril del 2006, el que, con claridad y firmeza, establece que los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del mencionado Código, continuarán sustanciándose conforme a las normas de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En otras otras palabras, el legislador optó por la no adecuación de los procesos ya iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación, ponderando las dificultades que ello con lleva, la inseguridad jurídica que ello produciría y, el sobrecargo con que iniciaría la implementación de la nueva ley. Sin embargo, queda claro a la luz de esa misma norma (contrario sensu), que todo proceso incoado a partir del 1 de enero del 2008, debe ser tramitado y resuelto conforme a las nuevas reglas establecidas por el Código de referencia, con independencia de la fecha en que se omitió, adoptó o recurrió administrativamente la conducta pública impugnada (...) todas estas razones jurídicas, aunadas a las necesidades reales e indiscutibles de la gestión e implementación de los \"antiguos\" y nuevos procesos, permiten a esta Sala concluir de manera indubitable, que de conformidad con el Transitorio referido (IV), todo proceso interpuesto a partir del 1 de enero del 2008, ha de ser tramitado con las reglas procedimentales establecidas por el Código Procesal Contencioso Administrativo. III.- El contenido del Transitorio III de la normativa que nos ocupa, en modo alguno debe llevarnos a conclusiones equivocadas, pues dicho precepto apunta y regula a situaciones distintas al régimen procesal establecido para los conflictos jurisdiccionales iniciados a partir del 2008 (...) En efecto, ese Transitorio III alude al régimen de impugnación que por vía de recurso excepcional o extraordinario pueda caber contra la conducta recaída en firme (verbigracia, recurso extraordinario de revisión, o , apelación fuera de los plazos normales por virtud de nulidad absoluta). Asimismo, se refiere a los plazos para acudir al proceso jurisdiccional luego de que la conducta administrativa alcanzó la condición de firme (plazo de caducidad de la acción). De esta manera tendríamos que el plazo normal para impugnar jurisdiccionalmente un acto que adquirió firmeza antes del 2008, será, en principio, de dos meses; mientras que si se trata de la nulidad absoluta, dicho plazo se extenderá a cuatro años conforme al régimen de impugnación consagrado en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública antes de la reforma incorporada por el mismo Código Procesal Contencioso Administrativo...\". En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio IV del Código Procesal Contencioso Administrativo, todo proceso interpuesto a partir del primero de enero del dos mil ocho, ha de ser tramitado conforme a las reglas previstas en dicho código. Ahora bien, aunque en este caso se impugnan actos que adquirieron firmeza antes del año dos mil ocho, también lo es, que en aplicación de lo dispuesto en el numeral 14 de la Ley Forestal, la acción para recuperar y tutelar bienes de dominio público que forman parte del PNE –que constituye el objeto de este proceso-, es imprescriptible, por lo que, no está sujeta a los plazos de impugnación de dos meses previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ni al de un año dispuesto en los artículos 39 y 40 del CPCA. Aunado a lo anterior, cabe aclarar que no estamos frente al proceso de lesividad que regulan los artículos 183 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El presente es un proceso inter-administrativo interpuesto por un órgano constitucional en este caso, la Contraloría General de la República contra un ente público, como lo es el IDA. Se pretende, la nulidad de conductas administrativas y actuaciones mediante las cuales se ejecutó el otorgamiento de títulos de propiedad sobre un terreno que constituye Patrimonio Natural del Estado, debiendo, por ende, procederse a su recuperación por tratarse de un bien de dominio público. Así las cosas, el objeto del proceso no solo refiere al contenido de la relación jurídica administrativa existente entre el Estado y los beneficiarios de la titulación, sino también al control del ejercicio de la potestad administrativa ejercida por el IDA. Por último, cabe indicar al representante de la codemandada Nombre125803 , que el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que este numeral regula el supuesto de que un administrado pueda impugnar un acto absolutamente nulo y el plazo que tiene para tal efecto, mientras que en este caso, se trata de un proceso inter-administrativo cuyo objeto no solo refiere al contenido de la relación jurídica administrativa existente entre el Estado y los beneficiarios de la titulación, sino también al control del ejercicio de la potestad administrativa ejercida por el IDA. Definido el régimen jurídico aplicable y habiéndose acreditado la naturaleza demanial del inmueble objeto, se impone necesariamente el rechazo de la excepción de caducidad interpuesta por la demandada Nombre125803  . Debe tenerse presente que, tratándose de recuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles.  Ello es así por las características particulares de este tipo de bienes. Así lo establece expresamente el numeral 14 de la Ley Forestal y el artículo 34 inciso 2  del Código Procesal Contencioso Administrativo. Debe tener presente la representación de la codemandada de derecho privado que frente a este tipo de pretensiones anulatorias debe privar el principio de que los actos viciados de nulidad absoluta no pueden convalidarse ni por el tiempo ni por acto jurídico, ni tampoco pueden sanearse, según lo preceptúa el artículo 172 de la LGAP.  En el caso concreto es indispensable considerar estos principios: se impugnan conductas relacionadas con la tutela de bienes de dominio público, además, de que a la fecha el inmueble aún se encuentra inscrito a nombre de un particular, pese a ser Patrimonio Natural del Estado y su naturaleza demanial. Por lo expuesto, y en virtud de que las pretensiones de la parte actora se destinan a requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de dominio público –que son imprescriptibles-, siendo además que este Tribunal constató tal patología y declaró nulidad absoluta de las conductas formales impugnadas, debe rechazarse la defensa de caducidad alegada.\n\n \n\nXI.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS.  El Instituto de Desarrollo Agrario opuso la excepción de incompetencia, la cual fue rechazada por este Tribunal. Además, según consta en autos, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, rechazó la inconformidad interpuesta por el ente accionado, declarando competente a este Tribunal para conocer de este asunto. Asimismo, opuso durante la audiencia única, la excepción de prescripción respecto a la pretensión de condena en abstracto de daños y perjuicios, la cual, fue rechazada en el considerando IX de esta sentencia. Por su parte, la accionada Nombre125803  formuló las defensas de falta de competencia, falta de integración de la litis consorcio pasiva necesaria (ambas ya debidamente resueltas); así como las excepciones de caducidad (resuelta en el considerando X de esa sentencia); de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación activa y pasiva. En relación con la defensa de falta de legitimación activa y pasiva, considera este Tribunal que debe ser rechazada.  Lo anterior por cuanto, analizado este presupuesto, se llega a la conclusión que, en primer lugar, la actora cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso a la luz del artículo  10 inciso 3)  del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ello por cuanto se trata de la defensa y tutela de bienes que componen la Hacienda Pública, según lo disponen los artículos 8 y 9  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de un bien de dominio público.  Además, se encuentra debidamente representada de conformidad con los artículos 35 y  36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  Por otra parte, la acción se dirige correctamente contra el  Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal,  como autor de conductas formales impugnadas y anuladas en este fallo. También, la acción se dirige correctamente contra la demandada Nombre125803  , tal y como lo exige el ordinal 12 ya citado en su inciso 3) en tanto fue beneficiaria de la titulación cuya nulidad se declaró, titulación que produjo la inscripción a su nombre de un bien que constituye Patrimonio Natural del Estado y que debe retornar al dominio público. En lo que atañe a la excepción de falta de interés actual, ésta debe ser rechazada. Es evidente que las conductas impugnadas se encuentran surtiendo efectos y requieren una resolución judicial que las resuelva y dé certeza. Finalmente, en lo que atañe a la falta de derecho, también se impone su rechazo, por las razones que ya han sido ampliamente desarrolladas en los Considerandos anteriores. Debe indicarse que, por estar frente a un bien de dominio público, resulta jurídicamente improcedente afirmar la existencia de un derecho subjetivo sobre aquél en favor de terceros, ya que, como se ha insistido, sobre este tipo de bienes no cabe prescripción ni adquisitiva ni negativa, siendo que además están fuera del comercio de los hombres. Por otra parte, debe aclararse que no estamos frente al proceso de lesividad que regula el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El presente es un proceso inter-administrativo interpuesto por un órgano constitucional en este caso, la Contraloría General de la República (además con suficiente legitimación para ello conforme fuera explicado  supra) contra un ente público, como lo es el IDA. Se pretende, la nulidad de conductas administrativas y actuaciones mediante las cuales se ejecutó el otorgamiento de títulos de propiedad sobre un terreno que constituye Patrimonio Natural del Estado, debiendo, por ende, procederse a su recuperación por tratarse de un bien de dominio público. Así las cosas, el objeto del proceso no solo refiere al contenido de la relación jurídica administrativa existente entre el Estado y los beneficiarios de la titulación, sino también al control del ejercicio de la potestad administrativa ejercida por el IDA. Tampoco encuentra este Tribunal que el presente proceso provoque indefensión a la codemandada. Fue llamada al proceso como accionada precisamente para garantizar su derecho de defensa, al tener un interés que podía verse afectado, en caso de declararse la nulidad de las conductas impugnadas, como efectivamente ha sucedido. \n\n \n\n            XII.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la demanda, en los siguientes términos: 1) Se declara que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor de la codemandada Nombre125803   y que corresponde al plano catastrado Placa22735-  constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público que  resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo, el órgano competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).  2) Se declara la nulidad  absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 32 de la Sesión No. 016-04, de 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Nombre125803   y descrita en el plano catastrado No. SJ-871001-2003. 3) Por conexidad, deben anularse la escritura pública No. 47 otorgada ante los notarios Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del 24 de mayo de 2004, únicamente en lo referido a la formalización  y protocolización de  la titulación ilegítima que emitiera  el IDA en favor de  Nombre125803   sobre la finca descrita en el plano catastrado No. SJ-871001-2003;  así como, la escritura pública No. 116, otorgada ante el notario público Mario Alberto Sánchez Hernández,  a las 18 horas del 10 de noviembre de 2006, mediante la cual, se protocolizó el  Contrato de Pago de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque, contrato número SJ-01-02-0071-2006, suscrito entre la demandada Nombre125803  y el FONAFIFO . Deberá comunicarse al Archivo Nacional y al Registro Nacional las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a efectos de las anotaciones marginales en la matriz de los protocolos respectivos y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional. 4) Se declara que la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa27014 (finca titulada) fue inscrita técnica y jurídicamente en forma indebida a favor de Nombre125803  . 6) Se anulan los asientos registrales de inscripción de la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa27014 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 7) Se anula el asiento registral de inscripción del Contrato de Pago de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque, contrato número Placa27532, emitido por el Registro Público. 8) Se ordena a la  Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione la escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza y realizar las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad descrita en el plano catastrado Placa22735 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado.  9) Se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso a la demandada Nombre125803   y poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 10) Se condena al IDA al pago al pago en abstracto de los daños y perjuicios  ocasionados al Patrimonio Natural del Estado, y derivados de las conductas formales anuladas. De conformidad con el artículo 122 inciso m) iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, su existencia y cuantía se determinarán en la fase de ejecución de sentencia. 11) De conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública,  la ilegalidad declarada es manifiesta. De conformidad con los artículos 199, 200, 211, 212 y 213  de la misma Ley General deberá el jerarca del IDA  iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a este Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia.\n\n \n\n XIII.- SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso mientras esta resolución adquiere firmeza, se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por este Tribunal mediante las siguientes resoluciones: 1) No.593-2009, de las quince horas diez minutos del treinta de marzo de 2009, que dispuso “…\"...De conformidad al razonamiento expuesto y con fundamento en los artículos 20, 21 y 22 del CPCA, teniendo por configurados los requeridos presupuestos, se acoge la medida cautelar ordenando la anotación registral de esta demanda sobre la propiedad Placa27014, quedan los mandamientos a disposición de la parte actora...\". 2) Nº 1118-2010 de las siete horas treinta minutos del veintitrés de marzo del dos mil diez, mediante la cual, este Tribunal resolvió la solicitud de ampliación de la medida cautelar planteada por la Contraloría General de la República, en el sentido de que: “Se acoge la ampliación de la tutela cautelar solicitada por la Contraloría General de la República, con relación a la adoptada por este Tribunal en resolución número 593-2009 de las quince horas diez minutos del treinta de marzo del dos mil nueve,  en los siguientes términos: 1) Se ordena a la señora Nombre125803  , en su condición de propietaria registral del inmueble inscrito bajo matrícula de folio real número Placa27014, plano catastrado número Placa22735, que en ejercicio de los atributos propios del dominio adopte las medidas adecuadas y necesarias que garanticen la protección de la biodiversidad del inmueble objeto de este proceso, lo que incluye que tanto ella como cualquier tercero que se encuentre en la propiedad se abstengan de cortar árboles, raíces o ramas, abrir trochas o caminos, chapear, contaminar, eliminar o intervenir las zonas boscosas, introducir animales al dicha zona, sembrar especies exógenas o ajenas a la flora propia de la zona,  realizar cualquier tipo de edificación, realizar mejoras a la edificación existentes y encausar o alterar el cauce de la quebrada o de los yurros que se encuentra dentro de los terrenos objeto de este proceso o cambiar el uso del suelo de este inmueble. Asimismo, deberá facilitar y permitir el ingreso de los funcionarios del Área de Conservación del Pacífico Central,  que serán los encargados de la inspección y fiscalización del cumplimiento de dichas medidas. 2) Asimismo, y como complemento a las medidas antes indicadas, se ordena: a) Al Concejo Municipal, al Alcalde y demás personal a su cargo, que se abstengan de tramitar cualquier solicitud de permiso de construcción y obra sobre el inmueble objeto de este proceso, a saber, la finca inscrita en el Registro Nacional, con matrícula de folio real número Placa27014 (finca titulada) propiedad de Nombre125803  ; b) A la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, que se abstenga de tramitar cualquier solicitud de viabilidad de desarrollo y obras sobre el terreno objeto de este proceso; c) Al Área de Conservación Pacífico Central, que se abstenga de tramitar cualquier solicitud de tala, corta u aprovechamiento de recursos forestales en el terreno objeto de este proceso. 3) Se ordena al Área de Conservación del Pacífico Central  del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), fiscalizar el cumplimiento de la tutela cautelar impuesta a la demandada Nombre125803  y rendir un informe a este órgano jurisdiccional en los términos indicados en el Considerando V.  4) Expídase los mandamientos respectivos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación; a la Municipalidad de Turrubares y a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiental, para lo que en derecho corresponda…”. 3) Nº 237-2010 dictada de manera de manera oral, por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las ocho horas doce minutos del veinticinco de mayo del dos mil diez, mediante la cual, se dispuso: “…Segundo: Se confirma resolución # 1118-2010 de 7:30 horas de 23 de marzo, en lo es que objeto del recurso, aclarando en el sentido de que la apelante podrá continuar la actividad de café actualmente existente en la finca hasta su recolección y darle mantenimiento, sin poder realizar nuevas plantaciones.”  Lo anterior hasta la firmeza del presente fallo.\n\n \n\n            XIV.- SOBRE LAS COSTAS. El numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no aprecia este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, respecto del Instituto de Desarrollo Agrario, razón por la cual se le impone el pago de ambas costas. En relación con la demandada Nombre125803 ,  estima este Tribunal que se configura una de las excepciones que fija la norma toda vez que contaban con suficiente motivo para litigar y además su actuación ha sido de buena fe, razón por la cual, se les exime de tal pago.\n\n \n\nPOR TANTO\n\n            Se rechaza la excepción de prescripción interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario. Se rechazan las excepciones de caducidad, falta de legitimación activa y pasiva, y falta de interés actual opuestas por la demandada Nombre125803  . Se rechaza en todos sus extremos la excepción de falta de derecho opuesta por la demandada Nombre125803   y en consecuencia, se declara con lugar la presente demanda, en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente. En consecuencia: 1) Se declara que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor de la codemandada Nombre125803   y que corresponde al plano catastrado Placa22735-  constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público que  resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo, el órgano competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).  2) Se declara la nulidad  absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 32 de la Sesión No. 016-04, de 3 de mayo de 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Nombre125803   y descrita en el plano catastrado No. SJ-871001-2003. 3) Por conexidad, deben anularse la escritura pública No. 47 otorgada ante los notarios Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del 24 de mayo de 2004, únicamente en lo referido a la formalización  y protocolización de  la titulación ilegítima que emitiera  el IDA en favor de  Nombre125803   sobre la finca descrita en el plano catastrado No. SJ-871001-2003;  así como, la escritura pública No. 116, otorgada ante el notario público Mario Alberto Sánchez Hernández,  a las 18 horas del 10 de noviembre de 2006, mediante la cual, se protocolizó el  Contrato de Pago de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque, contrato número SJ-01-02-0071-2006, suscrito entre la demandada Nombre125803  y el FONAFIFO. Deberá comunicarse al Archivo Nacional y al Registro Nacional las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a efectos de las anotaciones marginales en la matriz de los protocolos respectivos y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional. 4) Se declara que la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa27014 (finca titulada) fue inscrita técnica y jurídicamente en forma indebida a favor de Nombre125803  . 5 ) Se anulan los asientos registrales de inscripción de la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa27014 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 6 ) Se anula el asiento registral de inscripción del Contrato de Pago de Servicios Ambientales modalidad de Protección de Bosque, contrato número Placa27532, emitido por el Registro Público. 7 ) Se ordena a la  Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione la escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza y realizar las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad descrita en el plano catastrado Placa22735 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado.  8 ) Se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso a la demandada Nombre125803   y poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 9 ) Se condena al IDA al pago al pago en abstracto de los daños y perjuicios  ocasionados al Patrimonio Natural del Estado, y derivados de las conductas formales anuladas. De conformidad con el artículo 122 inciso m) iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, su existencia y cuantía se determinarán en la fase de ejecución de sentencia. 1 0 ) De conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública,  la ilegalidad declarada es manifiesta. De conformidad con los artículos 199, 200, 211, 212 y 213  de la misma Ley General deberá el jerarca del IDA  iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a este Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 1 1 ) Se ordena mantener las medidas cautelares dictadas mediante resoluciones número 593-2009, de las quince horas diez minutos del treinta de marzo de 2009; 1118-2010 de las siete horas treinta minutos del veintitrés de marzo del dos mil diez y, 237-2010 dictada de manera de manera oral, por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las ocho horas doce minutos del veinticinco de mayo del dos mil diez, hasta la firmeza de esta sentencia. 1 2 ) Se condena al IDA  al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Se exime de tal pago a la codemandada Nombre125803  . 1 3 ) Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Nacional y al Archivo Nacional.\n\n \n\n \n\n \n\nMarianella Álvarez Molina\n\n \n\n \n\n \n\nJosé Roberto Garita Navarro                                                 Otto González Vílchez   \n\n \n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE: 09-000138-1027-CA\n\nPROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTORA: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, Nombre125803 \n\n  \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:13:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECTION VI\n\nResolution No. 03609 - 2010\n\nDate of Resolution: September 23, 2010 at 16:00\n\nFile: 09-000138-1027-CA\n\nDrafted by: Marianella Alvarez Molina\n\nType of matter: Preferential processing proceeding\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nType of content: Majority vote\nTopics (descriptors): Public domain\nTopics (descriptors): Nullity and ineffectiveness of the administrative act\nTopics (descriptors): Instituto de Desarrollo Rural\n\nRulings in the same sense\n\nText of the resolution\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,\n\nII Judicial Circuit of San José, Address 04\n\nCentral 2545-00-03 Fax 2545-00-33\n\nEmail ...01\n\n________________________________________________________________________\n\nFILE: 09-000138-1027-CA\n\nPREFERENTIAL PROCESSING PROCEEDING\n\nPLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, Nombre125803\n\nNo. 3609 -2010\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECTION SIX. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at sixteen hours on September twenty-third, two thousand ten.\n\nDeclaratory proceeding declared as preferential processing, filed by the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Nombre603, married, attorney, identity card CED414 and resident of San Francisco de Heredia, and Nombre13586, married, attorney, identity card CED111357 and resident of Ciudad Colón, against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (hereinafter IDA) represented by the General Judicial Attorney-in-Fact, Nombre139304, identity card number CED111524; Nombre125803, of legal age, homemaker, resident of San Rafael de San Luis de Turrubares, San José, identity card number CED111525.\n\nWHEREAS.\n\n1.- The Contraloría General de la República files the complaint that gave rise to this proceeding against the Instituto de Desarrollo Agrario and Nombre125803, so that the judgment declares the following claims, as they were adjusted at the single hearing held on September sixth, two thousand ten: \"“1) That the decision of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario contained in Article 32 of Session number 016-04 dated May 3, 2004, be annulled, solely as it pertains to the titling of a farm in favor of Mrs. Nombre125803, described in cadastral plan number Placa22735. 2) That public deed number 47, granted before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, which formalized and recorded the titling issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled. 3) That the registration entry for the farm registered under the Folio Real system, registration number Placa27014 (titled farm), issued by the National Registry, be annulled. 4) That deed number 116, granted before Notary Public Mario Alberto Sánchez, at 6:00 p.m. on November 10, 2006, which recorded the Contract for Payment of Environmental Services, Forest Protection Modality, contract SJ-01-22-0071-2006, be annulled. 5) That the registration entry for the Environmental Services Contract, Forest Protection Modality, Contract number SJ-01-22-0071-2006, issued by the National Registry, be annulled. 6) That it be declared that the farm registered under the Folio Real System, registration number Placa27014 (titled farm), was technically and legally registered improperly in favor of Mrs. Nombre125803. 7) That it be declared that the farm described in cadastral plan number Placa22735 is State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and, therefore, the competent authority to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (hereinafter MINAET), and the Procuraduría General de la República, through the State Notary's Office, must be ordered to prepare a deed recording, as appropriate, the relevant parts of the judgment to be issued, so that it may proceed with the corresponding change of nature and registration of the farm described in cadastral plan Placa22735 in the name of the State in the Public Property Registry. Likewise, MINAET and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC) shall be ordered to prepare the necessary signs to identify the property as State Natural Heritage. 8) That MINAET be placed in possession of that farm and the eviction of Mrs. Nombre125803 be ordered. 9) That IDA be ordered to pay, in the abstract, the damages caused. 10) That IDA be ordered to pay both the procedural and personal costs of this complaint. 11) That in accordance with Article 200 of the Ley General de la Administración Pública, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declare whether the invalidity of the administrative act issued by IDA, contained in Article 32 of Session 16-2004, of May 3, 2004, solely as it pertains to the titling of a farm in favor of Mrs. Nombre125803, is manifest or not, and if so, proceed as established in subsection 2) of said article.\"\n\n2.- That by resolution number 593-2009 at fifteen hours ten minutes on March thirtieth, two thousand nine (folios 45 to 48 of the judicial file), the Processing Judge resolved: \"...In accordance with the reasoning set forth and based on Articles 20, 21, and 22 of the CPCA, the required prerequisites being met, the precautionary measure is granted, ordering the registration annotation of this complaint on property Placa27014; the orders are made available to the plaintiff...\".\n\n3.- This proceeding was declared of preferential processing by resolution issued by this Tribunal at seven hours thirty minutes on April twenty-third, two thousand nine (folios 57 and 58 of the judicial file).\n\n4.- The Instituto de Desarrollo Agrario answered the complaint in a timely and proper manner, requesting that it be declared without merit and that it be exempted from liability regarding damages, personal costs, and procedural costs. It also filed the objection of lack of subject-matter jurisdiction (folios 62 to 82 of the judicial file).\n\n5.- The defendant Nombre125803 answered the complaint negatively and raised the preliminary defenses of lack of jurisdiction, failure to join a necessary passive litisconsortium, expiration; as well as the objections of lack of active and passive standing; lack of right, and lack of current interest (folios 110 to 117, 125 to 135 of the judicial file).\n\n6.- That by a writing received at this Office at fifteen hours fifty-one minutes on May fifth, two thousand nine (folios 130 to 138 of the judicial file), the representatives of the Contraloría General de la República requested an extension of the precautionary measure, so that Mrs. Nombre125803, in her capacity as registered owner, as well as any other person, be ordered to refrain from any conduct by action or omission that causes or may cause a detriment to the State Natural Heritage on the property subject to this proceeding.\n\n7.- That by resolution number 955-2009 at seven hours thirty minutes on May twenty-first, two thousand nine (folios 162 to 164 of the judicial file), this Tribunal resolved: \"The objection of lack of subject-matter jurisdiction filed by the Instituto de Desarrollo Agrario and the Representative of the defendant Nombre125803 is rejected.\" That by official communication number 489-093 of June first, two thousand nine (folio 166 of the judicial file), Judicial Assistant 3B, Randall Paniagua Castro, informed this Tribunal that \"...a Recourse of Disagreement on Competence was filed against judgment No. 955/90 at seven hours and thirty minutes on May twenty-first, two thousand nine of that Tribunal, and therefore I request that the parties be notified to indicate a place or means for notifications, and also that you send us the referenced file, as well as the respective documents, if any...\". That by order at fifteen hours forty-nine minutes on June second, two thousand nine (folio 167 of the judicial file), the Coordinating Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolved: \"The Superior Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has requested the referral of this proceeding because a disagreement was filed against the resolution from this Office, No. 955-2009, at seven hours thirty minutes on May twenty-first, two thousand nine (folio 161-163). In view of the fact that the Superior Court has its seat in a place different from that of this Tribunal, the parties are warned that within the non-extendable period of twenty-four hours they must indicate before said superior body a means for receiving notifications within the perimeter of the first Judicial Circuit of San José, solely for this procedure...\".\n\n8.- That by resolution number 000711-C-S1-2009 at nine hours thirty-five minutes on July ninth, two thousand nine (folios 186 to 188 of the judicial file), the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolved: \"...It is declared that this proceeding corresponds to the Contencioso Administrativo jurisdiction...\". That file 09-000138-1027-CA was received at the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda at thirteen hours thirty-one minutes on September eighth, two thousand nine (folio 191 verso of the judicial file).\n\n9.- That by resolution at seven hours thirty minutes on September twenty-first, two thousand nine (folios 192 to 193 of the judicial file), this Tribunal proceeded to continue with the preferential processing of this declaratory proceeding and, among other aspects, resolved to grant a hearing to the parties for a period of three business days regarding the request for extension of the precautionary measure filed by the plaintiff and also regarding the objection of an incomplete passive litisconsortium filed by the defendant Nombre125803.\n\n10.- That by resolution number 2279-2009 at fourteen hours on October fourteenth, two thousand nine (folios 232 to 235 of the judicial file), this Tribunal resolved: \"The objection of a necessary passive litisconsortium filed by the representative of the defendant Nombre125803 is rejected...\". It does not appear from the record that this resolution was appealed.\n\n11.- That by order at fourteen hours thirty minutes on October fourteenth, two thousand nine (folio 236 of the judicial file), this Tribunal granted the parties a period of twenty-four hours to present arguments regarding the allegations and evidence submitted by the plaintiff when responding to the hearing granted by the resolution at seven hours thirty minutes on September twenty-first, two thousand nine (folio 192 of the judicial file); therefore, once that period expired, the corresponding written resolution would be issued regarding the request for extension of the precautionary measure filed by the Contraloría General de la República.\n\n12.- That by official communication number 997-09 of October nineteenth, two thousand nine (folio 251 of the judicial file), Judicial Assistant 3B, Randall Paniagua Castro, informed this Tribunal that \"...a Recourse of Disagreement on Competence was filed against judgment No. 955/90 at seven hours and thirty minutes on May twenty-first, two thousand nine of that Tribunal, and therefore I request that the parties be notified to indicate a place or means for notifications, and also that you send us the referenced file, as well as the respective documents, if any...\". That by order at eleven hours thirty-five minutes on October twentieth, two thousand nine (folio 252 of the judicial file), the Coordinating Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolved: \"The Superior Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has requested the referral of this proceeding because a disagreement was filed against the resolution from this Office, No. 955-2009, at seven hours thirty minutes on May twenty-first, two thousand nine. In view of the fact that the Superior Court has its seat in a place different from that of this Tribunal, the parties are warned that within the non-extendable period of twenty-four hours they must indicate before said superior body a means for receiving notifications within the perimeter of the first Judicial Circuit of San José, solely for this procedure...\".\n\n13.- That by resolution number 001298-C-S1-2009 at ten hours thirty-two minutes on December seventeenth, two thousand nine (folio 282 of the judicial file), the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolved: \"...The file is remitted so that its processing may continue in the court of origin...\". That file 09-000138-1027-CA was received at the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda at ten hours fifteen minutes on February eleventh, two thousand ten (folio 285 verso of the judicial file).\n\n14.- That by resolution at seven hours thirty minutes on February twelfth, two thousand ten (folio 291 of the judicial file), this Tribunal proceeded to continue with the preferential processing of this declaratory proceeding and resolved the request filed by the Contraloría General de la República in the writing visible at folios 289 to 290 of the judicial file, in the sense of requiring the representative of the Instituto de Desarrollo Agrario, in application of the provisions of Article 64 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to proceed to remit, within twenty-four hours, a complete copy of the administrative file, under warning that otherwise, not only would the facts be taken as true, but also the Enforcement Judge of the Office would proceed to appear at the central offices of the Instituto de Desarrollo Agrario to request and obtain the complete administrative file, without prejudice to the provisions of subsection 2) of Article 56 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, if applicable. It was also required that she indicate to the Tribunal the reasons why she did not provide a complete copy of the administrative file at the time of filing the answer to the complaint, despite being ordered to do so by resolution at seven hours thirty minutes on April twenty-third, two thousand nine.\n\n15.- That by resolution number 1118-2010 at seven hours thirty minutes on March twenty-third, two thousand ten, this Tribunal resolved the request for extension of the precautionary measure filed by the Contraloría General de la República, in the sense that: \"The extension of the precautionary protection requested by the Contraloría General de la República is granted, in relation to that adopted by this Tribunal in resolution number 593-2009 at fifteen hours ten minutes on March thirtieth, two thousand nine, under the following terms: 1) Mrs. Nombre125803 is ordered, in her capacity as registered owner of the property registered under Folio Real registration number Placa27014, cadastral plan number Placa22735, to, in exercising the attributes of ownership, adopt the adequate and necessary measures to guarantee the protection of the biodiversity of the property subject to this proceeding, which includes that both she and any third party on the property must refrain from cutting trees, roots, or branches, opening trails or roads, clearing brush (chapear), contaminating, eliminating, or intervening in the forested areas, introducing animals into said area, planting exogenous species or species foreign to the area's native flora, carrying out any type of construction, making improvements to existing construction, and channeling or altering the course of the stream or springs (yurros) located within the land subject to this proceeding, or changing the land use (uso del suelo) of this property. Likewise, she must facilitate and permit the entry of officials from the Área de Conservación del Pacífico Central, who will be responsible for inspecting and monitoring compliance with said measures. 2) Likewise, and as a complement to the measures indicated above, it is ordered: a) To the Municipal Council, the Mayor, and other personnel under their charge, to refrain from processing any request for a construction and works permit on the property subject to this proceeding, namely, the farm registered in the National Registry under Folio Real registration number Placa27014 (titled farm), owned by Nombre125803; b) To the Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, to refrain from processing any request for development and works feasibility on the land subject to this proceeding; c) To the Área de Conservación Pacífico Central, to refrain from processing any request for logging, cutting, or utilization of forest resources on the land subject to this proceeding. 3) The Área de Conservación del Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is ordered to monitor compliance with the precautionary protection imposed on the defendant Nombre125803 and to render a report to this jurisdictional body under the terms indicated in Considerando V. 4) Issue the respective orders to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación; to the Municipality of Turrubares; and to the Secretaría Técnica Nacional del Ambiental, for what legally corresponds…\".\n\n16.- That by resolution number 237-2010, delivered orally by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, at eight hours twelve minutes on May twenty-fifth, two thousand ten, it was ordered: \"First: The evidence offered and presented for better provision by both the co-defendant Nombre141828 and the CGR is admitted, consisting of photographs of the site, a notarial certificate, a Public Registry study regarding farm #274424-000, a photocopy of certification SJ-010-2010 from the Programa de Pago de Servicios Ambientales of the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), and a certificate of conforming land use issued by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), folios 118, 363, 363, and 394 to 402. Second: Resolution # 1118-2010 at 7:30 a.m. on March 23 is confirmed, insofar as it is the object of the appeal, clarifying that the appellant may continue the coffee activity currently existing on the farm until its harvest and maintain it, without being able to make new plantings.\"\n\n17.- That by resolution at seven hours thirty minutes on July fifth, two thousand ten (folio 434 of the judicial file), and given that the Conciliation Judge deemed the conciliation stage unsuccessful (folios 429 and 430 of the judicial file), this Tribunal scheduled the single hearing for eight o'clock on August seventeenth and eighteenth, two thousand ten. That by resolution at ten hours on July twenty-first, two thousand ten (folios 447 and 448 of the judicial file), the single hearing was rescheduled—one single time—for just cause by the defendant parties, to eight o'clock on September sixth and seventh, two thousand ten. Likewise, and in accordance with the provisions of Articles 82, 83, 85, and 93 subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the testimony as an expert witness of Engineer Nombre123874, Director of the Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) of the Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones (MINAET), was ordered to be received, regarding the content of certification ACOPAC-OT-C-002-10 of May 7, 2010 and report ACOPAC-PNE-025-2010 of January 19, 2010 (folios 422, 409 to 413 of the judicial file).\n\n18.- That by order at sixteen hours thirty minutes on August thirty-first, two thousand ten (folios 454 and 455 of the judicial file), the resolutions issued at seven hours thirty minutes on July fifth and at ten hours on July twenty-first, both of two thousand ten, were corrected and supplemented, in the sense of deeming the complaint answered in a timely and proper manner; deeming the preliminary defenses and objections of lack of jurisdiction, necessary passive litisconsortium, expiration, lack of active and passive standing, lack of current interest, and lack of right to have been filed—and in some instances, resolved—; granting a counter-proof hearing to the plaintiff, and maintaining the scheduling of the single hearing, set for eight o'clock on September sixth and seventh, two thousand ten.\n\n19.- The single hearing was held on September 6, two thousand ten, which was recorded in the corresponding electronic system and is attached to the file in a special dossier. During it, the objections of expiration—filed by Nombre125803—and statute of limitations—raised during the preliminary hearing by the representative of IDA regarding the claim for condemnation of damages—were reserved for the issuance of this judgment; the claims were adjusted, setting them as described in the first whereas; the disputed and undisputed facts, relevant to the case and therefore subject to proof, were established; the pertinent documentary evidence was admitted; the testimonial and expert evidence offered by the defendant Nombre125803 was rejected; the testimony as an expert witness of Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAET, was received; the parties presented their conclusions, and upon their completion, the Tribunal declared this proceeding a complex matter for the purposes of the provisions of Article 111 subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to section 82, subsection 1), of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.\n\n20.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities that must be corrected or that cause defenselessness have been observed. In accordance with Article 111 of the cited Procedural Code in relation to sections 79 and 82 of its Regulations, upon prior deliberation, we proceed with the issuance, drafting, and communication of this judgment within the legal term.\n\nDrafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez, and;\n\nCONSIDERANDO.\n\nI.- PROVEN FACTS. The following are deemed accredited as relevant for the purposes of this proceeding: 1) By Decreto Ejecutivo No. 3667-G, published in La Gaceta No. 72, of April 17, 1974, the Executive Branch transferred, free of charge, to the Instituto de Tierras y Colonización, insofar as they are not included within the exceptions indicated in Laws No. 2825, 4465, or constitute private domain or cannot be transferred for other reasons, an area of 267,239 hectares to create the \"Programa de Titulación Parrita - Puriscal.\" Within those lands were occupants of parcels whose possession of those properties had not been regularized (Undisputed Fact, Documentary evidence identified as No. 1 in the CGR evidence dossier). 2) The land referred to in the preceding proven fact was registered in the name of IDA under the Folio Real System, Registration Placa26960 (mother farm) (Undisputed Fact; Documentary evidence identified as No. 2 in the CGR evidence dossier). 3) The Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 2 of Session 055-02 of August 12, 2002, approved the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, which was published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002 (Undisputed Fact, Documentary evidence identified as No. 3 in the CGR evidence dossier). 4) That on July twenty-first, 2003, cadastral plan number SJ-871001-2003, prepared by Topographical Engineer Marco Vinicio Monge Quesada, was registered in the National Registry, which corresponds to the property located in El Caite, San Luis District, Turrubares Canton, San José Province, with an area of 52 hectares, longitude 1 98, latitude 4 86, cartographic sheet Candelaria, where mountainous terrain predominates, surrounded by springs (yurros) and the Pitalillo stream, known as quebrada Pital. Likewise, adjacent to the old public road, there is reference to an area of pastureland and coffee and corn crops. Finally, cadastral plan SJ-871001-2003 indicates that the land is affected by the Ley Forestal 7575, Article 33 (documentary evidence identified as No. 6 in the CGR evidence dossier and folios 87 to 89 of the judicial file); 5) In deed number two hundred four of July 28, 2003, the co-defendant Nombre125803 made a sworn statement before Notary Carlos Rodríguez Bermúdez, in which she stated, among other aspects, \"...that she is the owner of the unregistered farm described as follows: mountainous land and pastures. Location: San Luis, fourth district of the sixteenth canton, Turrubares, of the Province of San José. Measurement: five hundred twenty-five thousand thirty-seven square meters and sixty-two square decimeters, as shown in plan number SJ-eight seven one zero zero one-two thousand three (…) that she acquired the described property from Nombre141829 (…) more than eight years ago, who transferred to her the possession exercised by him and previous possessors for more than twelve years...\" (folios 93 and 94 of the judicial file); 6) On July 28, 2003, co-defendant Nombre125803 filed before IDA a request to process land titling in National Reserves, protected by Articles 10 and 11 of the Reglamento para la titulación de tierras en Reservas Nacionales and Ley de Tierras y Colonización No. 2825, so that the title of ownership be granted for the farm located in the Puriscal-Parrita Program, specifically in El Caite, San Luis district, Turrubares canton, San José province, measuring 52 hectares, 5,037.62 square meters, corresponding to cadastral plan SJ-871001-2003 (Undisputed Fact, Documentary evidence identified as No. 4 in the CGR evidence dossier and folio 86 of the judicial file). 7) By official communication ACOPAC-OTC-259-03 of August 7, 2003, Nombre141554, Territorial Planning Coordinator of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, certifies, in what is relevant for the issuance of this judgment, that \"...having inspected the farm corresponding to cadastral plan SJ-871001-2003, with an area of 52 ha 5037.62 m2, located at Dirección17188, pertaining to FR 1219039-000, in possession of Nombre125803, ID 1-596-432. The property has primary forest cover (cobertura de bosque primario) in climax succession (...) Based on the coordinates of the cadastral plan, this property is outside Protected Wild Areas. It is not observed, furthermore, that it affects Article No. 33 of the Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996, and its amendments...\" (documentary evidence identified as No. 5 in the CGR evidence dossier and folio 92 of the judicial file). 8) By official communication STAO-139-2004 of April 19, 2004, issued by the Coordinator of Titling Programs of the Titling Area of the Agrarian Planning Department of the Instituto de Desarrollo Agrario and addressed to the Board of Directors of that same institution, authorization was requested to segregate and transfer 168 lots and parcels so that the corresponding possessory title deeds could be issued, among which was the land in the name of co-defendant Nombre125803, corresponding to parcel No. 40-92668 and cadastral plan SJ-871001-2003. The above was in compliance with institutional policies and with the recommendation of the Regional Office of Cartago and the approval of the Central Regional Directorate, and because all the requirements established by the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales published in the Official Gazette La Gaceta number 173 of September 10, 2002, had been met, with the parcels and lots remaining under the conditions and restrictions of Article XVIII of said regulation (Undisputed Fact, Documentary evidence identified as No. 7 in the CGR evidence dossier; folios 299 to 306 of the judicial file). 9) The Instituto de Desarrollo Agrario omitted to request the land-use capability study (estudio de capacidad de uso del suelo) required by Article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and sections 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulations to said Law, at the time of titling the property subject to this proceeding in favor of the defendant Nombre125803 (See answer to the complaint and conclusions of the Instituto de Desarrollo Agrario at the single hearing, recorded in digital format and located in the judicial file).\n\n10) The Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Article 32 of Session 016-04, held on May 13, 2004, approved the request to segregate and transfer and extend a supplemental title of ownership, among others, to the property in the name of the defendant Nombre125803 and which corresponded to the cadastral map SJ-871001-2003. In that same Board of Directors session, Mr. Walter Céspedes Salazar, Executive President, and Engineer Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortiz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (uncontested fact, documentary evidence identified as No. 8 in the evidence file of the CGR; folios 307 to 320 of the judicial file); 11) By public deed No. 47, granted before Notaries Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at eight o’clock on May twenty-fourth, two thousand four, parcel No. Placa27534 of the Puriscal Parrita Project was segregated and adjudicated from the farm registered in the Partido de San José, Real Folio registration number Placa26960 (mother farm) to the defendant Nombre125803, corresponding to cadastral map No. Placa22735 (uncontested fact, documentary evidence identified as No. 9 in the evidence file of the CGR). 12) In public deed No. 47, mentioned in the previous proven fact, neither the limitations nor stipulations established in articles 67 and 68 of Law No. 2825 were recorded (uncontested fact, documentary evidence identified as No. 9 in the evidence file). 13) Parcel No. Placa27534, of the Puriscal Parrita Project corresponding to cadastral map No. SJ-871001-2003 was registered in the National Registry on January 18, 2005, under the Real Folio System, registration number Placa27014 -titled farm-, in the name of Nombre125803 (uncontested fact, documentary evidence identified as No. 10 in the evidence file of the CGR). 14) That at ten o’clock on October sixteenth, two thousand six, Forestry Engineer Nombre141830, code 5109, certified that “...the maximum area subject to Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales), forest protection modality is 46.5 ha, according to the sketch attached to this certification, based on cadastral map SJ-871001-2003 prepared by IT Marco Vinicio Monge Quesada, IT4226; said area corresponds to forest cover (cobertura boscosa) according to the definition given in article 3 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575. In addition to the foregoing, I attest to the existence of the adjoining landowners. The farm has a grazing area and a house, which is abandoned, said areas were excluded from the area under PSA...” (see folios 19 to 14 of the FONAFIFO administrative file); 15) That by public deed number 116-15 granted before Notary Public Mario Alberto Sánchez Hernández, at six o’clock in the evening on November tenth, two thousand three, the defendant Nombre125803 entered into a contract for payment of environmental services (pago de servicios ambientales), forest protection modality, contract number SJ-01-22-0071-2006, with the National Forestry Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO) of the Ministry of Environment and Energy, which in its clause number 4 establishes that: “...THE BENEFICIARY undertakes to: a) Protect the forest, the vegetative cover or the regeneration processes, of the area covered by this contract, and therefore not cut trees, or any type of vegetation. b) Have a duly licensed Forestry Regent, responsible for the technical execution during the term of the contract, c) Prevent and control forest fires. d) Prevent and avoid illegal hunting and illegal extraction of other forest products, e) Not develop agricultural and/or livestock activities, f) Not carry out actions of cutting and extraction of timber products, g) Not carry out any activity that alters the natural behavior of the area to be protected, h) Notify MINAE, of any alteration or contingency that causes changes in the protected area, i) Allow free access to MINAE, FONAFIFO personnel, in charge of control, to the place of the area subject to the PSA facilitating their work, j) Transfer to the National Forestry Financing Fund, the environmental services, generated by their forest. K) Comply with any technical recommendation issued by MINAE or the regent, in written form...” (Documentary evidence identified as No. 11 in the Evidence File submitted by the plaintiff and folios 27 to 24 of the FONAFIFO administrative file); 16) That the certified copy of public deed number 116-15 granted before Notary Public Mario Alberto Sánchez Hernández, was registered in the National Registry on November fourteenth, two thousand six and as a consequence of that registration a lien of encumbrance and limitation was assigned to the real property owned by the defendant Nombre125803, registration number Placa27014 (uncontested fact, documentary evidence identified as No. 10 and 11 of the Evidence File of the CGR); 17) The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice in judgment No. 2063-2007, issued at 14 hours 40 minutes on February 14, 2007, annulled as unconstitutional the Regulation for Titling in National Reserves (Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales), approved by agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in session 055-02 of August twelve, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September ten, two thousand two. That said judgment was published in its entirety in Judicial Bulletin number 190 of Wednesday, October 3, two thousand seven (uncontested fact; documentary evidence identified as No. 12 in the evidence file of the CGR). 18) By Executive Decree No. 34654-MGP, of July 7, 2008, Executive Decree No. 3667-G was repealed, among others (uncontested fact-documentary evidence identified as No. 13 in the evidence file). 19) That on the thirteenth day of May, two thousand nine, the Director of Environmental Services of FONAFIFO, issued certificate number PSA-026-2006, to the effect that the amounts that have been disbursed to date, for payment of environmental services, corresponding to contract number PSA SJ-01-22-0071-2006 in the name of Nombre125803, are: $2,976.00 (two thousand nine hundred seventy-six dollars) corresponding to the first installment, paid on December thirteenth, two thousand six, payment order number 13025; $2,976.00 (two thousand nine hundred seventy-six dollars) corresponding to the second installment, paid on February second, two thousand seven, payment order number 13789 (see folio 207 of the judicial file); 20) That by official note number DEGEO-099-09 of July thirty-first, two thousand nine, the Geography Department of the National Geographic Institute (IGN), conducted a photo-interpretive study of the farm owned by Nombre125803, located in El Caite de San Luis de Turrubares, San José, with the following results: “...a. The 1964 aerial photograph shows that in that year the land use on the property with cadastral map number SJ-871001-2003 was entirely forest. b. In the 1974 aerial photograph it is observed that the forest cover was partially eliminated, specifically in the southwestern part, where three areas of scrubland (charrales) and thickets (matorrales) and one area of pasture are observed. c. In the 1984 aerial photograph the pasture area and the areas of scrubland and thickets existing in 1974 increased. That increase is greater in the land use category of scrubland and thickets. d. In 1992 the forest cover increased with respect to 1984. The increase in the amount of forest is due to the fact that part of the scrubland and thickets area evolved into forest. The patch of pasture remains similar to 1984. e. In 1997, the last year under study, the land use on the property with cadastral map number SJ-871001-2003 is similar to 1992. The forest, which remains the predominant land use, is slightly greater than in 1992, since the thickets area became forest...” (see folios 202 to 206 of the judicial file); 21) That according to the Cartographic Sheet of Land Use Capability Forestry Classes, No. Placa7850 Candelaria of the Fundación Neotrópica, and cadastral map number SJ-871001-2003, which corresponds to the property located in El Caite, of the San Luis District, of Turrubares Canton, San José Province, with an area of 52 hectares, longitude 1 98, latitude 4 86, the land use capability of the lands located at said latitude and longitude, correspond to classes VII (natural forest management or regeneration) and VIII (protection), specifically to classification VII6nv (lands suitable for forest management or natural regeneration, with slopes of 50 to 75% and limitations of fog and wind) and VIII7nv (lands suitable for the preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve and scenic beauty, with slope greater than 75% and with limitations of fog and wind) (documentary evidence identified as No. 6 and 16 in the evidence file of the CGR); 22) That on September thirtieth, two thousand nine, the Director of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of SINAC, Engineer Nombre123874, issued certification number CED111526, to the effect that “…Having carried out the study on the cartographic sheet “Candelaria” Placa7850, of the basic map of Costa Rica, scale 1:50,000, it has been determined based on the location recorded in cadastral map number SJ-871001-03, in possession of Mrs. Nombre125803, ID No. CED111527, that it describes a property that is located OUTSIDE THE LIMITS OF ANY PROTECTED WILD AREA (AREA SILVESTE PROTEGIDA), WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY, ADMINISTERED BY THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN). Likewise I certify that for the removal of trees, one must have the respective permit (Art. 27 of the Forestry Law), the protection areas (Art. 33 and 34 of the Forestry Law) must be respected; also recommending practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest...” (folio 224 of the judicial file); 23) Report No. ACOPAC-PNE-025-2010, prepared on January 19, 2010, by Nombre141831, Coordinator of Territorial Planning and Nombre26741, of the ACOPAC Visa Unit, referring to an inspection carried out on the land subject to this proceeding, concluded in pertinent part that \"...1. The property has more than 60% of land covered by primary and secondary forest, with low intervention, since due to the slope these lands are difficult to access and the owner has wished to conserve it in that state since in past years it enjoyed a Forest Protection incentive, as stated. Not so what was observed in adjoining properties which, with characteristics similar to this property, are found totally altered, dedicated to extensive livestock farming on lands of forest aptitude and acts only for protection. 2. Since the property is located in the Cerros de Turrubares Protected Zone (Zona Protectora Cerros de Turrubares), a Protected Wild Area, created by Law No. 6900, article 3 subsection 5 of December 1, 1983, a management category administered by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, in reference to what is set forth in the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, article 32, and since forest protection is of interest to the Institution as steward of natural resources and in general of the country's environmental policies, it cannot be said that these lands are outside the interest of conservation and protection, likewise other lands with forest cover and forest aptitude in this zone that are private properties. Since the main purpose of the creation of the Protected Zone is the protection of the water resources, soil and forest of the region. 3. While it is true, the possession of the property was formalized through the titling system assigned to the IDA, according to the statements of Mr. Nombre141829, he and his wife acquired the property by purchase and have been concerned with conserving it. 4. In the Puriscal Subregional Office and in the Directorate of the Central Pacific Conservation Area, there has been no knowledge whatsoever that this property had belonged or belongs to the State, under the administration, so we could not determine that it is State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), which according to the provisions of Forestry Law 7575 article 15, all those lands with forest cover and forest aptitude are considered PNE. The foregoing based on the consultation of existing archives. 5. Based on the foregoing, these lands do not form part of the State Natural Heritage (PNE)…” (folios 377 to 391, 409 to 413 of the judicial file and testimony of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC); 24) That by note of February second, two thousand nine, the Legal Area of FONAFIFO informed the Head of the San José Regional Office- FONAFIFO, that: “...according to a Registry study of the property Real Folio 561863-000 of the Partido de San José where the project is carried out, it presents a lien that is an annotation of a criminal complaint ordered by the Second Judicial Circuit of San José, reason for which until said lien is lifted, payment of the indicated contract does not proceed, which is suspended in its effects until the outcome of this proceeding or failing that the lifting of the respective lien...” (see folios 62 and 59 of the FONAFIFO administrative file); 25) The Certificate of Compliant Land Use (Certificado de Uso Conforme del Suelo) on the property corresponding to cadastral map No. SJ-871001-2003, prepared on April 21, 2010 by Engineer María José Elizondo Alvarado, of the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), divided and analyzed land use on the property subject to this proceeding. In pertinent part it noted \"...Sector A. Current Use. Secondary Forest. Management Unit VIII e1s24d1c23. Management Unit Limitations. Lands with steeply escarped slopes, moderately coarse textures in the soil, medium apparent fertility, excessive drainage, dry period and strong fog. AREA. Ha. 42.63. 85%. Sector B. Current Use. Pastureland. Management Unit. VII e12s24d1c23. Management Unit Limitations. Lands with escarped slopes, moderate erosion, moderately coarse textures in the soil, medium apparent fertility, excessive drainage, dry period and strong fog. AREA. Ha. 8.41 16.03%. Sector C. Current Use. Permanent cultivation. Management Unit. VI e12s4d1c23. Management Unit Limitations. Lands with strongly undulating slopes, slight erosion, medium apparent fertility, excessive drainage, dry period and strong fog. AREA. 1.45 ha 2.77%. RESOLUTION. In accordance with article 58 of the Regulation to the Law on Use, Management and Soil Conservation (Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), No. 7779, of April 30, 1998 and based on the field visit, this office certifies that on the farm COMPLIANT LAND USE HAS NOT BEEN EXERCISED for the activity carried out according to the approved methodology (...) Recommendations: The coffee and secondary forest areas must be maintained under present conditions, since they are consistent with the land use capability. In Sector B where the pastureland is located, the passage of livestock must be avoided, and this area left in natural regeneration since, being soils with escarped slopes, they are not suitable for any agricultural activity...” (folios 463 to 466 of the judicial file); 26) On May 7, 2010, Engineer Nombre123874, Director of the Central Pacific Conservation Area of the National System of Conservation Areas certified that \"...Having carried out the study of the field inspection report Placa27678 and the respective review on the cartographic sheet \"Candelaria\" Placa7850 of the basic map of Costa Rica, scale 1:50,000, it has been determined based on the recorded location and the technical criteria that the property Real Folio registration number Placa27679, described in cadastral map number Placa27680, of which Mrs. Nombre125803, identity card No. CED111527 is the owner, DOES NOT FORM PART OF LANDS OF THE STATE NATURAL HERITAGE. The foregoing in accordance with the provisions of Article 13 of the Forestry Law No. 7575 of April 16, 1996...\" (folios 376, 405, 422 of the judicial file and testimony of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC); 27) That on May twenty-fourth, two thousand ten, the Head of the San José Occidental Regional Office of FONAFIFO, issued certification number SJ-010-2010, in which it is indicated that in view of file number 22-SJ-303, contract SJ-01-22-0071-2007, in the name of Nombre125803, the property registered under real folio registration number Placa27679, cadastral map Placa22735, is “…in the forest protection modality for a period of five years, with an area under contract of forty-six hectares. To date the payments corresponding to the environmental services provided by the property are suspended, since the year 2007…” (see folios 395 and 396 of the judicial file); 28) The land subject to this proceeding is located in the middle of a mountainous zone of diverse biodiversity, characterized by partial forest cover, abrupt slopes, and the existence of a stream (quebrada) called Pitalillo or Pital, as well as various watercourses (yurros) (See video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009 and cadastral map contained in the evidence file provided by the plaintiff and identified as documentary evidence No. 6); 29) In the southeastern zone of the farm, practically in a kind of hollow, there is a building or hut made of tin sheets in precarious condition, fenced and which it was not possible to access, given that the laborer or person in charge of caring for the farm is the one who has the key to the padlock and was not present the day the inspection proceeding was carried out. It is also observed that outside said hut, there was a drum with water (See video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009 and photographs at folios 365 and 366 of the judicial file); 30) Adjacent to the zone where the building is located, a considerable number of medium-sized coffee plants grow, which at the date of the inspection were not in production, in addition to being located in an area with a steep slope (See video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009 and photograph at folio 374 of the judicial file); 31) On the flat part of the property, specifically on the left side of the entrance to the property (southeast), a small recently constructed corral was observed, not only because the wood appeared recently cut, but because other materials used for its construction are new (see video of judicial inspection carried out on April 30, 2009); 32) On the flat part of the property, specifically on the right side of the entrance to the property (southwest), it is observed that recent earthworks (movimientos de tierras) had been carried out –the soil in that place is clayey–, a zone in which a type of path or trail has also been made. On the left side of said path or trail, it is observed that vegetation debris, such as branches, leaves, among others, has been piled up (see video of judicial inspection carried out on April 30, 2009); 33) The presence of several agricultural laborers (approximately five) carrying out weeding (chapea) and tree felling was confirmed, including the use of a “brushcutter”, as well as the use of chemical substances such as the one called “Evigras”, which is a herbicide whose main component is glyphosate, with characteristics such as broad spectrum, developed for the elimination of weeds and shrubs, especially perennials (see video of judicial inspection carried out on April 30, 2009); 34) On the day of the judicial inspection, the presence of livestock on the land was not evidenced, nor the existence of drinking troughs or feeders for the animals. In some zones of the mountainous area, specifically going down the slope area, there were some dry dung. Mr. Nombre141829 –partner of the defendant Nombre125803– stated that the livestock drink water from the watercourses during the winter (see video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009); 35) That despite the forested area being predominant, as is shown from cadastral map SJ-871001-2003 of the certification issued by Forestry Engineer code 5109 and from photo-interpretive study number DEGEO-099-09 of the National Geographic Institute, during the judicial inspection it was possible to confirm that the forest cover has decreased considerably, so much so that practically the greater part of the slope zone lacks trees, shrubs and other types of plants (see video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009); 34) The forested area is located at a great distance from the slope area and is mainly located in the lower part of the land. Mr. Nombre141829 –partner of the defendant Nombre125803– could not indicate with certainty whether or not they belong to the property subject to conflict (See video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009); 35) That in view of Report ACOPAC-PNE-025-2010 of January nineteenth, two thousand ten and certification ACOPAC-OT-C-002-10 of May seventh, two thousand seven, Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC, in testimony given on October sixth, two thousand ten, indicated that \"...the PNE constitutes forest areas or areas with forest aptitude that are found in or belong to any State institution. That forest aptitude is determined based on a technical criterion that is carried out based on the Methodology for Land Classification in Costa Rica and based on the characteristics of the land it is classified into the various categories. If the study determines that it is class 7 or 8, it will be a soil of forest aptitude, even if it does not have forest if it has those characteristics and we are dealing with a State property, it is of forest aptitude. The forest cover has nothing to do with it, because if the land is of forest aptitude it will be State natural heritage. Private property cannot be considered as PNE, because it is no longer of a State institution. Due to the characteristics of the farm and according to the report, it would be State natural heritage. There is PNE even when there is no forest, whether or not it is in a protected wild area. That ACOPAC is not the competent authority to classify soils, it is INTA through an expert. We establish the slope, which is a determining characteristic to establish forest aptitude, which in an area 8 of soils is from 60 to 70%. In this case and according to the report, the slope is from 55% to 90%...\" (see testimony of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC); 36) That under real folio registration number Placa27681, a property in the name of Nombre125803 has been registered since March seventh, nineteen ninety-six, which is described as pasture and scrubland (charral) land, located in district 4 (San Luis), canton 16 (Turrubares) of the Province of San José (see folios 394 and 510 of the judicial file).\n\n\n             II.- UNPROVEN FACTS. Determinative for the resolution of this proceeding, the following is deemed unproven: SINGLE. That the co-defendant Nombre125803 acted in bad faith when requesting the titling of the property subject to this proceeding and in its subsequent titling (there is no evidence to demonstrate it).\n\n\n            III.- ON THE SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING. From the framework of the claims, defenses raised by the parties and the analysis of the arguments made in the sole hearing held, this Tribunal considers that the core point of this proceeding concerns the alleged invalidity of a series of administrative conducts by the IDA, public deeds and registry entries through which, in the opinion of the plaintiff, the property described in cadastral map No. Placa22735 and registered in the National Registry under the Real Folio System Registration No. Placa27682 in the name of the defendant Nombre125803, current owner of the property, was illegitimately titled and registered. At its core, the controlling body bases the invalidity of the formal conducts on the following: 1. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) annulled as unconstitutional the Regulation for Titling in National Reserves, therefore, connectedly all administrative acts that were issued based on that regulatory provision become null. Thus, the agreement of the Board of Directors of the IDA by which the property subject to this proceeding was titled to the co-defendant Nombre125803 is null by connection. Also suffering from the same defect of invalidity would be all acts that are a consequence of that titling, such as the public deed of transfer of the property; the respective registry entry of inscription, the contract for payment for environmental services number Placa27532 entered into with FONAFIFO and its respective registry entry. 2. There is a direct violation of the legal system by the defendant institute, by disregarding constitutional principles related to the constitutional protection of the environment, including the Precautionary Principle, objectivization in environmental matters and the need for technical criteria to prevail in decision-making in this matter, the inexistence of positive silence in environmental matters, the elements and characteristics of the public domain. 3. Due to legal, technical and scientific impediment: the property titled by the IDA to the defendant Nombre125803 is constituted by forests that are State Natural Heritage, therefore that property is of public domain or demanial. Consequently, it is unseizable, imprescriptible, inalienable, so the IDA could not grant property titles on an asset of this nature. Therefore, it requests that it be declared State Natural Heritage and its possession, as well as its ownership, be transferred to the State, specifically to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET). 4. For omitting essential substantive requirements in the titling procedure. It indicates to that effect that the Law on Use, Management and Soil Conservation, requires the IDA that prior to granting a titling, it must have the study of land use capability (estudio de capacidad de uso de suelo), a requirement that was illegally not complied with at the time of titling the property subject to this proceeding in favor of the defendant Nombre125803. In addition, that the Regulation to the Law on Use, Management and Soil Conservation made it impossible for the IDA to title lands that do not classify for agricultural purposes. 5. It considers that the statute of limitations defense is inadmissible, since in accordance with the provisions of articles 14 of the Forestry Law and 34 of the Code of Contentious Administrative Procedure, actions aimed at the recovery of public domain assets, such as those lands that form part of the State Natural Heritage, are not subject to limitation or expiry periods. 6. It deems that the defense of statute of limitations filed by the representative of the IDA, regarding the claim for condemnation in the abstract for damages, is inadmissible, not only because it is a subsidiary claim derived from the declaration of absolute nullity of the challenged acts, but also because they are administrative conducts with continued effects, which have not yet ceased. It requests that if the nullity of the challenged conducts is declared, the IDA be condemned, in the abstract, to the payment of the damages caused; and that it be established, for the purposes of article 200 of the General Law of Public Administration, whether the invalidity declared is or is not manifest. For its part, the IDA, co-defendant in this matter, expressed its defensive arguments, indicating at its core, the following: 1. The property subject to this proceeding does not constitute State Natural Heritage or public domain. In that regard, it provided a certification from the Central Pacific Conservation Area of SINAC according to which the property subject to this proceeding does not form part of the lands that form the State Natural Heritage. 2. Article 72.b of the Forestry Law and 7 of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias) permit titling in national reserves. 3. The soil study was not essential to determine whether or not the property was State Natural Heritage, in reality it is a remediable requirement of a formal and non-substantive nature. 4. The titling granted to the defendant Nombre125803 was correct and conformed to the legislation in force. The soil study requirement could not be asked of a person who had been possessing the property for productive purposes. 5. There was no improper use of the property, nor damages; rather, a contract for payment for environmental services was entered into with FONAFIFO. 6. The co-defendant Nombre125803 fulfilled all the requirements demanded at that time for granting the property title, and the IDA acted within the block of legality and under the framework of the regulations that govern its activity. 7. The certification prepared by the Central Pacific Conservation Area, System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, provided during the titling procedure, indicated that the property subject to this proceeding was located outside the Protected Wild Areas, therefore they acted in accordance with the law.\n\nArticle 27 of the Land Use, Management, and Conservation of Soils Law, while it does establish the need for the IDA to conduct soil use capacity studies, that rule applies to farms that the IDA purchases with its own resources to be used for the formation of Peasant Settlements, and this is not the case, since what happened was that through Executive Decree thousands of hectares were transferred throughout the national territory, so that rule cannot be applied in this matter. 9. While it is true that the Regulation to the Land Use, Management, and Conservation of Soils Law requests an adequate soil-conforming use study for the titling procedures carried out by the IDA, it was considered that these should be carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock, which was subsequently entrusted to the Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (hereinafter INTA), and due to a shortage of human and technical resources, those studies began to be carried out only in the year 2001. 10. By the time the title was granted to the defendant, the INTA did not have the mechanism or structure to handle the soil-conforming use certifications, and it is this institution that was responsible for carrying out the IDA's soil-conforming use certifications, and the INTA suspended this type of certification. 11. The property right of co-defendant Nombre125803 derives from a ten-year possession. 12. In accordance with the provisions of Article 2 of Executive Decree number 3667-G, the Forestry Directorate of the Ministry of Agriculture and Livestock was required to notify the Institute of Lands and Colonization (ITCO), within a period of two months from the publication of that Decree, which lands included in the free transfer to the ITCO should be declared as a forest reserve or other type of reserve, given that after said period, their possible objections would be considered waived. Likewise, it considers that Article 2 of Executive Decree number 34654-MGP –which repeals Executive Decree 3667-G on which the titling of lands in national reserves was based– does not order the nullity of all titles generated as a consequence of Decree 3667-G that was repealed. 13. Finally, it considers that in accordance with the provisions of Articles 40 of the Contentious Administrative Procedure Code and 198 of the General Law of Public Administration, the claim for abstract condemnation of damages against the IDA is time-barred, since the conduct attributed to the IDA dates back to the year 2004 and the lawsuit was filed only in January of the year two thousand nine. Finally, the defendant Nombre125803 argued in her defense that the property that was titled to them was not determined to be a public domain asset, but rather one that could be titled by virtue of Decree 3667-G and Law No. 2825. She says that the titling complied with all the required requisites. She insists that the land was located outside the protected areas, coupled with the fact that there are no technical studies from which it can be clearly inferred that it is a public domain asset. That the mere existence of forest is not a factor that determines that the land forms part of the State's Natural Heritage. So much so that the Director of ACOPAC indicated that the area where Nombre125803's property is located is not under the administration of MINAET. She indicates that the defendant has acted in good faith, not only in the titling procedure, but also in the management given to the property, in which, while it is true that productive activities of cattle ranching and coffee planting are carried out, it is also true that the forest has been protected since a contract for payment of environmental services (Pago de Servicios Ambientales) was even signed for that purpose with FONAFIFO. She maintains that the Comptroller General of the Republic lacks active standing, since it filed the lawsuit without a prior declaration of lesivity of the declaratory acts of rights issued in favor of Mrs. Nombre125803. Finally, she considers that the statute of limitations exception must be upheld, since in accordance with the provisions of Article 175 of the General Law of Public Administration, in force at the time the challenged conduct was dictated and applicable under those conditions in accordance with Transitory Provisions III and IV of the Contentious Administrative Procedure Code, the contentious administrative proceeding had to be filed within a period of four years starting from the adoption of the act, otherwise it would cause a violation of the principles of legal certainty and legitimate expectations. By virtue of the foregoing, she considers that even if the absolute nullity of the property title granted by the IDA in favor of Nombre125803 were to be declared, her eviction from the property should not proceed.\n\nIV. -THE STATE'S NATURAL HERITAGE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY CONSTITUTIONAL LAW. This collegiate body considers that, prior to the examination of legality of the administrative conduct whose annulment is claimed, it is necessary to refer, generally, to the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), as a demanial asset. The foregoing because, in the specific case, a fundamental part of the controversy lies in determining whether or not the property that is the object of this proceeding constitutes State's Natural Heritage, for the purposes of establishing whether or not the administrative conduct through which the property was titled in favor of the defendant Nombre125803 conformed to the Legal System. In that sense, it must be noted that through Resolution No. 0063-2009, issued by this Section, at 4:00 p.m. on January 19, 2009, the following was stated regarding what is relevant for the issuance of this judgment: \".... Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of the cited fundamental right does not have as its starting point the reform to Article 50 of the Political Constitution, provided by Law number 7412 of June 3, nineteen ninety-four. The foregoing because since the enactment of the constitutional text in the year 1949, the will of the Constituent Assembly was clear in establishing in Article 89, that: 'Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress'; which is complemented by the emphatic declaration contained in Article 21, to the effect that in our country, 'Human life is inviolable.' The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment –although at that time the Constituent Assembly used the term natural beauties– transcends a merely cultural purpose, to become a vital necessity for every human being, since it constitutes an essential prerequisite for making other fundamental rights effective, such as: life, health, and development. (See in that sense, Judgments number 1993-03705 at three o'clock in the afternoon of July thirty, nineteen ninety-three; 1993-06240 at two o'clock in the afternoon of November twenty-six, nineteen ninety-three; 1993-04423 at twelve noon of December seven, nineteen ninety-three, 1994-02485 at nine hours eighteen minutes of May twenty-seven, nineteen ninety-four, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In that sense, it is worth remembering that Constitutional Law is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as Public Treaties, International Conventions, and Concordats duly approved by the Legislative Assembly, and also by the International Human Rights Instruments applicable in the Republic (see Articles 1, 7, 21, 50 of the Political Constitution; 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Coupled with that, the written and unwritten norms that make up Constitutional Law are characterized by being of direct and immediate application, therefore, their addressees not only have the right to make them effective through administrative and jurisdictional channels, if they consider that by action or omission they have been impaired, but also, this implies that legal operators have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to comply with constitutional requirements (see what was considered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in Judgment number 1999-00644 at eleven hours twenty-four minutes of January twenty-nine, nineteen ninety-nine). If we take as a basis the provisions of Articles 7, 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms related to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that right and correlative duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but also their effective protection was demandable both at the domestic and international level. This by virtue of the fact that the Costa Rican State had signed a series of Conventions, Treaties, and International Instruments related to this matter, before Article 50 of the Political Constitution was reformed by Law number 7412 of June 3, nineteen ninety-four, instruments among which the following stand out: the 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights' (Articles 2.1, 12.1, and 12.2.c); the 'Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights' (Article 11); the 'Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,' signed in Paris on November 23, nineteen seventy-two, and approved by Law number 5980 of October twenty-three, nineteen seventy-six; the 'Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere,' adopted in Washington on October three, nineteen seventy-three and approved by Law number 3763 of October nineteen, nineteen seventy-six; the 'Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat,' signed in Ramsar on February two, nineteen seventy-one, and approved by Law number 7224 of nineteen ninety-one; the 'Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,' adopted in Vienna on March twenty-two, nineteen eighty-five, and approved by Law number 7228 of April twenty-two, nineteen ninety-one, and its 'Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,' signed in Montreal on September sixteen, nineteen eighty-seven, and approved by Law number 7223 of April two, nineteen ninety-one; the 'United Nations Convention on the Law of the Sea,' signed in Montego Bay on December ten, nineteen eighty-two, and approved by Law number 7291 published on July fifteen, nineteen ninety-two, among others. All these international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of Articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, therefore, '...all these international instruments are of mandatory observance and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (...) since the normative rank of those is superior...' (Judgment number 1993-06240 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at two o'clock in the afternoon of November twenty-six, nineteen ninety-three). Infraconstitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Undoubtedly, the recognition and protection of the cited fundamental right provoked its infraconstitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms regulating various manifestations thereof, which were issued long before the reform to Article 50 of the Political Constitution. As an example of this we have: the Water Law (No. 276 of August 27, 1942); the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1978); the Forestry Law (Forestal) (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime Terrestrial Zone Law (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (No. 5395 of October 30, 1973); the Law Creating the National Parks Service (No. Placa27062 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (No. 7317 of October 21, 1992), among others. The foregoing implies that, before the reform to Article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in Constitutional Law, but was also developed –although in a sectoral manner and without an integrated vision– at the legal and regulatory level. By virtue of what has been stated so far, this Court considers that the reform to Article 50 of the Political Constitution did nothing but expressly and clearly individualize a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by Constitutional Law; declare expressly the scope of the already pre-existing obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment and grant individuals full action to defend it, through a popular action (see Judgments number 1994-01394 at fifteen hours twenty-one minutes of March sixteen, nineteen ninety-four, and 1994-05527 at ten hours forty-five minutes of September twenty-three, nineteen ninety-four, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). Consequences of the recognition of the guarantee of Article 50 of the Constitution in the terms explained. Said recognition carries with it two relevant aspects for the resolution of the present proceeding. First. The imposition of a duty, both for the State –understood as the Central and Decentralized Administration– and for private legal subjects themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional level. Regarding the first of these aspects, it should be noted that 'The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State, and congruently of the municipalities (bear in mind Article 169 of the Constitution), finds its first reason for being in that by definition rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of the same, and, secondly, because the activity of the State is directed toward the satisfaction of the interests of the community. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to secure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to prohibit, foreclose, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action directed at anticipatorily covering the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on the one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements...' (Judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 a.m. on January 29, 1999). In that sense, '...The action that the Political Constitution imposes on the State in the face of sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, it is not permitted for public authorities to make concessions or grant extensions for the continued affecting of the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a given geographical area...' (Judgment No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 4:15 p.m. on July 28, 1999). That constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: Articles 1, 2.a. 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Law of the Environment; Articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Land Use, Management, and Conservation of Soils Law; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime Terrestrial Zone Law; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitory Provision II of the Urban Planning Law. Now then, that duty is not only limited to the State as a whole, but also to private legal subjects, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as can be inferred, among others, from Articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99, of the Organic Law of the Environment; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Forestry Law; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Land Use, Management, and Conservation of Soils Law; 14 of the Maritime Terrestrial Zone Law; as well as from Judgments number 1999-02219 at fifteen hours eighteen minutes of March twenty-four, nineteen ninety-nine; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours fifteen minutes of July twenty-eight, nineteen ninety-nine, among others. Regarding the second aspect, related to the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional level, this Court considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and material. It is necessary to clarify that, while it is true that reference will be made to specific examples related to each of the aforementioned classification criteria, the intention of this Tribunal is not to establish a numerus clausus list, but solely to highlight through said examples aspects that have an impact on the object of this proceeding. In that sense, within the group of procedural protection mechanisms, it is worth highlighting three examples: 1) The broad standing granted to all persons by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Biodiversity Law, to denounce both through administrative and jurisdictional channels, conduct that infringes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It is worth noting that, in principle, standing in environmental matters originates from a simple normative authorization without any pre-existing individual, collective, or diffuse right or interest; however, this Court considers that at heart what each person seeks to protect is a right that forms part of their vital sphere and upon whose effective guarantee, defense, and preservation depends their ability to develop and live in accordance with the principle of human dignity (see Article 2.a of the Organic Law of the Environment, to the effect that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation). 2) An innominate system of interim measures and, if necessary, of an anticipatory nature (Articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and 19 to 30 of the Contentious Administrative Procedure Code). 3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see Articles 4.c, 17, and 34 of the Organic Law of the Environment, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, Judgment number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at eleven hours twenty-four minutes of February nineteen, nineteen ninety-nine). In that sense, the legal operator must always take into consideration that '...where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation...'. On the other hand, within the group of material protection mechanisms, the following two manifestations are highly representative: 1) The Environmental Impact Assessment by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), as a sine qua non requirement to initiate activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate waste, toxic, or hazardous materials. Said requirement has been in force since November 13, 1995, the date on which the Organic Law of the Environment was published. It is also regulated in Articles 92 to 97 of the Biodiversity Law; Article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; Principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; Article 18 of the Forestry Law; General Regulation on Environmental Assessment Procedures (Executive Decree number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional jurisprudence has established that '...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights obliges this Chamber to specify that the solution to the problem cannot be based on quick solutions; that, in order to adopt a decision in this field, the technical studies must be available to ensure that the proposed solution, in each specific case, will not be the origin of a public health problem or undue alteration of the environment...' (Among others, Judgment No. 1995-02671 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 16:45 on May 24, 1995). In that sense, '...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission to carry out a prior environmental impact study translates into a violation of Article 50 of the Constitution...' (Judgment No. 1999-02219 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 3:18 p.m. on March twenty-four, nineteen ninety-nine). 2) The existence of assets belonging to the Nation –as the constitutional text calls them– which, forming part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unseizable, so that their removal from the public domain or application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of Article 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution. Among those assets whose conservation constitutes a matter of public environmental interest (Article 11 of the Biodiversity Law) are: the environment defined in Article 2.a) of the Organic Law of the Environment, as the common heritage of all the inhabitants of the Nation; the Maritime Terrestrial Zone (Articles 1 and 73 of the Maritime Terrestrial Zone Law); the State's Natural Heritage (Articles 13 to 18 of the Forestry Law); Wild Fauna and Flora (Articles 3 and 4 of the Wildlife Conservation Law); the Waters according to the breakdown contained in Article 1 of the Water Law. On the State's Natural Heritage. In accordance with the object of the proceeding before us, this Court will focus its analysis on the State's Natural Heritage (PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to emphasize that Forestry Law No. 4465 already cited (and which was repealed by Forestry Law number 7575 of February 5, 1996), not only contained '...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources...' (Article 1), but also the concepts of Forest (Article 6) and Forestry Heritage of the State (Article 32 first paragraph). As for the Forestry Heritage of the State, Law No. 4465 established its characteristics (Article 33); the competent bodies to administer and supervise the Forestry Heritage of the State, which according to that regulation were the General Forestry Directorate and the Ministry of Environment and Energy (Article 32 second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the Forestry Heritage of the State. Among the latter, it is worth highlighting the following: 1) Actions for recovery (acciones reivindicatorias) of those properties (Article 33), 2) The constitution within the State's Natural Heritage of forest reserves, protected zones (zonas protectoras), national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (Articles 35 to 37); 3) The demarcation of the lands in the areas that make up the Forestry Heritage of the State (Article 38). On the other hand, in Forestry Law No. 7575 currently in force, that concept is taken up again but with a variation in the name, since it is now called the State's Natural Heritage. This term is broader since it encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (Article 3 subsection c of the Forestry Law). The State's Natural Heritage is of public domain, which is why the lands and forests comprised within it are unseizable, imprescriptible, and inalienable. Likewise, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), as provided in Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Forestry Law and numeral 32 second paragraph of the Organic Law of the Environment. The PNE is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas, whatever their management category and whether they have been declared by Law or by Executive Decree, namely: forest reserves, protected zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Law No. 7575, Article 1, paragraph 2, 3 subsection i; Organic Law of the Environment, Article 32; Biodiversity Law, Article 22 et seq. and 58; National Parks Service Law, Article 3 subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE and its Regulation; Wildlife Conservation Law, Article 82, subsection a); 2) The other forests and forest lands of inalienable areas, of the properties registered in its name, and of those belonging to Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation, except those properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets (Article 13 first paragraph of the Forestry Law). It is worth noting that both the Protected Wild Areas and the rest of the forested areas and lands of forestry aptitude comprised in the maritime terrestrial zone are excluded from the scope of regulation of Law No. 6043 and, therefore, from the competence of the Municipalities, as will be expanded upon later.\n\nThese areas are subject to their own legislation (Forestry Law (Ley Forestal)), which means that their administration falls to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (see in this regard ruling number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at fourteen hours fifty-three minutes on the twelfth of November two thousand eight). That said, as part of the duties incumbent upon MINAET and SINAC for the conservation and protection of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), are: 1) the exercise of the action of revindication of the SNH, which is imprescriptible (article 14); 2) delimiting on the ground the boundaries that make up the State Natural Heritage (article 16); 3) coordinating with the National Registry the establishment of a forest cadastre, whose objective shall be to regulate the areas comprised within the SNH and those voluntarily submitted to the forestry regime (article 17); 4) The Public Administration may not exchange, transfer, alienate in any manner, hand over, or lease rural lands owned by it or under its administration, without those lands first having been classified by MINAET; therefore, if they are covered by forest, they would automatically become incorporated into the State Natural Heritage (article 15). Based on all of the foregoing, this Tribunal reaches the following relevant conclusions in the specific case. First. As the environment is constituted as the Common Heritage (Patrimonio Común) of all inhabitants of the Nation, the State Natural Heritage constitutes a species of that genus (articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution, 2 subsection a) of the Environment Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), 1 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and 13 of the Forestry Law). Second. There is an immediate legal affectation to the State Natural Heritage of all those lands within protected wild areas, in areas declared inalienable—such as the maritime-terrestrial zone (article 73 of Law 6043)—, in lands with forestry aptitude, and in properties registered in the name of the State, the Municipalities, Autonomous Institutions, and other entities of the Decentralized Public Administration. Third. The State Natural Heritage does not require an express declaration given that, in accordance with the provisions of articles 13 and 14 of the Forestry Law, as well as that resolved by the Constitutional Chamber in rulings 1992-03789 and 1997-04587, forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, and wetlands within inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage without any action by the Administration. Fourth. Consequently, the delimitation of the boundaries of the areas that make up the State Natural Heritage, pursuant to the provisions of article 16 of the Forestry Law, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the instance of a party. This is not only in application of the duty imposed by articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution, to guarantee, preserve, and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also because the law does not indicate that the delimitation must be carried out only at the instance of a party. It is not justified, in the opinion of this body, that the State can validly claim a lack of resources for this purpose, as constitutional jurisprudence has repeatedly held (see, among others, rulings 1995-00915 of sixteen hours six minutes on the fifteenth of February nineteen ninety-five; 1996-000695 of fifteen hours forty-two minutes on the seventh of February nineteen ninety-six). Fifth. Consequently, the classification carried out by the National System of Conservation Areas regarding the type of ecosystem existing in the real estate comprised within the State Natural Heritage constitutes a mere categorization of those, according to the classification criteria set forth in article 13 first paragraph of the Forestry Law and the Decreto Ejecutivo number 34295-MINAE, namely: forests, lands with forestry aptitude, wetlands, mangroves, among others. Sixth. It is evident that the State has the duty—both at the constitutional and legal level—to guarantee, defend, and protect forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, wetlands, among others, comprised in inalienable areas—such as in this case, the Zona Marítimo Terrestre—which by the simple fact of having that character were directly and automatically affected to the State Natural Heritage. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas—which must be carried out ex officio and not only at the instance of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation—is not what determines their incorporation or not into the State Natural Heritage, since by law they were already affected to it, by virtue of being inalienable zones...\" (See in the same sense, resolution No. 1842-2009 and No. 038-2010, issued by the Sixth Section of the Administrative Litigation Tribunal (Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo) at 7 hours 30 minutes on August 31, 2009, and at 14 hours 45 minutes on January 11, 2010, respectively). From the cited rulings, it is necessary to highlight some aspects that are of vital importance in resolving the specific case. Undoubtedly, the State has a constitutional and legal obligation to guarantee, defend, and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and to give all persons the instruments to defend this fundamental right. To that extent, the use of technical and scientific mechanisms is indispensable in decision-making involving environmental matters. That said, the State Natural Heritage is part of the public domain, by virtue not only of the constitutional affectation as has been explained, but also by express provision of the legislator in different laws, currently in the Forestry Law. Thus, the State Natural Heritage is protected by the special regime applicable to demanial property (bienes demaniales) according to which, due to their vocation and purpose, they are outside human commerce, are inalienable, imprescriptible, and unattachable. As a consequence of this, their ownership or possession is not possible, neither free of charge nor for consideration; they cannot be lost through prescripción, nor gained through usucapión (adverse possession). From this perspective, their possession by private individuals shall not create any right in their favor. They are assets subject to the police power, in relation to their utilization and use, since this is conditioned on the granting of respective licenses and permits and on the control and oversight by the Administration. Finally, the State possesses a series of procedural instruments for the recovery of this type of assets when they have illegitimately left the public domain. On the other hand, the State Natural Heritage is constituted, among others, by real estate that is covered by forests and that has forestry vocation (vocación forestal) according to the land-use classification and the presence of slopes equal to or greater than 60%, regardless of whether they are located inside or outside national reserves (article 13 of the Forestry Law and the statement of the expert witness Nombre123874, in his capacity as Director of ACOPAC of SINAC). This is, in this scenario, an immediate and automatic legal affectation to the State Natural Heritage of any real estate that is covered by forest (article 15 of the Forestry Law) and that has forestry vocation according to the land-use classification—soil classes VII and VIII— (statement of the expert witness Nombre123874, in his capacity as Director of ACOPAC of SINAC; cartographic sheets of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) and the Neotrópica Foundation; and article 58 of the Regulations to the Law on Use, Management and Conservation of Soils (Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos)). Thus, if the corresponding technical bodies detect the existence of forests and/or lands with forestry vocation according to the land-use classification, automatically and without the need for a prior express declaration, these real estate properties shall pass into the hands of the State to be protected. In this way, a fundamental aspect to elucidate is whether the real estate subject to this proceeding constitutes State Natural Heritage or not.\n\n            V.- ON THE EFFECTS OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF THE REGULATIONS FOR THE TITLING OF LANDS IN NATIONAL RESERVES (REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES). For this Tribunal, another important aspect that must be kept in mind in the resolution of the present matter is the effects of ruling No. 2063-07, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at fourteen hours and forty minutes on the fourteenth of February two thousand seven. In said resolution, the Regulations for Titling in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario) in session 055-02 of the twelfth of August two thousand two, and published in La Gaceta No. 173 of the tenth of September two thousand two, was annulled as unconstitutional; said regulations, in turn, served as the basis for the titling whose validity is questioned in this proceeding. Among the aspects of interest to highlight, it is noted that said resolution confirms that the State Natural Heritage, made up of national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments, among others, constitutes part of the public demanium. Starting from that premise, the Chamber recounts various norms already declared unconstitutional by means of which titling in national reserves was attempted (see in that sense the declaration of unconstitutionality of article 8 of the Law of Titling of Lands in National Reserves (Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales), in ruling number 2988-99, of eleven hours fifty-seven minutes on the twenty-third of April nineteen ninety-nine; the annulment—as unconstitutional—of the entirety of that same law in Voto No. 2001-8560, of fifteen hours thirty-seven minutes on the twenty-eighth of August two thousand one). The Constitutional Chamber considered at that time that these were zones \"[...] protected precisely due to the importance and relevance that maintaining an ecologically balanced environment has for our country, coupled with the commitments the country has assumed in a series of international agreements seeking worldwide environmental protection... In the case under examination, the challenged norm seeks to title some zones that have been declared protected, precisely because of how important their conservation is against the various human activities that alter the ecosystems and habitat of the environment that develops in these places, as well as the preservation of forests, which are important for the generation of essential and invaluable goods, such as water. The legislator in the present law highlights the necessity of granting a property title to the occupants of the zones in question, making it understood that the acquisition is subject to the environmental limitations and protections that exist in this regard; however, from the study of the challenged norm, it is evident that the power to title in these areas falls upon an indiscriminate scope of application, which, if it occurred, could mean titling areas where many of the activities carried out by humans are incompatible and could seriously harm the ecosystem developed there, as well as the violation that would exist on the part of the State to exercise adequate vigilance over them. This—even in the case that it is assumed that those persons have been occupying these areas, which are public domain assets, for many years—in no way justifies that just any of these areas can be titled, since the State itself, in protection of the environment, can order the eviction of these persons in those areas where their presence is actually producing a counterproductive effect, which would consequently mean that if these types of areas were titled, the State would have to expropriate an asset that it perhaps had to expropriate at one time to declare it a protection zone, thereby incurring an unreasonable act. The foregoing does not imply that the State cannot de-affect (desafectar) a determined area by virtue of the fact that the purposes for which it was protected are no longer met, or even that it intends to title specific zones; however, this can be done where there is a prior technical study that demonstrates the nature of the area to be titled and the possible coexistence of both humans and the ecosystem, as well as the consequences that derive from that; therefore, it cannot be permitted that areas of this nature be titled indiscriminately, since this would go against the very conservationist environmental policies that the State has sought by virtue of the duties mandated by the Political Constitution and the International Agreements it has subscribed to...\" (ruling number 2988-99, cited above). Moreover, it establishes that national reserves are real estate that have been incorporated into the regime of the State Natural Heritage, precisely for the due tutelage and conservation of the natural environment. That said, the Regulations for Titling were declared unconstitutional for, among other reasons, facilitating titling in protected zones without taking into consideration the demanial legal nature of this type of asset. In terms of interest, it was indicated that \"...the serious situation that this regulation allows is evident, ignoring the essential characteristics of public domain assets, which precisely take them out of human commerce—contrary to what was previously provided for in article 262 of the Civil Code, which dates from eighteen eighty-six—, and which consequently makes their possession, sale, or encumbrance absolutely impossible without first having been de-affected (desafectado), a matter which, it is repeated, is reserved to formal and material law (emanating from the Legislative Assembly in accordance with the ordinary procedures for law-making), following a prior technical study for this purpose that determines the effects of the coexistence of humans with the ecosystems, as demanded by the principle of environmental objectification or linkage to science and technique (principio de la objetivación ambiental o vinculación a la ciencia y técnica), developed in article 38 of the Environment Organic Law; the foregoing because, even though protective zones are not perpetual zones, and to that effect can be de-affected, their de-affectation is not legitimate in order to protect other public or private interests—such as the provision of housing or land tenure—to the detriment of environmental tutelage and the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment (ruling number 7294-98). Therefore, any normative provision that allows or empowers the Administration to title public domain assets in a generic manner shall be unconstitutional, and especially when it concerns assets that make up the state natural heritage, whatever their denomination or category—national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, natural monuments—, maritime-terrestrial zone, hydrographic protection zones, indigenous reserves, historical-architectural heritage, mining resources, archaeological heritage, border zone, to subject them to the private domain regime, especially when there is no prior technical-scientific study, as has been noted...\" Finally, regarding the effects of the declaration of unconstitutionality, that ruling indicated that they were declaratory and retroactive to the date of effect of this regulatory body, that being the twelfth of August two thousand two. Likewise, it ordered that the recovery of assets that, being of public domain, were titled under the annulled norms should proceed, without prejudice to the patrimonial liability of the State that derives from this unconstitutionality.\n\nVI.- ON THE NATURE OF THE LAND TITLED BY THE IDA IN THE SPECIFIC CASE. In the judgment of this Tribunal, to determine whether the challenged administrative conducts conform to the legal system, it must be elucidated whether the real estate subject to this proceeding—which was titled by the IDA in favor of the defendant Nombre125803—constitutes State Natural Heritage or not. This is because, to a large extent, the rest of the claims depend on this. For these purposes, it must be noted that, in accordance with articles 13 and 14 of the Forestry Law, the State Natural Heritage is constituted, among others, by forests and forestry lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets. The cited norms also indicate that non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forestry aptitude using funds from donations or public funds, obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the State. For its part, numeral 15 of the same Law indicates that the Public Administration may not exchange, transfer, alienate in any manner, hand over, or lease rural lands owned by it or under its administration, without those lands first having been classified by the Ministry of Environment and Energy. It also indicates that if those lands are covered by forest, they will automatically be incorporated into the State Natural Heritage and a limitation shall be established that must be registered in the Public Registry. Having stated the foregoing, it must be indicated that, having assessed the evidence in the record, this collegiate body considers that, indeed, the real estate subject to this proceeding, located in Caite, in the San Luis district, Tarrazú canton of the province of San José, with a measure of 59 hectares, 0252, 66 square meters, corresponding to cadastral plan SJ-866425-2003 that was titled by the IDA in favor of the defendant Nombre125803 and which is registered in the National Registry, Folio Real System, Registration Number (Matrícula) No. Placa27014, titled property, has not only a forested nature, but also is of forestry vocation. Consequently, in accordance with the norms cited supra, it constitutes State Natural Heritage. The forested nature and forestry vocation of the land are accredited through various pieces of evidence. It is established that even before the issuance of Decreto Ejecutivo No. 3367-G, which facilitated the transfer of the real estate to the ITCO (today IDA), the existence of forest could be accredited. This is demonstrated by official letter No. DEGEO-099-09, of July 31, 2009, prepared by the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport, which carried out a Photo Interpretive Study (Estudio Foto Interpretativo) to verify the land use of the real estate subject to this proceeding, corresponding to cadastral plan No. SJ-871001-2003, located in El Caite, San Luis, Turrubares, San José, through photographs from four different periods: 1964, 1974, 1984, 1992, and 1997. It was indicated in this regard that \"...a. The 1964 aerial photograph shows that in that year the land use in the property with cadastral plan number SJ-871001-2003 was entirely forest. b. In the 1974 aerial photograph, it is observed that the forest cover was partially eliminated, specifically in the southwestern part, where three areas of charrales and matorrales and a pasture area are observed. c. In the 1984 aerial photograph, the pasture area and the areas of charrales and matorrales existing in 1974 increased. That increase is greater in the charral and matorral land-use category. d. In 1992, the forest cover increased with respect to 1984. The increase in the quantity of forest is due to part of the charral and matorral area having evolved into forest. The pasture area remains similar to 1984. e. In 1997, the last year under study, the land use in the property with cadastral plan number SJ-871001-2003 is similar to 1992. The forest, which continues to be the predominant land use, is slightly larger than in 1992, as the matorral area transitioned to forest...\" (see folios 202 to 206 of the judicial file). On the other hand, during the procedure prior to the IDA Board of Directors titling the real estate in question to the co-defendant Nombre125803, there are documents that also accredit that forested nature of the real estate. Namely, official letter ACOPAC-OTC-259-03, of August 7, 2003, certifies, in what is of interest for the issuance of this sentence, that \"...having inspected the property corresponding to cadastral plan SJ-871001-2003, with an area of 52 ha 5037.62 m2, located at Dirección17188, , belonging to FR 1219039-000, in possession of Nombre125803, ID céd. 1-596-432. The property is found with cover of primary forest in climax succession (...) Based on the coordinates of the cadastral plan, this property is located outside of Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas). It is not observed, moreover, that it affects Article No. 33 of Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms...\" (documentary evidence identified as No. 5 in the CGR’s evidence brief and folio 92 of the judicial file). Moreover, in the sworn statements given by the defendant Nombre125803, it was indicated \"...that she is the owner of the unregistered property described as follows: mountainous land and pastures. Location: San Luis, fourth district of the sixteenth canton, Turrubares, Province of San José. Measure: five hundred twenty-five thousand thirty-seven meters and sixty-two square decimeters, as per plan number SJ-eight seven one zero zero one-two thousand three (...) that she acquired the described property from Nombre141829 (...) more than eight years ago, who transferred to her the possession exercised by him and the previous possessors of more than twelve years...\" (folios 93 and 94 of the judicial file). Likewise, cadastral plan SJ-871001-2003, which corresponds to the land subject to this proceeding, indicates that it is affected by Forestry Law 7575, article 33. Similarly, in the nature of the land one can appreciate the predominance of mountainous area, surrounded by yurros and by the Pitalillo creek (quebrada) known as quebrada Pital (documentary evidence identified as No. 6 in the CGR’s evidence brief). It is important to highlight that all these documents that accredited the forested nature of the real estate were at the IDA’s disposal before the titling. In this sense, there existed sufficient and necessary technical proof for said institute to realize that it was dealing with a real estate that constituted State Natural Heritage, and not to title the real estate. At least, the cited evidence should have raised doubt in the defendant entity so that it would request other elements to help it establish the nature of the real estate before titling it. The foregoing, in compliance with the Precautionary Principle (Principio Precautorio) and the In Dubio Pro Natura Principle. It must be remembered that, according to the Principle of the Search for Material Truth (Principio de la Búsqueda de la Verdad Real) that should guide administrative procedures, the IDA should have realized that aspect, which is of vital importance in this case, given that the real estate, despite being indicated as being outside the limits of protected wild areas and forest and biological reserves, continued to be State Natural Heritage, due to its very forested nature, as indicated in articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law. A harmonious interpretation of sections 13 and 33 of the cited Forestry Law allows the conclusion that the State Natural Heritage is constituted by real estate that is covered by forests, regardless of whether they are located inside or outside national reserves or protection areas; therefore, the defensive arguments of the IDA and the defendant Nombre125803 in that sense are not receivable. It is also noted that this Tribunal was able to verify directly and on the very real estate subject to this proceeding that forest cover indeed exists on the land, as was observed during the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out, the recording of which is attached to the judicial file. In this sense, the land subject to this proceeding is located in the middle of a mountainous area of varied biodiversity, characterized by partial forest cover, abrupt slopes, and the existence of a creek called Pitalillo or Pital, as well as various yurros (See video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009, and the cadastral plan contained in the evidence brief provided by the plaintiff and identified as documentary evidence No. Placa27677, ). Likewise, in the southeastern part of the property, practically in a kind of hollow, there is a building or shack (choza) made of sheet metal in precarious condition, fenced off, and which it was not possible to access, given that the laborer or person in charge of caring for the property is the one who has the key to the padlock and was not present on the day the inspection proceeding was conducted. It is also observed that outside said shack, there was a barrel (estañón) with water (See video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009, and photographs at folios 365 and 366 of the judicial file). Lastly, on the flat part of the property, specifically on the left side of the entrance to the real estate (southeast), a small, recently built corral was observed, not only because the wood appeared freshly cut, but also because other materials used for its construction are new (see video of the judicial inspection carried out on April 30, 2009). On the other hand, the forested nature of the land is confirmed by the technical evidence prepared by the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport, by the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), and by Engineer Nombre141830, who prepared the Technical Document to apply for the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales), Forest Protection modality (modalidad de Protección del Bosque). As well as from the cartographic sheets of the Candelaria sector. In this sense, at ten hours on October 16, two thousand six, Forest Engineer Nombre141830, code 5109, certified that \"...the maximum area subject to Payment for Environmental Services, forest protection modality, is 46.5 ha, according to the sketch attached to this certification, based on cadastral plan SJ-871001-2003 prepared by IT Marco Vinicio Monge Quesada, IT4226; said area corresponds to forest cover according to the definition given in article 3 of Forestry Law No. 7575. In addition to the foregoing, I attest to the existence of the abutting properties. The property has a pasture area and a house, which is abandoned; said areas were excluded from the area under PSA...\" (see folios 19 to 14 of the FONAFIFO administrative file). Equally, in official letter No. DEGEO-199-09, of August 31, 2009, prepared by the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport, it carried out a Study to verify the land use of the real estate subject to this proceeding, corresponding to cadastral plan No. Placa22735, located in El Caite, San Luis, Turrubares, San José, through photographs from four different periods: 1964, 1974, 1984, 1992, and 1997. In this regard, it was indicated that \"...a. The 1964 aerial photograph shows that in that year the land use in the property with cadastral plan number Placa22735 was entirely forest. b. In the 1974 aerial photograph, it is observed that the forest cover was partially eliminated, specifically in the southwestern part, where three areas of charrales and matorrales and a pasture area are observed. c. In the 1984 aerial photograph, the pasture area and the areas of charrales and matorrales existing in 1974 increased. That increase is greater in the charral and matorral land-use category. d. In 1992, the forest cover increased with respect to 1984. The increase in the quantity of forest is due to part of the charral and matorral area having evolved into forest. The pasture area remains similar to 1984. e. In 1997, the last year under study, the land use in the property with cadastral plan number SJ-871001-2003 is similar to 1992. The forest, which continues to be the predominant land use, is slightly larger than in 1992, as the matorral area transitioned to forest...\" (see folios 202 to 206 of the judicial file). Similarly, the Certificate of Conforming Land Use (Certificado de Uso Conforme del Suelo) on the real estate corresponding to cadastral plan No. Placa27683, prepared on April 21, 2010, by Engineer María José Elizondo Alvarado, of the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), divided and analyzed the land use on the real estate subject to this proceeding. In pertinent part, it indicated \"...Sector A. Current Use. Secondary Forest (Bosque Secundario). Management unit VIII e1s24d1c23. Limitations of the Management Unit.\n\nLands with strongly steep slopes, moderately coarse soil textures, apparent medium fertility, excessive drainage, dry season, and heavy fog. AREA: 42.63 ha. 85%. Sector B. Current Use: Pasture (Potrero). Management Unit: VII e12s24d1c23. Limitations to the Management Unit: Lands with steep slopes, moderate erosion, moderately coarse soil textures, apparent medium fertility, excessive drainage, dry season, and heavy fog. AREA: 8.41 ha, 16.03%. Sector C. Current Use: Permanent cultivation (Cultivo permanente). Management Unit: VI e12s4d1c23. Limitations to the Management Unit: Lands with strongly undulating slopes, slight erosion, apparent medium fertility, excessive drainage, dry season, and heavy fog. AREA: 1.45 ha, 2.77%. RESOLUTION. In accordance with Article 58 of the Regulation to the Law on the Use, Management and Conservation of Soils (Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), No. 7779, of April 30, 1998, and based on the field visit, this office certifies that the farm HAS NOT BEEN USED in accordance with the proper use of the soil for the activity it carries out according to the approved methodology (...) Recommendations: The areas of coffee and secondary forest must be maintained under the present conditions, since they are consistent with the land use capacity. In Sector B, where the pasture is located, the passage of livestock (semovientes) must be avoided, and this area should be left under natural regeneration since, being soils with steep slopes, they are not suitable for any agricultural or livestock activity...\" (folios 463 to 466 of the judicial file). Finally, according to the Cartographic Sheet of Land Use Capability Forest Classes (Hoja Cartográfica de Capacidad de Uso de la Tierra Clases Forestales), No. Placa7850 Candelaria of the Fundación Neotrópica, and the cadastral plan number SJ-871001-2003, which corresponds to the property located in El Caite, San Luis District, Turrubares Canton, Province of San José, with an area of 52 hectares, longitude 1 98, latitude 4 86, the land use capability of the lands located at said latitude and longitude corresponds to classes VII (natural forest management or regeneration) and VIII (protection), specifically classification VII6nv (lands suitable for forest management or natural regeneration, with slopes of 50 to 75% and limitations of fog and wind) and VIII7nv (lands suitable for the preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty, with a slope greater than 75% and limitations of fog and wind) (documentary evidence identified as No. 6 and 16 in the evidence file of the CGR). Now, it should be noted that all parties submitted the certification ACOPAC-OT-C-002-10 issued on May 7, 2010, by Engineer Nombre123874, Director of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), according to which \"...Having carried out the study of the field inspection report ACOPAC-PNE-025-2010 and the respective review of the cartographic sheet 'Candelaria' Placa7850 of the basic map of Costa Rica, scale 1:50,000, it has been determined, based on the recorded location and technical criteria, that the property Registered Folio number Placa27679, described in cadastral plan number Placa27680, of which the owner is Mrs. Nombre125803, identity card No. CED111527, DOES NOT FORM PART OF THE LANDS OF THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE (Patrimonio Natural del Estado, PNE). The foregoing in accordance with the provisions of Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of April 16, 1996...\" (folios 376, 405, and 422 of the judicial file). For the defendant institute, this evidence proves that the property in question has never been Natural Heritage of the State, which speaks to the legitimacy of its conduct when titling it to the defendant Nombre125803. In compliance with the Principle of the Search for the Real Truth (Principio de Búsqueda de la Verdad Real) and based on Articles 82, 83, 85, and 93 subsection 3) of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), this Court ordered the testimony of Engineer Nombre123874, Director of the Central Pacific Conservation Area of SINAC, as an expert witness (testigo perito) to address the content of the issued certification and the field inspection report ACOPAC-PNE-025-2010, which serves as its basis and which was also submitted by the representatives of the CGR and the defendant Nombre125803 (folios 447 and 448 of the judicial file). The new evidence, particularly the statement of the aforementioned official, was fundamental to understanding the true scope of what was certified through ACOPAC-OT-C-002-10. In that sense, a literal interpretation of said formal conduct allows us to establish that it does not establish whether or not the property constitutes Natural Heritage of the State. What it indicates is that “…IT DOES NOT FORM PART OF THE LANDS OF THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE. The foregoing in accordance with the provisions of Article 13 of the Forestry Law…” (folios 376, 405, and 422 of the judicial file). Note also that it is based on numeral 13 of the Forestry Law, but not on numeral 15 of the same law. In that sense, it should be highlighted that according to the opinion of the expert witness Engineer Nombre123874, PNE are those \"forest areas or areas with forestry vocation (vocación forestal) that are found on or belong to any State institution,\" because, in his view, \"...private property cannot be considered PNE, because it is no longer owned by a State institution...\" (folios 376, 405, 422 of the judicial file and statement of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC). This Court considers that such a criterion is not appropriate in view of the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law, even more so when the same expert witness insisted that the existence of forest cover (cobertura boscosa) and of soils with forestry vocation—as occurs in this case, as is evident from the report rendered by ACOPAC itself—constitute two of the essential elements to be taken into consideration to declare a property as PNE, a terrain that belonged to the State and contained forest cover (see folios 203 to 206; 377 to 391; 398 to 400 of the judicial file; 19 to 14 of the administrative file of FONAFIFO). In this regard, Report No. ACOPAC-PNE-025-2010, prepared on January 19, 2010, by Nombre141831, Coordinator of Territorial Planning (Coordinador de Ordenamiento Territorial), and by Nombre26741 of the ACOPAC Visa Unit (Unidad de Visados), which is the technical basis of the aforementioned certification, is also revealing (see folios 377 to 391, 409 to 413 of the judicial file). That report indicates that the inspection carried out on the land subject to this process concluded, as relevant, that \"...1. The property has more than 60% of its land covered by primary and secondary forest, with low intervention, since due to the slope these terrains are difficult to access and the owner has wished to conserve it in that state given that in past years she enjoyed a Forest Protection incentive (incentivo de Protección al Bosque), as stated. Not so what was observed on neighboring properties, which, with characteristics similar to this property, are found to be completely altered, dedicated to extensive cattle ranching on terrains of forestry aptitude (actitud forestal) and suitable (actos) only for protection. 2. Since the property is located in the Cerros de Turrubares Protective Zone (Zona Protectora Cerros de Turrubares), a Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida), created by Law No. 6900, Article 3, subsection 5 of December 1, 1983, a management category administered by the Ministry of the Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET), in reference to the provisions of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) No. 755, Article 32, and forest protection being in the interest of the Institution as the governing body of natural resources and, in general, of the country's environmental policies, it cannot be said that these lands are outside the interest of conservation and protection, likewise other lands with forest cover and forestry aptitude (actitud forestal) in this zone that are private properties. Since the main purpose of the creation of the Protective Zone is the protection of the water resource, soil, and forest of the region. 3. While it is true, the possession of the property was formalized through the titling system assigned to the IDA, according to statements by Mr. Nombre141829, he and his wife acquired the property by purchase and have taken care to conserve it. 4. At the Puriscal Subregional Office and the Directorate of the Central Pacific Conservation Area, there has been no knowledge whatsoever that this property had belonged or belongs to the State, under the administration, so we could not determine that it is Natural Heritage of the State (PNE), which, as established in the Forestry Law 7575 Article 15, considers as PNE all those terrains with forest cover and forestry aptitude (aptitud forestal). The foregoing based on a consultation of existing files. 5. Based on the foregoing, these terrains do not form part of the Natural Heritage of the State (PNE)…” (folios 377 to 391, 409 to 413 of the judicial file). (emphasis added). Finally, the expert witness indicated in his statement that technically, a property whose soil corresponds to classes VII and VIII constitutes a terrain of forestry aptitude, even if it does not have forest. In this regard, he insisted that forest cover is not representative for a property to qualify as Natural Heritage of the State, since it is sufficient that the soil be classified as of forestry vocation or aptitude. Consequently, he stressed that the soil characteristics are technically linked to the PNE. He indicated that the classification of PNE depends on three factors: the existence of forest, the forestry vocation or aptitude, and that it be registered in the name of the State. In that sense, he highlighted that if these three characteristics exist, the terrain will qualify as Natural Heritage of the State, regardless of whether or not the terrain is within a protected wild area (see statement of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC). Specifically in relation to the report, he indicated that a soil use classification was not carried out, because that is the competence of INTA. He clarified that what the Conservation Areas (Áreas de Conservación) can determine is the percentage of slopes of a property, and that if it exceeds 60%, it will determine the forestry vocation of the property. That in this case, and according to the report, these percentages range from 55% to 90% in the forested area of the property. He also insisted that the Forestry Law requires that the property be registered in the name of the State for it to constitute Natural Heritage of the State (see statement of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC). Indeed, upon reformulation of the question posed by the CGR in relation to point 4) of the certification, the official answered that the criterion that prevailed to determine, according to the report given by ACOPAC, that the property subject to the process was not declared as PNE, was private property or the property regime (see statement of the expert witness Engineer Nombre123874, Director of ACOPAC). For this Court, although the certification is, in principle, vested with public faith (fe pública), the truth is that the scope of what is certified must be analyzed in light of the report serving as its basis, of what was declared by the person who certified—Engineer Nombre123874—and the other technical evidence brought to the process. From this perspective, and assessing the evidentiary body under the protection of sound rational criticism (sana crítica racional), it is the judgment of this Court that what is certified responds to a formal parameter according to which, since there is no record in the ACOPAC files that the property had been in the name of the State, it does not form part of the lands of the Natural Heritage of the State. And it does not appear registered in the name of the State because the IDA facilitated its titling, without verifying what is required in Articles 13 and 15 of the Forestry Law. But this does not mean that the property does not meet sufficient technical and legal characteristics to be considered PNE. Indeed, the report itself, the statement of the expert witness, and other technical criteria confirm what has been indicated. Furthermore, both from the application for the titling process in national reserves; from the sworn statements (declaraciones juradas) made by the defendant Nombre125803; from the cadastral plan itself; from the cartographic sheets and the technical report that served as the basis for the signing of the contract for payment for environmental services (pago por servicios ambientales) by FONAFIFO, the forested nature and forestry vocation of the property are evident. What was observed in the judicial inspection (reconocimiento judicial) is also verified, in the sense that on the property titled by the IDA in favor of the defendant Nombre125803, forest has existed and exists since 1964, emphasizing that forest regeneration began in 1992. Finally, in the Certificate of Conforming Use of the Soil (Certificado de Uso Conforme del Suelo) for the property corresponding to cadastral plan No. SJ-866425-2003, the soil use is classified in categories VIII, VII, and VI, which, together with the report of the ACOPAC official (which served as the basis for the certification), indicating more than 60% of the land covered by primary and secondary forest, and the confirmation that this percentage corresponds to soil with forestry vocation, given that it presents slopes between 55% and 90% (according to what was stated by Engineer Nombre123874), allows us to conclude that there is a very high percentage of hectares—42.63, for 81.20% of the property (folios 398 of the judicial file and 15, 16 of the administrative file of FONAFIFO)—that not only have forest cover, but also do not meet the minimum conditions for agricultural or livestock production activities, since they constitute soils of forestry vocation. Consequently, they must be dedicated to the conservation and recovery of natural capital, including in areas without forest cover. Even for soils of category VI, it is indicated that they can only be used for forest production, as well as permanent crops such as fruits and coffee (folio 399 of the judicial file). For this collegiate body, a joint, comprehensive assessment, protected by sound rational criticism, of the technical and scientific evidence submitted to this process, allows us to consider as proven the existence of forest cover and of soils with forestry vocation or aptitude on the land subject to this process, so the immediate legal consequence is that it constitutes Natural Heritage of the State and its administration corresponds to MINAET, as established in Articles 13, 14, 15, 16, 17, and 18 of the Forestry Law. Therefore, it is appropriate to declare that the property that the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA), in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, titled in favor of the defendant Nombre125803 constitutes Natural Heritage of the State, as well as a public domain asset (bien de dominio público) that is unseizable (inembargable), imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. It is reiterated that, as indicated extensively in Recital (Considerando) IV, this declaration is a mere statement, since the legal categorization as PNE is legal and immediate and was already defined, even in the Forestry Law prior to the current one. In summary, the terrain belonged to the State and had forest cover; ergo, pursuant to the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law, it is PNE. Therefore, the subsequent acts that transferred the asset are null precisely because they disposed of an asset that, by its nature, could not be transferred to private individuals. In that sense, the certification considers the current registered status of the property, and thus, it cannot constitute a determining element to deny the legal nature of PNE.\n\nVII.— ON THE EXAMINATION OF THE VALIDITY OF THE CHALLENGED CONDUCTS. Having declared that the property titled by the IDA in favor of the defendant Nombre125803 constitutes Natural Heritage of the State (PNE), pursuant to the applicable regulations, its administration corresponds to MINAET. We will proceed, then, to the examination of the formal conducts challenged. In that sense, it must be pointed out that, in the judgment of this collegiate body, the mere fact that the property subject to this process constitutes Natural Heritage of the State as well as the public domain character that characterizes it, renders absolutely null all the formal administrative conducts and actions through which both the transfer of that property to the co-defendant Nombre125803 and the signing of a contract for payment for environmental services in her favor were permitted. This, because, being a public domain asset, it was outside the commerce of human beings and there was a legal prohibition against transferring its ownership or establishing real rights over it. By its very nature, it could not be the object of private appropriation nor could the existence of possessory rights over it be claimed; therefore, the arguments raised in that sense by the representative of the defendant Nombre125803 are not admissible. In addition to this reason for invalidity, the truth is that other defects that also affect the validity of the administrative conducts and deeds whose nullity the plaintiff seeks, and which merit examination by this Court, are evident from the records. In this sense, it is established that the titling (which was illegitimately) carried out by the Board of Directors of the IDA of the property in dispute in favor of the defendant Nombre125803 was based on the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales) approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development and published in La Gaceta No. 173 of September 10, two thousand two. Subsequently, through judgment No. 02063-07, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) annulled said regulation for being unconstitutional. Due to the declaratory and retroactive effects that this declaration produces, it is evident that the administrative conduct that was based on the norm declared unconstitutional becomes null by connection. So much so, that the Constitutional Court itself ordered the recovery of assets that, being of public domain, had been the object of titling under the annulled regulation. This Court is concerned that, despite what was ordered by the Constitutional Chamber, in this particular case, the IDA has not undertaken any action aimed at said recovery. This denotes dysfunctional conduct and a clear violation of the duties that all Public Administrations have to protect the Natural Heritage of the State, which constitutes an abnormal functioning of said entity. Likewise, through Executive Decree No. 34654-MGP, of July 7, 2008, Executive Decree No. 3667-G was repealed, among others, and the Institute of Agrarian Development was authorized to proceed to cancel the registrations in the Public Registry that had been made under the repealed norm. Again, this Court notes that despite the express order given in said Executive Decree to the effect that the IDA should initiate the procedures to cancel the registrations in the Public Registry, the omission persists on the part of that institute, which has not sought the nullity of the title granted to the co-defendant Nombre125803, to the detriment of the Natural Heritage of the State. A final ground for invalidity that must be analyzed refers to the fact that a series of substantial requirements were omitted in the titling procedure. It is alleged that the Law on the Use, Management and Conservation of Soils obliges the IDA, prior to granting a title, to have a study of land use capability (estudio de capacidad de uso de suelo), a requirement that the IDA illegally failed to comply with when titling the property subject to this process. Furthermore, it is censured that the Regulation to the Law on the Use, Management and Conservation of Soils made it impossible for the IDA to title lands that did not classify for agricultural purposes. This Court shares the plaintiff's argument. Indeed, it has been proven that at the time the Institute of Agrarian Development titled the property subject to this process in favor of the co-defendant Nombre125803, there was no study of land use capability, required by Article 27 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to said Law. The non-compliance is accepted by the defendant institute itself, both in its response to the lawsuit and in its conclusions, alleging that it had no obligation to request it. In this regard, it must be kept in mind that Article 27 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils provides: \"It shall be mandatory for the Institute of Agrarian Development to have studies of land use capability before acquiring lands for titling purposes. Every adjudication of lands shall have as a limitation that the use of the adjudicated land cannot go against its use capability. Failure to comply with this provision will result in the revocation of the adjudication, apart from other penalties that may be imposed for the crimes attributable to them.\" Note, the norm is very clear regarding the obligation of the IDA to have the studies of land use capability prior to titling, and that failure to comply with that mandate will result in the revocation of the adjudication. In the specific case, as the mentioned study was not available at the time of titling, the cited norm was violated. In this sense, the defensive argument of the IDA is based on the fact that the aforementioned numeral 27, although it establishes the need for the IDA to carry out studies of land use capability, they believe that this norm applies to farms that the IDA purchases with its own resources to allocate them to the formation of Peasant Settlements (Asentamientos Campesinos). They argue that this scenario does not arise in the specific case since the lands were acquired through a free transfer from the Executive Branch. This Court disagrees with such an argument and considers such interpretation to be inappropriate. Ordinal 27 is absolutely clear regarding the obligation to have the study \"before acquiring lands for titling purposes.\" The norm does not distinguish regarding the mode of acquisition of the lands to be titled, as the defendant institute mistakenly tries to suggest. It does not matter, therefore, whether the lands that the IDA acquires to title are by purchase with its own resources or by free transfer, as in this case. The truth is that the obligation imposed by numeral 27 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils extends to any titling of properties that the IDA carries out. The foregoing is reinforced by the provisions of Articles 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to the Law on the Use, Management and Conservation of Soils, Executive Decree No. 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. The cited norms reiterate that before titling and registering lands, the IDA has the obligation to carry out the studies of land use capability. Likewise, correlatively, the cited Article 61 prohibits the IDA from acquiring, adjudicating, or titling lands that do not classify for agricultural purposes according to the soil study. The lack of this study made it possible to title, in favor of the defendant Nombre125803, a property that, in accordance with the Certificate of Soil Use (Certificado de Uso de Suelos) provided by the controlling body in this process, classifies in categories VIII, VII, and VI, and in which more than 60% is primary or secondary forest (Report supporting the ACOPAC certification), that does not meet minimum conditions for agricultural or livestock production activities, recommending the protection and conservation of the forest resource of the property. The foregoing indicates an additional ground for nullity of the titling carried out by the IDA, since it not only arises due to the existence of forests on the property, which constitutes it as Natural Heritage of the State, but also because it was titled on a terrain that has areas that are not suitable for any agricultural, livestock, or forest production activity. Now, in contrast to what was expressed by the defendants to the effect that these are omissions that do not generate absolute nullity, this jurisdictional body considers that the study of land use capability is a substantial requirement that undoubtedly must be verified before any titling. This is because it constitutes a technical and scientific element that allows establishing that the adjudication or titling of the property will not threaten the natural use capability of the terrain. Likewise, through this study, it will be verified that the lands to be titled classify for agricultural purposes. Note the sanctions that the regulations impose in the absence of verification of these aspects: the prohibition of titling if the property does not classify for agricultural purposes, and even the revocation of the adjudication. Hence, in light of Article 223 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), this requirement is imposed as a substantial formality of the procedure, the non-observance of which generates absolute nullity. Precisely, the evidence brought to the process, particularly the technical reports and certificate of soil use that were omitted in the titling procedure, allow us to verify the forested nature of the property, that it is not suitable for agricultural purposes, and the protection and conservation required by virtue of the existing biodiversity. If that study had been requested at the procedural moment that the legislation required, the adopted decision would have been different and probably the property would not have been transferred and would have remained in the public domain. Nor are the IDA's arguments admissible that, while it is true the Regulation to the Law on the Use, Management and Conservation of Soils requests an adequate study of conformance of use of soils for the titling procedures carried out by the IDA, it was considered that these should be carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), which was later entrusted to the Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA), and due to scarcity of human and technical resources, these studies began to be carried out only in two thousand one (folios 96, 97, 106 to 109 of the judicial file). Nor does this Court admit the argument that when the title was granted to the defendant, INTA did not have the mechanism or structure to handle the certifications of conformance of use of soils and that it is this institution that was responsible for carrying out the certifications of conformance of soil use for the IDA (folios 96, 97, 106 to 109 of the judicial file). The foregoing, given that, in accordance with Article 66 of the LGAP, the exercise and fulfillment of public powers is non-waivable, non-transferable, and imprescriptible. In relation to the argument that Decree 29884-MAG-MINAE-S-H-MOPT suspended the obligation contained in numeral 40 of the Regulation to the Law on the Use, Conservation and Management of Soils (folio 105 of the judicial file), it should be noted that, since the obligation to request the soil use study is imposed by numeral 27 of Law No. 7979, it cannot be claimed that through a norm of lower hierarchical rank, in this case an Executive Decree, the verification and fulfillment of that legal obligation is suspended. An action of this type would violate the Principle of Legality, Hierarchy of Sources (Principio de Legalidad, Jerarquía de las Fuentes), and numeral 66 of the LGAP itself. Nor can the IDA transfer its responsibility to other agencies such as the Ministry of Agriculture and Livestock or INTA for not being able to carry out the studies of land use capability, since it had the legal obligation to comply with that requirement. On the other hand, if the IDA did not have those studies because other institutions were responsible and lacked the necessary human and technical resources to carry them out, it should not have titled the lands at all, until it had the capacity to fully comply with the provisions of Article 27 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils. Precisely, in this case, the defendant institution granted a property title over a public domain asset without complying with the provisions of the cited article of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils and the indicated norms of the Regulation to said Law, so the invalidity of the IDA's actions in this case is evident and manifest. Finally, the defendants argue that pursuant to Article 72 subsection b) of the Forestry Law, which reforms numeral 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), it is possible to title in protected areas or those with forests, provided that the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, is demonstrated, and that the Agrarian Courts (Tribunales Agrarios) have been interpreting it that way. In this regard, it should be noted that for this Court, the core issue is that the property subject to this process is a public domain asset. This public domain status derives from an express legal norm, not only numerals 13, 14, and 15 of the current Forestry Law, but even from Law No. 4465, in its Articles 32 to 35. Hence, this categorization as public domain prevents the claim of possessory rights over this type of asset to justify a property title. It is for this reason that this collegiate body disagrees with the interpretation of the defendants: because it is a public domain asset, it is outside private legal traffic, and therefore, it is not susceptible to acquisition by adverse possession (usucapión). The contrary would imply undermining the very nature and the dedication to a public purpose inherent to this type of asset.\n\nIn conclusion, it is the criterion of this Tribunal that while the granting of administrative real rights over public domain assets is permissible, subjecting them to a special regime that respects their designated purpose, it is not legally viable to establish private real rights over public domain property, as occurred in the present case. Given that the defects that have been declared generate the absolute invalidity of the titling carried out by the IDA in favor of the defendant Nombre125803, this Tribunal considers it unnecessary to analyze whether the deeds transferring the property should have indicated the limitations established by Articles 67 and 68 of Law No. 2825. We reiterate, the granting of the aforementioned notarial instruments was invalid by the mere fact of involving a public domain asset. For the reasons set forth in this recital and in the previous one, the absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of the IDA contained in Article 32 of Session No. 016-04 of May 3, 2004, must be declared, solely with respect to the titling of a farm in favor of Nombre125803 and described in cadastral plan No. SJ-871001-2003. Now, having declared the invalidity of the formal conduct of the IDA that was challenged, as required by Article 200 of the General Public Administration Law and as requested by the supervisory body, it is necessary to determine whether the declared illegality is manifest or not. This jurisdictional body finds that it is. The foregoing for several reasons. It must be noted that at the time the entire titling procedure at issue was carried out, the Forest Law (Ley Forestal) was already in force, which, as stated, established the immediate incorporation into the State Natural Heritage of all forest-covered lands, their inalienability, and the impossibility of their being transferred to third parties. As has been set forth, prior to and during the titling procedure at issue, there was sufficient technical documentation that would have allowed the IDA to establish the forested nature of the land. Diligent and lawful action by the defendant institution in assessing that circumstance would have prevented the transfer of that public domain asset to private ownership and avoided the consequent detriment to the State Natural Heritage. Moreover, it is important to note that, even after the declaration of unconstitutionality of the Reglamento de Titulación en Reservas Nacionales, which ordered the recovery of public domain assets that had been titled under that regulation, and despite an Executive Decree (No. Placa27684) that required the IDA to initiate proceedings to cancel the registrations in the Public Registry, the omission by that institute persisted, failing to seek the nullity of the title granted to the co-defendant Nombre125803, to the detriment of the State Natural Heritage. Actions of this type are contrary to the legal system and are reprehensible. Consequently, in accordance with Articles 192, 199, 200, 210, 211, and 213 of the General Public Administration Law, the head of the IDA must immediately initiate the appropriate internal proceedings to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to law in the referenced titling procedure. A report on the actions taken must be submitted to this Tribunal within three months from the date this judgment becomes final. Furthermore, it should be noted that, due to their connection with the administrative formal conduct that has been invalidated, it is also appropriate to declare the absolute nullity of public deed No. 47, granted before notaries Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, solely with respect to the formalization and protocolization of the illegitimate titling issued by the IDA in favor of Nombre125803 over the farm described in cadastral plan No. SJ-871001-2003; as well as public deed No. 116, granted before notary public Mario Alberto Sánchez Hernández, at 6:00 p.m. on November 10, 2006, by which the Contrato de Pago de Servicios Ambientales in the modality of Forest Protection, contract number SJ-01-02-0071-2006, entered into between the defendant Nombre125803 and FONAFIFO, was protocolized. The annulments of the referenced notarial instruments must be communicated to the National Archive (Archivo Nacional) and the National Registry (Registro Nacional) for the purpose of marginal annotations on the master copy of the respective protocols and on any certified copies that may have been submitted to the National Registry. Likewise, given that the farm registered under the Registered Parcel System with title number Placa27014 (titled farm) was technically and legally registered improperly in favor of Nombre125803, the corresponding registry entries must be annulled. Consequently, the registry entry for the inscription of the Contrato de Pago de Servicios Ambientales in the modality of Forest Protection, contract number SJ-01-22-0071-2006, issued by the Public Registry, must also be annulled. The foregoing so that the cited property is registered in the name of the State, as it is State Natural Heritage. Finally, it should be noted that, as the Constitutional Chamber itself indicated, the nullities declared herein are without prejudice to eventual State liability, and those affected by them may resort to the appropriate jurisdictional avenue to demonstrate the patrimonial liability of the State or any of its institutions in the specific case, as applicable.\n\nVIII.- REGARDING THE RELEVANT ACTIONS TO DRAFT THE DEED OF TRANSFER OF THE PROPERTY SUBJECT TO THIS PROCEEDING TO THE STATE AND THE REGISTRATION PROCEDURES IN THE NATIONAL REGISTRY. Having declared the property subject to this proceeding to be State Natural Heritage, in accordance with Article 13 of the Ley Forestal, it must be registered in the name of the State. Pursuant to the cited provision, it is the responsibility of the Procuraduría General de la República, through the State Notary’s Office (Notaría del Estado), to draft the transfer deed, with its respective change of nature, and to make the relevant arrangements to register that deed in the Public Registry of Immovable Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble). Likewise, in attention to the generic duty that, regarding environmental protection, the legal system imposes on the State (and which was extensively developed in Recital IV of this resolution), this Tribunal considers that it is the State, through the MINAET and SINAC, that has the obligation to identify the property subject to this proceeding as State Natural Heritage. Consequently, the Procuraduría General de la República, through the State Notary’s Office, is ordered to draft the transfer deed, with its respective change of nature, and to make the relevant arrangements to register the property described in cadastral plan SJ-871001-2003 in the name of the State in the Public Registry of Immovable Property. Likewise, the MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as State Natural Heritage.\n\nIX.- REGARDING THE CLAIM FOR AN AWARD OF DAMAGES IN THE ABSTRACT AGAINST THE IDA AND THE DEFENSE OF PRESCRIPTION RAISED BY ITS GENERAL JUDICIAL ATTORNEY. The supervisory body requests that the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to pay the damages caused. This Tribunal considers that, indeed, as a consequence of the annulled administrative conduct, damage was caused to the State Natural Heritage. During the single hearing, the representative of the Instituto de Desarrollo Agrario raised the defense of prescription, considering that in accordance with Articles 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code and 198 of the General Public Administration Law, the claim for an abstract award of damages against the IDA brought by the plaintiff is time-barred, since the conduct attributed to the IDA dates back to 2004 and the lawsuit was not filed until January 2009. In that regard, although the conduct subject to this proceeding dates back to 2004, this Tribunal considers that the one-year period for filing the contentious-administrative proceeding provided in Article 40 of the CPCA is not applicable to the specific case. It must be clarified that the claim for damages is not subject to the statute of limitations of the cited article; rather, since it is a claim pertaining to civil treasury matters (even though accessory), the maximum period for initiating the proceeding is governed by the prescription of the substantive right. The IDA’s own agent bases her defense on Article 198 of the LGAP, which directly renders the invocation of Article 40 as a basis for possible prescription inapplicable. Now, given that the cause allegedly giving rise to the claimed damages consists of the omissions incurred by the Instituto de Desarrollo Agrario aimed at recovering assets that form part of the State Natural Heritage, starting from when the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice declared the unconstitutionality of the Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales—the regulation that served as the basis for titling the property subject to this proceeding in the name of Nombre125803—it cannot be maintained, as the IDA’s representative alleges, that the indemnification action sought by the CGR has prescribed, since said omissions continue to produce effects on an ongoing basis. We reiterate, we are faced with a situation of abnormal functioning and inertia on the part of the IDA, which entails the repeated breach of its duty to recover properties forming part of the PNE that were titled based on a regulation subsequently declared contrary to constitutional law. In addition to the above, it is necessary to highlight that the four-year prescription period established in Article 198 of the General Public Administration Law is interrupted by the notification of the lawsuit to the alleged responsible party (Article 977, subsection a) of the Commerce Code). For this reason, if the lawsuit was filed on January 29, 2009 (folio 1 of the judicial file) and notified to the IDA on April 23, 2009 (folio 61 of the judicial file), the prescription period was consequently interrupted as of the latter date. In any event, even if one were to understand that the four-year prescription period is calculated not from the titling agreement of May 13, 2004 (see documentary evidence identified as No. 8 of the CGR’s Evidence Bundle), but rather from October 3, 2007, the date of publication in the Judicial Bulletin of judgment 2007-2063, by which the unconstitutionality of the Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales was declared (see documentary evidence identified as No. 12 in the CGR’s evidence bundle), the truth is that, as of that moment, the IDA continuously incurred the omission of recovering the property subject to this proceeding, despite it belonging to the PNE. For all the foregoing reasons, this Tribunal considers that the arguments raised by the IDA’s representative are inadmissible, and therefore, the defense of prescription raised is rejected. Thus, the defendant institute must be ordered to pay damages in the abstract in favor of the State—as requested in the complaint and reiterated during the single hearing—as a consequence of the abnormal functioning it incurred, in accordance with Articles 190 et seq. of the General Public Administration Law, in relation to Article 122, subsection m), sub-subsection iii) of the Contentious-Administrative Procedure Code. Consequently, the IDA is ordered to pay, in the abstract, the damages caused to the State Natural Heritage and derived from the annulled formal conduct. In accordance with Article 122, subsection m) iii) of the Contentious-Administrative Procedure Code, their existence and amount shall be determined during the execution of judgment phase.\n\nX.- REGARDING THE DEFENSE OF EXPIRY RAISED BY THE DEFENDANT Nombre125803. The representative of Mrs. Nombre125803 considers that the defense of expiry must be upheld, since, in accordance with Article 175 of the General Public Administration Law, in force at the time the challenged conduct was issued and applicable under those conditions pursuant to Transitory Provisions III and IV of the Contentious-Administrative Procedure Code, the contentious-administrative proceeding had to be filed within four years from the adoption of the act; otherwise, it would cause a violation of the principles of legal certainty and legitimate expectations. In the first instance, regarding the applicable legal regime, it should be noted that the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court of Cassation, in resolution number 00001-C-TC-2008 of eleven fifty-five hours on January 30, 2008, resolved: \"... To define this conflict of jurisdiction, one must refer to Transitory Provision IV of Law 8508 of April 24, 2006, which clearly and firmly establishes that proceedings initiated prior to the entry into force of the aforementioned Code shall continue to be processed in accordance with the rules of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction. In other words, the legislator opted for the non-adaptation of proceedings already initiated before the entry into force of the new legislation, weighing the difficulties that this entails, the legal uncertainty it would produce, and the overload with which the implementation of the new law would commence. However, it is clear in light of that same provision (to the contrary), that any proceeding initiated as of January 1, 2008, must be processed and resolved in accordance with the new rules established by the referenced Code, regardless of the date on which the challenged public conduct was omitted, adopted, or administratively appealed (...) all these legal reasons, together with the real and undeniable needs of managing and implementing the 'old' and new proceedings, allow this Chamber to conclude indisputably that, in accordance with the referenced Transitory Provision (IV), any proceeding filed as of January 1, 2008, must be processed under the procedural rules established by the Contentious-Administrative Procedure Code. III.- The content of Transitory Provision III of the regulation at hand should in no way lead us to erroneous conclusions, as said precept addresses and regulates situations distinct from the procedural regime established for jurisdictional conflicts initiated as of 2008 (...) Indeed, that Transitory Provision III refers to the appeal regime that, via an exceptional or extraordinary remedy, may be available against a final administrative decision (for example, an extraordinary appeal for review, or an appeal outside the normal time limits by virtue of absolute nullity). Likewise, it refers to the time limits for initiating a judicial proceeding after the administrative conduct has become final (expiry period for the action). Thus, the normal period for judicially challenging an act that became final before 2008 would, in principle, be two months; whereas in the case of absolute nullity, said period would be extended to four years under the appeal regime established in Article 175 of the General Public Administration Law before the reform introduced by the Contentious-Administrative Procedure Code itself...\". Consequently, in accordance with Transitory Provision IV of the Contentious-Administrative Procedure Code, any proceeding filed as of January 1, 2008, must be processed in accordance with the rules set forth in said code. Now, although acts that became final before 2008 are challenged in this case, it is also true that, in application of Article 14 of the Ley Forestal, the action to recover and protect public domain assets that form part of the PNE—which constitutes the object of this proceeding—is imprescriptible, and therefore, is not subject to the two-month appeal period provided in the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction, nor to the one-year period established in Articles 39 and 40 of the CPCA. In addition to the above, it must be clarified that we are not faced with a lesivity proceeding regulated by Articles 183, subsection 3) of the General Public Administration Law and 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code. This is an inter-administrative proceeding brought by a constitutional body, in this case, the Contraloría General de la República, against a public entity, namely the IDA. The aim is the nullity of administrative conduct and actions through which the granting of property titles over land constituting State Natural Heritage was executed, necessitating, therefore, its recovery as it is a public domain asset. Thus, the object of the proceeding refers not only to the content of the administrative legal relationship existing between the State and the beneficiaries of the titling, but also to the control of the exercise of the administrative power exercised by the IDA. Finally, with respect to the representative of the co-defendant Nombre125803, it should be noted that Article 175 of the General Public Administration Law is inapplicable, since this provision regulates the scenario where an individual may challenge an absolutely null act and the time limit available for that purpose, whereas in this case, it is an inter-administrative proceeding whose object refers not only to the content of the administrative legal relationship between the State and the titling beneficiaries but also to the control of the administrative power exercised by the IDA. Having defined the applicable legal regime and having established the public domain nature of the property at issue, the rejection of the defense of expiry raised by the defendant Nombre125803 is necessarily required. It must be borne in mind that, regarding the recovery and protection of public domain assets, no prescription or expiry periods apply, as the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible. This is so due to the particular characteristics of this type of asset. This is expressly established by Article 14 of the Ley Forestal and Article 34, subsection 2 of the Contentious-Administrative Procedure Code. The representative of the private-law co-defendant must bear in mind that, in the face of such nullifying claims, the principle that acts tainted by absolute nullity cannot be validated either by the passage of time or by a legal act, nor can they be cured, must prevail, as prescribed by Article 172 of the LGAP. In the specific case, it is essential to consider these principles: conduct related to the protection of public domain assets is being challenged, and, furthermore, to date, the property is still registered in the name of a private individual, despite being State Natural Heritage and of a public domain nature. For the foregoing reasons, and since the plaintiff’s claims are aimed at seeking the absolute nullity of administrative conduct affecting public domain assets—which are imprescriptible—and this Tribunal has verified such a defect and declared the absolute nullity of the challenged formal conduct, the defense of expiry alleged must be rejected.\n\nXI.- REGARDING THE DEFENSES RAISED. The Instituto de Desarrollo Agrario raised the defense of lack of jurisdiction, which was rejected by this Tribunal. In addition, as evidenced in the record, the First Chamber of the Supreme Court of Justice rejected the challenge filed by the defendant entity, declaring this Tribunal competent to hear this matter. Likewise, during the single hearing, it raised the defense of prescription regarding the claim for an abstract award of damages, which was rejected in Recital IX of this judgment. For her part, the defendant Nombre125803 asserted the defenses of lack of jurisdiction, failure to join a necessary passive litisconsortium (both of which have already been duly resolved); as well as the defenses of expiry (resolved in Recital X of this judgment); lack of right, lack of present interest, and lack of active and passive standing. Regarding the defense of lack of active and passive standing, this Tribunal considers that it must be rejected. The foregoing is because, upon analyzing this premise, it is concluded that, first, the plaintiff has sufficient active standing to participate in this proceeding in light of Article 10, subsection 3) of the Contentious-Administrative Procedure Code. This is because it involves the defense and protection of assets comprising the Public Treasury (Hacienda Pública), as provided in Articles 8 and 9 of the Organic Law of the Contraloría General de la República, given that we are dealing with the recovery and protection of a public domain asset. Moreover, the plaintiff is duly represented in accordance with Articles 35 and 36 of the Organic Law of the Contraloría General de la República. Furthermore, the action is correctly directed against the Instituto de Desarrollo Agrario, as provided in Article 12, subsection 1) of the cited Procedural Code, as the author of the formal conduct challenged and annulled in this ruling. The action is also correctly directed against the defendant Nombre125803, as required by Article 12, subsection 3) already cited, insofar as she was the beneficiary of the titling whose nullity has been declared, a titling that resulted in the registration in her name of an asset that constitutes State Natural Heritage and must return to the public domain. With respect to the defense of lack of present interest, it must be rejected. It is evident that the challenged conduct is still producing effects and requires a judicial resolution to resolve it and provide certainty. Finally, regarding the lack of right, its rejection is also required, for the reasons that have already been extensively developed in the preceding Recitals. It must be indicated that, when faced with a public domain asset, it is legally inadmissible to assert the existence of a subjective right over it in favor of third parties, since, as has been reiterated, this type of asset is not subject to either adverse or negative prescription, and furthermore, it is outside the stream of commerce. Moreover, it should be clarified that we are not faced with a lesivity proceeding regulated by Article 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code. This is an inter-administrative proceeding brought by a constitutional body, in this case, the Contraloría General de la República (also with sufficient standing for this purpose as explained supra), against a public entity, namely the IDA. The aim is the nullity of administrative conduct and actions through which property titles were granted over land constituting State Natural Heritage, thus necessitating its recovery as a public domain asset. Therefore, the object of the proceeding refers not only to the content of the administrative legal relationship between the State and the titling beneficiaries but also to the control of the administrative power exercised by the IDA. Nor does this Tribunal find that the present proceeding leaves the co-defendant defenseless. She was summoned to the proceeding as a defendant precisely to guarantee her right of defense, as she had an interest that could be affected if the challenged conduct were declared null, as has effectively occurred.\n\nXII.- COROLLARY. For all the reasons set forth in this resolution, it is appropriate to grant the complaint, in the following terms: 1) It is declared that the property which the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, titled in favor of the co-defendant Nombre125803 and which corresponds to cadastral plan Placa22735 constitutes State Natural Heritage and a public domain asset that is unseizable, imprescriptible, inalienable, and outside the stream of commerce. Likewise, the competent body to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 2) The absolute nullity of the agreement of the Board of Directors of the IDA contained in Article 32 of Session No. 016-04 of May 3, 2004, is declared, solely with respect to the titling of a farm in favor of Nombre125803 and described in cadastral plan No. SJ-871001-2003. 3) Due to connection, public deed No. 47, granted before notaries Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, must be annulled, solely with respect to the formalization and protocolization of the illegitimate titling issued by the IDA in favor of Nombre125803 over the farm described in cadastral plan No. SJ-871001-2003; as well as public deed No. 116, granted before notary public Mario Alberto Sánchez Hernández, at 6:00 p.m. on November 10, 2006, by which the Contrato de Pago de Servicios Ambientales in the modality of Forest Protection, contract number SJ-01-02-0071-2006, entered into between the defendant Nombre125803 and FONAFIFO, was protocolized. The annulments of the referenced notarial instruments must be communicated to the National Archive (Archivo Nacional) and the National Registry (Registro Nacional), for the purpose of marginal annotations on the master copy of the respective protocols and on any certified copies that may have been submitted to the National Registry. 4) It is declared that the farm registered under the Registered Parcel System with title number Placa27014 (titled farm) was technically and legally registered improperly in favor of Nombre125803. 6) The registry entries for the inscription of the farm registered under the Registered Parcel System with title number Placa27014 (titled farm), issued by the National Registry, are annulled. 7) The registry entry for the inscription of the Contrato de Pago de Servicios Ambientales in the modality of Forest Protection, contract number Placa27532, issued by the Public Registry, is annulled. 8) The Procuraduría General de la República, through the State Notary’s Office (Notaría del Estado), is ordered to draft the transfer deed, with its respective change of nature, and to make the relevant arrangements to register the property described in cadastral plan Placa22735 in the name of the State in the Public Registry of Immovable Property. Likewise, the MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as State Natural Heritage. 9) The eviction from the property subject to this proceeding of the defendant Nombre125803 is ordered, and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) shall be placed in possession of that farm. 10) The IDA is ordered to pay, in the abstract, the damages caused to the State Natural Heritage and derived from the annulled formal conduct. In accordance with Article 122, subsection m) iii) of the Contentious-Administrative Procedure Code, their existence and amount shall be determined during the execution of judgment phase. 11) In accordance with Articles 199 and 200 of the General Public Administration Law, the declared illegality is manifest. In accordance with Articles 199, 200, 211, 212, and 213 of the same General Law, the head of the IDA must immediately initiate the appropriate internal proceedings to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to law in the referenced titling procedure. A report on the actions taken must be submitted to this Tribunal within three months from the date this judgment becomes final.\n\nXIII.- REGARDING THE MAINTENANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURES. In order to protect the object of this proceeding while this resolution becomes final, it is ordered that the precautionary measures issued by this Tribunal through the following resolutions be maintained: 1) No. 593-2009, of fifteen hours ten minutes on March 30, 2009, which ordered \"…\"...In accordance with the reasoning set forth and based on Articles 20, 21, and 22 of the CPCA, the required conditions being deemed satisfied, the precautionary measure is granted, ordering the registry annotation of this complaint on property Placa27014, with the orders being made available to the plaintiff...\".\"\n\n2) No. 1118-2010 of seven thirty in the morning of March twenty-third, two thousand ten, by which this Court resolved the request for expansion of the precautionary measure (medida cautelar) filed by the Contraloría General de la República, in the sense that: “The expansion of the precautionary protection (tutela cautelar) requested by the Contraloría General de la República is granted, in relation to that adopted by this Court in resolution number 593-2009 of fifteen ten in the afternoon of March thirtieth, two thousand nine, in the following terms: 1) Mrs. Nombre125803, in her capacity as registered owner of the property inscribed under real folio registration number Placa27014, cadastral map number Placa22735, is ordered, in exercise of the attributes inherent to ownership, to adopt the adequate and necessary measures to guarantee the protection of the biodiversity of the property that is the subject of this proceeding, which includes that both she and any third party on the property refrain from cutting trees, roots, or branches, opening trails or roads, brush clearing (chapear), polluting, eliminating or intervening in the forested areas (zonas boscosas), introducing animals to said area, planting exogenous species or species foreign to the area’s native flora, carrying out any type of construction, making improvements to existing buildings, and channeling or altering the course of the stream (quebrada) or the rivulets (yurros) located within the lands that are the subject of this proceeding, or changing the land use (cambio del uso del suelo) of this property. Likewise, she must facilitate and permit the entry of officials from the Área de Conservación del Pacífico Central, who shall be responsible for inspecting and supervising compliance with said measures. 2) Likewise, and as a complement to the measures indicated above, it is ordered: a) To the Municipal Council (Concejo Municipal), the Mayor (Alcalde), and other personnel under their charge, that they refrain from processing any application for a construction and works permit on the property that is the subject of this proceeding, namely, the farm (finca) registered in the National Registry (Registro Nacional), with real folio registration number Placa27014 (titled farm) owned by Nombre125803; b) To the Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, that it refrain from processing any application for development feasibility (viabilidad de desarrollo) and works on the land that is the subject of this proceeding; c) To the Área de Conservación Pacífico Central, that it refrain from processing any application for felling, cutting, or utilization of forest resources on the land that is the subject of this proceeding. 3) The Área de Conservación del Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is ordered to supervise compliance with the precautionary protection imposed on the defendant Nombre125803 and to render a report to this jurisdictional body in the terms indicated in Considerando V. 4) Issue the respective writs (mandamientos) to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación; to the Municipalidad de Turrubares; and to the Secretaría Técnica Nacional del Ambiental, for whatever is legally appropriate…”. 3) No. 237-2010 issued orally by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, at eight twelve in the morning of May twenty-fifth, two thousand ten, by which it was ordered: “…Second: Resolution # 1118-2010 of 7:30 hours of March 23rd is confirmed, in what is the subject of the appeal, clarifying in the sense that the appellant may continue the coffee activity currently existing on the farm until its harvest and maintain it, without being able to carry out new plantings.” The foregoing stands until the finality (firmeza) of this judgment.\n\n            XIV.- ON COSTS (COSTAS). Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo provides that procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so. Dispensation from this condemnation is only viable when there was, in the Court’s judgment, sufficient reason to litigate or, when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the present case, this collegiate body does not perceive reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and break the postulate of condemnation of the losing party, with respect to the Instituto de Desarrollo Agrario, for which reason it is ordered to pay both costs. In relation to the defendant Nombre125803, this Court considers that one of the exceptions established by the rule is configured, given that they had sufficient reason to litigate and also their conduct has been in good faith, for which reason they are exempted from such payment.\n\nPOR TANTO\n\n            The exception of statute of limitations (prescripción) filed by the Instituto de Desarrollo Agrario is rejected. The exceptions of expiration (caducidad), lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva), and lack of current interest filed by the defendant Nombre125803 are rejected. The exception of lack of right filed by the defendant Nombre125803 is rejected in all its aspects, and consequently, the present complaint (demanda) is declared to have merit, in the following terms, it being understood as denied in what is not expressly granted. Consequently: 1) It is declared that the property that the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, titled in favor of the co-defendant Nombre125803 and which corresponds to cadastral map Placa22735- constitutes Patrimonio Natural del Estado and an asset of the public domain (bien de dominio público) that is unseizable, imprescriptible, inalienable, and outside of commerce. Likewise, the competent body to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 2) The absolute nullity (nulidad absoluta) is declared of the agreement of the Board of Directors of the IDA contained in Article 32 of Session No. 016-04, of May 3, 2004, only insofar as it refers to the titling of a farm in favor of Nombre125803 and described in cadastral map No. SJ-871001-2003. 3) By connection, the following must be annulled: public deed (escritura pública) No. 47 granted before the notaries Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8 hours on May 24, 2004, only in what refers to the formalization and protocolization of the illegitimate titling issued by the IDA in favor of Nombre125803 over the farm described in cadastral map No. SJ-871001-2003; as well as public deed No. 116, granted before the notary public Mario Alberto Sánchez Hernández, at 18 hours on November 10, 2006, by which the Contrato de Pago de Servicios Ambientales in the modality of Forest Protection (Protección de Bosque), contract number SJ-01-02-0071-2006, signed between the defendant Nombre125803 and FONAFIFO, was protocolized. The Archivo Nacional and the Registro Nacional must be notified of the annulments of the referenced notarial instruments, for purposes of marginal annotations in the master record of the respective protocols and the certified copies that may have been submitted to the Registro Nacional. 4) It is declared that the farm registered under the Sistema de Folio Real registration No. Placa27014 (titled farm) was technically and legally registered unduly in favor of Nombre125803. 5) The registration entries (asientos registrales) for the farm registered under the Sistema de Folio Real registration No. Placa27014 (titled farm), issued by the Registro Nacional, are annulled. 6) The registration entry for the Contrato de Pago de Servicios Ambientales in the modality of Forest Protection, contract number Placa27532, issued by the Public Registry (Registro Público), is annulled. 7) The Procuraduría General de la República, through the Notaría del Estado, is ordered to prepare the transfer deed (escritura de traspaso), with its respective change of nature, and to carry out the pertinent steps to register the property described in cadastral map Placa22735 in the name of the State in the Public Registry of Real Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble). Likewise, MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as Patrimonio Natural del Estado. 8) The eviction (desalojo) from the property that is the subject of this proceeding is ordered against the defendant Nombre125803 and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) is to be placed in possession of that farm. 9) The IDA is condemned to the abstract payment of the damages (daños y perjuicios) caused to the Patrimonio Natural del Estado, and derived from the annulled formal conduct. In accordance with Article 122, subsection m) iii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, their existence and amount shall be determined in the sentence execution phase. 10) In accordance with Articles 199 and 200 of the Ley General de la Administración Pública, the declared illegality is manifest. In accordance with Articles 199, 200, 211, 212, and 213 of the same General Law, the head of the IDA must immediately initiate the internal merit proceedings to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to legality in the referenced titling procedure. A report on the actions taken must be rendered to this Court within a period of three months from the finality of this judgment. 11) It is ordered to maintain the precautionary measures ordered through resolutions number 593-2009, of fifteen ten in the afternoon of March thirtieth, 2009; 1118-2010 of seven thirty in the morning of March twenty-third, two thousand ten; and 237-2010 issued orally by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, at eight twelve in the morning of May twenty-fifth, two thousand ten, until the finality of this judgment. 12) The IDA is condemned to pay the procedural and personal costs of this proceeding. Co-defendant Nombre125803 is exempted from such payment. 13) Issue the respective writs to the Registro Nacional and the Archivo Nacional.\n\nMarianella Álvarez Molina\n\nJosé Roberto Garita Navarro                           Otto González Vílchez\n\nEXPEDIENTE: 09-000138-1027-CA\n\nPROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTORA: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, Nombre125803\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:13:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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