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  "id": "nexus-sen-1-0034-541454",
  "citation": "Res. 00305-2012 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Caducidad en interdictos de posesión en zona de refugio de vida silvestre",
  "title_en": "Statute of limitations for possession interdicts in wildlife refuge areas",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José revocó la sentencia de primera instancia y declaró caduca la demanda interdictal de amparo de posesión y restitución interpuesta por una sociedad anónima contra un grupo de precaristas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. La sociedad alegaba que los demandados invadieron su propiedad en octubre de 2009, pero las pruebas testimoniales y documentales acreditaron que el ingreso ocurrió en 2007, más de tres meses antes de presentar la demanda. El tribunal aplicó el artículo 458 del Código Procesal Civil supletoriamente, que exige que los interdictos se planteen dentro de los tres meses siguientes al inicio de los actos perturbatorios. Dado que se demostró que los demandados realizaban actos posesorios desde 2007, incluyendo construcción de ranchos y apertura de calles, la caducidad era evidente. En consecuencia, se omitió analizar el fondo del asunto y se condenó a la actora al pago de costas procesales y personales, incluyendo honorarios de la Defensa Pública.",
  "summary_en": "The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José overturned the lower court ruling and dismissed as time-barred the possession interdict action filed by a corporation against a group of squatters in the Caño Negro National Wildlife Refuge. The corporation claimed that the defendants invaded its property in October 2009, but witness testimony and documentary evidence proved that entry occurred in 2007, more than three months before the lawsuit was filed. Applying Article 458 of the Civil Procedure Code supplementarily, which requires interdicts to be filed within three months of the start of disturbing acts, the court found that the defendants had engaged in possession activities since 2007, including building shacks and opening roads. Consequently, the court refrained from examining the merits and ordered the plaintiff to pay procedural and personal costs, including the Public Defender's fees.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "15/03/2012",
  "year": "2012",
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    "wildlife-law-7317"
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    "Refugio Nacional de Vida Silvestre",
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    "Ley de Jurisdicción Agraria",
    "Código Procesal Civil"
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  "keywords_es": [
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    "Tribunal Agrario",
    "Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro",
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    "artículo 458 Código Procesal Civil",
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    "Defensa Pública"
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    "Agrarian Tribunal",
    "Caño Negro National Wildlife Refuge",
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    "Article 458 Civil Procedure Code",
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    "Public Defender"
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  "excerpt_es": "De acuerdo a los resultados de esas probanzas, concluye el Tribunal que lleva razón el recurrente al afirmar que la demanda está caduca al haber sido presentada a estrados fuera de los tres meses a los que hace referencia el artículo 458 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. [...] De lo anterior, concluye el Tribunal, la demanda fue planteada cuando las personas demandadas tenían más de tres meses de haber ingresado al terreno.\n\nIV. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 458 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, deberá revocarse la sentencia. En su lugar, ha de acogerse la excepción de caducidad y por ende, declararse la caducidad de la demanda interdictal, omitir pronunciamiento sobre las restantes excepciones de falta de derecho, legitimación e interés y sobre el fondo de lo pretendido en la demanda interdictal.",
  "excerpt_en": "Based on the results of this evidence, the Tribunal concludes that the appellant is correct in asserting that the claim is time-barred, having been filed beyond the three months referred to in Article 458 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily. [...] From the above, the Tribunal concludes that the claim was filed when the defendants had been on the land for more than three months.\n\nIV. In light of the above, pursuant to Articles 6, 26, 54 and 79 of the Agrarian Jurisdiction Law and Article 458 of the Civil Procedure Code applied supplementarily, the judgment must be reversed. Instead, the statute of limitations defense must be upheld, and therefore the interdict claim declared time-barred, without ruling on the remaining defenses of lack of right, standing, and interest, or on the merits of the interdict claim.",
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    "summary_en": "The Agrarian Tribunal reversed the lower court ruling, declared the interdict claim time-barred, and ordered the plaintiff to pay costs.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario revocó la sentencia de primera instancia, declaró caduca la demanda interdictal y condenó a la actora al pago de costas."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "In interdict proceedings, it is not possible to rule on the right of property or possession, in accordance with Article 457 of the cited Code.",
      "quote_es": "En procesos interdictales no es posible resolver en relación con el derecho de propiedad o el de posesión, acorde a lo dispuesto en el artículo 457 del citado Código."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "The appellant is correct in asserting that the claim is time-barred, having been filed beyond the three months referred to in Article 458 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily.",
      "quote_es": "Lleva razón el recurrente al afirmar que la demanda está caduca al haber sido presentada a estrados fuera de los tres meses a los que hace referencia el artículo 458 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-541454",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00305 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 15 de Marzo del 2012 a las 11:02\n\nExpediente: 09-000269-0298-AG\n\nRedactado por: Damaris María Vargas Vásquez\n\nClase de asunto: Proceso interdictal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n[Nombre1] [Nombre1]\n\nVOTO N°0305-F-12[Nombre1]\n\nTRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las once horas dos minutos del quince de marzo del dos mil doce. [Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] PROCESO INTERDICTAL establecido por [Nombre2]. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número […],[Nombre1] representada por el Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, J ., mayor,[Nombre1] […], contra F., mayor, cédula de identidad número […]; J. L.,  mayor, cédula de identidad número […]; M., mayor, cédula de identidad número […]; O., mayor, cédula de identidad número […]; M. S., mayor, cédula de residencia número […]; J. M., mayor, cédula de identidad número […]; A., mayor, cédula de identidad número […]; E., mayor, cédula de identidad número […]; E. Z., mayor, cédula de residencia número […]; Z., mayor, cédula de identidad número […]; M. Z., mayor, cédula de residencia número […]; L., mayor, cédula de identidad número […]; F. [Nombre3]., mayor, cédula de identidad número […]; [Nombre4]., mayor, cédula de identidad número […]; [Nombre5]. ., mayor, cédula de identidad número […];[Nombre1]  [Nombre6]. ., mayor, cédula de identidad número […]; y [Nombre7]. ., mayor, con trámite de inscripción la cédula de residencia, ([…];[Nombre1] todos ellos son vecinos de […]. Actua como apoderado especial judicial de la sociedad actora, el letrado José Luis Ramos Castellón, cédula de identidad […], colegiado número cinco mil seiscientos veintiocho; y como Defensor Público de los demandados, el licenciado Ignacio Rodríguez Sancho, de calidades desconocidas en autos. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos.[Nombre1]\n\nRESULTANDO:[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] 1.- La sociedad actora C. SOCIEDAD ANÓNIMA, interpone demanda interdictal, estimada en la suma de dos millones de colones; y solicita: 1) Solicita la restitución de la posesión del inmueble. 2) Se ordene el desalojo de los precaristas demandados. 3) Se ordene la reposición de mojones. 4) Se ordene la suspensión de obra nueva y de derribo. 5) Se ordene a los demandados no agredir ni físico, psicológicamente a su representada, o bien a sus socios. 6) Solicita se declare con lugar en todos los extremos la presente demanda interdictal y se declare sin lugar las excepciones que oponga contra la presente acción. 7) Que la sociedad actora es la única y legítima poseedora del inmueble.\" (folio 17 frente y vuelto).[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] 2.- En tiempo y forma contestaron los demandados la demanda oponiéndose a la misma y presentaron las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interes actual,  caducidad.[Nombre1] (folios 29 a 36) [Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] 3.- El juez Luis Rodríguez Cruz, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, en sentencia Nº171-2010 de las siete horas veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil diez, resolvió: “POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y los artículos 1, 2, 6, 22, 26, 29, 38, 44, 46, 53, 54, 55, 56 y 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículos 307, 308, 318, 323, del Código Civil, 457, 458, 461 y 464, siguientes del Código Procesal Civil. En virtud de lo anterior, se rechazan los interdictos de REPOSICIÓN DE MOJONES, SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA Y DE DERRIBO y se declara con lugar los interdictos de AMPARO DE POSESION y RESTITUCIÓN, y se ordena en forma inmediata: a) la restitución de la posesión del inmueble de la finca inscrita en el Partido de [Nombre1][...], matrícula número […], que es terreno para agricultura, situado en el [Dirección1] , […], cantón […], de la provincia de […], con las siguientes linderos NORTE, ESTE y OESTE; [Dirección2] ; SUR: [Nombre8]., con una medida de cuarenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro metros con cincuenta decímetros cuadrados, según el plano número […]. a favor de la Actora C. S.A.; b) En el plazo de un mes, con la firmeza de esta sentencia se ordenará el desalojo de los demandados: 1) [Nombre9]. ., mayor, cédula de identidad número […]; 2)[Nombre1] [Nombre10]. .,  mayor, cédula de identidad número […]; 3)[Nombre1] [Nombre11]., mayor, cédula de identidad número […]; 4) [Nombre4]., mayor, cédula de identidad número […]; 5) M. S., mayor, cédula de residencia número […]; 6) J. M., mayor, cédula de identidad número […]; 7) A., mayor, cédula de identidad número […]; 8) E., mayor, cédula de identidad número […]; 9)[Nombre1] E. Z., mayor, cédula de residencia número […]; 10) Z., mayor, cédula de identidad número […]; 11) M. Z., mayor, cédula de residencia número […]; 12) L., mayor, cédula de identidad número […]; 13) F. U., mayor, cédula de identidad número […]; 14) O., mayor, cédula de identidad número […]; 15) A. S., mayor, cédula de identidad número […]; 16)  M. R., mayor, cédula de identidad número […]; y 17) [Nombre12]. ., de la finca inscrita en el Partido de […], matrícula número […], situada en el [Dirección1] , [Dirección3][…],   cuarto de […], de la provincia de […], la cual es propietaria la Actora [Nombre2]. [Nombre13].; [Nombre2]) Se ordena la reposición de mojones, al estado en que se encontraban antes de la invasión de los demandados;[Nombre1]  d) Se ordena a los demandados tantas veces mencionados, abstenerse de no agredir ni físico, ni psicológicamente a la Actora [Nombre2]. S.A. y su representante [Nombre14] . Se rechazan las excepciones de falta de derecho, legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y caducidad. Se condena a los demandados [Nombre15]. ., . ., ., ., . ., [Nombre16]   , ., ., . ., ., [Nombre17]. ., ., . ., ., . ., . . y [Nombre12]. ., al pago de las costas procesales y personales, de este proceso. Asimismo se ordena, testimoniar piezas ante el Ministerio Público, en contra de [Nombre18]. . y [Nombre19]. ., ambos de apellidos [Nombre20]. ., para que se les investigue por el delito de Falso Testimonio.\"(lo destacado es del texto original a folios 126 a 127).[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] 4.- La parte demandada interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia, (folios 129 a 139).[Nombre1]\n\n5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores [Nombre3] omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-[Nombre1]\n\nRedacta la jueza Vargas Vásquez; y,[Nombre1]\n\nCONSIDERANDO:[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] I. Se comparten los hechos tenidos por probados tercero y cuarto en la sentencia, al ser acordes con las probanzas constantes en autos, adicionándose al cuarto como prueba el documento de folio 9, pues el Juzgado no referenció dicho hecho a una prueba en concreto. No se prohíjan los hechos tenidos por probados primero y segundo; el primero por estar referido al derecho de propiedad, el cual no puede ser objeto de análisis en este tipo de procesos interdictales, y el segundo al estar relacionado con aspectos sustantivos propios de la legitimación activa, los cuales carecen de interés por la forma en que se resolverá en esta instancia. De tal naturaleza, se adicionan en esta instancia los siguientes hechos:[Nombre1]  5° La demanda interdictal se planteó a estrados el 25 de noviembre de 2009 (folio 19).  6° La cuantía del proceso fue estimada en la suma de dos millones de colones, sin que fuera objetado dicho monto (folio 18).  7° La parte demandada estuvo representada por la defensa pública agraria desde que se contestó la demanda hasta que se planteó el recurso de apelación contra la sentencia (folios 29 a  129).  8° La parte demandada ingresó al inmueble en litis antes del 25 de agosto de 2009 (declaraciones testimoniales de [Nombre18]. . y [Nombre21]. . de folios 90 y 91).-[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] II. El licenciado Ignacio Rodríguez Sancho, defensor público de las personas demandadas en este proceso, interpuso recurso de apelación contra la sentencia (folio 129), mostrándose inconforme por lo siguiente:[Nombre1]  1º Alega que la sentencia está \"ataviada con una serie de consideraciones de orden doctrinal y hasta jurisprudencial\", con base en las cuales dispuso acoger la demanda interdictal, decisión que estima es incorrecta porque es evidente que en este proceso no se acredito la legitimación activa porque sus representados tienen varios años de estar en posesión del área en litis, y la legitimación pasiva requerida para los interdictos de amparo de posesión y de restitución. Además, argumenta, operó la caducidad pues las personas demandadas tenían más de dos años de estar en el inmueble cuando se planteó la demanda según se desprende de las probanzas, especialmente la testimonial. Afirma, el juez emitió la sentencia olvidándose de los principios \"Dispositivos y de Inmediatez de la prueba, los cuales privan la materia agraria.\" (folio 131) y de los presupuestos exigidos para que prospere una demanda interdictal. Objeta la actuación del juzgador de formular \"una serie de consideraciones personales... las cuales no se fundamentaron en elementos o actuaciones evacuadas en el proceso.\"; e indica que ello, \"lejos de beneficiar la apreciación del conflicto de marras, deja entrever cierta subjetividad, que empaña el razonamiento doctrinal aplicable al caso de marras.\" (folio 131).  2° Se muestra inconforme con la valoración de la prueba hecha por el juez en la sentencia pues estima que aunque en esta materia existe amplitud para ello, no le permite realizar una interpretación subjetiva dejando de lado la imparcialidad que debe tener un administrador de justicia e incurriendo en ultrapetita al favorecer a una de las partes. Concretamente, señala que el hecho probado segundo no corresponde a la prueba aportada, pues el juzgador tiene por acreditado que la parte demandante ha querido regenerar en forma natural la propiedad en litis, la cual se localiza en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, basándose en el acta de reconocimiento judicial. Aduce, de dicha acta se desprende que el representante de la demandante no dijo la verdad cuando planteó la demanda, pues no se trata de un bien en proceso de regeneración natural, sino de terrenos ya trabajados que fueron dejados en abandono, y si hubieran existido bosques existirían denuncias por infracción a la Ley Forestal o se consignarían en el acta de reconocimiento judicial árboles cortados o cambio de uso del suelo. Argumenta, en el Informe presentado por un personero de la Oficina de Gestión Comunitaria del citado Refugio se señaló que no se trata de un terreno con características y especies de bosque secundario, y el técnico [Nombre22]. señaló en el apartado 5 lo siguiente: “Hace unos pocos días iniciaron una especie de socola o limpieza de este terreno el cual pudimos constatar, pero no encontramos ningún árbol talado, les indicamos que lo mejor era no seguir realizando ninguna labor de esa propiedad hasta que el panorama legal de esa finca no este claro y se tenga una resolución por parte de los entes o competencias que tienen que ver con el tema agrario y de tenencia de tierra. La respuesta a nuestra recomendación fue positiva por parte de las personas presentes, a la vez se comprometieron a no seguir limpiando y no cortar ningún árbol…”. De lo expuesto deduce, no es cierto el área en litis sea un terreno de conservación en proceso de regeneración.  3° Objeta el recurrente el hecho tenido por probado tercero, pues según dice, el juzgador tuvo por acreditado que el 24 de octubre de 2009 el representante de la demandante [Nombre23] ., se presentó al inmueble en compañía de dos oficiales de la Fuerza Pública y que éstos procedieron a levantar el Acta de Observación N° 185-90, basándose en un documento que no es público y cuyos oficiales no fueron ofrecidos como testigos en el proceso, aunado al hecho de que, conforme a la testimonial, la demanda está caduca pues los demandados ingresaron al bien dos años antes de la interposición de la demanda. Argumenta, el que la parte demandante no se diera cuenta del ingreso de la parte demandada es un aspecto que no afecta la caducidad y esa conclusión es contraria a la declaración de las personas testigas, sin que sea válido lo dicho por el deponente [Nombre24]. ., cuñado del representante de la demandante, pues tiene interés en el proceso y además, faltó a la verdad.  4° Está inconforme también con el hecho tenido por probado cuarto, en el cual el juzgador tuvo por acreditado que el 3 de noviembre de 2009 se hizo presente el técnico [Nombre22]., funcionario del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, quien al realizar una inspección en el lugar comprobó la existencia de una invasión de al menos treinta familias, pero, señala el recurrente, al igual que sucede con el informe policial, no se puede comprobar con dicho documento que para esa fecha la parte demandada apenas iniciaba sus actos posesorios. Contrario a esas pruebas, de la declaración de [Nombre25]. y [Nombre26]. ., ambos [Nombre27]. ., vecinos de […] y conocedores del área en litis desde hace más de veinte años, se desprende que la demandante tenía el bien en abandono y que el testigo [Nombre24]. ., cuñado del representante de la demandante, nunca frecuentaba la zona en litigio pues vivía un poco distante del fundo y siempre estaba ocupado con el negocio de abarrotes. En general, concluye, de un análisis integral de la prueba se logra constatar que la demanda está caduca por lo que pide sea declarada de esa forma.-[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] III. En sus agravios, el defensor público de la parte demandada alega que la demanda está caduca. Este extremo debe ser analizado en primer orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, puesto que se si logra acreditar que la demanda no se planteó dentro de los tres meses contados a partir del momento en que dieron inicio los actos que se reclaman como perturbatorios, es innecesario e improcedente revisar si se cumplen los presupuestos de legitimación activa y pasiva. En la demanda, presentada a estrados el 25 de noviembre de 2009 (folio 19), se indicó que “el señor [Nombre24]. ., se dio cuenta el día 03 de octubre del presente año que, en el inmueble, se encontraban unas personas ajenas a mi representada, haciendo trabajos de limpieza de terreno… con fecha 24 de octubre del presente año, procedieron a levantar otra “ACTA DE OBSERVACIÓN” a solicitud del suscrito, donde describen los trabajos que han realizado los invasores, desde luego buscando su acomodo y beneficio, personal y material, y haciendo actos posesorios del terreno…” (folios 14 frente y vuelto). De acuerdo a lo expuesto, la demanda interdictal debió interponerse en fecha posterior al 25 de agosto de 2009. De la declaración confesional de [Nombre28]. . no se desprenden datos de interés para verificar si la demanda está o no caduca (folio 87). Lo mismo sucede con la confesional del representante de la demandante, pues cuando se le preguntó \"Para que diga que cuando usted vino a este lugar a principios de octubre del 2009, ya los demandados tenían varios meses de estar en el terreno.\", contestó: \"No es cierto\" (folio 88). Aunque luego admitió que cuando se apersonó al sitio con oficiales de la policía administrativa, había \"dos ranchos levantados\" (folio 88), dato que es coincidente con lo consignado en el Acta de Observación del 17 de octubre de 2009 (folio 6), en la que se anotó la presencia de once personas en el sitio, cuyos nombres se mencionaron, y se agregó que esas personas estaban: \"chapeando el bosque, se observa aproximadamente una hectarea (sic) de terreno socolado, tambien (sic) se observa dos ranchos construhidos (sic) con madera royisa y techo de laminas (sic) de cing (sic)...\" (folio 6). De lo anterior se deduce que los hechos que se reclaman como perturbatorios en este proceso acaecieron antes del 17 de octubre de 2009, fecha en que se apersonó el representante de la demandante y la policía. Por su parte, el testigo [Nombre24]. ., quien es cuñado del representante de la demandante, declaró: \"Las personas que invadieron este terreno lo hicieron durante la primera semana de octubre del año dos mil nueve... Yo no vi el momento de la invasión pero ocurrió entre un lunes que visité la finca y el viernes de la misma semana toda vez que el viernes cuando visité otra vez la finca, ya ésta estaba invadida...\" (folio 89). Tal declaración sería coherente con lo indicado en la demanda, sólo bajo el supuesto de que los dos ranchos y la socola que se mencionan en el acta policial se hicieron durante la primera quincena del mes de octubre de 2009; sin embargo, podría estar sesgada al tratarse del cuñado del representante de la demandante, situación que se verificará sólo con el análisis integral del resto de la prueba conforme a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Al respecto, el testigo [Nombre29]. ., cuya declaración se rindió el 19 de octubre de 2010, indicó que \"A los demandados los he visto en este terreno como desde el dos mil siete, hace casi tres años, ellos estaban carrilando y después empezaron a cuadrar lotes y a chapear. Ellos llegaron casi todos juntos al terreno y ese grupo se mantiene hasta hoy día. La mayoría ha hecho sus casas aquí en el terreno. Las calles internas que hay en el terreno las hicieron hace como dos años. Los ranchos que se observan los construyeron hace como dos años. Conozco al anterior testigo y nunca lo he visto en este terreno.\" (folio 90). Conforme a la declaración anterior, el ingreso de los demandados se produjo en el año 2007, dos años antes del planteamiento de la demanda. El testigo [Nombre21]. . dijo haber trabajado en el área en litis hace mucho para una persona llamada [Nombre30]. . y que hasta hace un año pasaba todos los días por el terreno. Lo anterior es de interés pues evidencia que se trata de un testigo conoc edor del inmueble y de sus circunstancias. En su declaración, en forma coincidente a la rendida por el señor [Nombre29]. ., el testigo [Nombre21]. . indicó: \"Hace como tres años que veo a los demandados en este terreno como desde el dos mil siete. Yo iba a entrar con ellos al terreno pero me arrepentí. Desde que ellos ingresaron al terreno también comenzaron a hacer los ranchitos. Primeramente entró un grupo de personas que aún se mantienen en el terreno, posteriormente fueron entrando otras personas. Creo que desde que iniciaron dejaron esta calle interna y creo que la hicieron a pala...\" (folio 91); luego, refiriéndose al testigo [Nombre24]. ., cuñado del representante de la demandada, indicó: \"Nunca lo vi en este terreno.\" (folio 91). Como se indicó, la declaración de este testigo es coincidente con la anterior, acerca de que la parte demandada ingresó al terreno en litis desde el año 2007, es decir, dos años antes del planteamiento de la demanda en el año 2009. Igualmente, ambos deponentes señalan nunca haber visto en área en conflicto al señor [Nombre22]. [Nombre31]., situación que permite al Tribunal concluir que la declaración de este último está sesgada a favor del representante de la demandada, o bien, el señor [Nombre32]. . no visitó del todo el inmueble como para enterarse que antes de su apersonamiento al citado bien ya había ingresado la parte demandada. De acuerdo a los resultados de esas probanzas, concluye el Tribunal que lleva razón el recurrente al afirmar que la demanda está caduca al haber sido presentada a estrados fuera de los tres meses a los que hace referencia el artículo 458 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. En relación con el Acta de Observación del 24 de octubre de 2009 (folio 7), los resultados son similares al acta citada, sin que de ella pueda deducirse que el ingreso fue en el mes de octubre del citado año, pues tanto en ésta como en la otra Acta de Observación ya citada, se menciona la existencia de construcciones, carriles y otras labores, al momento de la visita. Debe aclararse que la prueba documental aportada al expediente relacionada con certificaciones registrales (folio 4), por sí misma no hace que varíe lo resuelto, pues en procesos interdictales no es posible resolver en relación con el derecho de propiedad o el de posesión, acorde a lo dispuesto en el artículo 457 del citado Código, aunado al hecho de que si la demanda interdictal está caduca no es posible hacer análisis alguno referido a la legitimación activa o acreditación del ejercicio de actos posesorios actuales y momentáneos de la parte demandante, o la pasiva, vinculada con la perturbación que se achaca a las personas demandadas. El Oficio ACAHN-RNVSCN-328-09, emitido por el técnico G., de la Oficina de Gestión Comunitaria del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, el 4 de noviembre de 2009, tampoco es una prueba suficiente para acreditar que los actos que se reclaman como perturbatorios en la demanda acaecieran en octubre de 2009, puesto que en dicho documento se señala que en la visita realizada al área en litis el 3 de noviembre de dicho año observaron a un grupo de personas, el cual: “está compuesto por aproximadamente 30 familias todas vecinas de […], el principal líder es el señor [Nombre33]. .… Hace unos pocos días iniciaron una especie de socola y limpieza de este terreno el cual pudimos constatar, pero no encontramos ningún árbol talado, les indicamos que lo mejor era no seguir realizando ninguna labor en esa propiedad hasta que el panorama legal de esa finca no esté claro y se tenga una resolución por parte de los entes o competencias que tienen que ver con el tema agrario y de tenencia de tierra. La respuesta a nuestra recomendación fue positiva por partes (sic) de las personas presentes, a la ves (sic) se comprometieron a no seguir limpiando y no cortar ningún árbol…” (folio 10). En dicho documento, emitido el 4 de noviembre de 2009, se señala que “hace unos pocos días iniciaron una especie de socola o limpieza de este terreno”, eso no significa que fue en esa fecha, incierta, que esas personas iniciaron las labores en el área en litis, pues bien podría estarse refiriendo el señor [Nombre22]. a la socola o limpieza de una parte del terreno; máxime si también indicó que no encontró árboles talados y no hizo referencia a la existencia de construcciones, mismas que para esa fecha, conforme a las Actas de Observación citadas, ya existían, lo cual deja entrever que lo único que interesó en esa visita fue el estado del recurso forestal del inmueble y no otras acciones de las personas demandadas sobre el área en litis vinculadas con actos posesorios agrarios, o la fecha posible en que éstos dieron inicio. Lo mismo sucede con el documento aportado al expediente que es copia de la denuncia puesta por el representante de la demandada por daño ambiental en el área en litis, en la cual no se especifican acciones concretas y menos aún, se señala la fecha específica en que éstas dieron inicio (folio 12). De la contestación de la demanda no podría deducirse la existencia de hechos que puedan tenerse como no controvertidos, puesto que todos los hechos mencionados en la demanda fueron negados, y por el contrario, se indicó que al momento de plantearse la demanda, las personas demandadas tenían más de un año de estar en el inmueble (folio 30). Así mismo, el acta de reconocimiento judicial tampoco ofrece datos de interés, pues por su naturaleza, en dicha acta se consigna el estado del  bien al momento de la visita, sin que pueda deducirse de esa información el momento en que ingresó la parte demandada. De lo anterior, concluye el Tribunal, la demanda fue planteada cuando las personas demandadas tenían más de tres meses de haber ingresado al terreno.-[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] IV. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 458 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, deberá revocarse la sentencia. En su lugar, ha de acogerse la excepción de caducidad y por ende, declararse la caducidad de la demanda interdictal, omitir pronunciamiento sobre las restantes excepciones de falta de derecho, legitimación e interés y sobre el fondo de lo pretendido en la demanda interdictal e imponerse a la parte demandante el pago de las costas personales y procesales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Al actuar la defensa pública en representación de la parte demandada, deberá fijarse prudencialmente los honorarios del defensor público, en el 15% del importe líquido de la condenatoria, en este caso la cuantía estimada en 2.000.000 de colones, que corresponden a 300.000 colones, monto que deberá ser depositado por la parte demandante en la cuenta oficial del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, a la orden de la Defensa Pública del Poder Judicial.-[Nombre1]\n\nPOR TANTO:[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] Se revoca la sentencia. En su lugar, se declara con lugar la excepción de caducidad interpuesta por la parte demandada y por ende, se declara caduca la demanda interdictal. Se omite pronunciamiento sobre las excepciones de falta de derecho, de legitimación y de interés, los aspectos sustantivos de la demanda interdictal, y se condena a la parte demandante al pago de las costas procesales y personales ocasionadas a las personas demandadas. Se fijan los honorarios del defensor público en un quince por ciento de la cuantía del proceso, que corresponde a la suma de trescientos mil colones, monto que deberá ser depositado por la parte demandante en la cuenta oficial del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, a la orden de la Defensa Pública del Poder Judicial.-[Nombre1]\n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] \n\nDAMARIS VARGAS VÁSQUEZ[Nombre1]\n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] \n\nMARÍA CAROLINA HURTADO GARCÍA [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] [Nombre1] HEILIN ROJAS MADRIGAL[Nombre1]\n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] \n\nPROCESO INTERDICTAL[Nombre1]\n\nEXP: EXPN1[Nombre1]\n\nACTOR [Nombre34]. [Nombre1]\n\nDEM: [Nombre35]. . Y OTROS[Nombre1]\n\nCPE[Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1]\n\n[Nombre1] [Nombre1] [Nombre1]\n\nConstancia de notificación\n\n\n\n\nParte [Nombre3] otros\n\n\t\n\nResultado\n\n\t\n\nFecha\n\n\t\n\nServidor (a)\n\n\n\n\n[Nombre36].  [Nombre1] [Nombre1]  […]\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n[Nombre1] [Nombre35]. . Y [Nombre37] […]\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n[Nombre1] [Nombre1]\n\n\"Dirección: El Tribunal Agrario se ubica en el cuarto piso del edificio de Tribunales de Justicia en el Segundo Circuito Judicial de San José, en [Dirección4]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica.[Nombre1]\n\nTeléfonos: [Telf1], [Telf2], [Telf3], [Telf4], [Telf5], Fax: [Telf6] Correo electrónico: [...]- ”[Nombre1]\n\n[Nombre1] \n\n[Nombre1] [Nombre1]\n\n[Nombre1]  [Nombre1]\n\n[Nombre1] \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:42:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "VOTE No. 0305-F-12\n\nAGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eleven hours and two minutes on the fifteenth of March of two thousand twelve.\n\nINTERDICTAL PROCEEDING (PROCESO INTERDICTAL) brought by [Nombre2]. SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number […], represented by its President with powers of Unlimited General Agent, J., adult, […], against F., adult, identification card number […]; J. L., adult, identification card number […]; M., adult, identification card number […]; O., adult, identification card number […]; M. S., adult, residence card number […]; J. M., adult, identification card number […]; A., adult, identification card number […]; E., adult, identification card number […]; E. Z., adult, residence card number […]; Z., adult, identification card number […]; M. Z., adult, residence card number […]; L., adult, identification card number […]; F. [Nombre3]., adult, identification card number […]; [Nombre4]., adult, identification card number […]; [Nombre5]., adult, identification card number […]; [Nombre6]., adult, identification card number […]; and [Nombre7]., adult, with residence card in the process of registration, ([…]); all of them are residents of […]. Acting as special judicial attorney for the plaintiff corporation is attorney José Luis Ramos Castellón, identification card […], bar association number five thousand six hundred twenty-eight; and as Public Defender for the defendants, attorney Ignacio Rodríguez Sancho, whose particulars are unknown in the record. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos.\n\nWHEREAS:\n\n1.- The plaintiff corporation C. SOCIEDAD ANÓNIMA filed an interdictal complaint, valued at the sum of two million colones; and requests: 1) It requests the restoration of possession of the property. 2) The eviction of the defendant squatters be ordered. 3) The replacement of boundary markers be ordered. 4) The suspension of new construction and demolition be ordered. 5) The defendants be ordered not to aggress, physically or psychologically, its representative, or its partners. 6) It requests that this interdictal complaint be granted in all its terms and that any defenses raised against this action be dismissed. 7) That the plaintiff corporation is the sole and legitimate possessor of the property.\" (folio 17 front and back).\n\n2.- The defendants answered the complaint in a timely manner, opposing it and raising the defenses of lack of right (falta de derecho), lack of standing active and passive (falta de legitimación activa y pasiva), lack of current interest (falta de interés actual), expiration (caducidad). (folios 29 to 36)\n\n3.- Judge Luis Rodríguez Cruz, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos, in judgment No. 171-2010 at seven hours and twenty minutes on the eighth of December of two thousand ten, ruled: \"THEREFORE: Based on the foregoing and Articles 1, 2, 6, 22, 26, 29, 38, 44, 46, 53, 54, 55, 56 and 59 of the Ley de Jurisdicción Agraria and Articles 307, 308, 318, 323 of the Civil Code, 457, 458, 461 and 464, and following of the Code of Civil Procedure. By virtue of the foregoing, the interdictal remedies of REPLACEMENT OF BOUNDARY MARKERS, SUSPENSION OF NEW CONSTRUCTION AND DEMOLITION are dismissed, and the interdictal remedies of PROTECTION OF POSSESSION (AMPARO DE POSESION) and RESTITUTION are granted, and it is immediately ordered: a) the restoration of possession of the property of the farm registered in the District of [...], registration number […], which is land for agriculture, located in [Dirección1], […], canton […], of the province of […], with the following boundaries: NORTH, EAST and WEST; [Dirección2]; SOUTH: [Nombre8]., with an area of forty-one thousand six hundred eighty-four square meters and fifty square decimeters, according to plan number […], in favor of the Plaintiff C. S.A.; b) Within one month from the finality of this judgment, the eviction of the defendants shall be ordered: 1) [Nombre9]., adult, identification card number […]; 2) [Nombre10]., adult, identification card number […]; 3) [Nombre11]., adult, identification card number […]; 4) [Nombre4]., adult, identification card number […]; 5) M. S., adult, residence card number […]; 6) J. M., adult, identification card number […]; 7) A., adult, identification card number […]; 8) E., adult, identification card number […]; 9) E. Z., adult, residence card number […]; 10) Z., adult, identification card number […]; 11) M. Z., adult, residence card number […]; 12) L., adult, identification card number […]; 13) F. U., adult, identification card number […]; 14) O., adult, identification card number […]; 15) A. S., adult, identification card number […]; 16) M. R., adult, identification card number […]; and 17) [Nombre12]., from the farm registered in the District of […], registration number […], located in [Dirección1], [Dirección3][…], district of […], of the province of […], which is owned by the Plaintiff [Nombre2]. [Nombre13].; c) The replacement of boundary markers is ordered, to the state they were in before the invasion by the defendants; d) The defendants so many times mentioned are ordered to refrain from aggressing, physically or psychologically, the Plaintiff [Nombre2]. S.A. and its representative [Nombre14]. The defenses of lack of right, standing active and passive, lack of current interest, and expiration are dismissed. The defendants [Nombre15]., ., ., ., ., [Nombre16], ., ., ., ., [Nombre17]., ., ., ., ., ., and [Nombre12]. are ordered to pay the procedural and personal costs of this proceeding. Likewise, it is ordered that certified copies be sent to the Public Prosecutor's Office against [Nombre18]. and [Nombre19]., both with the last name [Nombre20]., so they may be investigated for the crime of False Testimony.\" (emphasis is from the original text at folios 126 to 127).\n\n4.- The defendants filed an appeal, expressly stating the grounds on which they relied to refute the lower court's reasoning (folios 129 to 139).\n\n5.- The legal requirements have been observed in the processing of the case, and no errors or omissions capable of causing the nullity of the judgment are observed.-\n\nJudge Vargas Vásquez writes; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI. The third and fourth proven facts in the judgment are shared, as they are consistent with the evidence in the record, with the document at folio 9 being added as evidence to the fourth, since the Court did not reference that fact to a specific piece of evidence. The first and second proven facts are not adopted; the first because it refers to the right of ownership, which cannot be analyzed in this type of interdictal proceeding (procesos interdictales), and the second because it relates to substantive aspects of active standing (legitimación activa), which lack interest due to the manner in which this instance will be resolved. Accordingly, the following facts are added in this instance: 5° The interdictal complaint was filed in court on November 25, 2009 (folio 19). 6° The amount in controversy was estimated at the sum of two million colones, without said amount being challenged (folio 18). 7° The defendants were represented by the agrarian public defense from the time the complaint was answered until the appeal against the judgment was filed (folios 29 to 129). 8° The defendants entered the property in dispute before August 25, 2009 (witness statements of [Nombre18] and [Nombre21] at folios 90 and 91).-\n\nII. Attorney Ignacio Rodríguez Sancho, public defender for the defendants in this proceeding, filed an appeal against the judgment (folio 129), expressing disagreement for the following: 1° He alleges that the judgment is \"adorned with a series of doctrinal and even jurisprudential considerations,\" based on which it decided to grant the interdictal complaint, a decision he deems incorrect because it is evident that in this proceeding active standing was not proven because his clients have been in possession of the area in dispute for several years, nor was the required passive standing (legitimación pasiva) for the interdictal remedies of protection of possession (amparo de posesión) and restitution. Furthermore, he argues, expiration (caducidad) applied because the defendants had been on the property for more than two years when the complaint was filed, as is evident from the evidence, especially the testimony. He asserts that the judge issued the judgment forgetting the \"Dispositive and Immediacy of Evidence principles, which govern agrarian matters\" (folio 131) and the requirements for an interdictal complaint to succeed. He objects to the judge's action of formulating \"a series of personal considerations... which were not based on elements or proceedings carried out in the process\"; and indicates that this, \"far from benefiting the assessment of the conflict at hand, hints at a certain subjectivity, which tarnishes the doctrinal reasoning applicable to the case at hand.\" (folio 131). 2° He disagrees with the judge's assessment of the evidence in the judgment, considering that although there is broad latitude in this matter, it does not allow him to make a subjective interpretation, setting aside the impartiality that a justice administrator must have and incurring in a ruling beyond what was requested (ultrapetita), favoring one of the parties. Specifically, he points out that the second proven fact does not correspond to the evidence provided, since the judge considers it proven that the plaintiff has sought to naturally regenerate the property in dispute, which is located in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, based on the judicial inspection report. He argues that it is evident from said report that the plaintiff's representative did not tell the truth when filing the complaint, since it is not a property in a process of natural regeneration, but rather already worked land that was left abandoned, and if forests had existed, there would be complaints for violations of the Ley Forestal or the judicial inspection report would record cut trees or land-use change (cambio de uso del suelo). He argues that the Report submitted by an official of the Community Management Office of said Refuge stated that it is not land with secondary forest characteristics and species, and technician [Nombre22] stated in section 5 the following: \"A few days ago they began a kind of clearing (socola) or cleaning of this land which we were able to verify, but we did not find any felled tree, we indicated that the best thing was not to continue carrying out any work on that property until the legal picture of that farm is clear and a resolution is issued by the entities or jurisdictions that have to do with agrarian matters and land tenure. The response to our recommendation was positive from the persons present, and they also committed to stop clearing and not to cut any tree…\". From the above he deduces, it is not true that the area in dispute is conservation land in a regeneration process. 3° The appellant objects to the third proven fact, since, according to him, the judge considered it proven that on October 24, 2009, the plaintiff's representative [Nombre23], appeared at the property accompanied by two Public Force officers and that they proceeded to draw up Observation Report No. 185-90, relying on a document that is not public and whose officers were not offered as witnesses in the proceeding, in addition to the fact that, according to the testimony, the complaint is expired (caduca) because the defendants entered the property two years before the filing of the complaint. He argues that the fact that the plaintiff was not aware of the defendants' entry is an aspect that does not affect the expiration and that conclusion is contrary to the statement of the witnesses, without what was said by deponent [Nombre24], brother-in-law of the plaintiff's representative, being valid, since he has an interest in the proceeding and, furthermore, failed to tell the truth. 4° He also disagrees with the fourth proven fact, in which the judge considered it proven that on November 3, 2009, technician [Nombre22], an official of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications at the Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, appeared and, upon conducting an inspection of the site, verified the existence of an invasion of at least thirty families, but, the appellant notes, as with the police report, it cannot be proven with this document that on that date the defendants were just beginning their acts of possession (actos posesorios). Contrary to that evidence, the statements of [Nombre25] and [Nombre26], both [Nombre27], residents of […] and familiar with the area in dispute for more than twenty years, show that the plaintiff had abandoned the property and that witness [Nombre24], brother-in-law of the plaintiff's representative, never frequented the area in litigation as he lived somewhat far from the farm and was always busy with his grocery store. In general, he concludes, from a comprehensive analysis of the evidence it can be established that the complaint is expired and therefore requests it be declared as such.-\n\nIII. In his grievances, the public defender for the defendants alleges that the complaint is expired. This point must be analyzed first, pursuant to the provisions of Article 458 of the Code of Civil Procedure applied supplementarily, since if it is proven that the complaint was not filed within three months from the moment the acts claimed as disturbing began, it is unnecessary and improper to review whether the requirements of active and passive standing are met. In the complaint, filed in court on November 25, 2009 (folio 19), it was stated that \"Mr. [Nombre24], became aware on October 3rd of this year that, on the property, there were persons unrelated to my client, doing land clearing work… on October 24th of this year, they proceeded to draw up another 'OBSERVATION REPORT' at the request of the undersigned, where they describe the work the invaders have carried out, evidently seeking their personal and material accommodation and benefit, and performing acts of possession on the land…\" (folios 14 front and back). According to the foregoing, the interdictal complaint should have been filed after August 25, 2009. No data of interest to verify whether the complaint is expired or not emerge from the deposition of [Nombre28] (folio 87). The same occurs with the deposition of the plaintiff's representative, since when asked \"So that you say that when you came to this place in early October 2009, the defendants had already been on the land for several months,\" he answered: \"That is not true\" (folio 88). Although he later admitted that when he arrived at the site with administrative police officers, there were \"two ranches (ranchos) built\" (folio 88), a fact that coincides with what was recorded in the Observation Report of October 17, 2009 (folio 6), in which the presence of eleven people at the site was noted, whose names were mentioned, and it was added that those people were: \"clearing (chapeando) the forest, approximately one hectare of cleared land (terreno socolado) is observed, two shacks built with rough wood and sheet metal roofing are also observed...\" (folio 6). From the above, it is deduced that the acts claimed as disturbing in this proceeding occurred before October 17, 2009, the date on which the plaintiff's representative and the police appeared. For his part, witness [Nombre24], who is the brother-in-law of the plaintiff's representative, declared: \"The persons who invaded this land did so during the first week of October of the year two thousand nine... I did not see the moment of the invasion but it occurred between a Monday when I visited the farm and the Friday of the same week since on Friday when I visited the farm again, it was already invaded...\" (folio 89). Such a statement would be consistent with what was stated in the complaint, only under the assumption that the two shacks and the clearing mentioned in the police report were done during the first half of October 2009; however, it could be biased as he is the brother-in-law of the plaintiff's representative, a situation that will only be verified by a comprehensive analysis of the rest of the evidence, pursuant to the provisions of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. In this regard, witness [Nombre29], whose statement was given on October 19, 2010, stated that \"I have seen the defendants on this land since like two thousand seven, almost three years ago, they were making access lanes and then they began to square off plots and clear (chapear). They arrived almost all together at the land and that group remains to this day. The majority have made their homes here on the land. The internal roads on the land were made about two years ago. The shacks observed were built about two years ago. I know the previous witness and I have never seen him on this land.\" (folio 90). According to the above statement, the defendants' entry occurred in 2007, two years before the complaint was filed. Witness [Nombre21] said he had worked in the area in dispute long ago for a person named [Nombre30] and that until a year ago he passed by the land every day. The foregoing is of interest since it shows that this is a witness who knows the property and its circumstances. In his statement, coinciding with that given by Mr. [Nombre29], witness [Nombre21] stated: \"It's been about three years that I've seen the defendants on this land, like since two thousand seven. I was going to enter the land with them but I thought better of it. Since they entered the land they also began to build the little shacks. First a group of people entered who still remain on the land, subsequently other people entered. I believe that since they started they left this internal road and I believe they made it by shovel...\" (folio 91); then, referring to witness [Nombre24], brother-in-law of the defendant's representative, he stated: \"I never saw him on this land.\" (folio 91). As noted, this witness's statement coincides with the previous one, regarding the fact that the defendants entered the land in dispute since 2007, that is, two years before the complaint was filed in 2009. Likewise, both deponents state that they never saw Mr. [Nombre22] [Nombre31] in the area in conflict, a situation that allows the Tribunal to conclude that the latter's statement is biased in favor of the defendant's representative, or that Mr. [Nombre32] did not visit the property at all, enough to know that before his appearance at the property the defendants had already entered. According to the results of these pieces of evidence, the Tribunal concludes that the appellant is correct in affirming that the complaint is expired, having been filed in court outside the three months referred to in Article 458 of the Code of Civil Procedure applied supplementarily. In relation to the Observation Report of October 24, 2009 (folio 7), the results are similar to the cited report, without it being possible to deduce from it that the entry was in October of said year, since both this and the other Observation Report already cited mention the existence of constructions, access lanes, and other work at the time of the visit. It must be clarified that the documentary evidence provided to the file related to registry certifications (folio 4), by itself does not change the decision, since in interdictal proceedings it is not possible to rule in relation to the right of ownership or possession, according to the provisions of Article 457 of said Code, in addition to the fact that if the interdictal complaint is expired, it is not possible to make any analysis regarding active standing or proof of the exercise of current and momentary acts of possession by the plaintiff, or passive standing, linked to the disturbance attributed to the defendants. Official Letter ACAHN-RNVSCN-328-09, issued by technician G., from the Community Management Office of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, on November 4, 2009, is also not sufficient evidence to prove that the acts claimed as disturbing in the complaint occurred in October 2009, since said document states that in the visit made to the area in dispute on November 3 of said year, they observed a group of people, which: \"is composed of approximately 30 families all residents of […], the main leader is Mr. [Nombre33]… A few days ago they began a kind of clearing and cleaning of this land which we were able to verify, but we did not find any felled tree, we indicated that the best thing was not to continue carrying out any work on that property until the legal picture of that farm is clear and a resolution is issued by the entities or jurisdictions that have to do with agrarian matters and land tenure. The response to our recommendation was positive from the persons present, and they also committed to stop clearing and not to cut any tree…\" (folio 10). In said document, issued on November 4, 2009, it is stated that \"a few days ago they began a kind of clearing or cleaning of this land,\" that does not mean that it was on that uncertain date that those persons began work in the area in dispute, since Mr. [Nombre22] could well be referring to the clearing or cleaning of a part of the land; especially since he also indicated that he did not find felled trees and did not refer to the existence of constructions, which by that date, according to the cited Observation Reports, already existed, which suggests that all that was of interest during that visit was the state of the forest resources of the property and not other actions of the defendants on the area in dispute related to agrarian acts of possession, or the possible date on which they began. The same occurs with the document provided to the file, which is a copy of the complaint filed by the defendant's representative for environmental damage in the area in dispute, in which no specific actions are specified, much less is the specific date on which they began indicated (folio 12). From the answer to the complaint, it could not be deduced that there are facts that can be taken as uncontested, since all the facts mentioned in the complaint were denied, and on the contrary, it was indicated that at the time the complaint was filed, the defendants had been on the property for more than a year (folio 30). Likewise, the judicial inspection report also does not provide data of interest, since by its nature, said report records the state of the property at the time of the visit, without it being possible to deduce from that information the moment at which the defendants entered. From the foregoing, the Tribunal concludes that the complaint was filed when the defendants had been on the land for more than three months.-\n\nIV. Based on the foregoing, pursuant to Articles 6, 26, 54 and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 458 of the Code of Civil Procedure applied supplementarily, the judgment must be reversed. In its place, the defense of expiration (caducidad) must be granted and, therefore, the interdictal complaint must be declared expired, with no ruling made on the remaining defenses of lack of right, standing, and interest, or on the merits of the interdictal complaint claims, and the plaintiff must be ordered to pay the personal and procedural costs, based on the provisions of Articles 55 and 56 of the Ley de Jurisdicción Agraria. As the public defense is acting on behalf of the defendants, the public defender's fees must be prudentially set at 15% of the liquid amount of the award, in this case the amount in controversy estimated at 2,000,000 colones, which corresponds to 300,000 colones, an amount that must be deposited by the plaintiff into the official account of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, payable to the Public Defense of the Judicial Branch.-\n\nTHEREFORE:\n\nThe judgment is reversed. In its place, the defense of expiration raised by the defendants is granted and, therefore, the interdictal complaint is declared expired. No ruling is made on the defenses of lack of right, standing, and interest, or the substantive aspects of the interdictal complaint, and the plaintiff is ordered to pay the procedural and personal costs caused to the defendants. The public defender's fees are set at fifteen percent of the amount in controversy, which corresponds to the sum of three hundred thousand colones, an amount that must be deposited by the plaintiff into the official account of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, payable to the Public Defense of the Judicial Branch.-\n\nDAMARIS VARGAS VÁSQUEZ\n\nMARÍA CAROLINA HURTADO GARCÍA\n\nHEILIN ROJAS MADRIGAL\n\nINTERDICTAL PROCEEDING (PROCESO INTERDICTAL)\n\nEXP: EXPN1\n\nPLAINTIFF [Nombre34].\n\nDEF: [Nombre35] AND OTHERS\n\nCPE\n\nAnd [Name37] […]\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n[Name1] [Name1]\n\n\"Address: The Agrarian Tribunal is located on the fourth floor of the Courts of Justice building in the Second Judicial Circuit of San José, at [Address4] of Goicoechea, opposite the parking lot of the Hospital Hotel La Católica.[Name1]\n\nTelephones: [Telf1], [Telf2], [Telf3], [Telf4], [Telf5], Fax: [Telf6] Email: [...]- ”[Name1]\n\n[Name1] \n\n[Name1] [Name1]\n\n[Name1]  [Name1]\n\n[Name1] \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:42:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}