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  "id": "nexus-sen-1-0034-549268",
  "citation": "Res. 01275-2012 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Condena por usurpación de dominio público forestal — dolo acreditado pese a alegato de posesión decenal",
  "title_en": "Conviction for usurpation of public forestland — intent established despite claim of long-term possession",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal confirma la condena de un particular por el delito de usurpación de bienes de dominio público, cometido en perjuicio del Patrimonio Forestal del Estado. El imputado se introdujo clandestinamente en un inmueble propiedad del MINAE dedicado a conservación forestal, realizó actos de posesión como introducción de ganado, construcción de corrales y pileta, y persistió en la ocupación incluso después de ser notificado y desalojado administrativamente. La defensa alegó posesión agraria por más de 20 años, buena fe y ausencia de dolo, pero el tribunal rechazó estos argumentos por considerar que el imputado conocía la titularidad estatal del terreno y que su ocupación fue posterior al traspaso del IDA al MINAE. La sentencia analiza la prueba testimonial y documental para descartar la existencia de error o creencia razonable, y confirma la pena de prisión, la acción civil resarcitoria y el desalojo.",
  "summary_en": "The Criminal Appeals Tribunal confirms the conviction of an individual for the crime of usurpation of public domain property, committed against the State's Forest Heritage. The defendant clandestinely entered a property owned by MINAE and destined for forest conservation, carried out acts of possession such as introducing livestock, building corrals and a trough, and persisted in occupying it even after being notified and administratively evicted. The defense alleged agrarian possession for more than 20 years, good faith, and lack of intent, but the court rejected these arguments, finding that the defendant knew the land was state-owned and that his occupation post-dated the transfer from IDA to MINAE. The ruling analyzes the evidence to rule out any reasonable belief or mistake, and upholds the prison sentence, civil damages, and eviction.",
  "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
  "date": "27/06/2012",
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    "criminal-environmental"
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  "keywords_es": [
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    "reserva forestal",
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    "usurpation of public domain property",
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  "excerpt_es": "En el presente caso se acusó y condenó al encartado por la comisión del delito de usurpación de bienes de dominio público en daño del Estado. Según la relación de hechos probados, el 17 de octubre de 2005, el imputado Nombre5650. se introdujo clandestinamente en la finca Partido de […], folio real […], propiedad del Ministerio de Ambiente y Energía, dedicado a la conservación forestal, para lo cual introdujo semovientes para pastoreo, construyó un corral con postes vivos y muertos con hilos de alambre de púas, creó 2 saleros y una pileta. Ante gestiones de desahucio administrativo del MINAE, tanto el encartado como los animales salieron del inmueble. No obstante lo anterior, a sabiendas de lo que hacía, en fecha 6 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2007, nuevamente funcionarios del MINAE se presentaron al inmueble y comprobaron que el encartado había ingresado nuevamente, ejecutando actos de posesión en forma ilegítima, para lo cual introdujo en forma clandestina las cantidad de 17 semovientes, construyó una pileta y un cajón con lo que ha pretendido despojar al Estado de su propiedad.\n\nEstá demostrado que al momento que el IDA le traspasa el inmueble al MINAE no existía alguna invasión y que cuando encuentran al encartado, le informan que el terreno es propiedad del Estado. La inspección no encontró rastros o vestigios de siembra de árboles o de productos agrícolas, lo que tampoco era idóneo por la naturaleza misma del terreno. No existe el pretendido error y con ello la ausencia de dolo en la comisión del hecho.",
  "excerpt_en": "In this case, the defendant was charged and convicted of the crime of usurpation of public domain property, to the detriment of the State. According to the proven facts, on October 17, 2005, the defendant Nombre5650. clandestinely entered the property known as Partido de […], registered under real folio […], owned by the Ministry of Environment and Energy and designated for forest conservation. He introduced livestock for grazing, built a corral with live and dead posts and barbed wire, created 2 salt licks and a water trough. Following administrative eviction proceedings by MINAE, both the defendant and the animals left the property. However, knowingly, on March 6, 2006 and January 30, 2007, MINAE officials once again visited the property and verified that the defendant had re-entered, carrying out acts of possession illegitimately, clandestinely introducing 17 head of livestock, building a water trough and a shed, with which he sought to dispossess the State of its property.\n\nIt has been proven that at the time the IDA transferred the property to MINAE, there was no invasion, and that when they found the defendant, he was informed that the land was State property. The inspection found no traces or vestiges of tree planting or agricultural products, which was also unsuitable given the nature of the land. The alleged mistake, and consequently the absence of intent in the commission of the act, does not exist.",
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    "summary_en": "The Appeals Court denied the appeal and upheld the conviction for usurpation of public domain property to the detriment of the Forest Heritage.",
    "summary_es": "El Tribunal de Apelación declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la condena por usurpación de bienes de dominio público en perjuicio del Patrimonio Forestal."
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      "quote_en": "It has been proven that at the time the IDA transferred the property to MINAE, no invasion existed, and that when they found the defendant, they informed him that the land was State property.",
      "quote_es": "Está demostrado que al momento que el IDA le traspasa el inmueble al MINAE no existía alguna invasión y que cuando encuentran al encartado, le informan que el terreno es propiedad del Estado."
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      "quote_en": "The alleged error, and thus the absence of intent in the commission of the act, does not exist.",
      "quote_es": "No existe el pretendido error y con ello la ausencia de dolo en la comisión del hecho."
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    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "The defendant himself admits knowing that the land belonged to the State, as he stated during the trial that he had unsuccessfully sought the granting of the plot from the IDA on 3 occasions.",
      "quote_es": "El propio encartado admite conocer que el terreno pertenecía al Estado, pues en el debate señaló que en 3 oportunidades gestionó infructuosamente ante el IDA el otorgamiento de la parcela."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José\n\nResolución Nº 01275 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 27 de Junio del 2012 a las 15:30\n\nExpediente: 07-200091-0278-PE\n\nRedactado por: Omar Julio Vargas Rojas\n\nClase de asunto: Recurso de apelación\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\nPODER JUDICIAL\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL\n\n \n\n \n\nResolución: 2012-1275\n\nExpediente: 07-200091-278-PE(4)  \n\n \n\n            TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas treinta minutos, del veintisiete de junio de dos mil doce.-\n\n            RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra Nombre5650., conocido como Nombre29934., […] por el delito de USURPACIÓN Y OTROS, en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL. Intervienen en la decisión del recurso, el juez Nombre32374, y los co-jueces Nombre15213 y Nombre100690. Se apersonaron en esta sede el imputado Nombre5650., en escrito autenticado por el Lic. Nombre122633; la Licda. Nombre122634, representante del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Puriscal, y el Lic. Nombre122635, en su calidad de Procurador Penal.\n\nRESULTANDO:\n\n            I.- Que mediante sentencia número 207-2012, de las quince horas, del veintidós de marzo de dos mil doce, el Tribunal Penal  del Tercer Circuito Judicial de San José, Dirección2676, resolvió: \"POR TANTO: En virtud de lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 6, 9, 12, 37, 140, 142, 265, 269, 270, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal; 1, 30, 45, 50, 53, 71, 103 inciso 2° y 227 inciso 1º del Código Penal; artículos 58 inciso a) y 61 incisos a) y c) de la Ley Forestal; 122 a 125 del Código Penal de 1941 respecto de Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil, según Ley N° 4891 de 8 de noviembre de 1971; 1045 Y 1048 del Código Civil y Decreto Ejecutivo N° 32493-J; se declara a Nombre5650. autor responsable del delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO cometido en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL. En tal carácter se le impone el tanto de SEIS MESES DE PRISIÓN que descontará en el establecimiento carcelario que determinen los respectivos reglamentos, previo abono de la preventiva ya sufrida. Inscríbase el fallo en el Registro Judicial y expídanse los testimonios de estilo para ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología. Asimismo en aplicación del principio universal in dubio pro reo, SE ABSUELVE al imputado Nombre5650. por un delito de INVASIÓN A ZONA DE PROTECCIÓN Y UN DELITO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA DE BOSQUE Y ZONA DE PROTECCIÓN, que se le venía atribuyendo en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL.  SE DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA, interpuesta por el licenciado Nombre100687 como representante de la Procuraduría General de la República y en consecuencia, se condena de forma abstracta al demandado civil-imputado Nombre5650., al pago del monto por concepto de daño material, para lo cual deberá apersonarse a la vía correspondiente para hacer valer sus derechos, así como también se le condena a las costas de la parte civil. Se ordena la inmediata salida del imputado Nombre5650. de la propiedad en discusión, para lo cual los personeros del MINAET o de la Procuraduría General de la República, deberán presentarse al inmueble y proceder al respectivo desalojo en compañía de los oficiales de la Fuerza Pública que se designen, así como también se ordena la destrucción de la pileta de cemento utilizada como abrevadero, el cajón de refrigeradora y la cerca construida por el imputado. Se dicta la resolución sin especial condenatoria en costas en lo penal. POR LECTURA NOTIFÍQUESE . (sic., fs., 476-477)\".\n\n            II.-  Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el imputado Nombre5650., en escrito autenticado por el Lic. Nombre122633.\n\n            III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.\n\n            IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n            Redacta el Juez de apelación Nombre5144; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n            I.-  El recurso reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los artículos 453, 454, 455, 458 459, 460, 462, 464, 465 y 466 del Código Procesal Penal, entrándose a resolver los aspectos planteados.\n\n            II.-  En el primer motivo del recurso de apelación interpuesto por el encartado Nombre5650. y su defensor Lic. Nombre122636, reprochan el vicio de falta de fundamentación, en cuanto a la demostración del dolo en el delito de usurpación M bienes de dominio público. Estiman que en aplicación de las reglas de la sana crítica, el juzgador no debió de tener por acreditados la existencia del dolo y mucho menos el dolo reforzado que exige el tipo penal. La norma exige el conocimiento claro, expreso e indubitable de que el sujeto ingresó a una propiedad a sabiendas de que era propiedad estatal y con la intención de apoderarse de de ella. A contrario sensu, no hay delito cuando el poseedor se mantiene bajo la creencia razonable de que tiene derecho a poseer o creyendo que adquirió el inmueble mediante usucapión, aunque el mismo no se haya declarado. Sobre todo cuando es un inmueble agrario dedicado a la agricultura y ganadería, que no estuvo deslindado, sino que era una propiedad abandonada. Amén de que el imputado sólo ocupó una parte muy pequeña del inmueble. No se investigó si la parcela formaba parte de alguna reserva, zona protectora o si existían rótulos que señalaban la condición de reserva forestal. Tampoco se descartó que el imputado la ocupara antes de que tuviese plano, sí cuando se hizo la inspección existían árboles no nativos que pudieran haber sido cultivados por el imputado. Invoca el artículo 279 del Código Civil que señala que el derecho de posesión se adquiere al año, pues se determinó que el acusado tenía más de 20 de ocupar el inmueble. El Tribunal se dedicó a desvirtuar la versión del imputado, en lugar de analizar los elementos del tipo penal. La defensa señala que no cuestiona la titularidad del Estado, tampoco que el área poseída se encuentra dentro del plano de dicha finca, sino más bien el momento en el cual el acusado ingresa a la parcela y si para ese momento era un terreno de propiedad privada y no pública. No se ponderó la buena fe del encartado y se analizó erróneamente que sobre ese fundo era imposible realizar labores de agricultura o ganadería. No es cierto que se hiciera una prevención de desalojo administrativa y el hecho de que no se gestionara legalmente la usucapión no demerita su derecho. En el fallo se establece una invasión clandestina, pero en el análisis de fondo no se logra sustentar ese extremo, en especial la fecha aproximada en que el imputado ingresa al fundo. Solo la prueba de la defensa determinó la fecha de ingreso. Aspecto de gran relevancia para determinar el dolo y sobre todo para establecer la titularidad del bien. Se trataba de un inmueble abandonado, no hay indicio de posesión, no hay plano o levantamiento topográfico, por lo que ejerció la posesión agraria por más de 20 años, sembrando árboles y explotando la ganadería, a los 15 años se presentan unos personeros del MINAE que alegan que esa propiedad es del Estado y que le dicen que tiene que salir, sin darle notificación alguna. Señala que ha hecho inversiones, mejoras y muchas horas de su trabajo. Cuestionan la declaración de Nombre4351. quien indicó que su jefe le dijo que debían notificar al encartado, lo que supuestamente hizo, pero que el interesado se negó a firmar. Lo propio sucedió con otra acta del Alcalde de la época, por lo que procedieron a interponer un desalojo administrativo y cuando llegaron encontraron que habían derribado el corral, por lo que pensaron que el imputado había desistido de la invasión. Acusa de falsedad estas afirmaciones, porque nunca se hizo tal notificación y la nota que aparece a folio 18 del expediente es defectuosa porque no está firmada, no indica la finca ni a quien se dirige, por lo que evidentemente no existía la obligación de firmar. No es cierto que tampoco quisiera recibir otra nota del alcalde, pues no existe documento al respecto. Rechaza la existencia de un desalojo administrativo. El juzgador razona de modo inverso porque señala que el imputado en el 2002 tuvo conocimiento que la propiedad había sido traspasada del IDA al MINAE, pero de eso no tenía conocimiento el imputado, a quien nunca se le notificó y además ya tenía muchos años de poseer. Tampoco tenía conocimiento de que fuera un área de conservación, pero ese título se lo dieron al efectuar el traspaso, sin tomar en cuenta la posesión del imputado. En el imputado se mantuvo en el terreno bajo la creencia razonable de que tenía derecho a poseer. Los testigos […], reiteraron el dicho de Nombre4351. en el sentido de que el imputado estaba poseyendo el terreno, pero ninguno indicó la fecha en la cual ingresó por primera vez. Estima desproporcionado el esfuerzo del Tribunal por desacreditar la versión del imputado y sus testigos. En cuanto a Nombre9892., se dice que el acusado no puede tener una posesión de más de 20 años porque el testigo Nombre4351. indicó que para la fecha en que se hizo el traspaso del IDA al MINAE no había nadie metido en el terreno, siendo que la primera vez que lo ubican fue en el 2007 cuando lo sacaron y volvió a ingresar. Aspecto que presuntamente fue ratificado por Nombre4084.. Estima absurdo rechazar un testigo porque su dicho se opone a lo narrado por otro. Insiste en que los testigos de cargo no pudieron establecer la fecha de ingreso al inmueble. Los propios funcionarios del MINAE indicaron que se enteraron del ingreso por una denuncia de un particular en el año 2005, pero eso no significa que antes de esa fecha no se estuviera poseyendo el terreno. El fallo también resta valor a la declaración de Nombre467. quien ratificó la posesión del imputado, asegurando que había ido a recoger elotes y frijoles de ese inmueble, asegurando que los funcionarios del MINAE indicaron que ese terreno no es apto para la agricultura y así se comprobó en la inspección ocular. Amén de que el testigo indicó que el acusado vivía en ese lugar, lo que resultaba imposible. Aduce que con esa expresión el testiga-quiso decir otra cosa, cómo que se dedicaba a la siembra. Tampoco hay prueba pericia¡ de que allí no se pueda sembrar frijoles y elotes. Prácticamente en cualquier lugar de Costa Rica se puede sembrar frijoles y maíz. El juez tampoco es perito para asegurar en la inspección ocular que el terreno no era apto. Sobre todo cuando la inspección se hizo en verano y con un incendio forestal. Pero el mismo juez constató que había una pequeña parte de pasto y ganado. En cuanto a la declaración del imputado, el hecho de que no presentara el juicio por usucapión no desmerece su derecho, ello nada tiene que ver con la buena o mala fe. Incluso existían programas estatales que facilitaban la titulación de tierras de aquellas personas que tenían terrenos sin inscribir. El juez indica que el IDA aparentemente, en 3 oportunidades denegó las gestiones para titular el terreno. Explica que los programas indicados generaron una gran confusión pues para poder inscribir debía levantarse un plano catastrado que indicara que el fundo era propiedad del IDA, aunque no fuera cierto, y por lo tanto no eran de dominio público, pero todo ello con el fin de lograr la inscripción. De allí que la sola afirmación de que un sujeto dijera que la finca pertenecía al IDA no tiene un significado unívoco. No consta en autos la gestión que realizó el imputado, si fueron verbales o escritas y las respuesta del IDA a dichas gestiones. Solicita se declare con lugar el recurso. Se revoque la sentencia y se absuelva al imputado de toda pena y responsabilidad. Subsidiariamente se anule el fallo y se ordene el reenvío para la nueva sustanciación. Posición del Ministerio Público. La representación fiscal se opuso a las pretensiones del recurrente. Estima que la sentencia se encuentra ajustada a derecho y las conclusiones derivan válidamente de la prueba evacuada. Posición de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría no se pronunció sobre el recurso interpuesto. Sin lugar el recurso. En el presente caso se acusó y condenó al encartado por la comisión del delito de usurpación de bienes de dominio público en daño del Estado. Según la relación de hechos probados, el 17 de octubre de 2005, el imputado Nombre5650. se introdujo clandestinamente en la finca Partido de […], folio real […], propiedad del Ministerio de Ambiente y Energía, dedicado a la conservación forestal, para lo cual introdujo semovientes para pastoreo, construyó un corral con postes vivos y muertos con hilos de alambre de púas, creó 2 saleros y una pileta. Ante gestiones de desahucio administrativo del MINAE, tanto el encartado como los animales salieron del inmueble. No obstante lo anterior, a sabiendas de lo que hacía, en fecha 6 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2007, nuevamente funcionarios del MINAE se presentaron al inmueble y comprobaron que el encartado había ingresado nuevamente, ejecutando actos de posesión en forma ilegítima, para lo cual introdujo en forma clandestina las cantidad de 17 semovientes, construyó una pileta y un cajón con lo que ha pretendido despojar al Estado de su propiedad. Sobre esos hechos, el encartado acepta que efectivamente se introdujo en el inmueble propiedad del Estado, pero alega que esa posesión data de hace más de 20 años, fecha para la cual se trataba de propiedad privada y nunca fue informado o desalojado del fundo. No obstante lo anterior, la tesis del imputado y su defensa fue descartada de manera motivada y razonable. En primer lugar, el testigo y denunciante Nombre4351., a quien el Tribunal le dio plena credibilidad por su espontaneidad y solidez al rendir su declaración, señaló, bajo la fe de juramento, que en el 2005 los funcionarios del MINAE fueron informados de la invasión por parte del imputado, por lo que en compañía de Nombre4083., se dirigió a la zona comprobando que efectivamente el justiciable había ingresado, realizando algunas construcciones como corrales y pilas para la atención del ganado, amén de que había sembrado pasto. En razón de esa situación su superior inmediato le indicó que debía notificar al imputado de que estaba invadiendo propiedad del Estado. Notificación que según el testigo efectivamente fue realizada, aunque el encartado se negó a firmar. Sobre este particular debe acotarse que se incorporó el documento de folio 18, denominado \"intimación del salida\", donde, en fecha 1 de noviembre de 2005 se hace una prevención para que salga de la área protegida. En ese memorial se determina que la autoridad que hace la prevención es el Sistema de Áreas de Conservación del Pacífico Central y en la diligencia participan Nombre4351., Nombre29934. y como testigos Nombre4084. y Nombre5257.. Ciertamente, en ese prevención no consta el nombre del imputado, pero en el documento se deja patente que la persona a la que iba dirigida la notificación no aceptó la diligencia y no quiso firmar. Se trata de un elemento importante que corrobora la versión del deponente, pues sería perverso y enfermizo que un funcionario público, sin interés en el asunto, diera una versión falsa y a la vez falsifique un documento que se refiere al mismo extremo. Pero además, donde se recoja la firma y el nombre de personas que actúan como testigos del acto.  Ese mismo testigo señaló que como hizo caso omiso de la prevención, intentaron proceder con un desalojo administrativo, mismo que no fue necesario practicar pues al momento en que se presentaron, había destruido las construcciones y retirado del lugar, por lo que pensaron que había desistido. Sin embargo, en el 2007 fueron informados de una nueva invasión, por lo que intentan persuadirlo para que salga, pero en lugar de ello más bien intentó agredirlos con un palo. El fallo señala que dicho terreno había sido traspasado en el 2002 del IDA al MINAE y destinado a reserva forestal dada la topografía del terreno por sus pendientes y ondulaciones. Situación que también fue corroborada con la inspección ocular practicada por la autoridad judicial, quien determinó que se trataba de un terreno pedregoso y no apto para la agricultura. Esa versión fue confirmada por Nombre4084. quien visitó la zona y observó la usurpación por parte del acusado, así como la notificación o prevención de desalojo a que se hizo referencia. Lo propio ocurrió con el testigo Nombre101332., ingeniero agrónomo del MINAE quien al igual que los anteriores dio cuenta de la invasión, la naturaleza del terreno, su ubicación dentro del trópico seco y su poca fertilidad. Además, detalló que el justiciable era conocedor de que se trataba de propiedad estatal. En igual sentido, la oficial de policía, Nombre92478., señaló que en funciones propias de su cargo, en compañía de Nombre106032. se había presentado a la propiedad para hacer una inspección dado que el imputado tenía prohibido estar en el lugar o tener ganado en esa finca, pues sabía que era un terreno de Reserva. Todos esos testimonios, que fueron debidamente recibidos en audiencia, sometidos al contradictorio y valorados conforme a las reglas de la sana crítica, permitieron al juzgador establecer el juicio de certeza requerido para el dictado de un fallo condenatorio. El fallo también se ocupa de la prueba ofrecida por la defensa. Así, en cuanto a Nombre122637., el Tribunal no le merece crédito la aseveración donde indicó que el acusado tenía 20 años de ocupar el terreno. Ello porque porque para el año 2003, cuando el IDA le traspasa el inmueble al MINAE, los personeros de ésta última hacen una visita al lugar y no había ninguna persona ocupando el terreno. Es hasta el año 2005 cuando ubican al imputado, le previenen que desaloje y cuando lo iban a echar no lo encuentran. En sentido similar, el testigo Nombre122638., quien en el debate indicó que el imputado tenía más de 10 años de ocupar el inmueble sembrando árboles y frijoles, dado que le habían dado ese terreno. El juez señala que nadie le dio ese terreno, sino que es propiedad estatal, pero además, se trata de un fundo no apto para la agricultura. En el mismo sentido declaró Nombre467. respecto a la prolongada permanencia del acusado y la siembra de maíz, frijoles, así como la actividad ganadera y el hecho de que el acusado vivía en el lugar. Como bien se establece en la sentencia, se trata de una declaración complaciente, pues ni siquiera el imputado indicó que viviera en ese lugar. Naturalmente, cuando se realizó la inspección ocular no se encontró vivienda alguna ni evidencia de que en algún momento hubiese existido. Tampoco se trata de una confusión, como lo pretende la defensa, de la revisión de la declaración, tanto lo consignado por escrito, como el registro digital se evidencia que el deponente se estaba refiriendo al domicilio usual del encartado, lo que, como se ha visto, es totalmente falso. Ahora bien, como bien se pondera en la resolución cuestionada, resulta difícil de creer que sembrara elotes y frijoles cuando la zona no es apta para esos cultivos. Incluso, ello es tan evidente que fue la razón principal por la cual se destinó a Reserva Forestal. La sentencia se ocupa de buena forma en analizar la declaración del imputado y ofrece suficientes y válidas razones por las cuales descarta su posición. Sobre el particular no sólo se sustenta en las declaraciones de los funcionarios del MINAE y de la Fuerza Pública que tuvieron intervención en los hechos, sino en el acta de folio 18 respecto a la comunicación para que desalojara el lugar. Gestión que aunque no quiso firmar, sí atendió al retirarse del sitio, aunque posteriormente vuelve a ingresar. Está demostrado que al momento que el IDA le traspasa el inmueble al MINAE no existía alguna invasión y que cuando encuentran al encartado, le informan que el terreno es propiedad del Estado. La inspección no encontró rastros o vestigios de siembra de árboles o de productos agrícolas, lo que tampoco era idóneo por la naturaleza misma del terreno. No existe el pretendido error y con ello la ausencia de dolo en la comisión del hecho. Como ya se indicó, el propio encartado, quien es un funcionario pensionado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acepta que se introdujo en un terreno propiedad del Estado. Sin embargo, argumenta que lo hizo hace más de 20 años y bajo la creencia de que no tenía dueño. Como se ha venido señalando, a la fecha en que el IDA traspasa el inmueble al MINAE no había nadie en el terreno. Pero además, cuando los funcionarios encuentran al imputado en el 2005 no sólo le informan sobre el dueño del mismo, sino que también le previenen para que desaloje. Situación que surge efecto porque cuando se presentan para ejecutar el desalojo ya no se encontraba, aunque posteriormente vuelve a ingresar. El propio encartado admite conocer que el terreno pertenecía al Estado, pues en el debate señaló que en 3 oportunidades gestionó infructuosamente ante el IDA el otorgamiento de la parcela. Obviamente realizó dichas gestiones bajo la tesis de que el inmueble no le pertenecía. Tampoco se trata de un terreno baldío, sino más bien de un bosque secundario, con un ecosistema frágil, donde no se permite la actividad humana debido a que se encuentra destinada a su recuperación natural. Ello explica porqué no tenía cercas, tapias, carriles o mantenimiento por parte de la entidad propietaria. Se trata de un terreno destinado a la recuperación natural. Es un fundo cuyo objetivo es la recuperación natural del mismo por lo que no es susceptible de ser ocupado por particulares. Mucho menos que opere la prescripción adquisitiva en favor del acusado. Así la cosas, al no existir los vicios reclamados, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa.\n\nPOR TANTO:\n\n            Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado. NOTIFÍQUESE.-     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNombre32374\n\n \n\nNombre122591                                                   \n\n \n\nJueces de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal\n\n \n\nExpediente : 07-200091-0278-PE(4)\n\nImputado    : Nombre5650.\n\nOfendido    :  USURPACIÓN    \n\nDelito         : INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL          \n\n \n\nMULATEH\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:27:15.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "PODER JUDICIAL\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL\n\nResolution: 2012-1275\n\nExpediente: 07-200091-278-PE(4)  \n\n            TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at fifteen hours thirty minutes, on the twenty-seventh of June of two thousand twelve.-\n\n            APPEAL filed in the present case against Nombre5650., known as Nombre29934., […] for the crime of USURPATION AND OTHERS, to the detriment of the FOREST PATRIMONY. The judge Nombre32374, and co-judges Nombre15213 and Nombre100690 participate in the decision of the appeal. The accused Nombre5650. appeared at this venue, in a brief authenticated by Lic. Nombre122633; Licda. Nombre122634, representative of the Public Prosecutor's Office, Adjunto Prosecutor's Office of Puriscal, and Lic. Nombre122635, in his capacity as Criminal Procurator.\n\nWHEREAS:\n\n            I.- That by judgment number 207-2012, at fifteen hours, on the twenty-second of March of two thousand twelve, the Trial Court of the Third Judicial Circuit of San José, Dirección2676, resolved: \"THEREFORE: By virtue of the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 6, 9, 12, 37, 140, 142, 265, 269, 270, 360, 361, 363, 364, 365, 366 and 367 of the Code of Criminal Procedure; 1, 30, 45, 50, 53, 71, 103 subsection 2° and 227 subsection 1º of the Criminal Code; articles 58 subsection a) and 61 subsections a) and c) of the Forest Law (Ley Forestal); 122 to 125 of the 1941 Criminal Code regarding Rules in Force on Civil Liability, according to Law No. 4891 of November 8, 1971; 1045 AND 1048 of the Civil Code and Executive Decree No. 32493-J; Nombre5650. is declared the responsible perpetrator of the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY committed to the detriment of the FOREST PATRIMONY. In such capacity, the penalty of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed, which shall be served in the prison facility determined by the respective regulations, after crediting the pre-trial detention already served. Let the judgment be registered in the Judicial Registry and let the standard certifications be issued for the Sentence Enforcement Court and the National Institute of Criminology. Likewise, in application of the universal principle in dubio pro reo, the accused Nombre5650. IS ACQUITTED of a crime of INVASION OF A PROTECTION ZONE AND A CRIME OF LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO) IN A FOREST ZONE AND PROTECTION ZONE, which had been attributed to him to the detriment of the FOREST PATRIMONY. THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES IS DECLARED WITH MERIT, filed by attorney Nombre100687 as representative of the Office of the Procurator General of the Republic and, consequently, the civil defendant-accused Nombre5650. is abstractly condemned to pay the amount for material damage, for which he must appear before the corresponding venue to assert his rights, and he is also condemned to pay the costs of the civil party. The immediate departure of the accused Nombre5650. from the property under dispute is ordered, for which the representatives of MINAET or the Office of the Procurator General of the Republic must appear at the property and proceed with the respective eviction accompanied by the designated Public Force officers, and the destruction of the cement trough used as a drinking trough, the refrigerator box, and the fence built by the accused is also ordered. This resolution is issued without special condemnation of costs in the criminal aspect. NOTIFY BY READING. (sic., folios, 476-477).\"\n\n            II.- That the accused Nombre5650. filed an appeal against the above pronouncement, in a brief authenticated by Lic. Nombre122633.\n\n            III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.\n\n            IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\n            Authored by Appeal Judge Nombre5144; and,\n\nCONSIDERING:\n\n            I.- The appeal meets the admissibility requirements established by articles 453, 454, 455, 458, 459, 460, 462, 464, 465 and 466 of the Code of Criminal Procedure, and we proceed to resolve the raised aspects.\n\n            II.- In the first ground of the appeal filed by the indicted Nombre5650. and his defender Lic. Nombre122636, they reproach the defect of lack of proper reasoning, regarding the demonstration of intent (dolo) in the crime of usurpation of public domain property. They consider that in applying the rules of sound criticism (sana crítica), the judge should not have deemed the existence of intent proven, much less the reinforced intent (dolo reforzado) that the criminal statute requires. The norm requires clear, express, and indubitable knowledge that the person entered a property knowing it was state property and with the intention of seizing it. A contrario sensu, there is no crime when the possessor remains under the reasonable belief that he has a right to possess or believing that he acquired the property through usucapion, even if it has not been declared. Above all, when it is an agrarian property dedicated to agriculture and livestock, which was not surveyed, but rather was an abandoned property. Besides, the accused only occupied a very small part of the property. It was not investigated whether the plot was part of any reserve, protective zone, or whether there were signs indicating the forest reserve status. Nor was it ruled out that the accused occupied it before it had a cadastral map; if when the inspection was carried out there were non-native trees that could have been cultivated by the accused. He invokes article 279 of the Civil Code which states that the right of possession is acquired after one year, since it was determined that the accused had more than 20 years occupying the property. The Court dedicated itself to disproving the accused's version, instead of analyzing the elements of the criminal statute. The defense states that it does not question the ownership of the State, nor that the possessed area is within the cadastral map of said farm, but rather the moment at which the accused entered the plot and whether at that moment it was private property and not public. The good faith of the indicted was not weighed, and it was erroneously analyzed that it was impossible to carry out agriculture or livestock activities on that property. It is not true that an administrative eviction warning was made, and the fact that usucapion was not legally pursued does not detract from his right. The judgment establishes a clandestine invasion, but the substantive analysis fails to support this point, especially the approximate date on which the accused entered the property. Only the defense evidence determined the entry date. An aspect of great relevance for determining intent and above all for establishing ownership of the property. It was an abandoned property, there is no indication of possession, there is no cadastral map or topographic survey, so he exercised agrarian possession for more than 20 years, planting trees and exploiting livestock; after 15 years, some MINAE representatives appear alleging that this property belongs to the State and tell him he has to leave, without giving him any notification. He points out that he has made investments, improvements, and many hours of his work. They question the statement of Nombre4351. who indicated that his boss told him they had to notify the indicted, which he supposedly did, but that the interested party refused to sign. The same happened with another report from the Mayor at the time, so they proceeded to file an administrative eviction and when they arrived they found that the corral had been torn down, leading them to think that the accused had desisted from the invasion. He accuses these claims of falsehood, because such notification was never made, and the note appearing on folio 18 of the expediente is defective because it is not signed, does not indicate the farm or to whom it is addressed, so evidently there was no obligation to sign. It is not true that he also refused to receive another note from the mayor, as there is no document to that effect. He rejects the existence of an administrative eviction. The judge reasons inversely because he states that in 2002 the accused had knowledge that the property had been transferred from the IDA to MINAE, but the accused had no knowledge of this, was never notified, and had already been possessing it for many years. Nor did he have knowledge that it was a conservation area, but they gave it that title when the transfer was made, without considering the accused's possession. The accused remained on the land under the reasonable belief that he had the right to possess. The witnesses […], reiterated the statement of Nombre4351. to the effect that the accused was possessing the land, but none indicated the date on which he first entered. He deems the Court's effort to discredit the version of the accused and his witnesses disproportionate. Regarding Nombre9892., it is said that the accused cannot have had possession for more than 20 years because witness Nombre4351. indicated that at the time the transfer from the IDA to MINAE was made, no one was on the land, and the first time they located him was in 2007 when they removed him and he re-entered. An aspect that was allegedly ratified by Nombre4084.. He deems it absurd to reject a witness because his statement contradicts what another said. He insists that the prosecution witnesses could not establish the date of entry onto the property. The MINAE officials themselves indicated that they found out about the entry from a complaint by a private individual in 2005, but that does not mean that the land was not being possessed before that date. The judgment also diminishes the value of the statement of Nombre467. who ratified the accused's possession, assuring that he had gone to pick corncobs (elotes) and beans from that property, assuring that the MINAE officials indicated that this land is not suitable for agriculture, and this was verified in the judicial inspection. Besides, the witness indicated that the accused lived in that place, which was impossible. He adduces that with that expression the witness wanted to say something else, such as that he was dedicated to planting. Nor is there expert evidence that beans and corncobs cannot be planted there. Practically anywhere in Costa Rica one can plant beans and corn. The judge is also not an expert to assure during the judicial inspection that the land was not suitable. Above all when the inspection was done in summer and with a forest fire. But the same judge verified that there was a small part with pasture and livestock. As for the statement of the accused, the fact that he did not file a usucapion lawsuit does not detract from his right; this has nothing to do with good or bad faith. There were even state programs that facilitated the titling of land for those persons who had unregistered lands. The judge indicates that the IDA apparently denied the procedures to title the land on 3 occasions. He explains that the indicated programs generated great confusion because to be able to register, a cadastral map had to be drawn up showing that the property belonged to the IDA, even if it was not true, and therefore they were not public domain, but all this was in order to achieve registration. Hence, the mere affirmation that a person said the farm belonged to the IDA does not have a univocal meaning. The procedure carried out by the accused is not on record, whether they were verbal or written, nor the IDA's responses to said procedures. He requests that the appeal be granted. The judgment be revoked and the accused be acquitted of all penalty and responsibility. Subsidiarily, the judgment be annulled and a retrial be ordered for new substantiation. Position of the Public Prosecutor's Office. The prosecutorial representation opposed the appellant's claims. It deems that the judgment is adjusted to law and the conclusions derive validly from the evidence presented. Position of the Office of the Procurator General of the Republic. The Procurator's Office did not rule on the filed appeal. The appeal is without merit. In the present case, the indicted was accused and convicted for the commission of the crime of usurpation of public domain property to the detriment of the State. According to the statement of proven facts, on October 17, 2005, the accused Nombre5650. clandestinely entered the farm Partido de […], real folio […], property of the Ministry of Environment and Energy, dedicated to forest conservation, for which he introduced livestock for grazing, built a corral with live and dead posts with barbed wire, created 2 salt licks and a trough. Given MINAE's administrative eviction proceedings, both the indicted and the animals left the property. Notwithstanding the above, knowing what he was doing, on March 6, 2006, and January 30, 2007, MINAE officials again appeared at the property and verified that the indicted had re-entered, executing acts of possession illegitimately, for which he clandestinely introduced 17 head of livestock, built a trough and a box, by which he has intended to dispossess the State of its property. Regarding these facts, the indicted accepts that he indeed entered the property belonging to the State, but alleges that this possession dates back more than 20 years, at which time it was private property, and he was never informed or evicted from the property. Notwithstanding the above, the thesis of the accused and his defense was dismissed in a reasoned and reasonable manner. Firstly, the witness and complainant Nombre4351., whom the Court gave full credibility for his spontaneity and solidity when rendering his statement, indicated, under oath, that in 2005, MINAE officials were informed of the invasion by the accused, so that in the company of Nombre4083., he went to the area, verifying that the person subject to justice had indeed entered, carrying out some constructions such as corrals and troughs for the care of the livestock, besides having planted pasture. Due to this situation, his immediate superior instructed him that he had to notify the accused that he was invading State property. Notification that, according to the witness, was indeed carried out, although the indicted refused to sign. On this particular, it must be noted that the document on folio 18 was incorporated, called \"summons to vacate\" (intimación de salida), where, on November 1, 2005, a warning is given to leave the protected area. In that memorial, it is determined that the authority issuing the warning is the Central Pacific Conservation Areas System and Nombre4351., Nombre29934. and as witnesses Nombre4084. and Nombre5257. participate in the proceeding. Certainly, in that warning, the name of the accused does not appear, but the document makes it clear that the person to whom the notification was addressed did not accept the proceeding and did not want to sign. This is an important element that corroborates the deponent's version, since it would be perverse and sick for a public official, with no interest in the matter, to give a false version and simultaneously falsify a document that refers to the same point. But moreover, where the signature and name of the persons acting as witnesses to the act are collected. That same witness stated that since he ignored the warning, they attempted to proceed with an administrative eviction, which was not necessary to carry out because at the moment they appeared, he had destroyed the constructions and left the place, leading them to think that he had desisted. However, in 2007 they were informed of a new invasion, so they tried to persuade him to leave, but instead, he tried to attack them with a stick. The judgment indicates that said land had been transferred in 2002 from the IDA to MINAE and designated as a forest reserve given the topography of the land due to its slopes and undulations. A situation that was also corroborated by the judicial inspection carried out by the judicial authority, who determined that it was a rocky and unsuitable land for agriculture. This version was confirmed by Nombre4084. who visited the area and observed the usurpation by the accused, as well as the notification or eviction warning referred to. The same occurred with witness Nombre101332., an agronomist engineer from MINAE who, like the previous witnesses, gave an account of the invasion, the nature of the land, its location within the dry tropics, and its low fertility. Furthermore, he detailed that the person subject to justice was aware that it was state property. In the same sense, the police officer, Nombre92478., indicated that in the functions proper to her position, in the company of Nombre106032., she had appeared at the property to carry out an inspection given that the accused was prohibited from being in the place or having livestock on that farm, since he knew it was a Reserve land. All these testimonies, which were duly received in a hearing, subjected to cross-examination, and assessed according to the rules of sound criticism (sana crítica), allowed the judge to establish the judgment of certainty required for the issuance of a conviction. The judgment also addresses the evidence offered by the defense. Thus, regarding Nombre122637., the Court does not give credit to the claim where he indicated that the accused had been occupying the land for 20 years. This is because in 2003, when the IDA transferred the property to MINAE, the representatives of the latter made a visit to the place and there was no person occupying the land. It was not until 2005 that they located the accused, warned him to vacate, and when they were going to evict him, they did not find him. In a similar sense, the witness Nombre122638., who in the debate stated that the accused had occupied the property for more than 10 years planting trees and beans, given that they had given him that land. The judge indicates that no one gave him that land, but rather it is state property, and furthermore, it is a property not suitable for agriculture. In the same sense, Nombre467. testified regarding the prolonged permanence of the accused and the planting of corn, beans, as well as livestock activity and the fact that the accused lived in the place. As well established in the judgment, it is a complacent statement, since not even the accused indicated that he lived in that place. Naturally, when the judicial inspection was carried out, no dwelling was found nor any evidence that one had ever existed. Nor is it a confusion, as the defense claims; from the review of the statement, both what was recorded in writing and the digital record, it is evident that the deponent was referring to the usual domicile of the indicted, which, as has been seen, is totally false. Now, as is well weighed in the questioned resolution, it is difficult to believe that he planted corncobs and beans when the area is not suitable for those crops. Moreover, this is so evident that it was the main reason why it was designated as a Forest Reserve. The judgment deals well with analyzing the statement of the accused and offers sufficient and valid reasons why his position is dismissed. On this particular, it is based not only on the statements of the MINAE and Public Force officials who were involved in the facts, but also on the record on folio 18 regarding the communication to vacate the place. A procedure that although he did not want to sign, he did comply with by leaving the site, although he later re-entered. It is proven that at the time the IDA transferred the property to MINAE, there was no invasion and that when they found the indicted, they informed him that the land was State property. The inspection did not find traces or vestiges of tree planting or agricultural products, which was also not suitable due to the very nature of the land. The alleged error and with it the absence of intent in the commission of the act do not exist. As already indicated, the indicted himself, who is a retired official of the Ministry of Public Works and Transport, accepts that he entered a property belonging to the State. However, he argues that he did so more than 20 years ago and under the belief that it had no owner. As has been indicated, on the date the IDA transferred the property to MINAE, there was no one on the land. But moreover, when the officials found the accused in 2005, they not only informed him about its owner, but also warned him to vacate. A situation that took effect because when they appeared to execute the eviction, he was no longer there, although he later re-entered. The indicted himself admits knowing that the land belonged to the State, since in the debate he stated that on 3 occasions he unsuccessfully petitioned the IDA for the granting of the plot. Obviously, he carried out these procedures under the thesis that the property did not belong to him. Nor is it vacant land, but rather a secondary forest, with a fragile ecosystem, where human activity is not permitted because it is destined for natural recovery. This explains why it did not have fences, walls, tracks, or maintenance by the owner entity. It is a property whose objective is its natural recovery, such that it is not susceptible to being occupied by private individuals. Much less that the acquisitive prescription operates in favor of the accused. Thus, as the claimed defects do not exist, the appeal filed by the defense is declared without merit.\n\nTHEREFORE:\n\n            The appeal filed by the private defense of the accused is declared without merit. NOTIFY.-     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNombre32374\n\n \n\nNombre122591                                                   \n\n \n\nJudges of the Court of Appeal of Criminal Sentence\n\n \n\nExpediente : 07-200091-0278-PE(4)\n\nAccused    : Nombre5650.\n\nVictim    : USURPATION    \n\nCrime         : INFRACTION OF THE FOREST LAW (LEY FORESTAL)          \n\n \n\nMULATEH"
}