{ "id": "nexus-sen-1-0034-589878", "citation": "Res. 00103-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Confirmación de despido de funcionario por titulación irregular de terrenos del Patrimonio Natural del Estado", "title_en": "Confirmation of dismissal of official for irregular titling of State Natural Heritage lands", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la demanda de un exfuncionario del IDA que impugnaba su despido disciplinario impuesto por la Contraloría General de la República. El actor había participado en la titulación de dos parcelas ubicadas dentro de la Reserva Forestal Los Santos y el Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo, en un momento en que la norma que permitía titular en reservas nacionales (artículo 8 de la Ley de Titulación y Reservas Nacionales) ya había sido declarada inconstitucional. La sentencia concluye que no hubo violación del debido proceso, que el actor era funcionario de Hacienda Pública al disponer de bienes demaniales, y que los inmuebles pertenecían al Patrimonio Natural del Estado, por lo que eran inalienables. Se declaran sin lugar todas las pretensiones de nulidad, reinstalación e indemnización, confirmando la legalidad del despido y condenando en costas al actor.", "summary_en": "The Administrative Appeals Tribunal rejects the lawsuit filed by a former IDA official who challenged his disciplinary dismissal imposed by the Comptroller General’s Office. The plaintiff had participated in the titling of two parcels located within the Los Santos Forest Reserve and the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, at a time when the rule allowing titling in national reserves (Article 8 of the Titling and National Reserves Law) had already been declared unconstitutional. The ruling finds no due process violations, determines that the plaintiff was a Public Treasury official by disposing of public domain assets, and confirms that the properties belonged to the State Natural Heritage and were inalienable. All claims for annulment, reinstatement, and damages are dismissed, the dismissal is upheld as lawful, and the plaintiff is ordered to pay costs.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V", "date": "28/10/2013", "year": "2013", "topic_ids": [ "property-and-titling", "forestry-law-7575" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "Patrimonio Natural del Estado", "bien demanial", "inalienable", "imprescriptible", "inembargable", "funcionario de Hacienda Pública", "titulación irregular", "voto 2988-99" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 13", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 15", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 8", "law": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República" }, { "article": "2988-99", "law": "Voto Sala Constitucional" } ], "keywords_es": [ "Patrimonio Natural del Estado", "bien demanial", "reserva nacional", "Refugio Gandoca-Manzanillo", "Reserva Forestal Los Santos", "despido disciplinario", "Contraloría General de la República", "debido proceso", "funcionario de Hacienda Pública", "titulación de tierras", "inconstitucionalidad" ], "keywords_en": [ "State Natural Heritage", "public domain property", "national reserve", "Gandoca-Manzanillo Refuge", "Los Santos Forest Reserve", "disciplinary dismissal", "Comptroller General", "due process", "Public Treasury official", "land titling", "unconstitutionality" ], "excerpt_es": "Consecuentemente estima esta Cámara que no existe la posibilidad de confusión , la normativa vigente es clara y congruente y la discusión en este proceso versa sobre dos fincas la número 91815, ubicada dentro de la Reserva Forestal Los Santos, en donde sus terrrenos son inalienables, según declaratoria efectuada desde el año mil novecientos setenta y cinco, según Decreto Ejecutivo 5389, y la número 8-A-858, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, su declaratoria de refugio si bien ha tenido modificaciones, desde el año mil novecientos noventa y cuatro no se permite titular bienes a nombre de particulares en el mencionado Refugio, de manera que todos los inmuebles que hayan sido objeto de titulación con base en normativa que ha sido derogada, debe procederse a su recuperación. Es importante acotar en este apartado que la condición de Patrimonio Natural del Estado de ambos inmuebles hacía imposible su titulación a favor de particulares.", "excerpt_en": "Consequently, this Chamber finds no possibility of confusion, the current regulations are clear and consistent, and the discussion in this case concerns two properties: number 91815, located within the Los Santos Forest Reserve, where the land is inalienable according to the declaration made since 1975 by Executive Decree 5389, and number 8-A-858, located within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, whose refuge designation, despite modifications, has prohibited titling property in the name of individuals since 1994, so all properties that were titled based on repealed regulations must be recovered. It is important to note here that the status of both properties as State Natural Heritage made their titling to private individuals impossible.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Tribunal dismisses the lawsuit, upholds the legality of the disciplinary dismissal, and denies all claims for annulment, reinstatement, and damages.", "summary_es": "El Tribunal declara sin lugar la demanda, confirma la legalidad del despido disciplinario y rechaza las pretensiones de nulidad, reinstalación e indemnización." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII", "quote_en": "The State Natural Heritage is protected by the special regime applicable to public domain assets according to which, by their vocation and purpose, they are outside human commerce, are inalienable, imprescriptible, and not subject to lien.", "quote_es": "El Patrimonio Natural del Estado se encuentra protegido por el régimen especial aplicable a los bienes demaniales conforme al cual, por su vocación y destino, están fuera del comercio del ser humano, son inalienables, imprescriptibles e inembargables." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "The status of both properties as State Natural Heritage made their titling to private individuals impossible.", "quote_es": "La condición de Patrimonio Natural del Estado de ambos inmuebles hacía imposible su titulación a favor de particulares." }, { "context": "Alegatos de la Contraloría General de la República", "quote_en": "The plaintiff was the coordinator of the titling program and in memorandum STA-03-2000 stated that the legal requirements for transfer and segregation were met, adding that this was his request to the institution's Board of Directors to authorize titling in favor of individuals.", "quote_es": "El actor era el coordinador del programa de titulación y en el oficio STA-03-2000 señala que se cumplía con los requisitos legales para proceder a su traspaso y segregación y añade que esa fue su solicitud ante la Junta Directiva de la institución, que se autorizara la titulación a favor de particulares." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7575 Art. 13" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-589878", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección V\n\nResolución Nº 00103 - 2013\n\nFecha de la Resolución: 28 de Octubre del 2013 a las 11:00\n\nExpediente: 11-006459-1027-CA\n\nRedactado por: Ana Isabel Vargas Vargas\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Administrativo\n\nTema: Procedimiento administrativo disciplinario\n\nSubtemas:\n\nNaturaleza y principios que integran el debido proceso.\nAnálisis sobre potestad disciplinaria de la Contraloría General de la República en materia de Hacienda Pública.\n\nTema: Contraloría General de la República\n\nSubtemas:\n\nAnálisis sobre la potestad disciplinaria que ostenta en materia de Hacienda Pública.\n\nTema: Hacienda Pública\n\nSubtemas:\n\nAnálisis sobre la potestad disciplinaria que ostenta la Contraloría General de la República.\n\n“V.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO. CONFORMIDAD DE LAS RESOLUCIONES PA-26-2010, R-DC-123-2011, EMITIDAS POR LA CGR Y LA ARH-1336-2011 DEL IDA.\n\n Tal y como lo ha considerado en forma reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional (en tal sentido, entre otras, se pueden consultar las sentencias números 15-90, 3433-93, 3929-95, 1484-96, 5516-96 y 2003-13140) resulta exigido el respeto de los elementos que conforman el debido proceso -que derivan de las garantías establecidas en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Constitución Política- en los procedimientos administrativos, máxime cuando sean sancionatorios -como en este caso-, precisamente en atención a que en ellos puede imponerse una obligación, suprimirse o denegarse un derecho subjetivo o interés legítimo, o una sanción administrativa (de suspensión, destitución, económica, etc.), las cuales ostentan naturaleza punitiva. Al respecto, debe atenderse que “ (...) todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutelan un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de autorizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador.\" (Sentencia número 1484-96 de la Sala Constitucional). La misma jurisprudencia constitucional ha reconocido esenciales e indispensables a todo procedimiento los siguientes requisitos, que necesariamente deben cumplirse, a fin de garantizarle a las partes que intervienen, el efectivo ejercicio del derecho de defensa, cuya ausencia constituye una grave afectación a estos derechos (debido proceso y derecho de defensa): a) la notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, más conocido como el derecho a la debida intimación e imputación, de donde se hace necesario no sólo la instrucción de los cargos, sino también la posible imputación de los hechos, lo que significa la indicación de la posible sanción a aplicar; b) el derecho de audiencia, que comprende el derecho de intervenir en el proceso, a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) consecuencia del anterior, la presunción de inocencia, que implica que la Administración (o el denunciante) está obligada a demostrar la culpabilidad del infractor o investigado; d) la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; e) el derecho del administrado a una defensa técnica, que comprende su derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas, como peritos; f) la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde; g) el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada, que conlleva el principio de la congruencia de la sentencia; que en el caso de los procedimientos administrativos, comprende no sólo el derecho de recurrir el acto final, sino también aquellos actos del procedimiento que tengan efecto propio y puedan incidir en el derecho de defensa -el auto de apertura del procedimiento, la denegatoria de la celebración de la audiencia oral y privada, la denegatoria de recepción de prueba, la aplicación de medidas cautelares, la denegación del acceso al expediente, la reducción de los plazos del procedimiento, y la resolución que resuelva la recusación. En el caso bajo análisis, el procedimiento iniciado contra el actor es el número DAJG-044-2008, que inició formalmente mediante resolución de la División Jurídica de la CGR actuando como Órgano Director  y Decisor, de las 8 horas quince minutos del 10 de julio de 2009. Ahora bien, revisada la secuencia de actuaciones del procedimiento DAGJ-44-2008, tal y como están evidenciadas en el expediente administrativo digital y que quedaron reseñadas en la relación de hechos probados, no aprecia esta Cámara que se haya omitido ningún elemento de defensa, de forma que se pueda considerar que haya existido alguna clase de quebranto del debido proceso en el caso del señor Rodríguez Soto. En efecto, el acto de apertura es claro al advertir los hechos y cargos que se imputaba a todos los encausados y en específico al señor Rodríguez Soto, sobre los cuales fueron debidamente intimados. Allí mismo se especifica también las normas supuestamente transgredidas y las sanciones aplicables; se les advirtió sobre la presentación de alegatos y pruebas en la audiencia oral, así como sobre su derecho a defenderse por medio de un abogado y consultar el expediente administrativo, indicando el lugar y los documentos que lo integraban hasta ese momento. También se les previno señalar lugar para oír notificaciones y los recursos existentes contra la resolución, el plazo para interponerlos y quién los resolvería. Las partes fueron citadas a la audiencia. Todas las actuaciones fueron debidamente notificadas conforme a la ley. Tuvo la oportunidad de recurrir del acto final, mediante los recursos de revocatoria y apelación, los cuales fueron declarados sin lugar.  Posteriormente, el Despacho de la señora Contralora General de la República en resolución R-DC-158-2010 de las 8 horas del 25 de octubre de 2010, resolvió los recursos de apelación presentados contra la resolución PA-26-2010, declarándolos sin lugar,  incluso en su parte dispositiva, la Contralora General, a favor del señor Rodríguez, determinó suprimir de oficio la sanción de ingreso y reingreso a cargos públicos que se había dispuesto en la resolución apelada. Posteriormente, una vez comunicada la sanción de despido al Instituto de Desarrollo Agrario, el Presidente Ejecutivo de esta institución presentó recursos de revisión y reconsideración, solicitando la revocatoria de las sanciones impuestas a su funcionario. Dicha gestión fue declarada sin lugar por parte del Despacho del Contralor en resolución Nº R-DC-123-2011 de las 15 horas del 18 de julio de 2011, que analizada por este órgano colegiado la encuentra ajustada a la normativa legal vigente, la cual a su vez fue debidamente comunicada a las partes, sin que se observe vicio alguno que pudiere generar la nulidad de la misma. Así las cosas, una vez resueltos todos los recursos presentados en el procedimiento y estando firme la resolución sancionatoria, se procede a comunicarle al IDA para su debida ejecución y éste mediante oficio Nº ARH- 1336-2011 de 08 de noviembre de 2011, le comunica al señor Gilberto Rodríguez Soto que la sanción de despido rige a partir del 08 de noviembre de 2011, resolución que no hace más que acatar lo ya dispuesto en firme. Así las cosas, no observa este Tribunal que se hubiere configurado algún estado de indefensión o quebranto del derecho de defensa, que justifique declarar una nulidad de todo lo actuado. Como bien se ha dicho, en materia administrativa no se trata de declarar nulidades por la nulidad misma, sino que se atiende a la conservación de los actos en la medida en que no se haya infringido las garantías del debido proceso o se haya incurrido en una disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, que no es el caso aquí. Por lo que la pretendida nulidad de las actuaciones impugnadas debe ser rechazada.\n\nVI.- SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA. CARÁCTER DE FUNCIONARIO PÚBLICO.  \n\nLa Sala Constitucional al analizar el concepto de Hacienda Pública señaló en su resolución  N° 2004-02199 de las 12:59 horas del 27 de febrero del 2004:\n\n“IV.- COMPONENTES SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA HACIENDA PUBLICA. En el considerando precedente se indicó que la ‘Hacienda Pública’ es un concepto indeterminado cuya concreción le corresponde, entre otros, al legislador. Así, en lo referente al alcance subjetivo del concepto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su numeral 4º, indica que ese órgano ejerce su competencia ‘(...) sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública’ –sujetos pasivos de su control o fiscalización–, con lo cual incluye a todo ente u órgano público y empresas públicas extendiéndose, incluso, a sujetos de Derecho privado cuando administren, custodien fondos públicos o reciban transferencias públicas (artículo 8º, párrafo 3º, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). En lo tocante a la vertiente objetiva de la Hacienda Pública el artículo 8º de la supracitada ley estatuye que ‘(...) estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos (...) (la cursiva no es del original). Adicionalmente, el artículo 10º, párrafo 1º, del pluricitado texto legal dispone que el ordenamiento de control y fiscalización superior comprende, entre otros aspectos, ‘(...) el conjunto de normas que regulan (...) los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios para éste’ (la cursiva no es del original). Bajo esta inteligencia, si las normas jurídicas y financieras relativas a la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidades y sanciones de los funcionarios que en la gestión y disposición de los fondos públicos destinados cometen alguna irregularidad, forman parte integral de la Hacienda Pública, no cabe la menor duda que la Contraloría General de la República tiene una indeclinable e indiscutible competencia en la fiscalización y control de tales extremos, siendo que tales atribuciones lejos de quebrantar el Derecho de la Constitución lo actúan. En aras de hacer efectiva la competencia de vigilancia de la Hacienda Pública de la Contraloría General de la República y, más concretamente, de las normas jurídicas y técnicas sobre la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidad y sanciones de los funcionarios públicos que intervengan en un eventual y presunto manejo irregular, indebido o impropio de los fondos públicos, su ley orgánica habilita o faculta, expresa e inequívocamente, a ese órgano para realizar auditorias (financieras, operativas y especiales) o incoar procedimientos o sumarios administrativos sobre los sujetos pasivos (órganos y entes públicos) y sus funcionarios o agentes públicos (artículos 21 y 22).”\n\nDe conformidad con la jurisprudencia transcrita, es claro que es a la Contraloría General de la República, la entidad a la que corresponde iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los funcionarios  públicos que hubieren intervenido en actuaciones irregulares, estando de por medio fondos públicos. El actor sostiene que no se le debe considerar funcionario de la Hacienda Pública, porque, respecto a él no aplica la normativa de la Contraloría General de la República. Sin embargo, debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que establecen que la Hacienda está constituída por los fondos públicos, y que los sujetos componentes de la Hacienda Pública lo son el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos. Por su parte, el numeral 9 expresamente define como fondos públicos, todos aquellos recursos, valores, bienes y derechos de propiedad del Estado, de órganos, empresas o entes públicos. En este sentido, concuerda este órgano colegiado con lo indicado en la Resolución PA-26-2010, con respecto a la calidad de funcionario de Hacienda del señor Gilberto Rodríguez Soto, al indicar: \"Finalmente cuando los señores Gilberto Rodríguez Soto, Coordinador de Programas de titulación, con VB. de ..., firmaron en conjunto el oficio STA03, que permitía la titulación de la parcela número 8-A-858..., así como cuando firmaron en conjunto con el señor ..., el oficio STA059-2000 que permitía la titulación de la parcela número 91815 ubicada dentro de la reserva Forestal Los Santos, en ambos casos, los encausados estaban disponiendo de inmuebles que le pertenecían al Estado. Sobre el particular, debemos entender \"disponer\" en el sentido de que gracias a sus actuaciones se permitió que bienes demaniales fueran segregados y traspasados a nombre de particulares, de tal forma que se manifiesta claramente la disposición de fondos públicos, ya que si los encausados, hubieran actuado conforme lo disponía el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, tales inmuebles no hubieran salido del patrimonio estatal. En este punto es importante  fundamentar, que los inmuebles en discusión, forman parte de la denominada \"Hacienda Pública\" y que a su vez cumplen un doble papel, el de \"propiedad\" y el de \"recurso\" estatal, ya que eran propiedad del Estado al formar parte del patrimonio natural del Estado\". En consecuencia, lo procedente es rechazar el argumento alegado por el demandante en cuanto a que no se le puede considerar Funcionario de Hacienda, pues existe fundamento legal, para tenerlo en tal condición sin que la misma hubiere sido desvirtuada.\n\n[…]\n\nVIII.- SOBRE EL EXTREMO INDEMNIZATORIO SOLICITADO.\n\n Es presupuesto para el surgimiento de la responsabilidad en cuanto a la indemnización, la existencia del nexo causal. \"Al respecto,  cabe recordar, que  en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales, es preciso determinar aquellos que directa o indirectmente son causa eficiente y adecuada del mal causado (sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la sentencia ya citada de la Sala primera de la Corte Suprema de Justicia Nº252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo de 2001). En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, habrá necesidad de establecer la acción u omisión apta que provocó la consecuencia. Desplazando aquéllas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de análisis objetivo, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico\" (Nº584-F-2005. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:40 horas del 11 de agosto de 2005). De manera que es resorte de quien reclama el daño, acreditar la existencia de una conducta a la cual, pueda atribuirse el resultado lesivo, es decir, debe acreditar la existencia del nexo causal. En el caso concreto, se solicita como monto indemnizatorio la suma de veinticinco millones de colones en razón del menoscabo salarial, al constituir éste su única fuente de ingresos y por la afectación psicológica ocasionada por la pérdida de su trabajo, después de tantos años y la imposibilidad de poder emplearse nuevamente, debido a su edad, por sus enfermedades y la pérdida de sus prestaciones legales. No obstante, como ya se mencionó, es necesario acreditar el nexo causal que necesariamente debe existir entre la conducta que se acusa y el daño causado. En este caso y como ha sido expuesto a lo largo de esta resolución, la actuación de la Contraloría General de la República y del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, han estado apegadas a derecho, sin que se pudiera observar algún vicio que pudiere generar nulidad de los actos impugnados, fundados en las razones alegadas por la parte actora, en razón de lo cual no se ha configurado nexo causal alguno, para atribuir responsabilidad a los demandados. En virtud de lo cual, el extremo peticionado por concepto de daños debe ser rechazado.”\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Ambiental\n\nTema: Patrimonio natural\n\nSubtemas:\n\nConcepto y bienes que lo integran según la normativa.\n\nTema: Bien demanial\n\nSubtemas:\n\nRégimen especial de protección aplicable al patrimonio natural del Estado.\n\n“VII.- SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE TITULACIÓN Y RESERVAS NACIONALES.\n\nRespecto a los bienes que integran el Patrimonio Natural del Estado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: \" (…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública.\" (ver RES: 000853-F-S1-2011 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictada a las diez horas quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once.).\n\nAdemás,  el Patrimonio Natural del Estado se encuentra protegido por el régimen especial aplicable a los bienes demaniales  conforme al cual, por su vocación y destino, están fuera del comercio del ser humano, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Como consecuencia de ello, no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión. Desde esta perspectiva, su posesión por parte de particulares no causará derecho alguno a su favor. Así las cosas, y según lo antes transcrito  el Patrimonio Natural del Estado se encuentra constituido, entre otros, por los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, independientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales (artículo 13 de la Ley Forestal).  Se trata, en este supuesto, de una  afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado, de cualquier inmueble que se encuentre cubierto de bosque (artículo 15 de la Ley Forestal). En este punto es importante determinar que no se está en este caso ante un supuesto de propiedad privada forestal, tal y como lo establece el artículo 19 de la Ley Forestal, en donde si se permiten actividades previamente autorizadas. Sino que los inmuebles en discusión forman parte de ese Patrimonio Natural del Estado, pues, por una parte, tenían como objetivo proteger los recursos naturales de la zona, recursos forestales y agua, en el caso de la Reserva Forestal de Los Santos, donde se ubica el inmueble o parcela número 91815, así como proteger los humedales y demás diversidad biológica propios de la zona Atlántica en lo que es el Refugio Natural Gandoca - Manzanillo,donde se ubica la parcela 8-A-858. De ello se colige que ambos inmuebles al estar ubicados en Reservas Nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, con las características propias de los bienes demaniales, como inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. Con respecto a la inclusión de ambos inmuebles, como parte del Patromonio Natural del Estado debe tenerse en cuenta que ambos pertenecen a zonas que son Reservas Nacionales, con decretos que establecen su creación y que a su vez no permiten la posibilidad de apropiación por parte de particulares. Por otra parte, en este proceso se está ante dos inmuebles ubicados en Reservas, que no podían ser titulados además por que el artículo 8 de la Ley de Titulación y Reservas nacionales ya había sido declarado inconstitucional, según voto número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve. Estimó en ese momento  la Sala Constitucional que se estaba ante zonas \"... protegidas precisamente por la importancia y relevancia que tiene para nuestro país, el mantener un ambiente ecológico equilibrado, aunado a los compromisos que ha asumido el país en una serie de convenios internacionales en busca de la protección mundial del medio ambiente ....En el caso bajo examen, la norma impugnada pretende titular unas zonas que han sido declaradas protegidas, precisamente por lo importante que resulta su conservación frente a las diversas actividades propias del hombre que vienen a alterar los ecosistemas y hábitat del medio ambiente que se desarrolla en estos lugares, así como la preservación de los bosques, los cuales son importantes para la generación de bienes esenciales e invaluables, como lo es el agua. El legislador en la presente ley, pone de manifiesto la necesidad de otorgarle un título de propiedad a los ocupantes de las zonas en cuestión, haciendo ver que la adquisición es con las limitaciones y protecciones ambientales que al respecto existen, sin embargo, del estudio de la norma impugnada se tiene que la facultad de titular en estas áreas, recae sobre un ámbito indiscriminado de aplicación, lo cual, de suceder así, podría estarse titulando áreas en las que son incompatibles muchas de las actividades que realiza el hombre y que podrían perjudicar seriamente el ecosistema ahí desarrollado así como la vulneración que existiría por parte del Estado para poder ejercer una adecuada vigilancia en ellas, lo cual, aún en el caso de que se parta del supuesto de que esas personas han venido ocupando desde hace muchos años estas áreas que son bienes de dominio público, esto no justifica en forma alguna que se pueda titular cualquiera de estas áreas, puesto que, el mismo Estado en protección del medio ambiente puede ordenar el desalojo de estas personas, en aquellas áreas donde mas bien su presencia estén produciendo un efecto contraproducente, lo que provocaría consecuentemente, que en el caso de que se titularan este tipo de áreas, tendría el Estado que expropiar un bien que tal vez tuvo que expropiar alguna vez para declararlo zona de protección, incurriéndose en un acto irrazonable.  Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito... \" (sentencia número 2988-99, citada). Consecuentemente estima esta Cámara que no existe la posibilidad de confusión , la normativa vigente es clara y congruente y la discusión en este proceso versa sobre dos fincas la número 91815, ubicada dentro de la Reserva Forestal Los Santos, en donde sus terrrenos son inalienables, según declaratoria efectuada desde el año mil novecientos setenta y cinco, según Decreto  Ejecutivo 5389,  y la número 8-A-858, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, su declaratoria de refugio si bien ha tenido modificaciones, desde el año mil novecientos noventa y cuatro no se permite titular bienes a nombre de particulares en el mencionado Refugio, de manera que todos los inmuebles que hayan sido objeto de titulación con base en normativa que ha sido derogada, debe procederse a su recuperación. Es importante acotar en este apartado que la condición de Patrimonio Natural del Estado de ambos inmuebles hacía imposible su titulación a favor de particulares.”  \n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n \n\n \n\n \n\nProceso de conocimiento\n\nExpediente: 11-006459-1027-CA\n\nActor: Nombre114734 \n\nDemandado: Estado, Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto de Desarrollo Rural(INDER) y Contraloría General de la República.     \n\n \n\nNº 103-2013-V.\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, ANEXO A. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, a las once horas del veintiocho de octubre de dos mil trece.\n\n          Proceso de conocimiento establecido por Nombre114734  , mayor, casado una vez, oficinista, vecino de Dirección5658,  , cédula de identidad número CED90691, contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy día Instituto de Desarrollo Rural (INDER); representado por su apoderada general judicial, Meybell Chevez R; el Estado, representado por la procuradora Marianella Barrantes Zamora, mayor, casada, abogada, vecina de Santo Domingo de Heredia, y la Contraloría General de la República, representada por sus apoderados Hansel Arias Ramírez y Fabio Salas Chinchilla.\n\n \n\nRESULTANDO:\n\n           1.- El actor formula demanda, según los hechos que expone y el derecho en el que se fundamenta, para que en sentencia se disponga, lo siguiente, pretensiones modificadas en la audiencia de juicio de la siguiente forma:  \"1.- se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda, 2.- Se declare la revocatoria y nulidad de los actos que seguidamente se enumeran como a),b),c),d), por ser actos  nulos de pleno derecho, al no considerarse que mis actuaciones tuvieran como fundamento el cumplimiento de mis obligaciones como funcionario público, dentro del marco de legalidad que se presumía válido y que dichas actuaciones fueron a solicitud de mis superiores y no se trataba de una toma de decisiones, sino de un trámite ordinario, que por razones de oportunidad mérito y conveniencia, resultaban convenientes para cumplir con las metas institucionales del IDA\n\na.- Acto administrativo dictado por la Contraloría General de la República y que es Resolución PA-26-2010, que ordena con carácter vinculante aplicar la sanción de mi despido, b) Acto Administrativo dictado por la Contraloría General de la República, y que es contenido en el oficio R-DC-123-2011, c) Acto que ordena mi despido y que es oficio ARH-1336-2011, suscrito por la Coordinadora del Área de Recursos Humanos; d.- Que se declare que los actos indicados son nulos de pleno derecho y violatorios de normas legales y constitucionales, concretamente del artículo 39 de la Constitución Política, 214 y siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, así  como los numerales 128 y siguientes y concordantes ibídem. \n\n3.- Se declare el acto de despido violatorio de la Convención Colectiva UNEIDA; 4.- Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario, la inmediata reinstalación del suscrito al puesto que ocupaba; 5.- Se me reinstale en el puesto que ocupaba previo al despido con todos los derechos y garantías , acumulados durante mis años de servicio al IDA; 6.- Se me cancelen los salarios dejados de eprcibir desde mi despido hasta la efectiva reinstalación, con los aumentos decretados por el Gobierno, salario escolar, aguinaldo y todos aquellos beneficios recibidos por los empleados del IDA; 7.- Se ordene al IDA, cancelar las cuotas dejadas de apgar a la Caja Costarricense de Seguro Social; 8.- (Reformulado a folio 84) Se condene al IDA al apgo de daño material, moral objetivo y subjetivo y perjuicios causados por la actuación antijurídica, originada con el despido del suscrito sin responsabildiad patronal, que conllevó : a) un menoscabo patrimonial al haber representado mi salario la única fuente de ingresos, b) Afectación psicológica ocasionada por la périda de todos los años de trabajo continuo; rompimiento ilegítimo del contrato de trabajo y por la imposibilidad de emplearme nuevamente por mi edad cumplida y por mis enfermedades, pérdida de mis prestaciones legales por todo el tiempo laborado, desánimo y desesperación por falta de empleo; c) Afectación de mi honor y mi nombre como empleado público; originado por mi despido sin responsabilidad patronal. Estimo estos rubros a), b) yc) en la suma de novecientos setenta y cinco millones de colones, los cuales podrán ser oportunamente establecidos a través de perito matermático correspondiente. 9.- Se condene al IDA al pago de los intereses de ley hasta el efectivo pago. 10.- Se condene al IDA a la indexacción correspondiente hasta el efectivo pago ; 11.- Se condene al IDA al pago de las costas. En la audiencia preliminar el actor desiste del aparte a) del punto octavo de la ampliación de la demanda de folio 84; estima los apartes b) y c) en la suma de veinticinco millones de colones y desiste de la suma de novecientos setenta y cinco millones de colones. Durante la audiencia de juicio, el actor desiste además de los puntos 6,7,9,10 y 11 de la demanda  (Folios 72 a 74, 84, 248 vto y soporte digital de la audiencia de juicio).\n\n2.- El representante del IDA, hoy INDER, contestó la demanda oponiéndose a la misma y solicita se declare sin lugar (folios 94 a 98 del expediente judicial).\n\n3.- Los representantes de la Contraloría General de la República, Hansel Arias Ramírez y Fabio Salas Chinchilla, contestaron en forma negativa, opusieron la defensa de falta de derecho y solicitan se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de las costas y ambos intereses hasta su efectivo pago(folios 147 a 156 del expediente judicial).\n\n4.-La Procuradora, Marianella Barrantes Zamora contestó negativamente la demanda y opuso las defensa de falta de legitimación en lo que respecta al Estado y la falta de derecho y solicita se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de los eventuales daños y perjuicios, ambas costas de esta acción y sus respectivos intereses (folios 190 a 231 del expediente judicial). \n\n5.- El actor solicitó medida cautelar anticipada que fue tramitada en legajo aparte y en resolución número 68-2012 de las 8:01 horas del trece de abril de 2012, se dispuso: \"Se acoge la medida cautelar solicitada por Nombre114734  . Se suspenden los efectos del acto administrativo de oficio N. 11845 de fecha 01 de diciembre, 2010, DJ-4052-2010 de la Contraloría General de la República, así como la Resolución R-DC-123-2011 de las quince horas del dieciocho de julio de dos mil once emitida por ésta y el oficio ARH-1336-2011, de fecha 8 de setiembre de dos mil  once  del Instituto de Desarrollo Agrario. Se ordena la reinstalación del señor Nombre114734  en las funciones que venía ocupando, manteniendo inalterables sus condiciones de empleo. Esta medida se adopta por el tiempo en que se dilate el proceso de conocimiento o hasta que eventualmente alguna circunstancia de hecho motive su modificación o supresión, Se le indica a la parte promovente de la medida cautelar que la demanda deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia.\" (La negrita es del original). Dicha resolución fue apelada por el Estado y por la Contraloría General de la República (folios 383 a 402 del legajo de medida cautelar), y el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en resolución  número 475-2012 de las 10:31 horas del 20 de agosto de 2012, confirmó el anterior pronunciamiento (folio 407 del legajo de  medida cautelar). \n\n6.- El día siete de junio del año en curso fue celebrada la audiencia preliminar en este asunto (folios 248 a 250 del expediente judicial).\n\n          7.- El día  siete de octubre de este año se realizó el juicio oral y público en este asunto (grabación en soporte CD).\n\n           8.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y  este Tribunal no ha determinado vicio u omisión susceptibles de producir nulidades que deban ser subsanadas. Se dicta esta sentencia dentro del plazo de quince días hábiles establecido al efecto por el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo previa deliberación de rigor y por unanimidad.\n\n          Redacta la jueza Vargas Vargas;\n\nCONSIDERANDO\n\n          I.- HECHOS PROBADOS: De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1.- En el plano Catastrado Nº SJ-72275-99 de la finca inscrita a folio real Nº 1-209478-000 a nombre del poseedor Nombre115537  en la Cascada Sociedad Anónima, al frente aparece un sello del visado Nº0508-99 del Ministerio de Ambiente y Energía en el cual se indica: “Con base en la ubicación que aparece en este plano, el inmueble que describe se ubica DENTRO de Reserva Forestal Los Santos, según Decreto Ejecutivo o Ley Nº 5389-A y modific. del 12-11-75 o dispuesto en la Ley Forestal Nº 7575 y legislación conexa. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. Fecha 05-07-99\" (Folio 20 numerado en color rojo del tomo I del expediente administrativo digital y folio 49 del legajo de medida cautelar); 2.- El 27 de abril de 2000, el funcionario del IDA, ya fallecido Nombre115538  , completó la información sobre titulación de la parcela Nº91815, plano catastrado SJ- 572275-99, a favor del poseedor Nombre115537  en Cascada Sociedad Anónima, cuyo representante legal lo era el señor Aurelino Esquivel Cascante. En dicha ficha el funcionario del IDA indica que de acuerdo con la inspección ha verificado la medida, localización y uso de la tierra y que se ha conservado satisfactoriamente el recurso forestal; por lo tanto recomienda que la parcela puede titularse, no obstante, en ese mismo documento señala que esa parcela cuenta con un área total de 23 hectáreas, 22600.75 metros cuadrados, de los cuales once hectáreas corresponden a bosque y 12 hectáreas 22.260.75 m2 a pasto (ver folio 00021 del expediente administrativo); 3.- Mediante oficio OSRS-058-00 del Área de Conservación Pacífico Central Oficina Subregional Los Santos, se señala expresamente que la finca bajo plano catastrado número SJ-572275-99, se encuentra dentro de la Reserva Forestal Los Santos, creada mediante Decreto ejecutivo Nº5389-A (ver folios del 00022 00023 del expediente administrativo); 4.- Mediante oficio STA-059-2000, de 30 de mayo de 2000, los señores Nombre114734  , Coordinador de Programas de Titulación, con el Visto Bueno del Lic. Federico Villalobos Chacón, asesor y visto bueno de Agustín Villalobos Salazar de la Dirección Formación Desarrollo Asentamientos, todos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), presentan a la Junta Directiva de la Institución solicitud de segregación y traspaso de 44 lotes y parcelas por reunir los poseedores las condiciones y requisitos legales exigidos en la Ley 7599 (Ley de titulación de tierras ubicadas en Reservas Nacionales) de 9 de agosto de 1999, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio, todas de entrega Nº 100 del Valle del General y dentro de las cuales se encontraba la parcela 91815 por un área de 23 hectáreas 2260.75 m2 a favor de Arco Iris en la Cascada Sociedad Anónima (ver folios 00024 a 00026 del expediente administrativo); 5.- En acta de sesión de Junta Directiva del IDA Nº 040-2000 celebrada el 05 de junio de 2000, en su acuerdo siete, artículo sétimo, autorizó segregar y traspasar cuarenta y cuatro lotes y parcelas del Proyecto Valle del General, Entrega 100. Dentro de las cuarenta y cuatro fincas se encontraba la parcela número 91815, que se ubicaba dentro de la Reserva Forestal los Santos por un área total de 23ha 2260.75m2, a favor de Arco Iris en La Cascada (folios 00027 al 00034 del expediente administrativo); 6.- Mediante escritura pública, realizada ante notario Carlos Enrique García Anchía, se efectúo la adjudicación el 15 de junio de 2000 (folios 39 al 94 del expediente administrativo); 7.- Por Oficio número DAGJ-0359-2009 de 10 de marzo de 2009, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, solicitó a la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), indicar si la finca ubicada bajo el plano catastrado  SJ-572275-99 a favor de Arco Iris en la Cascada S.A. poseía alguna afectación jurídica durante el año 2000(folios 95 y 96 del expediente administrativo digital); 8.- La anterior solicitud fue contestada en oficio SINAC-DS-OFAU-O-008-2009 de 24 de marzo de 2009, en el cual se indica que el plano catastrado Nº SJ-572275-99 en el período consultado desde 1999 a la fecha del oficio, se encontraba dentro de la Reserva Forestal los Santos (folios 97 y 98 del expediente administrativo digital); 9.- En el plano catastrado número I-246216-95 del 06 de abril de 1995, aparece sello del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas que indica que esta finca se encuentra dentro del Refugio Nacional Gandoca Manzanillo: “VISADO N°488-95. Con base en la ubicación que indica este plano, el inmueble que describe se ubica DENTRO del REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE R.N DE E.S. GANDOCA MANZANILLO. Según decreto ejecutivo o ley N° Placa7711 de 29-10-85, lo dispuesto en la Ley Forestal N°7174, la Ley de Conservación de Vida Silvestre N°7317 y legislación conexa. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. 27 MAR 1995” (folio 00099 del expediente administrativo); 10.- El 23 de febrero de 2000, el señor Marco Zúñiga Montero, en su condición de técnico Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), completó la Ficha de Titulación de la parcela número 8-A-858, plano catastrado número L-246216-95, a favor del poseedor Nombre115539  . En dicha ficha el señor Marco Zúñiga indica que de acuerdo con la inspección practicada, ha verificado la medida, localización y uso de la tierra y que se ha conservado satisfactoriamente el recurso forestal, por lo tanto recomienda que la parcela pueda titularse (folio 00100 del expediente administrativo); 11.- Los señores Nombre114734  , Coordinador de programas de Titulación, con V.B. del Lic. Federico Villalobos Chacón, asesor, firman en conjunto el Oficio STA03, dirigido a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en donde se solicita segregar y traspasar cuarenta y tres lotes y parcelas, por reunir los poseedores las condiciones y requisitos legales exigidos por la Ley 7599 (Ley de Titulación y Reservas Forestales) de 9 de agosto de 1999, para que se les extienda el respectivo título supletorio de dominio, todas de la Entrega N°45 de Talamanca y dentro de las cuales se encontraba la parcela Dirección5132, por un área total de 642.58m2 a favor de Nombre115539   (folios 00101 al 0103 del expediente administrativo); 12.- Mediante sesión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario número 20-2000, de 6 de marzo de 2000, Acuerdo Nº7, Artículo primero, se aprobó por unanimidad segregar y traspasar  cuarenta y dos lotes y parcelas del proyecto BIRF Nº45, Entrega 45, sito en Varios, Talamanca, de la provincia de Limón, Región Huetar Atlántica, por reunir los beneficiarios las condiciones y requisitos  exigidos en la Ley 7599. Dentro de las cuarenta y cuatro fincas se enlistaba la parcela número Dirección5132- , por un área total de 642.58m2 a favor de Nombre115539   (folios 106 a 114 del expediente administrativo); 13.- El díez de marzo del año dos mil  fueron confeccionadas las escrituras de segregación y traspaso de las fincas pertenecientes al proyecto de titulación BIRF-Talamanca a favor de sus poseedores; entre ellos se encontraba el señor Nombre115539   (folios 00119 al 00137 del expediente administrativo); 14.- Mediante oficio DAGJ-0359-2009, de 10 de marzo de 2009, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República le solicitó al Jefe de la oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), indicar si la finca ubicada bajo el plano catastrado L-246216-95 a favor de Nombre115539   poseía alguna afectación jurídica durante el año 2000(folios 0095 a 0096 del expediente administrativo); 15.- La anterior solicitud  fue contestada mediante Oficio SINAC-DS-OFAU-O-008-2009, de parte de la mencionada Oficina, indicándose \"En el caso de la finca, esta se encontraba dentro del REFUGIO NACIONAL DE FAUNA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO, y a la fecha de hoy aún lo está\"  además se señala que la fecha de visado de dicho plano lo es el 05/07/1999. (folios 97 y 98 del expediente administrativo); 16.- La División Jurídica de la Contraloría General de la República, constituida como Órgano Director, en resolución de las 8 horas quince minutos del 10 de julio de 2009, dio apertura al procedimiento administrativo Nº DAGJ-044-2008, tendiente a averiguar la verdad real de los hechos así como la presunta responsabilidad disciplinaria de varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario, entre ellos el señor Nombre114734  , acto en el cual se determinaron los hechos, imputándosele posible responsabilidad por su participación en el proceso de autorización para segregar y trasladar la parcela 91815 ubicada dentro de la Reserva Los Santos cuando ya no existía norma legal habilitante para ello y su participación en el proceso de autorización para segregar y trasladar la parcela 8-A-858 ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo cuando ya no existía norma legal habilitante para ello. Dicha resolución le fue notificada al señor Nombre114734   (folios 139 a 145 y 157 del T.I del expediente administrativo digital); 17.- El día 30 de julio de 2009, el señor Nombre114734 , presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto de apertura del procedimiento DAGJ-044-2008 y la División Jurídica de la Contraloría General de la República en resolución de las 9:30 horas de 19 de agosto de 2009 declaró sin lugar el recurso de revocatoria y elevó el recurso de apelación ante la Contralora (folios 249 a 260 del T.I del expediente administrativo digital); 18.- Por resolución R-DC-49-2009 de 17 de setiembre de 2009, el Despacho de la Contralora declaró sin lugar el recurso de apelación contra el auto de apertura de procedimiento administrativo formulado por el señor Nombre114734  (folios 317 a 326 del T.I del expediente administrativo digital); 19.- La División Jurídica de la CGR, en resolución de las 8:30 horas del 5 de octubre de 2009, una vez resueltos los recursos presentados contra el auto inicial de procedimiento administrativo, dispuso citar a las partes para una audiencia oral y pública a partir de las nueve horas del 23 de octubre de 2009 ( folios 348 y 349 del T.I. del expediente administrativo digital); 20.- El día y hora señalados se inició la audiencia oral y pública, la cual debió ser suspendida en razón de la incapacidad de uno de los encausados (folios 645 a 654 del T.I del expediente administrativo digital); 21.- Ante solicitudes de suspensión de dos más de los encausados, en definitiva se señaló como nueva hora y fecha para continuar la audiencia oral y pública las 9:00 horas del 15 de enero de 2010 (folios 763 y 764 del T.I del expediente administrativo digital); 22.- El día y hora señalados se llevó a cabo la audiencia oral y pública (folios 1228 a 1320 del T.I del expediente administrativo digital); 23.- Por resolución PA-26-2010 de la División Jurídica de la Contraloría General de la República de las 11:00 horas del 7 de abril de 2010, se resolvió el asunto por el fondo y en cuanto al señor Nombre114734   estableció su responsabilidad administrativa con grado de culpa grave de los cargos imputados por lo que recomendó en forma vinculante aplicar la sanción de despido sin responsabilidad para el Estado, así como la prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la Hacienda Pública, la cual trae como consecuencia que el infrascrito cese inmediatamente de cualquier cargo de la Hacienda Pública, en que se encuentre nombrado, sin responsabilidad para el Estado por un plazo de 5 años. Dicha resolución le fue notificada al señor Nombre114734  el 20 de abril de 2010 (folios 1337 a 1410, 1424 y 1425, todos del T.II del expediente administrativo digital); 24.- El señor Nombre114734   formuló recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la anterior resolución y la División Jurídica de la Contraloría General de la República mediante resolución de las nueve horas del 31 de mayo de 2010 declaró sin lugar el recurso de revocatoria, lo cual le fue notificado al recurrente el 4 de junio de 2010 (folios 1540 a 1562 y 1575, todos del T.II del expediente administrativo digital); 25.- Mediante resolución R-DC-158-2010 de las 8 horas de 25 de octubre de 2010, el Despacho de la Contralora, resolvió el recurso de apelación, lo declaró sin lugar y a su vez suprimió de oficio la sanción de ingreso y reingreso a los cargos de la Hacienda pública para el actor, manteniendo la sanción de despido sin responsabilidad patronal. Esta resolución le fue notificada al señor Nombre114734  el 01 de noviembre de 2010 (folios 1779 a 1820  y 1829 del T.III del expediente administrativo digital); 26.- Por Oficio N°11845 de 01 de diciembre de 2010 DJ-4052-2010, la División Jurídica de la Contraloría General de la República comunicó a la Presidencia Ejecutiva del IDA hoy INDER, la resolución en firme de la sanción a aplicar al señor Nombre114734  (folios 1848 a 1851 del T.III. del expediente administrativo digital); 27.- El Presidente Ejecutivo del IDA formuló ante la Contraloría General de la República recursos de revisión y reconsideración contra la resolución PA-26-2010 de 11 horas de 07 de abril de 2010 (folios 1852 a 1877 del T.III del expediente administrativo digital); 28.- Por resolución R-DC-123-2011 de la Contraloría General de la República de las 15 horas del 18 de julio de 2011 se conoce la gestión de revisión presentada por la presidencia ejecutiva del IDA y se declara sin lugar (folios 1908 a 1923 del T.III. del expediente administrativo digital); 29.- Mediante oficio N° 07302 de 16 de agosto de 2011 DJ-0855-2011, se reitera por parte de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, al presidente ejecutivo del IDA la recomendación vinculante dictada en el procedimiento disciplinario DAGJ-44-2008 (folio 1945 T.III del expediente administrativo digital); 30.- Mediante Oficio de fecha 19 de agosto de 2011, PE-1519-2011, la presidencia ejecutiva del IDA comunica a la Contraloría General de la República que se ha procedido a solicitar al Área de Recursos Humanos la ejecución respectiva y las acciones de personal correspondientes, al señor Nombre114734  ( folio 1946 del T.III del expediente administrativo digital);  31.- Por oficio ARH-133 6-11 de 08 de noviembre de 2011 dirigido al señor Nombre114734  la Coordinadora de Recursos Humanos le comunica que su despido sin responsabilidad patronal ser hará efectivo a partir del 08 de noviembre de 2011 y que se procederá a realizar la correspondiente liquidación de los extremos legales. Lo anterior le es comunicado al actor en esa misma fecha (folio 216 del legajo de medida cautelar); 32.-En fecha 18 de noviembre de 2011, el señor Nombre114734   interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de despido (folios 1 a 16 del legajo de medida cautelar); 33.- Por resolución N°68-2012, de las 8:01 horas del 13 de abril de 2012, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió la medida cautelar solicitada, y suspendió los efectos del acto administrativo de oficio N°11845 de fecha 01 de diciembre de 2010, DJ-4052-2010 de la Contraloría General de la República, así como la resolución R-DC-123-2011 de las quince horas del 18 de julio de 2011 emitida por ésta y el oficio ARH-1336-2011 de fecha 8 de noviembre de 2011 del Instituto de Desarrollo Agrario; ordenándose la reinstalación del señor Nombre114734  en las funciones que venía ocupando, manteniendo inalterables sus condiciones de empleo (folios 367 a 380 del legajo de medida cautelar).\n\n           II. ALEGATOS DE LAS PARTES .\n\nParte actora : El abogado que representa al actor actor indica que el señor Nombre114734  tiene cuarenta y cuatro años y once meses de ser funcionario público y que para el año dos mil diez lo encontraron responsable y lo despidieron sin responsabilidad patronal. Manifiesta que laboró para el Instituto de Desarrollo Agrario, institución que interpuso un recurso de revisión contra el despido, por tratarse de un funcionario de experiencia que conoce de muchas materias, sostiene además que el actor es el único sostén de su familia y que dicha sanción se le causa un daño irreparable, dado que a su edad es difícil encontrar un nuevo trabajo, afectado su estabilidad socieconómica. Es por esa razón que se inicia un proceso contencioso administrativo, en donde se le otorga la medida cautelar que lo mantiene en el puesto, evitando así el peligro de quedarse sin trabajo. Afirma que se trata de un funcionario no profesional, que labora en una oficina que únicamente realiza trámites, allí es donde labora. Estas funciones dice que se dan hasta el año 2004 y la Contraloría determina que esas funciones las ha tenido desde siempre, pero es hasta el año dos mil cuatro, es que se reciben esos trámites. Agrega que en la fecha en que se dieron las situaciones, la inspección ocular, la asignación del número de parcela etc, eran labores de la Junta Directiva, además las oficinas regionales sostiene, eran las encargadas de analizar las informaciones que constaban en la documentación, verificando que sean acorde y veraces, una vez esto es determinado, se envían con una recomendación para que se titule, es hasta ese momento que llega a la oficina a su cargo. Según señala una vez en sus manos el expediente, veía el oficio, su función era simplemente trasladar ese oficio para la Junta Directiva solicitando se traspasara y se segregara. Dice que su labor era solicitar autorización para la recomendación. Agrega que si los documentos trasgreden el ordenamiento jurídico no era algo de lo que él pudiera darse cuenta porque su función era de trámite y que esa otra era una función de la oficina regional. Señala además que el actor no estaba avocado a realizar solamente esas labores, que las titulaciones constaban con documentos que eran de suma importancia y eran documentos que aún y cuando se tituló en Reservas no se podían titular, sin embargo, aduce que, a pesar de estar dentro de Reservas si se podían titular porque había un decreto que permitía la titulación en esas reservas. Manifiesta que fueron creados decretos para que los terrenos de ese lugar fueran titulados. Una de las titulaciones aduce  fue presentada dentro del expediente administrativo estaba en zona protegida a nombre de Nombre115540 y no fue considerada ni valorada. Menciona algunos oficios en los que dice hay terrenos dentro de parques nacionales que no se entienden incorporados al patrimonio natural del Estado, esto por cuanto, afirma el Instituto de Desarrollo Agrario nunca los compró ni los expropió. Manifiesta que esos terrenos fueron donados al IDA para que los poseedores pudieran titularlos y así se cumplió. Afirma que, el punto medular es que si se permitía titular en esas reservas porque así fueron otorgados al IDA, transitoriamente y que el actor actúo en apego al principio de legalidad y al deber de obediencia. Señala además que en mil novecientos ochenta y siete la Contraloría General de la República refrendó el convenio suscrito entre el ministerio de justicia con el fin de registrar los planos de los particulares, señala además el artículo 5 del decreto que creó el refugio Gandoca Manzanillo, y que en mil novecientos ochenta y ocho la Dirección de Catastro nacional emitió una resolución para catastrar cambios en diversos planos. Agrega que en el Refugio Gandoca-Manzanillo se da una categoría mixta conformada por propiedad privada y pública. Menciona la existencia de un oficio que dice acreditaba que no se afectaba el patrimonio, y que en ese caso se contó con la autorización del área silvestre protegida. Sostiene que esa es la base fundamental que permitía las titulaciones, y que la labor del actor no era verificar la información, sino únicamente tramitarla. Señala que, una vez verificado era enviado a la Oficina Central. Agrega que en este asunto existió un marco legal que permitió las titulaciones y que éstas fueron refrendadas por la Contraloría General de la República. Aduce que en razón de sus labores, la sanción de despido es una medida desproporcionada. Por ello solicita la nulidad de esa medida y se le restituya. En este acto el actor renuncia a las pretensiones numeradas como 6,7,9,10 y 11 de la demanda. Mantiene lo pretendido en el punto 8 apartes b) y c), ratificando como suma a indemnizar el monto de veinticinco millones de colones, tal y como fue definido en la audiencia preliminar.\n\n           Alegatos del IDA hoy INDER: La representante del instituto manifiesta que en contra del actor se siguió un procedimiento administrativo disciplinario instaurado por la Contraloría General de la República; que se presentaron recursos y un recurso de revisión con una serie de elementos de oposición al despido. Aduce la personera del codemandado que no se comparte la proporcionalidad de la sanción. Sostiene que a nivel institucional se parte de una premisa básica y que es que la recomendación viene de la oficina regional. Señala que estos asuntos son de una tramitología de completez del expediente y que el actor es responsable de una oficina de trámite. Expone que la institución que representa se opuso a la sanción de despido; que hay una transformación en el IDA a partir de 2004, y antes de esa fecha no se exigían esos requerimientos, señala asimismo que se manejaron criterios ambivalentes. Señala que se trataba de un procedimiento escalonado, donde la dirección técnica provenía de la oficina regional. Menciona que la ambivalencia se dio en las certificaciones del MINAET, al no especificar si se estaba o no ante patrimonio del Estado. Agrega que las titulaciones a la fecha no han sido anuladas, a pesar de que el despido si se está discutiendo. Añade que el actor no daba la recomendación técnica porque no cuenta con el perfil profesional para darla, por ello no comparte el análisis técnico durante la investigación ni la proporcionalidad de la sanción, aduce que no se valoró la posición del MINAET. Manifiesta que la recomendación o el acto ejecutado no llevó al resultado y que por ello no hay nexo de causalidad. \n\nAlegatos del Estado: la representante de la Procuraduría General de la República aduce que existe una falta de legitimación pasiva, de conformidad con el artículo 12 inciso 5) del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues se está en presencia de un proceso tramitado por la Contraloría General de la República contra el IDA, y que la participación de la Contraloría no necesita estar respaldada por el Estado. En relación al procedimiento administrativo éste se encuentra ajustado a derecho, la sanción es objetiva y se encuentra debidamente constatada y señala que no hay violación al debido proceso. \n\nAlegatos de la Contraloría General de la República:\n\nSeñala el personero de la institución codemandada que lo que se analiza en este proceso fueron dos procedimientos de titulación, en los que el actor permitió que dos terrenos del dominio público estén hoy día en manos privadas. Manifiesta que están demostradas las faltas y por ende existe el nexo causal entre la falta cometida y el daño causado al demanio público. Agrega que en el desarrollo del procedimiento administrativo se logró determinar la naturaleza pública de los terrenos y las titulaciones realizadas sobre  esos terrenos de reserva natural. Menciona que el plano SJ-572275-99 es un terreno que se encuentra en la reserva Los Santos y el L- 24616-95 es un terreno que se localiza en la Reserva Gandoca –Manzanillo. Agrega que la información de la localización y ubicación de esos terrenos debía estar clara para el funcionario al momento de realizar la solicitud incluso el MINAET había indicado que el primer lote se encontraba en la Reserva Los Santos y la ficha de titulación hecha por el funcionario del IDA identifica el lugar, dice que coincide con lo que señala el plano catastrado. Además, acota que el Refugio guandoca Manzanillo fue creado en tal condición desde el año mil novecientos setenta y cinco, se le cataloga como patrimonio Natural del Estado. Es así, como el mismo IDA conocía la condición de bienes de dominio público. Añade que son varios los funcionarios públicos a quienes se les inició procedimiento administrativo disciplinario por estos hechos. Manifiesta que el actor era el coordinador del programa de titulación y en el oficio STA-03-2000 señala que se cumplía con los requisitos legales para proceder a su traspaso y segregación y añade que esa fue su solicitud ante la Junta Directiva de la institución, que se autorizara la titulación a favor de particulares y su firma la hace en su condición de coordinador del programa de titulación. En este sentido afirma el representante de la Contraloría a mayor jerarquía, mayor responsabilidad, según el artículo 213 de la Ley General de la Administración Pública. Señala también que se cumplió con un debido proceso, hubo una comparecencia oral en la que se respetó el derecho de defensa de las partes, allí aportaron sus pruebas. Sostiene que también utilizaron todos los medios de impugnación que tuvieron a su alcance incluso un recurso de revisión presentado por el mismo Instituto de Desarrollo Agrario, y todos fueron debidamente conocidos y resueltos. Señala que el despido es la consecuencia de la falta cometida. En cuanto al daño moral afirma que el actor no distingue a cuál daño moral se refiere, dado que para el daño moral objetivo se requiere prueba y el subjetivo dice que no fue acreditado. Solicita se acoja la defensa de falta de derecho, se declare sin lugar la demanda y se condene al accionante al pago de ambas costas.\n\nIII.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA .\n\n L a personera estatal interpuso esta defensa y sostiene que el Estado no debe participar en este asunto, dado que las actuaciones cuestionadas provienen directamente de la Contraloría General de la República y por ello no se requiere la presencia del Estado. Dispone el inciso 5) del artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo: \"Se considerará parte demandada... 5) La Contraloría General de la República: a) Conjuntamente con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquélla, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. b) Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública”.  Según consta en la demanda las conductas cuestionadas provienen de actuaciones de la Contraloría General de la República con motivo del procedimiento administrativo sancionatorio instaurado en contra del señor Nombre114734   y otros funcionarios del IDA, procedimiento administrativo Nº DAGJ-044-2008, por lo que desde esa óptica, las actuaciones de la CGR encuadran en el apartado b) del mencionado inciso quinto del numeral 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y por lo tanto, se debe tener únicamente como parte demandada a la Contraloría General de la República y al IDA para que representen los intereses de la administración.  En consecuencia, existe una falta de legitimación pasiva en torno a la participación del Estado en el presente proceso, por lo que debe acogerse la misma y declarar inadmisible la demanda respecto al Estado.\n\n             IV.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN .\n\n  El demandante sostiene que el procedimiento administrativo desde su inicio se encuentra prescrito, en el procedimiento administrativo el actor alegó la prescripción a través de su abogado durante la comparecencia oral y pública; al igual que anteriormente ya lo habían hecho los otros funcionarios del IDA también encausados. Sobre el particular esta Cámara hace suyos los argumentos esbozados en la resolución PA-26-2010, a folio 73 del legajo de la medida cautelar  que señala:\" En ese orden, de conformidad con la resolución de las ocho horas quince minutos del diez de julio de dos mil nueve, que corresponde al acto de apertura este procedimiento  administrativo, a los señores ...Nombre114734  , se les intimó las sanciones contenidas en los artículos 68 inciso e) y 81 inciso l) del Código de trabajo, suspensión por ocho días sin goce de salario o la destitutción sin responsabilidad para el Estado. Igualmente se les intimó la posible aplicación de la prohibición de ingreso o reingreso a cualquier cargo de la Hacienda Pública contenida en el artículo 72 de la ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual podrá ser de dos a ocho años. Dicha intimación es clara en indicar que la imposición de la prohibición mencionada, tenía como consecuencia, que el infractor cese inmediatamente de cualquier cargo de la Hacienda Pública en que se encuentre nombrado, sin responsabilidad para el Estado...Así planteadas las cosas, desde ese momento se hace necesario indicar que para los casos en los que se intimó la suspensión y el despido, la norma de prescripción aplicable es la del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que de acuerdo con dicho artículo vigente al momento de los hechos intimados era de dos años, que se contaban a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio\". De modo que si el plazo era de dos años, éstos empezaban a contabilizarse a partir del conocimiento del asunto, y no es sino hasta el 3 de octubre de dos mil ocho que la División Jurídica de la Contraloría General de la República tuvo conocimiento de los hechos. Plazo que en todo caso luego se vio interrumpido con la notificación del acto inicial del procedimiento administrativo, al igual que con todas las actuaciones debidamente notificadas dentro  del procedimiento administrativo, lo que ha impedido que transcurra el término antes señalado, razones que obligan al rechazo de dicha defensa.\n\n V.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO. CONFORMIDAD DE LAS RESOLUCIONES PA-26-2010, R-DC-123-2011, EMITIDAS POR LA CGR Y LA ARH-1336-2011 DEL IDA.\n\n Tal y como lo ha considerado en forma reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional (en tal sentido, entre otras, se pueden consultar las sentencias números 15-90, 3433-93, 3929-95, 1484-96, 5516-96 y 2003-13140) resulta exigido el respeto de los elementos que conforman el debido proceso -que derivan de las garantías establecidas en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Constitución Política- en los procedimientos administrativos, máxime cuando sean sancionatorios -como en este caso-, precisamente en atención a que en ellos puede imponerse una obligación, suprimirse o denegarse un derecho subjetivo o interés legítimo, o una sanción administrativa (de suspensión, destitución, económica, etc.), las cuales ostentan naturaleza punitiva. Al respecto, debe atenderse que “ (...) todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutelan un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de autorizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador.\" (Sentencia número 1484-96 de la Sala Constitucional). La misma jurisprudencia constitucional ha reconocido esenciales e indispensables a todo procedimiento los siguientes requisitos, que necesariamente deben cumplirse, a fin de garantizarle a las partes que intervienen, el efectivo ejercicio del derecho de defensa, cuya ausencia constituye una grave afectación a estos derechos (debido proceso y derecho de defensa): a) la notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, más conocido como el derecho a la debida intimación e imputación, de donde se hace necesario no sólo la instrucción de los cargos, sino también la posible imputación de los hechos, lo que significa la indicación de la posible sanción a aplicar; b) el derecho de audiencia, que comprende el derecho de intervenir en el proceso, a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) consecuencia del anterior, la presunción de inocencia, que implica que la Administración (o el denunciante) está obligada a demostrar la culpabilidad del infractor o investigado; d) la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; e) el derecho del administrado a una defensa técnica, que comprende su derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas, como peritos; f) la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde; g) el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada, que conlleva el principio de la congruencia de la sentencia; que en el caso de los procedimientos administrativos, comprende no sólo el derecho de recurrir el acto final, sino también aquellos actos del procedimiento que tengan efecto propio y puedan incidir en el derecho de defensa -el auto de apertura del procedimiento, la denegatoria de la celebración de la audiencia oral y privada, la denegatoria de recepción de prueba, la aplicación de medidas cautelares, la denegación del acceso al expediente, la reducción de los plazos del procedimiento, y la resolución que resuelva la recusación. En el caso bajo análisis, el procedimiento iniciado contra el actor es el número DAJG-044-2008, que inició formalmente mediante resolución de la División Jurídica de la CGR actuando como Órgano Director  y Decisor, de las 8 horas quince minutos del 10 de julio de 2009. Ahora bien, revisada la secuencia de actuaciones del procedimiento DAGJ-44-2008, tal y como están evidenciadas en el expediente administrativo digital y que quedaron reseñadas en la relación de hechos probados, no aprecia esta Cámara que se haya omitido ningún elemento de defensa, de forma que se pueda considerar que haya existido alguna clase de quebranto del debido proceso en el caso del señor Nombre114734 . En efecto, el acto de apertura es claro al advertir los hechos y cargos que se imputaba a todos los encausados y en específico al señor Nombre114734 , sobre los cuales fueron debidamente intimados. Allí mismo se especifica también las normas supuestamente transgredidas y las sanciones aplicables; se les advirtió sobre la presentación de alegatos y pruebas en la audiencia oral, así como sobre su derecho a defenderse por medio de un abogado y consultar el expediente administrativo, indicando el lugar y los documentos que lo integraban hasta ese momento. También se les previno señalar lugar para oír notificaciones y los recursos existentes contra la resolución, el plazo para interponerlos y quién los resolvería. Las partes fueron citadas a la audiencia. Todas las actuaciones fueron debidamente notificadas conforme a la ley. Tuvo la oportunidad de recurrir del acto final, mediante los recursos de revocatoria y apelación, los cuales fueron declarados sin lugar.  Posteriormente, el Despacho de la señora Contralora General de la República en resolución R-DC-158-2010 de las 8 horas del 25 de octubre de 2010, resolvió los recursos de apelación presentados contra la resolución PA-26-2010, declarándolos sin lugar,  incluso en su parte dispositiva, la Contralora General, a favor del señor Nombre114734, determinó suprimir de oficio la sanción de ingreso y reingreso a cargos públicos que se había dispuesto en la resolución apelada. Posteriormente, una vez comunicada la sanción de despido al Instituto de Desarrollo Agrario, el Presidente Ejecutivo de esta institución presentó recursos de revisión y reconsideración, solicitando la revocatoria de las sanciones impuestas a su funcionario. Dicha gestión fue declarada sin lugar por parte del Despacho del Contralor en resolución Nº R-DC-123-2011 de las 15 horas del 18 de julio de 2011, que analizada por este órgano colegiado la encuentra ajustada a la normativa legal vigente, la cual a su vez fue debidamente comunicada a las partes, sin que se observe vicio alguno que pudiere generar la nulidad de la misma. Así las cosas, una vez resueltos todos los recursos presentados en el procedimiento y estando firme la resolución sancionatoria, se procede a comunicarle al IDA para su debida ejecución y éste mediante oficio Nº ARH- 1336-2011 de 08 de noviembre de 2011, le comunica al señor Nombre114734   que la sanción de despido rige a partir del 08 de noviembre de 2011, resolución que no hace más que acatar lo ya dispuesto en firme. Así las cosas, no observa este Tribunal que se hubiere configurado algún estado de indefensión o quebranto del derecho de defensa, que justifique declarar una nulidad de todo lo actuado. Como bien se ha dicho, en materia administrativa no se trata de declarar nulidades por la nulidad misma, sino que se atiende a la conservación de los actos en la medida en que no se haya infringido las garantías del debido proceso o se haya incurrido en una disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, que no es el caso aquí. Por lo que la pretendida nulidad de las actuaciones impugnadas debe ser rechazada.\n\nVI.- SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA. CARÁCTER DE FUNCIONARIO PÚBLICO.  \n\nLa Sala Constitucional al analizar el concepto de Hacienda Pública señaló en su resolución  N° 2004-02199 de las 12:59 horas del 27 de febrero del 2004:\n\n“IV.- COMPONENTES SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA HACIENDA PUBLICA. En el considerando precedente se indicó que la ‘Hacienda Pública’ es un concepto indeterminado cuya concreción le corresponde, entre otros, al legislador. Así, en lo referente al alcance subjetivo del concepto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su numeral 4º, indica que ese órgano ejerce su competencia ‘(...) sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública’ –sujetos pasivos de su control o fiscalización–, con lo cual incluye a todo ente u órgano público y empresas públicas extendiéndose, incluso, a sujetos de Derecho privado cuando administren, custodien fondos públicos o reciban transferencias públicas (artículo 8º, párrafo 3º, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). En lo tocante a la vertiente objetiva de la Hacienda Pública el artículo 8º de la supracitada ley estatuye que ‘(...) estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos (...) (la cursiva no es del original). Adicionalmente, el artículo 10º, párrafo 1º, del pluricitado texto legal dispone que el ordenamiento de control y fiscalización superior comprende, entre otros aspectos, ‘(...) el conjunto de normas que regulan (...) los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios para éste’ (la cursiva no es del original). Bajo esta inteligencia, si las normas jurídicas y financieras relativas a la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidades y sanciones de los funcionarios que en la gestión y disposición de los fondos públicos destinados cometen alguna irregularidad, forman parte integral de la Hacienda Pública, no cabe la menor duda que la Contraloría General de la República tiene una indeclinable e indiscutible competencia en la fiscalización y control de tales extremos, siendo que tales atribuciones lejos de quebrantar el Derecho de la Constitución lo actúan. En aras de hacer efectiva la competencia de vigilancia de la Hacienda Pública de la Contraloría General de la República y, más concretamente, de las normas jurídicas y técnicas sobre la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidad y sanciones de los funcionarios públicos que intervengan en un eventual y presunto manejo irregular, indebido o impropio de los fondos públicos, su ley orgánica habilita o faculta, expresa e inequívocamente, a ese órgano para realizar auditorias (financieras, operativas y especiales) o incoar procedimientos o sumarios administrativos sobre los sujetos pasivos (órganos y entes públicos) y sus funcionarios o agentes públicos (artículos 21 y 22).”\n\nDe conformidad con la jurisprudencia transcrita, es claro que es a la Contraloría General de la República, la entidad a la que corresponde iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los funcionarios  públicos que hubieren intervenido en actuaciones irregulares, estando de por medio fondos públicos. El actor sostiene que no se le debe considerar funcionario de la Hacienda Pública, porque, respecto a él no aplica la normativa de la Contraloría General de la República. Sin embargo, debe tenerse en consideración lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que establecen que la Hacienda está constituída por los fondos públicos, y que los sujetos componentes de la Hacienda Pública lo son el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos. Por su parte, el numeral 9 expresamente define como fondos públicos, todos aquellos recursos, valores, bienes y derechos de propiedad del Estado, de órganos, empresas o entes públicos. En este sentido, concuerda este órgano colegiado con lo indicado en la Resolución PA-26-2010, con respecto a la calidad de funcionario de Hacienda del señor Nombre114734  , al indicar: \"Finalmente cuando los señores Nombre114734  , Coordinador de Programas de titulación, con Nombre115541. de ..., firmaron en conjunto el oficio STA03, que permitía la titulación de la parcela número 8-A-858..., así como cuando firmaron en conjunto con el señor ..., el oficio STA059-2000 que permitía la titulación de la parcela número 91815 ubicada dentro de la reserva Forestal Los Santos, en ambos casos, los encausados estaban disponiendo de inmuebles que le pertenecían al Estado. Sobre el particular, debemos entender \"disponer\" en el sentido de que gracias a sus actuaciones se permitió que bienes demaniales fueran segregados y traspasados a nombre de particulares, de tal forma que se manifiesta claramente la disposición de fondos públicos, ya que si los encausados, hubieran actuado conforme lo disponía el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, tales inmuebles no hubieran salido del patrimonio estatal. En este punto es importante  fundamentar, que los inmuebles en discusión, forman parte de la denominada \"Hacienda Pública\" y que a su vez cumplen un doble papel, el de \"propiedad\" y el de \"recurso\" estatal, ya que eran propiedad del Estado al formar parte del patrimonio natural del Estado\". En consecuencia, lo procedente es rechazar el argumento alegado por el demandante en cuanto a que no se le puede considerar Funcionario de Hacienda, pues existe fundamento legal, para tenerlo en tal condición sin que la misma hubiere sido desvirtuada. \n\nVII.- SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE TITULACIÓN Y RESERVAS NACIONALES.\n\nRespecto a los bienes que integran el Patrimonio Natural del Estado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: \" (…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio...” De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública.\" (ver RES: 000853-F-S1-2011 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictada a las diez horas quince minutos del veintiuno de julio de dos mil once.).\n\nAdemás,  el Patrimonio Natural del Estado se encuentra protegido por el régimen especial aplicable a los bienes demaniales  conforme al cual, por su vocación y destino, están fuera del comercio del ser humano, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Como consecuencia de ello, no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión. Desde esta perspectiva, su posesión por parte de particulares no causará derecho alguno a su favor. Así las cosas, y según lo antes transcrito  el Patrimonio Natural del Estado se encuentra constituido, entre otros, por los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, independientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales (artículo 13 de la Ley Forestal).  Se trata, en este supuesto, de una  afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado, de cualquier inmueble que se encuentre cubierto de bosque (artículo 15 de la Ley Forestal). En este punto es importante determinar que no se está en este caso ante un supuesto de propiedad privada forestal, tal y como lo establece el artículo 19 de la Ley Forestal, en donde si se permiten actividades previamente autorizadas. Sino que los inmuebles en discusión forman parte de ese Patrimonio Natural del Estado, pues, por una parte, tenían como objetivo proteger los recursos naturales de la zona, recursos forestales y agua, en el caso de la Reserva Forestal de Los Santos, donde se ubica el inmueble o parcela número 91815, así como proteger los humedales y demás diversidad biológica propios de la zona Atlántica en lo que es el Refugio Natural Gandoca - Manzanillo,donde se ubica la parcela 8-A-858. De ello se colige que ambos inmuebles al estar ubicados en Reservas Nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, con las características propias de los bienes demaniales, como inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad. Con respecto a la inclusión de ambos inmuebles, como parte del Patromonio Natural del Estado debe tenerse en cuenta que ambos pertenecen a zonas que son Reservas Nacionales, con decretos que establecen su creación y que a su vez no permiten la posibilidad de apropiación por parte de particulares. Por otra parte, en este proceso se está ante dos inmuebles ubicados en Reservas, que no podían ser titulados además por que el artículo 8 de la Ley de Titulación y Reservas nacionales ya había sido declarado inconstitucional, según voto número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve. Estimó en ese momento  la Sala Constitucional que se estaba ante zonas \"... protegidas precisamente por la importancia y relevancia que tiene para nuestro país, el mantener un ambiente ecológico equilibrado, aunado a los compromisos que ha asumido el país en una serie de convenios internacionales en busca de la protección mundial del medio ambiente ....En el caso bajo examen, la norma impugnada pretende titular unas zonas que han sido declaradas protegidas, precisamente por lo importante que resulta su conservación frente a las diversas actividades propias del hombre que vienen a alterar los ecosistemas y hábitat del medio ambiente que se desarrolla en estos lugares, así como la preservación de los bosques, los cuales son importantes para la generación de bienes esenciales e invaluables, como lo es el agua. El legislador en la presente ley, pone de manifiesto la necesidad de otorgarle un título de propiedad a los ocupantes de las zonas en cuestión, haciendo ver que la adquisición es con las limitaciones y protecciones ambientales que al respecto existen, sin embargo, del estudio de la norma impugnada se tiene que la facultad de titular en estas áreas, recae sobre un ámbito indiscriminado de aplicación, lo cual, de suceder así, podría estarse titulando áreas en las que son incompatibles muchas de las actividades que realiza el hombre y que podrían perjudicar seriamente el ecosistema ahí desarrollado así como la vulneración que existiría por parte del Estado para poder ejercer una adecuada vigilancia en ellas, lo cual, aún en el caso de que se parta del supuesto de que esas personas han venido ocupando desde hace muchos años estas áreas que son bienes de dominio público, esto no justifica en forma alguna que se pueda titular cualquiera de estas áreas, puesto que, el mismo Estado en protección del medio ambiente puede ordenar el desalojo de estas personas, en aquellas áreas donde mas bien su presencia estén produciendo un efecto contraproducente, lo que provocaría consecuentemente, que en el caso de que se titularan este tipo de áreas, tendría el Estado que expropiar un bien que tal vez tuvo que expropiar alguna vez para declararlo zona de protección, incurriéndose en un acto irrazonable.  Lo anterior no implica que el Estado no pueda desafectar un área determinada en virtud de que ya no se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin embargo, puede hacerse donde exista un estudio técnico previo que demuestre la naturaleza del área a titular y la posible convivencia tanto del hombre como del ecosistema así como las consecuencias que se deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito... \" (sentencia número 2988-99, citada). Consecuentemente estima esta Cámara que no existe la posibilidad de confusión , la normativa vigente es clara y congruente y la discusión en este proceso versa sobre dos fincas la número 91815, ubicada dentro de la Reserva Forestal Los Santos, en donde sus terrrenos son inalienables, según declaratoria efectuada desde el año mil novecientos setenta y cinco, según Decreto  Ejecutivo Placa21714,  y la número 8-A-858, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, su declaratoria de refugio si bien ha tenido modificaciones, desde el año mil novecientos noventa y cuatro no se permite titular bienes a nombre de particulares en el mencionado Refugio, de manera que todos los inmuebles que hayan sido objeto de titulación con base en normativa que ha sido derogada, debe procederse a su recuperación. Es importante acotar en este apartado que la condición de Patrimonio Natural del Estado de ambos inmuebles hacía imposible su titulación a favor de particulares.  \n\nVIII.- SOBRE EL EXTREMO INDEMNIZATORIO SOLICITADO.\n\n Es presupuesto para el surgimiento de la responsabilidad en cuanto a la indemnización, la existencia del nexo causal. \"Al respecto,  cabe recordar, que  en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales, es preciso determinar aquellos que directa o indirectmente son causa eficiente y adecuada del mal causado (sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la sentencia ya citada de la Sala primera de la Corte Suprema de Justicia Nº252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo de 2001). En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, habrá necesidad de establecer la acción u omisión apta que provocó la consecuencia. Desplazando aquéllas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de análisis objetivo, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico\" (Nº584-F-2005. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:40 horas del 11 de agosto de 2005). De manera que es resorte de quien reclama el daño, acreditar la existencia de una conducta a la cual, pueda atribuirse el resultado lesivo, es decir, debe acreditar la existencia del nexo causal. En el caso concreto, se solicita como monto indemnizatorio la suma de veinticinco millones de colones en razón del menoscabo salarial, al constituir éste su única fuente de ingresos y por la afectación psicológica ocasionada por la pérdida de su trabajo, después de tantos años y la imposibilidad de poder emplearse nuevamente, debido a su edad, por sus enfermedades y la pérdida de sus prestaciones legales. No obstante, como ya se mencionó, es necesario acreditar el nexo causal que necesariamente debe existir entre la conducta que se acusa y el daño causado. En este caso y como ha sido expuesto a lo largo de esta resolución, la actuación de la Contraloría General de la República y del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, han estado apegadas a derecho, sin que se pudiera observar algún vicio que pudiere generar nulidad de los actos impugnados, fundados en las razones alegadas por la parte actora, en razón de lo cual no se ha configurado nexo causal alguno, para atribuir responsabilidad a los demandados. En virtud de lo cual, el extremo peticionado por concepto de daños debe ser rechazado.\n\nIX.- SOBRE LAS EXCEPCIONES.\n\nLa defensa de falta de legitimación pasiva opuesta fue analizada en un considerando precedente y declarada con lugar respecto al Estado. La defensa de falta de derecho opuesta por la representación de la Contraloría General de la República, debe ser acogida en razón de la improcedencia total de las pretensiones de la parte actora, en consecuencia debe declararse sin lugar la demanda en todos sus extremos. Dado el resultado del proceso, se debe indicar que la medida cautelar dictada por el Juez Tramitador de este Tribunal en resolución número 68-2012 de las 8 :01 horas del 13 de abril de 2012, debe dejar de surtir efectos una vez que adquiera firmeza la presente sentencia. \n\nX.- SOBRE LAS COSTAS.\n\nDe conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, estima este Tribunal, no existe causal alguna que exima a la parte actora del pago de las costas, por lo que procede condenarlo a las costas del proceso, así como al pago de los intereses hasta  su efectivo pago , por así haberlo solicitado expresamente la Contraloría General de la República.\n\nPOR TANTO.\n\n           Sin lugar la prescripción. Se acoge acoge la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado y respecto a él se declara inadmisible la demanda. Se acoge la defensa de falta de derecho. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por Nombre114734   contra el Instituto de Desarrollo Agrario IDA ahora INDER y la Contraloría General de la República. Una vez firme esta sentencia dejará de surtir efectos la medida cautelar dictada por el Juez Tramitador de este Tribunal mediante resolución número 68-2012 de las 8:01 horas del 1 3 de abril de 2012. Se condena a la parte actora al pago de las costas de este proceso, así como a sus intereses.\n\n \n\nAna Isabel Vargas Vargas\n\n \n\nJuan Luis Giusti Soto                                                 Eduardo González Segura\n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:31:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "V.- ON DUE PROCESS. CONFORMITY OF RESOLUTIONS PA-26-2010, R-DC-123-2011, ISSUED BY THE CGR AND ARH-1336-2011 OF THE IDA.\n\n As has been repeatedly considered by the jurisprudence of the Constitutional Chamber (in this regard, among others, see judgments numbers 15-90, 3433-93, 3929-95, 1484-96, 5516-96 and 2003-13140), respect is required for the elements that comprise due process—which derive from the guarantees established in Articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 of the Political Constitution—in administrative proceedings, especially when they are sanctioning in nature—as in this case—, precisely because through them an obligation may be imposed, a subjective right or legitimate interest may be suppressed or denied, or an administrative sanction may be applied (suspension, dismissal, financial, etc.), which have a punitive nature. In this regard, it must be noted that “(...) all these legal norms, derived from the Political Constitution as an ideological model, pursue nothing less than the realization of the fundamental goal of justice, which is the greatest of the principles safeguarding a Rule of Law State, which includes rules—general principles—that have full validity and applicability to the administrative proceedings of any Administration body; it is reiterated, then, that the principles extracted from it must be strictly observed by the authorities responsible for authorizing any administrative proceeding that has as its object or produces a sanctioning result.” (Judgment number 1484-96 of the Constitutional Chamber). The same constitutional jurisprudence has recognized the following requirements as essential and indispensable to any proceeding, which must necessarily be met in order to guarantee the intervening parties the effective exercise of the right of defense, the absence of which constitutes a serious violation of these rights (due process and right of defense): a) notification to the interested party of the nature and purposes of the proceeding, better known as the right to proper notification of charges and imputation, from which it becomes necessary not only the specification of charges, but also the possible imputation of the facts, meaning the indication of the possible sanction to be applied; b) the right to a hearing, which includes the right to intervene in the process, to be heard, and the opportunity for the interested party to present arguments and produce the evidence deemed pertinent; c) as a consequence of the foregoing, the presumption of innocence, which implies that the Administration (or the complainant) is obligated to demonstrate the guilt of the offender or investigated party; d) the opportunity for the administered party to prepare their defense, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; e) the right of the administered party to technical defense, which includes their right to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons, such as expert witnesses; f) adequate notification of the decision issued by the Administration and the grounds on which it is based; g) the right of the interested party to appeal the decision issued, which entails the principle of congruence of the judgment; which, in the case of administrative proceedings, includes not only the right to appeal the final act, but also those procedural acts that have their own effect and could impact the right of defense—the order opening the proceeding, the denial of the holding of the oral and private hearing, the denial of the admission of evidence, the application of precautionary measures, the denial of access to the case file, the reduction of procedural deadlines, and the resolution deciding a recusal. In the case under analysis, the proceeding initiated against the plaintiff is number DAJG-044-2008, which formally began by resolution of the Legal Division of the CGR acting as Directing and Deciding Body, at eight hours fifteen minutes on July 10, 2009. Now, having reviewed the sequence of actions in proceeding DAGJ-44-2008, as evidenced in the digital administrative file and as outlined in the statement of proven facts, this Chamber does not perceive that any element of defense was omitted, such that it could be considered that there was any kind of violation of due process in the case of Mr. Rodríguez Soto. Indeed, the opening act is clear in advising of the facts and charges imputed to all the defendants and specifically to Mr. Rodríguez Soto, of which they were duly notified. It also specifies therein the rules allegedly violated and the applicable sanctions; they were advised regarding the presentation of arguments and evidence at the oral hearing, as well as their right to defend themselves through a lawyer and to consult the administrative file, indicating the place and the documents comprising it up to that moment. They were also warned to indicate a place for receiving notifications and the existing appeals against the resolution, the period for filing them, and who would decide them. The parties were summoned to the hearing. All actions were duly notified in accordance with the law. He had the opportunity to appeal the final act, through appeals for revocation (recursos de revocatoria) and appeal (apelación), which were declared without merit. Subsequently, the Office of the Comptroller General of the Republic, in resolution R-DC-158-2010 at 8:00 a.m. on October 25, 2010, decided the appeals filed against resolution PA-26-2010, declaring them without merit, and even in its operative part, the Comptroller General, in favor of Mr. Rodríguez, determined to suppress ex officio the sanction barring entry and re-entry to public positions that had been ordered in the appealed resolution. Subsequently, once the sanction of dismissal was communicated to the Institute of Agrarian Development (IDA), the Executive President of this institution filed appeals for review and reconsideration, requesting the revocation of the sanctions imposed on his official. Said action was declared without merit by the Office of the Comptroller in resolution No. R-DC-123-2011 at 3:00 p.m. on July 18, 2011, which, when analyzed by this collegiate body, is found to be in conformity with the legal regulations in force, and which was in turn duly communicated to the parties, without any defect being observed that could cause its nullity. Therefore, once all appeals filed in the proceeding were resolved and the sanctioning resolution became final and binding, the IDA was notified for its due execution, and the latter, through official letter No. ARH-1336-2011 of November 8, 2011, notified Mr. Gilberto Rodríguez Soto that the sanction of dismissal takes effect as of November 8, 2011, a resolution that does nothing more than comply with what was already definitively ordered. Therefore, this Tribunal does not observe that any state of defenselessness or violation of the right of defense had arisen that would justify declaring a nullity of all proceedings. As has been rightly stated, in administrative matters it is not about declaring nullities for the sake of nullity itself, but rather the preservation of acts is sought insofar as the guarantees of due process have not been infringed or a substantial non-conformity with the legal order has not been incurred, which is not the case here. Therefore, the sought-after nullity of the challenged actions must be rejected.\n\nVI.- ON THE PUBLIC TREASURY (HACIENDA PÚBLICA). CHARACTER OF PUBLIC OFFICIAL (FUNCIONARIO PÚBLICO).\n\nThe Constitutional Chamber, when analyzing the concept of Public Treasury (Hacienda Pública), stated in its resolution No. 2004-02199 at 12:59 p.m. on February 27, 2004:\n\n“IV.- SUBJECTIVE AND OBJECTIVE COMPONENTS OF THE PUBLIC TREASURY (HACIENDA PÚBLICA). In the preceding recital, it was indicated that the ‘Public Treasury (Hacienda Pública)’ is an indeterminate concept whose specification corresponds, among others, to the legislator. Thus, regarding the subjective scope of the concept, the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, in its numeral 4, indicates that this body exercises its competence ‘(...) over all the entities and organs that make up the Public Treasury (Hacienda Pública)’—passive subjects of its control or oversight—, thereby including every public entity or organ and public enterprises, even extending to subjects of Private Law when they administer or guard public funds or receive public transfers (Article 8, paragraph 3, of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic). Regarding the objective aspect of the Public Treasury (Hacienda Pública), Article 8 of the above-cited law stipulates that ‘(...) it shall be constituted by public funds, the powers to receive, administer, guard, conserve, manage, spend, and invest such funds, and the administrative and financial legal norms relating to the budgetary process, administrative contracting, internal and external control, and the responsibility of public officials (...) (italics not in original). Additionally, Article 10, paragraph 1, of the repeatedly cited legal text provides that the system of superior control and oversight comprises, among other aspects, ‘(...) the set of norms that regulate (...) the procedures, responsibilities, and sanctions derived from that oversight or necessary for it’ (italics not in original). Under this understanding, if the legal and financial norms relating to administrative contracting, the procedures, responsibilities, and sanctions of officials who commit some irregularity in the management and disposal of the allocated public funds form an integral part of the Public Treasury (Hacienda Pública), there is not the slightest doubt that the Comptroller General of the Republic has an undeniably and indisputable competence in the oversight and control of such extremes, such that these attributions, far from violating the Law of the Constitution, realize it. In order to make effective the competence of the Comptroller General of the Republic to supervise the Public Treasury (Hacienda Pública) and, more specifically, the legal and technical norms on administrative contracting, the procedures, responsibility, and sanctions of public officials involved in a possible and presumed irregular, improper, or inappropriate handling of public funds, its organic law expressly and unequivocally enables or empowers this body to conduct audits (financial, operational, and special) or to initiate administrative proceedings or summary investigations against the passive subjects (public organs and entities) and their officials or public agents (Articles 21 and 22).”\n\nIn accordance with the transcribed jurisprudence, it is clear that it is the Comptroller General of the Republic, the entity responsible for initiating the corresponding administrative proceedings against public officials who have intervened in irregular actions, when public funds are involved. The plaintiff maintains that he should not be considered an official of the Public Treasury (Hacienda Pública) because the regulations of the Comptroller General of the Republic do not apply to him. However, consideration must be given to the provisions of Articles 8 and 9 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which establish that the Treasury (Hacienda) is constituted by public funds, and that the component subjects of the Public Treasury (Hacienda Pública) are the State and the other public entities or organs, state or not, and public enterprises, as well as subjects of Private Law, insofar as they administer or guard public funds. For its part, numeral 9 expressly defines public funds as all those resources, securities, goods, and rights owned by the State, public organs, enterprises, or entities. In this sense, this collegiate body agrees with what was indicated in Resolution PA-26-2010, regarding the status as an official of the Public Treasury (Hacienda Pública) of Mr. Gilberto Rodríguez Soto, when stating: \"Finally, when Messrs. Gilberto Rodríguez Soto, Coordinator of Titling Programs, with endorsement of ..., jointly signed official letter STA03, which permitted the titling of parcel number 8-A-858..., as well as when they jointly signed with Mr. ..., official letter STA059-2000 which permitted the titling of parcel number 91815 located within the Los Santos Forest Reserve, in both cases, the defendants were disposing of real estate that belonged to the State. On this point, we must understand 'dispose' in the sense that, thanks to their actions, public domain goods (bienes demaniales) were allowed to be segregated and transferred to individuals, such that the disposal of public funds is clearly manifested, since if the defendants had acted in accordance with the legal order in force at that time, such real estate would not have left the state patrimony. At this point, it is important to substantiate that the real estate in question forms part of the so-called 'Public Treasury (Hacienda Pública)' and that they in turn fulfill a dual role, that of 'property' and that of 'state resource,' since they were property of the State as they formed part of the natural patrimony of the State.\" Consequently, it is appropriate to reject the argument alleged by the plaintiff to the effect that he cannot be considered an Official of the Public Treasury (Funcionario de Hacienda), since there is a legal basis for considering him in such a condition, without this having been disproven.\n\n[...]\n\nVIII.- ON THE REQUESTED COMPENSATION CLAIM.\n\n The existence of a causal link is a prerequisite for the emergence of liability regarding compensation. \"In this regard, it should be remembered that multiple factors frequently converge in the production of damage, within which it is necessary to determine those that are the direct or indirect efficient and adequate cause of the harm caused (regarding the proximate, adequate, and efficient cause, see the aforementioned judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 252-F-01, at 4:15 p.m. on March 28, 2001). In this confluence of factual or legal elements surrounding the damaging situation, there will be a need to establish the apt action or omission that caused the consequence, displacing those that have had no influence on the result (external causes) from those that, had they not occurred, would have avoided the detriment. This is a kind of objective analysis, through which it can be affirmed that with such action or omission it is logical or probable that the specific damage is produced\" (No. 584-F-2005. First Chamber of the Supreme Court of Justice, at 10:40 a.m. on August 11, 2005). Thus, it is the responsibility of the party claiming the damage to prove the existence of conduct to which the harmful result can be attributed, that is, they must prove the existence of the causal link. In this specific case, the sum of twenty-five million colones is requested as compensation for salary loss, as this constituted his sole source of income, and for the psychological impact caused by the loss of his job, after so many years, and the impossibility of being employed again, due to his age, his illnesses, and the loss of his legal benefits. However, as already mentioned, it is necessary to prove the causal link that must necessarily exist between the conduct alleged and the damage caused. In this case, and as has been set forth throughout this resolution, the actions of the Comptroller General of the Republic and the Institute of Agrarian Development, today the Institute of Rural Development, have been in accordance with the law, without any defect being observable that could generate nullity of the challenged acts, based on the reasons alleged by the plaintiff, for which reason no causal link whatsoever has been established to attribute liability to the defendants. By virtue of this, the request for damages must be rejected.\"\n\nVII.- ON THE NATURAL PATRIMONY OF THE STATE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO). UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 8 OF THE LAW ON TITLING AND NATIONAL RESERVES.\n\nRegarding the goods that comprise the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado), the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated: \"(...) Pursuant to numeral 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), 'The natural patrimony of the state (patrimonio natural del Estado) shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for real estate guaranteeing credit operations with the National Banking System and which become part of its patrimony...’ Thus, the norm provides three possibilities regarding the goods that comprise said patrimony: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration.\" (see RES: 000853-F-S1-2011 of the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, issued at ten hours fifteen minutes on July twenty-first, two thousand eleven.).\n\nFurthermore, the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado) is protected by the special legal regime applicable to public domain goods (bienes demaniales), according to which, by their nature and purpose, they are outside the commerce of human beings, are inalienable, imprescriptible, and unseizable. As a consequence thereof, their ownership or possession is not possible, neither gratuitously nor for consideration; they cannot be lost by prescription, nor gained by adverse possession (usucapión). From this perspective, their possession by private individuals shall not confer any rights in their favor. Therefore, and according to what has been transcribed, the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado) is constituted, among others, by real estate covered by forests (bosques), regardless of whether they are located inside or outside the national reserves (Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal)). This is, in this case, an immediate and automatic legal designation to the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado) of any real estate covered by forest (bosque) (Article 15 of the Forestry Law (Ley Forestal)). At this point, it is important to determine that this is not a case of private forest property, as established in Article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal), where previously authorized activities are permitted. Rather, the real estate in question forms part of that Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado), since, on one hand, its purpose was to protect the natural resources of the area, forest resources, and water, in the case of the Los Santos Forest Reserve, where real estate or parcel number 91815 is located, as well as to protect the wetlands and other biological diversity characteristic of the Atlantic zone, in what is the Gandoca - Manzanillo Natural Refuge, where parcel 8-A-858 is located. From this, it is inferred that both real estate properties, being located in National Reserves, form part of the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado), with the characteristics inherent to public domain goods (bienes demaniales), such as unseizability, inalienability, and imprescriptibility. Regarding the inclusion of both real estate properties as part of the Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado), it must be taken into account that both belong to zones that are National Reserves, with decrees establishing their creation and that, in turn, do not permit the possibility of appropriation by private individuals. On the other hand, this proceeding involves two real estate properties located in Reserves, which could not be titled also because Article 8 of the Law on Titling and National Reserves had already been declared unconstitutional, according to judgment number 2988-99, at eleven hours fifty-seven minutes on April twenty-third, nineteen hundred ninety-nine. At that time, the Constitutional Chamber considered that the case involved zones \"... protected precisely because of the importance and relevance for our country of maintaining a balanced ecological environment, coupled with the commitments the country has assumed in a series of international conventions in pursuit of global environmental protection .... In the case under examination, the challenged norm seeks to title zones that have been declared protected, precisely because of how important their conservation is in the face of various human activities that alter the ecosystems and habitats of the environment that develops in these places, as well as the preservation of forests (bosques), which are important for the generation of essential and invaluable goods, such as water. The legislator, in the present law, highlights the need to grant a property title to the occupants of the zones in question, indicating that the acquisition is subject to the environmental limitations and protections that exist in this regard; however, from the study of the challenged norm, it appears that the power to title in these areas covers an indiscriminate scope of application, which, should it occur, could result in titling areas in which many of the activities carried out by man are incompatible and could seriously harm the ecosystem developed there, as well as the vulnerability that would exist for the State to exercise adequate surveillance over them, which, even assuming that these people have been occupying these areas, which are public domain goods, for many years, does not in any way justify that any of these areas can be titled, since the State itself, in protection of the environment, can order the eviction of these people in those areas where their presence is instead producing a counterproductive effect, which would consequently cause, in the event that such areas were titled, the State to have to expropriate a good that it perhaps had to expropriate once to declare it a protection zone, thereby incurring an unreasonable act. The foregoing does not imply that the State cannot disaffect a given area because the purposes for which it was protected are no longer fulfilled, or even that it cannot intend to title specific zones; however, this can be done where there is a prior technical study demonstrating the nature of the area to be titled and the possible coexistence of both man and the ecosystem, as well as the consequences deriving therefrom; therefore, the indiscriminate titling of areas of this nature cannot be permitted, as this would run counter to the very environmental conservation policies that the State has pursued by virtue of the mandates ordered by the Political Constitution and the International Conventions it has signed...\" (judgment number 2988-99, cited). Consequently, this Chamber considers there is no possibility of confusion; the regulations in force are clear and congruent, and the discussion in this proceeding concerns two farms: number 91815, located within the Los Santos Forest Reserve, where its lands are inalienable, according to a declaration made since nineteen hundred seventy-five, pursuant to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 5389, and number 8-A-858, located within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge; its declaration as a refuge, although it has undergone modifications, since nineteen hundred ninety-four has not permitted titling goods in the name of private individuals in the mentioned Refuge, so that all real estate that has been subject to titling based on regulations that have been repealed must proceed to be recovered. It is important to note in this section that the condition as Natural Patrimony of the State (Patrimonio Natural del Estado) of both real estate properties made their titling in favor of private individuals impossible.”\n\n3.- That the dismissal be declared a violation of the UNEIDA Collective Bargaining Agreement; 4.- That the Institute of Agrarian Development be ordered to immediately reinstate the undersigned to the position he held; 5.- That I be reinstated to the position I held prior to the dismissal with all the rights and guarantees accumulated during my years of service to the IDA; 6.- That the wages I ceased to receive from my dismissal until my effective reinstatement be paid to me, along with the increases decreed by the Government, school salary, year-end bonus, and all those benefits received by IDA employees; 7.- That the IDA be ordered to pay the contributions omitted to the Costa Rican Social Security Fund; 8.- (Reformulated at folio 84) That the IDA be ordered to pay material damages, objective and subjective moral damages, and losses caused by the unlawful action originating from my dismissal without employer liability, which entailed: a) financial detriment as my salary represented my sole source of income, b) psychological harm caused by the loss of all my years of continuous work; the illegitimate termination of the employment contract and the impossibility of securing new employment due to my advanced age and my illnesses, loss of my legal benefits for all the time worked, discouragement and despair from lack of employment; c) Harm to my honor and my name as a public employee; caused by my dismissal without employer liability. I estimate these items a), b), and c) in the sum of nine hundred seventy-five million colones, which may be duly established through the corresponding mathematical expert. 9.- That the IDA be ordered to pay statutory interest until effective payment. 10.- That the IDA be ordered to pay the corresponding adjustment for inflation (indexacción) until effective payment; 11.- That the IDA be ordered to pay costs. In the preliminary hearing, the plaintiff withdraws subsection a) of point eight of the amendment to the complaint at folio 84; estimates subsections b) and c) in the sum of twenty-five million colones and withdraws the sum of nine hundred seventy-five million colones. During the trial hearing, the plaintiff also withdraws points 6, 7, 9, 10, and 11 of the complaint (folios 72 to 74, 84, 248 vto, and digital recording of the trial hearing).\n\n2.- The representative of the IDA, now INDER, answered the complaint, opposing it and requesting it be declared without merit (folios 94 to 98 of the judicial file).\n\n3.- The representatives of the Comptroller General of the Republic, Hansel Arias Ramírez and Fabio Salas Chinchilla, answered in the negative, raised the defense of lack of right, and request that the complaint be declared without merit and that the plaintiff be ordered to pay costs and both interests until their effective payment (folios 147 to 156 of the judicial file).\n\n4.- The State Attorney, Marianella Barrantes Zamora, answered the complaint negatively and raised the defenses of lack of standing with respect to the State and lack of right, and requests that the complaint be declared without merit and that the plaintiff be ordered to pay any eventual damages and losses, both costs of this action, and their respective interests (folios 190 to 231 of the judicial file).\n\n5.- The plaintiff requested a preliminary interim measure (medida cautelar anticipada) which was processed in a separate file, and in Resolution No. 68-2012 of 8:01 a.m. on April 13, 2012, it was ordered: \"The interim measure requested by Nombre114734 is granted. The effects of the ex officio administrative act No. 11845 dated December 1, 2010, DJ-4052-2010 of the Comptroller General of the Republic, as well as Resolution R-DC-123-2011 of 3:00 p.m. on July 18, 2011, issued by the latter, and Official Letter ARH-1336-2011, dated September 8, 2011, of the Institute of Agrarian Development are suspended. The reinstatement of Mr. Nombre114734 is ordered in the functions he had been performing, maintaining his employment conditions unchanged. This measure is adopted for the time the main proceedings last or until some factual circumstance eventually motivates its modification or suppression. The party promoting the interim measure is advised that the complaint must be filed within fifteen days, counted from the day following the notification of this resolution; otherwise, its lifting will be ordered, and the requesting party will be ordered to pay the damages and losses caused, which will be liquidated through the judgment enforcement procedure.\" (Bold from the original). Said resolution was appealed by the State and by the Comptroller General of the Republic (folios 383 to 402 of the interim measure file), and the Administrative Appeals Court, in Resolution No. 475-2012 of 10:31 a.m. on August 20, 2012, confirmed the previous ruling (folio 407 of the interim measure file).\n\n6.- On June 7 of the current year, the preliminary hearing was held in this matter (folios 248 to 250 of the judicial file).\n\n          7.- On October 7 of this year, the oral and public trial was held in this matter (recording on CD).\n\n           8.- The procedures have observed the prescriptions of law, and this Court has not determined any defect or omission capable of causing nullities that must be remedied. This judgment is delivered within the fifteen-business-day period established for this purpose by Article 111.1 of the Administrative Contentious Procedural Code, after due deliberation and unanimously.\n\n          Drafted by Judge Vargas Vargas;\n\nWHEREAS\n\n          I.- PROVEN FACTS: Of relevance for the purposes of this process, the following are taken as proven: 1.- On Cadastral Map Nº SJ-72275-99 of the property registered to real folio Nº 1-209478-000 in the name of possessor Nombre115537 of Cascada Sociedad Anónima, on the front there is a visa stamp Nº0508-99 from the Ministry of Environment and Energy stating: “Based on the location appearing on this map, the property described is located WITHIN the Los Santos Forest Reserve, according to Executive Decree or Law Nº 5389-A and amendments of 11-12-75 or as provided in the Ley Forestal Nº 7575 and related legislation. The registration of this map is authorized for cadastral purposes. Date 07-05-99\" (folio 20 numbered in red of Volume I of the digital administrative file and folio 49 of the interim measure file); 2.- On April 27, 2000, the now-deceased IDA official Nombre115538 completed the titling information for parcel Nº91815, cadastral map SJ-572275-99, in favor of possessor Nombre115537 in Cascada Sociedad Anónima, whose legal representative was Mr. Aurelino Esquivel Cascante. In said record, the IDA official indicates that according to the inspection, he has verified the measurement, location, and land use and that the forest resource has been satisfactorily conserved; therefore, he recommends that the parcel may be titled; however, in that same document, he notes that this parcel has a total area of 23 hectares, 22,600.75 square meters, of which eleven hectares correspond to forest and 12 hectares 22,260.75 m² to pasture (see folio 00021 of the administrative file); 3.- Through Official Letter OSRS-058-00 from the Central Pacific Conservation Area, Los Santos Subregional Office, it is expressly stated that the property under cadastral map number SJ-572275-99 is located within the Los Santos Forest Reserve, created by Executive Decree Nº5389-A (see folios 00022 to 00023 of the administrative file); 4.- Through Official Letter STA-059-2000, dated May 30, 2000, Messrs. Nombre114734, Coordinator of Titling Programs, with the Approval of Lic. Federico Villalobos Chacón, advisor, and approval of Agustín Villalobos Salazar of the Directorate of Settlement Development Training, all of the Institute of Agrarian Development (IDA), presented to the Institution's Board of Directors a request for segregation and transfer of 44 lots and parcels as the possessors met the conditions and legal requirements demanded in Ley 7599 (Ley de titulación de tierras ubicadas en Reservas Nacionales) of August 9, 1999, so that the corresponding supplementary title of ownership is issued, all from Delivery Nº 100 of Valle del General and among which was parcel 91815 for an area of 23 hectares 2,260.75 m² in favor of Arco Iris in la Cascada Sociedad Anónima (see folios 00024 to 00026 of the administrative file); 5.- In the minutes of the IDA Board of Directors session Nº 040-2000 held on June 5, 2000, in its agreement seven, article seven, it authorized the segregation and transfer of forty-four lots and parcels of the Valle del General Project, Delivery 100. Among the forty-four properties was parcel number 91815, which was located within the Los Santos Forest Reserve with a total area of 23ha 2,260.75m², in favor of Arco Iris en La Cascada (folios 00027 to 00034 of the administrative file); 6.- By public deed, executed before notary Carlos Enrique García Anchía, the adjudication was carried out on June 15, 2000 (folios 39 to 94 of the administrative file); 7.- By Official Letter number DAGJ-0359-2009 of March 10, 2009, the Legal Advisory and Management Division of the Comptroller General of the Republic requested the User Service Office of the National System of Conservation Areas (SINAC) to indicate whether the property located under cadastral map SJ-572275-99 in favor of Arco Iris en la Cascada S.A. had any legal encumbrance during the year 2000 (folios 95 and 96 of the digital administrative file); 8.- The previous request was answered in Official Letter SINAC-DS-OFAU-O-008-2009 of March 24, 2009, stating that cadastral map Nº SJ-572275-99, during the period consulted from 1999 to the date of the letter, was located within the Los Santos Forest Reserve (folios 97 and 98 of the digital administrative file); 9.- On cadastral map number I-246216-95 of April 6, 1995, a stamp from the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines appears stating that this property is located within the Gandoca Manzanillo National Refuge: “VISA N°488-95. Based on the location indicated on this map, the property described is located WITHIN the GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE R.N DE E.S. According to executive decree or law N° Placa7711 of 10-29-85, as provided in the Ley Forestal N°7174, the Ley de Conservación de Vida Silvestre N°7317, and related legislation. The registration of this map is authorized for cadastral purposes. MAR 27 1995” (folio 00099 of the administrative file); 10.- On February 23, 2000, Mr. Marco Zúñiga Montero, in his capacity as Agricultural Technician of the Institute of Agrarian Development (IDA), completed the Titling Record for parcel number 8-A-858, cadastral map number L-246216-95, in favor of possessor Nombre115539. In said record, Mr. Marco Zúñiga indicates that according to the inspection carried out, he has verified the measurement, location, and land use and that the forest resource has been satisfactorily conserved; therefore, he recommends that the parcel may be titled (folio 00100 of the administrative file); 11.- Messrs. Nombre114734, Coordinator of Titling Programs, with Approval of Lic. Federico Villalobos Chacón, advisor, jointly signed Official Letter STA03, addressed to the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, requesting the segregation and transfer of forty-three lots and parcels, as the possessors meet the conditions and legal requirements demanded by Ley 7599 (Ley de Titulación y Reservas Forestales) of August 9, 1999, so that the corresponding supplementary title of ownership is issued, all from Delivery N°45 of Talamanca and among which was parcel Dirección5132, for a total area of 642.58m² in favor of Nombre115539 (folios 00101 to 0103 of the administrative file); 12.- By ordinary session of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development number 20-2000, of March 6, 2000, Agreement Nº7, Article one, the segregation and transfer of forty-two lots and parcels of the BIRF Project Nº45, Delivery 45, located in Varios, Talamanca, Limón Province, Huetar Atlántica Region, was unanimously approved, as the beneficiaries met the conditions and requirements demanded in Ley 7599. Among the forty-four properties listed was parcel number Dirección5132-, for a total area of 642.58m² in favor of Nombre115539 (folios 106 to 114 of the administrative file); 13.- On March 10 of the year two thousand, the deeds of segregation and transfer of the properties belonging to the BIRF-Talamanca titling project were executed in favor of their possessors; among them was Mr. Nombre115539 (folios 00119 to 00137 of the administrative file); 14.- Through Official Letter DAGJ-0359-2009, dated March 10, 2009, the Legal Advisory and Management Division of the Comptroller General of the Republic requested the Head of the User Service Office of the National System of Conservation Areas (SINAC) to indicate whether the property located under cadastral map L-246216-95 in favor of Nombre115539 had any legal encumbrance during the year 2000 (folios 0095 to 0096 of the administrative file); 15.- The previous request was answered through Official Letter SINAC-DS-OFAU-O-008-2009, from the aforementioned Office, stating, \"In the case of the property, it was located within the GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE, and as of today's date, it still is,\" and further noting that the visa date of said map is 07/05/1999. (folios 97 and 98 of the administrative file); 16.- The Legal Division of the Comptroller General of the Republic, constituted as the Directing Body, in a resolution at 8:15 a.m. on July 10, 2009, opened administrative procedure Nº DAGJ-044-2008, aimed at ascertaining the real truth of the facts as well as the alleged disciplinary liability of several officials of the Institute of Agrarian Development, among them Mr. Nombre114734, an act in which the facts were determined, imputing possible liability for his participation in the authorization process to segregate and transfer parcel 91815 located within the Los Santos Reserve when no enabling legal norm existed for it and for his participation in the authorization process to segregate and transfer parcel 8-A-858 located within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge when no enabling legal norm existed for it. Said resolution was notified to Mr. Nombre114734 (folios 139 to 145 and 157 of Volume I of the digital administrative file); 17.- On July 30, 2009, Mr. Nombre114734 filed a motion for revocation with subsidiary appeal against the opening act of procedure DAGJ-044-2008, and the Legal Division of the Comptroller General of the Republic, in a resolution at 9:30 a.m. on August 19, 2009, declared the motion for revocation without merit and elevated the appeal motion to the Comptroller (folios 249 to 260 of Volume I of the digital administrative file); 18.- Through Resolution R-DC-49-2009 of September 17, 2009, the Office of the Comptroller declared the appeal motion against the opening order of the administrative procedure filed by Mr. Nombre114734 without merit (folios 317 to 326 of Volume I of the digital administrative file); 19.- The Legal Division of the CGR, in a resolution at 8:30 a.m. on October 5, 2009, once the appeals filed against the initial order of the administrative procedure were resolved, ordered the parties to be summoned for an oral and public hearing starting at 9:00 a.m. on October 23, 2009 (folios 348 and 349 of Volume I of the digital administrative file); 20.- On the indicated day and time, the oral and public hearing began, which had to be suspended due to the incapacity of one of the accused (folios 645 to 654 of Volume I of the digital administrative file); 21.- Given requests for suspension from two more of the accused, a new time and date to continue the oral and public hearing was finally set for 9:00 a.m. on January 15, 2010 (folios 763 and 764 of Volume I of the digital administrative file); 22.- On the indicated day and time, the oral and public hearing took place (folios 1228 to 1320 of Volume I of the digital administrative file); 23.- Through Resolution PA-26-2010 of the Legal Division of the Comptroller General of the Republic at 11:00 a.m. on April 7, 2010, the matter was resolved on its merits, and regarding Mr. Nombre114734, it established his administrative liability with a degree of gross negligence (culpa grave) for the charges imputed, thus recommending in a binding manner the application of the sanction of dismissal without liability for the State, as well as the prohibition of entry or re-entry to a position of the Public Treasury for a period of 5 years, which results in the undersigned immediately ceasing from any position of the Public Treasury in which he is appointed, without liability for the State. Said resolution was notified to Mr. Nombre114734 on April 20, 2010 (folios 1337 to 1410, 1424 and 1425, all from Volume II of the digital administrative file); 24.- Mr. Nombre114734 filed motions for revocation and subsidiary appeal against the previous resolution, and the Legal Division of the Comptroller General of the Republic, through a resolution at 9:00 a.m. on May 31, 2010, declared the motion for revocation without merit, which was notified to the appellant on June 4, 2010 (folios 1540 to 1562 and 1575, all from Volume II of the digital administrative file); 25.- By Resolution R-DC-158-2010 at 8:00 a.m. on October 25, 2010, the Office of the Comptroller resolved the appeal motion, declared it without merit, and in turn, sua sponte suppressed the sanction of entry and re-entry to positions of the Public Treasury for the plaintiff, maintaining the sanction of dismissal without employer liability. This resolution was notified to Mr. Nombre114734 on November 1, 2010 (folios 1779 to 1820 and 1829 of Volume III of the digital administrative file); 26.- By Official Letter N°11845 of December 1, 2010, DJ-4052-2010, the Legal Division of the Comptroller General of the Republic communicated to the Executive Presidency of the IDA, now INDER, the final resolution of the sanction to be applied to Mr. Nombre114734 (folios 1848 to 1851 of Volume III of the digital administrative file); 27.- The Executive President of the IDA filed before the Comptroller General of the Republic motions for review and reconsideration against Resolution PA-26-2010 of 11:00 a.m. on April 7, 2010 (folios 1852 to 1877 of Volume III of the digital administrative file); 28.- By Resolution R-DC-123-2011 of the Comptroller General of the Republic at 3:00 p.m. on July 18, 2011, the review request presented by the executive presidency of the IDA is heard and declared without merit (folios 1908 to 1923 of Volume III of the digital administrative file); 29.- Through Official Letter N° 07302 of August 16, 2011, DJ-0855-2011, the Legal Division of the Comptroller General of the Republic reiterated to the executive president of the IDA the binding recommendation issued in disciplinary procedure DAGJ-44-2008 (folio 1945 Volume III of the digital administrative file); 30.- Through Official Letter dated August 19, 2011, PE-1519-2011, the executive presidency of the IDA communicated to the Comptroller General of the Republic that it had proceeded to request the Human Resources Area to execute the respective action and corresponding personnel actions for Mr. Nombre114734 (folio 1946 of Volume III of the digital administrative file); 31.- By Official Letter ARH-1336-11 of November 8, 2011, addressed to Mr. Nombre114734, the Human Resources Coordinator communicated that his dismissal without employer liability would become effective as of November 8, 2011, and that the corresponding liquidation of legal entitlements would be carried out. This was communicated to the plaintiff on that same date (folio 216 of the interim measure file); 32.- On November 18, 2011, Mr. Nombre114734 filed before the Administrative Contentious Court an interim measure for the suspension of the effects of the dismissal act (folios 1 to 16 of the interim measure file); 33.- By Resolution N°68-2012, at 8:01 a.m. on April 13, 2012, the Administrative Contentious and Civil Treasury Court granted the requested interim measure, and suspended the effects of the ex officio administrative act N°11845 dated December 1, 2010, DJ-4052-2010 of the Comptroller General of the Republic, as well as Resolution R-DC-123-2011 of 3:00 p.m. on July 18, 2011, issued by the latter, and Official Letter ARH-1336-2011 dated November 8, 2011, of the Institute of Agrarian Development; ordering the reinstatement of Mr. Nombre114734 in the functions he had been performing, maintaining his employment conditions unchanged (folios 367 to 380 of the interim measure file).\n\n           II. PARTIES' ARGUMENTS.\n\nPlaintiff: The attorney representing the plaintiff indicates that Mr. Nombre114734 has been a public servant for forty-four years and eleven months and that in the year two thousand ten, he was found liable and dismissed without employer liability. He states that he worked for the Institute of Agrarian Development, an institution that filed a review motion against the dismissal, as he was an experienced official knowledgeable in many subjects; he further maintains that the plaintiff is the sole support of his family and that said sanction causes irreparable harm, given that at his age it is difficult to find new work, affecting his socioeconomic stability. It is for this reason that an administrative contentious proceeding was initiated, in which an interim measure was granted that keeps him in his position, thus avoiding the danger of being out of work. He affirms that he is a non-professional employee, who works in an office that only processes paperwork; that is where he works. He states that these functions were performed until 2004, and the Comptroller's Office determined that he has always had these functions, but it was not until the year two thousand four that these procedures were received. He adds that at the time the situations occurred, the ocular inspection, the assignment of the parcel number, etc., were tasks of the Board of Directors; furthermore, he maintains that the regional offices were responsible for analyzing the information contained in the documentation, verifying that it was consistent and truthful, and once this was determined, it was sent with a recommendation for titling; it was only at that moment that it arrived at the office under his charge. According to his statement, once the file was in his hands, he saw the official letter, and his function was simply to forward that letter to the Board of Directors requesting the transfer and segregation. He says his task was to request authorization for the recommendation. He adds that whether the documents violated the legal system was not something he could notice because his function was procedural and that was a function of the regional office. He also points out that the plaintiff was not solely dedicated to performing those tasks, that the titling files contained documents that were of utmost importance, and they were documents that, even though the properties were titled within Reserves, could not be titled; however, he argues that despite being within Reserves, they could be titled because there was a decree permitting titling in those reserves. He states that decrees were created so that the lands in that place could be titled. He argues that one of the titling files presented within the administrative file was in a protected area in the name of Nombre115540 and was neither considered nor assessed. He mentions some official letters in which he says there are lands within national parks that are not understood to be incorporated into the Natural Heritage of the State (patrimonio natural del Estado), this because, he affirms, the Institute of Agrarian Development never bought nor expropriated them. He states that those lands were donated to the IDA so that the possessors could title them, and this was accomplished. He affirms that the core point is that titling was permitted in those reserves because they were granted to the IDA temporarily and that the plaintiff acted in accordance with the principle of legality and the duty of obedience. He also points out that in nineteen eighty-seven, the Comptroller General of the Republic approved the agreement signed with the Ministry of Justice for the purpose of registering private individuals' maps, also citing Article 5 of the decree that created the Gandoca Manzanillo refuge, and that in nineteen eighty-eight, the National Cadastre Directorate issued a resolution to cadastrally register changes on various maps. He adds that in the Gandoca-Manzanillo Refuge, there is a mixed category comprised of private and public property. He mentions the existence of an official letter that he says certified that the natural heritage was not affected, and that in that case, authorization from the protected wildlife area was obtained. He maintains that this is the fundamental basis that permitted the titling, and that the plaintiff's task was not to verify the information, but only to process it. He points out that, once verified, it was sent to the Central Office. He adds that in this matter, a legal framework existed that permitted the titling and that these were approved by the Comptroller General of the Republic. He argues that, given his duties, the sanction of dismissal is a disproportionate measure. Therefore, he requests the annulment of that measure and that he be reinstated. At this act, the plaintiff waives the claims numbered 6, 7, 9, 10, and 11 of the complaint. He maintains what was claimed in point 8 subsections b) and c), ratifying the amount to be compensated as twenty-five million colones, as was defined in the preliminary hearing.\n\n           Arguments of the IDA, now INDER: The representative of the institute states that an administrative disciplinary procedure was carried out against the plaintiff, initiated by the Comptroller General of the Republic; that motions and a review motion were filed with a series of elements opposing the dismissal. The attorney for the co-defendant argues that the proportionality of the sanction is not shared. She maintains that at the institutional level, the basic premise is that the recommendation comes from the regional office. She points out that these matters involve a set of procedures for completing the file and that the plaintiff is responsible for a procedural office. She states that the institution she represents opposed the dismissal sanction; that there is a transformation in the IDA starting in 2004, and before that date, those requirements were not demanded; she also points out that ambivalent criteria were handled. She notes that it was a staggered procedure, where the technical direction came from the regional office. She mentions that the ambivalence occurred in the certifications from MINAE, as they did not specify whether or not it involved State property. She adds that the titling actions have not been annulled to date, even though the dismissal is being challenged. She adds that the plaintiff did not provide the technical recommendation because he does not have the professional profile to do so; therefore, she does not share the technical analysis during the investigation nor the proportionality of the sanction, arguing that MINAE's position was not assessed. She states that the recommendation or the executed act did not lead to the result and that therefore there is no causal link.\n\nArguments of the State: The representative of the Office of the Attorney General argues that there is a lack of passive standing (legitimación pasiva), in accordance with Article 12 subsection 5) of the Administrative Contentious Procedural Code, because this involves a process handled by the Comptroller General of the Republic against the IDA, and the Comptroller's participation does not need to be backed by the State. In relation to the administrative procedure, it is in accordance with the law, the sanction is objective and duly verified, and she indicates there is no violation of due process.\n\nArguments of the Comptroller General of the Republic:\nThe attorney for the co-defendant institution points out that what is analyzed in this process are two titling procedures, in which the plaintiff allowed two public domain lands to be in private hands today. He states that the faults are proven, and therefore, there is a causal link between the committed fault and the damage caused to the public domain. He adds that during the development of the administrative procedure, the public nature of the lands and the titling carried out on those natural reserve lands were determined. He mentions that map SJ-572275-99 is a land located in the Los Santos Reserve, and map L-24616-95 is a land located in the Gandoca–Manzanillo Reserve. He adds that information on the location and placement of those lands should have been clear to the official at the time of making the request, and MINAE had even indicated that the first lot was located in the Los Santos Reserve, and the titling record made by the IDA official identifies the location; he says it matches what the cadastral map indicates. Furthermore, he notes that the Gandoca Manzanillo Refuge was created under that condition since the year nineteen seventy-five, and it is classified as Natural Heritage of the State. Thus, the IDA itself was aware of the status of the lands as public domain assets.\n\nHe adds that administrative disciplinary proceedings were initiated against several public officials for these acts. He states that the plaintiff was the coordinator of the titling program and that in official letter STA-03-2000, he indicates that the legal requirements for its transfer and segregation (segregación) were met, and he adds that this was his request to the institution's Board of Directors: that titling in favor of private individuals be authorized, and he signs it in his capacity as coordinator of the titling program. In this regard, the representative of the Comptroller General's Office affirms that greater hierarchy entails greater responsibility, according to Article 213 of the General Public Administration Act. He also points out that due process was followed; there was an oral hearing in which the parties' right of defense was respected, and they submitted their evidence there. He maintains that they also used all the means of challenge available to them, including a motion for review filed by the Agrarian Development Institute itself, and all were duly heard and resolved. He indicates that dismissal is the consequence of the committed offense. Regarding moral damages, he affirms that the plaintiff does not distinguish which moral damages he is referring to, given that objective moral damages require proof, and he says that subjective moral damages were not proven. He requests that the defense of lack of right be upheld, the lawsuit be dismissed, and the plaintiff be ordered to pay both sets of costs.\n\nIII.- ON THE LACK OF PASSIVE LEGITIMATION .\n\n The state attorney raised this defense and maintains that the State should not participate in this matter, given that the questioned actions come directly from the Comptroller General of the Republic and, therefore, the presence of the State is not required. Subsection 5) of Article 12 of the Contentious-Administrative Procedure Code provides: \"The following shall be considered the defendant party... 5) The Comptroller General of the Republic: a) Jointly with the State, when the proceeding concerns the administrative conduct of the former, related to the exercise of its constitutional and legal competence. b) Jointly with the audited entity, when the proceeding concerns an administrative conduct subject to its control, in the exercise of its oversight or superior tutelage powers over the Public Treasury (Hacienda Pública).\" As stated in the complaint, the questioned conduct stems from actions of the Comptroller General of the Republic on the occasion of the administrative sanctioning procedure instituted against Mr. Nombre114734 and other IDA officials, administrative procedure No. DAGJ-044-2008. Therefore, from this perspective, the CGR's actions fall under subsection b) of the aforementioned fifth subsection of Article 12 of the Contentious-Administrative Procedure Code, and consequently, only the Comptroller General of the Republic and the IDA must be designated as the defendant party to represent the interests of the administration. Consequently, there is a lack of passive legitimation regarding the State's participation in this proceeding, so it must be upheld and the lawsuit against the State declared inadmissible.\n\n IV.- ON THE STATUTE OF LIMITATIONS .\n\n The plaintiff maintains that the administrative proceeding has been time-barred from its inception; the plaintiff raised the statute of limitations defense through his attorney during the oral and public hearing, just as the other indicted IDA officials had previously done. On this matter, this Chamber adopts the arguments outlined in resolution PA-26-2010, at folio 73 of the precautionary measure file, which states: \"In this regard, in accordance with the resolution of eight hours fifteen minutes on July tenth, two thousand nine, which corresponds to the act of opening this administrative proceeding, the individuals ... Nombre114734 were charged with the sanctions contained in Articles 68, subsection e) and 81, subsection l) of the Labor Code, an eight-day suspension without pay or dismissal without liability for the State. Likewise, they were charged with the possible application of the prohibition on entering or re-entering any post in the Public Treasury contained in Article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which may be from two to eight years. Said charge is clear in indicating that the imposition of the aforementioned prohibition had the consequence that the offender would immediately cease from any post in the Public Treasury in which they were appointed, without liability for the State... Having set forth the matters in this way, it is necessary to indicate from that moment that for cases in which suspension and dismissal were charged, the applicable statute of limitations is that of Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which, according to said article in force at the time of the charged acts, was two years, counted from the proven knowledge of the offense by the competent body to initiate the respective sanctioning procedure.\" Thus, if the term was two years, it began to run from the knowledge of the matter, and it was not until October 3, two thousand eight, that the Legal Division of the Comptroller General of the Republic learned of the facts. A term that, in any case, was subsequently interrupted by the notification of the initial act of the administrative proceeding, as well as by all duly notified actions within the administrative proceeding, which has prevented the aforementioned term from elapsing. These reasons compel the rejection of said defense.\n\n V.- ON DUE PROCESS. CONFORMITY OF RESOLUTIONS PA-26-2010, R-DC-123-2011, ISSUED BY THE CGR, AND ARH-1336-2011 OF THE IDA.\n\n As repeatedly considered by the jurisprudence of the Constitutional Chamber (in this regard, among others, see judgments numbers 15-90, 3433-93, 3929-95, 1484-96, 5516-96, and 2003-13140), respect for the elements that constitute due process—derived from the guarantees established in Articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, and 42 of the Political Constitution—is required in administrative proceedings, especially when they are sanctioning in nature—as in this case—precisely because in such proceedings, an obligation may be imposed, a subjective right or legitimate interest may be suppressed or denied, or an administrative sanction (suspension, dismissal, economic, etc.) may be imposed. Such sanctions are punitive in nature. In this regard, it must be noted that \"(...) all these legal norms, derived from the Political Constitution as an ideological model, pursue no more and no less than the realization of the fundamental end of justice, which is the greatest of the principles safeguarded by a Rule of Law State, in which are included rules—general principles—that have full validity and applicability to the administrative proceedings of any administrative body. It is reiterated, then, that the principles extracted from it must be strictly observed by the authorities in charge of authorizing any administrative proceeding that has as its object or produces a sanctioning result.\" (Constitutional Chamber Judgment number 1484-96). The same constitutional jurisprudence has recognized the following essential and indispensable requirements for any proceeding, which must necessarily be fulfilled to guarantee the effective exercise of the right of defense to the intervening parties, the absence of which constitutes a serious violation of these rights (due process and right of defense): a) notification to the interested party of the character and purposes of the proceeding, better known as the right to proper charge and imputation, whereby not only the statement of charges is necessary, but also the possible imputation of the facts, meaning the indication of the possible sanction to be applied; b) the right of audience, which includes the right to intervene in the proceeding, to be heard, and the opportunity for the interested party to present arguments and produce evidence deemed pertinent; c) a consequence of the foregoing, the presumption of innocence, which implies that the Administration (or the complainant) is obligated to demonstrate the guilt of the offender or investigated party; d) the opportunity for the administered party to prepare their allegation, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; e) the right of the administered party to a technical defense, which includes their right to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons, such as experts; f) adequate notification of the decision issued by the Administration and the grounds upon which it is based; g) the right of the interested party to appeal the issued decision, which entails the principle of congruence of the judgment; in the case of administrative proceedings, this includes not only the right to appeal the final act but also those procedural acts that have their own effect and may affect the right of defense—the order initiating the proceeding, the denial of an oral and private hearing, the denial of evidence, the application of precautionary measures, the denial of access to the file, the reduction of procedural deadlines, and the resolution deciding a recusal. In the case under analysis, the proceeding initiated against the plaintiff is No. DAJG-044-2008, which formally began by resolution of the Legal Division of the CGR, acting as the Directing and Deciding Body, at 8:15 a.m. on July 10, 2009. Now, having reviewed the sequence of actions in proceeding DAGJ-44-2008, as evidenced in the digital administrative file and as outlined in the statement of proven facts, this Chamber does not find that any element of defense was omitted, such that it could be considered that there was any kind of violation of due process in the case of Mr. Nombre114734 . Indeed, the opening act is clear in stating the facts and charges imputed to all the defendants and specifically to Mr. Nombre114734 , of which they were duly charged. That same act also specifies the allegedly violated norms and the applicable sanctions; they were warned about the presentation of arguments and evidence at the oral hearing, as well as their right to defend themselves through an attorney and to consult the administrative file, indicating the place and the documents that comprised it up to that moment. They were also warned to designate a place to receive notifications and the existing remedies against the resolution, the deadline to file them, and who would resolve them. The parties were summoned to the hearing. All actions were duly notified according to law. He had the opportunity to appeal the final act through motions for reconsideration and appeal, which were dismissed. Subsequently, the Office of the Comptroller General of the Republic, in resolution R-DC-158-2010 of 8:00 a.m. on October 25, 2010, resolved the appeals filed against resolution PA-26-2010, dismissing them. Furthermore, in its operative part, the Comptroller General, in favor of Mr. Nombre114734, determined to sua sponte eliminate the sanction of prohibition on entering and re-entering public posts that had been ordered in the appealed resolution. Subsequently, once the sanction of dismissal was communicated to the Agrarian Development Institute, the Executive President of this institution filed motions for review and reconsideration, requesting the revocation of the sanctions imposed on its official. Said motion was dismissed by the Comptroller's Office in resolution No. R-DC-123-2011 at 3:00 p.m. on July 18, 2011, which, upon analysis by this collegiate body, is found to be in accordance with the applicable legal provisions. This resolution was also duly communicated to the parties, without any defect being observed that could cause its nullity. Thus, once all remedies filed in the proceeding were resolved and the sanctioning resolution became final, the IDA was notified for its due execution, and the IDA, through official letter No. ARH-1336-2011 of November 8, 2011, notified Mr. Nombre114734 that the sanction of dismissal was effective as of November 8, 2011. This resolution does nothing more than comply with what had already been definitively ordered. Consequently, this Court does not observe that any state of defenselessness or violation of the right of defense occurred that would justify declaring nullity of all proceedings. As has been rightly stated, in administrative matters, the objective is not to declare nullities for the sake of nullity itself, but rather to seek the preservation of acts insofar as the guarantees of due process have not been infringed or a substantial non-conformity with the legal system has been incurred, which is not the case here. Therefore, the requested nullity of the challenged actions must be rejected.\n\nVI.- ON THE PUBLIC TREASURY. STATUS AS A PUBLIC OFFICIAL.\n\nThe Constitutional Chamber, when analyzing the concept of the Public Treasury, stated in its resolution No. 2004-02199 of 12:59 p.m. on February 27, 2004:\n\n\"IV.- SUBJECTIVE AND OBJECTIVE COMPONENTS OF THE PUBLIC TREASURY. In the preceding recital, it was indicated that the 'Public Treasury' is an indeterminate concept whose specification corresponds, among others, to the legislator. Thus, regarding the subjective scope of the concept, the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, in its Article 4, indicates that this body exercises its competence '(...) over all the entities and bodies that comprise the Public Treasury'—liable subjects of its control or oversight—thereby including every public entity or body and public enterprises, even extending to subjects of Private Law when they administer or hold public funds or receive public transfers (Article 8, paragraph 3, of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic). Regarding the objective aspect of the Public Treasury, Article 8 of the aforementioned law establishes that '(...) it shall be constituted by public funds, the powers to receive, administer, hold, conserve, manage, spend, and invest such funds and the administrative and financial legal norms relating to the budgetary process, administrative contracting, internal and external control, and the liability of public officials(...)' (italics not in the original). Additionally, Article 10, paragraph 1, of the repeatedly cited legal text provides that the superior control and oversight system comprises, among other aspects, '(...) the set of norms that regulate (...) the procedures, responsibilities, and sanctions derived from that oversight or necessary for it' (italics not in the original). Under this understanding, if the legal and financial norms relating to administrative contracting, the procedures, responsibilities, and sanctions of officials who commit irregularities in the management and disposition of allocated public funds form an integral part of the Public Treasury, there is not the slightest doubt that the Comptroller General of the Republic has an undoubted and indisputable competence in the oversight and control of such matters, and such powers, far from violating Constitutional Law, uphold it. In order to make effective the Comptroller General of the Republic's competence to oversee the Public Treasury and, more specifically, the legal and technical norms on administrative contracting, the procedures, responsibility, and sanctions of public officials involved in an eventual and alleged irregular, undue, or improper management of public funds, its organic law expressly and unequivocally empowers this body to conduct audits (financial, operational, and special) or to initiate administrative proceedings or summaries against the liable subjects (public bodies and entities) and their officials or public agents (Articles 21 and 22).\"\n\nIn accordance with the transcribed jurisprudence, it is clear that the Comptroller General of the Republic is the entity responsible for initiating the corresponding administrative proceedings against public officials who have been involved in irregular actions involving public funds. The plaintiff maintains that he should not be considered an official of the Public Treasury because, regarding him, the regulations of the Comptroller General of the Republic do not apply. However, consideration must be given to the provisions of Articles 8 and 9 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which establish that the Treasury is constituted by public funds, and that the subjects comprising the Public Treasury are the State and the other public entities or bodies, state or not, and public enterprises, as well as subjects of Private Law, insofar as they administer or hold public funds. In turn, Article 9 expressly defines public funds as all those resources, values, goods, and rights owned by the State, public bodies, enterprises, or entities. In this sense, this collegiate body agrees with what was indicated in Resolution PA-26-2010 regarding Mr. Nombre114734 's status as a Treasury official, when it states: \"Finally, when Messrs. Nombre114734 , Coordinator of Titling Programs, and Nombre115541. from ..., jointly signed official letter STA03, which enabled the titling of plot number 8-A-858..., as well as when they jointly signed with Mr. ..., official letter STA059-2000 that enabled the titling of plot number 91815 located within the Los Santos Forest Reserve, in both cases, the defendants were disposing of real estate that belonged to the State. In this regard, we must understand 'dispose' in the sense that, thanks to their actions, public domain assets were allowed to be segregated and transferred to private individuals, such that the disposition of public funds is clearly manifested, since if the defendants had acted in accordance with the legal system in force at that time, such real estate would not have left the state patrimony. At this point, it is important to substantiate that the real estate in question forms part of the so-called 'Public Treasury' and that in turn, it fulfills a dual role, that of 'property' and that of state 'resource', since they were owned by the State, forming part of the State's natural patrimony.\" Consequently, it is appropriate to reject the argument alleged by the plaintiff that he cannot be considered a Treasury Official, as there is a legal basis to hold him in such a condition, which has not been disproven.\n\nVII.- ON THE STATE'S NATURAL PATRIMONY. UNCONSTITUTIONALITY OF ARTICLE 8 OF THE TITLING AND NATIONAL RESERVES LAW.\n\nRegarding the assets comprising the State's Natural Patrimony, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated that: \"(…) Pursuant to Article 13 of the Forestry Law, 'The State's natural patrimony shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its patrimony...' Thus, the norm provides three possibilities regarding the assets that comprise said patrimony: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies.\" (see RES: 000853-F-S1-2011 of the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, issued at ten hours fifteen minutes on July twenty-first, two thousand eleven.).\n\nFurthermore, the State's Natural Patrimony is protected by the special regime applicable to public domain assets, according to which, by their intended purpose and destination, they are outside human commerce, are inalienable, imprescriptible, and unattachable. As a consequence, their ownership or possession is not possible, whether gratuitously or for consideration; they cannot be lost by prescription, nor gained by adverse possession. From this perspective, their possession by private individuals shall not create any right in their favor. Thus, and according to what has been transcribed above, the State's Natural Patrimony is constituted, among others, by real estate that is covered by forests, regardless of whether they are located inside or outside the national reserves (Article 13 of the Forestry Law). In this case, it involves an immediate and automatic legal allocation to the State's Natural Patrimony of any real estate that is covered by forest (Article 15 of the Forestry Law). At this point, it is important to determine that this is not a case of private forest property, as established by Article 19 of the Forestry Law, where previously authorized activities are permitted. Rather, the real estate in question forms part of that State's Natural Patrimony, since, on the one hand, its purpose was to protect the natural resources of the area—forest resources and water, in the case of the Los Santos Forest Reserve, where real estate or plot number 91815 is located—as well as to protect the wetlands and other biological diversity characteristic of the Atlantic zone in the Gandoca - Manzanillo Wildlife Refuge, where plot 8-A-858 is located. From this, it follows that both properties, being located in National Reserves, form part of the State's Natural Patrimony, possessing the characteristics inherent to public domain assets, such as unattachability, inalienability, and imprescriptibility. Regarding the inclusion of both properties as part of the State's Natural Patrimony, it must be considered that both belong to areas that are National Reserves, with decrees establishing their creation and which, in turn, do not permit the possibility of appropriation by private individuals. Moreover, this proceeding involves two properties located in Reserves, which also could not be titled because Article 8 of the Titling and National Reserves Law had already been declared unconstitutional, according to ruling number 2988-99, at eleven hours fifty-seven minutes on April twenty-third, nineteen ninety-nine. At that time, the Constitutional Chamber considered that the matter concerned areas \"...protected precisely because of the importance and relevance that maintaining an ecologically balanced environment holds for our country, coupled with the commitments the country has undertaken in a series of international conventions seeking the global protection of the environment.... In the case under examination, the challenged norm seeks to title areas that have been declared protected, precisely because of the importance of their conservation against the various human activities that alter the ecosystems and habitat of the environment that develops in these places, as well as the preservation of forests, which are important for generating essential and invaluable goods such as water. The legislator, in this law, highlights the need to grant a property title to the occupants of the areas in question, suggesting that the acquisition is subject to the existing environmental limitations and protections. However, from the study of the challenged norm, it is evident that the power to title in these areas falls upon an indiscriminate scope of application, which, if it occurred, could result in titling areas where many of the activities carried out by humans are incompatible and could seriously harm the ecosystem developed there, as well as the vulnerability that would exist for the State to exercise adequate surveillance over them. This remains true even assuming that these individuals have been occupying these public domain areas for many years, which in no way justifies titling any of these areas, since the State itself, in protection of the environment, can order the eviction of these individuals from those areas where their presence is rather producing a counterproductive effect. This would consequently mean that if such areas were titled, the State would have to expropriate a property that it perhaps once had to expropriate to declare it a protection zone, resulting in an unreasonable act. The foregoing does not imply that the State cannot disaffect a specific area by virtue of the fact that the purposes for which it was protected are no longer fulfilled, or even that it cannot seek to title specific zones. However, this can be done where there is a prior technical study that demonstrates the nature of the area to be titled and the possible coexistence of both humans and the ecosystem, as well as the consequences derived therefrom. Therefore, it cannot be permitted that areas of this nature be titled indiscriminately, as this would go against the very environmental conservation policies pursued by the State by virtue of the mandates ordered by the Political Constitution and the International Conventions it has signed...\" (cited judgment number 2988-99). Consequently, this Chamber considers that there is no possibility of confusion; the applicable regulations are clear and congruent, and the discussion in this proceeding concerns two farms: number 91815, located within the Los Santos Forest Reserve, where its lands are inalienable according to a declaration made in nineteen seventy-five, per Executive Decree Placa21714, and number 8-A-858, located within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Its declaration as a refuge, although it has had modifications, since nineteen ninety-four does not permit titling assets in the name of private individuals in the mentioned Refuge. Therefore, all real estate that has been subject to titling based on regulations that have been repealed must proceed to its recovery. It is important to note in this section that the status of both properties as part of the State's Natural Patrimony made their titling in favor of private individuals impossible.\n\nVIII.- ON THE CLAIM FOR DAMAGES.\n\n The existence of a causal nexus is a prerequisite for the arising of liability regarding compensation. \"In this regard, it should be remembered that in the production of harm, multiple factors often concur, within which it is necessary to determine those that are the efficient and adequate cause of the harm caused (on proximate, adequate, and efficient cause, see the cited judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 252-F-01, of 4:15 p.m. on March 28, 2001). In this confluence of factual or legal elements surrounding the harmful situation, it will be necessary to establish the apt action or omission that caused the consequence, displacing those that have had no influence on the result (external causes) from those that, had they not occurred, would have avoided the detriment. This is a kind of objective analysis, through which it can be affirmed that with such action or omission it is logical or probable that the specific harm will occur\" (No. 584-F-2005. First Chamber of the Supreme Court of Justice, of 10:40 a.m. on August 11, 2005). Thus, it is the responsibility of the party claiming the harm to prove the existence of an action to which the harmful result can be attributed, meaning they must prove the existence of the causal nexus. In this specific case, the sum of twenty-five million colones is requested as compensation due to salary loss, this being his only source of income, and for the psychological impact caused by the loss of his job after so many years, the impossibility of being reemployed due to his age, his illnesses, and the loss of his legal benefits. However, as already mentioned, it is necessary to prove the causal nexus that must necessarily exist between the accused conduct and the harm caused. In this case, and as has been set forth throughout this resolution, the actions of the Comptroller General of the Republic and the Agrarian Development Institute, now the Rural Development Institute, have been in accordance with law, without any defect being observable that could cause the nullity of the challenged acts based on the reasons alleged by the plaintiff. For this reason, no causal nexus has been established to attribute liability to the defendants.\n\nBy virtue of which, the claim sought by way of damages must be dismissed.\n\nIX.- REGARDING THE DEFENSES.\n\nThe defense of lack of passive standing raised was analyzed in a preceding whereas clause and granted with respect to the State. The defense of lack of right raised by the representation of the Contraloría General de la República must be upheld due to the total inadmissibility of the claims of the plaintiff; consequently, the complaint must be dismissed in all its aspects. Given the outcome of the proceeding, it must be noted that the precautionary measure (medida cautelar) ordered by the Processing Judge of this Court in resolution number 68-2012 at 8:01 a.m. on April 13, 2012, shall cease to have effect once this judgment becomes final.\n\nX.- REGARDING COSTS.\n\nIn accordance with article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, this Court finds no cause whatsoever to exempt the plaintiff from payment of costs; therefore, the plaintiff is ordered to pay the costs of the proceeding, as well as interest until effective payment, as expressly requested by the Contraloría General de la República.\n\nTHEREFORE.\n\nThe statute of limitations defense is dismissed. The defense of lack of passive standing raised by the State is upheld, and with respect to it the complaint is declared inadmissible. The defense of lack of right is upheld. The complaint filed by Nombre114734 against the Instituto de Desarrollo Agrario IDA, now INDER, and the Contraloría General de la República is dismissed in all its aspects. Once this judgment becomes final, the precautionary measure ordered by the Processing Judge of this Court through resolution number 68-2012 at 8:01 a.m. on April 13, 2012, shall cease to have effect. The plaintiff is ordered to pay the costs of this proceeding, as well as interest thereon.\n\nAna Isabel Vargas Vargas\n\nJuan Luis Giusti Soto Eduardo González Segura\n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 06:31:08.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }