{ "id": "nexus-sen-1-0034-618640", "citation": "Res. 00339-2014 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Restitución del bosque procede de oficio pese a absolutoria penal", "title_en": "Forest restitution can be ordered ex officio despite criminal acquittal", "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago acogió parcialmente un recurso de la Procuraduría y ordenó el reenvío de la causa para que el tribunal de juicio se pronuncie sobre la restitución del bosque afectado a su estado original. La sentencia de primera instancia había absuelto al imputado por los delitos de construcción de trocha en bosque, aprovechamiento ilegal, sustracción y movilización de madera, por duda probatoria. No obstante, el tribunal de apelación determinó que sí se tuvo por demostrado el daño ambiental (tala de 31 árboles y apertura de una trocha de 160 metros en un bosque secundario) y que la restitución debe ordenarse incluso de oficio, con independencia de la responsabilidad penal, en virtud del principio de irreductibilidad del bosque y del derecho constitucional a un ambiente sano. Rechazó los demás motivos del recurso, confirmando la absolución y la falta de fundamento para anular la suspensión del proceso a prueba de un coimputado.", "summary_en": "The Criminal Sentence Appeals Court of Cartago partially upheld an appeal by the Attorney General's Office and ordered the case remanded for the trial court to rule on restoring the damaged forest to its original state. The lower court had acquitted the defendant of building a trail in a forest, illegal logging, removal, and transportation of timber due to reasonable doubt. However, the appellate court held that environmental harm—felling 31 trees and opening a 160-meter trail in secondary forest—was proven, and restitution must be ordered even ex officio, regardless of criminal liability, based on the principle of forest non-reduction and the constitutional right to a healthy environment. The other grounds of appeal were dismissed, upholding the acquittal and rejecting the challenge to a co-defendant's suspended probation process.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago", "date": "31/07/2014", "year": "2014", "topic_ids": [ "forestry-law-7575", "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "irreductibilidad del bosque", "restitución de oficio", "in dubio pro reo", "absolución penal", "trocha en bosque", "aprovechamiento ilegal de productos forestales", "Art. 50 Constitución Política" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 61, 62, 63", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Arts. 103, 369", "law": "Código Penal" }, { "article": "Arts. 466, 369", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "irreductibilidad del bosque", "restitución", "absolución penal", "tala ilegal", "trocha en bosque", "ambiente sano", "recurso de apelación", "Procuraduría General de la República" ], "keywords_en": [ "forest non-reduction", "restitution", "criminal acquittal", "illegal logging", "trail in forest", "healthy environment", "appeal", "Attorney General's Office" ], "excerpt_es": "La restitución de las cosas al estado original debe ordenarse incluso de oficio, independientemente de la responsabilidad penal de los imputados, según se ha interpretado a partir de los numerales 369 inciso d) del Código Procesal Penal y 103 inciso 1° del Código Penal, todo con la finalidad de que no se perpetúen las consecuencias del hecho ilícito en perjuicio del derecho fundamental establecido en el numeral 50 de la Constitución Política, de toda persona, de contar con un ambiente sano y equilibrado.\n\nEn el caso en estudio quedó demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal.", "excerpt_en": "The restitution of things to their original state must be ordered even ex officio, regardless of the criminal liability of the defendants, as interpreted from Articles 369(d) of the Code of Criminal Procedure and 103(1) of the Criminal Code, all with the aim of not perpetuating the consequences of the unlawful act to the detriment of the fundamental right established in Article 50 of the Political Constitution, of every person, to a healthy and balanced environment.\n\nIn the case under study, it was proven that a protected area was invaded through the construction of a series of works, which must be demolished or destroyed for the sake of maintaining the balance of nature. It is not required that a criminal act be committed for courts, even ex officio, to order restitution of things to their state prior to modification. Note that Article 103 of the Criminal Code itself only requires a punishable act, the scope of which is limited to a criminal wrong.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The appeal is partially granted: the case is remanded for the trial court to rule on forest restitution; other grounds are rejected (acquittal upheld).", "summary_es": "Se acoge parcialmente el recurso: se ordena el reenvío para que el tribunal de juicio se pronuncie sobre la restitución del bosque, rechazándose los demás motivos (absolución confirmada)." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Restitution of things to their original state must be ordered even ex officio, regardless of the criminal liability of the defendants... all with the aim of not perpetuating the consequences of the unlawful act to the detriment of the fundamental right established in Article 50 of the Political Constitution.", "quote_es": "La restitución de las cosas al estado original debe ordenarse incluso de oficio, independientemente de la responsabilidad penal de los imputados... todo con la finalidad de que no se perpetúen las consecuencias del hecho ilícito en perjuicio del derecho fundamental establecido en el numeral 50 de la Constitución Política." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "It is not required that a criminal act be committed for courts, even ex officio, to order restitution of things to their state prior to modification. 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A las dieciséis horas del treinta y uno de julio de dos mil catorce.\n\n            Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre [Nombre1]], mayor, [...], por el delito de Infracción a la Ley Forestal, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Jorge A. Camacho Morales, Gustavo Chan Mora y [Nombre2] .  . Se apersonó en apelación, el licenciado [Nombre3]    en representación de la Procuraduría General de la República.\n\nResultando:\n\n            1. Que mediante sentencia Número 97-2013 de las diecisiete horas quince minutos del diecinueve de noviembre de dos mil trece, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Golfito, resolvió: \"POR TANTO : De conformidad con lo expuesto, reglas de la sana crítica racional y artículos 39 y 41 de la Constitución Política ; 1, 30, 45 del Código Penal ; 1, 6, 9, 265, 266, 358, 360, 361 363, 364, 365, 366 del Código Procesal Penal ; 61 incisos A), D), 62 y 63 inciso A) de la Ley Forestal Nº 7575 ; al resolver este asunto, se acuerda en aplicación del principio universal \"In Dubio Preo Reo \", ABSOLVER de toda pena y responsabilidad al acusado [Nombre [Nombre1]] por los delitos de: CONSTRUCCIÓN DE TROCHA EN TERRENOS CON BOSQUE , APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES, SUTRACCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES y MOVILIZACIÓN ILEGAL DE MADERA , acusados como cometidos en perjuicio de LA LEY FORESTAL.  SOBRE ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA : Se DECLARA SIN LUGAR  en todos sus extremos LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA incoada por la representación Estatal en contra del demandado civil [[Nombre4]  ] . Eximiendo del pago de las costas procesales a la parte actora, por considerar que en su oportunidad le asistió razón plausible para litigar. Son los gastos del proceso a cargo de El Estado. Firme este fallo sáquese el expediente del libro general de entradas y procédase a su archivo. Levántense cualquier medida de restricción que a la libertad del encartado hubièse sido dictada como consecuencia de esta causa. NOTIFÍQUESE MEDIANTE LECTURA. Fijándose las dieciséis horas con veinticinco minutos del próximo Veintiséis de Noviembre del dos mil trece para la Lectura Integral de la Sentencia adoptada. [Nombre5]  . Juez de Juicio.\" (sic)\n\n           2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre3]    interpuso el recurso de apelación.\n\n           3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.\n\n           4 . Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n             Redacta el Juez [Nombre6] , y;\n\nConsiderando:\n\n            I.- El licenciado [Nombre7]   , en su condición de procurador y representante del Estado, quien interviene en este proceso como querellante y actor civil, formuló recurso de apelación contra la sentencia N° 97-2013 de las 17:15 horas del 19 de diciembre de 2013, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Golfito. En el primer motivo alega inaplicación del principio de irreductibilidad del bosque por omisión y falta de fundamentación, al no pronunciarse sobre el efecto devolutivo de las cosas a su estado originario. Argumenta el recurrente que la sentencia es omisa respecto del principio de irreductibilidad del bosque, siendo imperativo la devolución de las costas a su estado original o primigenio, independientemente de la situación jurídica definitiva de los imputados. La valoración del daño ambiental se realizó mediante la pericia visible de folios 57 a 59, estimándose en 31.911.352,00 de colones. El ecosistema de bosque fue intervenido por la acción humana (se eliminó la vegetación originaria en un área de dos hectáreas con una densidad no menor de 500 árboles por hectárea). Expone el impugnante que en este caso se acusó la construcción de una trocha en terrenos con bosque, el aprovechamiento ilegal de productos forestales, sustracción de productos forestales y movilización ilegal de la madera sin contar con el permiso respectivo, lesionándose el recurso forestal y el ecosistema de un bosque secundario, siendo lo procedente a la luz del principio de irreductibilidad del bosque, su regeneración. En apoyo de su tesis el impugnante cita la resolución 2003-396 de las 12:00 horas del 8 de mayo de 2003 del Tribunal de Casación Penal. En el segundo motivo de apelación se reclama el vicio de violación al debido proceso y falta de aplicación de la ley sustantiva. Se aduce que \"se acusaron y querellaron los delitos descritos en los artículos 62 Construcción de trocha en terrenos de Bosque, 61 inciso a) Aprovechamiento Ilegal de Productos Forestales, 61 d) Sustracción de Productos Forestales, 63 inciso a) en relación con el 56 Movilización de madera, y todos de la Ley Forestal N° 7575 de 13 de febrero de 1996)\", que la prueba es totalmente achacable al imputado que llegó a debate \"calidad de coautor responsable\", y permite acreditar con certeza que los imputados [[Nombre8]  ] que se acogió a la suspensión del proceso a prueba y [[Nombre9]  ] a quien se le dictó sobreseimiento definitivo por defunción, son los autores responsables de los delitos por los que se les querelló y son acreedores de las sanciones penales correspondientes. Esas personas -advierte el impugnante- fueron sorprendidos en flagrancia, en el sitio, con las herramientas y maquinaria idónea para esos trabajos, la madera recién cortada en tablones para su aprovechamiento, que era trasladada \"por los 3 en una carreta sin ruedas y halada por un chapulín\", y se indica que el fundamento utilizado por el juzgador es erróneo, porque no se contaba con el respectivo permiso para realizar tales acciones, impidiéndole al Estado como víctima, obtener una indemnización y o reparación del daño ocasionado al ambiente. Se solicita revocar la sentencia recurrida. En el tercer motivo se reclama como vicio la falta de fundamentación por flagrancia. La sentencia carece de fundamentación al no valorar integralmente la denuncia formulada por MINAET que describe que los imputados fueron sorprendidos en flagrancia invadiendo áreas de protección, concretamente un bosque primario, hicieron destrucción de productos, etc., en un área de dos hectáreas, utilizaron motosierra y sin contar con los permisos respectivos. Luego de transcribir parcialmente la sentencia N° [Telf1] de las 15:02 horas del 21 de marzo de 2007, concluye el licenciado [Nombre10] , que la prueba evacuada en debate permite acreditar con certeza que los imputados son coautores responsables de los ilícitos por lo que solicita se anule la sentencia impugnada y se ordene juicio de reenvío para que se resuelva lo procedente respecto al principio de irreductibilidad del bosque. En el cuarto motivo se alega la violación al debido proceso, derecho de defensa y derechos de la víctima. La aplicación de la suspensión del proceso a prueba en el caso de [Nombre11]   no fue autorizada por la jerarquía institucional, según los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que existe un vicio de nulidad de lo actuado con respecto a dicha suspensión del proceso a prueba porque careció de la aceptación de la víctima, que es vital para que surtiera efectos jurídicos con la homologación, la que en todo caso nunca le fue comunicada a la Procuraduría. Se solicita anular la sentencia impugnada y se ordene juicio de reenvío.\n\n             II.- Con lugar el primer motivo : Se reclama en el primer motivo de apelación la inaplicación del principio de irreductibilidad del bosque, por la omisión del Tribunal de Juicio de pronunciarse respecto del restablecimiento de las cosas a su estado en que se encontraban antes de los hechos acusados. De la lectura de la sentencia comprueba esta Cámara de Apelación que en la misma se tuvo por demostrado que en la finca del señor [Nombre [Nombre12]], sita en [Dirección1]   Golfito, entre los meses de octubre y antes del primero de diciembre de 2007, se construyó una trocha de 160 metros en terrenos de bosque y se aprovecharon y sustrajeron 29 árboles de la especie mayo colorado, de diferentes diámetros, y dos árboles de la especie cedro maría, todo lo anterior sin contar con las autorizaciones respectivas de la Administración Forestal del Estado (cfr. sentencia, folio 327 vlto), siendo que el daño ambiental causado a raíz de lo anterior, fue valorado mediante el informe ACOSA-SRC-447-2008 de folios 57 a 78. La restitución de las cosas al estado original debe ordenarse incluso de oficio, independientemente de la responsabilidad penal de los imputados, según se ha interpretado a partir de los numerales 369 inciso d) del Código Procesal Penal y 103 inciso 1° del Código Penal, todo con la finalidad de que no se perpetúen las consecuencias del hecho ilícito en perjuicio del derecho fundamental establecido en el numeral 50 de la Constitución Política, de toda persona, de contar con un ambiente sano y equilibrado. En el caso concreto se echan de menos las medidas que debió ordenar el Tribunal de sentencia para la debida regeneración del bosque afectado, tanto por la tala de árboles, como por la construcción de la trocha, según lo acreditado. En relación a la restitución oficiosa de las cosas a su estado original en materia ambiental, la jurisprudencia ha indicado: \"El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003. En el último fallo se dispuso sobre el particular: \"Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que \"Ocurriendo a las leyes, todos han encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…\" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primeros párrafos establece que: \"Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este.\"; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito. Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto.\" (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs. del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: \" Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado .\" y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado. Tratándose de un delito de Infracción a la Ley de Uso y Conservación de Suelos ( No. 7779 de 309 abril de 1998) el artículo 52 de dicha ley establece que: \"Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente.\", de donde se deriva una regulación específica que obliga al infractor a indemnizar los daños y perjuicios o a reparar los daños causados. Desde la perspectiva procesal, el artículo 140 y 466 del Código Procesal Penal obligan al Juez a disponer la restitución de las cosas al estado anterior al delito, lo cual omite el fallo recurrido como bien lo apunta la Procuraduría en su gestión, por lo que establecido en la sentencia la autoría del hecho por parte del imputado y la lesión al medio ambiente por la apertura de un camino en el bosque hasta el río, es procedente ordenar la restitución del área afectada al estado anterior al hecho, a fin de que el infractor no derive provecho de la ilicitud realizada y se logre restaurar el medio ambiente alterado con su acción en pro de la tutela de los intereses de la colectividad. En sentido similar ha resuelto este Tribunal lo siguiente: \"En cuanto a la condición impuesta en sí, esta corte de casación la encuentra racional y proporcionada a los hechos generadores de la condena penal. Obsérvese que el § 28 de la Constitución Política establece la imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en algunos años se alcanzará. Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques consagrada en los §§ 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) el bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al Estado mayor agresividad en la recuperación y conservación del bosque. Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la promoción de actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible por esas vías (principio de irreductibilidad del bosque). De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por el juzgador. Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma el valor normativo de la Constitución Política, que en sus §§ 50 y 74 garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Amén de lo anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la disposición legislativa adoptada en § 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…\" (Sentencia [Telf2], de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 con redacción del Juez [Nombre13] . Este criterio fue reiterado en sentencia 2003-396). Referido al caso que nos ocupa, la sentencia no contempló la restitución de las cosas al estado anterior como ordena la normativa citada, no obstante, por provenir el fallo de un procedimiento abreviado y por ser la restitución una consecuencia directa de la comisión del delito y no requerir acción civil, lo propio es acoger el recurso de casación planteado y resolver en esta sede disponiendo la restitución del área de bosque afectada a su estado anterior a los hechos. Por tratarse de la construcción de una trocha o camino en la montaña, que implicó infracción a varias normas, no presenta las mismas características que en casos de levantamiento de una infraestructura en que ordenar la demolición constituye una solución, por ello no se observa viable la destrucción del camino; de igual forma no resulta atinente imponer el pago de los daños y perjuicios, toda vez que ello siempre permitiría el uso del camino a cambio del pago con provecho al infractor, por lo que la restitución en este caso debe orientarse hacia la conservación del área de bosque y en atención a ello se dispone el cierre del camino y se prohíbe el uso en cualquiera de las formas posibles y se ordena la restitución del bosque mediante la siembra de especies propias para tal fin, cuyo cumplimiento podrá vigilarse por las autoridades administrativas o de ejecución\". En el caso en estudio quedó demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal. En esta causa se acreditó la existencia del injusto, pues la acción de ordenar las construcciones, cuyo derribo ahora se acuerda, resultaban violatorias de la Ley Forestal. Además, no había una norma que autorizara dichas acciones, con lo cual la acción también resultaba antijurídica. De tal forma que era obligación del juzgador ordenar el derribo o destrucción de la serie de obras que se mencionan en el fallo, pues estas fueron construidas en un área de protección. Consecuentemente, no es atendible el reproche formulado.” (cfr. Tribunal de Casación Penal de San José, Voto 450-2003 de las 11:48 horas del 22 de mayo de 2003 y Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Voto N° 2014-032 de las 14:57 horas del 28 de enero de 2014). El anterior criterio que se comparte plenamente, resulta aplicable al caso bajo examen, en el que se afectó el medio ambiente mediante la destrucción del bosque por tala y construcción de una trocha, por lo que el Tribunal de Juicio debió pronunciarse sobre la restitución del bosque y en general sobre la devolución de las cosas al estado original, independientemente de que se absolviera al imputado, produciéndose así una grave omisión respecto de un extremo sobre el que el Tribunal de Juicio debió pronunciarse oficiosamente, en razón de lo cual lo procedente es ordenar el reenvío de la causa para que se realice una nueva audiencia, y dado que el propietario de la finca donde se produjeron los daños es un tercero, debe el Tribunal de reenvío otorgar audiencia al propietario para que pueda apersonarse al juicio a hacer valer sus derechos, lo anterior, en cumplimiento del principio constitucional del debido proceso.\n\n             III.- Sin lugar los motivos segundo y tercero . Se resuelven conjuntamente por encontrarse estrechamente relacionados los mismos. El recurrente sostiene que se contó con prueba que demuestra la participación del imputado [Nombre14]   como coautor de los hechos acusados, sin acreditar en modo alguno la incorrección de la fundamentación intelectiva de la sentencia que concluye lo contrario. Si bien en el tercer motivo se reclama el vicio de falta de fundamentación, ello se lo relaciona con la no valoración integral de la denuncia, sin acreditar qué extremos esenciales de la misma se dejaron de considerar y cómo ello habría cambiado las conclusiones de la sentencia. En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia absolvió al imputado [Nombre [Nombre1]] por los delitos de construcción de trocha en terrenos de bosque, aprovechamiento ilegal de productos forestales, sustracción de productos forestales y movilización ilegal de madera; además, declaró sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta en su contra por parte del Estado, y lo eximió del pago de las costas. Al imputado se le atribuyeron en la acusación y la querella los siguientes hechos: \"1.) Sin precisar fecha exacta, pero si entre octubre del dos mil siete y antes del uno de diciembre del dos mil siete, los acusados [Nombre [Nombre15]], [Nombre [Nombre1]] y [Nombre [Nombre16]], construyeron una trocha de 160 metros de largo, en terrenos con bosque, en propiedad del señor [Nombre [Nombre12]] ubicada en [Dirección2]  de Golfito, sin contar con plan de manejo o autorización alguna por parte de la Administración Forestal del Estado.  2.) Sin precisar fecha exacta, pero si entre octubre del dos mil siete y antes del uno de diciembre del año dos mil siete, en Kilómetro [Dirección3] de Golfito, los acusados [[Nombre8]  ], [[Nombre4]  ] y [[Nombre9]  ], talaron, aprovecharon y sustrajeron ilegalmente 29 árboles de mayo colorado de diferentes diámetros y dos árboles de cedro maría, que se encontraban en zona de bosque, en propiedad del señor [[Nombre17]  ], y sin contar con los permisos respectivos de la Administración Forestal del Estado.  3.) El día primero de diciembre del año dos mil siete, al ser las diez horas, en Kilómetro [Dirección3] de Golfito, propiamente en las inmediaciones de la finca propiedad de [[Nombre17]  ], funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía  y Telecomunicaciones, sorprendieron en forma in fraganti a los acusados [Nombre [Nombre15]], [[Nombre4]  ] y [[Nombre9]  ], movilizando en un [Placa1]  , gran cantidad de madera aserrada de la especie mayo colorado, de diferentes medidas, sin contar con la documentación respectiva por parte de la Administración Forestal del Estado, madera que provenía de bosque propiamente de la finca propiedad del señor [[Nombre17]  ]” (cfr. sentencia, folios 325 vlto a 327 fte). Respe cto de los hechos 1 y 2 de dicha plataforma fáctica, concluyó el Tribunal de Mérito que carecen de sustento probatorio porque no se hizo llegar prueba alguna que acreditara de forma precisa, y en lo que al encartado [[Nombre4]  ] concierne, que llevó a cabo las acciones descritas en el período comprendido entre octubre de 2007 y antes del 1° de diciembre de 2007 (cfr. folio 363 vlto). Argumenta el Tribunal de Juicio que el señor [[Nombre17]  ], propietario de la finca donde se ubica el bosque afectado por la realización de una trocha, y por las conductas acusadas de aprovechamiento y sustracción de madera, había puesto en conocimiento de la Fiscalía de Golfito presuntos daños que se venían dando en las fincas del lugar, lo cual quedó demostrado con la prueba documental admitida en defensa del encartado [[Nombre4]  ], concretamente la denuncia formal establecida por [[Nombre17]  ] el 25 de octubre de 2007 que dio origen al proceso N° 07-001203-0455-PE que resultó desestimado por falta de pruebas para individualizar al autor o autores de los hechos, y sin que se realizara investigación alguna en dicha causa para constatar la existencia del daño. El señor [Nombre [Nombre12]] también declaró que desconocía a las personas que [[Nombre9]  ] (persona con la que él negoció la explotación de madera en su finca), contrató para trabajar en su finca, y que conoció al imputado por el arreglo que le hizo de un \"chapulín\" en otro momento y lugar. Consta así mismo en la sentencia que los testimonios recopilados de los funcionarios del MINAET, señores [Nombre18]  , [Nombre19]  , [Nombre20]  , [Nombre21]   y [Nombre22]  , se circunscriben a lo acontecido el 1° de diciembre de 2007 y no a lo sucedido con anterioridad a esa fecha, por lo que ninguna prueba permite desvirtuar la declaración rendida por el encartado [[Nombre4]  ] en el ejercicio de su defensa material, en el sentido que previo al 1° de diciembre de 2007, únicamente estuvo en el lugar de los hechos cuando tenía 9 años de edad, y que nunca llegó a realizar las acciones que se acusan de construcción de una trocha, de talar, aprovechar y sustraer 29 árboles de la especie \"mayo colorado\" y 2 de la especie \"cedro maría\", que se encontraban en la zona de bosque en la propiedad del señor [[Nombre17]  ], y sin que para dichas conductas se contara con los permisos respectivos de la Administración Forestal del Estado (cfr. sentencia, folios 363 vlto a 364 vlto). Con relación al evento acusado como sucedido el 1° de diciembre de 2007, en las inmediaciones de la finca del señor [[Nombre17]  ], en Kilómetro [Dirección3] de Golfito, oportunidad en la que se acusa que [[Nombre4]  ] fue detenido en flagrancia por funcionarios del MINAET, cuando con otras dos personas movilizaban madera de la especie \"mayo colorado\", sin contar con los permisos respectivos de la Administración Forestal del Estado. Al respecto fundamenta el Tribunal Sentenciador que tampoco la prueba evacuada permite tener por demostrado con plena certeza que el imputado cometió la acción que se le atribuye. Se señala que los testigo [Nombre22]  , [Nombre23]   y [Nombre20]  , funcionarios del MINAET, fueron contestes en que si bien ubican al imputado [[Nombre4]  ] en el sector, para el momento de acceso de la patrulla que ingresó a verificar una denuncia por tala de árboles, ubicando al acusado en el \"chapulín\", en uno de sus extremos, como acompañante, siendo que el único momento que se tiene por asentado que el citado encartado conduce el tractor, lo cual admitió en el ejercicio de su defensa material, fue cuando colaboraba con [[Nombre8]  ] y [Nombre24]  , para que estos desprendieran la cadena que halaba la madera; siendo enfático el justiciable en que ese día acudió a reparar un \"chapulín\" por cuanto es mecánico, pero dicho vehículo no pudo ser movilizado por tener roto el diferencial delantero. Concluye el Tribunal de Juicio que la valoración de los relatos de los testigos y el imputado llevan a la conclusión de que no se cuenta con elementos incuestionables que permitan en forma indubitable atribuirle al justiciable la conducta de movilización de madera, pues el imputado fue claro en justificar la razón de su presencia en el lugar de los hechos, de ahí que existe una duda que debe favorecerlo (cfr. sentencia, folios 364 fte a 366 fte). Considera esta Cámara de Apelación, que la sentencia impugnada se encuentra suficiente y correctamente fundamentada. Sería contrario al principio de derivación tener por demostrados, a partir de lo acontecido el primero de diciembre de 2007 (a saber, que el justiciable [[Nombre4]  ] fue detenido viajando como pasajero en un tractor que circulaba por una trocha y que transportaba madera sin la autorización legal correspondiente), hechos ocurridos entre el mes de octubre de dos mil siete y antes del primero de diciembre del mismo año, consistentes en construcción de una trocha en terrenos con bosque, aprovechamiento ilegal de productos forestales y sustracción de productos forestales. Aparte de la detención del imputado en las circunstancias dichas, no existe elemento de convicción que lo ubiquen en la zona donde ocurrieron las delincuencias acusadas que permitan desvirtuar su dicho, en el sentido de que antes del 1° de diciembre de 2007, si bien había estado en la zona donde se dio la detención, ello sucedió cuando tenía 9 años de edad. En relación a la razones de por qué [Nombre [Nombre1]] se encontraba a bordo del tractor que arrastraba madera, el justiciable declaró, como bien lo expuso el A quo, que había ido a reparar un tractor que estaba varado, ello a pedido de su hermano [Nombre [Nombre16]], imputado fallecido, labor que no pudo concretar porque el vehículo tenía el mecanismo de transmisión del eje delantero quebrado y tenía que ser sacado del lugar para ser reparado. La existencia de un tractor varado en la trocha que conduce a la finca del señor [[Nombre17]  ] fue corroborada por los testigos de cargo que hicieron el recorrido hasta dicha finca: [Nombre19]   y [Nombre22]  , ambos funcionarios del MINAET. También el señor [Nombre [Nombre12]] relató que había convenido con el señor [Nombre [Nombre16]] la explotación de la madera de una parte de su finca, que para la fecha de los hechos [Nombre [Nombre16]] le comunicó que estaba listo para sacar la madera pero que el \"chapulín\" tuvo un desperfecto, por lo que envió al coimputado [[Nombre8]  ] a sacar la madera con un chapulín de su propiedad, y que también [Nombre25] andaba ese día, a quien conocía porque en otra ocasión lo había contactado telefónicamente para que le reparara un tractor, porque él trabaja en mecánica y soldadura (cfr. sentencia, folios 341 vlto a 346 fte). La prueba citada, particularmente la versión del señor [Nombre [Nombre12]] corrobora aspectos esenciales de la declaración del justiciable [[Nombre4]  ], como lo es (i) su oficio de mecánico, (ii) la existencia de un tractor varado en la trocha que conduce a su finca, (iii) la utilización de otro tractor que ingresó el día 1° de diciembre de 2007 a sacar madera de la finca del señor [Nombre [Nombre12]], (iv) conducido por un empleado de dicho propietario, de nombre [Nombre26], (v) el testigo [Nombre [Nombre12]] no tenía relación alguna con el justiciable [[Nombre4]  ]. Así las cosas, la prueba testimonial citada corrobora la razón de la presencia de [Nombre [Nombre1]] en la mencionada trocha y a bordo del tractor del testigo [[Nombre17]  ], que no era la de transportar madera, sino la de reparar un tractor que había tenido un desperfecto, de manera que nuevamente lleva razón el Tribunal A quo al concluir que no existe prueba de la participación de dicho justiciable en la conducta de transporte de madera. Si bien como lo apunta el recurrente el imputado [Nombre [Nombre1]] fue detenido en circunstancias que podrían ser calificadas como una detención en flagrancia, cuando se ahonda en la investigación se determina que era un tercero ajeno a la actividad de transporte de madera que se estaba realizando, de manera que el Tribunal de Juicio no incurrió en ningún vicio de fundamentación al valorar la prueba y la forma de detención del citado justiciable. Sin lugar los motivos segundo y tercero.\n\n             IV.- Sin lugar el cuarto motivo .  Se cuestiona como vicio de la sentencia por parte del recurrente, el tema de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en el caso del coimputado [Nombre11]  , lo que no forma parte del contenido de la sentencia. En el acta de juicio oral y público de las 09:08 horas del 25 de octubre de 2013, folios 317 a 318, se constata que el Tribunal de Juicio acordó la aplicación del instituto de la suspensión del proceso a prueba a favor de [[Nombre8]  ], sujeto a la condición de que el jerarca de la Procuraduría General de la República otorgara el aval correspondiente a la aplicación de dicha solución alternativa, esto por solicitarlo así el mismo Procurador, licenciado [Nombre27]  , para lo cual se le concedió el plazo de 15 días hábiles. En fecha 09 de enero de 2014 se remitió oficio suscrito por el licenciado [Nombre28]  , Juez del Tribunal de Juicio de Golfito, dirigido al señor [Nombre27]   en el que se le concede el plazo de 15 días para que el Procurador General de la República se pronuncie respecto de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba (cfr. folio 414), sin que conste en el expediente que dicha comunicación se realizó efectivamente, ni la respuesta del Jerarca de la Procuraduría General de la República, de manera que, por haber quedado sujeta la eficacia de la homologación de la suspensión del proceso al cumplimiento de la condición referida, a la fecha, ni siquiera consta que la misma se haya cumplido y que dicha aprobación sea efectiva, situación sobre la que oportunamente deberá pronunciarse el Tribunal de Juicio, ante  quien deberá la parte recurrente formular las objeciones que correspondan, y no ante esta Cámara de Apelación. Sin lugar el motivo.\n\nPor tanto.\n\n            Se acoge el primer motivo de apelación y en virtud de ello, ante la omisión del Tribunal de Juicio de pronunciarse respecto del restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de suceder los hechos probados, se ordena remitir la causa al despacho de origen, para que, previo audiencia oral y pública y debiéndosele otorgar participación al propietario de la finca donde se produjeron los daños al ambiente, se emita el pronunciamiento correspondiente. Se rechazan los demás motivos del recurso de apelación. Notifíquese.\n\n                                                \n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre29] [Nombre30]. Camacho Morales\n\n \n\n \n\nJorge A. [Nombre31] [Nombre32]                                                                                  Gustavo Chan Mora                                                                \n\n \n\nJueces del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal\n\nExp. 08-000429-0647-PE\n\nC/:[Nombre [Nombre1]]\n\nOf/: Los Recursos Naturales\n\nD/:Infracción a la Ley Forestal\n\nCsolanog\n\nEXP: 08-000429-0647-PE        \n\n                                      \n\n Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Teléfonos: [Telf3] ó [Telf4]. Fax: [Telf5]. Correo electrónico: [...]\n\n 3\n\n  \n\n \n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-02-2026 12:31:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nCartago Criminal Sentencing Appeals Court\n\nResolution No. 00339 - 2014\n\nDate of Resolution: July 31, 2014, at 4:00 p.m.\n\nCase File: 08-000429-0647-PE\n\nDrafted by: Jorge Arturo Camacho Morales\n\nType of matter: Criminal appeal\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent type: Majority vote\nTopics (descriptors): Restitution of the forest to its original state\nSubtopics:\nValidity of ordering it ex officio and despite criminal acquittal.\nTopics (descriptors): Infraction of the Forest Law\nSubtopics:\nRestitution of the forest may be ordered ex officio and despite criminal acquittal.\nTopics (descriptors): Principle of lifetime tenure of the forest (principio de irreductibilidad del bosque)\nSubtopics:\nRestitution of the forest may be ordered ex officio and despite criminal acquittal.\nTopics (descriptors): Illegal logging of trees\nSubtopics:\nRestitution of the forest may be ordered ex officio and despite criminal acquittal.\n\nStrategic Topics: Environmental\n\nResolutions in the same sense\n\nResolution with protected data, in accordance with current regulations\n\nText of the resolution\n\n \n\n \n\n \n\nRes: 2014-339\n\nExp: 08-000429-0647-PE\n\nCartago Criminal Sentencing Appeals Court. At sixteen hours on July thirty-first, two thousand fourteen.\n\nAppeal of criminal judgment filed in the present case against [Name [Name1]], of legal age, [...], for the crime of Infraction of the Forest Law (Infracción a la Ley Forestal), to the detriment of Natural Resources. The judges Jorge A. Camacho Morales, Gustavo Chan Mora, and [Name2] participate in the decision of the appeal. The attorney [Name3], representing the Procuraduría General de la República, appeared in the appeal.\n\nWhereas:\n\n1. That by judgment Number 97-2013 at seventeen hours fifteen minutes on November nineteenth, two thousand thirteen, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Golfito, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, the rules of sound critical reasoning and articles 39 and 41 of the Constitution; 1, 30, 45 of the Penal Code; 1, 6, 9, 265, 266, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 366 of the Criminal Procedure Code; 61 subsections A), D), 62 and 63 subsection A) of the Forest Law No. 7575; in resolving this matter, it is agreed, in application of the universal principle 'In Dubio Pro Reo,' TO ACQUIT the accused [Name [Name1]] of all penalty and responsibility for the crimes of: CONSTRUCTION OF TRAIL ON FORESTED LANDS, ILLEGAL HARVESTING OF FOREST PRODUCTS, EXTRACTION OF FOREST PRODUCTS, and ILLEGAL TRANSPORTATION OF WOOD, charged as committed to the detriment of THE FOREST LAW. REGARDING THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES: THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by the State representation against the civil defendant [[Name4]] is DECLARED WITHOUT MERIT in all its extremes. Exempting the plaintiff from payment of procedural costs, considering that it had plausible reason to litigate. The costs of the process shall be borne by the State. Once this judgment is final, remove the case file from the general entry book and proceed to archive it. Lift any restrictive measures on the accused's liberty that may have been ordered as a consequence of this case. NOTIFY BY READING. Setting sixteen hours twenty-five minutes on the next Twenty-sixth of November two thousand thirteen for the Full Reading of the adopted Judgment. [Name5]. Trial Judge.\" (sic)\n\n2. That against the preceding ruling, attorney [Name3] filed the appeal.\n\n3. That after the respective deliberation was conducted in accordance with the provisions of article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Appeal of the Judgment), the Court considered the issues raised in the appeal.\n\n4. That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nJudge [Name6] drafts, and;\n\nConsidering:\n\nI.- Attorney [Name7], in his capacity as prosecutor and representative of the State, who participates in this process as private prosecutor and civil plaintiff, filed an appeal against judgment No. 97-2013 at 17:15 hours on December 19, 2013, issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Golfito. In the first ground, he alleges non-application of the principle of lifetime tenure of the forest (principio de irreductibilidad del bosque) due to omission and lack of reasoning, by failing to rule on the restorative effect of returning things to their original state. The appellant argues that the judgment is silent regarding the principle of lifetime tenure of the forest, making it imperative to return things to their original or pristine state, regardless of the definitive legal situation of the accused. The assessment of the environmental damage was carried out through the expert report visible at folios 57 to 59, estimated at 31,911,352.00 colones. The forest ecosystem was intervened by human action (the original vegetation was eliminated in an area of two hectares with a density of no less than 500 trees per hectare). The challenger states that in this case, the construction of a trail on forested lands, the illegal harvesting of forest products, extraction of forest products, and illegal transportation of wood without the respective permit were charged, harming the forest resource and the ecosystem of a secondary forest, and that what is appropriate in light of the principle of lifetime tenure of the forest is its regeneration. In support of his thesis, the challenger cites resolution 2003-396 at 12:00 hours on May 8, 2003, of the Criminal Cassation Court. In the second ground of appeal, the defect of violation of due process and failure to apply substantive law is claimed. It is argued that \"the crimes described in articles 62 Construction of trail on Forest Lands, 61 subsection a) Illegal Harvesting of Forest Products, 61 d) Extraction of Forest Products, 63 subsection a) in relation to 56 Transportation of wood, all of Forest Law No. 7575 of February 13, 1996), were charged and accused by the private prosecutor,\" that the evidence is fully attributable to the accused who arrived at trial \"as a responsible co-perpetrator,\" and allows it to be proven with certainty that the accused [[Name8]], who accepted a suspension of the proceedings subject to conditions, and [[Name9]], for whom a definitive dismissal was ordered due to death, are the responsible perpetrators of the crimes for which they were privately prosecuted and are deserving of the corresponding criminal sanctions. These persons—warns the challenger—were caught in flagrante delicto, at the site, with the tools and machinery suitable for that work, the freshly cut wood in planks for its use, which was being transported \"by the 3 in a cart without wheels pulled by a chapulín,\" and it is indicated that the reasoning used by the judge is erroneous, because the respective permit to carry out such actions was lacking, preventing the State as victim from obtaining compensation or reparation for the damage caused to the environment. The appealed judgment is requested to be overturned. In the third ground, the defect of lack of reasoning due to flagrancy is claimed. The judgment lacks reasoning by not integrally assessing the complaint filed by MINAET, which describes that the accused were caught in flagrante delicto invading protected areas (áreas de protección), specifically a primary forest, destroying products, etc., in an area of two hectares, using a chainsaw and without the respective permits. After partially transcribing judgment No. [Telf1] at 15:02 hours on March 21, 2007, attorney [Name10] concludes that the evidence presented at trial allows it to be proven with certainty that the accused are co-authors responsible for the offenses, for which he requests that the challenged judgment be annulled and a retrial be ordered so that what is appropriate regarding the principle of lifetime tenure of the forest is resolved. In the fourth ground, the violation of due process, right of defense, and rights of the victim is alleged. The application of the suspension of the proceedings subject to conditions in the case of [Name11] was not authorized by the institutional hierarchy, according to articles 3 and 4 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, therefore there is a defect of nullity of the proceedings with respect to said suspension of the proceedings subject to conditions because it lacked the acceptance of the victim, which is vital for it to have legal effects with the homologation, which in any case was never communicated to the Procuraduría. The challenged judgment is requested to be annulled and a retrial ordered.\n\nII.- The first ground is granted: The non-application of the principle of lifetime tenure of the forest (principio de irreductibilidad del bosque) is claimed in the first ground of appeal, due to the Trial Court's omission to rule regarding the restoration of things to the state they were in before the charged acts. From reading the judgment, this Appeals Chamber verifies that it was held as proven that on the farm of Mr. [Name [Name12]], located at [Dirección1] Golfito, between the months of October and before December first, 2007, a 160-meter trail was constructed on forested lands and 29 trees of the mayo colorado species, of different diameters, and two trees of the cedro maría species were harvested and extracted, all of the foregoing without the respective authorizations from the State Forest Administration (cfr. judgment, folio 327 vlto), and that the environmental damage caused as a result of the foregoing was assessed through report ACOSA-SRC-447-2008 at folios 57 to 78. The restitution of things to their original state must be ordered even ex officio, regardless of the criminal liability of the accused, as has been interpreted from numbers 369 subsection d) of the Criminal Procedure Code and 103 subsection 1 of the Penal Code, all with the purpose of preventing the consequences of the unlawful act from being perpetuated to the detriment of the fundamental right established in numeral 50 of the Constitution, of every person, to a healthy and balanced environment. In the specific case, the measures that the Sentencing Court should have ordered are missing for the due regeneration of the affected forest, both due to the logging of trees and the construction of the trail, according to what was proven. Regarding the ex officio restitution of things to their original state in environmental matters, the case law has stated: \"The issue in question has already been addressed by this Chamber, among others in judgments No. 193-02, at 9:00 hours, on March 8, 2002, and No. 450-03, at 8:48 hours, on May 22, 2003. In the latter judgment, it was resolved concerning the matter: 'Independently of the principal or accessory penalty that each criminal type establishes for the criminal conduct, the commission of the crime entails a series of civil consequences, as established by articles 103 of the Penal Code, 123 and 124 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Penal Code, among them the restitution of the material object of the crime. Precisely, one of the scopes of the criminal judgment is to order the restitution to the offended party of the full exercise of their injured right, which has the nature of a fundamental right due to its regulation in article 41 of the Constitution, which establishes that \"By recourse to the laws, all must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests…\" (Judgment 346-98 at 9:30 hrs. on 03-04-98 Third Chamber of the Supreme Court of Justice), which includes, among other aspects, the restitution of the material object of the crime (Judgment 511-2000 at 9:20 hrs. on 19-5-00 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice). Article 123 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Penal Code, in its first two paragraphs, establishes that: \"The convicted person must return to the offended party, with allowance for any deterioration or diminution, the thing that is the object of the punishable act, and if unable to do so, shall be obliged to pay its value according to expert appraisal as of the date of the infraction. If such appraisal is not possible because the thing has been destroyed or has disappeared, the judges shall fix the respective value, abiding by the data in the trial. The restitution shall be ordered even when the thing is in the possession of a third party, without prejudice to the rights that civil law confers upon the latter.\"; all of which may be ordered ex officio because the regulation of articles 103, 123, and 124 cited above is imperative, and it does not require that a civil action for damages has been filed, as case law has well established in the sense that \"... the claim for damages and losses arising from the crime must be made through the civil action for damages, because the procedural rules so condition it; however, that same condition does not exist when it concerns the restitution of the material object of the crime. This is so, as this same Chamber has previously interpreted, because restitution does not constitute a form of compensation in the strict sense.\" (Judgment No. 52-F 10:35 hrs. January 31, 1990, of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, reiterated in Vote No. 604-F-91, at 9:25 hours on November 7, 1991, and in Judgment 511-2000 at 9:20 hrs. on 19-5-2000). The right to the environment, classified as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, since article 50 of the Constitution provides that: \"Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.\" and grants individuals and the State the right and duty to guarantee and defend that right on behalf of all inhabitants, so the commission of the crime converts the community into a victim or party offended by the act, and from that perspective acquires the right to reparation of the damage caused. In the case of a crime of Infraction of the Law on Use and Conservation of Soils (No. 7779 of April 30, 1998), article 52 of said law establishes that: \"Whoever contaminates or deteriorates the soil resource, independently of the existence of fault or intent or the degree of participation, shall be responsible for compensating, in the corresponding judicial venue, and for repairing the damages caused to the environment.\", from which a specific regulation is derived that obliges the infractor to compensate for damages and losses or to repair the damages caused. From the procedural perspective, articles 140 and 466 of the Criminal Procedure Code oblige the Judge to order the restitution of things to the state prior to the crime, which the appealed judgment omits, as the Procuraduría rightly points out in its submission. Therefore, since the judgment establishes the perpetration of the act by the accused and the harm to the environment due to the opening of a road in the forest to the river, it is appropriate to order the restitution of the affected area to the state prior to the act, so that the infractor does not derive benefit from the illegality committed and so that the environment altered by his action is restored in protection of the interests of the community. In a similar sense, this Court has resolved the following: 'As for the condition imposed itself, this cassation court finds it rational and proportionate to the facts giving rise to the criminal conviction. It should be noted that § 28 of the Constitution establishes the impossibility of legal intervention against private actions that do not cause harm, from which it follows that the limit of the state reaction is marked by the magnitude or gravity of the harm or danger caused. In the present case, where the damage is the land-use change (cambio de uso del suelo) of the forest to dedicate it to agriculture, the state reaction has its limit in the reparation of the damage, which in any case will not be completed in the three years of conditional execution of the sentence, since the forest is the product of years and years of birth, development, and death of many plant and animal beings; however, the exclusion of crops and of every element with which the forest has been replaced, as well as the re-establishment of plant species to the extent adequate to regenerate what was destroyed, are a beginning for the reparation that will be achieved in some years. It must be clear that the protection of forest soil enshrined in §§ 2, 6, 10.c, 19, and 38.f of the Forest Law, 52 of the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, 53, 54, and 55 of the Organic Environmental Law, 53 and 54 of the Biodiversity Law, does not end or is suspended when, by acts of human beings (provoked fires, illegal logging, etc.) or by natural events (floods, earthquakes, fires, etc.), the forest diminishes; on the contrary, in those situations, the State is obliged to be more aggressive in the recovery and conservation of the forest. To think that the duty to protect forest soil and other elements of the forest ends due to any of the indicated events would translate into the promotion of illegal activities harmful to the environment, to substitute ecology for agricultural or other types of exploitation, whereby there would be no true protection; that is, the space occupied by forests is irreducible by those means (principle of lifetime tenure of the forest). Thus, anyone who harms the forest by logging or fire with the purpose of changing the destination of the land, or anyone who seeks to obtain benefit from natural disasters that damage forest soil, must understand that there is no possible way to change the destination of the soil, and that the State will do whatever it takes to recover the forest. That is, in the case at hand, agricultural activity must disappear from the place where the forest needs to regenerate, whether done by the convicted person in compliance with the clause for which the benefit of conditional execution of the sentence is granted almost as an incentive, or by the action of the State; the officials responsible for execution shall ensure the effectiveness of the judgment on the merits. There is no disproportionality or abuse in the condition imposed by the judge. This manner of resolving by the trial judge reaffirms the normative value of the Constitution, which in its §§ 50 and 74 guarantees to all humanity, with an inalienable character, the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition to the foregoing, the judicial provision in this case shares identity with the legislative provision adopted in § 52 of the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998…' (Judgment [Telf2], at 11:54 hrs. on May 5, 2003, drafted by Judge [Name13]. This criterion was reiterated in judgment 2003-396). Referred to the case at hand, the judgment did not include the restitution of things to the prior state as the cited regulations order, however, because the judgment comes from an abbreviated procedure and because restitution is a direct consequence of the commission of the crime and does not require a civil action, the appropriate action is to grant the cassation appeal filed and resolve in this instance, ordering the restitution of the affected forest area to its state prior to the facts. Because it involves the construction of a trail or path in the forest, which implied infraction of several norms, it does not present the same characteristics as in cases of erecting infrastructure where ordering demolition constitutes a solution; therefore, the destruction of the path is not seen as viable; likewise, it is not pertinent to impose the payment of damages and losses, since that would always allow the use of the path in exchange for payment to the infractor's benefit, so the restitution in this case must be oriented toward the conservation of the forest area, and in attention to this, the closure of the path is ordered, use in any of the possible forms is prohibited, and the restitution of the forest is ordered through the planting of species suitable for that purpose, compliance with which may be monitored by the administrative or enforcement authorities.\" In the case under study, it was demonstrated that a protection area was invaded through the construction of a series of works that must be demolished or destroyed in order to maintain the equilibrium of nature. The commission of a criminal act is not required for the courts, even ex officio, to decree the restitution of things to the state prior to their modification. Note that article 103 of the Penal Code itself only requires a punishable act, the scope of which is limited to a criminal wrong. In this case, the existence of the wrong was proven, as the action of ordering the constructions, whose demolition is now agreed upon, was found to be in violation of the Forest Law. Furthermore, there was no norm that authorized such actions, meaning the action was also unlawful. Consequently, it was the judge's obligation to order the demolition or destruction of the series of works mentioned in the judgment, as these were built in a protection area. As a result, the reproach formulated is not tenable.\" (cfr. Criminal Cassation Court of San José, Vote 450-2003 at 11:48 hours on May 22, 2003, and Cartago Sentencing Appeals Court, Vote No. 2014-032 at 14:57 hours on January 28, 2014). The preceding criterion, which is fully shared, is applicable to the case under examination, in which the environment was affected through the destruction of the forest by logging and construction of a trail. Therefore, the Trial Court should have ruled on the restitution of the forest and, in general, on the return of things to their original state, independently of the acquittal of the accused, thus producing a grave omission regarding an extreme on which the Trial Court should have ruled ex officio. For this reason, the appropriate action is to order the case to be sent back for a new hearing, and given that the owner of the farm where the damages were produced is a third party, the Court hearing the retrial must grant a hearing to the owner so that he may appear at the trial to assert his rights, in compliance with the constitutional principle of due process.\n\nIII.- The second and third grounds are denied. They are resolved jointly because they are closely related. The appellant maintains that there was evidence demonstrating the participation of accused [Name14] as a co-perpetrator of the charged acts, without in any way proving the incorrectness of the intellectual reasoning of the judgment that concludes the opposite. While the third ground claims the defect of lack of reasoning, this is related to the non-integral assessment of the complaint, without proving which essential extremes of the same were not considered and how this would have changed the conclusions of the judgment. In the specific case, the Sentencing Court acquitted accused [Name [Name1]] of the crimes of construction of trail on forested lands, illegal harvesting of forest products, extraction of forest products, and illegal transportation of wood; moreover, it declared the civil action for damages filed against him by the State without merit, and exempted him from payment of costs. The following facts were attributed to the accused in the accusation and the private prosecution: \"1.) Without specifying an exact date, but between October two thousand seven and before December first, two thousand seven, the accused [Name [Name15]], [Name [Name1]], and [Name [Name16]], constructed a 160-meter-long trail, on forested lands, on the property of Mr. [Name [Name12]] located in [Dirección2] of Golfito, without a management plan or any authorization from the State Forest Administration. 2.) Without specifying an exact date, but between October two thousand seven and before December first, two thousand seven, at Kilometer [Dirección3] of Golfito, the accused [[Name8]], [[Name4]], and [[Name9]], illegally logged, harvested, and extracted 29 mayo colorado trees of different diameters and two cedro maría trees, which were located in a forest zone, on the property of Mr. [[Name17]], and without the respective permits from the State Forest Administration. 3.) On the first of December, two thousand seven, at ten hours, at Kilometer [Dirección3] of Golfito, proper in the vicinity of the farm owned by [[Name17]], officials of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications surprised the accused [Name [Name15]], [[Name4]], and [[Name9]] in flagrante delicto, transporting in a [Placa1] a large quantity of sawn wood of the mayo colorado species, of different dimensions, without the respective documentation from the State Forest Administration, wood that came from a forest, proper from the farm owned by Mr. [[Name17]]\" (cfr. judgment, folios 325 vlto to 327 fte). Regarding facts 1 and 2 of said factual platform, the Trial Court concluded that they lack evidentiary support because no evidence was introduced that precisely proved, and regarding the implicated [[Name4]], that he carried out the described actions in the period between October 2007 and before December 1, 2007 (cfr. folio 363 vlto). The Trial Court argues that Mr. [[Name17]], owner of the farm where the forest affected by the construction of a trail and by the charged conduct of harvesting and extracting wood is located, had informed the Golfito Prosecutor's Office of presumed damages occurring on the local farms, which was demonstrated by the documentary evidence admitted in defense of the implicated [[Name4]], specifically the formal complaint filed by [[Name17]] on October 25, 2007, which gave rise to process No. 07-001203-0455-PE that was dismissed for lack of evidence to individualize the perpetrator or perpetrators of the facts, and without any investigation being carried out in said case to verify the existence of the damage. Mr. [Name [Name12]] also declared that he did not know the persons that [[Name9]] (the person with whom he negotiated the exploitation of wood on his farm) hired to work on his farm, and that he met the accused when he repaired a \"chapulín\" for him at another time and place. It is also recorded in the judgment that the testimonies collected from MINAET officials, Messrs. [Name18], [Name19], [Name20], [Name21], and [Name22], are circumscribed to what happened on December 1, 2007, and not to what occurred prior to that date, so no evidence allows refuting the statement given by the implicated [[Name4]] in the exercise of his material defense, to the effect that prior to December 1, 2007, he was only at the location of the facts when he was 9 years old, and that he never carried out the charged actions of constructing a trail, of logging, harvesting, and extracting 29 trees of the species \"mayo colorado\" and 2 of the species \"cedro maría,\" which were located in the forest zone on the property of Mr. [[Name17]], and without the respective permits from the State Forest Administration being held for said conduct (cfr. judgment, folios 363 vlto to 364 vlto). In relation to the event charged as occurring on December 1, 2007, in the vicinity of Mr. [[Name17]]'s farm, at Kilometer [Dirección3] in Golfito, an occasion on which it is charged that [[Name4]] was detained in flagrante delicto by MINAET officials, when with two other persons he was transporting wood of the \"mayo colorado\" species, without the respective permits from the State Forest Administration. In this regard, the Sentencing Court reasons that neither does the evidence presented allow it to be held as proven with full certainty that the accused committed the action attributed to him. It is noted that witnesses [Name22], [Name23], and [Name20], MINAET officials, were in agreement that while they place the accused [[Name4]] in the sector, at the time the patrol that entered to verify a complaint for logging arrived, locating the accused in the \"chapulín,\" at one of its ends, as a passenger, the only moment it is established that the cited implicated drove the tractor, which he admitted in the exercise of his material defense, was when he collaborated with [[Name8]] and [Name24] so that they could detach the chain that was pulling the wood; the defendant being emphatic that that day he went to repair a \"chapulín\" because he is a mechanic, but said vehicle could not be moved because its front differential was broken.\n\nThe Trial Court concludes that the assessment of the testimony of the witnesses and the accused leads to the conclusion that there are no unquestionable elements that would allow the conduct of timber transport to be indisputably attributed to the defendant, since the accused was clear in justifying the reason for his presence at the scene of the events; hence, a doubt exists that must favor him (cf. judgment, folios 364 front to 366 front). This Appellate Chamber considers that the contested judgment is sufficiently and correctly reasoned. It would be contrary to the principle of derivation to take as proven, based on what happened on the first of December 2007 (namely, that the defendant [[Nombre4]  ] was arrested while traveling as a passenger in a tractor that was traveling along a track and transporting timber without the corresponding legal authorization), events that occurred between the month of October two thousand seven and before the first of December of the same year, consisting of the construction of a track on land with forest, illegal exploitation of forest products, and removal of forest products. Apart from the arrest of the accused under said circumstances, there is no element of conviction that places him in the area where the charged crimes occurred that would allow his statement to be refuted, to the effect that, before December 1, 2007, although he had been in the area where the arrest took place, it had been when he was 9 years old. Regarding the reasons why [Name [Nombre1]] was aboard the tractor that was hauling timber, the defendant declared, as the lower court well stated, that he had gone to repair a tractor that was broken down, at the request of his brother [Name [Nombre16]], the deceased accused, a task he could not complete because the vehicle had a broken front axle transmission mechanism and had to be removed from the site to be repaired. The existence of a broken-down tractor on the track leading to the farm of Mr. [[Nombre17]  ] was corroborated by the prosecution witnesses who made the journey to said farm: [Nombre19]   and [Nombre22]  , both officials of MINAET. Also, Mr. [Name [Nombre12]] related that he had agreed with Mr. [Name [Nombre16]] on the exploitation of timber from a part of his farm, that on the date of the events [Name [Nombre16]] informed him that he was ready to extract the timber but that the \"chapulín\" had suffered a breakdown, so he sent the co-accused [[Nombre8]  ] to extract the timber with a chapulín of his own, and that [Nombre25] was also there that day, whom he knew because on another occasion he had contacted him by telephone to repair a tractor for him, because he works in mechanics and welding (cf. judgment, folios 341 back to 346 front). The cited evidence, particularly the account of Mr. [Name [Nombre12]], corroborates essential aspects of the defendant [[Nombre4]  ]’s declaration, such as (i) his trade as a mechanic, (ii) the existence of a broken-down tractor on the track leading to his farm, (iii) the use of another tractor that entered on December 1, 2007 to extract timber from Mr. [Name [Nombre12]]’s farm, (iv) driven by an employee of said owner, named [Nombre26], (v) the witness [Name [Nombre12]] had no relationship whatsoever with the defendant [[Nombre4]  ]. Thus, the cited testimonial evidence corroborates the reason for [Name [Nombre1]]’s presence on said track and aboard the witness [[Nombre17]  ]’s tractor, which was not to transport timber, but to repair a tractor that had suffered a breakdown, so that the lower court is again correct in concluding that there is no evidence of said defendant’s participation in the conduct of timber transport. Although, as the appellant points out, the accused [Name [Nombre1]] was arrested under circumstances that could be classified as an arrest in flagrante delicto, when delving into the investigation it is determined that he was a third party unrelated to the timber transport activity being carried out, so that the Trial Court incurred no deficiency in reasoning when assessing the evidence and the manner of arrest of said defendant. The second and third grounds are dismissed.\n\n             IV.- The fourth ground is dismissed. The appellant challenges as a defect in the judgment the matter of the application of the procedural suspension on probation (suspensión del proceso a prueba) in the case of the co-accused [Nombre11]  , which does not form part of the content of the judgment. In the record of the oral and public trial of 09:08 hours on October 25, 2013, folios 317 to 318, it is verified that the Trial Court agreed to the application of the institute of procedural suspension on probation in favor of [[Nombre8]  ], subject to the condition that the head of the Procuraduría General de la República grant the corresponding approval for the application of said alternative solution, this being so requested by the Procurador himself, Licenciado [Nombre27]  , for which a period of 15 business days was granted. On January 9, 2014, a communication signed by Licenciado [Nombre28]  , Judge of the Trial Court of Golfito, was sent to Mr. [Nombre27]   in which a period of 15 days was granted for the Procurador General de la República to rule on the application of the procedural suspension on probation (cf. folio 414), without it being recorded in the expediente that said communication was actually made, nor the response from the Head of the Procuraduría General de la República, so that, because the effectiveness of the approval of the procedural suspension was left subject to the fulfillment of the referred condition, to date, it is not even recorded that it has been fulfilled and that said approval is effective, a situation on which the Trial Court must issue a ruling in due course, before whom the appellant must formulate the corresponding objections, and not before this Appellate Chamber. The ground is dismissed.\n\nPor tanto.\n\n            The first ground of appeal is upheld and by virtue thereof, given the omission of the Trial Court to rule regarding the restoration of things to the state they were in before the proven events occurred, it is ordered that the case be remitted to the court of origin, so that, after an oral and public hearing and with the owner of the farm where the damage to the environment was produced being granted participation, the corresponding ruling may be issued. The remaining grounds of the appeal are rejected. Let it be notified.\n\n                                                \n\n[Nombre29] [Nombre30]. Camacho Morales\n\nJorge A. [Nombre31] [Nombre32]                                                                                  Gustavo Chan Mora\n\nJudges of the Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal\n\nExp. 08-000429-0647-PE\n\nC/: [Name [Nombre1]]\n\nOf/: Los Recursos Naturales\n\nD/: Infracción a la Ley Forestal\n\nCsolanog\n\nEXP: 08-000429-0647-PE        \n\n Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Telephones: [Telf3] or [Telf4]. Fax: [Telf5]. Email: [...]\n\n 3\n\n  \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-02-2026 12:31:56.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }