{ "id": "nexus-sen-1-0034-707246", "citation": "Res. 00244-2017 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Reversión de rechazo de información posesoria en zona protectora", "title_en": "Reversal of rejection of possessory information in a protected zone", "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca la sentencia del Juzgado Agrario que había rechazado las diligencias de información posesoria promovidas por Vista Alto del Monte S.A. sobre un terreno de 8,306 m² en Atenas, Alajuela, situado dentro de la Zona Protectora Río Grande. El juzgado de instancia había desestimado la solicitud porque uno de los testigos, de 23 años, no podía acreditar personalmente la posesión decenal anterior a la creación de la zona protegida en 1976. El Tribunal, aplicando la libre valoración de la prueba propia de la jurisdicción agraria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), analiza en conjunto los tres testimonios, la escritura pública de compraventa y la cadena posesoria, y concluye que sí se demostró una posesión quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de 50 años, ejercida tanto por la sociedad promovente como por sus transmitentes, antes y después de la declaratoria del área protegida. Se ordena la inscripción registral del terreno a nombre de la sociedad.", "summary_en": "The Agrarian Court overturns the lower court's rejection of possessory information proceedings brought by Vista Alto del Monte S.A. for an 8,306 m² plot in Atenas, Alajuela, located within the Río Grande Protected Zone. The lower court had dismissed the petition because one 23-year-old witness could not personally attest to ten-year possession prior to the 1976 creation of the protected zone. Applying the free evaluation of evidence standard of agrarian jurisdiction (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law), the Court considers the three testimonies, the notarized sale deed, and the chain of possession together, finding that quiet, public, peaceful, and uninterrupted possession for over 50 years was proven, both by the petitioner and its predecessors, before and after the protected area designation. It orders registration of the property in the company's name.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "20/03/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "información posesoria", "posesión decenal", "zona protectora", "usucapión", "libre valoración de la prueba", "tracto sucesivo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 7", "law": "Ley de Informaciones Posesorias" }, { "article": "Art. 1", "law": "Ley de Informaciones Posesorias" }, { "article": "Art. 54", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 856", "law": "Código Civil" }, { "article": "Art. 863", "law": "Código Civil" }, { "article": "Zona Protectora Río Grande", "law": "Decreto Ejecutivo 6112-A" } ], "keywords_es": [ "información posesoria", "posesión decenal", "zona protectora", "usucapión", "libre valoración de la prueba", "artículo 54 Ley de Jurisdicción Agraria", "tracto sucesivo", "escritura pública", "Tribunal Agrario" ], "keywords_en": [ "possessory information", "ten-year possession", "protected zone", "usucaption", "free evaluation of evidence", "Article 54 Agrarian Jurisdiction Law", "chain of possession", "public deed", "Agrarian Court" ], "excerpt_es": "VII.- Bajo esa tesitura, considera el Tribunal lleva razón la representante de la promovente, en sus agravios. Este radica en lo medular sobre el rechazo de las diligencias que hace el juzgador de instancia por la insuficiencia de la declaración del testigo [Nombre4] para demostrar la posesión decenal de la sociedad promovente previa a la declaratoria del [Dirección5] Protegida por tener solo 23 años. Debe recordarse, como se señaló en los considerandos anteriores, que en esta materia la prueba se valora libremente, sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), y tratándose de informaciones posesorias, es obligación de todo juez agrario verificar con certeza que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley para poder usucapir. Efectivamente, y analizando la prueba aportada en conjunto, en cuanto a la posesión decenal, tenemos que el testigo [Nombre2] manifestó en lo que interesa tener más de setenta años, y de conocer el fundo objeto de titulación desde hace más de 60 años. Dijo además, el terreno se ha dedicado a pastos y que perteneció a [Nombre9] , el cual se lo vendió a su papá [Nombre7] , luego el terreno se repartió entre sus hermanos correspondiéndole el pedazo objeto de titulación a su hermano [Nombre6], quien se lo vendió hace como diez años a [Nombre5], quien es hermana de doña [Nombre1]. El deponente [Nombre3] ,. indicó tiene 71 años y dijo conocer el fundo de toda la vida, mucho más de cincuenta años, que el mismo perteneció a [Nombre9] y este le vendió a [Nombre7], que el terreno a sido de pastos, luego se repartió entre los hijos de [Nombre7], que ese sector del fundo le correspondió a [Nombre6] y que este lo vendió hace como diez años, cree que a la sociedad. El testigo [Nombre4] dijo tener 23 años de edad, que conoce el fundo de toda la vida, que lo que el recuerda es que el fundo era de su tío [Nombre6], quien se lo vendió a [Nombre5], quien es hermana de doña [Nombre1], hace unos diez años y que esta se lo vendió a la sociedad promovente hace unos tres años. Dijo conocer por referencia que el terreno fue de su abuelo [Nombre7], quien se lo había comprado a [Nombre9] (ver testimonios en el escritorio virtual, Audiencia Oral 03/12/2015 09:34:44). Aún cuando podría cuestionarse, como lo hizo la Procuradora, y fue lo que fundamentó el juez ad quo para el rechazo, que para los efectos de comprobar la posesión decenal, este último testigo es inidóneo por haber manifestado conocer desde hacía \"dieciocho años\", lo cierto es que dicha declaración debe valorarse con todo el conjunto o acervo probatorio traído al proceso por el juez a-quo, a fin de verificar si lo manifestado por él coincide con las demás probanzas existentes en autos. Todos los testigos han coincidido en que la empresa titulante, y sus transmitentes, han sido los poseedores por más de cincuenta años de esa propiedad. Sobre este particular, y siempre dentro de los cánones de la libre valoración probatoria del citado artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, el Tribunal analiza los testimonios antes apuntados en conjunto con la escritura pública de compraventa del inmueble objeto de estas diligencias efectuada entre el [Nombre1] como representan te de la sociedad promovente y [Nombre5] , según la cual se estableció: \"...QUINTA: QUE LA VENDEDORA TRASPASA A LA COMPRADORA LA POSESIÓN QUE HA EJERCIDO SOBRE EL PRESENTE INMUEBLE EN FORMA QUIETA, PÚBLICA, PACÍFICA, ININTERRUMPIDA, DE BUENA FE, A TÍTULO DE DUEÑA Y DESLINDADO DE LOS FUNDOS VECINOS Y POR MAS DE DOCE AÑOS.\".Con ello, se estaría cumpliendo tanto con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias como por el ordinal 6 de la citada Ley pues en el primer caso se dice: \"Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes, pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores\", (subrayado no es del original) y en el segundo caso: \"La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta si ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años...\" (subrayado no es del original), ante lo cual hecho el análisis conjunto de la totalidad del acervo probatorio constante en los autos, no le queda duda alguna a este Tribunal sobre la acreditación de la posesión decenal de la promovente, la cual amparada en las normas supracitadas, ha aprovechado la ejercida por su anterior transmitente [Nombre5] para efectos de la titulación que pretende realizar.- Además de lo anterior con la prueba testimonial citada se logra demostrar una posesión de vieja data sobre el fundo a titular de más de sesenta años, entre todos los poseedores en la cadena posesoria trasmitida del inmueble objeto de titulación.\n\nVIII.- En razón de todo lo expuesto, llevando razón la recurrente en sus agravios, deberá revocarse la sentencia dictada. En su lugar se acoge el trámite de diligencias de Información Posesoria interpuesto por VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 - - , representada por su apoderada generalísima sin límite de suma [Nombre1] , mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de [Dirección1] , cédula de identidad número CED8 - - y se ordena se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad a nombre de VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, el terreno que se describe así: Terreno de naturaleza de potrero y charral, situado en el [Dirección2] , de la Provincia de Alajuela, colinda al norte con [Nombre10] , al sur con Vista Alto del Monte S.A., al este con [Nombre10] , y al oeste con [Dirección3] con un frente de cincuenta y dos metros con sesenta y dos centímetros lineales, descrito en el plano catastrado número A-1696037-2013 de fecha 24 de octubre del 2013. Mide ocho mil trescientos seis metros cuadrados. Se estiman estas diligencias así como el terreno en la suma de cinco millones de colones. Queda afecta a las reservas legales de la Ley de Caminos Públicos conforme al artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral.", "excerpt_en": "VII.- Under that reasoning, the Court finds the petitioner's representative correct in her grievances. The core issue is the lower court's rejection of the proceedings due to the insufficiency of witness [Name4]'s statement to prove the petitioner company's ten-year possession prior to the declaration of the Protected [Direction5], because he is only 23 years old. It must be recalled, as stated in previous considerations, that in this matter evidence is freely evaluated, without strict adherence to common law rules (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law), and in possessory information proceedings, every agrarian judge must verify with certainty that the legal requirements for usucaption are met. Indeed, analyzing the evidence as a whole regarding ten-year possession, we have that witness [Name2] stated, relevantly, that he is over seventy years old and has known the property subject to titling for more than 60 years. He also said the land has been used for pasture and that it belonged to [Name9], who sold it to his father [Name7]; later the land was divided among his siblings, with the piece subject to titling going to his brother [Name6], who sold it about ten years ago to [Name5], who is the sister of Mrs. [Name1]. Deponent [Name3] indicated he is 71 years old and said he has known the property all his life, much more than fifty years, that it belonged to [Name9] and he sold it to [Name7], that the land has been pasture, later divided among [Name7]'s children, that this part of the property went to [Name6] and that he sold it about ten years ago, he believes to the company. Witness [Name4] said he is 23 years old, that he has known the property all his life, that what he remembers is that the property belonged to his uncle [Name6], who sold it to [Name5], who is the sister of Mrs. [Name1], about ten years ago, and that she sold it to the petitioner company about three years ago. He said he knows by reference that the land belonged to his grandfather [Name7], who had bought it from [Name9] (see testimonies in the virtual desktop, Oral Hearing 03/12/2015 09:34:44). Even though it could be questioned, as the Prosecutor did, and which was the basis for the lower court's rejection, that for the purposes of proving ten-year possession, this last witness is unsuitable because he stated he has known it for \"eighteen years,\" the truth is that such statement must be evaluated with the entire body of evidence brought to the process, in order to verify whether what he said coincides with the other evidence in the record. All witnesses have agreed that the titling company and its predecessors have been the possessors for more than fifty years of this property. On this point, and always within the canons of free evidentiary evaluation of the aforementioned Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, the Court analyzes the aforementioned testimonies together with the public deed of sale of the property subject to these proceedings executed between [Name1] as representative of the petitioner company and [Name5], according to which it was established: \"...FIFTH: THAT THE SELLER TRANSFERS TO THE BUYER THE POSSESSION SHE HAS EXERCISED OVER THIS PROPERTY IN A QUIET, PUBLIC, PEACEFUL, UNINTERRUPTED MANNER, IN GOOD FAITH, AS OWNER, AND DEMARCATED FROM NEIGHBORING PROPERTIES AND FOR MORE THAN TWELVE YEARS.\" Thus, it would comply with both the provisions of the third paragraph of Article 1 of the Possessory Information Law and Article 6 of said Law, since in the first case it says: \"When the applicant has not had ten-year possession of the property, he may avail himself of that exercised by his predecessors, but in this case he must present a public document evidencing the transfer of his right, although not that of previous possessors,\" (underlining not in original) and in the second case: \"The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be asked since when they have known the property, if they are aware whether it has been subjected by the applicant or previous owners to possession for a continuous period of not less than 10 years...\" (underlining not in original), whereupon after the joint analysis of the entire body of evidence in the record, this Court has no doubt whatsoever about the accreditation of the petitioner's ten-year possession, which, protected by the aforementioned norms, has taken advantage of that exercised by her predecessor [Name5] for the titling purposes she intends.- In addition to the above, with the cited testimonial evidence it is possible to demonstrate a long-standing possession of the property to be titled of more than sixty years, among all the possessors in the transmitted possessory chain of the property subject to titling.\n\nVIII.- For all the above reasons, the appellant being correct in her grievances, the issued judgment must be reversed. Instead, the possessory information proceedings brought by VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1, represented by its unlimited general agent [Name1], are granted, and it is ordered to proceed to register in the Public Property Registry in the name of VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA the property described as follows: Land of pasture and scrubland nature, located in ... measuring eight thousand three hundred six square meters. These proceedings and the land are valued at five million colones. It remains subject to the legal reservations of the Public Roads Law pursuant to Article 19 of the Possessory Information Law. The lower court shall issue the corresponding executorial decree and is authorized to make any corrections necessary for the purpose of achieving registration.", "outcome": { "label_en": "Reversed", "label_es": "Revocada", "summary_en": "The Agrarian Court reversed the lower court ruling and granted the possessory information, ordering the registration of the land in favor of the petitioner company.", "summary_es": "El Tribunal Agrario revocó la sentencia de primera instancia y aprobó la información posesoria, ordenando inscribir el terreno a favor de la sociedad promovente." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV (Ley de Informaciones Posesorias, artículo 1, párrafo tercero)", "quote_en": "When the applicant has not had ten-year possession of the property, he may avail himself of that exercised by his predecessors, but in this case he must present a public document evidencing the transfer of his right, although not that of previous possessors.", "quote_es": "Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes, pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "All witnesses have agreed that the titling company, and its predecessors, have been the possessors for more than fifty years of this property.", "quote_es": "Todos los testigos han coincidido en que la empresa titulante, y sus transmitentes, han sido los poseedores por más de cincuenta años de esa propiedad." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-66149", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto Ejecutivo 6112-A Zona Protectora Río Grande" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-707246", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00244 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2017 a las 16:35\n\nExpediente: 13-000041-0815-AG\n\nRedactado por: Antonio Darcia Carranza\n\nClase de asunto: Proceso de información posesoria\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Agrario\n\nTema: Información posesoria agraria\n\nSubtemas:\n\nDeclaraciones de testigos y su grado de coincidencia.\n\nTema: Prueba en materia agraria\n\nSubtemas:\n\nDeclaraciones de testigos en procesos de información posesoria y su grado de coincidencia.\n\nTema: Valoración de la prueba en materia agraria\n\nSubtemas:\n\nDeclaraciones de testigos en procesos de información posesoria y su grado de coincidencia.\n\n“ IV.- Luego de analizar detenidamente y en conjunto la totalidad de los elementos probatorios aportados a las presentes diligencias de información posesoria, presentadas por la empresa promovente Vista del Monte Sociedad Anónima representada por la señora Ana [Nombre1] Alfaro García, y valorada la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), este Tribunal llega a la ineludible conclusión que estas diligencias deben ser aprobadas, por cumplirse con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para demostrar la posesión decenal ejercida tanto por la promovente como por su anterior transmitente. La Ley de Informaciones Posesorias establece el trámite para que toda persona que ha adquirido el derecho de propiedad por usucapión, pueda inscribirlo en el Registro Público, y de ese modo garantiza el derecho de acceso a la propiedad contemplado en el artículo 45 de la Constitución Política. La Ley, en el artículo 1, hace referencia a los requisitos exigidos por el artículo 856 del Código Civil, es decir una posesión por más de diez años, ejercida a título de dueño, en forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe. No exige un título traslativo posesorio, si el usucapiente tiene más de diez años de ejercer la posesión en esas condiciones, porque no le hace falta, al haber completado el tiempo necesario para adquirir el dominio. Solo se le exige a tenor de lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil: \"Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes,  pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores\". Ello significa que solo cuando se pretende sumar al tiempo de la posesión decenal, la del trasmitente, se exige presentar un documento traslativo posesorio, o bien, demostrar con prueba testimonial idónea la posesión trasmitida.\n\n          V.- La información posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes.  Se exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida (artículos 1 de la Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código Civil). El titulante, aparte de carecer de título inscrito o inscribible en el Registro Público, debe manifestar expresamente que la finca no ha sido inscrita con anterioridad en el Registro Público. Por razones de interés público, y para evitar una doble inscripción registral sobre un mismo bien, o bien, para tutelar a terceros de mejor derecho que el titulante, la ley exige notificar a ciertos sujetos. También estableció un trámite de oposición dentro de la información posesoria, en caso de que alguno de los interesados se sienta perjudicado por la titulación (artículo 8). La Ley de informaciones posesorias ordena al Juez tener como partes y por tanto notificarles personalmente desde el inicio de las diligencias, a los colindantes, ello por cuanto la titulación podría abarcar parte de las tierras que les pertenecen. También se ordena notificar a los condueños o condóminos cuando existan. Igualmente, en resguardo de los intereses del Estado, se debe tener como parte a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, para el resguardo de la propiedad sujeta en el primer caso al dominio público, y en el segundo a la propiedad agraria estatal (artículo 5). Finalmente, la Ley ordena citar a todos los interesados, mediante la publicación de un edicto en el Boletín Judicial, que puedan tener un interés legítimo en el proceso (ver mismo numeral 5 ibídem).-\n\n          VI.- Sobre el tema de la libre valoración probatoria en materia agraria, esteTribunal ha indicado: “ VI. …La apreciación o valoración probatoria consiste en la actividad de selección que debe realizar el juez, entre las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer cuáles de ellas son las eficaces para resolver el conflicto sometido a su conocimiento. Dicha selección le permite decidirse por una de las tesis divergentes presentadas por cada parte de la relación procesal. Dicha actividad requiere de varios pasos intelectivos básicos, que ha señalado la doctrina: En la actividad probatoria encontramos siempre tres aspectos básicos que son la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El conocimiento de un hecho por parte del juez no se puede obtener sin que él mismo perciba algo con los propios sentidos y para ello, tal como lo afirma [[Nombre1]], es inevitable el contacto entre el juez y la realidad acerca de la cual se debe juzgar. El contacto del juez con la observación de los hechos puede hacerse de una forma directa o de un modo indirecto a través de la relación que hacen otras personas de algunas cosas o documentos. Se trata siempre de una operación sensorial, sin la cual sería imposible apreciar el contenido y la fuerza de convicción de una prueba. Una vez percibidos aisladamente los hechos, debe procederse a su reconstrucción histórica, y ésta no puede ser hecha en forma aislada, ya que se requiere que se efectúe en su conjunto y con el cuidado necesario para que no se admitan hechos que alteren la realidad o la hagan cambiar de significado. Son también válidas para la apreciación, las reglas generales de la experiencia…. La percepción de los medios, las condiciones y el lugar en el cual se desarrollaron los hechos, le va a permitir luego desarrollar una labor interpretativa. En efecto, una vez que el juez ha percibido los medios de prueba, debe realizar una i nterpretación de los datos probatorios para darles significado jurídico. En tercer lugar, es necesario que el Juez establezca el grado de eficacia que merezca cada medio de prueba, tanto desde el punto de vista formal (en cuanto a la existencia del medio de prueba en la ley y si se ha producido debidamente) como material (la sinceridad o veracidad de la fuente, para determinar si el testigo no miente, o si el documento ha sido o no alterado). Un cuarto paso consistiría, en verificar si el Juez tiene alguna vinculación legal con algún tipo de prueba (en el sistema de prueba legal o tasada). Ello no se aplicaría cuando el Juez puede apreciar libremente la prueba, como es el caso de la materia agraria. Finalmente, el Juez debe lograr una reconstrucción de los hechos discutidos, tal y como a su criterio fueron sucediendo, tomando y depurando todas las fuentes de prueba, en su conjunto. Se trata de apreciar en conjunto la prueba, de lo cual se deriva el deber de motivación de la sentencia. El Juez agrario entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación “in situ”, directa e inmediata. La convicción del juez agrario es un acto psicológico aplicado a una situación concreta, viva, propia de la realidad agraria. El Juez Agrario debe examinar la credibilidad de lo que dice un testigo, o de una parte, para justipreciar su valor. Pero también debe analizar la experiencia social, el medio -mundo agrario- en donde se desenvuelve el conflicto, e incluso la cultura y el comportamiento del campesino. Por ello debe tenerse en cuenta, por un lado la autenticidad y sinceridad de cada prueba cuando se trate de documentos, confesiones y testimonios; por otro lado, determinar su exactitud y credibilidad. Con ello se garantizan los principios de lealtad y probidad en el resultado del elemento probatorio. Las partes dentro del proceso tienen derecho a conocer todos los factores relevantes que han contribuido a la formación del fallo. Los motivos y fundamentación del fallo son los que permiten el control en la vía jerárquica superior Es decir, el juez agrario se asocia una situación particular (del caso concreto), con situaciones semejantes de la realidad que el juez con su experiencia logra conocer\". (Tribunal Agrario, No. 206 de las 14:50 horas del 26 de marzo de 1999). Lo anterior es compartido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al considerar: \"El sistema de la libre valoración de la prueba supera el clásico sistema de la prueba legal así como el de la sana crítica, que rigen en el proceso civil. La forma como ha sido concebido el proceso agrario le permite al juez valorar ampliamente los hechos alegados por las partes. Dicho sistema no es arbitrario, por el contrario en la libre valoración de la prueba la misma deber ser razonada, crítica, basarse en la lógica, la experiencia y la sicología. En la motivación del fallo el juez debe exponer los motivos de convicción que lo llevan a resolver en los términos que lo hace. A diferencia del sistema de tarifa legal, en el cual las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas, e incluso la admisibilidad de pruebas debe estar previamente señalado por el Ordenamiento Jurídico, en el sistema de libre apreciación el juez tiene libertad para admitir pruebas conforme a su criterio.” (N° 398-F-01 de las 16 horas del 6 de junio del 2001). Asimismo, sobre este tema ha resuelto: “La Ley de Jurisdicción Agraria, tanto en su artículo 54, para los jueces de instancia, como en el 61, para los jueces de casación, autoriza a valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a las normas de derecho común. En este caso el Juez deberá expresar los principios de equidad o de derecho sobre el cual funde su criterio. Se trata del sistema de la libre valoración y no el de la valoración a conciencia pues esta última es típica de los juzgadores no juristas.” (N°46-F-95 de las 15 horas del 26 de abril de 1995). (VOTO 673-F-2003 de las 11:25 hrs. del 15 de octubre de 2003).-\n\nVII.- Bajo esa tesitura, considera el Tribunal lleva razón la representante de la promovente, en sus agravios. Este radica en lo medular sobre el rechazo de las diligencias que hace el juzgador de instancia por  la insuficiencia de la declaración del testigo [[Nombre2]]    para demostrar la posesión decenal de la sociedad promovente previa a la declaratoria del [Dirección1]  Protegida por tener solo 23 años. Debe recordarse, como se señaló en los considerandos anteriores, que en esta materia la prueba se valora libremente, sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), y tratándose de informaciones posesorias, es obligación de todo juez agrario verificar con certeza que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley para poder usucapir.  Efectivamente, y analizando la prueba aportada en conjunto, en cuanto a la posesión decenal, tenemos que el testigo [[Nombre3]]    manifestó en lo que interesa tener más de setenta años, y de conocer el fundo objeto de titulación desde hace más de 60 años. Dijo además, el terreno se ha dedicado  a pastos y que  perteneció a [[Nombre4]] , el cual se lo vendió a su papá [[Nombre5]]  , luego el terreno se repartió entre sus hermanos correspondiéndole el pedazo objeto de titulación a su hermano [[Nombre6]], quien se lo vendió hace como diez años a [[Nombre7]], quien es hermana de doña [[Nombre8]]. El deponente [[Nombre9]]   ,. indicó tiene 71 años y dijo conocer el fundo de toda la vida, mucho más de cincuenta años, que el mismo perteneció a [[Nombre4]]  y este le vendió a [[Nombre5]], que el terreno a sido de pastos, luego se repartió entre los hijos de [[Nombre5]], que ese sector del fundo le correspondió a [[Nombre6]] y que este lo vendió hace como diez años, cree que a la sociedad. El testigo [[Nombre2]]    dijo tener 23 años de edad, que conoce el fundo de toda la vida, que lo que el recuerda es que el fundo era de su tío [[Nombre6]], quien se lo vendió a [[Nombre7]], quien es hermana de doña [[Nombre8]], hace unos diez años y que esta se lo vendió a la sociedad promovente hace unos tres años. Dijo conocer por referencia que el terreno fue de su abuelo [[Nombre5]], quien se lo había comprado a [[Nombre4]]     (ver testimonios en el escritorio virtual, Audiencia Oral 03/12/2015 09:34:44). Aún cuando podría cuestionarse, como lo hizo la Procuradora, y fue lo que fundamentó el juez ad quo para el rechazo, que para los efectos de comprobar la posesión decenal, este último testigo es inidóneo por haber manifestado conocer desde hacía \"dieciocho años\", lo cierto es que dicha declaración debe valorarse con todo el conjunto o acervo probatorio traído al proceso por el juez a-quo, a fin de verificar si lo manifestado por él coincide con las demás probanzas existentes en autos.  Todos los testigos han coincidido en que la empresa titulante,  y sus transmitentes, han sido los poseedores por más de cincuenta años de esa propiedad. Sobre este particular, y siempre dentro de los cánones de la libre valoración probatoria del citado artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, el Tribunal analiza los testimonios antes apuntados en conjunto con la escritura pública de compraventa del inmueble objeto de estas diligencias efectuada entre el [[Nombre8]]    como representan te de la sociedad promovente y [[Nombre7]]   , según la cual se estableció: \"...QUINTA: QUE LA VENDEDORA TRASPASA A LA COMPRADORA LA POSESIÓN QUE HA EJERCIDO SOBRE EL PRESENTE INMUEBLE EN FORMA QUIETA, PÚBLICA, PACÍFICA, ININTERRUMPIDA, DE BUENA FE, A TÍTULO DE DUEÑA Y DESLINDADO DE LOS FUNDOS VECINOS Y POR MAS DE DOCE AÑOS.\".Con ello, se estaría cumpliendo tanto con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias como por el ordinal 6 de la citada Ley pues en el primer caso se dice: \"Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes,  pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores\", (subrayado no es del original) y en el segundo caso: \"La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta si ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años...\" (subrayado no es del original), ante lo cual hecho el análisis conjunto de la totalidad del acervo probatorio constante en los autos, no le queda duda alguna a este Tribunal sobre la acreditación de la posesión decenal de la promovente, la cual amparada en las normas supracitadas, ha aprovechado la ejercida por su anterior transmitente [[Nombre7]]   para efectos de la titulación que pretende realizar.- Además de lo anterior con la prueba testimonial citada se logra demostrar una posesión de vieja data sobre el fundo a titular de más de sesenta años, entre todos los poseedores en la cadena posesoria trasmitida del inmueble objeto de titulación.”\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n*130000410815AG*\n\n \n\n    \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN2 - 4\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nINFORMACIÓN POSESORIA\n\n\n\n\nPROMUEVE:\n\n\t\n\nVISTA ALTO DEL MONTE  SOCIEDAD ANÓNIMA\n\n \n\n   \n\nVOTO N° 244-F-2017\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciséis horas y treinta y cinco minutos del veinte de marzo de dos mil diecisiete.-\n\n          PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 -   -       , representada por su apoderada generalísima sin límite de suma [Nombre1]   , mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de [Dirección1]   , cédula de identidad número CED2 -     -    . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED3 -     -  , en su condición de procuradora adjunta ; y e l INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL , cédula jurídica CED4 -    -          - , representado por Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED5 -     -  , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderada especial judicial de la sociedad promovente , la licenciada Karen Daniela Oconitrillo Quesada, mayor, soltera, abogada, vecina de Atenas, cédula de identidad número CED6 -     -    . Tramitad a ante el Juzgado Agrario de l Primer Circuito Judicial de Alajuela.-\n\n \n\nRESULTANDO:\n\n           1.- La sociedad promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: \" Terreno de naturaleza de potrero y charral, situado en el [Dirección2]  ,    de la Provincia de Alajuela, colinda al norte con Aderita Sánchez López, al sur con Vista Alto del Monte S.A., al este con Aderita Sánchez López, y al oeste con [Dirección3]  con un frente de cincuenta y dos metros con sesenta y dos centímetros lineales, descrito en el plano catastrado número A-1696037-2013 de fecha 24 de octubre del 2013. Mide ocho mil trescientos seis metros cuadrados,\" (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, en Bandeja de Escritos, archivo del 10/06/13 de las 10:58:04 a.m.).-\n\n           2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren en escrito incorporado al escritorio virtual en bandeja de escritos, archivo del 18/12/15 de las 10:45:39 a.m.; a su vez e l Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en los términos que corren en el archivo del 25/02/16 de las 1:48:24 p.m. La representación del Estado solicita improbar estas diligencias y señala la prueba testimonial resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 6112-A del 17 de julio de 1976, creador de la Zona Protectora Río Grande. Ver memoriales incorporados en fechas 17 de mayo, y 07 de junio, ambos del 2016, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Alajuela en Bandeja de Escritos, archivos del 17/05/15 de las 08:30:51 a.m. y del 07/06/16 de las 01:18:28 p.m.) . -\n\n          3 .- El juez Rodolfo Vásquez Vásquez, del Juzgado Agrario de l Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 78-2016 de las catorce horas treinta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciséis , resolvió: “ POR TANTO: \" De acuerdo a lo expuesto y citas de ley SE RECHAZAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA interpuestas por VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, en Documentos Asociados, archivo del 31/08/16 de las 10:01:37 a.m.).-\n\n4 .- La licenciada Karen Daniela Oconitrillo Quesada , en su condición de apoderada especial judicial de la sociedad promovente, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia , (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Alajuela, en Bandeja de Escritos, archivo del 08/09/16 de las 02:03:30 p.m.).-\n\n5 . - En la substanciación del proceso  se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. -\n\nRedacta el juez DARCIA CARRANZA; y,\n\n          CONSIDERANDO:\n\n          I.- Se comparte lo dispuesto en cuanto a hechos probados, por tener buen sustento en los autos. De dicha naturaleza téngase el siguiente: 8.- El inmueble objeto de titulación ha estado en manos privadas desde hace más de 60 años (ver testimonial de [Nombre2]   , [Nombre3]    y [Nombre4]   (ver testimonios en el escritorio virtual, Audiencia Oral 03/12/2015 09:34:44). 9.- El terreno objeto de titulación ha estado dedicado a pastos (ver testimonios en el escritorio virtual, Audiencia Oral 03/12/2015 9:34:44).\n\n          II.- No se comparte el hecho tenido por no demostrado pues analizada la prueba en su conjunto en forma global, contrario a lo dicho por el juez a quo, esta Cámara considera que si se demostró la posesión decenal diez años antes de la declaratoria del área silvestre protegida.\n\n          III.- La Licda. Karen Daniela Oconitrillo Quesada, en calidad de apoderada especial judicial de la sociedad VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA,sociedad promovente interpuso formal RECURSO DE APELACION contra la resolución N° 78-2016 de las catorce horas y treinta minutos del treinta de agosto del año dos mil dieciséis, recurso que se plantea por carecer la misma de fundamento de hecho y de derecho, así como errónea valoración de la prueba. La impugnación se interpone con base en los razonamientos que paso a exponer: La resolución declara sin lugar la información posesoria basada solo en el siguiente argumento: \"... Empero, analizada la prueba evacuada en autos, se concluye que dicho extremo adolece de falta de probanzas. Al respecto, el deponente [Nombre4]   , cédula CED7, declara que tiene 23 años de edad, y la finca la conoce desde hace aproximadamente dieciocho años. En ese sentido conoce el terreno desde el año 1997, y para entonces ya había sido afectado a zona protectora. Lo anterior en virtud la recepción de la prueba se llevó a cabo el 03 de diciembre del 2015, según se infiere de la minuta de prueba testimonial incorporada en esa fecha. Además, se puede escuchar la prueba testimonial en archivo de voz incorporado en fecha 03 de diciembre del 2015. Aunque de las declaraciones testimoniales se deriva que el terreno se ha dedicado a ganadería, no es dable determinar que tales actos de posesión los ejerciera la sociedad titulante o su transmitente con anterioridad a diez años a la creación de la zona protectora. Con base en lo expuesto, no es pertinente tener por demostrado el requisito exigido en el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, en cuanto a la posesión decenal requerida para inscribir fincas en áreas protegidas. Por la forma en que se resuelve, y por innecesario, no se entra a conocer acerca de los demás motivos señalados por el ente estatal en su último escrito\".- En primer lugar, el señor Juez indica en el extracto de resolución, que no se puede declarar positivas las presentes diligencias por un motivo muy puntual, cual es que el señor [Nombre4]    tiene 23 años de edad, y la finca la conoce desde hace aproximadamente dieciocho años. En ese sentido conoce el terreno desde el año 1997, y para entonces ya había sido afectado a zona protectora... No es dable determinar que tales actos de posesión los ejerciera la sociedad titulante o su transmitente con anterioridad a diez años a la creación de la zona protectora. Sin embargo esta representación considera que esta interpretación es incorrecta, por los siguientes motivos: La doctrina mayoritaria señala acerca de la posesión en el proceso de usucapión lo siguiente: \"Tanto en la doctrina(3) como en la jurisprudencia,(4) se han distinguido dos tipos de acciones de usucapión agraria: La común y la especial. La usucapión agraria común, requiere del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código Civil para poder adquirir por prescripción positiva. El actor debe demostrar el ejercicio de una posesión a título de dueño, en forma pública, pacífica e ininterrumpida. Pero dicha posesión no debe ser “civil”, sino agraria, lo cual implica el ejercicio de actos posesorios agrarios, tendientes a cultivar y mejorar el bien que se pretende usucapir, bajo el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria. El plazo de la posesión requerida es el mismo, sea diez años.En cuanto a los requisitos de justo título y la buena fe, también se exigen para la usucapión agraria común. El justo título puede ser traslativo de la posesión, caso en el cual el actor debe acreditar que ha adquirido de un anterior transmitente, sea por medio de una carta venta, cesión, donación, o incluso a través de prueba testimonial, pero debe demostrar el tiempo de la posesión personal y el tiempo de la posesión trasmitida, para completar de ese modo la posesión decenal.\" Claramente en el expediente se refleja no solo un tipo de prueba, pues la normativa lo establece y lo permite, además de que la prueba se tiene que ver en integridad. En primer lugar, a folios 15 y 16 consta una venta privada, misma en la que se refleja que la señora [Nombre5]    le vendió el inmueble a la sociedad promovente de estas diligencias Vista Alto del Monte S.A, siendo que dicha transmitente lo adquirió anteriormente del señor [Nombre6]  , quien a su vez lo había adquirido de su padre [Nombre7]   hace más de 50 años, como los testigos de la parte promovente [Nombre2]   , [Nombre3]    y [Nombre4]    lo confirman en su integridad, como más adelante analizará. Evidentemente, no solo existe un relato conciso y claro por los indicados deponentes, sino que también se identifica en dicha prueba testimonial el tracto sucesivo, el cual ha quedado debidamente demostrado con la prueba testimonial y documental ya citada que consta en autos, que viene desde hace más de 50 años. Así la prueba testimonial, ofrecida por mi representada, se puede resumir de la siguiente manera: El señor [Nombre4]   , quien reconoce en su declaración que conoce la finca desde que tiene uso de razón y sabe por su conocimiento personal que dicha propiedad ha pertenecido a su familia y que el inmueble a titular objeto de estas diligencias era de su tío, así como que su padre adquirió de progenitor (su abuelo), situación que evidenció en su testimonio donde indicó que conoce dichas circunstancias desde que tiene uso\n\nde razón, por lo cual no se puede considerar que su testimonio no es correcto o veraz. Aunado a lo anterior, al verificarse el artículo siete de la Ley de Informaciones Posesorias establece: \" Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre.... Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas. (Así reformado por el artículo 72, inciso c), de la Ley Forestal No.7575 del 13 de febrero de 1996)...\". De acuerdo al artículo supra citado, se establece que el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre, situación que está completamente acreditada con las pruebas aportadas en el expediente, ya que como se ha indicado, la propiedad perteneció hace más de 50 años al señor [Nombre7]  , mucho antes del año 1976 en que se decreto el área silvestre. No se desprende del artículo indicado que se tenga que demostrar la posesión decenal antes de la declaratoria de zona protegida con los tres testigos, como lo ha indicado el a quo, sino que el que artículo lo que indica es que el promovente debe demostrar ser el propietario de los derechos legales de posesión ejercida con diez años de antelación a la declaratoria respectiva, situación acreditada con prueba documental y también con prueba testimonial. El error de juzgador de instancia consiste en que solo analizó el testimonio de [Nombre4]   , dejando por fuera de sus análisis a los testigos [Nombre2]   y [Nombre3]   ,\n\nasí  como de la prueba documental indicada supra. Amén de lo anterior en nuestro criterio es que los testigos que cita el numeral seis de la ley de informaciones posesorias tengan más de 50 años, sino que conozcan de la posesión derivada. Todos los testigos han coincidido en que la posesión que ejerce la promovente viene por sucesión de diferentes propietarios desde hace más de 50 años. La prueba existente en el expediente, y específicamente la prueba testimonial de los tres testigos evacuados, demostró claramente la posesión decenal de parte de la titulante y además la posesión decenal anterior a la declaratoria de zona protegida fue debidamente acreditada con la prueba testimonial que consta en autos y con el testimonio personal de dos testigos [Nombre2]   y [Nombre3]    y la declaración de referencia del testigo [Nombre4]   . La interpretación que hace el ad-quo en el sentido de exigir el testimonio de los tres testigos para demostrar la posesión decenal anterior a la declaratoria de zona protegida, sería una interpretación restrictiva de la ley, pues el legislador estaría creando una ley para un tiempo determinado, y no fue así, ya que en el momento en que hayan pasado más de 80 años de la declaratoria de determinada zona protegida, será difícil por no decir que imposible, tener tres testigos que por su edad puedan acreditar que estuvieron en el tiempo y en el espacio de dicha posesión decenal anterior a la declaratoria de zona protegida, para demostrar personalmente dicho hecho. Es así, que la posesión que la ley exige que debe demostrarse claramente con prueba testimonial es la posesión decenal anterior a la presentación de las diligencias de titulación respectivas y no como interpreta el Juez en cuanto a que la posesión decenal anterior a la declaratoria, deba demostrarse solo con la prueba testimonial (los tres testigos de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior) la cual podrá demostrarse de otra manera, incluyendo prueba testimonial y documental. Considera que quedó total y absolutamente claro, tal y como consta en la prueba recabada de este proceso, que la posesión decenal anterior a la declaratoria de zona protegida de fecha 17 de julio de 1976 y el tracto sucesivo del inmueble referido, fueron debidamente demostrados. Dice, llama la atención del ad quem que en este proceso, como ha venido indicando, no solo se contó con el testimonio de [Nombre4]   , sino,  además se contó con otro prueba testimonial, consistente en las deposiciones de: [Nombre2]   y [Nombre3]   , de 70 y 61 años de edad respectivamente, quienes declararon en forma coincidente su conocimiento personal del inmueble objeto de esta titulación desde hace más de 50 años, (ver folios 93 - 94 donde se incorpora el audio de grabación de la audiencia de recepción de testigos del día tres de diciembre del dos mil quince) testimonios que acreditan fehacientemente la posesión ejercida y el tracto sucesivo por la sociedad propietaria actual y por lo anteriores propietarios, posesión que incluye el periodo decenal anterior a la declaratoria de zona protegida. Asimismo, el testigo [Nombre4]    de 23 años de edad declaró con claridad meridiana la posesión decenal ejercida por la sociedad actora y su inmediata anterior propietaria, y además referenció, por el conocimiento familiar que tiene del historial sucesorio del inmueble a titular, el derecho de posesión sobre dicho inmueble desde que perteneció a su abuelo [Nombre7]  , declaración veraz, con conocimiento de causa y congruente, que de ninguna forma puede desacreditarse tal y como lo hace el Juzgador de Primera Instancia. Asimismo, en el fallo recurrido el Juzgador establece lo siguiente: \"Aunque de las declaraciones testimoniales se deriva que el terreno se ha dedicado a ganadería, no es dable determinar que tales actos de posesión los ejerciera la sociedad titulante o su transmitente con anterioridad a diez años a la creación de la zona protectora. Con base en lo expuesto, no es pertinente tener por demostrado el requisito exigido en el numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, en cuanto a la posesión decenal requerida para inscribir fincas en áreas protegidas. \" Con relación a este aspecto, el Juzgador también se equivoca, pues tal y como ha quedado demostrado con las deposiciones de los testigos evacuados, así como con la certificación de uso de suelo que consta en autos, que la posesión fue ejercida desarrollándose durante todo este tiempo la actividad de pastos, actividad que por sí sola implica un mantenimiento específico y es definitivamente un acto de posesión del inmueble. Ver en este sentido los folios 93 - 94 donde se incorpora el audio de grabación de la audiencia de recepción de testigos del día tres de diciembre del dos mil quince y los folios 36- 37 en la cual se encuentra la certificación de inspección para informaciones posesorias. Así las cosas, no solo la legislación sino la interpretación doctrinal y jurisprudencial de nuestros máximos Tribunales han establecido la claridad de la posesión derivada, claramente demostrada en este expediente, por ello la sociedad Vista Alto del Monte S.A. lo ha hecho todo de conformidad con el artículo 1, 6 y 7 de la Ley Informaciones Posesorias. Señala en relación a la prueba y titulación en áreas silvestres protegidas el  Tribunal Agrario, el Tribunal Agrario en la Sentencia N° 00192 del 28 de febrero de2013 de las 11:45: 00 a.m. bajo el expediente EXPN1 estableció lo siguiente: \"XIX.- Uno de los temas más controvertidos, en materia de limitaciones a la propiedad, para el cumplimiento de su función ambiental, es el de la posesión y titulación de bosques y terrenos ubicados en áreas protegidas. El tratamiento de este tema, en el ámbito de la protección posesoria, de la propiedad privada y de la usucapión ha sido objeto de análisis y discusión, tanto en doctrina como en jurisprudencia. El tema de la posesión ecológica, no es de pacífica aceptación. Se han dado diversos planteamientos doctrinales y la jurisprudencia exige demostrar el cumplimiento de la función ecológica para proteger la posesión y propiedad. Todo se origina en la aplicación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que en la actualidad establece: “Artículo 7.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por los menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que contengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios...” (Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7. Reformado por Ley Forestal, No. 7575 del 5 de febrero de 1996). En relación con la aplicación de esta disposición, contrario a lo señalado por la a-quo en sus consideraciones de fondo -en cuanto a la imposibilidad de aplicar retroactivamente el artículo 7 mencionado - la Sala Constitucional ha indicado que es posible aplicar dicha disposición en forma retroactiva, desde que se produce la afectación al dominio público, pues la posesión decenal consolidada antes de la declaratoria de  cualquier reserva o área protegida encuentra tutela en la referida disposición legal (ver voto de la Sala Constitucional, No. 4597 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997). De ahí que no comparta el Tribunal la afirmación de la juzgadora de instancia en tal sentido. En todo caso, la situación de este proceso, como veremos, es totalmente diferente, ya que ni el actor, ni el demandado han poseído a título de dueños, terrenos que han pertenecido y continúan perteneciendo al Patrimonio Forestal del Estado. (...) Por otra parte, es importante aclarar que en este caso, para poder titular mediante información posesoria el legislador estableció una serie de requisitos mayores, justamente para evitar que el Patrimonio Forestal del Estado y las áreas protegidas se vean afectadas, así como su biodiversidad. Por ello la Ley\n\nde informaciones posesorias en su artículo 7 exige demostrar, aparte de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, que se ha conservado el bosque. Los diez años anteriores a la creación se exigen, justamente, para proteger a aquellos sujetos privados que habían consolidado su derecho de posesión diez años antes de la creación del área, es decir, antes de que ocurriera la afectación al dominio público (Ver, entre otros, Tribunal Agrario, No.124 de las 11:30 horas del 14 de marzo del 2003). La oposición del ente del Estado, tanto del Instituto de Desarrollo Rural, como de la Procuraduría General de la República, ha sido permanente y sistemática. Aunado a lo anterior, el artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias es imperativo al indicar que el juez: \"Rechazará la misma si llegare a constatar que se pretende titular indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas.\" Con ello se pretende evitar, que por las diligencias de jurisdicción voluntaria, se puedan titular bienes del Estado. Regla que aplicaría en este proceso ordinario declarativo de una usucapión agraria que reclama la sociedad actora. En la usucapión agraria común, en cambio, se exige además de los anteriores requisitos el justo título y la buena fe. Puede tratarse de una causa originaria (como el derecho de posesión) o derivada (mediante un contrato traslativo posesorio). Para el caso de la buena o mala fe, la primera se presume siempre, sin embargo, es poseedor de mala fe quien en el acto de la toma en posesión tuvo suficientes motivos para que dudara (artículos 284, 287 y 286 del Código Civil). La buena o mala fe se liga al convencimiento de la persona de que está poseyendo un bien propio, y la persona que le trasmitió era su legítima propietaria. Uno de los principales agravios del recurrente giran entorno a los requisitos de la usucapión agraria común, aduciendo cumple con los presupuestos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, a saber, justo título, buena fe, y posesión decenal en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida. El numeral 853 del Código Civil exige tres requisitos fundamentales sin los cuales no puede operar la usucapión, a saber, justo...\" En dicha resolución se hace notar la necesidad probatoria en cuanto a la posesión decenal anterior a la constitución de la Zona Protegida, sin embargo no se limita a la necesidad de un tipo de prueba ni algún máximo de testigos. Es inevitable indicar que los fines en los cuales interviene el Estado con sus diversas entidades, es con el fin de que no se titule indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas, situación que difiere del presente caso, ya que queda claramente demostrado que se trata de una propiedad privada y que se poseyó 10 años antes del decreto que estableció como Zona Protectora a [Dirección4] .\n\n          IV.- Luego de analizar detenidamente y en conjunto la totalidad de los elementos probatorios aportados a las presentes diligencias de información posesoria, presentadas por la empresa promovente Vista del Monte Sociedad Anónima representada por la señora [Nombre1]   , y valorada la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), este Tribunal llega a la ineludible conclusión que estas diligencias deben ser aprobadas, por cumplirse con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para demostrar la posesión decenal ejercida tanto por la promovente como por su anterior transmitente. La Ley de Informaciones Posesorias establece el trámite para que toda persona que ha adquirido el derecho de propiedad por usucapión, pueda inscribirlo en el Registro Público, y de ese modo garantiza el derecho de acceso a la propiedad contemplado en el artículo 45 de la Constitución Política. La Ley, en el artículo 1, hace referencia a los requisitos exigidos por el artículo 856 del Código Civil, es decir una posesión por más de diez años, ejercida a título de dueño, en forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe. No exige un título traslativo posesorio, si el usucapiente tiene más de diez años de ejercer la posesión en esas condiciones, porque no le hace falta, al haber completado el tiempo necesario para adquirir el dominio. Solo se le exige a tenor de lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil: \"Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes,  pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores\". Ello significa que solo cuando se pretende sumar al tiempo de la posesión decenal, la del trasmitente, se exige presentar un documento traslativo posesorio, o bien, demostrar con prueba testimonial idónea la posesión trasmitida.\n\n          V.- La información posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes.  Se exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida (artículos 1 de la Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código Civil). El titulante, aparte de carecer de título inscrito o inscribible en el Registro Público, debe manifestar expresamente que la finca no ha sido inscrita con anterioridad en el Registro Público. Por razones de interés público, y para evitar una doble inscripción registral sobre un mismo bien, o bien, para tutelar a terceros de mejor derecho que el titulante, la ley exige notificar a ciertos sujetos. También estableció un trámite de oposición dentro de la información posesoria, en caso de que alguno de los interesados se sienta perjudicado por la titulación (artículo 8). La Ley de informaciones posesorias ordena al Juez tener como partes y por tanto notificarles personalmente desde el inicio de las diligencias, a los colindantes, ello por cuanto la titulación podría abarcar parte de las tierras que les pertenecen. También se ordena notificar a los condueños o condóminos cuando existan. Igualmente, en resguardo de los intereses del Estado, se debe tener como parte a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, para el resguardo de la propiedad sujeta en el primer caso al dominio público, y en el segundo a la propiedad agraria estatal (artículo 5). Finalmente, la Ley ordena citar a todos los interesados, mediante la publicación de un edicto en el Boletín Judicial, que puedan tener un interés legítimo en el proceso (ver mismo numeral 5 ibídem).-\n\n          VI.- Sobre el tema de la libre valoración probatoria en materia agraria, esteTribunal ha indicado: “ VI. …La apreciación o valoración probatoria consiste en la actividad de selección que debe realizar el juez, entre las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer cuáles de ellas son las eficaces para resolver el conflicto sometido a su conocimiento. Dicha selección le permite decidirse por una de las tesis divergentes presentadas por cada parte de la relación procesal. Dicha actividad requiere de varios pasos intelectivos básicos, que ha señalado la doctrina: En la actividad probatoria encontramos siempre tres aspectos básicos que son la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El conocimiento de un hecho por parte del juez no se puede obtener sin que él mismo perciba algo con los propios sentidos y para ello, tal como lo afirma [Nombre8], es inevitable el contacto entre el juez y la realidad acerca de la cual se debe juzgar. El contacto del juez con la observación de los hechos puede hacerse de una forma directa o de un modo indirecto a través de la relación que hacen otras personas de algunas cosas o documentos. Se trata siempre de una operación sensorial, sin la cual sería imposible apreciar el contenido y la fuerza de convicción de una prueba. Una vez percibidos aisladamente los hechos, debe procederse a su reconstrucción histórica, y ésta no puede ser hecha en forma aislada, ya que se requiere que se efectúe en su conjunto y con el cuidado necesario para que no se admitan hechos que alteren la realidad o la hagan cambiar de significado. Son también válidas para la apreciación, las reglas generales de la experiencia…. La percepción de los medios, las condiciones y el lugar en el cual se desarrollaron los hechos, le va a permitir luego desarrollar una labor interpretativa. En efecto, una vez que el juez ha percibido los medios de prueba, debe realizar una i nterpretación de los datos probatorios para darles significado jurídico. En tercer lugar, es necesario que el Juez establezca el grado de eficacia que merezca cada medio de prueba, tanto desde el punto de vista formal (en cuanto a la existencia del medio de prueba en la ley y si se ha producido debidamente) como material (la sinceridad o veracidad de la fuente, para determinar si el testigo no miente, o si el documento ha sido o no alterado). Un cuarto paso consistiría, en verificar si el Juez tiene alguna vinculación legal con algún tipo de prueba (en el sistema de prueba legal o tasada). Ello no se aplicaría cuando el Juez puede apreciar libremente la prueba, como es el caso de la materia agraria. Finalmente, el Juez debe lograr una reconstrucción de los hechos discutidos, tal y como a su criterio fueron sucediendo, tomando y depurando todas las fuentes de prueba, en su conjunto. Se trata de apreciar en conjunto la prueba, de lo cual se deriva el deber de motivación de la sentencia. El Juez agrario entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación “in situ”, directa e inmediata. La convicción del juez agrario es un acto psicológico aplicado a una situación concreta, viva, propia de la realidad agraria. El Juez Agrario debe examinar la credibilidad de lo que dice un testigo, o de una parte, para justipreciar su valor. Pero también debe analizar la experiencia social, el medio -mundo agrario- en donde se desenvuelve el conflicto, e incluso la cultura y el comportamiento del campesino. Por ello debe tenerse en cuenta, por un lado la autenticidad y sinceridad de cada prueba cuando se trate de documentos, confesiones y testimonios; por otro lado, determinar su exactitud y credibilidad. Con ello se garantizan los principios de lealtad y probidad en el resultado del elemento probatorio. Las partes dentro del proceso tienen derecho a conocer todos los factores relevantes que han contribuido a la formación del fallo. Los motivos y fundamentación del fallo son los que permiten el control en la vía jerárquica superior Es decir, el juez agrario se asocia una situación particular (del caso concreto), con situaciones semejantes de la realidad que el juez con su experiencia logra conocer\". (Tribunal Agrario, No. 206 de las 14:50 horas del 26 de marzo de 1999). Lo anterior es compartido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al considerar: \"El sistema de la libre valoración de la prueba supera el clásico sistema de la prueba legal así como el de la sana crítica, que rigen en el proceso civil. La forma como ha sido concebido el proceso agrario le permite al juez valorar ampliamente los hechos alegados por las partes. Dicho sistema no es arbitrario, por el contrario en la libre valoración de la prueba la misma deber ser razonada, crítica, basarse en la lógica, la experiencia y la sicología. En la motivación del fallo el juez debe exponer los motivos de convicción que lo llevan a resolver en los términos que lo hace. A diferencia del sistema de tarifa legal, en el cual las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas, e incluso la admisibilidad de pruebas debe estar previamente señalado por el Ordenamiento Jurídico, en el sistema de libre apreciación el juez tiene libertad para admitir pruebas conforme a su criterio.” (N° 398-F-01 de las 16 horas del 6 de junio del 2001). Asimismo, sobre este tema ha resuelto: “La Ley de Jurisdicción Agraria, tanto en su artículo 54, para los jueces de instancia, como en el 61, para los jueces de casación, autoriza a valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a las normas de derecho común. En este caso el Juez deberá expresar los principios de equidad o de derecho sobre el cual funde su criterio. Se trata del sistema de la libre valoración y no el de la valoración a conciencia pues esta última es típica de los juzgadores no juristas.” (N°46-F-95 de las 15 horas del 26 de abril de 1995). (VOTO 673-F-2003 de las 11:25 hrs. del 15 de octubre de 2003).-\n\nVII.- Bajo esa tesitura, considera el Tribunal lleva razón la representante de la promovente, en sus agravios. Este radica en lo medular sobre el rechazo de las diligencias que hace el juzgador de instancia por  la insuficiencia de la declaración del testigo [Nombre4]    para demostrar la posesión decenal de la sociedad promovente previa a la declaratoria del [Dirección5]  Protegida por tener solo 23 años. Debe recordarse, como se señaló en los considerandos anteriores, que en esta materia la prueba se valora libremente, sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), y tratándose de informaciones posesorias, es obligación de todo juez agrario verificar con certeza que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley para poder usucapir.  Efectivamente, y analizando la prueba aportada en conjunto, en cuanto a la posesión decenal, tenemos que el testigo [Nombre2]    manifestó en lo que interesa tener más de setenta años, y de conocer el fundo objeto de titulación desde hace más de 60 años. Dijo además, el terreno se ha dedicado  a pastos y que  perteneció a [Nombre9] , el cual se lo vendió a su papá [Nombre7]  , luego el terreno se repartió entre sus hermanos correspondiéndole el pedazo objeto de titulación a su hermano [Nombre6], quien se lo vendió hace como diez años a [Nombre5], quien es hermana de doña [Nombre1]. El deponente [Nombre3]   ,. indicó tiene 71 años y dijo conocer el fundo de toda la vida, mucho más de cincuenta años, que el mismo perteneció a [Nombre9]  y este le vendió a [Nombre7], que el terreno a sido de pastos, luego se repartió entre los hijos de [Nombre7], que ese sector del fundo le correspondió a [Nombre6] y que este lo vendió hace como diez años, cree que a la sociedad. El testigo [Nombre4]    dijo tener 23 años de edad, que conoce el fundo de toda la vida, que lo que el recuerda es que el fundo era de su tío [Nombre6], quien se lo vendió a [Nombre5], quien es hermana de doña [Nombre1], hace unos diez años y que esta se lo vendió a la sociedad promovente hace unos tres años. Dijo conocer por referencia que el terreno fue de su abuelo [Nombre7], quien se lo había comprado a [Nombre9]     (ver testimonios en el escritorio virtual, Audiencia Oral 03/12/2015 09:34:44). Aún cuando podría cuestionarse, como lo hizo la Procuradora, y fue lo que fundamentó el juez ad quo para el rechazo, que para los efectos de comprobar la posesión decenal, este último testigo es inidóneo por haber manifestado conocer desde hacía \"dieciocho años\", lo cierto es que dicha declaración debe valorarse con todo el conjunto o acervo probatorio traído al proceso por el juez a-quo, a fin de verificar si lo manifestado por él coincide con las demás probanzas existentes en autos.  Todos los testigos han coincidido en que la empresa titulante,  y sus transmitentes, han sido los poseedores por más de cincuenta años de esa propiedad. Sobre este particular, y siempre dentro de los cánones de la libre valoración probatoria del citado artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, el Tribunal analiza los testimonios antes apuntados en conjunto con la escritura pública de compraventa del inmueble objeto de estas diligencias efectuada entre el [Nombre1]    como representan te de la sociedad promovente y [Nombre5]   , según la cual se estableció: \"...QUINTA: QUE LA VENDEDORA TRASPASA A LA COMPRADORA LA POSESIÓN QUE HA EJERCIDO SOBRE EL PRESENTE INMUEBLE EN FORMA QUIETA, PÚBLICA, PACÍFICA, ININTERRUMPIDA, DE BUENA FE, A TÍTULO DE DUEÑA Y DESLINDADO DE LOS FUNDOS VECINOS Y POR MAS DE DOCE AÑOS.\".Con ello, se estaría cumpliendo tanto con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias como por el ordinal 6 de la citada Ley pues en el primer caso se dice: \"Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes,  pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores\", (subrayado no es del original) y en el segundo caso: \"La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta si ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años...\" (subrayado no es del original), ante lo cual hecho el análisis conjunto de la totalidad del acervo probatorio constante en los autos, no le queda duda alguna a este Tribunal sobre la acreditación de la posesión decenal de la promovente, la cual amparada en las normas supracitadas, ha aprovechado la ejercida por su anterior transmitente [Nombre5]   para efectos de la titulación que pretende realizar.- Además de lo anterior con la prueba testimonial citada se logra demostrar una posesión de vieja data sobre el fundo a titular de más de sesenta años, entre todos los poseedores en la cadena posesoria trasmitida del inmueble objeto de titulación.\n\nVIII.- En razón de todo lo expuesto, llevando razón la recurrente en sus agravios, deberá revocarse la sentencia dictada. En su lugar se acoge el trámite de diligencias de Información Posesoria interpuesto por VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 -   -       , representada por su apoderada generalísima sin límite de suma [Nombre1]   , mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de [Dirección1]   , cédula de identidad número CED8 -     -     y se ordena se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad a nombre de VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, el terreno que se describe así: Terreno de naturaleza de potrero y charral, situado en el [Dirección2]  ,    de la Provincia de Alajuela, colinda al norte con [Nombre10]  , al sur con Vista Alto del Monte S.A., al este con [Nombre10]  , y al oeste con [Dirección3]  con un frente de cincuenta y dos metros con sesenta y dos centímetros lineales, descrito en el plano catastrado número A-1696037-2013 de fecha 24 de octubre del 2013. Mide ocho mil trescientos seis metros cuadrados. Se estiman estas diligencias así como el terreno en la suma de cinco millones de colones. Queda afecta a las reservas legales de la Ley de Caminos Públicos conforme al artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias.  Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\n                      Se revoca la sentencia dictada. En su lugar se acoge el trámite de diligencias de Información Posesoria interpuesto por VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 -   -       , representada por su apoderada generalísima sin límite de suma [Nombre1]   , mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de [Dirección6]  de Atenas, cédula de identidad número CED8 -     -     y se ordena se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad a nombre de VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, el terreno que se describe así: Terreno de naturaleza de potrero y charral, situado en el [Dirección7]  ,   Atenas de la Provincia de Alajuela, colinda al norte con [Nombre10]  , al sur con Vista Alto del Monte S.A., al este con [Nombre10]  , y al oeste con [Dirección3]  con un frente de cincuenta y dos metros con sesenta y dos centímetros lineales, descrito en el plano catastrado número A-1696037-2013 de fecha 24 de octubre del 2013. Mide ocho mil trescientos seis metros cuadrados. Queda afecta a las reservas legales de la Ley de Caminos Públicos. Se estiman estas diligencias así como el terreno en la suma de cinco millones de colones. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nYRWOACKEUHA61\n\n[Nombre11]   - JUEZ/A\n\nDECISOR/A\n\n \n\n \n\n951X7BVIFDC61\n\n[Nombre12]    -\n\nJUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\nMUP6YDT43WRW61\n\n[Nombre13] - JUEZ/A\n\nDECISOR/A\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n            \n\nEXP: EXPN2\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección8] ,     , [Dirección9]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:38:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Resolución Nº 00244 - 2017\n\nDate of Resolution: March 20, 2017 at 16:35\n\nCase File: 13-000041-0815-AG\n\nDrafted by: Antonio Darcia Carranza\n\nType of Matter: Possessory information proceeding\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority Vote\n\nBranch of Law: Agrarian Procedural Law\n\nTopic: Agrarian possessory information\n\nSubtopics:\n\nWitness statements and their degree of coincidence.\n\nTopic: Evidence in agrarian matters\n\nSubtopics:\n\nWitness statements in possessory information proceedings and their degree of coincidence.\n\nTopic: Assessment of evidence in agrarian matters\n\nSubtopics:\n\nWitness statements in possessory information proceedings and their degree of coincidence.\n\n\" IV.- After carefully and jointly analyzing all of the evidentiary elements submitted to these possessory information proceedings, filed by the promoting company Vista del Monte Sociedad Anónima represented by Mrs. Ana [Name1] Alfaro García, and having assessed the evidence conscientiously and without strict adherence to the rules of common law (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), this Tribunal reaches the unavoidable conclusion that these proceedings must be approved, as the requirements demanded by the legal system to demonstrate the ten-year possession (posesión decenal) exercised by both the promoter and her prior transferor have been met. The Ley de Informaciones Posesorias establishes the procedure so that every person who has acquired the right of ownership by usucapion (usucapión) may register it in the Public Registry, thereby guaranteeing the right of access to property contemplated in article 45 of the Political Constitution. The Law, in article 1, refers to the requirements demanded by article 856 of the Civil Code, that is, a possession for more than ten years, exercised as owner, in a public, peaceful, uninterrupted manner, and in good faith. It does not require a possessory transfer title if the usucapion claimant has exercised possession under those conditions for more than ten years, because it is not needed, having completed the time necessary to acquire ownership. It is only required according to the provisions of article 863 of the Civil Code: \\'When the title claimant has not had ten-year possession of the property, they may take advantage of the possession exercised by their transferors, but in this case, they must present a public document recording the transfer of their right, although not that of previous possessors.\\' This means that only when one intends to add the transferor\\'s time to the ten-year possession period is it required to present a possessory transfer document, or else to demonstrate the transferred possession with suitable testimonial evidence.\n\nV.- The possessory information proceeding is a non-contentious judicial activity procedure for the formalization of a registrable title over a property right that has been acquired through usucapion, complying with the corresponding legal requirements. It is required to demonstrate possession as owner, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner (articles 1 of the Ley de Informaciones Posesorias and 856 of the Civil Code). The title claimant, apart from lacking a registered or registrable title in the Public Registry, must expressly state that the farm (finca) has not been previously registered in the Public Registry. For reasons of public interest, and to avoid a double registry entry for the same property, or to protect third parties with better rights than the title claimant, the law requires notifying certain subjects. It also established an opposition procedure within the possessory information proceeding, in case any of the interested parties feels harmed by the titling (article 8). The Ley de informaciones posesorias orders the Judge to consider as parties and therefore personally notify, from the beginning of the proceedings, the adjoining landowners, as the titling could encompass part of the lands belonging to them. It also orders notification of co-owners or co-owners (condóminos) when they exist. Likewise, to safeguard the interests of the State, the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Agrario must be considered parties, for the protection of property subject, in the first case, to the public domain, and in the second, to state agrarian property (article 5). Finally, the Law orders all interested parties who may have a legitimate interest in the process to be summoned through the publication of an edict in the Judicial Bulletin (see same numeral 5 ibidem).-\n\nVI.- On the subject of free evidentiary assessment in agrarian matters, this Tribunal has stated: \" VI. ...The appreciation or evidentiary assessment consists of the selection activity that the judge must carry out, among the sources of proof obtained, in order to establish which of them are effective to resolve the conflict submitted to their knowledge. Said selection allows them to decide on one of the divergent theses presented by each party in the procedural relationship. This activity requires several basic intellectual steps, as doctrine has pointed out: In evidentiary activity, we always find three basic aspects: perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. Knowledge of a fact by the judge cannot be obtained without the judge him or herself perceiving something with their own senses, and for this, as [[Name1]] states, contact between the judge and the reality about which judgment must be made is inevitable. The judge\\'s contact with the observation of facts can be done directly or indirectly through the account that other people give of things or documents. It is always a sensory operation, without which it would be impossible to appreciate the content and convincing force of a piece of evidence. Once the facts have been perceived in isolation, their historical reconstruction must be carried out, and this cannot be done in isolation, since it is required to be done as a whole and with the necessary care so that facts that alter reality or change its meaning are not admitted. The general rules of experience are also valid for the assessment... The perception of the means, the conditions, and the place in which the events took place will then allow the judge to carry out an interpretive task. Indeed, once the judge has perceived the means of proof, they must interpret the evidentiary data to give them legal meaning. Thirdly, it is necessary for the Judge to establish the degree of efficacy each means of proof deserves, both from a formal point of view (regarding the existence of the means of proof in the law and whether it has been properly produced) and a material point of view (the sincerity or veracity of the source, to determine if the witness is not lying, or if the document has been altered or not). A fourth step would consist of verifying whether the Judge has any legal connection with any type of evidence (in the system of legal or weighted evidence). This would not apply when the Judge can freely assess the evidence, as is the case in agrarian matters. Finally, the Judge must achieve a reconstruction of the disputed facts, as in their judgment they occurred, taking and purifying all the sources of proof, as a whole. It is a matter of assessing the evidence as a whole, from which the duty to state reasons for the judgment derives. The Agrarian Judge comes into contact with the facts through perception or direct and immediate observation \"in situ\". The conviction of the agrarian judge is a psychological act applied to a concrete, living situation, characteristic of agrarian reality. The Agrarian Judge must examine the credibility of what a witness or a party says, to justly appraise its value. But they must also analyze the social experience, the environment – the agrarian world – in which the conflict unfolds, and even the culture and behavior of the peasant. Therefore, on the one hand, the authenticity and sincerity of each piece of evidence must be taken into account when dealing with documents, confessions, and testimonies; on the other hand, its accuracy and credibility must be determined. This guarantees the principles of loyalty and probity in the result of the evidentiary element. The parties within the process have the right to know all the relevant factors that have contributed to the formation of the ruling. The reasons and grounds for the ruling are what allow control through the higher hierarchical channel. That is, the agrarian judge associates a particular situation (of the specific case) with similar situations from reality that the judge, through their experience, manages to know.\" (Tribunal Agrario, No. 206 of 14:50 hours on March 26, 1999). The foregoing is shared by the First Chamber of the Supreme Court of Justice when considering: \"The system of free assessment of evidence overcomes the classic system of legal evidence as well as that of sound judgment (sana crítica), which govern in civil proceedings. The way the agrarian proceeding has been conceived allows the judge to broadly assess the facts alleged by the parties. This system is not arbitrary; on the contrary, in the free assessment of evidence, the evidence must be reasoned, critical, based on logic, experience, and psychology. In the reasoning of the ruling, the judge must state the motives of conviction that lead them to resolve as they do. Unlike the system of legal tariff, in which evidence is assessed subject to prior legal rules, and even the admissibility of evidence must be previously indicated by the Legal System, in the system of free assessment, the judge has the freedom to admit evidence according to their criteria.\" (N° 398-F-01 of 16:00 hours on June 6, 2001). Likewise, on this topic, it has resolved: \"The Ley de Jurisdicción Agraria, both in its article 54, for trial court judges, and in article 61, for cassation judges, authorizes assessing the evidentiary element without strict adherence to the rules of common law. In this case, the Judge must express the principles of equity or law on which they base their criterion. This is the system of free assessment and not that of assessment according to conscience, as the latter is typical of non-legal-judges.\" (N°46-F-95 of 15:00 hours on April 26, 1995). (VOTO 673-F-2003 of 11:25 hrs. on October 15, 2003).-\n\nVII.- Under this premise, the Tribunal considers that the representative of the promoter is correct in her grievances. The core of this lies in the rejection of the proceedings by the trial judge due to the insufficiency of the statement of witness [[Name2]] to demonstrate the ten-year possession of the promoting company prior to the declaration of the [Address1] Protegida because he is only 23 years old. It should be remembered, as noted in the previous recitals (considerandos), that in this matter, evidence is freely assessed, without strict adherence to the rules of common law (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), and in the case of possessory information proceedings, it is the duty of every agrarian judge to verify with certainty that the requirements demanded by the Law to be able to usucapt are met. Indeed, and analyzing the evidence contributed as a whole, regarding the ten-year possession, we have that witness [[Name3]] stated, regarding what is of interest, that he is over seventy years old and has known the property (fundo) subject to titling for more than 60 years. He also said that the land has been used for pasture and that it belonged to [[Name4]], who sold it to his father [[Name5]]; later the land was divided among his siblings, with the piece subject to titling corresponding to his brother [[Name6]], who sold it about ten years ago to [[Name7]], who is the sister of Mrs. [[Name8]]. The witness [[Name9]] indicated he is 71 years old and said he has known the property all his life, well over fifty years, that it belonged to [[Name4]] and he sold it to [[Name5]], that the land has been pastureland, later it was divided among the children of [[Name5]], that that sector of the property went to [[Name6]], and that he sold it about ten years ago, he believes to the company. Witness [[Name2]] said he is 23 years old, that he has known the property all his life, that what he remembers is that the property belonged to his uncle [[Name6]], who sold it to [[Name7]], who is the sister of Mrs. [[Name8]], about ten years ago, and that she sold it to the promoting company about three years ago. He said he knows by hearsay that the land belonged to his grandfather [[Name5]], who had bought it from [[Name4]] (see testimonies in the virtual desktop, Oral Hearing 12/03/2015 09:34:44). Even though it could be questioned, as the Procuradora did, and this was the basis for the a quo judge\\'s rejection, that for the purposes of verifying ten-year possession, this last witness is unsuitable because he stated he had known about it for \\'eighteen years\\', the truth is that said statement must be assessed with the entire body or collection of evidence brought to the process by the a-quo judge, in order to verify if what he stated coincides with the other existing evidence in the case file. All the witnesses coincided that the title-claimant company and its transferors have been the possessors of that property for more than fifty years. On this particular point, and always within the canons of the free evidentiary assessment of the aforementioned article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria, the Tribunal analyzes the aforementioned testimonies together with the public deed of sale of the property subject to these proceedings executed between [[Name8]] as representative of the promoting company and [[Name7]], according to which it was established: \\'...FIFTH: THAT THE SELLER TRANSFERS TO THE BUYER THE POSSESSION SHE HAS EXERCISED OVER THIS PROPERTY IN A QUIET, PUBLIC, PEACEFUL, UNINTERRUPTED MANNER, IN GOOD FAITH, AS OWNER, AND DEMARCATED FROM NEIGHBORING FARMS, AND FOR MORE THAN TWELVE YEARS.\\' With this, compliance is being met with both the provisions of the third paragraph of article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias and with ordinal 6 of the cited Law, because in the first case it is stated: \\'When the title claimant has not had ten-year possession of the property, they may take advantage of that exercised by their transferors, but in this case, they must present a public document recording the transfer of their right, although not that of previous possessors,\\' (underline not in the original) and in the second case: \\'The justification of possession shall be accredited with the statement of three witnesses, residents of the canton (cantón) where the property is located, who shall be asked since when they have known the farm, if they can attest whether it has been subjected by the title claimant or by previous owners to possession for a continuous period of no less than 10 years...\\' (underline not in the original), in view of which, having carried out the joint analysis of the entire body of evidence contained in the case file, this Tribunal has no doubt whatsoever about the accreditation of the ten-year possession of the promoter, who, protected by the aforementioned norms, has taken advantage of the possession exercised by her previous transferor [[Name7]] for the purposes of the titling she intends to carry out.- In addition to the foregoing, with the cited testimonial evidence, it is possible to demonstrate a long-standing possession of more than sixty years over the farm to be titled, among all the possessors in the transferred possessory chain of the property subject to titling.\"\n\n...\n\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nText of the resolution\n\n*130000410815AG*\n\n CASE FILE:\n\nEXPN2 - 4\n\nPROCEEDING:\n\nINFORMACIÓN POSESORIA\n\nPROMOTED BY:\n\nVISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA\n\nVOTO N° 244-F-2017\n\nTRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At sixteen hours and thirty-five minutes on the twentieth of March, two thousand seventeen.-\n\nPROCEEDING OF INFORMACIÓN POSESORIA promoted by VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1 - - , represented by its general agent without limit of sum [Name1] , of legal age, married, occupation housewife, resident of [Address1] , identity card number CED2 - - . Intervening in the process, the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Susana Fallas Cubero, of legal age, lawyer, resident of San José, identity card number CED3 - - , in her capacity as assistant procuradora ; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL , legal identification number CED4 - - , represented by Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, married, lawyer, resident of Alajuela, identity card number CED5 - - , in her capacity as general agent without limit of sum. Acting as special judicial attorney for the promoting company , licensed attorney Karen Daniela Oconitrillo Quesada, of legal age, single, lawyer, resident of Atenas, identity card number CED6 - - . Processed before the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of Alajuela.-\n\nRESULTANDO:\n\n1.- The promoting company filed these possessory information proceedings so that by this means, the following described land can be registered in the Public Property Registry: \" Land of pasture and scrubland nature, located in [Address2] , of the Province of Alajuela, bounded on the north by Aderita Sánchez López, on the south by Vista Alto del Monte S.A., on the east by Aderita Sánchez López, and on the west by [Address3] with a front of fifty-two linear meters and sixty-two centimeters, described in cadastral plan number A-1696037-2013 dated October 24, 2013. It measures eight thousand three hundred six square meters,\" (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario of Alajuela, in Document Tray, file of 06/10/13 at 10:58:04 a.m.).-\n\n2.- The Procuraduría General de la República appeared in the process in the terms set forth in the brief incorporated into the virtual desktop in the document tray, file of 12/18/15 at 10:45:39 a.m.; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so in the terms set forth in the file of 02/25/16 at 1:48:24 p.m. The State\\'s representation requests that these proceedings be disapproved and indicates that the testimonial evidence is insufficient to demonstrate the exercise of ten-year possession prior to the effective date of Decreto Ejecutivo No. 6112-A of July 17, 1976, which created the Río Grande Protective Zone (Zona Protectora Río Grande). See memorials filed on dates May 17 and June 7, both of 2016, (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario of Alajuela in Document Tray, files of 05/17/15 at 08:30:51 a.m. and 06/07/16 at 01:18:28 p.m.). -\n\n3.- Judge Rodolfo Vásquez Vásquez, of the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of Alajuela, through judgment number 78-2016 of fourteen hours thirty minutes on the thirtieth of August, two thousand sixteen , resolved: \" POR TANTO: \\' In accordance with the foregoing and legal citations, THE PRESENT DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA filed by VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA ARE REJECTED,\\' (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario of Alajuela, in Associated Documents, file of 08/31/16 at 10:01:37 a.m.).-\n\n4.- Licensed attorney Karen Daniela Oconitrillo Quesada , in her capacity as special judicial attorney for the promoting company, filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons why she refutes the thesis of the trial Court , (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario of Alajuela, in Document Tray, file of 09/08/16 at 02:03:30 p.m.).-\n\n5 . - In the substantiation of the process , the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of producing its nullity is not noted. -\n\nJudge DARCIA CARRANZA drafts; and,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- The provisions regarding proven facts are shared, as they have good support in the case file. Of such nature, the following is considered: 8.- The property subject to titling has been in private hands for more than 60 years (see testimony of [Name2] , [Name3] and [Name4] (see testimonies in the virtual desktop, Oral Hearing 12/03/2015 09:34:44). 9.- The land subject to titling has been used for pasture (see testimonies in the virtual desktop, Oral Hearing 12/03/2015 9:34:44).\n\nII.- The fact considered not proven is not shared because, analyzing the evidence as a whole in a global manner, contrary to what was said by the a quo judge, this Chamber considers that the ten-year possession was indeed demonstrated ten years before the declaration of the protected wild area (área silvestre protegida).\n\nIII.- Licensed attorney Karen Daniela Oconitrillo Quesada, in her capacity as special judicial attorney for the company VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA, the promoting company, filed a formal RECURSO DE APELACION against resolution N° 78-2016 of fourteen hours and thirty minutes on the thirtieth of August, two thousand sixteen, an appeal filed because the resolution lacks factual and legal grounds, as well as due to erroneous assessment of the evidence. The challenge is filed based on the following reasoning: The resolution dismisses the possessory information based only on the following argument: \\'... However, analyzing the evidence taken in the case file, it is concluded that this point suffers from a lack of proof. In this regard, the witness [Name4] , ID CED7, declares that he is 23 years old, and he has known the farm for approximately eighteen years. In that sense, he has known the land since 1997, and by then it had already been affected as a protective zone. The foregoing because the evidence was received on December 3, 2015, as inferred from the testimonial evidence record incorporated on that date. Additionally, the testimonial evidence can be heard in the voice file incorporated on December 3, 2015. Although it is derived from the testimonial statements that the land has been used for cattle ranching, it is not possible to determine that such acts of possession were exercised by the title-claimant company or its transferor ten years prior to the creation of the protective zone. Based on the foregoing, it is not pertinent to consider as proven the requirement demanded in numeral 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, regarding the ten-year possession required to register farms in protected areas. Due to the way it is resolved, and as it is unnecessary, we do not address the other reasons indicated by the state entity in its last brief.\\'- First of all, the Judge indicates in the extract of the resolution that these proceedings cannot be declared positive for a very specific reason, which is that Mr. [Name4] is 23 years old, and has known the farm for approximately eighteen years. In that sense, he has known the land since 1997, and by then it had already been affected as a protective zone... It is not possible to determine that such acts of possession were exercised by the title-claimant company or its transferor ten years prior to the creation of the protective zone. However, this representation considers this interpretation incorrect, for the following reasons: The majority doctrine regarding possession in the usucapion process states the following: \\'Both in doctrine(3) and in jurisprudence,(4) two types of agrarian usucapion actions have been distinguished: The common and the special. Common agrarian usucapion requires compliance with the requirements demanded in the Civil Code to be able to acquire by positive prescription. The actor must demonstrate the exercise of possession as owner, in a public, peaceful, and uninterrupted manner. But such possession must not be \"civil\", but agrarian, which implies the exercise of agrarian possessory acts, aimed at cultivating and improving the property sought to be usucapted, in compliance with the social function of agrarian property. The required term of possession is the same, i.e., ten years. Regarding the requirements of just title and good faith, they are also required for common agrarian usucapion. The just title can be a possessory transfer, in which case the actor must prove that they acquired from a previous transferor, whether through a private sale agreement, assignment, donation, or even through testimonial evidence, but must demonstrate the time of personal possession and the time of transferred possession, to thus complete the ten-year possession.\\' Clearly, the case file reflects not only one type of evidence, as the regulations establish and allow it, and moreover, the evidence must be seen in its entirety. Firstly, on pages 15 and 16, there is a private sale, in which it is reflected that Mrs. [Name5] sold the property to the promoting company of these proceedings, Vista Alto del Monte S.A., given that said transferor previously acquired it from Mr. [Name6] , who in turn had acquired it from his father [Name7] more than 50 years ago, as the promoting party\\'s witnesses [Name2] , [Name3] and [Name4] confirm in their entirety, as will be analyzed later. Evidently, not only is there a concise and clear account by the indicated witnesses, but the successive tract is also identified in said testimonial evidence, which has been duly demonstrated with the testimonial and documentary evidence already cited in the case file, going back more than 50 years. Thus, the testimonial evidence offered by my represented party can be summarized as follows: Mr. [Name4] , who acknowledges in his statement that he has known the farm since he can remember and knows from his personal knowledge that said property has belonged to his family and that the property to be titled, the subject of these proceedings, belonged to his uncle, as well as that his father acquired it from his progenitor (his grandfather), a situation he demonstrated in his testimony where he indicated that he has known these circumstances since he can\n\nremember, for which reason his testimony cannot be considered incorrect or untruthful. In addition to the foregoing, upon verifying article seven of the Ley de Informaciones Posesorias, it establishes: \\' When the property to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the title claimant must demonstrate being the owner of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created said wild area.... Without any exception, the cadastral plans submitted in possessory information proceedings must be certified by the MINAE, through the responsible entity, which shall attest whether the property intended to be titled is located inside or outside these protected wild areas. (As amended by article 72, subsection c), of the Ley Forestal No.7575 of February 13, 1996)...\\' According to the article cited above, it is established that the title claimant must demonstrate being the owner of the legal rights over the ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created said wild area, a situation that is completely accredited with the evidence provided in the case file, since, as has been indicated, the property belonged more than 50 years ago to Mr. [Name7] , long before 1976 when the wild area was decreed. It cannot be deduced from the indicated article that ten-year possession must be demonstrated before the declaration of the protected zone with the three witnesses, as the a quo has indicated, but rather what the article indicates is that the promoter must demonstrate being the owner of the legal rights of possession exercised ten years prior to the respective declaration, a situation accredited with documentary evidence and also with testimonial evidence. The trial judge\\'s error consists of having only analyzed the testimony of [Name4] , leaving out of his analysis the witnesses [Name2] and [Name3] ,\n\nas well as the documentary evidence indicated above. Furthermore, in our opinion, it is not required that the witnesses cited in numeral six of the ley de informaciones posesorias be over 50 years old, but rather that they know of the derived possession. All the witnesses coincided that the possession exercised by the promoter comes from the succession of different owners for more than 50 years. The evidence existing in the case file, and specifically the testimonial evidence of the three witnesses taken, clearly demonstrated the ten-year possession by the title claimant, and furthermore, the ten-year possession prior to the declaration of the protected zone was duly accredited with the testimonial evidence in the case file and with the personal testimony of two witnesses, [Name2] and [Name3] , and the hearsay statement of witness [Name4] .\n\nThe interpretation made by the lower court judge regarding the requirement of the testimony of three witnesses to demonstrate the ten-year possession (posesión decenal) prior to the declaration of the protected zone would be a restrictive interpretation of the law, because the legislator would be creating a law for a specific time, and that was not the case, since when more than 80 years have passed since the declaration of a given protected zone, it will be difficult, not to say impossible, to have three witnesses who, due to their age, can attest that they were present at the time and place of said ten-year possession prior to the declaration of the protected zone, to personally demonstrate said fact. Thus, the possession that the law requires must be clearly demonstrated with testimonial evidence is the ten-year possession prior to the filing of the respective title proceedings (diligencias de titulación) and not, as the Judge interprets, that the ten-year possession prior to the declaration must be demonstrated solely with testimonial evidence (the three witnesses according to the provisions of the preceding paragraph), which may be demonstrated in another manner, including testimonial and documentary evidence. It considers that it was totally and absolutely clear, as recorded in the evidence gathered in this proceeding, that the ten-year possession prior to the declaration of the protected zone dated July 17, 1976, and the successive chain of title (tracto sucesivo) of the referred property, were duly demonstrated. It states, drawing the attention of the appellate court that in this proceeding, as it has been indicating, there was not only the testimony of [Nombre4], but also other testimonial evidence, consisting of the depositions of: [Nombre2] and [Nombre3], aged 70 and 61 years respectively, who coincidentally declared their personal knowledge of the property subject to this title proceeding for more than 50 years (see folios 93-94 where the audio recording of the witness reception hearing of December third, two thousand fifteen is incorporated), testimonies that reliably prove the possession exercised and the successive chain of title by the current owning company and by the previous owners, possession that includes the ten-year period prior to the declaration of the protected zone. Likewise, the witness [Nombre4], aged 23 years, declared with absolute clarity the ten-year possession exercised by the petitioner company and its immediate previous owner, and also referenced, through the family knowledge he has of the succession history of the property to be titled, the right of possession over said property since it belonged to his grandfather [Nombre7], a truthful, knowledgeable, and consistent declaration, which can in no way be discredited as done by the Trial Judge. Likewise, in the appealed judgment, the Judge states the following: \"Although from the testimonial statements it is derived that the land has been dedicated to cattle ranching, it is not possible to determine that such acts of possession were exercised by the title petitioner company or its transferor prior to ten years before the creation of the protected zone. Based on the foregoing, it is not pertinent to deem the requirement demanded in numeral 7 of the Ley de Informaciones Posesorias as proven, regarding the ten-year possession required to register properties in protected areas.\" Regarding this aspect, the Judge is also mistaken, because as has been demonstrated with the depositions of the witnesses heard, as well as with the land-use certification contained in the record, the possession was exercised by carrying out pasture activity during all this time, an activity that by itself implies specific maintenance and is definitively an act of possession of the property. See in this regard folios 93-94 where the audio recording of the witness reception hearing of December third, two thousand fifteen is incorporated, and folios 36-37 where the inspection certification for possessory information (informaciones posesorias) is found. Therefore, not only the legislation but also the doctrinal and jurisprudential interpretation of our highest Courts have established the clarity of derivative possession, clearly demonstrated in this file, for which reason the company Vista Alto del Monte S.A. has done everything in accordance with articles 1, 6, and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias. Regarding evidence and titling in protected wild areas, the Tribunal Agrario, in Judgment No. 00192 of February 28, 2013, at 11:45:00 a.m. under case file EXPN1, established the following: \"XIX.- One of the most controversial issues, regarding limitations on property for the fulfillment of its environmental function, is that of possession and titling of forests and lands located in protected areas. The treatment of this issue, in the sphere of possessory protection, private property, and usucapión, has been the subject of analysis and discussion, both in doctrine and in jurisprudence. The issue of ecological possession is not of peaceful acceptance. Various doctrinal approaches have been put forward, and jurisprudence requires demonstrating compliance with the ecological function to protect possession and property. Everything originates from the application of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which currently establishes: 'Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the title petitioner must demonstrate being the holder of legal rights over ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area. Properties located outside those areas that contain forests may only be titled if the petitioner demonstrates being the holder of legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean firebreaks...' (Ley de Informaciones Posesorias, article 7. Amended by Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996). In relation to the application of this provision, contrary to what was indicated by the lower court judge in her substantive considerations—regarding the impossibility of retroactively applying the mentioned article 7—the Sala Constitucional has indicated that it is possible to apply said provision retroactively, from the moment the public domain affectation occurs, since the ten-year possession consolidated before the declaration of any reserve or protected area finds protection in the referred legal provision (see vote of the Sala Constitucional, No. 4597 of 3:45 p.m. on August 5, 1997). Hence, the Tribunal does not share the trial judge's assertion in that sense. In any case, the situation of this proceeding, as we shall see, is totally different, since neither the plaintiff nor the defendant have possessed as owners, lands that have belonged and continue to belong to the State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado). (...) Furthermore, it is important to clarify that in this case, in order to title through possessory information, the legislator established a series of greater requirements, precisely to prevent the State's Forest Heritage and protected areas, as well as their biodiversity, from being affected. Therefore, the Ley de Informaciones Posesorias in its article 7 requires demonstrating, apart from the ten-year possession prior to the creation of the respective protected area, that the forest has been conserved. The ten years prior to the creation are required precisely to protect those private subjects who had consolidated their right of possession ten years before the creation of the area, that is, before the public domain affectation occurred (See, among others, Tribunal Agrario, No. 124 of 11:30 a.m. on March 14, 2003). The opposition from the State entity, both from the Instituto de Desarrollo Rural and the Procuraduría General de la República, has been permanent and systematic. In addition to the above, article 11 of the Ley de Informaciones Posesorias is imperative in indicating that the judge: 'Shall reject the same if she verifies that it is intended to improperly title national public vacant lands (baldíos nacionales) or lands belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, or biological reserves.' This aims to prevent that, through voluntary jurisdiction proceedings, State property can be titled. A rule that would apply in this ordinary declaratory proceeding of agrarian usucapión claimed by the petitioner company. In common agrarian usucapión, by contrast, in addition to the previous requirements, the just title and good faith are required. It can involve an originating cause (such as the right of possession) or a derivative one (through a possessory transfer contract). In the case of good or bad faith, the former is always presumed; however, a possessor in bad faith is one who, at the act of taking possession, had sufficient grounds to doubt (articles 284, 287, and 286 of the Código Civil). Good or bad faith is linked to the person's conviction that they are possessing their own property, and that the person who transferred it to them was its legitimate owner. One of the appellant's main grievances revolves around the requirements of common agrarian usucapión, asserting compliance with the prerequisites demanded by our legal system, namely, just title, good faith, and ten-year possession in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner. Numeral 853 of the Código Civil requires three fundamental prerequisites without which usucapión cannot operate, namely, just...\" In said resolution, the evidentiary necessity regarding the ten-year possession prior to the constitution of the Protected Zone is noted; however, it is not limited to the necessity of a type of evidence or any maximum number of witnesses. It is unavoidable to indicate that the purposes in which the State intervenes with its various entities are to ensure that national public vacant lands or lands belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, or biological reserves, are not improperly titled, a situation that differs from the present case, since it is clearly demonstrated that it concerns private property and that it was possessed for 10 years before the decree that established [Dirección4] as a Protected Zone.\n\nIV.- After carefully and jointly analyzing the totality of the evidentiary elements provided to the present possessory information proceedings (diligencias de información posesoria), filed by the petitioner company Vista del Monte Sociedad Anónima represented by Mrs. [Nombre1], and having weighed the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), this Tribunal reaches the unavoidable conclusion that these proceedings must be approved, as the requirements demanded by the legal system to demonstrate the ten-year possession exercised by both the petitioner and her previous transferor are met. The Ley de Informaciones Posesorias establishes the procedure so that every person who has acquired the right of property through usucapión may register it in the Public Registry, and thereby guarantees the right of access to property contemplated in article 45 of the Constitución Política. The Law, in article 1, refers to the requirements demanded by article 856 of the Código Civil, that is, possession for more than ten years, exercised as owner, in a public, peaceful, uninterrupted manner, and in good faith. It does not require a possessory transfer title if the usucapient has been exercising possession under those conditions for more than ten years because it is not needed, having completed the time necessary to acquire ownership. They are only required, under the provisions of article 863 of the Código Civil: \"When the title petitioner has not had ten-year possession of the property, they may take advantage of that exercised by their transferors, but in this case, they must present a public document stating the transfer of their right, although not that of previous possessors.\" This means that only when intending to add the transferor's time to the ten-year possession period is it required to present a possessory transfer document, or to demonstrate the transferred possession with suitable testimonial evidence.\n\nV.- Possessory information is a non-contentious judicial activity proceeding for the formalization of a registrable title over a property right that has been acquired through usucapión, thereby complying with the corresponding legal requirements. It is required to demonstrate possession as owner, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner (articles 1 of the Ley de Informaciones Posesorias and 856 of the Código Civil). The title petitioner, aside from lacking a registered or registrable title in the Public Registry, must expressly state that the property has not been previously registered in the Public Registry. For reasons of public interest, and to prevent double registry inscription of the same property, or to protect third parties with better rights than the title petitioner, the law requires notifying certain subjects. It also established an opposition procedure within the possessory information, in case any of the interested parties feels harmed by the titling (article 8). The Ley de Informaciones Posesorias orders the Judge to consider as parties and therefore personally notify them from the beginning of the proceedings, the adjoining landowners, as the titling could encompass part of the lands belonging to them. It is also ordered to notify co-owners or co-posessors when they exist. Similarly, in safeguarding the State's interests, the Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Agrario must be considered as parties, for the protection of property subject in the first case to the public domain, and in the second to state agrarian property (article 5). Finally, the Law orders summoning all interested parties, by publication of an edict in the Boletín Judicial, who may have a legitimate interest in the proceeding (see same numeral 5 ibidem).-\n\nVI.- On the topic of free evidentiary assessment in agrarian matters, this Tribunal has indicated: “VI. …The assessment or evidentiary valuation consists of the selection activity that the judge must carry out, among the sources of evidence obtained, in order to establish which of them are effective for resolving the conflict submitted to her knowledge. Said selection allows her to decide on one of the divergent theses presented by each party of the procedural relationship. Said activity requires several basic intellectual steps, which doctrine has pointed out: In evidentiary activity, we always find three basic aspects: perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The knowledge of a fact by the judge cannot be obtained without her perceiving something with her own senses, and for this, as [Nombre8] states, contact between the judge and the reality about which judgment must be made is unavoidable. The judge's contact with the observation of facts can be done directly or indirectly through the account given by other persons of some things or documents. It is always a sensory operation, without which it would be impossible to appreciate the content and persuasive force of evidence. Once the facts have been perceived in isolation, their historical reconstruction must be carried out, and this cannot be done in isolation, as it must be done as a whole and with the necessary care so that facts that alter reality or change its meaning are not admitted. The general rules of experience are also valid for the assessment… The perception of the means, conditions, and place where the facts developed will later allow her to carry out interpretive work. Indeed, once the judge has perceived the means of proof, she must interpret the evidentiary data to give them legal meaning. Thirdly, it is necessary for the Judge to establish the degree of effectiveness each means of proof deserves, both from a formal point of view (regarding the existence of the means of proof in the law and whether it has been duly produced) and a material one (the sincerity or truthfulness of the source, to determine if the witness does not lie, or if the document has been altered or not). A fourth step would consist of verifying if the Judge has any legal connection with some type of proof (in the legal or tarifed proof system). This would not apply when the Judge can freely assess the evidence, as is the case in agrarian matters. Finally, the Judge must achieve a reconstruction of the disputed facts, as in her judgment they occurred, taking and refining all sources of proof, as a whole. It is about assessing the evidence jointly, from which the duty to state reasons for the judgment derives. The Agrarian Judge comes into contact with the facts through perception or observation 'in situ', directly and immediately. The conviction of the agrarian judge is a psychological act applied to a concrete, living situation, proper to agrarian reality. The Agrarian Judge must examine the credibility of what a witness says, or a party, to properly value its worth. But she must also analyze social experience, the environment—the agrarian world—where the conflict unfolds, and even the culture and behavior of the farmer. Therefore, on one hand, the authenticity and sincerity of each piece of evidence must be considered when dealing with documents, confessions, and testimonies; on the other hand, its accuracy and credibility must be determined. This guarantees the principles of loyalty and probity in the result of the evidentiary element. The parties in the proceeding have the right to know all relevant factors that have contributed to the formation of the judgment. The grounds and rationale of the judgment are what allow control in the higher hierarchical instance. That is, the agrarian judge associates a particular situation (of the specific case) with similar situations of reality that the judge, through her experience, comes to know.” (Tribunal Agrario, No. 206 of 2:50 p.m. on March 26, 1999). The foregoing is shared by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia when considering: “The system of free evidentiary assessment overcomes the classic system of legal proof as well as that of sound criticism, which govern in civil proceedings. The way the agrarian process has been conceived allows the judge to broadly assess the facts alleged by the parties. Said system is not arbitrary; on the contrary, in free evidentiary assessment, it must be reasoned, critical, based on logic, experience, and psychology. In stating the reasons for the judgment, the judge must set forth the motives of conviction that lead her to resolve as she does. Unlike the legal tariff system, in which evidence is assessed subject to prior legal rules, and even the admissibility of evidence must be previously indicated by the Legal System, in the system of free assessment the judge has freedom to admit evidence according to her judgment.” (No. 398-F-01 of 4:00 p.m. on June 6, 2001). Likewise, on this topic, it has resolved: “The Ley de Jurisdicción Agraria, both in its article 54, for trial judges, and in article 61, for cassation judges, authorizes the assessment of evidentiary elements without strict subjection to the rules of common law. In this case, the Judge must express the principles of equity or law on which she bases her judgment. It concerns the system of free assessment and not assessment according to conscience, as the latter is typical of non-legal judges.” (No. 46-F-95 of 3:00 p.m. on April 26, 1995). (VOTE 673-F-2003 of 11:25 a.m. on October 15, 2003).-\n\nVII.- Under that perspective, the Tribunal considers the representative of the petitioner is correct in her grievances. This lies essentially in the trial judge's rejection of the proceedings due to the insufficiency of the testimony of witness [Nombre4] to demonstrate the petitioner company's ten-year possession prior to the declaration of the [Dirección5] Protected Zone because he is only 23 years old. It must be remembered, as indicated in the preceding considerandos, that in this matter, evidence is freely assessed, without strict subjection to the rules of common law (article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria), and in the case of possessory information, it is the duty of every agrarian judge to verify with certainty that the requirements demanded by law for usucapión are met. Effectively, and analyzing the evidence provided as a whole, regarding the ten-year possession, we have that the witness [Nombre2] stated, in what is relevant, that he is over seventy years old, and has known the farm subject to titling for more than 60 years. He also said, the land has been dedicated to pasture and that it belonged to [Nombre9], who sold it to his father [Nombre7], then the land was divided among his siblings, with the piece subject to titling going to his brother [Nombre6], who sold it about ten years ago to [Nombre5], who is Mrs. [Nombre1]'s sister. The deponent [Nombre3] indicated he is 71 years old and said he has known the farm all his life, well over fifty years, that the same belonged to [Nombre9] and he sold it to [Nombre7], that the land has been pasture, then it was divided among [Nombre7]'s children, that that sector of the farm went to [Nombre6] and that he sold it about ten years ago, he believes to the company. The witness [Nombre4] said he is 23 years old, that he has known the farm all his life, that what he remembers is that the farm belonged to his uncle [Nombre6], who sold it to [Nombre5], who is Mrs. [Nombre1]'s sister, about ten years ago, and that she sold it to the petitioner company about three years ago. He said he knows by reference that the land belonged to his grandfather [Nombre7], who had bought it from [Nombre9] (see testimonies in the virtual desktop, Oral Hearing 12/03/2015 09:34:44). Even though it could be questioned, as the Procuradora did, and which was the basis for the lower court judge's rejection, that for the purposes of verifying ten-year possession, this last witness is unsuitable because he stated knowing it for \"eighteen years,\" the fact is that said declaration must be assessed with the entire body or collection of evidence brought to the proceeding, to verify if what he stated coincides with the other existing evidence in the record. All the witnesses have coincided in that the title petitioner company, and its transferors, have been the possessors of that property for more than fifty years. On this particular point, and always within the canons of free evidentiary assessment of the cited article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria, the Tribunal analyzes the aforementioned testimonies jointly with the public deed of sale of the property subject to these proceedings, executed between [Nombre1] as representative of the petitioner company and [Nombre5], according to which it was established: \"...FIFTH: THAT THE SELLER TRANSFERS TO THE BUYER THE POSSESSION SHE HAS EXERCISED OVER THE PRESENT PROPERTY IN A QUIET, PUBLIC, PEACEFUL, UNINTERRUPTED MANNER, IN GOOD FAITH, AS OWNER, AND DEMARCATED FROM NEIGHBORING FARMS, AND FOR MORE THAN TWELVE YEARS.\" With this, compliance would be achieved with both the provisions in the third paragraph of article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias and with ordinal 6 of the cited Law, because in the first case it states: \"When the title petitioner has not had ten-year possession of the property, they may take advantage of that exercised by their transferors, but in this case, they must present a public document stating the transfer of their right, although not that of previous possessors\" (underlining not in the original), and in the second case: \"The justification of possession shall be proven with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be asked since when they have known the farm, if it is certain to them whether it has been subjected by the title petitioner or by previous owners to possession for a continuous period of not less than 10 years...\" (underlining not in the original), before which, having made the joint analysis of the entirety of the evidentiary body contained in the record, this Tribunal has no doubt whatsoever about the proof of the petitioner's ten-year possession, which, protected by the above-cited norms, has taken advantage of that exercised by her previous transferor [Nombre5] for the purposes of the titling she intends to carry out. Furthermore, in addition to the foregoing, with the cited testimonial evidence, a possession of long standing over the farm to be titled of more than sixty years is demonstrated, among all the possessors in the transferred possessory chain of the property subject to titling.\n\nVIII.- By reason of all the foregoing, with the appellant being correct in her grievances, the issued judgment must be revoked. In its place, the proceedings for Información Posesoria filed by VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1 - - , represented by its unlimited general attorney [Nombre1], of legal age, married, homemaker, resident of [Dirección1], identity card number CED8 - - , are accepted, and it is ordered to proceed to register in the Public Registry of Property in the name of VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, the land described as follows: Land of pasture and scrubland nature, located in [Dirección2], of the Province of Alajuela, bordering to the north with [Nombre10], to the south with Vista Alto del Monte S.A., to the east with [Nombre10], and to the west with [Dirección3] with a frontage of fifty-two meters and sixty-two linear centimeters, described in cadastral map number A-1696037-2013 dated October 24, 2013. It measures eight thousand three hundred six square meters. These proceedings as well as the land are valued at the sum of five million colones. It is subject to the legal reserves of the Ley de Caminos Públicos in accordance with article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias. The trial court shall proceed to issue the corresponding executorial decree and is authorized to make the necessary corrections in order to achieve registry inscription.\n\nPOR TANTO:\n\nThe judgment issued is revoked. In its place, the proceedings for Información Posesoria filed by VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1 - - , represented by its unlimited general attorney [Nombre1], of legal age, married, homemaker, resident of [Dirección6] of Atenas, identity card number CED8 - - , are accepted, and it is ordered to proceed to register in the Public Registry of Property in the name of VISTA ALTO DEL MONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, the land described as follows: Land of pasture and scrubland nature, located in [Dirección7], Atenas of the Province of Alajuela, bordering to the north with [Nombre10], to the south with Vista Alto del Monte S.A., to the east with [Nombre10], and to the west with [Dirección3] with a frontage of fifty-two meters and sixty-two linear centimeters, described in cadastral map number A-1696037-2013 dated October 24, 2013. It measures eight thousand three hundred six square meters. It is subject to the legal reserves of the Ley de Caminos Públicos. These proceedings as well as the land are valued at the sum of five million colones. The trial court shall proceed to issue the corresponding executorial decree and is authorized to make the necessary corrections in order to achieve registry inscription.\n\nYRWOACKEUHA61\n[Nombre11] - JUDGE\nDECISION-MAKER\n\n951X7BVIFDC61\n[Nombre12] -\nJUDGE DECISION-MAKER\n\nMUP6YDT43WRW61\n[Nombre13] - JUDGE\nDECISION-MAKER\n\nEXP: EXPN2\nII Circuito Judicial San José, [Dirección8], , [Dirección9] de Goicoechea in front of the Hospital Hotel La Católica parking lot Telephones: [Telf1]. Fax: [Telf2] or [Telf3]. Email: [...]\n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial.\n\nReproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:38:23.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }