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  "id": "nexus-sen-1-0034-708973",
  "citation": "Res. 00250-2017 Sala Primera de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Competencia jurisdiccional en predios dentro de Refugio de Vida Silvestre",
  "title_en": "Jurisdiction over property inside a National Wildlife Refuge",
  "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve un conflicto de competencia suscitado entre la jurisdicción agraria y la contenciosa administrativa. El actor, Misael Jara Álvarez, pretende se declare su propiedad por usucapión sobre un terreno de aproximadamente 300 hectáreas en Puerto Viejo de Sarapiquí, parte del cual —según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)— se ubica íntegramente dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, un área de dominio público perteneciente al Patrimonio Natural del Estado. La Sala analiza el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, que atribuye la competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa en todas las controversias sobre biodiversidad cuando esté involucrado el Estado o bienes de dominio público. Pese a que el Tribunal Agrario había asumido competencia, la Sala Primera concluye que, al tratarse de inmuebles que forman parte del dominio público, el asunto debe ser conocido por la jurisdicción contenciosa administrativa. Ordena remitir el expediente al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.",
  "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court resolves a jurisdictional conflict between agrarian and administrative courts. The plaintiff seeks a declaration of ownership by adverse possession over roughly 300 hectares in Sarapiquí. SINAC determined that part of the claimed land lies entirely within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, an area of public domain forming part of the State's Natural Heritage. The Chamber analyzes Article 108 of the Biodiversity Law, which grants jurisdiction to the administrative courts over any biodiversity-related dispute involving the State or public domain property. Although the Agrarian Court had accepted jurisdiction, the First Chamber holds that since the property is public domain, the matter falls under the administrative jurisdiction. It orders the case transferred to the Administrative and Treasury Court.",
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  "date": "09/03/2017",
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  "excerpt_es": "II.- El artículo 13 de la Ley Forestal N° 7575 dispone: “ El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio de Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de éste”. Por su parte, el numeral 14 de esa misma Ley señala: “ Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que, mientras no existan tribunales ambientales especializados, corresponderá a la Jurisdicción Agraria todos los asuntos vinculados con particulares, reservando a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aquellos en los cuales esté involucrado el Estado. Concretamente, dispone: “En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.” De lo anterior se deduce, como no se ha creado aún la jurisdicción ambiental especializada, las controversias que se susciten, por regla general, son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que se pueda estimar que es propia de la jurisdicción agraria a manera de excepción, debido a que se está en presencia de bienes que forman parte del dominio público. Por ende, comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría General de la República acerca de que la competencia material de este proceso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual es acorde con la competencia material establecida en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ambas leyes, la de Biodiversidad y el Código Procesal Contencioso Administrativo, son posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria que en sus artículos 1 y 2 establecen la competencia material de los tribunales agrarios, en relación con numeral 22.\n\nIII.- El caso de estudio, la parte actora pretende se declare en sentencia como propietaria del terreno el cual indica en el hecho séptimo, que en el año 1994 procedió a medir parte de la finca resultando el plano catastrado H-1899-1994, posteriormente en el apartado de prueba 22. ofrece el plano H-189955-94 y a folio 417 de la prueba aportada por el Estado se observa el plano H189955-94 a nombre de Misael Jara Álvarez. Dicho plano que según el actor corresponde a parte de la propiedad que solicita, y según se indica en el estudio SINAC-ACTo-ASP-PNE-198 emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que corre a folio 56 del expediente judicial, señala; “…se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano Catastrado número H-189955-94; a nombre de Misael Jara Álvarez; portador de la cédula de identidad número 5-146-012; con un área de 75 hectáreas 9014,00 metros cuadrados; que le mismo describe un inmueble que se ubica en la totalidad de su área DENTRO DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE BARRA DEL COLORADO, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 16358-MAG, del 26 de julio de 1985 y su Reforma a la Declaración del Refugio Barra del Colorado Decreto Ejecutivo N°31804-MINAE ”. Ante esta coyuntura, parte del inmueble objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora.\n\nIV.- Consecuentemente, lo procedente es declarar que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Procesal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.",
  "excerpt_en": "II.- Article 13 of the Forestry Law No. 7575 provides: “The natural heritage of the State shall consist of the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, the properties registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except real estate that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Attorney General's Office, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized estates owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude, with funds from donations or the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the State.” For its part, numeral 14 of the same Law states: “The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information and both the invasion and occupation of them shall be penalized in accordance with the provisions of this law.” Meanwhile, Article 108 of the Biodiversity Law provides that, as long as there are no specialized environmental courts, the Agrarian Jurisdiction shall hear all matters involving private parties, reserving to the Administrative Courts those in which the State is involved. Specifically, it provides: “In matters of biodiversity and as long as there is no environmental jurisdiction, any controversy shall be the exclusive competence of the administrative courts. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes that arise between private parties, where there is no administrative act or public domain involvement, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” From the foregoing it follows, as no specialized environmental jurisdiction has yet been created, disputes that arise are, as a general rule, the competence of the administrative courts, and it cannot be considered that they fall under the agrarian jurisdiction by way of exception, because we are in the presence of assets that form part of the public domain. Therefore, this Chamber shares the opinion of the Attorney General's Office that the material jurisdiction over this proceeding belongs to the administrative courts, which is in accordance with the material jurisdiction established in Articles 1 and 2 of the Administrative Procedure Code. Both laws, the Biodiversity Law and the Administrative Procedure Code, are later than the Agrarian Jurisdiction Law, which in its Articles 1 and 2 establish the material jurisdiction of the agrarian courts, in connection with numeral 22.\n\nIII.- In the case at hand, the plaintiff seeks a judgment declaring him the owner of the land he describes in the seventh fact, stating that in 1994 he proceeded to measure part of the farm, resulting in cadastral plan H-1899-1994, later in the evidence section 22 he offers plan H-189955-94 and at folio 417 of the evidence provided by the State, plan H189955-94 is shown in the name of Misael Jara Álvarez. Said plan, which according to the plaintiff corresponds to part of the property he claims, and as indicated in the SINAC-ACTo-ASP-PNE-198 study issued by the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, which runs at folio 56 of the judicial file, states: ‘…it has been determined based on the location set forth in cadastral plan number H-189955-94; in the name of Misael Jara Álvarez; bearer of identity card number 5-146-012; with an area of 75 hectares 9014.00 square meters; that the same describes a property located entirely WITHIN THE BARRA DEL COLORADO NATIONAL WILDLIFE REFUGE, created by Executive Decree No. 16358-MAG, of July 26, 1985 and its Reform of the Declaration of the Barra del Colorado Refuge, Executive Decree No. 31804-MINAE.’ In light of this situation, part of the property at issue in this case belongs to an area of public domain, and therefore it is the Administrative Courts (Art. 108 Biodiversity Law), extensive to any matter in which the State has a direct interest, that must hear the plaintiff's claims.\n\nIV.- Consequently, the appropriate course is to declare that jurisdiction over this proceeding lies with the Administrative and Treasury Court.",
  "outcome": {
    "label_en": "Administrative jurisdiction declared",
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    "summary_en": "The First Chamber holds that the administrative courts have jurisdiction over the case, as it involves public domain lands within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge.",
    "summary_es": "La Sala Primera declara que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, al involucrar terrenos de dominio público dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado."
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      "context": "Considerando II",
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      "quote_es": "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible."
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    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "In matters of biodiversity and as long as there is no environmental jurisdiction, any controversy shall be the exclusive competence of the administrative courts.",
      "quote_es": "En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "In light of this situation, part of the property at issue in this case belongs to an area of public domain, and therefore it is the Administrative Courts (Art. 108 Biodiversity Law), extensive to any matter in which the State has a direct interest, that must hear the plaintiff's claims.",
      "quote_es": "Ante esta coyuntura, parte del inmueble objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 00250 - 2017\n\nFecha de la Resolución: 09 de Marzo del 2017 a las 11:01\n\nExpediente: 14-000097-0507-AG\n\nRedactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias en igual sentido\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo\n\nTema: Competencia contencioso administrativa\n\nSubtemas:\n\nAlcances de su competencia en materia de biodiversidad.\n\nTema: Biodiversidad\n\nSubtemas:\n\nAlcances de la competencia contencioso administrativa.\n\nTema: Competencia agraria por materia\n\nSubtemas:\n\nConsideraciones con respecto a la vía contencioso administrativa en materia de biodiversidad.\n\n“II.- El artículo 13 de la Ley Forestal N° 7575 dispone: “ El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio de Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de éste”. Por su parte, el numeral 14 de esa misma Ley señala: “ Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que, mientras no existan tribunales ambientales especializados, corresponderá a la Jurisdicción Agraria todos los asuntos vinculados con particulares, reservando a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aquellos en los cuales esté involucrado el Estado. Concretamente, dispone: “En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.” De lo anterior se deduce, como no se ha creado aún la jurisdicción ambiental especializada, las controversias que se susciten, por regla general, son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que se pueda estimar que es propia de la jurisdicción agraria a manera de excepción, debido a que se está en presencia de bienes que forman parte del dominio público. Por ende, comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría General de la República acerca de que la competencia material de este proceso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual es acorde con la competencia material establecida en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ambas leyes, la de Biodiversidad y el Código Procesal Contencioso Administrativo, son posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria que en sus artículos 1 y 2 establecen la competencia material de los tribunales agrarios, en relación con numeral 22.\n\nIII.- El caso de estudio, la parte actora pretende se declare en sentencia como propietaria del terreno el cual indica en el hecho séptimo, que en el año 1994 procedió a medir parte de la finca resultando el plano catastrado H-1899-1994, posteriormente en el apartado de prueba 22. ofrece el plano H-189955-94 y a folio 417 de la prueba aportada por el Estado se observa el plano H189955-94 a nombre de Misael Jara Álvarez. Dicho plano que según el actor corresponde a parte de la propiedad que solicita, y según se indica en el estudio SINAC-ACTo-ASP-PNE-198 emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que corre a folio 56 del expediente judicial, señala; “…se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano Catastrado número H-189955-94; a nombre de Misael Jara Álvarez; portador de la cédula de identidad número 5-146-012; con un área de 75 hectáreas 9014,00 metros cuadrados; que le mismo describe un inmueble que se ubica en la totalidad de su área DENTRO DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE BARRA DEL COLORADO, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 16358-MAG, del 26 de julio de 1985 y su Reforma a la Declaración del Refugio Barra del Colorado Decreto Ejecutivo N°31804-MINAE ”. Ante esta coyuntura, parte del inmueble objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora.”\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n*140000970507AG*\n\nExp: 14-000097-0507-AG\n\n \n\nRes. Nº 000250-S1-2017\n\n \n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas uno minutos del nueve de marzo de dos mil diecisiete .\n\nEn el ordinario interpuesto por MISAEL JARA ALVAREZ contra JOSÉ HERIBERTO LAZO HERNÁNDEZ, ESTADO y JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) , la parte demandada Estado interpuso la defensa de incompetencia en razón de la materia, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica ordenó remitir el proceso en efecto suspensivo al Tribunal Agrario, el cual  rechazo la excepción de falta de competencia, de lo que disintió la parte demandada, por lo que se envió en consulta ante esta Sala.\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- El actor planteó el presente proceso, solicita daños y perjuicios y solicita se declare “ I- Que soy legítimo dueño y poseedor de la finca descrita, que es terreno sin inscribir dedicado a la agricultura, ganadería y montaña, ubicado en Caño Gaspar de Puerto Viejo de Sarapiquí de Heredia, que mide actualmente aproximadamente trescientas hectáreas. II.- Que he poseído dicha finca desde hace más de sesenta año en forma quieta, pública, pacífica, continua, a título de dueño, por lo cual he usucapido la misma, siendo su legítimo propietario, por lo cual la creación de cualquier finca, reserva o refugio creados por el Estado no me afectan. III- Que se declare la prescripción positiva en mi favor en relación con la indicada propiedad, gozando el suscrito de todos los atributos de un verdadero propietario, con exclusión de cualquier tercero, incluido dentro de ellos al ESTADO, JAPDEVA y LAZO, que crean tener algún derecho sobre mi heredad. IV- Que el demandado Lazo en el futuro deberá de abstenerse de realizar cualquier acto perturbatorio contra mi persona, mi propiedad y mi posesión, bajo apercibimientos legales en caso de omisión. V- Que el señor Lazo Hernández no tiene terreno alguno en Caño Gaspar de Puerto Viejo de Sarapiquí de Heredia, desde que vendió su posesión a don Antonio Huertas Araya. VI- Que el demandado deberá ser desalojado de cualquier porción de terreno que este reclamando y que forme parte de la finca que me pertenece, por tener el suscrito, demandante, mejor derecho para poseer. VII- Que el demandado deberá pagar ambas costas de esta acción” (F. 22, 28 y 29). El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona ordenó remitir el proceso en efecto suspensivo al Tribunal Agrario, el cual mediante la resolución 279-F-2016 de las 11 horas 43 minutos del 18 de marzo de 2016 rechazo la excepción de falta de competencia, indicando que nada obsta para que en la jurisdicción agraria pueda dilucidar este proceso, además de que dentro de las áreas protegidas a excepción de reservas biológicas y parque nacionales dadas su finalidad y objetivos de conservación absoluta de esa categorías de manejo, en los demás si pueden coexistir fincas públicas y privadas cuyos propietarios pueden ser entes públicos o personas privadas. El apoderado estatal manifestó su inconformidad con lo resuelto indicando que en este juicio el terreno objeto del proceso se encuentra dentro del Patrimonio Natural del Estado y de acuerdo con resoluciones recientes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia su conocimiento corresponde a los Tribunales Contencioso Administrativos, por lo que se envió ante esta Sala.\n\nII.- El artículo 13 de la Ley Forestal N° 7575 dispone: “ El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio de Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de éste”. Por su parte, el numeral 14 de esa misma Ley señala: “ Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad establece que, mientras no existan tribunales ambientales especializados, corresponderá a la Jurisdicción Agraria todos los asuntos vinculados con particulares, reservando a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aquellos en los cuales esté involucrado el Estado. Concretamente, dispone: “En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.” De lo anterior se deduce, como no se ha creado aún la jurisdicción ambiental especializada, las controversias que se susciten, por regla general, son competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que se pueda estimar que es propia de la jurisdicción agraria a manera de excepción, debido a que se está en presencia de bienes que forman parte del dominio público. Por ende, comparte esta Sala el criterio de la Procuraduría General de la República acerca de que la competencia material de este proceso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual es acorde con la competencia material establecida en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ambas leyes, la de Biodiversidad y el Código Procesal Contencioso Administrativo, son posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria que en sus artículos 1 y 2 establecen la competencia material de los tribunales agrarios, en relación con numeral 22.\n\nIII.- El caso de estudio, la parte actora pretende se declare en sentencia como propietaria del terreno el cual indica en el hecho séptimo, que en el año 1994 procedió a medir parte de la finca resultando el plano catastrado H-1899-1994, posteriormente en el apartado de prueba 22. ofrece el plano H-189955-94 y a folio 417 de la prueba aportada por el Estado se observa el plano H189955-94 a nombre de Misael Jara Álvarez. Dicho plano que según el actor corresponde a parte de la propiedad que solicita, y según se indica en el estudio SINAC-ACTo-ASP-PNE-198 emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que corre a folio 56 del expediente judicial, señala; “…se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano Catastrado número H-189955-94; a nombre de Misael Jara Álvarez; portador de la cédula de identidad número 5-146-012; con un área de 75 hectáreas 9014,00 metros cuadrados; que le mismo describe un inmueble que se ubica en la totalidad de su área DENTRO DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE BARRA DEL COLORADO, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 16358-MAG, del 26 de julio de 1985 y su Reforma a la Declaración del Refugio Barra del Colorado Decreto Ejecutivo N°31804-MINAE ”. Ante esta coyuntura, parte del inmueble objeto de este asunto corresponden a un área de dominio público, por lo que es la jurisdicción Contenciosa Administrativa (art. 108 Ley de Biodiversidad), extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, a la que corresponde conocer de las pretensiones de la parte actora.\n\nIV.- Consecuentemente, lo procedente es declarar que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Procesal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Tribunal Procesal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. LGARCIAQ\n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\t\n\nLuis Guillermo Rivas Loáiciga\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nRomán Solís Zelaya\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\n\n\n\nRocío Rojas Morales\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nWilliam Molinari Vilchez\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n*DZWFMGY589U61*\n\n DZWFMGY589U61\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:10:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours one minute on the ninth of March of two thousand seventeen.\n\nIn the ordinary proceeding filed by MISAEL JARA ALVAREZ against JOSÉ HERIBERTO LAZO HERNÁNDEZ, the STATE and the JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), the defendant State raised the defense of lack of subject-matter jurisdiction (incompetencia en razón de la materia). The Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone ordered the case file to be sent, with suspensive effect, to the Agrarian Tribunal, which rejected the objection of lack of jurisdiction. The defendant disagreed with that decision, and therefore the matter was sent in consultation to this Division.\n\nWHEREAS\n\nI.- The plaintiff brought this proceeding, seeking damages and requesting that it be declared: “I- That I am the lawful owner and possessor of the described farm, which is unregistered land dedicated to agriculture, livestock, and mountain, located in Caño Gaspar de Puerto Viejo de Sarapiquí de Heredia, which currently measures approximately three hundred hectares. II.- That I have possessed said farm for more than sixty years in a quiet, public, peaceful, continuous manner, as owner, for which reason I have acquired title by adverse possession (usucapido) over it, being its legitimate owner, such that the creation of any farm, reserve, or refuge created by the State does not affect me. III- That positive prescription be declared in my favor with respect to the indicated property, with the undersigned enjoying all the attributes of a true owner, to the exclusion of any third party, including among them the STATE, JAPDEVA and LAZO, who believe they hold some right over my estate. IV- That the defendant Lazo must in the future refrain from carrying out any disturbing act against my person, my property, and my possession, under legal warnings in case of omission. V- That Mr. Lazo Hernández has no land whatsoever in Caño Gaspar de Puerto Viejo de Sarapiquí de Heredia, since he sold his possession to Mr. Antonio Huertas Araya. VI- That the defendant must be evicted from any portion of land that he is claiming and that forms part of the farm that belongs to me, as the undersigned plaintiff holds a better right to possess. VII- That the defendant must pay the costs of this action” (F. 22, 28 and 29). The Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Zone ordered the case file to be sent, with suspensive effect, to the Agrarian Tribunal, which, by resolution 279-F-2016 of 11 hours 43 minutes on March 18, 2016, rejected the objection of lack of jurisdiction, indicating that nothing prevents the agrarian jurisdiction from adjudicating this proceeding, and that within protected areas, except for biological reserves and national parks given their purpose and objectives of absolute conservation of those management categories, public and private farms may coexist whose owners may be public entities or private persons. The State's legal representative expressed his disagreement with the decision, indicating that in this case the land that is the subject of the proceeding is located within the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and, according to recent resolutions of the First Division of the Supreme Court of Justice, its cognizance corresponds to the Contentious-Administrative Courts, for which reason it was sent to this Division.\n\nII.- Article 13 of the Forestry Law No. 7575 provides: “The natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other agencies of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Office of the Attorney General of the Republic, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized farms owned by the State. Non-governmental organizations that acquire real estate with forest or of forest aptitude, with funds from donations or from the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the latter.” For its part, numeral 14 of that same Law states: “The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable (inembargables) and inalienable (inalienables); their possession by private individuals shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by possessory information (información posesoria), and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.” For its part, article 108 of the Biodiversity Law establishes that, as long as there are no specialized environmental courts, all matters linked to private parties shall correspond to the Agrarian Jurisdiction, reserving to the Contentious-Administrative Jurisdiction those in which the State is involved. Specifically, it provides: “In matters of biodiversity and as long as an environmental jurisdiction does not exist, any controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the preceding rule, crimes against biodiversity shall be judged by the criminal jurisdiction; similarly, controversies that arise between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” From the foregoing it follows that, as the specialized environmental jurisdiction has not yet been created, the controversies that arise are, as a general rule, the competence of the contentious-administrative jurisdiction, without it being possible to consider that it is proper to the agrarian jurisdiction by way of exception, because one is in the presence of assets that form part of the public domain. Therefore, this Division shares the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic that the subject-matter jurisdiction (competencia material) of this proceeding corresponds to the contentious-administrative jurisdiction, which is consistent with the subject-matter jurisdiction established in articles 1 and 2 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Both laws, the Biodiversity Law and the Contentious-Administrative Procedural Code, are subsequent to the Agrarian Jurisdiction Law, whose articles 1 and 2, in relation to numeral 22, establish the subject-matter jurisdiction of the agrarian courts.\n\nIII.- In the case under study, the plaintiff seeks to be declared in a judgment as the owner of the land which he indicates in fact seven, that in the year 1994 he proceeded to measure part of the farm resulting in cadastral map H-1899-1994; subsequently, in the evidence section 22, he offers map H-189955-94, and at folio 417 of the evidence provided by the State, map H189955-94 is observed in the name of Misael Jara Álvarez. Said map, which according to the plaintiff corresponds to part of the property he requests, and as indicated in study SINAC-ACTo-ASP-PNE-198 issued by the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, which runs at folio 56 of the judicial file, states: “…it has been determined, based on the location set out in Cadastral Map number H-189955-94; in the name of Misael Jara Álvarez; bearer of identity document number 5-146-012; with an area of 75 hectares 9014.00 square meters; that it describes a property that is located in the entirety of its area WITHIN THE BARRA DEL COLORADO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE BARRA DEL COLORADO), created by Executive Decree No. 16358-MAG, of July 26, 1985, and its Reform to the Declaration of the Barra del Colorado Refuge Executive Decree No. 31804-MINAE.” Given this juncture, part of the property that is the subject of this matter corresponds to an area of public domain, for which reason it is the Contentious-Administrative jurisdiction (art. 108 Biodiversity Law), extended to any matter in which the State has a direct interest, that must hear the claims of the plaintiff.\n\nIV.- Consequently, the appropriate course is to declare that the cognizance of the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court.\n\nTHEREFORE\n\nIt is declared that the cognizance of the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. LGARCIAQ"
}