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  "id": "nexus-sen-1-0034-976141",
  "citation": "Res. 00229-2020 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Tribunal Agrario confirma improbación de información posesoria sobre inmueble parcialmente en zona protectora",
  "title_en": "Agrarian Tribunal upholds denial of possessory information for property partially within protected zone",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario confirma la sentencia que improbó las diligencias de información posesoria promovidas por Bendiciones Ojo de Agua S.A. sobre un inmueble de 56 hectáreas en Puntarenas, del cual un 37% se ubica dentro de la Zona Protectora Arenal Monteverde, creada en 1977. La sociedad alegaba una posesión originaria desde 1959, pero la prueba testimonial y documental no logró acreditar una posesión continua, pública, pacífica y en concepto de dueño por al menos diez años antes del 20 de abril de 1967 (diez años anteriores a la creación del área protegida), tal como exige el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Los testigos situaron la posesión entre 1969 y 1974, y los documentos no se integraron con sus dichos por falta de coincidencia en la descripción del inmueble. El tribunal reitera que la prueba documental por sí sola no basta y que la carga de la prueba recae en la parte promovente, confirmando así la resolución de primera instancia.",
  "summary_en": "The Agrarian Tribunal upholds the first-instance ruling that denied the possessory information proceedings filed by Bendiciones Ojo de Agua S.A. for a 56-hectare property in Puntarenas, of which 37% lies within the Arenal Monteverde Protected Zone, created in 1977. The company claimed possession dating back to 1959, but the testimonial and documentary evidence failed to prove continuous, public, peaceful possession as owner for at least ten years prior to April 20, 1967 (ten years before the protected area’s establishment), as required by Article 7 of the Possessory Information Law. Witnesses placed the possession between 1969 and 1974, and the documents could not be reconciled with their testimony due to discrepancies in the property description. The court reiterates that documentary evidence alone is insufficient and that the burden of proof lies with the petitioner, thus confirming the lower court’s decision.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "18/03/2020",
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    "Arenal Monteverde",
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  "excerpt_es": "Esta Cámara ha sostenido de manera sistemática que la prueba de la posesión debe de ser diáfana, y las probanzas son ponderadas de manera conjunta. Quien promueve tiene la carga de la prueba, según el canon 317 del Código Procesal Civil de empleo en la materia. Esto significa que tiene la obligación de arribar prueba idónea para probar la posesión decenal. En este caso dado que el bien se ubica en un área protegida debe demostrar con la totalidad de las pruebas una posesión anterior al 20 de abril de 1967. De la testimonial se extrae una posesión entre los años 1969 a 1974. Además, por sus manifestaciones no es posible integrar la documental de cuadros 140 a 143, porque en esa probanza la descripción de la heredad no permite hacerlo. Sumado a lo anterior, por el sistema de valoración de la prueba y los requisitos exigidos por la ley de informaciones posesorias, se ha concluido que la prueba documental por sí sola, no es idónea para demostrar la posesión exigida para optar por un título de propiedad, pues los testigos no relatan la posesión de [Nombre9] más allá de 1969, y son omisos respecto a la posesión de [Nombre8] quien le vendió la heredad al arriba citado [Nombre9] en 1959.",
  "excerpt_en": "This Chamber has consistently held that proof of possession must be clear and that the evidence is to be weighed jointly. The petitioner has the burden of proof, pursuant to canon 317 of the Code of Civil Procedure applicable in this matter. This means that it has the obligation to produce suitable evidence to prove the ten-year possession. In this case, since the property is located in a protected area, it must demonstrate, with all the evidence, possession prior to April 20, 1967. From the testimonial evidence, possession is inferred only from 1969 to 1974. Moreover, the documentary evidence in images 140 to 143 cannot be integrated because the description of the property in that evidence does not allow it. In addition, under the evidentiary assessment system and the requirements of the Possessory Information Law, it is concluded that documentary evidence alone is not suitable to demonstrate the required possession to obtain a property title, since the witnesses do not recount [Nombre9]'s possession prior to 1969, and are silent regarding the possession of [Nombre8], who sold the property to the aforementioned [Nombre9] in 1959.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denial upheld",
    "label_es": "Confirmada improbación",
    "summary_en": "The Agrarian Tribunal upholds the ruling denying the possessory information proceedings for failure to prove ten-year possession prior to the protected zone's creation.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario confirma la sentencia que improbó las diligencias de información posesoria por no demostrarse la posesión decenal anterior a la creación de la zona protectora."
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      "quote_en": "The Possessory Information Law, in its section 6, establishes the manner of proving possession... The judge shall also examine witnesses ex officio or at the request of a party on any other matter considered relevant to prove possession.",
      "quote_es": "La Ley de Informaciones Posesorias establece en el ordinal 6 de la ley en cita la manera de demostrar la posesión... Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión."
    },
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "This Chamber has consistently held that proof of possession must be clear and that the evidence is to be weighed jointly.",
      "quote_es": "Esta Cámara ha sostenido de manera sistemática que la prueba de la posesión debe de ser diáfana, y las probanzas son ponderadas de manera conjunta."
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      "quote_en": "documentary evidence alone is not suitable to demonstrate the required possession to obtain a property title",
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-976141",
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00229 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 18 de Marzo del 2020 a las 15:40\n\nExpediente: 14-160008-0642-AG\n\nRedactado por: Magda Díaz Bolaños\n\nClase de asunto: Proceso de información posesoria\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Información posesoria agraria\nSubtemas:\nProcedente cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación de área silvestre protegida y acatamiento de recomendaciones técnicas.\nTemas (descriptores): Área silvestre protegida\nSubtemas:\nProcedencia de la información posesoria cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación y acatamiento de recomendaciones técnicas.\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\n*141600080642AG*\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1 - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nINFORMACIÓN POSESORIA\n\n\n\n\nPROMUEVE:\n\n\t\n\nBENDICIONES OJO DE AGUA S.A.\n\n \n\n \n\nVOTO N° 000229-F-2020\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinte.\n\n PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovida por BENDICIONES OJO DE AGUA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1-  -    , representada por sus apoderadas generalísimas sin límite de suma de manera mancomunada, [Nombre1]  , mayor , casada, asistente de contabilidad, vecina de Desamparados, cédula de identidad número CED2 -     -  , [Nombre2]   , mayor, casada, comerciante, vecina de Puntarenas, cédula de identidad número CED3 -   -    ; y [Nombre3]  , mayor, soltera, operaria de producción, vecina de Desamparados, cédula de identidad número CED4 -   -  . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Silvia Quesada Casares, mayor, abogada, cédula de identidad número CED5 -     -    , en su condición de procuradora; y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, cédula jurídica número CED6 -    -         , representado por la Licenciada Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED7 -     -  . Actúa como apoderado especial judicial de la promovente, el licenciado [Nombre4] conocido Edwin Porras Arce, carné veintidós mil quinientos setenta y uno. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Puntarenas.\n\nRESULTANDO:\n\n 1. La sociedad promovente interpuso diligencias de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se  describe así: Naturaleza: repastos y bosques. Situado en: [Dirección1]  ,    , de la PROVINCIA de Puntarenas. Colinda: al NORTE con Asociación Conservacionista, al SUR con [Nombre5]  , el ESTE con [Nombre6]   y, al OESTE con [Nombre7]   y [Dirección2] . Mide: cincuenta y seis hectáreas dos mil cuarenta y seis metros cuadrados, según plano catastrado número P-1506159-2011, (folios  1, 16 a 19 del expediente físico).\n\n2.  La Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Rural se apersonaron al proceso (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, escritos incorporados el 03/07/2018 01:57:51 y 07/08/2018 07:30:17).\n\n 3. La jueza Andreína Chaves Zúñiga del Juzgado Agrario de Puntarenas mediante sentencia 2019000258, de las trece horas y cincuenta y seis minutos del once de noviembre del año dos mil diecinueve, resolvió: “Con base en lo expuesto, normas y jurisprudencia citada, SE IMPRUEBAN las presentes diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por BENDICIONES OJO DE AGUA SOCIEDAD ANÓNIMA\" (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, documentos asociados, sentencia de primera instancia incorporada el 11/11/2019 13:55:59).\n\n4. El licenciado Edwin Porras Arce, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, escrito incorporado el 18/11/2019 11:11:51).\n\n5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no hay errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.\n\nRedacta la jueza Díaz Bolaños; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. Se aporta junto con el recurso como prueba para mejor resolver la copia simple de escritura número 56, de los folios 54 vuelto, 55 frente y vuelto del tomo sexto del Protocolo del licenciado Ricaurte Paris Torres; y, copia simple de escritura número 114 del folio 79 frente del tomo 12 del protocolo del licenciado Anselmo Pérez Castro. Se debe aclarar que en este asunto es de empleo en primer orden la ley procesal agraria, seguidamente la laboral y por último la civil. Este asunto inició de conformidad al sello de recibido de foja 16 del expediente físico el 13 de febrero de 2014, por lo que de conformidad con el transitorio I.3 de la ley número 9343 es de empleo el Código de Trabajo derogado. El ordinal  501 inciso d) del Código de Trabajo por remisión del numeral 60 de la Ley de Jurisdicción Agraria concede la facultad a las partes de ofrecer prueba para mejor resolver en segunda instancia al momento de exponer su alegato recursivo.  No obstante, es discrecionalidad del juzgador su admisión, pero deben respetarse ciertos parámetros: por una parte, la búsqueda de la verdad real de los hechos; y por otra, que esa prueba, no rompa el equilibrio procesal de las partes.  Porque está impedida la persona juzgadora   admitir prueba para corregir errores u omisiones de las partes suscitadas en el transcurso del proceso; o bien introducir elementos nuevos a éste, los cuales beneficiarían a alguna de las partes o bien, tomarían por sorpresa a otras, implicando una violación al debido proceso. Con fundamento en lo anterior lo procedente dado que es prueba que hasta ahora tiene conocimiento quien promueve se admite.\n\nII. Se comparte el conjunto de hechos probados por tener sustento en los autos, a excepción de los marcados 4, 5, 7, 8, [Placa1] 10 y 12 por tratarse de aspectos de relevancia procesal.\n\nIII. Relativo al evento indemostrado se comparte dado que la entidad promovente no arribo prueba a los autos sobre tal aspecto.\n\n IV. Se recurre la sentencia de las 13 horas 56 minutos del 11 de noviembre de 2019 donde se improbó el proceso de información posesoria (expediente virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, en modo PDF, imágenes 121 a 132). La impugnación es rubricada por el apoderado especial de la promovente Bendiciones Ojo de Agua Sociedad Anónima. Se agravia contra la decisión, la sentencia rechazo la gestión, por insuficiencia de las pruebas aportadas para demostrar el ejercicio de una posesión originaria o derivada superior a los 10 años desde antes de la declaratoria de la zona protectora el 20 de abril de 1977. Afirma, su representada encontró entre los objetos de su padre, tras su muerte, quien fuera su transmisor del derecho de posesión, un sobre con documentos de esa finca entre los cuales figura los testimonios de escrituras que representan el tracto sucesivo de la finca a inscribir. En segundo orden, indica, se ubicó un documento de [Nombre8]    como primera poseedora, quien le traspasa a [Nombre9]   el 16 de noviembre de 1959 en escritura número 56 del notario público Ricaurte París Torres. Posteriormente, [Nombre9]   traspasó sus derechos a [Nombre10]   el 25 de agosto de 1972 ante los oficios del notario público Anselmo Pérez Castro.  Luego, [Nombre10]   le transmite a [Nombre11]   y éste le traspasa a la promovente Bendiciones Ojo de Agua Sociedad Anónima, aspecto ya demostrado en el expediente.  Expone, de lo indicado se tiene por demostrado la promovente tiene en forma derivada el ejercicio de toda la finca descrita en el plano P-150159-2011 incluyendo el 37% del terreno ubicado en la zona protectora Arenal Monteverde, pues se demuestra que esa finca estaba en posesión desde 1959; entiende que 19 años antes de la creación de la mencionada zona protectora.  Pide se valore esas probanzas pues sería muy oneroso para el sistema de justicia y sus representados un nuevo proceso.\n\nV. En el presente asunto de acuerdo con la certificación 168-OT-ACA-T-2013 expedida por el Área de Conservación Arenal Tempisque, se indicó con relación al plano catastrado número P-1506159-2011 lo siguiente: “…que este describe un terreno de extensión 562046 M2 se ubica En (sic) un 37% DENTRO DE ZONA PROTECTORA ARENAL MONTEVERDE, El (sic) Área Silvestre Protegida se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 6934-A del 20/04/1977 posteriormente se rectificaron los límites mediante Decreto Ejecutivo No.20172 del 24/01/92” (página 6 del expediente físico). Esa situación se ve reflejada en el levantamiento topográfico arriba citado cuando en el visado de ese Ministerio se hizo la misma referencia (folio 1 del expediente físico). De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder obtener título inscribible a través de una sentencia que así lo ordene, de un terreno afectado por una categoría de manejo se deben cumplir una serie de requisitos. Debido a lo anterior, mediante prueba testimonial y documento de adquisición aportado, en caso de pretender aprovechar la posesión de los transmitentes (artículo 1 Ibídem.), debe demostrar se conoce de la posesión de la titulante y sus transmitentes, al menos diez años antes de la creación de esa área silvestre protegida. La Ley de Informaciones Posesorias establece en el ordinal 6 de la ley en cita la manera de demostrar la posesión en los procesos de esta naturaleza y al respecto reza: \"La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta que ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años, si esa posesión ha sido en forma pública, pacífica y en concepto de dueño y en qué actos ha consistido. Asimismo el Juez interrogará a los testigos de oficio o a solicitud de parte, sobre cualquier otro dato que se considere de interés para probar la posesión. Todo lo anterior se hará sin necesidad de previo interrogatorio formulado por el interesado\". Por otra parte, el canon sétimo señala, en caso de ubicarse el fundo dentro de un área silvestre protegida, la posesión idónea a probarse debe ser al menos de un plazo anterior de diez años a la creación de la categoría de manejo respectiva. Lo anterior implica, la posesión debe ser probada por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo del caso concreto, para entender que los derechos adquiridos de quien promueve son aptos para reconocer el derecho de propiedad refutado sobre el fundo. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto número 144-96 de las 16 horas 51 minutos del 09 de enero de 1996, resolvió: \"En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho.\" Por lo anterior, es obligatoria la valoración integral de toda la prueba arribada al expediente, por estar regidos en procesos agrarios al sistema de la libre valoración acorde con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En la especie, en el escrito inicial, cuyas manifestaciones se rinden bajo la fe de juramento según el numeral 3 de la Ley de Informaciones Posesorias, se indicó que la posesión la adquirió la mercantil por donación del padre del representante legal, [Nombre11]  , quien a su vida compró a [Nombre10]  , con lo cual se supera 50 años de posesión.  En la apelación  el único agravio radica en exponer que se probó, junto con la prueba documental que aportó, se ejerció una posesión con 10 años de anterioridad a la creación de la Zona Protectora Arenal Monteverde.  Como se indicó es una porción del 37% que se ubica en tal área, y dada la fecha de creación debe probarse los diez años de posesión al 20 de abril de 1967.  Para comprobar la posesión rindió declaración [Nombre12]  , quien dijo tener 72 años, y conocer la heredad desde hace 40 o 45 años, lo cual lo ubica en su relato en el año 1974 (imagen 91 del expediente virtual del Juzgado de origen). Agregó que le pertenecían a un señor conocido como [Nombre13]; quien se la dio a sus hijas las promoventes las cuales tienen una sociedad.  Depuso [Nombre14]   (cuadro 93 misma ubicación anterior); afirmó tener 55 años. Expuso que conoce la tierra desde hace unos 40 años.  Además indicó: “…estas pertenecían a [Nombre10]  luego paso a [Nombre13] el cual actualmente esta (sic) vivo y este se la dio a sus hijas y estas la pusieron en una sociedad, hace como unos cinco años creo que [Nombre13] se las dio…”, siendo que da cuenta de una posesión desde el año 1979. Por último, el deponente [Nombre15]  , de 60 años relató conocer la heredad desde hace 50 años ya que nació cerca de ese lugar. Agregó en lo de interés: “…estas pertenecía (sic) [Nombre9] , luego paso a [Nombre16]  y este se la vedió (sic) a [Nombre13] que actualmente esta (sic) vivo y este se la dio a sus hijas los aquí promoventes quién la tiene en una sociedad, no se hace cuanto se las dio el papá…” (cuadro 95 del expediente virtual), por lo que da cuenta de una posesión desde 1969.  Se admitió como probanza en esta instancia (de la cual se concedió audiencia según consta en el expediente virtual del Tribunal Agrario, carpeta de documentos asociados) las imágenes de los testimonios de compraventa. El primero data del 16 de noviembre de 1959 donde [Nombre8]    le vende a [Nombre9]   un terreno de aproximadamente 300 manzanas ubicadas en San Antonio de Guacimal de la provincia de Puntarenas (cuadro 142 a 143 del expediente virtual).  El segundo documento da cuenta de una transmisión de [Nombre9]    a favor de [Nombre10]   donde el primero le vendió al segundo un terreno cultivado en San Antonio de Guacimal en la provincia de Puntarenas. Indican que tal inmueble tiene una medida aproximada a las 300 manzanas. En el texto del documento se indicó: “…manifiesta el vendedor que la hubo por compra a [Nombre17]    (sic), el dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve; ante el notario Ricaurte París Torres…” (documento en imágenes 140 a 141).  Al interponer la gestión la mercantil aportó el testimonio de escritura donde [Nombre11]   le transmite por donación los derechos de posesión a la sociedad promovente. Además, manifestó haberlo adquirido de [Nombre10]   y hace alusión a la información supraindicada. Esta Cámara ha sostenido de manera sistemática que la prueba de la posesión debe de ser diáfana, y las probanzas son ponderadas de manera conjunta. Quien promueve tiene la carga de la prueba, según el canon 317 del Código Procesal Civil de empleo en la materia.  Esto significa que tiene la obligación de arribar prueba idónea para probar la posesión decenal. En este caso dado que el bien se ubica en un área protegida debe demostrar con la totalidad de las pruebas una posesión anterior al 20 de abril de 1967. De la testimonial se extrae una posesión entre los años 1969 a 1974.  Además, por sus manifestaciones no es posible integrar la documental de cuadros 140 a 143, porque en esa probanza la descripción de la heredad no permite hacerlo.  Sumado a lo anterior, por el sistema de valoración de la prueba y los requisitos exigidos por la ley de informaciones posesorias, se ha concluido que la prueba documental por sí sola, no es idónea para demostrar la posesión exigida para optar por un título de propiedad, pues los testigos no relatan la posesión de [Nombre9]   más allá de 1969, y son omisos respecto a la posesión de [Nombre8]   quien le vendió la heredad al arriba citado [Nombre9]  en 1959.  En este asunto, como se indicó en líneas anteriores, no se logró probar una posesión anterior a 1967 cuando se valora en conjunto la documental y la testimonial arribada a los autos. En virtud de lo anterior de conformidad con el numeral 1 y 7 de la Ley de Informaciones deberá confirmarse la sentencia recurrida.                                     \n\nPOR TANTO:\n\nSe admite la documental de imágenes ciento cuarenta a ciento cuarenta y tres del expediente electrónico del Juzgado Agrario de Puntarenas como prueba para mejor resolver. Se confirma la sentencia de las trece horas cincuenta y seis minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n*HQZFYTTZP43M61*\n\nHQZFYTTZP43M61\n\n[Nombre18]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n\n*Z1TT2NNSFKC61*\n\nZ1TT2NNSFKC61\n\n[Nombre19]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n*477JQPPQIZQK61*\n\n477JQPPQIZQK61\n\n[Nombre20]    - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección3] ,     , [Dirección4]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:17:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**Vote No. 000229-F-2020**\n\n**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** At fifteen hours forty minutes on the eighteenth of March two thousand twenty.\n\n**PROCEEDINGS FOR POSSESSORY INFORMATION** brought by BENDICIONES OJO DE AGUA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1- - , represented by its jointly acting unlimited general attorneys-in-fact, [Name1] , of legal age, married, accounting assistant, resident of Desamparados, identity card number CED2 - - , [Name2] , of legal age, married, merchant, resident of Puntarenas, identity card number CED3 - - ; and [Name3] , of legal age, single, production operator, resident of Desamparados, identity card number CED4 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, represented by Silvia Quesada Casares, of legal age, attorney, identity card number CED5 - - , in her capacity as attorney general; and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, legal identification number CED6 - - , represented by Attorney Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, divorced, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED7 - - . Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is attorney [Name4] known as Edwin Porras Arce, bar number twenty-two thousand five hundred seventy-one. Processed before the Agrarian Court of Puntarenas.\n\n**WHEREAS:**\n\n1. The petitioning corporation filed possessory information proceedings for the purpose of registering in its name in the Public Property Registry the property described as follows: Nature: pastureland and forests. Situated at: [Address1] , , of the PROVINCE of Puntarenas. Bounded: to the NORTH by Asociación Conservacionista, to the SOUTH by [Name5] , to the EAST by [Name6] and, to the WEST by [Name7] and [Address2]. Measuring: fifty-six hectares, two thousand forty-six square meters, according to cadastral plan number P-1506159-2011 (folios 1, 16 to 19 of the physical case file).\n\n2. The Office of the Attorney General and the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding (See virtual desktop of the Agrarian Court of Puntarenas, briefs filed 07/03/2018 01:57:51 and 08/07/2018 07:30:17).\n\n3. Judge Andreína Chaves Zúñiga of the Agrarian Court of Puntarenas, by judgment 2019000258, issued at thirteen hours fifty-six minutes on the eleventh of November of the year two thousand nineteen, resolved: \"Based on the foregoing, cited norms, and case law, THE PRESENT POSSESSORY INFORMATION proceedings brought by BENDICIONES OJO DE AGUA SOCIEDAD ANÓNIMA ARE DISAPPROVED\" (See virtual desktop of the Agrarian Court of Puntarenas, associated documents, first-instance judgment filed 11/11/2019 13:55:59).\n\n4. Attorney Edwin Porras Arce filed an appeal expressly stating the reasons why he refutes the thesis of the lower court (See virtual desktop of the Agrarian Court of Puntarenas, brief filed 11/18/2019 11:11:51).\n\n5. The legal requirements have been observed in the processing of this matter, and there are no errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity.\n\nDrafted by Judge Díaz Bolaños; and,\n\n**WHEREAS:**\n\nI. A simple copy of deed number 56, from folios 54 verso, 55 front and verso of volume six of the Protocol of attorney Ricaurte Paris Torres, is provided with the appeal as evidence for better resolution; and a simple copy of deed number 114 from folio 79 front of volume 12 of the protocol of attorney Anselmo Pérez Castro. It must be clarified that in this matter, agrarian procedural law is to be applied in the first order, followed by labor law, and lastly civil law. This matter was initiated, according to the receipt stamp on folio 16 of the physical case file, on February 13, 2014, so in accordance with Transitory Provision I.3 of Law number 9343, the repealed Labor Code is to be applied. Section 501, subsection d) of the Labor Code, by referral from Article 60 of the Ley de Jurisdicción Agraria, grants the parties the power to offer evidence for better resolution in the second instance at the time of presenting their appeal arguments. However, its admission is at the discretion of the judge, but certain parameters must be respected: on the one hand, the search for the real truth of the facts; and on the other, that this evidence does not break the procedural balance of the parties. Because the judge is precluded from admitting evidence to correct errors or omissions of the parties that occurred during the course of the proceeding, or to introduce new elements into it, which would benefit one of the parties or take others by surprise, implying a violation of due process. Based on the foregoing, since this is evidence of which the petitioner has only now become aware, it is admitted.\n\nII. The set of proven facts is shared as they are supported by the record, with the exception of those marked 4, 5, 7, 8, [Placa1] 10, and 12, as they concern matters of procedural relevance.\n\nIII. Regarding the unproven fact, this is shared given that the petitioning entity did not bring evidence to the record on such aspect.\n\nIV. The judgment issued at 13:56 hours on November 11, 2019, which disapproved the possessory information proceeding, is appealed (virtual case file of the Agrarian Court of Puntarenas, in PDF mode, images 121 to 132). The challenge is signed by the special attorney-in-fact of the petitioner Bendiciones Ojo de Agua Sociedad Anónima. He objects to the decision; the judgment rejected the petition due to the insufficiency of the evidence provided to demonstrate the exercise of original or derivative possession exceeding 10 years from before the declaration of the protective zone on April 20, 1977. He affirms that his represented party found among her deceased father's effects—he being the transferor of the right of possession—an envelope with documents for that property, among which are the testimonies of deeds representing the successive tract of the property to be registered. Second, he indicates that a document was located showing [Name8] as the first holder, who transferred to [Name9] on November 16, 1959, in deed number 56 of notary public Ricaurte París Torres. Subsequently, [Name9] transferred his rights to [Name10] on August 25, 1972, through the services of notary public Anselmo Pérez Castro. Then, [Name10] transferred to [Name11], and he transferred to the petitioner Bendiciones Ojo de Agua Sociedad Anónima, an aspect already demonstrated in the case file. He states that from the foregoing, it is deemed demonstrated that the petitioner has, in a derivative manner, the exercise of possession over the entire property described in plan P-150159-2011, including the 37% of the land located in the Arenal Monteverde protective zone, since it is shown that this property was in possession since 1959; he understands that this is 19 years before the creation of the said protective zone. He requests that those evidentiary items be assessed, as a new proceeding would be very burdensome for the justice system and his represented parties.\n\nV. In the present matter, according to certification 168-OT-ACA-T-2013 issued by the Área de Conservación Arenal Tempisque, the following was indicated regarding cadastral plan number P-1506159-2011: \"...that it describes a piece of land measuring 562046 M2, is Located 37% WITHIN THE ARENAL MONTEVERDE PROTECTIVE ZONE. The Protected Wild Area was created by Executive Decree No. 6934-A of 04/20/1977; subsequently, the boundaries were rectified by Executive Decree No. 20172 of 01/24/92\" (page 6 of the physical case file). This situation is reflected in the above-cited topographic survey, when the same reference was made in the approval stamp of that Ministry (folio 1 of the physical case file). In accordance with Article 7 of the Law on Possessory Informations, to obtain a registrable title through a judgment so ordering, for land affected by a management category, a series of requirements must be met. Due to the foregoing, by means of testimonial evidence and the acquisition document provided, in case of seeking to take advantage of the possession of the transferors (Article 1 Ibid.), it must be demonstrated that the possession of the titleholder and of her transferors was known for at least ten years before the creation of that protected wild area. The Law on Possessory Informations establishes in Section 6 of the cited law the manner of demonstrating possession in proceedings of this nature, and in that regard states: \"The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is situated, who shall be asked since when they have known the property, if it is evident to them that it has been subjected by the titleholder or by previous owners to possession for a continuous period of no less than 10 years, if that possession has been public, peaceful, and in the capacity of owner, and through what acts it has consisted. Likewise, the Judge shall question the witnesses, either ex officio or at the request of a party, on any other data deemed of interest to prove the possession. All the foregoing shall be done without the need for prior questionnaire formulated by the interested party.\" On the other hand, the seventh canon indicates that, if the estate is located within a protected wild area, the eligible possession to be proven must be of at least a period ten years prior to the creation of the respective management category. The foregoing implies that the possession must be proven for a period greater than ten years prior to the area being affected by the management category in the specific case, in order to understand that the acquired rights of the petitioner are suitable to recognize the disputed right of ownership over the estate. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in vote number 144-96 of 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: \"In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, the owner has the option of keeping his land, since, following the management plan, he can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude as to prevent him from exploiting his property, and therefore do not nullify his right.\" Therefore, a comprehensive assessment of all the evidence brought to the record is mandatory, as in agrarian proceedings we are governed by the free assessment system pursuant to Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. In the present case, in the initial filing, whose statements are made under oath in accordance with Article 3 of the Law on Possessory Informations, it was indicated that the mercantile company acquired possession by donation from the legal representative's father, [Name11], who, during his life, purchased it from [Name10], thereby exceeding 50 years of possession. On appeal, the sole grievance consists of stating that it was proven, together with the documentary evidence provided, that possession was exercised with 10 years prior to the creation of the Zona Protectora Arenal Monteverde. As indicated, it is a 37% portion that is located within such area, and given the date of creation, ten years of possession must be proven as of April 20, 1967. To prove possession, [Name12] testified, stating he was 72 years old and had known the property for 40 or 45 years, which places his account in the year 1974 (image 91 of the virtual case file of the court of origin). He added that it belonged to a man known as [Name13]; who gave it to his daughters, the petitioners, who have a corporation. [Name14] (box 93, same aforementioned location) testified; he affirmed being 55 years old. He stated that he has known the land for about 40 years. He also indicated: \"...these belonged to [Name10], then passed to [Name13] who is currently alive and he gave it to his daughters and they placed it in a corporation, about five years ago I think [Name13] gave it to them...\", thus giving an account of possession since the year 1979. Finally, the deponent [Name15], 60 years old, recounted having known the property for 50 years since he was born near that place. He added, regarding the matter of interest: \"...this belonged to [Name9], then passed to [Name16] and he sold it to [Name13] who is currently alive and he gave it to his daughters, the petitioners herein, who hold it in a corporation, I don't know how long ago the father gave it to them...\" (box 95 of the virtual case file), thus giving an account of possession since 1969. Admitted as evidence in this instance (regarding which a hearing was granted, as recorded in the virtual case file of the Agrarian Tribunal, associated documents folder) were the images of the testimonies of sale. The first dates from November 16, 1959, when [Name8] sold to [Name9] a piece of land of approximately 300 manzanas located in San Antonio de Guacimal in the province of Puntarenas (boxes 142 to 143 of the virtual case file). The second document attests to a transfer from [Name9] in favor of [Name10] by which the former sold to the latter a cultivated piece of land in San Antonio de Guacimal in the province of Puntarenas. They indicate that such property measures approximately 300 manzanas. The text of the document indicated: \"...the seller states that he acquired it by purchase from [Name17] (sic), on November sixteen, nineteen fifty-nine; before notary public Ricaurte París Torres...\" (document in images 140 to 141). When filing the petition, the mercantile company provided the testimony of the deed by which [Name11] transferred, by donation, the rights of possession to the petitioning corporation. Furthermore, it stated having acquired it from [Name10] and alludes to the above-mentioned information. This Chamber has systematically held that the proof of possession must be clear, and the evidence is weighed jointly. The petitioner has the burden of proof, according to canon 317 of the Civil Procedure Code applicable in this matter. This means it has the obligation to bring suitable evidence to prove the ten-year possession. In this case, since the property is located in a protected area, it must demonstrate, with all the evidence, possession prior to April 20, 1967. From the testimonial evidence, possession between the years 1969 to 1974 is extracted. Moreover, from their statements, it is not possible to integrate the documentary evidence from boxes 140 to 143, because in that evidence the description of the property does not allow it. Added to the foregoing, under the system of evidentiary assessment and the requirements demanded by the Law on Possessory Informations, it has been concluded that documentary evidence alone is not suitable to demonstrate the possession required to opt for a title of ownership, since the witnesses do not recount the possession of [Name9] beyond 1969 and are silent regarding the possession of [Name8] who sold the property to the aforementioned [Name9] in 1959. In this matter, as indicated in the preceding lines, it was not possible to prove possession prior to 1967 when the documentary and testimonial evidence brought to the record is assessed together. By virtue of the foregoing, in accordance with Articles 1 and 7 of the Law on Informations, the appealed judgment shall be confirmed.\n\n**THEREFORE:**\n\nThe documentary evidence from images one hundred forty to one hundred forty-three of the electronic case file of the Agrarian Court of Puntarenas is admitted as evidence for better resolution. The judgment issued at thirteen hours fifty-six minutes on the eleventh of November two thousand nineteen is confirmed."
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