{ "id": "nexus-sen-1-0034-985912", "citation": "Res. 00881-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Nulidad de absolutoria por invasión a zona protegida en Barra del Colorado", "title_en": "Annulment of acquittal for invasion of protected area in Barra del Colorado", "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló integralmente la sentencia absolutoria dictada en favor del imputado por el delito de invasión a zona de protección en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, así como el debate que la precedió. La decisión absolutoria se basó en el principio in dubio pro reo, al considerar que no existía certeza de que el imputado hubiera construido personalmente la vivienda ilegal ni realizado por sí mismo todos los actos invasores, pese a la abundante prueba documental y testimonial que lo ubicaba en el lugar de forma reiterada, realizando actividades como chapea, cultivos, tenencia de animales de granja y permanencia en la zona. El tribunal de apelación determinó que la sentencia de instancia carecía de una fundamentación adecuada, omitió valorar la prueba indiciaria, incurrió en contradicciones sobre la teoría del delito y no analizó los elementos del dolo ni la posible responsabilidad civil objetiva. Asimismo, se anuló la orden de desalojo y derribo por falta de motivación. Se ordenó el reenvío para un nuevo juicio con distinta integración, llamando la atención sobre la duración del proceso y los yerros groseros detectados.", "summary_en": "The Criminal Appeals Tribunal fully annulled the acquittal of the defendant for invading a protected area in the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, as well as the preceding trial. The acquittal was based on the in dubio pro reo principle, considering there was no certainty the defendant personally built the illegal house or carried out all invasive acts himself, despite abundant documentary and testimonial evidence placing him repeatedly on site, performing activities such as clearing, farming, keeping farm animals, and remaining in the area. The appeals court found the lower court's decision lacked adequate reasoning, omitted weighing circumstantial evidence, contained contradictions regarding criminal theory, and failed to analyze the elements of dolus or possible strict civil liability. The eviction and demolition order was also annulled for lack of motivation. The case was remanded for a new trial with different judges, emphasizing the length of the proceedings and the gross errors detected.", "court_or_agency": "Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José", "date": "03/06/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "invasión a zona de protección", "Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado", "in dubio pro reo", "coautoría por dominio funcional", "prueba indiciaria", "acción civil resarcitoria", "derrribo de obras ilegítimas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 58 inciso a", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 61", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 140", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 142", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "invasión zona protección", "Refugio Barra del Colorado", "ley forestal", "dolo", "prueba indiciaria", "nulidad sentencia", "in dubio pro reo", "acción civil resarcitoria", "coautoría funcional", "Patrimonio Natural del Estado" ], "keywords_en": [ "protected area invasion", "Barra del Colorado Refuge", "forestry law", "dolus", "circumstantial evidence", "sentence annulment", "in dubio pro reo", "civil compensation action", "functional co-perpetration", "State Natural Heritage" ], "excerpt_es": "II.- Las impugnaciones deben ser acogidas y, por su conexidad, se resolverán en conjunto. [...] Nótese que la decisión, tal y como lo indican las partes recurrentes, no solo omite un escrutinio de la prueba recibida en el juicio (pues se limita a mencionar algunas referencias dadas por los testigos y alude a \"la prueba documental\" sin especificar cuál, ni descender a su contenido, lo que no puede considerarse fundamentación según las estipulaciones contenidas en el artículo 142 del Código Procesal Penal) sino que olvida que también la prueba indiciaria es parte de ese material que debe ponderarse [...] Además, los hechos se imputaron como una coautoría por dominio funcional (lo que implica que la acción de unos es atribuida a otros) y en eso, como en otros tópicos referentes a la teoría del delito, la decisión denota graves yerros y, por ello, incurre en severas contradicciones.", "excerpt_en": "II.- Both appeals must be upheld and, given their connection, will be decided jointly. [...] Note that the decision, as the appealing parties indicate, not only omits scrutiny of the evidence received at trial (it merely mentions some references given by the witnesses and alludes to \"documentary evidence\" without specifying which or delving into its content, which cannot be considered reasoning under the stipulations of Article 142 of the Criminal Procedure Code) but also forgets that circumstantial evidence is also part of the material that must be weighed [...] Furthermore, the facts were charged as co-perpetration by functional control (which implies that the actions of some are attributed to others) and on this, as on other topics concerning criminal theory, the decision reveals serious errors and, therefore, incurs in severe contradictions.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The acquittal and the preceding trial are fully annulled, and a new trial is ordered due to serious defects in reasoning and evidentiary assessment.", "summary_es": "Se anula integralmente la sentencia absolutoria y el debate previo, ordenándose el reenvío para un nuevo juicio por defectos graves de motivación y valoración probatoria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Imprisonment of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, regardless of its management category, or other forest areas or lands under forest regime, whatever the occupied area; whether they are privately owned by the State or other public administration bodies or privately owned lands.", "quote_es": "Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "...the decision, as the appealing parties indicate, not only omits scrutiny of the evidence received at trial (...) but also forgets that circumstantial evidence is also part of the material that must be weighed...", "quote_es": "...la decisión, tal y como lo indican las partes recurrentes, no solo omite un escrutinio de la prueba recibida en el juicio (...) sino que olvida que también la prueba indiciaria es parte de ese material que debe ponderarse..." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "...it is inconceivable that this process has already lasted eight years and has had two sentences annulled due to gross errors, so the new court must adopt all necessary measures to definitively and as promptly as possible resolve the underlying conflict.", "quote_es": "...es inconcebible que este proceso haya durado ya ocho años y tenga dos sentencias anuladas por yerros groseros, por lo que el nuevo tribunal deberá adoptar todas las medidas necesarias para resolver, en definitiva y a la mayor brevedad posible, el conflicto subyacente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-985912", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José\n\nResolución Nº 00881 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 03 de Junio del 2020 a las 08:40\n\nExpediente: 12-000710-0485-PE\n\nRedactado por: Rosaura Chinchilla Calderón\n\nClase de asunto: Recurso de apelación penal\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\nResolución: 2020-0881\n\nExpediente: 12-000710-0485-PE (7)\n\n \n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las ocho horas con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil veinte.\n\n RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , quien es mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad número CED1, nacido en Alajuela, el 25 de setiembre de 1981, hijo de [Nombre2]   y de [Nombre3]   , soltero, soldador, vecino de San Carlos; por el delito de INVASIÓN A UNA ZONA DE PROTECCIÓN en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES y otro. Intervienen en la decisión de los recursos, las juezas Rosaura Chinchilla Calderón; Rosa Acón Ng y Kathya Jiménez Fernández. Se apersonaron en esta sede el licenciado el licenciado Randall Aguirre Mena, en su condición de procurador penal; la licenciada Kenyi Picado Bermúdez, en calidad de fiscal y el defensor particular, licenciado [Nombre1] [Nombre1]  y,\n\nRESULTANDO:\n\n I.- Que mediante sentencia número 140-2020 de las quince horas cincuenta y cinco minutos del trece de febrero de 2020, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 11, 103 INC 1 30, 31, 45, 50, 59 al 63, 71, 76, 103 y 124 del Código Penal; 1, 2, 3, 9, 37, 40, 111 a 124, 140, 141, 142, 180 a 184, 265, 267, 328, 330 a 336, 341, 352, 360 a 365 y 366 del Código Procesal Penal, artículos 33 Y 58 inciso a de la Ley Forestal, 1045 del Código Civil, 122, 124, 127 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, 45 y 18, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO UNIVERSAL IN DUBIO PRO REO, SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD AL SEÑOR [Nombre1]  , por el delito de Invasión a una Zona de Protección cometido en perjuicio de los recursos naturales y el medio ambiente. Se ordena el desalojo de las personas que se encuentren habitando las construcciones situada en Tortuguero, Barra del Colorado propiamente la descrita en el informe de folio 1 al 5, así como los animales domésticos para lo cual se le delegará a SENASA, MINAET y a la Fuerza Pública constatar el desalojo de las personas y semovientes que ahí habiten, así como el cierre de canales de drenaje construidos, derribo y extracción de materiales de todas las construcciones hechas ilegítimamente en el plazo los 15 días siguientes a la firmeza de esta sentencia. Se ordena el desalojo, derribo de la construcciones, retiros de materiales y cierre de drenajes construidos para la restitución de las cosas a su estado original, para lo cual se delegará a SENASA, MINAET y Fuerza Pública para realizar dichas acciones ordenadas en esta resolución en el plazo indicado después de la firmeza de la presente sentencia.. Asimismo, se absuelve al imputado [Nombre1]   de los hechos que se le venían acusando en la querella incoada por la Procuraduría General de la República, así como se declara sin lugar la acción civil resarcitoria seguida en contra del imputado [Nombre1]   no se condena en costas procesales y personales, corriendo éstas por cuenta de cada una de las partes\" (sic, folios 435 y 436).\n\n II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpusieron recursos de apelación el licenciado el licenciado Randall Aguirre Mena, en representación del Estado; la licenciada Kenyi Picado Bermúdez, en calidad de fiscal y el defensor particular, licenciado [Nombre1]  Villegas.\n\n III.- Que, verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las cuestiones formuladas en los recursos de apelación.\n\n IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta la jueza Chinchilla Calderón; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- En el único alegato de la apelación fiscal se aduce la falta de fundamentación intelectiva y el análisis sesgado de la prueba de cargo que derivó en una decisión absolutoria errónea. La apelante cita los numerales de la legislación procesal que obligan a fundamentar una decisión y a valorar integralmente la prueba y transcribe parte de la decisión impugnada (ver folios 452 vuelto a 454), luego de lo cual agrega que el análisis intelectivo de la sentencia es omiso en señalar por qué si el funcionario [Nombre4]    indicó que tras una información se trasladaron a la zona y ubicaron al encartado quien se identificó como dueño de la vivienda, a quien siempre se ha asociado con esa parte del terreno según lo sostiene [Nombre5]   y en una de las ocasiones lo encuentran chapeando, actividad relacionada al cambio de uso de suelo según detalló [Nombre6]  , dichas manifestaciones fueron insuficientes para respaldar que el señor [Nombre1] fuera el autor de la conducta acusada. Considera erróneo que el a quo sostenga, de forma categórica y sin detalle alguno que sustente la derivación, \"que ninguno de los funcionarios del Minae pudo sostener que el señor [Nombre1] fuese quien construyó la vivienda\" pues, dice la apelante, independientemente de que él lo haya hecho con sus propias manos o no, se mantuvo en la zona protegida, ejerciendo actos constitutivos de invasión a la zona de protección. Aunado a eso, tampoco se expone por qué la jueza sí les brindó credibilidad a los testigos y la prueba de cargo para derivar que se trataba de una zona protegida y, por ende, hacer aplicable el 140 del Código Procesal Penal. Pide que se anule la sentencia y el juicio que la originó, ordenando un nuevo debate con nueva integración del Tribunal. En el único motivo del recurso presentado por la Procuraduría General de la República se aduce la falta de fundamentación intelectiva, la violación a las reglas de la sana crítica racional principalmente de las reglas de la derivación y la lógica, errada valoración de la prueba y la contradictoria fundamentación. Luego de copiar los hechos querellados por su representada, sostiene que su hipótesis fáctica consistió en que el imputado invadió el área de protección del Refugio Barra del Colorado mediante el ingreso a una propiedad para iniciar con la construcción de una vivienda y luego continuar con la invasión al introducir en el lugar gallinas, cerdos, ganado y sembrar plátano, maíz, yuca y coco. Sin embargo, el tribunal de juicio le absolvió a partir de una errada y ayuna valoración de la prueba que conllevó a la aplicación infundada del principio de in dubio pro reo. Transcribe parte de lo decidido en los considerandos en donde, sostiene, el tribunal se limitó a hacer menciones generales de la prueba testimonial y documental sin plasmar un análisis en conjunto de la prueba evacuada. Narra que la ausencia total de valoración probatoria se pone de manifiesto cuando el tribunal solo se refiere al documento de folio 345 sin hacer una ponderación de dicha prueba con los demás elementos probatorios incorporados al contradictorio. Además, la jueza se refirió a lo manifestado por el imputado al finalizar el debate, sin señalar qué fue lo que este señaló que hubiera hecho fiable su creencia de que podía poseer dichas tierras. Tampoco se analizó la prueba documental incorporada al debate, sino que se limitó a citar un documento (el de folio 345) sin hacer esfuerzo intelectivo de valoración de otros, como el oficio ACTO-GASP-RNVS8S017-2012 de folios 1 al 6 suscrito por [Nombre4]   , en donde se describe que cuando llegan al lugar, el 3 de marzo de 2012, encuentran un grupo de personas acampando a la orilla del río [Dirección1] ; que estas personas estaban construyendo una casa sin contar con ningún tipo de permiso de construcción y se les consulta por los permisos o alguna documentación de posesión a lo que señalan que no tienen ningún documento. Allí mismo, el imputado, de manera espontánea, manifestó que no tenía ningún permiso y tampoco ningún documento de posesión de la tierra. Tampoco ese documento se confrontó con el de folio 345 emitido el 9 de marzo de 2012, es decir seis días después que el imputado es detenido por los oficiales por encontrarse invadiendo una zona protegida donde no se permite, por el régimen de protección absoluta, realizar ningún tipo de ocupación ni construcción. Agrega que la jueza no analizó el contenido del oficio de folios 1 a 6 para confrontarlo con lo que señala el documento de folio 345, incurriendo en una exclusión de prueba legalmente incorporada al debate. Además, le otorgó a dicho documento un valor que no tiene ya que es una declaración jurada, no un traspaso en escritura pública y debió haber ponderado el momento en que el documento es emitido, ya que fue posterior a la captura del encartado. Asimismo, alude a que tampoco fue examinado en la sentencia el oficio del MINAE de fecha 23 de abril del 2012, visible en folio 42 y el informe de folios 1 al 6 en el cual se detalla la precariedad con la que el imputado y otras personas ingresan al lugar pues ahí se señala que todas las personas estaban acampando en tiendas de campaña, con cocina de gas y utensilios de cocina bajo un plástico negro y se observa lo precario de la ocupación, tal y como ocurre cuando se realiza una Invasión a una propiedad con el propósito de apropiarse de dicho inmueble. El apelante se refiere al contenido del documento de folio 345 y sostiene que la juzgadora no analizó si era posible que alguien pudiera adquirir un inmueble dentro de un Refugio de Vida Silvestre ni se ponderó lo señalado por él en conclusiones, sobre la existencia de un marco normativo (decreto ejecutivo 16358 de creación del Refugio de Vida Silvestre en sus numerales 2 y 3; la Ley Forestal en su artículo 13 y 14; artículo 7 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; artículo 3 de la Ley Orgánica de Japdeva No. 3091 de 1963) que no permite ocupar, traspasar ni construir en dicho lugar. Recuerda que el delito atribuido al encartado fue el de invasión a una zona protegida, no el de construcción ilegal, aunque también se le atribuye una serie de actuaciones tendientes a procurar la ocupación ilegal como la construcción de una casa, la permanencia en el lugar, el haber ingresado plantaciones de banano, maíz y otros, haber llevado cerdos, gallinas, ganado y haber construido un corral. Sin embargo, sostiene que la juzgadora no analizó la invasión y ocupación del encartado, sino que solo se refirió a la construcción de la vivienda (para lo cual se citan partes de la decisión). Califica de errada la ponderación del material allegado al juicio, en particular el documento de folios 1 a 6 (que indica cómo, el 3 de marzo de 2012, en el lugar se ubica al imputado con terceras personas, que está en desarrollo una construcción de una vivienda, que tienen materiales de construcción y se observa en las fotografías el estado de dicha obra), el de folios 39 al 41 (según el cual el 21 de abril de 2012 los funcionarios del MINAE visitan la zona y corroboran que el imputado se encuentra habitando la casa y que encuentran en el lugar la presencia de cultivos), el de folios 46 al 57 (en donde se señala que al 8 de agosto de 2012 todavía se ubican personas en el lugar, encuentran ropa tendida, animales de granja como cerdos, gallinas y un perro y que la construcción se encuentra totalmente terminada y que hay siembra de caña de azúcar plátano, maíz, yuca y tala de árboles); el de folios 58 y 59 (que indica que el 24 de abril de 2013 el imputado todavía se encontraba en el lugar y fue observado realizando labores de chapea y para ese momento había en el lugar un rancho típico). Se queja quien recurre de que, a pesar de toda la prueba documental citada da cuenta que el imputado invadió la zona, que realizó una construcción de una vivienda para habitarla y que ha permanecido en el lugar desde el 3 de marzo de 2012 desarrollando actividades como cultivos, tala de árboles, ingreso de animales de granja e incluso alguna actividad de turismo, la jueza no la analizó así, sino que se Iimitó a, de manera infundada, no considerarla. Por último, refiere que el tribunal valoró lo que refirieron los testigos de cargo solo para respaldar una duda, pero no lo que señalaron en cuanto acreditan la autoría y participación del encartado en los hechos atribuidos (para lo que transcribe parte de lo referido por [Nombre4] , [Nombre6]  y [Nombre5] ). Indica que, por ello, la absolutoria y el rechazo de la acción civil resarcitoria fueron erróneos. Para finalizar, narra que en el juicio el defensor interpuso una actividad procesal defectuosa para que se excluyeran os hechos querellados 4 a 9, pero la misma fue rechazada, pese a lo cual, en la sentencia, los consideró ajenos a esta sumaria por un testimonio de piezas que se había efectuado. El apelante indica que si bien es cierto estos hechos habían sido excluidos en el primer fallo emitido (pues en esta causa hay dos sentencias), esa decisión fue anulada por haberse dictado oralmente, pese a su extensión, por lo que tal aspecto nunca adquirió firmeza. Ofrece, como prueba ante esta sede, las grabaciones del juicio para constatar que se declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa y pide que se declare la nulidad del fallo impugnado y se ordene el reenvío de la causa al tribunal de origen para que con una distinta conformación proceda a resolver lo que en derecho corresponda. Al contestar los recursos, el abogado defensor del encartado pidió, simplemente, que se declararan sin lugar, y se adhirió a ellos bajo otros argumentos, recurso declarado inadmisible por extemporáneo (ver folio 467).\n\nII.- Las impugnaciones deben ser acogidas y, por su conexidad, se resolverán en conjunto. En el presente asunto existieron dos acusaciones: una por parte del Ministerio Público, visible en folios 68 a 72, en donde se atribuyó al encartado lo siguiente: \"PRIMERO: El día 3 de marzo del dos mil doce, al ser las trece horas aproximadamente, al Margen del Río Caño Bravo, se verificó por parte de los funcionarios del MINAET la construcción en curso de una casa de cemento a [Dirección2]  de la orilla del Río Caño Negro, verificándose en el lugar cuatro paredes de construcción en block y cemento, consistiendo la misma en ocho hileras de dicho material, además de ubicarse materiales adecuados para dicha construcción, todo lo anterior ubicado dentro de Área Silvestre Protegida en el Refugio Nacional de ida Silvestre Colorado Parque Nacional Tortuguero. SEGUNDO: Dicha obra constructiva fue realizada por los acusados [Nombre1]   (...) (los dos últimos con testimonio de piezas por penal juvenil) de forma ilegal, sin contar con permiso alguno, realizaron invasión en una zona de protección de terrenos del Estado de una construcción de cemento a 20 metros de la orilla del Río Caño Negro, y no contentos con lo anterior teniendo pleno conocimiento de los hechos, los acusados continuaron dicha obra a pesar de haber sido advertida el 3 de marzo del 2012, continuando la construcción hasta el 21 de abril del 2012, fecha en que tenía terminada la misma, invadiendo con su actuar una zona de protección como lo es el Área Silvestre Protegida en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado Parque Nacional Tortuguero, lo cual también ocasionó un cambio de uso del suelo con la finalidad de actividades agrícolas como caña de azúcar, plátanos, maíz, yuca y otros. TERCERO: Posterior a los hechos anteriormente mencionados se corroboró bajo inspección realizada por funcionarios del MINAET que la construcción inicial aún continua y no contento el acusado [Nombre1]   con la edificación anterior, continuó dicha invasión con un rancho típico estilo octagonal de aproximadamente 30m2.\" Tales hechos fueron calificados como invasión ilegal de un área de protección y cambio de uso de suelo previstos en los numerales 58 inciso a) y 61 de la Ley Forestal que disponen, en su orden: \"Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.\" \"Prisión de un mes a tres años. Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma.\" También existió una querella de la Procuraduría General de la República (ver folios 160 a 172 del legajo respectivo adherido al principal) en donde la atribución fáctica, en lo que interesa y partiendo de aquellas mismas calificaciones jurídicas, fue mucho más amplia, como puede verse enseguida: \"1- En el año mil novecientos ochenta y cinco, el Estado declara el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, área silvestre protegida. El refugio comprende territorios inundados, de gran valor para la preservación de la fauna y flora silvestre del sitio, con un potencial turístico alto, el cual forma parte del Patrimonio Natural del Estado, por ende son terrenos inalienables, imprescriptibles e inembargables, de protección absoluta, dentro del cual se ubica el Humedal Caribe-Noreste el cual tiene una importancia internacional Ramsar. 2- Sin precisar fecha exacta pero aproximadamente entre los meses de enero y marzo del dos mil doce, los co encartados [Nombre1]  , [Nombre1]   , [Nombre7]   y [Nombre8]   , de común acuerdo y con total dominio funcional del hecho, invadieron el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, mediante el inicio de la construcción de una casa de habitación con blocks de cemento, ubicada a veinte metros aproximadamente del río Caño Bravo, dentro del Sector Isla Calero, dentro de la zona de protección absoluta del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, Patrimonio Natural del Estado, siendo que dicha construcción se ubica entre las coordenadas geográficas, grados decimales, Datum trasversal de Mercator WGS84 N 10.43.332° W 083.40.100°; Costa Rica CRTM05, Datum trasversal de Mercator WGS84; [Placa1]  [Dirección3] [Placa2]. 3- Así, el día tres de marzo de dos mil doce, en el sitio indicado, los imputados [Nombre1]  , [Nombre1]   , [Nombre7]   y [Nombre8]   , realizaban sus actos de invasión al ubicarse a la orilla del río Caño Bravo resguardándose bajo dos tiendas de campañas, hechas con material plástico de color negro, las cuales habían acondicionado con una cocina de gas, utensilios de cocina, ropa, alimentos, entre otras cosas, encontrándose además, diversidad de herramientas y materiales de construcción: dos carretillos de metal, un serrucho, dos martillos, tres palas, dos cucharas de albañil, láminas de zinc, varillas, blocks, cemento, entre otros, de lo cual, parte se les decomisó en el acto, instrumentos que utilizaron para la construcción de la casa de habitación referida en el punto primero. 4- El día tres de marzo y el veintiuno de abril del dos mil doce, los encartados [Nombre1]  , [Nombre1]   , [Nombre7]   y [Nombre8]   , continuaron con las acciones invasoras dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, al haber continuado y finalizado con la construcción de la casa de habitación que el invade el Refugio de cita, la cual fabricaron en su totalidad con materiales de block y madera; misma que está siendo habitada por el encartado [Nombre1]   y su familia. 5- Además, aproximadamente entre el tres de marzo y el veintiuno de abril del dos mil doce, el imputado [Nombre1]  con el propósito de consolidar su permanencia ilegal dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, ha realizado acciones de invasión consistentes en recortes de la maleza existente alrededor de la vivienda, construyó una rampa de acceso al río Caño Bravo, invasión del área de protección de dicho río, y consolidó cultivos de banano y caña de azúcar en el lugar. Dichas acciones son típicas de invasión de un área de conservación. 6- Entre el veintiuno de abril y el ocho de agosto del dos mil doce, el encartado [Nombre1]   mantenía sus actos de invasión mediante la permanencia de la casa descrita dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, además de ello, en dicho período de tiempo, levantó cerca de la vivienda una porqueriza, un sistema de colecta de aguas y un botadero para desechos, esto a una distancia de veinte metros del río Caño Bravo. Asimismo, entre el veintiuno de abril y el ocho de agosto del dos mil doce, continuó con sus actos de invasión al introducir cerdos, gallinas y cultivos de caña de azúcar, está última sembrada dentro de los quince metros del área de protección del río Caño Bravo. Asimismo, sembró plátano, maíz, yuca, coco, para lo cual, el imputado de previo limpió el terreno, eliminando y quemando toda la vegetación arbórea, palmas de yolillo y otra vegetación existente y que es propia del ecosistema de humedal, denominado Humedal Caribe Noreste, de importancia internacional RAMSAR, perteneciente al Patrimonio Natural del Estado; acciones tendientes a la eliminación del humedal para cambiar su estructura natural hacia un área de cultivo. 7- Entre el veintiuno de abril y el ocho de agosto del dos mil doce, el encartado [Nombre1]   continuó con sus acciones de invasión y eliminación de un área de humedal, al realizar una tala ilegal de al menos 48 árboles de variadas especies, los cuales se encontraban a una distancia aproximada de veinticinco a cincuenta metros de la casa de habitación descrita. Entre las especies taladas se encuentran: Guabo, Zygia longifolia, Carapa guianensis, Spondias mombin, Prioria copaifera, Raphia taedigera, Pentacletra macrolobe, Cativo, de los cuales al menos veintiséis se talaron dentro de un bosque ubicado en el humedal Caribe Noreste, otro árbol a un metro del margen del río Caño Bravo, es decir dentro del área de protección de este, afectándose en su totalidad 2.43 hectáreas que forma parte del humedal situado dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, acciones realizadas para consolidar un cambio de uso del suelo de bosque inundable que forma parte del citado humedal ha terrenos agrícolas; toda vez que en parte del área afectada existen sembrados de maíz, yuca, plátano entre otros cultivos. 8- El veinticuatro de abril del dos mil trece, se hizo por parte del MINAE un reconocimiento de control y protección ambiental en el sitio afectado, encontrándose al encartado [Nombre1]   persistiendo con las acciones de invasión dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, mediante la realización de labores de chapea, la cual llevaba a cabo entre el borde del río Caño Bravo, así como al mantenerse habitando la vivienda construida ilegalmente dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, según se ha descrito. Ese mismo día se constató que el imputado [Nombre1] con el objeto de continuar con la consolidación de sus actos de invasión, realizó modificaciones estéticas dentro de la casa, como pinturas de paredes, de color celeste. 9- Entre el día ocho de agosto del dos mil doce y el veinticuatro de abril del dos mil trece, el imputado [Nombre1] continuó con sus actos de invasión al Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, al construir a quince metros de la vivienda que habita, una estructura tipo rancho, con un área de treinta metros cuadrados, parte del piso -quince metros fue hecho de cemento y el resto de tierra, con techo de hojas de palmas y plástico negro, propiamente el rancho se ubica entre las coordenadas [Dirección4];  proyección CRTM05 datum WGS 84.\" Además, con la querella, la representación del Estado planteó una demanda civil resarcitoria (ver folio 127 y siguientes). El asunto llegó a juicio una primera vez, oportunidad en que la que se había acogido una actividad procesal defectuosa por falta de indagatoria de algunos encartados respecto a ciertos hechos de la querella y, por ello, se ordenó la confección de un testimonio de piezas para la rectificación de ese supuesto error; se declaró prescrita la acción penal por una calificación y para otros encartados y se condenó a [Nombre1]  por invasión a áreas protegidas, imponiéndosele una pena de seis meses de prisión (ver folios 235 a 240). Sin embargo, por voto número 2017-890 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José (jueces E. Salinas, R. Madrigal y J. Arce), se anuló parcialmente lo resuelto (solo en cuanto a la condena contra dicho endilgado) y se ordenó el reenvío. El caso llegó por segunda ocasión a juicio y, nuevamente, se condenó al endilgado (ver folios 316 a 334) pero en apelación se volvió a anular la condena (ver voto número 2019-302 de los jueces A. [Nombre5], R. Badilla y la jueza H. Soto en folios 388 a 391). Ahora, se efectúa, por tercera vez, el debate y, luego de recibirse las declaraciones de  [Nombre4]   , [Nombre9]  , [Nombre6]  , [Nombre10]  , Gutiérrez y [Nombre12]   y de incorporarse múltiple prueba documental, entre la cual se encuentra el oficio ACTO-GASP-RNVSBS-017-2012 de folios 1 al 5; el acta de decomiso No. 2003 de folio 6; la ampliación de informe ACTO-GASP-RNVSBS-017-2012 de folios 23 al 30; la certificación del Área de Conservación Tortuguero de folio 31; la imagen de folio 32; el oficio ACTO-GASP-RNVSBC-PADM-021-2012 del 21 de abril del 2012 de folios 39 a 42; la ampliación del informe del 8 de agosto del 201 ACTOP-GASP-RNVSBC-PO-037-2012 2 en folios 46 al 57; la ampliación del informe ACTO-GASP-RNVSBC-PO-049-2013, del 25 de abril del 2013 de folios 58-59; el informe de valoración del daño SINAC-ACTO-AL-212-2013 de folios 60 al 66; la certificación de juzgamientos de folios 407; el documento del SINAC-ACTO-AL-38-2020 visible a folios 420 al 422; la carta de compra y venta de folios 107 y 108; las fotografías de las condiciones de la finca de folios 114 al 117; el oficio del MINAE del 24 de mayo del 2019 visible en folio 414; el contrato suscrito entre [Nombre13]    y [Nombre1]  en folios 345 y el oficio SINAC-ACTO-DIR-448-2016 emitido por Laura Rivera Quintana, Directora de la Dirección Regional del Área de Conservación Tortuguero visible en folio 346 (ver descripción de ella en folio 433 vuelto de la sentencia y en el acta de juicio de folio 412 vuelto) se emitió una sentencia escrita, en la que se absolvió al encartado por duda. Cabe indicar, además, que en el debate la jueza rechazó una actividad procesal defectuosa planteada contra parte de los hechos de la querella de los que, supuestamente, no habían sido indagados los encartados, ocasión en que la jueza manifestó que sí lo habían sido y que formaban parte de la atribución general (ver archivo audiovisual del debate contenido en dvd identificado con el número de expediente y acta de folio 411), pero contradictoriamente (aunque esta vez atendiendo a lo estipulado en la primera sentencia de folio 240 y a lo resuelto en folios 318 a 325, por esta cámara, con otra integración) luego de haberse considerado válida la acusación, esos mismos hechos se excluyeron del juzgamiento, como se visualizará en el siguiente extracto. La juzgadora fundamentó de este modo la decisión adoptada: \"...este Tribunal debe absolver al encartado de toda pena y responsabilidad por no haberse demostrado que el encartado haya actuado con dolo al realizar la conducta aquí acusada, y es que sírvase notar como el acusado con el contrato visible de folio 345 donde indica que esa propiedad le pertenece, ya que su tío [Nombre13]   le indica ante una notaria que esas tierras le pertenecen, siendo este un punto importante en la presente causa ya que con este documento le permite creer al encartado estar en correcta posesión de estas tierras, haciéndolo caer en error dicho acto ante la notaria Quesada Brenes, ya que valorando esta juzgadora las manifestaciones realizadas por el señor [Nombre1] antes de finalizar el debate, valorando el contrato, y viendo el grado de escolaridad del encausado se denota claramente como no logró visualizar que no era un documento fiable que le respaldara la posibilidad de poseer en dichas tierras. Nótese que los testigos don [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre10]   y [Nombre12] , todos nos vienen a indicar claramente que es una zona de protección de vida silvestre, que efectivamente se ha realizado actividades no permitidas en esta zona, sin embargo no nos vienen a indicar en este debate que el encartado haya realizado la construcción a la cual se hace referencia en el 03 de marzo del año 2012, tampoco viene a brindarnos mayor detalle a este debate si conocen quienes fueron las personas que realizaron la construcción de la vivienda; sin embargo sí ha quedado claro en este debate que estamos hablando de una zona protegida en Barra El Colorado, que está prohibida cualquier actividad, la cual es evidente que alguien realizado todo lo indicado en los informes, pero no ha habido certeza que el señor [Nombre1] realizara tal ilícito, no existiendo prueba suficiente que el mismo hubiere invadido en la forma acusada y querellada en este debate. Nótese que no quedó acreditado los hechos acusados al señor [Nombre1]  ni por la acusación del Ministerio Público, ni los hechos de la querella. Es importante mencionar que los testigos del refugio nos indican como se encuentran el lugar, que no era algo de un día, además que ellos reciben la llamada reportando gente en esta zona, pero no es hasta el otro día que se apersonan a la zona afectada, ellos son claros en indicar en sus declaraciones que no vieron a nadie realizando actividad alguna, que si llegan y encuentran personas en dicho lugar, pero el testigo [Nombre4]  nos indica que no saben si antes del año dos mil doce, llegó alguien a ese lugar habitar antes que vieran al encausado en esta zona, hacen referencia a unas gradas en el lugar muy viejas, que servían de embarcadero, de igual manera fuera valorada toda la prueba documental incorporada en el debate, logrando acreditarse así que estamos en una área de silvestre protegida dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra El Colorado, así las cosas existe una duda en si el imputado [Nombre1] es el responsable de lo aquí acusado, logrando así beneficiarle, dictándose una absolutoria por in dubio pro reo. En lo que respecta a los hechos acusados, querellados y presentados en la acción civil resarcitoria concernientes de los hechos cuatro a nueve los mismos ya habían sido sacados de esta causa por testimonio de piezas ordenado en la primer sentencia dictada en esta causa, habiendo quedado firme en cuanto a lo ordenado en su momento. Siendo que no fue posible acreditar los hechos al encartado, efectivamente estamos ante una conducta típica pero no así demostrada la antijuricidad del encartado como la culpabilidad debido a la duda plasmada en cuanto al actuar de éste, se omite esta parte siendo innecesario por la absolutoria que se dicta por el principio universal de in dubio pro reo\" (cfr. folio 434 frente y vuelto; se suple el destacado). Nótese que la decisión, tal y como lo indican las partes recurrentes, no solo omite un escrutinio de la prueba recibida en el juicio (pues se limita a mencionar algunas referencias dadas por los testigos y alude a \"la prueba documental\" sin especificar cuál, ni descender a su contenido, lo que no puede considerarse fundamentación según las estipulaciones contenidas en el artículo 142 del Código Procesal Penal) sino que olvida que también la prueba indiciaria es parte de ese material que debe ponderarse (para lo que era importante determinar, a partir del resto del material, indicios como las personas que se encontraban en el sitio en cada inspección, el avance de las obras, la forma en que se encontraban los materiales, etc.). Además, los hechos se imputaron como una coautoría por dominio funcional (lo que implica que la acción de unos es atribuida a otros) y en eso, como en otros tópicos referentes a la teoría del delito, la decisión denota graves yerros y, por ello, incurre en severas contradicciones. Véase que se inicia narrando que el encartado no tenía dolo, pero la juzgadora nunca se posiciona en los tipos penales atribuidos para determinar cuáles eran los hechos que el encartado debía saber y querer (pues, recuérdese, el dolo es saber y querer los elementos objetivos del tipo penal y no tiene relación con el conocimiento de la ilicitud, que se examina en la culpabilidad). Aquel conocimiento y voluntad del dolo debía pasar, en el caso del primer delito imputado (si es que este se mantenía válido en el juzgamiento, lo que tampoco se expresó ampliamente), por saber que estaba en un área de conservación o protección (que no es lo mismo), que la estaba invadiendo con diversos actos (aunque no fuera él quien construyera la vivienda, sí con otros eventos de posesión y uso de suelo en ese sector). Para el otro delito (de mantenerse válido en el juzgamiento, lo que tampoco se expresó ampliamente), el dolo implicaba un aprovechar, adquirir, procesar o sustraer productos forestales y un conocer que se carecía de permisos para ello o bien efectuar actividades de cambio de uso de suelo. Nada de ello se examinó en la sentencia recurrida la cual, además, fue en extremo lacónica (menos de un folio frente y vuelto para escrutar el contenido de un amplio espectro de prueba admitida). Más adelante sí refirió, la jueza, que el encartado sabía que estaba en una zona protegida, lo que permite inferir, entonces, que el error al que alude la jueza no es de tipo sino de prohibición (desconocer la ilicitud de la conducta y no los hechos) pero tampoco verifica si ese eventual error es vencible (en cuyo caso cabía una sanción disminuida) o invencible (que sí elimina la culpabilidad, pero no afectaría la existencia del injusto aspecto relevante para el tema civil) y, para colmo de males, concluye aludiendo a que sí hay una conducta típica (lo que es tanto contradictorio con haber indicado que no había dolo —pues este es un elemento subjetivo del tipo— como omiso —pues nunca examinó los elementos objetivos del tipo—), pero que no se demostró la antijuridicidad y la culpabilidad, sin que analizara ninguna de las dos, ni sus contenidos y mezclándolas como si la teoría del delito no fuera un sistema de filtros excluyentes en donde la inexistencia de un eslabón imposibilita descender al siguiente nivel (lo que impediría indicar que no había \"antijuridicidad y culpabilidad\" pues basta que no se dé la primera para que no se pueda aludir a la segunda). Por último, omite referirse a una serie de hechos de la acusación indicando que formaron parte de un testimonio de piezas que se decidió en sentencia firme, pero de esto no hay constancia pues la anterior sentencia fue anulada (ver folios 235 a 240 y 318 a 325). Ya en cuanto a la demanda civil, la juzgadora expresó: \"V.- ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA SIN LUGAR: En el presente caso el ofendido directo se trata de Medio Ambiente representada por al Procuraduría General de la República, quien ejerce acción civil resarcitoria contra el imputado [Nombre1]   como demandado. Así han sido identificadas las partes civiles a lo largo del proceso y determinadas en el debate. En la presente demanda, la parte querellante representada por la Procuraduría General de la República el Licenciado Randall Aguirre Mena se constituye en actor, sobre la base de la existencia del daño ambiental basada en la cuantificación de las acciones contra el ambiente desde tres puntos de vista económico, eco biológico y social, donde la sumatoria de estos determina la parte del daño ecológico total causado, mismo que se le adiciona el costo de restauración que no es otra cosa que la restitución a la naturaleza de los recursos naturales afectados y los costos para la obtención de lo más parecido posible al estado inicial de los ecosistemas en el sitio antes del impacto negativo, para lo cual se presenta informe de valoración del daño ambiental del presente expediente visible a folios 62 al 66. Este Tribunal se pronunciará en cuanto a la existencia de denominado daño ambiental indicado. Véase al respecto que efectivamente se ha acreditado que existe una afectación real en dicha zona, sin embargo no se ha logrado crear un vínculo nexo causal que los hechos aquí acusados sea responsable el señor [Nombre1] , siendo esto un limitante para lograr acreditar la acción civil resarcitoria con lugar, siendo que no se le puede acarrear la responsabilidad al encartado, ya que no se logró acreditar en el debate que el acusado sea responsable de tal daño ocasionado, sí es cierto que existe un daño ambiental, una afectación en el área protegida vida silvestre, pero no se logró demostrar aquí el dolo u omisión del encartado ante la magnitud del daño en la zona impactada. Se debe tomar en cuenta que la Procuraduría General de la República actuado de buena fe, siendo que al surgir un informe, denuncia realizada por los funcionarios del MINAE y en derecho como representante legal de proteger y representar los intereses del medio ambiente y el estado se constituyó en querellante y actor civil realizando esta acción en derecho, pero sin repercutir negativamente, ni mal accionado contra el encartado, por lo anterior deberá cada una de las partes asumir el costos de las costas procesales y personales\" (ver folio 434 frente, las negritas se suplen). Nuevamente, el tribunal de mérito es absolutamente omiso en la ponderación de la prueba y se limita a exponer una decisión sin hacer un mínimo escrutinio de los elementos incorporados al juicio ni determinar si existen fuentes diferentes a la responsabilidad civil subjetiva que hagan emerger la obligación resarcitoria. Pareciera, más bien, que se estuviera ante un sistema de íntima convicción y no de sana crítica, como el que nos rige (artículos 182 a 184 del Código Procesal Penal). Por ello, debe acogerse ambos recursos y anularse la sentencia tanto en lo penal como en lo civil, ordenándose el reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia para que se pronuncie sobre lo que corresponda y haciendo ver que es inconcebible que este proceso haya durado ya ocho años y tenga dos sentencias anuladas por yerros groseros, por lo que el nuevo tribunal deberá adoptar todas las medidas necesarias para resolver, en definitiva y a la mayor brevedad posible, el conflicto subyacente.\n\n III.- Aunque el recurso del defensor del encartado (que se dirige contra la orden de desalojo y derribo) se ha declarado inadmisible, la nulidad de la sentencia debe ser total. Nótese que, en la decisión recurrida, además de la absolutoria, se ordenó el desalojo, derribo y demolición de obras. Esta cámara lo que nota es que tal determinación contiene iguales vicios de motivación que el resto de la sentencia pues, a partir del folio 435 frente se dice lo siguiente como base para adoptar dicha decisión: \"VI.- SE ORDENA DESALOJO Y DERRIBO PARA REPOSICIÓN A SU ESTADO NATURAL: Aunado a todo lo anterior se debe indicar que conforme lo señala el numeral 140 del Código Procesal Penal que establece que: “en cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el Tribunal puede ordenar, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes\", es decisión del Tribunal ordenar el desalojo de las personas que habiten el lugar, así como cualquier tipo de animal doméstico, según el informe visible de folios 1 al 5, y el derribo de la vivienda y cualquier construcción hecha ilegítimamente, así como el cierre de canales de drenaje construidos que exista en dicha zona del terreno en cuestión, el cual se logró en este debate acreditar la afectación en la zona de protección y vida silvestre del Río Caño Bravo, Barra El Colorado, pese a no haber podido ser atribuida la responsabilidad al encartado, sin embargo sí se denota el impacto en la zona, por lo anterior se ordenada el desalojo, derribo, extracción de materiales de todas las construcciones hechas ilegítimamente, así como el cierre de canales de drenaje construidos, en el lugar, así logrando la restitución de las cosas a su estado natural, otorgándose el plazo de 15 días después de la firmeza de esta sentencia, para lo cual se deberá SENASA, MINAET y Fuerza Pública realizar dichas acciones ordenadas en esta resolución en el plazo indicado después de la firmeza de la presente sentencia. Esta decisión encuentra apoyo a lo establecido en nuestra constitución propiamente en el artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho…”, este derecho al medio ambiente sano se debe restablecer de una manera adecuada y en este caso es destruyendo la obra que afectó el medio ambiente y generó un daño e impacto negativo en el Refugio de Área Silvestre Barra del Colorado\" (las negritas se suplen). Véase que en la decisión referida no se menciona un solo elemento de prueba que le dé sustento a la afirmación de que hubo daños, ni tampoco que las construcciones y obras a derribar estén en dicha zona; tampoco se efectúa un escrutinio jurídico, sino que la decisión se limita a copiar normas, como si fuera eso suficiente para cumplir con una adecuada fundamentación. Por ello, este extremo de lo resuelto debe correr la misma suerte de los anteriores y se anulará, ordenándose el reenvío también sobre este extremo.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por el licenciado Aguirre Mena, procurador penal y por la licenciada Picado Bermúdez, fiscal del Ministerio Público. En consecuencia, se anula integralmente la sentencia impugnada y el debate que le precedió y se ordena el reenvío de la causa ante una nueva integración del órgano de instancia. Tome nota el a quo la llamada de atención que se efectúa en la parte considerativa dada la duración de la causa, las repetidas nulidades y lo burdo de los yerros detectados. NOTIFÍQUESE.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRosaura Chinchilla Calderón\n\n \n\nKathya Jiménez Fernández                                                         Rosa María Acón Ng\n\nJuezas de apelación de sentencia penal\n\n \n\nExpediente: 12-000710-0485-PE (7)\n\nImputado: [Nombre1] \n\nOfendido: Los recursos naturales y otro\n\nDelito: Invasión a una zona de protección\n\nExpediente: 12-000710-0485-PE (7) - pág.: 1\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:18:01.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Appeals Court of Criminal Sentencing, Second Judicial Circuit of San José\n\nResolution No. 00881 - 2020\n\nDate of Resolution: June 3, 2020, at 08:40\n\nCase File: 12-000710-0485-PE\n\nDrafted by: Rosaura Chinchilla Calderón\n\nType of Matter: Criminal appeal\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nText of the resolution\n\nResolution: 2020-0881\n\nCase File: 12-000710-0485-PE (7)\n\nCRIMINAL SENTENCING APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight hours and forty minutes on June third, two thousand twenty.\n\nAPPEALS filed in the present case against [Name1], who is of legal age, Costa Rican, with identity card number CED1, born in Alajuela, on September 25, 1981, son of [Name2] and [Name3], single, welder, resident of San Carlos; for the crime of INVASION OF A PROTECTED ZONE (INVASIÓN A UNA ZONA DE PROTECCIÓN) to the detriment of NATURAL RESOURCES and another. Judges Rosaura Chinchilla Calderón, Rosa Acón Ng, and Kathya Jiménez Fernández participate in the decision on the appeals. Appearing before this court are Attorney Randall Aguirre Mena, in his capacity as state attorney (procurador penal); Attorney Kenyi Picado Bermúdez, in her capacity as prosecutor (fiscal); and the private defense attorney, Attorney [Name1] [Name1], and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 140-2020 of fifteen hours fifty-five minutes on February thirteenth, two thousand twenty, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí, resolved: \"THEREFORE: In accordance with Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8.2 of the American Convention on Human Rights; 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 14.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 1, 2, 3, 11, 103 INC 1 30, 31, 45, 50, 59 to 63, 71, 76, 103, and 124 of the Criminal Code; 1, 2, 3, 9, 37, 40, 111 to 124, 140, 141, 142, 180 to 184, 265, 267, 328, 330 to 336, 341, 352, 360 to 365, and 366 of the Criminal Procedure Code, Articles 33 and 58 subsection a of the Ley Forestal, 1045 of the Civil Code, 122, 124, 127 of the rules in force on civil liability of the 1941 Criminal Code, 45 and 18, IN APPLICATION OF THE UNIVERSAL PRINCIPLE IN DUBIO PRO REO, MR. [Name1] IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for the crime of Invasion of a Protected Zone committed to the detriment of natural resources and the environment. The eviction (desalojo) is ordered of the persons found inhabiting the constructions located in Tortuguero, Barra del Colorado, specifically the one described in the report on pages 1 to 5, as well as domestic animals, for which SENASA, MINAET, and the Public Force (Fuerza Pública) are delegated to verify the eviction of the persons and livestock (semovientes) living there, as well as the closure of constructed drainage channels, demolition, and extraction of materials from all constructions made illegitimately within 15 days following the finality (firmeza) of this judgment. The eviction, demolition of constructions, removal of materials, and closure of drainage channels constructed are ordered for the restitution of things to their original state, for which SENASA, MINAET, and the Public Force are delegated to carry out said actions ordered in this resolution within the period indicated after the finality of this judgment. Likewise, the defendant [Name1] is acquitted of the acts for which he was being accused in the complaint (querella) filed by the Procuraduría General de la República, and the civil action for damages (acción civil resarcitoria) brought against the defendant [Name1] is declared without merit; he is not ordered to pay procedural or personal costs, these being borne by each of the parties\" (sic, pages 435 and 436).\n\nII.- That against the preceding ruling, appeals were filed by Attorney Randall Aguirre Mena, representing the State; Attorney Kenyi Picado Bermúdez, in her capacity as prosecutor; and the private defense attorney, Attorney [Name1] Villegas.\n\nIII.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the court considered the issues raised in the appeals.\n\nIV.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Judge Chinchilla Calderón; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- In the sole argument of the prosecution's appeal, a lack of intellectual reasoning (fundamentación intelectiva) and a biased analysis of the prosecution's evidence are alleged, which led to an erroneous acquittal. The appellant cites the procedural legislation articles that require a decision to be reasoned and evidence to be comprehensively assessed, and she transcribes part of the contested decision (see pages 452 verso to 454), after which she adds that the intellectual analysis of the judgment fails to point out why, if official [Name4] indicated that following a report they went to the area and located the defendant who identified himself as the owner of the dwelling, whom he had always associated with that part of the land according to [Name5], and on one occasion they found him clearing brush (chapeando), an activity related to land-use change (cambio de uso del suelo) as detailed by [Name6], these statements were insufficient to support that Mr. [Name1] was the perpetrator of the accused conduct. She considers it erroneous that the trial court (a quo) held, categorically and without any detail supporting the derivation, \"that none of the Minae officials could state that Mr. [Name1] was the one who built the dwelling\" because, says the appellant, regardless of whether he did it with his own hands or not, he remained in the protected zone, carrying out acts constituting an invasion of the protected zone. In addition to this, the judge also does not explain why she did grant credibility to the witnesses and the prosecution's evidence to derive that it was a protected zone and, therefore, to apply Article 140 of the Criminal Procedure Code. She requests that the judgment and the trial that originated it be annulled, ordering a new hearing (debate) with a new composition of the Court. In the sole ground of the appeal filed by the Procuraduría General de la República, a lack of intellectual reasoning is alleged, a violation of the rules of sound rational criticism (sana crítica racional), principally the rules of derivation and logic, erroneous assessment of the evidence, and contradictory reasoning. After copying the facts alleged in the complaint by his represented party, he maintains that his factual hypothesis consisted of the defendant invading the protection area of the Barra del Colorado Refuge by entering a property to begin the construction of a dwelling and then continuing the invasion by introducing chickens, pigs, cattle, and planting banana, corn, cassava, and coconut into the place. However, the trial court acquitted him based on an erroneous and unsupported (ayuna) assessment of the evidence that led to the unfounded application of the in dubio pro reo principle. He transcribes part of what was decided in the recitals (considerandos) where, he maintains, the court limited itself to making general mentions of the testimonial and documentary evidence without setting out a joint analysis of the evidence presented. He narrates that the total absence of evidentiary assessment is revealed when the court only refers to the document on page 345 without making a consideration of said evidence in conjunction with the other evidentiary elements admitted at trial (contradictorio). Furthermore, the judge referred to what was stated by the defendant at the end of the hearing, without pointing out what he said that made his belief that he could possess said lands reliable. Nor was the documentary evidence admitted at the hearing analyzed, but rather she limited herself to citing one document (the one on page 345) without making an intellectual effort to assess others, such as official letter ACTO-GASP-RNVS8S017-2012 on pages 1 to 6 signed by [Name4], which describes that when they arrived at the place, on March 3, 2012, they found a group of people camping on the bank of the river [Address1]; that these people were building a house without any type of construction permit and were asked about permits or any possession documentation, to which they indicated they had no documents. Right then, the defendant spontaneously stated that he had no permit and no land possession documentation either. Neither was that document compared with the one on page 345 issued on March 9, 2012, that is, six days after the defendant was detained by the officials for being found invading a protected zone where, due to the absolute protection regime, no type of occupation or construction is permitted. He adds that the judge did not analyze the content of the official letter on pages 1 to 6 to compare it with what the document on page 345 indicates, incurring an exclusion of evidence legally admitted to the hearing. Furthermore, she gave said document a value it does not have, since it is a sworn statement (declaración jurada), not a transfer by public deed (escritura pública), and she should have considered the moment when the document was issued, since it was after the defendant's capture. Likewise, he refers to the fact that the judgment also did not examine the MINAE official letter dated April 23, 2012, visible on page 42, and the report on pages 1 to 6, which details the precariousness with which the defendant and other persons entered the place, as it indicates that all the people were camping in tents, with a gas stove and kitchen utensils under a black plastic sheet, and the precariousness of the occupation is observed, as occurs when an Invasion of a property is carried out for the purpose of appropriating said real estate. The appellant refers to the content of the document on page 345 and maintains that the judge did not analyze whether it was possible for someone to acquire a property within a Wildlife Refuge, nor was what he stated in his conclusions considered, regarding the existence of a regulatory framework (Decreto Ejecutivo 16358 creating the Wildlife Refuge in its articles 2 and 3; the Ley Forestal in its articles 13 and 14; Article 7 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; Article 3 of the Ley Orgánica de Japdeva No. 3091 of 1963) that does not allow occupying, transferring, or building in said place. He recalls that the crime attributed to the defendant was invasion of a protected zone, not illegal construction, although he is also attributed a series of actions aimed at seeking illegal occupation, such as the construction of a house, remaining in the place, having introduced banana, corn, and other plantations, having brought pigs, chickens, cattle, and having built a corral. However, he maintains that the judge did not analyze the invasion and occupation by the defendant, but only referred to the construction of the dwelling (for which parts of the decision are cited). He qualifies the assessment of the material brought to trial as erroneous, in particular the document on pages 1 to 6 (which indicates how, on March 3, 2012, the defendant is located at the place with third parties, that the construction of a dwelling is underway, that they have construction materials, and the state of said work is observed in the photographs), the one on pages 39 to 41 (according to which, on April 21, 2012, MINAE officials visit the area and corroborate that the defendant is inhabiting the house and that they find the presence of crops at the site), the one on pages 46 to 57 (which indicates that as of August 8, 2012, people are still located at the place, they find laundry hung out, farm animals such as pigs, chickens, and a dog, and that the construction is completely finished and that there are plantings of sugar cane, banana, corn, cassava, and tree felling); the one on pages 58 and 59 (which indicates that on April 24, 2013, the defendant was still at the place and was observed performing brush clearing (chapea) tasks and at that time there was a typical ranch (rancho típico) at the site). The appellant complains that, despite all the cited documentary evidence showing that the defendant invaded the zone, that he carried out the construction of a dwelling to inhabit it, and that he has remained at the place since March 3, 2012, developing activities such as cultivation, tree felling, introduction of farm animals, and even some tourism activity, the judge did not analyze it as such, but rather limited herself to, in an unfounded manner, not considering it. Finally, he states that the court assessed what the prosecution witnesses stated only to support a doubt, but not what they indicated regarding proving the authorship and participation of the defendant in the attributed acts (for which he transcribes part of what was stated by [Name4], [Name6], and [Name5]). He indicates that, therefore, the acquittal and the rejection of the civil action for damages were erroneous. To conclude, he narrates that at trial, the defense attorney filed a defective procedural act (actividad procesal defectuosa) to exclude the alleged facts 4 to 9, but it was rejected; despite this, in the judgment, she considered them extraneous to this summary case (sumaria) due to a severance of proceedings (testimonio de piezas) that had been carried out. The appellant indicates that although it is true these facts had been excluded in the first judgment issued (as there are two judgments in this case), that decision was annulled because it was delivered orally, despite its length, so that aspect never became final (firmeza). He offers, as evidence before this court, the trial recordings to verify that the defective procedural act was declared without merit and requests that the contested judgment be declared null and that the case be remanded to the court of origin so that, with a different composition, it may proceed to resolve what is appropriate in law. When responding to the appeals, the defendant's defense attorney simply requested that they be declared without merit, and he adhered to them under other arguments, an appeal declared inadmissible for being untimely (see page 467).\n\nII.- The challenges must be accepted and, due to their interconnectedness, will be resolved jointly. In the present matter, there were two accusations: one by the Public Ministry (Ministerio Público), visible on pages 68 to 72, where the following was attributed to the defendant: \"FIRST: On March 3, two thousand twelve, at approximately thirteen hundred hours, on the Bank of the Caño Bravo River, MINAET officials verified the ongoing construction of a cement house at [Address2] from the bank of the Caño Negro River, verifying at the site four construction walls of concrete block and cement, consisting of eight rows of said material, in addition to locating materials suitable for said construction, all of the above located within a Protected Wildlife Area (Área Silvestre Protegida) in the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, Tortuguero National Park. SECOND: Said construction work was carried out by the accused [Name1] (...) (the last two with a severance of proceedings (testimonio de piezas) for juvenile criminal court) illegally, without any permit, they invaded a protection zone on State lands with a cement construction 20 meters from the bank of the Caño Negro River, and not content with the above, having full knowledge of the facts, the accused continued said work despite having been warned on March 3, 2012, continuing the construction until April 21, 2012, the date on which it was completed, invading with their actions a protection zone such as the Protected Wildlife Area in the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, Tortuguero National Park, which also caused a land-use change (cambio de uso del suelo) for the purpose of agricultural activities such as sugar cane, bananas, corn, cassava, and others. THIRD: Subsequent to the aforementioned events, it was corroborated under an inspection carried out by MINAET officials that the initial construction still continues, and the accused [Name1], not content with the previous building, continued said invasion with an octagonal-style typical ranch (rancho típico) of approximately 30m2.\" Such facts were classified as illegal invasion of a protection area and land-use change, provided for in Articles 58 subsection a) and 61 of the Ley Forestal, which stipulate, in order: \"A prison term of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forest regime, whatever the area occupied; regardless of whether they are private lands of the State or other Public Administration bodies or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands.\" \"Prison of one month to three years. A prison term of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Exploits one or more forest products on private property, without the permit of the State Forest Administration, or who, even with the permit, fails to comply with what was authorized. b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established in this law. c) Carries out activities involving land-use change, contrary to the provisions of Article 19 of this law. In the above cases, the products shall be confiscated and placed at the disposal of the competent judicial authority. d) Removes forest products from private or State property or transports forest products obtained in the same manner.\" There was also a complaint (querella) from the Procuraduría General de la República (see pages 160 to 172 of the respective file attached to the main one) where the factual attribution, in what is relevant and based on those same legal classifications, was much broader, as can be seen below: \"1- In nineteen eighty-five, the State declared the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, a protected wildlife area. The refuge comprises flooded territories of great value for the preservation of the site's wild fauna and flora, with high tourism potential, which forms part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), therefore they are inalienable, imprescriptible, and unseizable lands, under absolute protection, within which the Humedal Caribe-Noreste is located, which has international Ramsar importance. 2- Without specifying an exact date but approximately between January and March two thousand twelve, the co-defendants [Name1], [Name1], [Name7], and [Name8], by common agreement and with full functional control of the act, invaded the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, by starting the construction of a dwelling house with cement blocks, located approximately twenty meters from the Caño Bravo river, within the Isla Calero Sector, within the absolute protection zone of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, State's Natural Heritage, with said construction being located between the geographic coordinates, decimal degrees, Datum transversal de Mercator WGS84 N 10.43.332° W 083.40.100°; Costa Rica CRTM05, Datum transversal de Mercator WGS84; [LicensePlate1] [Address3] [LicensePlate2]. 3- Thus, on March 3, two thousand twelve, at the indicated site, the defendants [Name1], [Name1], [Name7], and [Name8] were carrying out their acts of invasion by being located on the bank of the Caño Bravo river sheltering under two tents, made of black plastic material, which they had set up with a gas stove, kitchen utensils, clothes, food, among other things, also finding a variety of tools and construction materials: two metal wheelbarrows, a saw, two hammers, three shovels, two masonry trowels, zinc sheets, rebar, blocks, cement, among others, of which some were confiscated on the spot, instruments they used for the construction of the dwelling house referred to in point one. 4- On March third and April twenty-first, two thousand twelve, the defendants [Name1], [Name1], [Name7], and [Name8] continued their invasive actions within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, by having continued and completed the construction of the dwelling house that invades the aforementioned Refuge, which they built entirely with block and wood materials; the same is being inhabited by the defendant [Name1] and his family. 5- Furthermore, approximately between March third and April twenty-first, two thousand twelve, the defendant [Name1], with the purpose of consolidating his illegal permanence within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, has carried out invasion actions consisting of cutting the existing undergrowth around the dwelling, built an access ramp to the Caño Bravo river, invasion of the protection area of said river, and consolidated banana and sugar cane crops at the site. These actions are typical of invasion of a conservation area. 6- Between April twenty-first and August eighth, two thousand twelve, the defendant [Name1] maintained his acts of invasion through the permanence of the described house within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, in addition to this, in said period of time, he erected, near the dwelling, a pigsty, a water collection system, and a waste dump, this at a distance of twenty meters from the Caño Bravo river. Likewise, between April twenty-first and August eighth, two thousand twelve, he continued his acts of invasion by introducing pigs, chickens, and sugar cane crops, the latter planted within fifteen meters of the protection area of the Caño Bravo river. Likewise, he planted banana, corn, cassava, coconut, for which the defendant previously cleared the land, eliminating and burning all tree vegetation, yolillo palms, and other existing vegetation that is typical of the wetland ecosystem, called Humedal Caribe Noreste, of international RAMSAR importance, belonging to the State's Natural Heritage; actions aimed at eliminating the wetland to change its natural structure to a cultivation area. 7- Between April twenty-first and August eighth, two thousand twelve, the defendant [Name1] continued his actions of invasion and elimination of a wetland area, by carrying out an illegal felling of at least 48 trees of various species, which were at an approximate distance of twenty-five to fifty meters from the described dwelling house. Among the felled species are: Guabo, Zygia longifolia, Carapa guianensis, Spondias mombin, Prioria copaifera, Raphia taedigera, Pentacletra macroloba, Cativo, of which at least twenty-six were felled within a forest located in the Humedal Caribe Noreste wetland, another tree one meter from the margin of the Caño Bravo river, that is, within the protection area of this, affecting a total of 2.43 hectares that form part of the wetland located within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, actions carried out to consolidate a land-use change (cambio de uso del suelo) from floodable forest that forms part of the cited wetland to agricultural lands; since in part of the affected area there are plantings of corn, cassava, banana, among other crops. 8- On April twenty-fourth, two thousand thirteen, MINAE carried out an environmental control and protection inspection at the affected site, finding the defendant [Name1] persisting with the invasion actions within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, by performing brush clearing (chapea) tasks, which he was carrying out along the edge of the Caño Bravo river, as well as continuing to inhabit the dwelling illegally built within the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, as described. That same day, it was confirmed that the defendant [Name1], in order to continue consolidating his invasion acts, made aesthetic modifications inside the house, such as wall paint, light blue in color. 9- Between August eighth, two thousand twelve, and April twenty-fourth, two thousand thirteen, the defendant [Name1] continued his acts of invasion of the Barra del Colorado National Wildlife Refuge, by building, fifteen meters from the dwelling he inhabits, a ranch-style structure (tipo rancho), with an area of thirty square meters, part of the floor - fifteen meters was made of cement and the rest of earth, with a roof of palm leaves and black plastic, specifically the ranch (rancho) is located between the coordinates [Address4]; projection CRTM05 datum WGS 84.\" In addition, with the complaint, the State's representation filed a civil action for damages (see page 127 and following). The matter went to trial for the first time, an opportunity at which a defective procedural act had been accepted due to the lack of preliminary statement (indagatoria) for some defendants regarding certain facts of the complaint and, therefore, the preparation of a severance of proceedings (testimonio de piezas) was ordered to rectify that supposed error; the criminal action was declared time-barred for one classification and for other defendants, and [Name1] was convicted of invasion of protected areas, being sentenced to six months in prison (see pages 235 to 240). However, by vote number 2017-890 of the Criminal Sentencing Appeals Court of San José (judges E. Salinas, R. Madrigal, and J. Arce), the resolution was partially annulled (only regarding the conviction against said defendant) and a retrial (reenvío) was ordered. The case went to trial for the second time and, again, the defendant was convicted (see pages 316 to 334), but on appeal the conviction was annulled again (see vote number 2019-302 of judges A. [Name5], R. Badilla, and Judge H. Soto on pages 388 to 391). Now, for the third time, the hearing (debate) is held and, after receiving the statements of [Name4], [Name9], [Name6], [Name10], Gutiérrez, and [Name12], and admitting multiple documentary evidence, among which are official letter ACTO-GASP-RNVSBS-017-2012 on pages 1 to 5; confiscation record No. 2003 on page 6; the expanded report ACTO-GASP-RNVSBS-017-2012 on pages 23 to 30; the certification from the Área de Conservación Tortuguero on page 31; the image on page 32; official letter ACTO-GASP-RNVSBC-PADM-021-2012 of April 21, 2012, on pages 39 to 42; the expanded report of August 8, 201 ACTOP-GASP-RNVSBC-PO-037-2012 2 on pages 46 to 57; the expanded report ACTO-GASP-RNVSBC-PO-049-2013, of April 25, 2013, on pages 58-59; the damage assessment report SINAC-ACTO-AL-212-2013 on pages 60 to 66; the certification of court proceedings on pages 407; the document SINAC-ACTO-AL-38-2020 visible on pages 420 to 422; the purchase and sale letter on pages 107 and 108; the photographs of the farm's conditions on pages 114 to 117; the MINAE official letter of May 24, 2019, visible on page 414; the contract signed between [Name13] and [Name1] on page 345; and official letter SINAC-ACTO-DIR-448-2016 issued by Laura Rivera Quintana, Director of the Regional Directorate of the Área de Conservación Tortuguero, visible on page 346 (see its description on page 433 verso of the judgment and in the trial record on page 412 verso), a written judgment was issued, in which the defendant was acquitted by doubt. It should also be noted that during the hearing, the judge rejected a defective procedural act filed against part of the facts of the complaint for which the defendants supposedly had not given their preliminary statement (indagatoria), at which time the judge stated that they had and that those facts formed part of the general attribution (see the audiovisual file of the hearing contained in a DVD identified with the case file number and record on page 411), but contradictorily (although this time in accordance with the provisions of the first judgment on page 240 and with what was resolved on pages 318 to 325, by this chamber, with a different composition), after the accusation had been considered valid, those same facts were excluded from the trial, as will be seen in the following excerpt. The judge based the decision adopted as follows: \"...this Court must acquit the defendant of all penalty and responsibility because it was not demonstrated that the defendant acted with intent (dolo) when carrying out the conduct accused here, and please note how the defendant, with the contract visible on page 345 where it indicates that this property belongs to him, because his uncle [Name13] indicates before a notary that these lands belong to him, this being an important point in the present case since this document allows the defendant to believe he is in correct possession of these lands, causing him to fall into error by said act before Notary Quesada Brenes, since this judging panel, assessing the statements made by Mr. [Name1] before the end of the hearing, evaluating the contract, and seeing the educational level of the accused, clearly denotes how he failed to visualize that it was not a reliable document to support the possibility of possessing said lands.\"\n\nNote that the witnesses Mr. [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], [Nombre10], and [Nombre12] all clearly tell us that it is a wildlife protection zone, that prohibited activities have indeed been carried out in this area; however, they do not tell us in this trial that the accused carried out the construction referred to on March 3, 2012, nor do they provide further detail in this trial regarding whether they know who the people were who built the dwelling; however, it has been made clear in this trial that we are dealing with a protected area in Barra El Colorado, where any activity is prohibited, and it is evident that someone carried out everything indicated in the reports, but there has been no certainty that Mr. [Nombre1] committed such an unlawful act, as there is insufficient evidence that he encroached in the manner charged in the indictment and the private criminal complaint in this trial. Note that the facts accused against Mr. [Nombre1] were not accredited, neither by the accusation of the Public Prosecutor's Office nor by the facts of the private criminal complaint. It is important to mention that the witnesses from the refuge tell us about the condition of the place, that it was not something that occurred in a single day, and also that they received a call reporting people in this area, but they did not appear at the affected area until the following day. They are clear in their statements in indicating that they did not see anyone carrying out any activity, that they did arrive and find people at said location, but witness [Nombre4] tells us that they do not know if, before the year two thousand twelve, anyone arrived at that place to live before they saw the defendant in this area; they refer to some very old steps at the site that served as a dock. Likewise, all the documentary evidence incorporated into the trial was assessed, thus managing to accredit that we are in a protected wildlife area within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra El Colorado. Therefore, there is a doubt as to whether the accused [Nombre1] is responsible for what is charged here, thus benefiting him, with an acquittal being issued based on in dubio pro reo. Regarding the facts charged, included in the private criminal complaint, and presented in the civil action for damages concerning facts four through nine, these had already been removed from this case by a certified extract of documents ordered in the first judgment issued in this case, and that order has become final. Since it was not possible to accredit the facts to the accused, we are indeed faced with typical conduct, but the unlawfulness of the accused's conduct and his guilt were not demonstrated due to the doubt cast upon his actions; this part is omitted as unnecessary because of the acquittal issued under the universal principle of in dubio pro reo\" (cfr. folio 434 front and back; highlighting supplied). Note that the decision, as indicated by the appealing parties, not only omits scrutiny of the evidence received at trial (as it merely mentions some references given by the witnesses and alludes to \"the documentary evidence\" without specifying which, nor delving into its content, which cannot be considered proper reasoning according to the stipulations contained in Article 142 of the Code of Criminal Procedure) but also forgets that circumstantial evidence is also part of that material which must be weighed (for which it was important to determine, from the rest of the material, indications such as the persons found at the site during each inspection, the progress of the works, the condition in which the materials were found, etc.). Furthermore, the facts were charged as a co-perpetration based on functional control (which implies that the action of some is attributed to others) and in this, as in other topics relating to the theory of crime, the decision shows serious errors and, therefore, incurs in severe contradictions. Note that it begins by stating that the accused lacked intent (dolo), but the judge never positions herself within the criminal classifications attributed to determine which facts the accused should have known and desired (since, it must be remembered, intent (dolo) is knowing and desiring the objective elements of the criminal classification and is unrelated to the knowledge of illegality, which is examined under guilt (culpabilidad)). That knowledge and will of the intent (dolo) should have entailed, in the case of the first charged offense (if it was still valid in the trial, which was also not broadly expressed), knowing that he was in a conservation or protection area (which are not the same thing), that he was encroaching upon it with various acts (even if he was not the one who built the dwelling, but with other events of possession and land use in that sector). For the other offense (if still valid in the trial, which was also not broadly expressed), the intent (dolo) implied taking advantage of, acquiring, processing, or extracting forest products and knowing that permits for this were lacking or else carrying out land-use change (cambio de uso del suelo) activities. None of this was examined in the appealed judgment, which was, furthermore, extremely laconic (less than one front-and-back folio to scrutinize the content of a wide spectrum of admitted evidence). Later on, the judge did state that the accused knew he was in a protected area, which then allows one to infer that the error to which the judge refers is not one of fact (error de tipo) but one of prohibition (error de prohibición) (lack of knowledge of the illegality of the conduct and not the facts), but she also fails to verify whether this potential error is avoidable (in which case a reduced penalty would be applicable) or unavoidable (which does eliminate guilt (culpabilidad), but would not affect the existence of the unlawful act, a relevant aspect for the civil matter) and, to top it all off, she concludes by alluding to the fact that there is typical conduct (which is both contradictory to having indicated that there was no intent (dolo) —since this is a subjective element of the classification— and an omission —since she never examined the objective elements of the classification—), but that unlawfulness (antijuridicidad) and guilt (culpabilidad) were not demonstrated, without analyzing either of them or their contents, and mixing them together as if the theory of crime were not a system of exclusive filters where the non-existence of one link makes it impossible to descend to the next level (which would prevent stating that there was no \"unlawfulness (antijuridicidad) and guilt (culpabilidad)\" because the absence of the first is enough to preclude any reference to the second). Lastly, she fails to refer to a series of facts from the accusation, indicating that they formed part of a certified extract of documents decided in a final judgment, but there is no record of this because the previous judgment was annulled (see folios 235 to 240 and 318 to 325). Now, regarding the civil claim, the judge stated: \"V.- UNFOUNDED CIVIL ACTION FOR DAMAGES: In the present case, the direct victim is the Environment, represented by the Procuraduría General de la República, who is bringing a civil action for damages against the accused [Nombre1] as the defendant. The civil parties have been identified as such throughout the process and determined in the trial. In the present claim, the complainant party, represented by the Procuraduría General de la República, Attorney Randall Aguirre Mena, constitutes itself as plaintiff, based on the existence of environmental damage quantified based on the actions against the environment from three points of view: economic, eco-biological, and social, where the sum of these determines the portion of total ecological damage caused, to which is added the restoration cost, which is nothing other than returning the affected natural resources to nature and the costs to achieve the closest possible state to the initial state of the ecosystems at the site before the negative impact, for which a valuation report of the environmental damage in the present case file, visible at folios 62 to 66, was submitted. This Court will rule on the existence of the so-called environmental damage indicated. Note in this regard that it has indeed been accredited that there is a real impact in said area; however, a causal link has not been established to make Mr. [Nombre1] responsible for the facts charged here, this being a limitation to accrediting the civil action for damages as founded, as liability cannot be imputed to the accused, since it was not accredited in the trial that the accused is responsible for such damage caused. Yes, it is true that there is environmental damage, an impact in the protected wildlife area, but intent (dolo) or omission by the accused regarding the magnitude of the damage in the impacted area was not demonstrated here. It must be taken into account that the Procuraduría General de la República acted in good faith, and that upon the emergence of a report, a complaint filed by officials of MINAE, and by right as the legal representative to protect and represent the interests of the environment and the state, it constituted itself as complainant and civil plaintiff, bringing this action in law, but without negative repercussions or wrongfully acting against the accused. Therefore, each of the parties must bear the costs of the procedural and personal fees\" (see folio 434 front, bold supplied). Again, the trial court is completely remiss in weighing the evidence and merely states a decision without conducting a minimal scrutiny of the elements incorporated into the trial or determining if there are sources other than subjective civil liability that could give rise to the obligation for damages. It seems, rather, as if we were before a system of intimate conviction and not sound criticism (sana crítica), which is the system that governs us (Articles 182 to 184 of the Code of Criminal Procedure). Therefore, both appeals must be granted, and the judgment must be annulled in both the criminal and civil aspects, and a remand must be ordered before a new panel of the lower court to rule on what is appropriate, while noting that it is inconceivable that this process has already lasted eight years and has two judgments annulled due to gross errors, so the new court must take all necessary measures to resolve the underlying conflict definitively and as soon as possible.\n\nIII.- Although the appeal by the accused's defense counsel (which is directed against the eviction and demolition order) has been declared inadmissible, the annulment of the judgment must be total. Note that, in the appealed decision, in addition to the acquittal, the eviction, tearing down, and demolition of works was ordered. What this Chamber notes is that such a determination contains the same reasoning flaws as the rest of the judgment, as from folio 435 front onwards, the following is stated as the basis for adopting said decision: \"VI.- EVICTION AND DEMOLITION ARE ORDERED FOR RESTORATION TO THE NATURAL STATE: In addition to all the above, it must be indicated that, as established in numeral 140 of the Code of Criminal Procedure, which states that: 'at any stage of the proceedings and at the request of the victim, the Court may order the restoration of things to the state they had before,' it is the Court's decision to order the eviction of the people inhabiting the place, as well as any type of domestic animal, according to the report visible at folios 1 to 5, and the demolition of the dwelling and any construction made illegitimately, as well as the closure of constructed drainage channels that exist in said area of the land in question, where the impact on the protection and wildlife area of Río Caño Bravo, Barra El Colorado was accredited in this trial, despite not having been able to attribute responsibility to the accused; however, the impact on the area is noted. Therefore, the eviction, demolition, and extraction of materials from all constructions made illegitimately are ordered, as well as the closure of constructed drainage channels at the site, thus achieving the restoration of things to their natural state, granting a period of 15 days after this judgment becomes final, for which SENASA, MINAET, and the Public Force must carry out said ordered actions within the indicated period after this judgment becomes final. This decision finds support in what is established in our constitution, specifically in Article 50: 'The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right…', this right to a healthy environment must be adequately restored, and in this case, it is by destroying the work that affected the environment and generated damage and a negative impact on the Refugio de Área Silvestre Barra del Colorado\" (bold supplied). Note that in the referred decision, not a single piece of evidence is mentioned to support the assertion that there was damage, nor that the constructions and works to be demolished are in said area; nor is a legal scrutiny performed, but rather the decision merely copies norms, as if that were sufficient to comply with adequate reasoning. Therefore, this part of the ruling must suffer the same fate as the previous ones and will be annulled, with a remand also ordered on this point.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeals filed by Attorney Aguirre Mena, criminal prosecutor, and by Attorney Picado Bermúdez, prosecutor of the Public Prosecutor's Office, are declared with merit. Consequently, the appealed judgment and the trial that preceded it are integrally annulled, and the remand of the case is ordered before a new panel of the lower court. Let the court of origin note the call for attention made in the recitals section given the duration of the case, the repeated annulments, and the crudeness of the errors detected. NOTIFY.\n\n\n\n\n\nRosaura Chinchilla Calderón\n\nKathya Jiménez Fernández Rosa María Acón Ng\n\nJudges of Appeal of Criminal Judgment\n\nExpediente: 12-000710-0485-PE (7)\nAccused: [Nombre1]\nVictim: The natural resources and another\nOffense: Encroachment on a protection area\nExpediente: 12-000710-0485-PE (7) - pág.: 1\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 07:18:01.\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }