{ "id": "nexus-sen-1-0034-993568", "citation": "Res. 00069-2020 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Nulidad de adjudicación de parcela con bosque y nacientes declarada Patrimonio Natural del Estado", "title_en": "Annulling a land award for a forested parcel with water springs, declared State Natural Heritage", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo Sección V declara parcialmente con lugar la demanda de la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles. Se anula el acuerdo de la Junta Directiva del IDA (hoy INDER) de 1997 que adjudicó la parcela 69 a un particular, por constituir Patrimonio Natural del Estado con bosque y dos nacientes de agua. Se ordena el traspaso del inmueble al MINAET, su inscripción a nombre del Estado y el desalojo del adjudicatario. Se condena al INDER al pago de costas y daños y perjuicios. Se reconoce a la Asociación como titular de las obras de infraestructura hídrica, pero se rechaza la indemnización abstracta por mejoras al no acreditarse su naturaleza y valor.", "summary_en": "The Administrative Litigation Tribunal partially upheld the lawsuit filed by the Cuarros de Tárcoles Water Association. The court annulled the 1997 IDA (now INDER) board agreement that awarded parcel 69 to a private individual, finding it constituted State Natural Heritage due to existing forest and two water springs. It ordered transfer of the property to the Environment Ministry (MINAET), registration in the State's name, and eviction of the awardee. INDER was ordered to pay costs and damages. The Association was recognized as owner of water infrastructure works, but its abstract claim for compensation for improvements was rejected due to lack of proof of their nature and value.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V", "date": "31/08/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "property-and-titling", "forestry-law-7575", "water-law" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "Patrimonio Natural del Estado (PNE)", "demanialidad", "tacotal", "adjudicación", "ASADA", "Ley de Aguas", "reserva de dominio" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 14", "law": "Ley Forestal No. 7575" }, { "article": "Art. 15", "law": "Ley Forestal No. 7575" }, { "article": "Art. 31", "law": "Ley de Aguas No. 276" }, { "article": "Art. 67", "law": "Ley de Tierras y Colonización No. 2825" } ], "keywords_es": [ "Patrimonio Natural del Estado", "nulidad absoluta", "adjudicación de tierras", "bosque", "nacientes de agua", "demanialidad", "tacotal", "INDER", "IDA", "Asentamiento Cuarros de Tárcoles", "ASADA", "Ley Forestal", "Ley de Aguas", "bien demanial", "imprescriptibilidad", "Artículo 31 Ley 276" ], "keywords_en": [ "State Natural Heritage", "absolute nullity", "land adjudication", "forest", "water springs", "public domain", "tacotal/thicket", "INDER", "IDA", "Cuarros de Tárcoles settlement", "rural water board", "Forestry Law", "Water Law", "public domain asset", "imprescriptibility", "Article 31 Law 276" ], "excerpt_es": "V.-… Los elementos probatorios analizados le permiten concluir al Tribunal que la parcela n.° 69 en cuestión es un bien demanial, dado que pertenecía al Patrimonio Natural del Estado. No existe duda que antes del adjudicación existía bosque, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal. Tanto es así, que además del bosque, existían dos nacientes de agua. …el inmueble en cuestión constituía una reserva de dominio a favor de la Nación, de acuerdo con lo que disponía el artículo 31 de la Ley de Aguas n.° 276, por lo que nunca debió haber sido traspasada a un particular. …dicho acto es nulo y así debe ser declarado. … Por otro lado, el hecho de que el plano catastrado de la parcela n.° 69 indicara que se trataba de \"tacotales\", tampoco es un elemento que logre desvirtuar la convicción del Tribunal de que el terreno era Patrimonio Forestal del Estado, pues el tacotal, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, como una voz propia de Costa Rica y Nicaragua, constituye un \"matorral espeso\", lo que no puede desvirtuar la existencia de un bosque.", "excerpt_en": "V.-… The evidence analyzed allows the Court to conclude that parcel No. 69 in question is a public domain asset, since it belonged to the State Natural Heritage. There is no doubt that before the award forest existed, in accordance with the Forestry Law. So much so that, in addition to the forest, there were two water springs. …the property in question constituted a domain reserve in favor of the Nation, in accordance with the provisions of Article 31 of Water Law No. 276, so it should never have been transferred to a private individual. …said act is null and void and should be declared as such. …Furthermore, the fact that the cadastral plan of parcel No. 69 indicated it was 'tacotales' [thickets] is also not an element that can undermine the Court's conviction that the land was State Forest Heritage, because 'tacotal', according to the definition of the Dictionary of the Royal Spanish Academy, as a term typical of Costa Rica and Nicaragua, constitutes a 'thick thicket', which cannot disprove the existence of a forest.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The award of parcel 69 is annulled because it constitutes State Natural Heritage; its transfer to the State is ordered, and the Association's ownership of water works is recognized, but compensation for improvements is denied.", "summary_es": "Se anula la adjudicación de la parcela 69 por ser Patrimonio Natural del Estado, se ordena su traspaso al Estado y se reconoce la titularidad de obras de agua a la Asociación, rechazando la indemnización por mejoras." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "There is no doubt that before the award forest existed, in accordance with the Forestry Law. 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El caso que nos ocupa reviste varias particularidades procesales que deben ser mencionadas, a efectos de tener claridad sobre a forma en la que debe resolver el Tribunal. En primer lugar, las pretensiones originales de la demanda fueron ajustadas en la audiencias preliminar. De ese modo, las pretensiones B, C, E  fueron eliminadas, quedando vigentes las pretensiones A, D, F, G, H. Planteadas así las cosas, derivado de esas pretensiones, en relación con los hechos, los temas a tratar se relacionan con las mejoras, la nulidad del acuerdo del Ida, hoy Inder, que otorgó la parcela, así como el traslado del bien para que su tutela esté a cargo del Estado. Por lo expuesto el Tribunal hará referencia en su análisis de fondo a estos aspectos, obviamente, relacionados con los hechos de la demanda y demás aspectos probatorios. Por otro lado, en la audiencia preliminar, dos de los demandados traídos al proceso, con motivo de la defensa de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, cambiaron su situación subjetiva procesal a coadyuvantes activos, en el caso del Estado, con una pretensión, como es la declaratoria de que el bien inmueble en cuestión es Patrimonio Natural del Estado. a) Sobre la titularidad de las mejoras y de obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable: La Asociación accionante, solicita declarar que es titular no sólo de las mejoras y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, introducidas al inmueble folio real 331693 de la Provincia de Puntarenas, propiedad del co demandado Gerardo Montero Arroyo. Por su parte dicho co accionado Montero Arroyo defiende se derecho de propiedad privada al sostener que es el propietario del inmueble objeto del proceso, al afirmar que  la actora no puede pasar por alto que la finca le pertenece y que de existir algún interés de su parte, tal como el que se defiende con la presente acción, debe acudir a las leyes para que puedan lograr su expropiación así como el pago del justo precio. Mientras tanto, deberán seguir pidiendo permiso para la entrada y salida del fundo por ser parte de sus derechos como propietario. El Estado ha destacado sobre el particular, en relación con las mejoras reclamadas por parte del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles, que éstas fueron realizadas con posterioridad a la realización de la adjudicación, en virtud de que, para su construcción el co demandado Gerardo Montero Arroyo dio su consentimiento, destacando que esto se desprende no solo del mismo expediente administrativo de la Dirección Región Pacífico Central, Oficina Sub-Regional Orotina del Instituto de Desarrollo Agrario, sino del hecho probado h) del voto n.° 2009-007536, de las 11:16 horas, del 8 de mayo de 2009, emitido por la Sala Constitucional. No obstante sostiene que las obras realizadas por la Asociación se crearon aun cuando en el Registro Nacional de Concesiones de Aguas y Causes no constaba ninguna inscripción de fuentes de agua a su favor, según certificación n.° CE-0184-2014, de 27 de agosto de 2014. En relación con este punto, el Sinac sostiene que  es cierto, que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles realizó obras relativas ·a la extracción, almacenamiento y distribución de agua en el inmueble propiedad del señor Gerardo Montero Arroyo, y que las mismas fueron dadas con el consentimiento de éste en ocasión de que fueron hechas con posterioridad a la adjudicación de la parcela, según oficio n.° 0S0/RAA-087-2012, de 25 de agosto de 2012, suscrito por el Tec. Roy Alfaro Arnáez, Oficina Subregional Orotina, Instituto de Desarrollo Agrario, el cual refiere: \" ... autorizaron a los de la ASADA a que instalaran un tanque para que captaran el agua ... \" De igual forma alega que, según el Convenio de Delegación y Administración del Acueducto del Asentamiento Cuarros de Tárcoles suscrito con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, la realización de las obras constituye una obligación de la Asociación y los costos de las mismas deberán ser sufragados por la entidad bajo cuya administración se encuentra el sistema, sea la propia Asociación. Aun con todo, es relevante destacar que en dicho proceso constructivo, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) hoy INDER, tuvo una participación activa, al punto que facilitó ayuda económica y colaboración técnica. Finalmente, el Inder en lo que a este punto respecta lo rechazó por ser un aspecto técnico jurídico. Criterio del Tribunal: Para poder comprender lo pretendido por la Asociación en el caso bajo estudio, y, de ese modo, resolver sobre esta petitoria, es necesario, no solo acudir al escrito de la demanda, sino a la contestación de la audiencia de excepciones y contra prueba, así como a la audiencia preliminar, pues fue en dicha etapa procesal, en la que se aclaró que la pretensión D, referente a la declaratoria de las mejoras y obras de infraestructura, era de naturaleza declaratoria, pues quedaría para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las mejoras y su valor económico. Tal y como fue reseñado en el resultando 1 de la presente sentencia, la pretensión D, quedó de la siguiente forma: \"D-Que se declare que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles es titular o propietaria de las mejoras y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, introducidas en el inmueble matrícula de folio real 331693-000 de la provincia de Puntarenas, hoy propiedad de Gerardo Montero Arroyo, en ejecución de sentencia se concretarán las mejoras y su valor económico, solicitándose una condenatoria en abstracto de conformidad con el artículo 122 del CPCA.\" . Se trata, entonces, de un reclamo, que pide sea declarado por el Tribunal, el derecho al reconocimiento de éstas y es contra el propietario registral del fundo. De igual modo, para resolver este aspecto puntual pedido, deben comprenderse, no sólo los orígenes históricos y sociales de esta controversia. También se hace necesario tener presente que, conforme fue aclarado en la audiencia preliminar, el reclamo es indemnizatorio, cuyo marco jurídico se encuentra en las regulaciones en el Código Civil, en los cánones 328, 330 y 332. De la prueba que ha sido revisada y que da sustento a los hechos probados, es posible visualizar la existencia de un conflicto de naturaleza social por el agua de una comunidad. De acuerdo con la abundante prueba materializada en la gran cantidad de tomos compilados, para análisis de este Tribunal, la disputa no sólo ha transcurrido en el Ida, hoy Inder, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, sino por la Sala Constitucional. A modo de síntesis, se pude acotar que el origen de la controversia se ubica en el momento en el que el Instituto de Tierras y Colonización en el año 1977, adquirió una serie de fincas, en la que se estableció el Asentamiento de Cuarros de Tárcoles y en la que se reservó dos áreas en las que se localiza un pozo y un tanque de captación de agua. Para el año de 1992, de acuerdo con el plano del Departamento de Estudios Básicos de la Sección de Topografía del Instituto de Desarrollo Agrario en el área correspondiente al lote n.° 69 era de reserva. En el año 1994 miembros de la Junta de Educación del Asentamiento de Cuarros presentaron reiteradas peticiones ante el IDA a fin de que se realizara un estudio exhaustivo, respecto al área en que se ubicaba el pozo destinado a abastecer el agua a la comunidad. Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, el 21 de octubre de 1997, mediante el acuerdo de la Junta Directiva del Ida, de la sesión 78-97, artículo n.° VIII, se autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, con una medida de 11.5946,84 metros cuadrados, al co demandado Gerardo Montero Arroyo, del Asentamiento Los Cuarros, al considerar que reunía las condiciones de poseedores de la Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización. De ese modo, las fuentes de agua que abastecían a la comunidad quedaron dentro de una propiedad privada. Tal y como se puede desprender del oficio OSO/RAA-087-2012, cuatro años después de que la parcela en cuestión fue adjudicada, la ASADA fue autorizada para que instalaran el tanque de captación de agua. De igual modo, es posible desprender la existencia de obras de infraestructura, relacionadas con la captación de agua, como lo atestigua el oficio OSO-021-2011. Planteadas así las cosas, para el Tribunal no existe duda que en la parcela n.° 69, folio real 331693-000, cuyo propietario es el co demandado Montero Arroyo, existen obras de infraestructura, relacionadas con la toma y captación de agua y que pertenecen a la Asociación accionante. Sin perjuicio de lo anterior, si bien es cierto que estas obras existen, no se ha acreditado con precisión y detalle, por parte de la Asociación accionante en que consisten las mejoras que reclaman, no está claro, si son necesarias o útiles, ni cuántas, ni cuales, de una manera puntual. Bajo la acepción jurídica más cercana que concede el canon 332 del Código Civil, las mejoras necesarias, son aquellas, que constituyen los gastos indispensables para la conservación de la cosa y, como útiles, las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. Si bien existe prueba que apunta a la titularidad de las obras de infraestructura, sería especulativo para el Tribunal, realizar el ejercicio de las posibles mejores útiles y necesarias que podrían existir en el sitio de captación del agua. Sobre estos aspectos no existe prueba material que permita visualizarlas de ese modo y resultaría imposible Tribunal declararlas, pues no se tienen elementos probatorios para poder determinar su existencia e indemnización. Es preciso recordar, que la carga probatoria o el \"onus probandi\", corresponde a quien afirma un hecho aportarlo. Resulta imposible llevar a cabo una condenatoria en abstracto sobre supuestas mejoras, de las que no se tiene claridad cuáles son, en qué consisten, etc. Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, sí es posible declarar, conforme la prueba material que ha sido revisada, que da sustento a los hechos probados, que la Asociación del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles accionante, es titular de las obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, pues es un hecho no controvertido y que se desprende de las voluminosas carpetas allegadas a los autos, en las distintas comunicaciones entre las entidades involucradas y la misma Sala Constitucional, así como del convenio que fue suscrito con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la Administración de las tomas de agua. Por tal motivo debe ser acogida parcialmente esta pretensión, únicamente e lo que respecta a la declaratoria de que la Asociación accionante es titular de las obras de extracción, almacenamiento y distribución, mas no las mejoras que reclama. b) Sobre la nulidad del acuerdo tomado en el artículo n.° 8 de la sesión 078-1997 del 21 de octubre de 1997: La parte actora solicita que \"F-. Que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo de otorgamiento de la parcela 69 del Asentamiento de Cuarros al señor Gerardo Montero Arroyo, emitido por la Junta Directiva del IDA mediante el artículo número ocho de la sesión cero setenta y ocho-noventa y siete del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete.\" Sobre el particular la Asociación accionante sostiene básicamente que la finca del co demandado Montero Arroyo encaja en los impedimentos dispuestos por el canon 15 de la Ley Forestal n.° 7575, al considerar que la parcela n.° 69 bajo el folio real 331693-000 de la Provincia de Puntarenas, encaja en la definición del artículo 3 del mismo cuerpo normativo mencionado, que define el concepto jurídico de bosque, en el que encaja el inmueble en cuestión. Por su parte el Inder rebate lo expuesto por la parte actora, al considerar que el informe pericial de Marlon Ledezma García, n.° 002-2016-MLG, indica que para el año 1997, el inmueble descrito en el plano n.° P-431481-1997 no contenía bosque. Sostiene que la adjudicación de la parcela n.° 69 se hizo conforme a derecho. A la vez argumenta que se han cumplido todos los mandatos de la Sala Constitucional. Reitera que al momento de la adjudicación de la parcela en cuestión, el plano P-431481-1997 describía el terreno como \"tacotales\". Afirma que si la parcela presenta condiciones de bosque lo procedente es aplicar el numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el que las fincas particulares estará sometidas a un plan de ordenamiento ambiental y no bajo la definición de Patrimonio Natural del Estado. Arguye además, que al existir nacientes de agua lo procedente es aplicar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Aguas. El Estado considera que se encuentra acreditado que en el inmueble existen dos nacientes de agua, que eran previas a la adjudicación de la parcela 69, el Inder debió solicitar la calificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, aspecto que no realizó generando nulidad absoluta. Sostiene además que el canon 31 de la ley de Aguas n.° 276, dispone que constituye reserva de dominio a favor de la Nación, las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor a doscientos metros de radio. Añade que la actora ha realizado obras en el inmueble con el fin de obtener agua potable de las nacientes que distribuye a los pobladores de la zona, motivo por el cual nunca se debió traspasar a un particular. Aunado a lo anterior, indica que la ley marca un perímetro mínimo para cada una de las nacientes que debieron ser protegidas a favor del Estado, situación no contemplada en el acto de adjudicación del Inder. Reprocha que el informe pericial del Marlon Ledezma García no analizó toda esta  situación fáctica y se limitó a la determinación de la existencia de bosque en el año 1997. El Sinac sostiene que técnicamente un tacotal es un bosque secundario, o bosque en diferentes etapas de recuperación, pues en la imagen satelital obtenida del proyecto Terra, tomada en 1998, es evidente que al menos un 40% del área encerrada en la línea roja, esté cubierta de bosque en diferentes estados de sucesión, con pendientes que no son planas. Reprocha que el peritaje de Marlon Ledezma, no incluye capacidad de uso del suelo para saber si el mismo es de uso agrícola o forestal. Tampoco se observa que a la visita de campo del perito se haya hecho acompañar de algún ingeniero forestal de ACOPAC, para saber cual sería su valoración de la capacidad de uso del suelo. Añade que conforme al oficio ACOPAC-DF-052-16 del 15 de octubre del año 2016, mediante el cual se solicitó aclaración al perito Marlon Ledezma, en la primera parcela levantada se identificaron al menos cinco árboles de diferentes especies que por sus diámetros, pueden estimarse con una edad cercana a los 35 años, lo que significaría que en 1997 ya eran parte de ese bosque en recuperación, tacotal, como se indica en el plano de la finca. Agrega que en la segunda parcela de medición se encuentran cinco árboles con las mismas características señaladas para la primera parcela, lo cual es coincidente con lo que se aprecia en la imagen Terra suministrada en el peritaje. A su vez indica que en el oficio SINAC-ACOPAC-DF-039-18 del primero de agosto del año dos mil dieciocho, se aporta una imagen donde se observa el área de protección de la naciente principal, que es de doce hectáreas y media, lo que abarca casi la totalidad de la parcela 69 y parte de las parcelas colindantes, aspecto que no fue valorado por el Instituto de Desarrollo Agrario a la hora de hacer entrega de la parcela a su actual propietario. Criterio del Tribunal: Compete a este Tribunal, llevar a cabo un análisis de la validez del acto dictado por la Junta Directiva del Ida, en la sesión n.° 78-97, artículo n.° VIII, que autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, con una medida de 11.5946,84 metros cuadrados, al co demandado Gerardo Montero Arroyo, del Asentamiento Los Cuarros, al considerar que reunía las condiciones de los poseedores de la Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización. El Inder, al igual que el co demandado Gerardo Montero Arroyo, han venido a defender la validez y corrección del acto que le generó un derecho a aquél. Si bien no se ha logrado acreditar que el co demandado Gerardo Montero Arroyo desplegara alguna conducta de mala fe, en lo concerniente a la adjudicación de su parcela, lo cierto es que de una análisis del vasto acervo probatorio, al aplicar las reglas de la sana crítica racional, que comprenden los principios de lógica y razonabilidad, el Tribunal tiene algunas dudas de las actuaciones del Ida en ese momento, con relación a la adjudicación de la parcela bajo examen. Como ya fue indicado, el  el 23 de diciembre de 1977, el Instituto de Tierras y Colonización mediante escritura pública n.° 2442, otorgada ante los notarios Públicos Rodrigo Oreamuno y Eduardo Ching Murillo, celebrada a las 16:00 horas del 23 de diciembre de 1977, adquirió mediante traspaso del Estado una serie de fincas que conformaban lo que se conoce como Complejo Coyolar, dentro de la cual se incluye la propiedad conocida como Hacienda Cuarros y Guachipelín en la que se estableció el Asentamiento de Cuarros de Tárcoles y en la que se reservó dos áreas en las que se localiza un pozo y un tanque de captación de agua, lo que demuestra que el tema del recurso hídrico estaba presente en esa área. El Departamento de Estudios Básicos, Sección Topografía, del Ida de ese entonces, elaboró un plano que data de setiembre de 1992, correspondiente al Proyecto Fincas Cuarros y Guachipelín, sita en Coyolar, distrito 2° Tárcoles, del Cantón n.° 11 Garabito, de la Provincia de Puntarenas, en el que en el área que corresponde al lote 69 se indica que se trata de una \"reserva\". Este punto ha sido debatido por el Inder, al señalar que se trata de otro tipo de reserva, no obstante, no ha precisado ni demostrado a que \"otro tipo de reserva se refiere\", lo que más bien suma como un indicio más que el Ida conocía de la situación especial del bien inmueble. Con posterioridad, es levantado un plano en agosto de 1997, que es el 43148-1997, correspondiente a la parcela n.° 69 que indica que se trata de un terreno de \"tacotales\". Este ha sido otro punto que el Inder ha explotado para abonar a su teoría del caso, así como el peritaje del Ingeniero Marlon Ledezma. No obstante, si se analiza esta prueba con el conjunto de elementos probatorios, encamina a la conclusión que en el sitio existía bosque, como se verá más adelante. En el orden cronológico que se sigue, para el año 2000, como se cita en el oficio n.° AL-DRPC-31-2001, suscrito por el Licenciado Jorge Fabricio Fernández Mayorga, basado en los oficios OSRE0-1077-2000 y OS0-575-2001, está determinado que la parcela en cuestión tiene una cobertura foliar o boscosa de aproximadamente 70%, la cual merece protección especial de la Ley Forestal y se incluye automáticamente como Patrimonio Forestal del Estado [...]\n\nFinalmente cabe agregar que está acreditada la existencia de dos nacientes de agua en el terreno en cuestión. Tanto es así que aproximadamente en el año 2001, cuatro años después de la adjudicación de la parcela, la Asociación accionante instaló la infraestructura requerida para captar agua para la comunidad. Los elementos probatorios analizados le permiten concluir al Tribunal que la parcela n.° 69 en cuestión es un bien demanial, dado que pertenecía al Patrimonio Natural del Estado. No existe duda que antes del adjudicación existía bosque, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal. Tanto es así, que además del bosque, existían dos nacientes de agua. Resulta impensable que exista una naciente de agua, que no se encuentre rodeada de bosque. Nótese que los mismos funcionarios del Ida en ese entonces y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones reconocían en los oficios que se han citado, no solo la existencia del bosque sino del Patrimonio Natural del Estado, así como el grave error que había cometido el Ida en titular dicho predio. En otro orden de ideas, el Inder en ese entonces, antes de llevar a cabo la adjudicación del bien inmueble en cuestión, al existir dos nacientes de agua, debió dar parte al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aspecto que suma a la nulidad de la conformación de la voluntad administrativa para el caso concreto. Por otro lado, el inmueble en cuestión constituía una reserva de dominio a favor de la Nación, de acuerdo con lo que disponía el artículo 31 de la Ley de Aguas n.° 276, por lo que nunca debió haber sido traspasada a un particular. Al contrastar el todos estos elementos probatorios que apuntan al grave error que cometió el Ida con conocimiento de causa, con el informe pericial del Ingeniero Marlon Ledezma, para el Tribunal no es un elemento probatorio contundente que permita variar la posición fundada en la prueba revisada que denota la existencia del Patrimonio Forestal del Estado y por ende la demanialidad del bien e discusión. Respecto de esta pericia, le surgen al Tribunal muchas dudas, pues es un estudio limitado, como el mismo peritaje lo indica y que como tal no tiene la virtud de descreditar los elementos probatorios ya citados y analizados, que como se reitera, demuestran que el terreno en cuestión pertenece al demanio público. Las observaciones hechas en la fase de audiencia escrita de este peritaje por parte del Sinac junto con el oficio SINAC-ACOPAC-DF-052-16, develan las falencias, así como el corto alcance en que se basa el peritaje, para resolver el caso en un todo. Entiende el Tribunal, que el marco de acción delimitado por la Jueza Tramitadora al perito Marlon Ledezma, permitió quizás, que el peritaje en cuestión, tomara el rumbo equivocado para definir la parte esencial de esta controversia, lo que la hace una prueba inidónea para definir los aspectos medulares del caso. Como se indica, este peritaje no puede verse de forma aislada junto con el resto de elementos probatorios que obran en los autos, que apuntan hacia la demanialidad del bien en cuestión. Por otro lado, el hecho de que el plano catastrado de la parcela n.° 69 indicara que se trataba de \"tacotales\", tampoco es un elemento que logre desvirtuar la convicción del Tribunal de que el terreno era Patrimonio Forestal del Estado, pues el tacotal, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, como una voz propia de Costa Rica y Nicaragua, constituye un \"matorral espeso\", lo que no puede desvirtuar la existencia de un bosque. En todo caso, como ya se indicó al analizar esta prueba con el resto de elementos probatorios y al llevar a cabo el análisis a la luz de la lógica y la razonabilidad, resulta imposible concluir que el terreno no tenía bosque porque era un simple \"tacotal\". Bajo la línea del análisis probatorio indicado, esta prueba, en vez de abonar a favor de los demandados, en el contexto del acervo probatorio que se ha analizado, refuerza la tesis de que la parcela n.° 69 era un bien demanial, dado que tenía cobertura boscosa. En esa misma línea, la tesis que sostiene el Inder, de que la parcela 69 era una \"reserva de otro tipo\", sin explicar, precisamente en que consistía, tampoco logra desvirtuar la naturaleza del bien inmueble, dado que, como se reitera, en el lugar existía un bosque, tanto es así que había dos nacientes de agua. En todo caso, la demanialidad del bien fue reconocida por las mismas autoridades del Ida y del Minaet. Con base en los elementos probatorios citados, para el Tribunal no existe duda que el acto de adjudicación dictado por la Junta Directiva del Ida, en la sesión n.° 78-97, artículo n.° VIII, que autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, presenta graves patologías, al haber sido adjudicado un terreno que era no solo parte del Patrimonio Natural del Estado, sino que era reserva de dominio de la Nación, conforme al artículo 31 de la Ley de Aguas. Por ende, dicho acto es nulo y así debe ser declarado. El Ida, hoy día Inder, fue omiso en dar cumplimiento a las disposiciones derivadas de la Ley de Aguas y a su vez, existen elementos probatorios suficientes que apuntan a que al momento de dictar dicho acto tenía conocimiento de que el terreno que se iba a adjudicar no era apto para ser otorgado bajo el régimen de la Ley n.° 2825, pues tenía cobertura boscosa y dos nacientes. Planteadas así las cosas, debe ser declarada con lugar la pretensión y por ende decretada la nulidad del acto de adjudicación de la parcela en cuestión. c) Sobre el traslado del dominio del bien inmueble a favor del Minaet: El actor solicita, en su pretensión G, \"G-.Que se le exija a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) el traslado del dominio del inmueble matrícula folio real 331693-000 de la Provincia de Puntarenas al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como patrimonio natural del Estado que dicho fundo constituye.\"  Esta pretensión resulta ser la consecuencia legal, derivada de la declaratoria del Patrimonio Forestal del Estado. No obstante, como se verá en el considerando que sigue, la declaratoria de nulidad debe ser dimensionada.\n\n\nVI.-Sobre las pretensiones. a) Sobre la titularidad de las mejoras y de obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución  de agua potable: Conforme con lo expuesto en el considerando anterior, con el número V, se acoge parcialmente esta pretensión, en la línea de que se  declara que la Asociación Accionante es titular de las obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución  de agua potable, más no el reconocimiento indemnizatorio de las mejoras de modo abstracto. b) Sobre la nulidad del acuerdo del artículo n.° 8 de la sesión 078-1997 del 21 de octubre de 1997 y el traslado del dominio del bien inmueble a favor del Minaet: La declaratoria de nulidad del acuerdo de la Junta Directiva del Inder requiere de un dimensionamiento, dadas las consecuencias jurídicas que produce de forma natural. Con la finalidad de ordenar estos aspectos, se llevará a cabo esa indicación, sin que deba de entenderse como una \"extra petita\", pues es la consecuencia necesaria de toda declaratoria de invalidez y la obligación del Tribunal decretarla, a efectos de orden y evitar cualquier daño o afectación en los derechos subjetivos e intereses legítimos involucrados. De esa forma, al declarar que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo VIII de la Sesión 78-97, del 21 de octubre de 1997, tituló a favor del codemandado Gerardo Montero Arroyo y que corresponde al plano catastrado P-0431481-1997, folio real matrícula 331693-000 del Partido de Puntarenas, constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público este  resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Consecuencia legal de lo anterior, es que el órgano competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Por lo expuesto, la  Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, deberá confeccionar la escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza y realizar las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad descrita en el plano catastrado P-431481-000, bajo el folio real número 331693-000 de la Provincia de Puntarenas, a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado.  Por otro lado, con tal declaratoria, se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso a la co demandado Gerardo Montero Arroyo y poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Deberá el Inder, pagar los daños y perjuicios  ocasionados al Patrimonio Natural del Estado, y derivados de las conductas formales anuladas. Deberán ser expedidos los mandamientos respectivos al Registro Nacional\".\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n \n\nExpediente: 12-005821-1027-CA\n\nActor: Acueductos de Asentamiento de Cuarros de Tárcoles\n\nDemandados: Nombre115345   e Nombre3049\n\nCoadyuvantes activos: El Estado y Sinac\n\n \n\nSentencias n.° 69-2020-V\n\n \n\nTribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Goicoechea, al ser las quince horas del treinta y uno de agosto del dos mil veinte.\n\n \n\nProceso de conocimiento interpuesto por Nombre115346  , mayor, divorciado, agricultor, vecino del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles, cédula de identidad número CED91172, en su condición de Presidente con Facultades de apoderado sin límite de suma de la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles, cédula de persona jurídica CED91173, representada por Luis Miguel Sánchez Solís, abogado CED91174, cédula CED91175, y Marcos Alexander Piedra Rodríguez, abogado CED31974, cédula CED31973, contra: el Instituto de Desarrollo Rural (en adelante Inder), representado por el Licenciado Francisco Villegas Ramírez, carné del Colegio de Abogados 8129; Nombre115345  , mayor, casado, agricultor, cédula de identidad número CED91176, vecino de Alajuela, representado por su abogado director, licenciado Douglas Mauricio Marín Orozco, carné del Colegio de Abogados CED32561; el Estado representado por Randall Salazar Solórzano, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, en su condición de Procurador Adjunto y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante Sinac, representado por Nombre23673  , mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED91177.\n\n \n\n \n\nResultando\n\n \n\n1.- Que el 24 de octubre del 2012, la Asociación accionante presentó demanda ordinaria contra el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), esgrimiendo las siguientes pretensiones: \"A-.Que se tenga con lugar la presente demanda y se le dé curso en todos sus extremos. B-. Que se emita mandato de inscripción de esta demanda al margen del inmueble matrícula de folio real Placa21596 ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble. C-. Que se le solicite y exija a la Administración (INDER) copia certificada del expediente de otorgamiento de la parcela 69 al señor Nombre115345  . D-. Que se declare que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles es titular de las MEJORAS y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución  de agua potable, introducidas en el inmueble matrícula de folio real Placa21597 de la Provincia de Puntarenas, hoy propiedad de Nombre115345  . E-. Que se le ordene al co demandado Nombre115345  o cualquier otro emisario de dicho señor, abstenerse de perturbar a los miembros de la ASADA o sus empleados en el ejercicio de las labores de mantenimiento de obra e infraestructura, así como en la ampliación de las actuales y construcción nuevas, bajo el apercibimento de ley en caso de desobediencia a la autoridad. F-. Que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo de otorgamiento de la parcela 69 del Asentamiento de Cuarros al señor Nombre115345  , emitido por la Junta Directiva del Nombre33206 mediante el artículo número ocho de la sesión cero setenta y ocho-noventa y siete del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete. G-.Que se le exija a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) el traslado del dominio del inmueble matrícula folio real Placa21597 de la Provincia de Puntarenas al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como patrimonio natural del Estado que dicho fundo constituye. H-. Que se condene a los co demandados al pago de ambas costas de este proceso.\" (imagen 399 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). En la audiencia preliminar celebrada el 19 de abril del 2016, las pretensiones fueron ajustadas de la siguiente forma: \"A-Que se declare con lugar la presente demanda. B-Se deja sin efecto porque se trataba de una solicitud de medida cautelar. C-Se deja sin efecto porque se trataba de una solicitud de prueba documental. D-Que se declare que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles es titular o propietaria de las mejoras y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, introducidas en el inmueble matrícula de folio real Placa21597 de la provincia de Puntarenas, hoy propiedad de Nombre115345  , en ejecución de sentencia se concretarán las mejoras y su valor económico, solicitándose una condenatoria en abstracto de conformidad con el artículo 122 del CPCA. E- Se deja sin efecto, ya que la misma no tiene soporte fáctico en ninguno de los hechos de la presente demanda. F-Queda igual a como está establecida en el escrito de demanda que se encuentra visible a folio 191 del expediente judicial. G- Que se condene al Nombre3049 a traspasar y trasladar el dominio del inmueble matrícula de folio real Placa21597 de la provincia de Puntarenas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), como patrimonio natural del Estado que dicho fundo constituye, realizando al efecto el Nombre3049 los trámites administrativos y/o judiciales que corresponda de previo a dicho traslado de dominio. H-Queda igual a como está establecida en el escrito de demanda que se encuentra visible a folio 191 del expediente judicial.\"  (imagen 623 del archivo pdf generado por el escritorio\n\nvirtual).\n\n2.-Que el 13 de noviembre del 2012, mediante la resolución de las 15:24 horas, el juez de la fase de trámite, concedió el traslado de la demanda a Nombre115345   y al Instituto de Desarrollo Rural (INDER). La resolución refiere que el objeto del proceso es el siguiente: \"El objeto de este proceso en síntesis consiste en \"-Nulidad absoluta del acto administrativo de otorgamiento de la Dirección14257      al señor Nombre115345  , emitido por la Junta Directiva del Nombre3049 mediante artículo número ocho de la sesión cero setenta y ocho noventa y siete del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete. -Que se le exija a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural el traslado del dominio del inmueble matrícula de folio real Placa21597 de la Provincia de Puntarenas al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). -Que se condene a los demandados al pago de ambas costas de este proceso.\" (imagen 2 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n3.-Que el 21 de enero del 2013, el Nombre3049 contestó la demanda en forma negativa, e interpuso las defensas de caducidad, falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, falta de legitimación pasiva y falta de derecho (imagen 431 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n4.-Que el 4 de febrero del 2013, el co demandado Nombre115345  , contestó la demanda en forma negativa e interpuso las defensas de caducidad y prescripción y falta de derecho (imagen 442 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n5.-Que el 7 de marzo del 2013, la Asociación actora atendió la resolución de las ocho horas siete minutos del veinticinco de febrero de dos mil trece, en relación con la audiencia de las defensas opuestas (imagen 453 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n6.-Que el 23 de abril del año 2014, mediante la resolución n.° 859-2014, de las 11:50 horas, el juez de trámite resolvió la defensa de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, el por tanto indica lo siguiente: \"...Se declara con lugar la defensa previa de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el representante del INDER, ordenándose la integración del ESTADO representado por la Procuraduría General de la República y del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) en este proceso...\" (imagen 5 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n7.-Que el 9 de octubre de 2014, el Estado contestó la demanda en forma negativa e interpuso las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Presenta como petitoria que sea declarado que el bien es patrimonio natural del Estado  (imagen 477 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n8.-Que el 10 de octubre del 2014, El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), contestó la demanda en forma negativa e interpuso las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de derecho (imagen 498 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n9.-Que el 14 de mayo del 2015, la jueza de la etapa de trámite tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte del Estado y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (imagen 18 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 1\n\n \n\n10.-Que el 19 de abril del 2016, se celebró la audiencia preliminar. Las pretensiones fueron ajustadas conforme se explica en el resultando número uno de la presente sentencia. Las defensas de caducidad y prescripción fueron diferidas para que el Tribunal se pronunciara en el fondo. En dicha audiencia, después de que se realizó el análisis de las pretensiones, se determinó que tanto el Estado como Sinac eran coadyuvantes activos y no demandados. (imagen 626 del archivo pdf generado por el escritorio virtual, así como soporte audiovisual).\n\n \n\n11.-Que el 28 de julio del 2016, la Jueza de Trámite nombró a Nombre115347   como perito ingeniero forestal (imagen 645 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n12.-Que el 21 de setiembre del 2016, el perito ingeniero forestal rindió su pericia (imagen 660 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n13.-Que el 12 de mayo del 2017, fue turnado el expediente a la Sección Quinta (imagen 731 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n14.-Que el 18 de mayo del 2017, fue señalado el juicio oral y público para ser celebrado el 8 de agosto del 2018 (imagen 732 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 15\n\n15.-Que el 8 de agoto del 2018, el mismo día para celebrar el juicio las partes solicitaron que el asunto fuera enviado a conciliación (imagen 775 del archivo pdf generado por el escritorio virtual y soporte audiovisual).\n\n \n\n16.-Que el 9 de octubre del 2018, la jueza conciliadora trasladó el expediente a la Sección Quinta, en virtud de que la conciliación fracasó (imagen 790 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n17.-Que el 26 de octubre del 2018, la Sección Quinta del Tribunal señaló para celebrar el juicio oral y público el día 27 de mayo del 2020 (imagen 796 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n18.-Que el 28 de abril del 2020, el Sinac solicitó la reprogramación del juicio para celebrarse el 27 de mayo del 2020, en virtud de que el 24 de abril del 2020 había sido citado a una audiencia preliminar (escrito que consta en el escritorio virtual en documentos).\n\n \n\n19.-Que el 12 de mayo del 2020, el representante del co demandado Nombre115345   solicitó la reprogramación del juicio dada su condición de salud y el riesgo que representa la pandemia por Covid-19 (imagen 823 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n20-Que el 14 de mayo del 2020, el Tribunal resolvió lo siguiente: \"En atención al Decreto Ejecutivo número 42227-MS emitido el día 16 de marzo de 2020 -mediante el cual, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, por las consecuencias en la salud pública provocadas por el COVID-19-; así como, a los “Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos,correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19)\" y a los “Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19)”, emitidos ambos por el Ministerio de Salud; la Corte Plena en sesión extraordinaria número 26-2020 celebrada el 13 de mayo del 2020 -y comunicada por circular 100-2020- acordó: \"...Prorrogar los efectos del acuerdo de la sesión N° 18-2020 celebrada el 2 de abril del año en curso, artículo Único, a partir del día 16 y hasta el día 31 de mayo del año 2020...\". En ese sentido, cabe recordar que el punto 6° del Artículo Único de la sesión extraordinaria 18-2020 de Corte Plena, establece que \"...Se prorroga la vigencia del acuerdo de sesión N° 12-2020, celebrada el 16 de marzo de 2020, artículo XII, comunicado mediante circular N° 47-2020...\"; que a su vez, dispuso -en lo que interesa- la suspensión\n\nde las audiencias orales tanto por tribunales unipersonales como colegiados, a partir del 17 de marzo y hasta el 3 de abril de 2020, o hasta tanto no existan las condiciones a nivel nacional que minimicen o eliminen la posibilidad de contagio y brinden seguridad a la población usuaria y a las personas trabajadoras del Poder Judicial. En razón de lo expuesto, se resuelve: i) Se suspende la realización de la audiencia de juicio oral y público, señalada para las 08:30 horas del 27 de mayo del 2020, en el edificio del Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, no sólo porque el objeto del proceso no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción previstos en el punto 1 del artículo XII de la sesión de Corte Plena 12-2020, celebrada el 16 de marzo de 2020 -comunicado por circular número 47-2020-; sino también, porque con sustento en los incisos f) y j) del punto 2 del acuerdo adoptado por Corte Plena en sesión extraordinaria número 26-2020 celebrada el 13 de mayo del de 2020, el hecho de \"...Fomentar la realización de las audiencias virtuales y disponer que aquellas que\n\nse requiera hacer presenciales en las diferentes materias...\", no sólo están supeditado a que \"...se adopten las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud...\", sino también, a que se instruya \"...la formulación de los protocolos que sean necesarios para la implementación del presente acuerdo, a fin de proteger la vida y salud de las personas servidoras y usuarias. Dichos protocolos serán conocidos y aprobados por el Consejo Superior...\"; aspecto éste último, que en materia contencioso administrativa, se encuentra en trámite a a la fecha del dictado de esta resolución; ii) En consecuencia, la reprogramación de la audiencia de juicio oral y público, se notificará oportunamente a las partes, atendiendo a la agenda de juicios de esta Sección del Tribunal o a lo que se disponga oportunamente por las autoridades competentes.\"  (imagen 831 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n21.-Que el 2 de junio del 2020, dada la situación que se estaba presentando con la pandemia, propuso a las partes, de manera voluntaria que el asunto mutara a puro derecho en los siguientes términos: \"En atención al Decreto Ejecutivo número 42227-MS emitido el día 16 de marzo de 2020; a los “Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19)”, y al Artículo Único adoptado por la Corte Plena en sesión extraordinaria número 26-2020 celebrada el 13 de mayo del 2020 -y comunicada por circular 100-2020- , se resuelve: i) A efecto de lograr un equilibrio entre los principios fundamentales de justicia pronta y cumplida, acceso oportuno y continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia, y la protección efectiva al derecho a la salud, tanto de las personas usuarias como de los funcionarios judiciales, este Tribunal propone a las partes y/o a otros sujetos que intervienen en el proceso -como terceros con pretensiones propias- , prescindir de la prueba que les fue admitida en fase de trámite y mutar el asunto a puro derecho; ii) En ese sentido, cabe aclarar que con vista en los incisos f) y j) del punto 2 del acuerdo adoptado por Corte Plena en sesión extraordinaria número 26-2020 celebrada el 13 de mayo del de 2020 (comunicado por Circular 100-2020) , el hecho de \"...Fomentar la realización de las audiencias virtuales y disponer que aquellas que se requiera hacer presenciales en las diferentes materias...\", no sólo están supeditado a que \"...se adopten las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud...\", sino también, a que se instruya \"...la formulación de los protocolos que sean necesarios para la implementación del presente acuerdo, a fin de proteger la vida y salud de las personas servidoras y usuarias. Dichos protocolos serán conocidos y aprobados por el Consejo Superior...\"; aspecto éste último, que en materia contencioso administrativa, se encuentra en trámite a la fecha del dictado de esta resolución; iii) De esta manera y dado que la disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos es limitada en el Poder Judicial, y que en aplicación de las medidas sanitarias de distanciamiento social, no es posible albergar en las instalaciones del Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José -al menos por el momento- , un número mayor de personas de las que permite el porcentaje de aforo autorizado por el Ministerio de Salud en las dependencias públicas (20% del total), estimamos que la manera más idónea de atender y resolver los procesos cuyas audiencias no han sido objeto de suspensión, es mutarlos a puro derecho con el consentimiento de las partes o terceros con pretensiones propias; iv) Es menester indicar, que ello no provocaría una violación a la garantía del debido proceso, toda vez que el Tribunal valorará conforme a las reglas de la sana crítica racional, la prueba por excelencia en esta clase de procesos, que consiste en la de carácter documental y, en el supuesto de que las partes o este Tribunal tuvieran alguna duda con el informe pericial rendido -si se hubiera admitido un medio probatorio de esa naturaleza- , deberán indicarse las dudas por escrito, las cuales serán puestas en conocimiento del perito judicial, y cuándo éste rinda su aclaración se comunicará a los distintos sujetos procesales; v) De una revisión pormenorizada de la presente causa, de acuerdo con las minutas, así como la grabación de la audiencia preliminar, existe prueba confesional, testimonial y pericial, la confesión de Nombre115345  , y la declaración de Nombre115348   admitida en la audiencia preliminar al actor y la declaración de la testigo funcionaria Nombre115349   y la prueba pericial del Inder. De ese modo, de acuerdo con la propuesta, las partes prescindirían de la evacuación de dicha prueba en el juicio oral y público. En cuanto a la evacuación oral de la prueba pericial, en principio se utilizaría el documento que ya fue puesto en conocimiento y con este documento se resolvería el asunto. Si existieran dudas o preguntas concretas, que se traían para el día del juicio, deberán indicarse por escrito, las cuales serán puestas en conocimiento de los peritos y cuándo éstas sean rendidas, su aclaración se comunicará a los distintos sujetos procesales. Luego, se daría la oportunidad a las partes para que emitan sus conclusiones. De ese modo, sería esta prueba (declaraciones confesional, testimoniales y declaraciones del perito), de la que voluntariamente tendrían que prescindir las partes proponentes, a efectos de poder mutar a puro derecho el asunto. Como ya se indicó y se reitera, de no estar de acuerdo, tan solo una de las partes proponentes, no sería posible llevar a cabo este cambio y se trasladaría para celebrar el juicio oral y público más adelante, tratando de ubicar una fecha lo antes posible. Todo lo anterior, se hace dada la situación de emergencia nacional que se vive. De igual modo, se hace énfasis que se trata de una mera propuesta del Tribunal, con la finalidad de que las partes la valoren en el marco de su teoría del caso, así como estrategia judicial y en el ejercicio de su derecho de defensas, sin que se interprete como una imposición o presión por parte del Tribunal. De no estar de acuerdo, como se reitera, la fecha de juicio oral y público se tratará de trasladar lo más cerca posible. vi) En consecuencia, se le otorga a las partes y/o a otros sujetos que participen en el proceso -como terceros interesados con pretensiones propias-, el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, a efecto de que manifiesten su anuencia a prescindir de la evacuación de la prueba y mutar el asunto a puro derecho, y dentro del mismo plazo -en caso de tener dudas en cuanto al peritaje, si hubiese sido admitida esa clase de prueba- deberán así indicarlo. En caso de que se conteste de manera positiva la audiencia conferida al efecto, se procederá a notificarles oportunamente la resolución en que se les otorgará el plazo respectivo para que rindan sus conclusiones por escrito, concluido el cual, comenzará a computarse a partir del primer día hábil siguiente, el plazo de quince días hábiles para el dictado de la sentencia previsto en los artículos 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, con relación al inciso 4) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción; vii) Por último, cabe destacar que en el supuesto de que las partes u otros sujetos que participen en el proceso -como terceros con pretensiones propias-, manifestaran su deseo de que la audiencia de juicio se lleve a cabo -en principio- en la hora y fecha señalada, debe tenerse presente, que la misma únicamente se celebrará de manera virtual -ya sea total o parcial- con el consentimiento de todas las partes. Notifíquese de manera urgente a las partes, terceros, coadyuvantes o peritos, en los medios o lugares señalados.-\" (imagen 839 del archivo pdf del escritorio virtual).\n\n \n\n22.-Que el 3 de junio del 2020, el Sinac manifestó su anuencia a mutar el asunto a puro derecho (imagen 843 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n23.-Que el 5 de junio del 2020, el Nombre3049 mostró su conformidad con que el asunto mutara a puro derecho (imagen 852 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n24.-Que el 8 de junio del 2020, la parte accionante solicitó más tiempo a efectos de que la Junta Directiva de la Asociación valorara la propuesta de mutar a puro derecho (imagen 853 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). Ese mismo día, el co demandado Nombre115345   manifestó su anuencia en que el asunto fuera mutado a puro derecho (imagen 854 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). De igual modo, ese día el Estado mostró su anuencia de mutar los asuntos a puro derecho. También, ese día el Tribunal, concedió a la Asociación accionante más plazo para valorar si estaba anuente o no a mutar a puro derecho el asunto (imagen 855 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n25.-Que el 9 de junio del 2020, la Asociación accionante estuvo de acuerdo en mutar el asunto a puro derecho (imagen 857 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n26.-Que el 13 de julio del 2020, según constancia, en relación con los expedientes administrativos, se indica que el expediente administrativo no pudo ser localizado: \"Mediante la presente se hace constar que se realizó una búsqueda exhaustiva, en todas las oficinas y bodegas del despacho, de los expedientes administrativos correspondientes al expediente número 12-005821-1027-CA. Sin embargo, no se pudieron localizar los mismos. A continuación se presenta una captura de pantalla de los documentos que constan en el sistema y que no pudieron ser ubicados.\" (constancia visible en el escritorio virtual en la pestaña de documentos asociados)\n\n \n\n27.-Que el 20 de julio del 2020, fue encontrado el expediente adminstrativo y entregado al Juez ponente (correo que consta en el escritorio virtual en la pestaña de documentos asociados).\n\n \n\n28.-Que el 21 de agosto del 2020, el Tribunal concedió a las partes plazo para emitir sus conclusiones (imagen 881 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n29.-Que el 24 de agosto del 2020, el Nombre3049 rindió sus conclusiones  (imagen 888 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n30.-Que  el  25 de agosto del 2020, la parte accionante emitió sus conclusiones (imagen 894 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\n \n\n31.-Que el 26 de agosto del 2020, el Estado expuso sus conclusiones por escrito (imagen 905 del archivo pdf emanado del escritorio virtual).\n\n \n\n32.-Que Este asunto fue remitido al Juez Ponente de la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo, el 27 de agosto del 2020 (ver consulta por histórico de cambios de ubicación del expediente 17-000702-1028-CA en el Escritorio Virtual).\n\n \n\n33.-En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. En consecuencia, el plazo de dictado de esta sentencia previsto en los artículos 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, con relación al inciso 4) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta Jurisdicción, vence el 18 de setiembre del 2020 (ver histórico de movimientos del Escritorio Virtual).\n\nConsiderando\n\n \n\nI.-Hechos probados útiles para resolver la presente causa: 1) Que el 23 de diciembre de 1977, el Instituto de Tierras y Colonización mediante escritura pública n.° 2442, otorgada ante los notarios Públicos Rodrigo Oreamuno y Eduardo Ching Murillo, celebrada a las 16:00 horas del 23 de diciembre de 1977, adquirió mediante traspaso del Estado una serie de fincas que conformaban lo que se conoce como Complejo Coyolar, dentro de la cual se incluye la propiedad conocida como Hacienda Cuarros y Guachipelín en la que se estableció el Asentamiento de Cuarros de Tárcoles y en la que se reservó dos áreas en las que se localiza un pozo y un tanque de captación de agua (folio 105 del expediente físico, que en su carpeta se lee: \"Nombre115346   c/ Instituto de Desarrollo Rural Recurso de Amparo\", que corresponde a hecho probado a) del voto 2001-6931 de la Sala Constitucional, expediente 00-008859-007-CO). 2) Que de conformidad con el plano de setiembre de 1992, del Departamento de Estudios Básicos, Sección Topografía, del Ida, correspondiente al Proyecto Fincas Cuarros y Guachipelín, sita en Coyolar, Dirección14258 ° , del Cantón n.° 11 Garabito, de la Provincia de Puntarenas, en la parte correspondiente al lote 69 indica que es \"reserva\" (imágenes 389 y  390 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 3) Que en el año 1994 miembros de la Junta de Educación del Asentamiento de Cuarros presentaron reiteradas peticiones ante el Nombre33206 a fin de que se realizara un estudio exhaustivo respecto al área en que se ubicaba el pozo destinado a abastecer el agua a la comunidad (folio 105 del expediente físico, que en su carpeta se lee: \"Nombre115346   c/ Instituto de Desarrollo Rural Recurso de Amparo\", que corresponde a hecho probado b) del voto 2001-6931 de la Sala Constitucional, expediente Placa21598). 4) Que de conformidad con el plano 431481-1997, de agosto de 1997, describe un terreno situado en Bajamar, Dirección14259   , del Cantón 11 de Garabito, de la Provincia de Puntarenas, de 11 hectáreas, 5946,84 metros cuadrados, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, dicho plano indica que el terreno es de tacotales (imagen 385 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 5) Que el 21 de octubre de 1997, mediante el acuerdo de la Junta Directiva del Nombre33206, de la sesión 78-97, artículo n.° VIII, se autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, con una medida de 11.5946,84 metros cuadrados, al co demandado Nombre115345  , del Asentamiento Los Cuarros,  al considerar que reunía las condiciones de poseedores de la Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización (imagen 283 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 6) Que el 26 de junio del 2001, mediante el oficio n.° AL-DRPC-31-2001, suscrito por el Licenciado Jorge Fabricio Fernández Mayorga, en su condición de Asesor Legal del entonces Nombre33206, hoy Nombre3049, indicó lo siguiente: \"NECESIDADES 1. El Asentamiento Los Cuarros tiene serios problemas de agua, dado que si bien  es cierto tienen un sistema de acueducto y tanques de receptación de agua estos son insuficientes y pone a la población en una evidente necesidad principalmente para abastecimiento en la época de verano. 2. La parcela número Sesenta y nueve del Asentamiento cuarros, según informe de Minae OSRE0-1077-2000 y OS0-575-2001, es de un área de 11 Hectáreas. 5946.84 metros 4 decímetros cuadrado .. según Plano catastrado P-431484-97. Además, está determinado en dicho informe que dicha parcela tiene una cobertura foliar o boscosa de aproximadamente 70%, la cual merece protección especial de la Ley Forestal y se incluye automáticamente como Patrimonio Forestal del Estado de Acuerdo a los Criterios Procuradores ya vertidos en esta materia.  3. Que dicha parcela tienen nacimientos de agua y discurre la misma en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población especialmente en donde se encuentra un tanque de captación de Agua y mantiene las cantidades durante todo el año. Tanque este que se encuentra a muy poca distancia de la carretera y no se dificulta la toma de agua. (...) PROBLEMAS (...) 3. Otro aspecto importante a destacar y criticar fuertemente es el hecho de como (Sic...) es posible que tratándose de áreas de reserva con tal porcentaje (70%) de cobertura boscosa y bajo que (Sic...) criterios agrícolas fue entregado dicho inmueble al señor Nombre115345 . 5. Sin embargo lo esbozado en el punto anterior, lo requerido por la Asociación para el Acueducto, no es un área significativa en relación a la totalidad y el Interés Público que reviste, debe gozar a todas luces de nuestro apoyo y de los sectores gubernamentales necesarios a involucrar. Nombre30836, que por ser Patrimonio Forestal un inmueble que casi en su totalidad le está vedada la explotación agrícola como fin social Institucional y como actividad ordinaria a desarrollar.\" (folio 12 del expediente físico, \"Acueducto del Asentamiento c/ Nombre3049 (certificado x el INDER\"). 7) Que el 20 de octubre del 2008, mediante el oficio DAJ-1617-2008, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles Mora, en su informe bajo juramento, en relación con el recurso de amparo bajo el expediente 08-13596-0007-CO, interpuesto por Nombre115346  , contra el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, manifestó lo siguiente: \"De igual forma se deja claro que para el año 2000 se había realizado una determinación del área naciente, pero el Instituto de Desarrollo Agrario a la hora de adjudicar las parcelas, no le informó a los parceleros de la obligación de proteger la naciente y al día de hoy, el sitio del cual forma parte el Acueducto es reserva del IDA, aun cuando los terrenos formaban parte del patrimonio natural del Estado; mismos que al presente no han sido traspasados al Ministerio, en tal sentido gozan de un régimen privado\" (folio 20 del expediente físico que en su carpeta se lee: \"Nombre115346   Dirección14260/       \"). 8) Que el 8 de mayo del 2009, mediante el voto n.° 2009-007536, expediente 08-13596-0007-CO, la Sala Constitucional, en atención a un recurso de amparo interpuesto por la Asociación accionante, en contra del Nombre33206 en ese entonces y el Ministerio de Ambiente y Energía, realizó las siguientes consideraciones: \"III.- SOBRE EL FONDO: De los informes rendidos bajo la fe del juramento así como de la prueba que corre en autos se desprende que sí existe una infracción del artículo 50 en contra de los miembros de la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles. El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones informo que los resultados de las muestras de satélite efectuadas por un geógrafo del Área de Conservación Pacífico Central indican que se ha observado una invasión considerable en el manglar y que por la condición de la parcelas, se han visto limitados a brindar sugerencia al Instituto de Desarrollo Agrario. Por su parte el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario afirma que la parcela a la que hace mención el recurrente, fue adjudicada al señor Nombre115345   y justifica que las tomas de agua del acueducto del Asentamiento fueron obras realizadas con posterioridad a la adjudicación. Agrega que el problema de tala no fue comprobado y que en la parcela diecisiete iniciaron los procedimientos de revocatoria de adjudicación y nulidad de la parcela, toda vez que es esa la parcela que estaría supuestamente afectando el acueducto de la comunidad de Cuarros. Al respecto, debe tenerse presente que el Estado costarricense es el responsable de garantizar la defensa efectiva del medio ambiente, y siendo que el Ministerio de Ambiente, Energía y Tecnología es el órgano rector del Poder Ejecutivo encargado del Sector de Recursos Naturales, la omisión de cumplir con ese deber que se ha puesto en evidencia con los hechos denunciados en este recurso, constituye una violación a lo preceptuado en el numeral 50 de la Constitución Política. IV.- Por otro lado el Ministro en su informe se limita a afirmar que ha brindado sugerencias al Nombre33206 para proteger los recursos naturales, y el Nombre33206 a pesar de tener conocimiento del resguardo que requería el recurso hídrico desde el año dos mil, procede a revocar la adjudicación de la parcela ocho años después.Tales aspectos, en criterio de la Sala y para los efectos del caso concreto, pierden relevancia frente a una realidad que indica que, existe una invasión considerable en el manglar, y a pesar de que tiene la obligación legal, moral y constitucional de vigilar por la protección y preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no lo está haciendo sino que más bien, con su omisión de actuar, está permitiendo que ello suceda y que se siga repitiendo indiscriminadamente en el tiempo. Por lo anterior se tiene como debidamente acreditado que la omisión del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Instituto de Desarrollo Agrario han lesionado los derechos fundamentales invocados por los recurrentes y que, en consecuencia, se ha ocasionado un serio daño ambiental que, como tal, requiere la atención de este Tribunal y la consecuente estimación del recurso. VI.- CONCLUSIÓN. Así las cosas, en mérito de lo dicho, procede la declaratoria con lugar de este recurso, pues, los recurridos con su omisión en actuar, han propiciado un daño ambiental que debe ser tutelado por esta Sala como en efecto se dispone.\"  En el por tanto la Sala declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó lo que de seguido se cita: \"Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Roberto Dobles Mora en calidad de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a Carlos Alberto Bolaños Céspedes en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario o a quienes ocupen los cargos, que en FORMA INMEDIATA tomen las medidas y giren las instrucciones que sean precisas para que se solucione definitivamente el problema que denunciaron los recurrentes, bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Roberto Dobles Mora en calidad de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a Carlos Alberto Bolaños Céspedes en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario o a quienes ocupen los cargos EN FORMA PERSONAL. Comuníquese.\" 9) Que el 13 de mayo del 2009, mediante el oficio DAJ-410-2009, suscrito por los licenciados Jonathan Jiménez Ruiz y Alex Gen Palma, en su condición de Sub director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ida, le indica al Sub director regional de Orotina, al informar lo resuelto por la Sala Constitucional, para que se tomen de manera inmediata las medidas que solucionen el problema denunciado. Al respecto señalan en su oficio: \"En resumen: Que en el distrito de Tárcoles de Garabito se ubica el asentamiento campesino denominado Cuarros, formado hace años a partir de un proyecto de parcelación del Instituto de Desarrollo Agrario. El servicio de agua potable a dicha comunidad lo presta la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles. La fuente de abastecimiento la constituye una naciente principal ubicada en una zona de reserva natural declarada por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que forma parte de la parcela N° 69 del mismo asentamiento y que abarca un área de aproximadamente dos hectáreas. No obstante las anteriores condiciones el Nombre33206 siempre adjudicó la citada parcela, por lo que aparece actualmente inscrita a nombre del señor Nombre115345  . Esta medida tienen una medida de 115.946,84 metros cuadrados, con plano catastrado Placa21594°  inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble matrícula Placa21595° . Los recurrentes manifiestan que reiteradamente han denunciado tanto en el Nombre33206 como en el MINAE que en la reserva se ha producido actos que atentan contra ese recurso natural, tales como tala ilegal de árboles y la invasión de los terrenos donde se ubican las nacientes. Pero esas denuncias no ha sido atendidas, ni por el Nombre33206 ni por el MINAE quienes no ha realizado ninguna investigación, ni gestión alguna para proteger la reserva donde se ubica la fuente de abastecimiento de agua potable. Manifiestan los recurrentes que esa inactividad institucional los perjudica gravemente, dado que mientras en la reserva continúen talando árboles y apropiándose de las áreas de las nacientes, a muy corto plazo no solo no va a existir esa reserva, sino que los habitantes del asentamiento se quedarán sin el preciado líquido. Consideran que el Nombre33206 está obligado a excluir esta área de la reserva de terrenos adjudicados, sin embargo tituló la parcela completa a favor de una persona, quedando la reserva a cualquier acción destructiva del hombre. Agregan que el MINAE es el ente responsable de velar por la protección de las reservas naturales, sin embargo, pese a los requerimientos para que los funcionarios se apersonen, demarquen y protejan el área natural, no lo han hecho. Solicitan se declare con lugar el recurso, y se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario y al Ministerio de Ambiente y Energía realizar una investigación sobre los hechos denunciados y tomar las medidas necesarias con el fin de demarcar y proteger la reserva que provee de agua potable a la comunidad de los Cuarros (...) Asi mismo, le solicito respetuosamente un informe de la ejecución de las medidas tomadas de manera urgente, a más tardar el viernes 15 de mayo del 2009, para comunicarle a la Sala Constitucional, lo anterior porque quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir se le impondrá prisión de tres meses a dos años...\" (imagen 238 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 10) Que el 7 de julio del 2010, mediante el oficio OSO-743-2010, el Jefe de la Oficina Sub Regional de Orotina, le indicó al Jefe de la Oficina Subregional Esparza-Orotina ACOPAC, lo siguiente: \"En atención a su oficio ACOPAC-OSRE0-634-10, en relación con los oficios UT-DRPC-017-2010, ACOPAC-OSRE0-485-2010, me permito indicarle que el funcionario Randall Carranza Rodríguez, mediante oficio UT-DRPC-021-2010 de fecha 18 de mayo del 2010, solicita al Ing. Jimmy Garita Hernández, Jefe del Área de Topografía, que habiéndose determinado la legislación a aplicar por parte de su dependencia (ACOPAC), se proceda con los cálculos y la demarcación de las áreas de recarga acuífera, en la parcela 69. En razón a la indicada solicitud, el Ing. Jimmy Garita Hernández, procede a rendir la respectiva respuesta mediante oficio AT-342-2010, de fecha 20 de mayo del 2010, en la cual indica que el topógrafo Francisco Murillo, identifico dos nacientes, determinando que si se aplica el radio de protección indicado por el MINET, quien es el competente para dicha determinación, se verían afectadas las parcelas números 8, 9, 10, 17 y la 69, de las cuales las numeradas como 8, 9, 10 y 17, no son propiedad IDA, ni se encuentran sometidas a la Ley número 2825, de Tierras y Colonización y en el caso de la parcela 69 se determina que la misma queda afectada en un aproximado del 82 %. Se recomienda en el indicado oficio en relación con la determinación de la existencia de dos nacientes de agua, que las mismas sean ratificadas por la autoridad competente, MINAET. Así mismo, se recomienda que en los demás casos, correspondientes a las propiedades numeradas como 8, 9, 10 y 17, por no ser ya propiedades, bajo la tutela de este Instituto, habiendo pasado a dominio privado, al encontrarse vencidas sus limitaciones, se localice a sus propietarios para que los mismos sean informados de dicha afectación y del respeto que deben hacer a la respectiva Ley de Aguas y Ley Forestal y que la parcela 69 se mantenga en las mismas condiciones de conservación como una sola unidad. Siendo que este Instituto al amparo de la colaboración interinstitucional y en cumplimiento del mandato de la Sala Constitucional, correspondiente al Voto número 7539-2009, ha realizado gestiones a través, del Area de Topografía y por cuanto es su dependencia, la que por Ley le corresponde la determinacion del perímetro correspondiente a las zonas de protección de las nacientes de agua, hago de su conocimiento el indicado Oficio AT-342-2010, de fecha 20 de mayo del 2010 y copia del respectivo levantamiento topográfico hecho por el topógrafo Francisco Murillo Vargas, para su valoración y posterior pronunciamiento\"  (imagen 161 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 11) Que el 1 de setiembre del 2010, La Asociación demandante suscribió con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado un convenio de delegación y Administración del Acueducto del Asentamiento Cuarros de Tárcoles. En la cláusula A dispone lo siguiente: \"Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector intervenir en todos los asuntos relativos a la administración, conservación y explotación racional de las aguas necesarias para las poblaciones; control de su contaminación o alteración, definición de las medidas y acciones necesarias para la protección de las cuencas hidrográficas y la estabilidad ecológica. Asimismo velar porque todos los sistemas públicos o privados y sus instalaciones de acueductos o alcantarillados sanitarios cumplan los principios básicos del servicio público, tanto en calidad como en cantidad. Los costos que ello implique deberán ser sufragados por las entidades bajo cuya administración se encuentra el sistema (...) C: (...) SEGUNDO: Constituyen deberes y obligaciones de la Asociación, tal y como lo dispone el artículo 21 del Reglamento de Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado los siguientes: (...) c. Velar y participar activamente con la comunidad en la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así como en la preservación y conservación del recurso hídrico\" (folio 36 del expediente físico que en su portada indica: \"Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5\"). 12) Que el 16 de diciembre del 2010, mediante el oficio AT-1643-2010, dirigido al Ingeniero José Miguel Zeledón Calderón, suscrito por el Ingeniero Fernando Watson y el licenciado Álvaro Porras, se indica lo siguiente: \"En atención a resolución 2010019385, expediente 08-13596-0007-CO de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA me permito indicar lo siguiente. Realizada la inspección en fecha 16 de diciembre del 2010, al sitio denominado Asentamiento de Cuarros distrito Tárcoles, cantón de Garabito, provincia de Puntarenas, se observó la existencia de dos puntos de aprovechamiento por parte de la ASADA de Cuarros de Tárcoles, las cuales cuentan con obras de captación de agua. Toma 1: Aprovechamiento realizado por medio de presa sin quebrada sin nombre con coordenadas de latitud 205004, longitud 465930 lambert norte. Toma 2: Aprovechamiento realizado por medio de tanque de captación de aguas de Naciente sin nombre con coordenadas latitud 205073 longitud 465914 lambert norte. Revisado el registro nacional de concesiones se indica que la ASADA de CUARROS no ha inscrito dichos aprovechamientos ante esta Dirección. A estas tomas se debe aplicar lo indicado en la Ley de Aguas en su artículo 31 el cual transcribo a continuación: Artículo 31.- Se declara como reserva de dominio a favor de la Nación, a) las aguas que circunden en los sitios de Captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio.\" (imagen 105 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 13) Que el 31 de enero del 2011, mediante oficio OSO-021-2011, dirigido a Jimmy Garita Hernández, del Área de Topografía del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Inder, suscrito por Leonel Alpízar Solórzano, Jefe de la Oficina Sub Regional Orotina indicó: \"...Visto el informe AT-16432010 del 16 de diciembre del 2010, presentado por el Ing. Fernando Watson M, de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en el cual indica que después de realizada la visita en el Asentamiento Cuarros, específicamente a la Parcela N° 69 de dicho Asentamiento, se puede determinar la existencia de dos puntos de aprovechamiento por parte de la ASADA de Cuarros de Tárcoles, las cuales se encuentran con obras de infraestructura. Visto lo indicado por el Ing. Watson M, es procedente realizar en dicha zona un nuevo replanteamiento topográfico, puesto que el replanteamiento realizado por parte del Top. Francisco Murillo Vargas, indicaba la existencia de tres fuentes de captación. Por lo que de la forma más atenta y con el fin de atender a la mayor brevedad a lo indicado por parte de la Sala Cuarta en el voto número 2009-007536, para ese particular le solicito su valiosa colaboración, con el fin de que nos facilite un equipo de topografía para realizar las labores de la nueva demarcación del área a proteger.\" (folio 305 del expediente físico titulado: \"Prueba N° 1 Expediente administrativo de la Dirección Región Pacífico Central, Oficina Sub-Regional Orotina, Instituto de Desarrollo Rural). 14) Que el 16 de julio del 2012, según certificación emitida por José Miguel Zeledón, en su condición de Director de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se indica lo siguiente: \"QUE: bajo el expediente de Acueductos Rurales 805-R a nombre de ASADA Asentamientos Guarros, Tárcoles, se encuentra inscritas dos nacientes en la Dirección14261  ,  ,  , de la Naciente 1 utiliza un caudal de 0.230 litros por segundo, y de la Naciente 2 un caudal de 0.360 litros por segundo. Es todo. Se extiende en San José, el dieciséis de julio del dos mil doce. A solicitud de Nombre115350  . JOSE MIGUEL ZELEDON CALDERON.U.L\" (imagen 382 del archivo pdf generado por el escritorio virtual). 15) Que el 25 de agosto del 2012, mediante el oficio OSO/RAA-087-2012, dirigido a Leonel Alpízar Solórzano, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Orotina Pacífico Central, suscrita por el Técnico Roy Alfaro Arnáez, en una inspección que realizó en la parcela n.° 69 propiedad del co demanado Nombre115345 , manifiesta que: \"Al momento de la Inspección se localizó al señor Nombre115345  , y, cédula CED91178; Él se identifica y dice ser hermano del asinganatario (Nombre5999...). Se procedió a hacer un recorrido por la parcela. Durante dicho recorrido el señor manifiesta que actualmente tienen cerca de 17 colmenas pero que ha llegado a tener 30 y que esta le producen alrededor de 20 kg por colmena, cuando inició con la actividad de la parcela en 1997, año en que fue adjudicada, tenía colmenas en varios sectores de la parcela, pero que a los cuatro años que le dieron la parcela autorizaron a los de la ASADA a que instalaran el tanque para que captaran el agua y que este motivo tuvieron que  trasladar muchas colmenas.\" (lo destacado con negrilla y subrayado no es de su original, folio 591 y 592 del expediente físico de la carpeta Prueba N°1 titulada \"Expediente administrativo de la Dirección Región Pacífico Central, Oficina Sub-Regional Orotina, Instituto de Desarrollo Rural, Tomo I). 16) Que de conformidad con informe registral del 22 de octubre del 2012, la finca bajo la matrícula de folio real Placa21597, situada en el distrito 2 Tárcoles, del Dirección14262   , de la Provincia de Puntarenas, pertenece al co demandado Nombre115345  . Mide: 115.946,84, limita al norte con Dirección336 , al sur con las Dirección14263   ,      y al oeste con Dirección14264    . Plano: P-431481-1997, Cuenta con las siguientes afectaciones: Reserva de Ley de Aguas y de Caminos Públicos, inicia el 31 de octubre de 1997. A su vez las limitaciones del Nombre33206 de la Ley 2825, artículo 67  (imagen 387 del archivo pdf generado por el escritorio virtual).\n\nII.-Hechos no probados: UNICO. Que el codemandado Nombre115345   haya actuado de mala fe al momento de solicitar la titulación del inmueble objeto de este proceso y en su posterior titulación (no hay prueba que lo demuestre).\n\nIII.-Argumentos de las partes: la Asociación accionante sostiene que la parcela del Asentamiento los Cuarros de Tárcoles, le fue adjudicada al co demandado Nombre115345  de forma irregular por el Ida, hoy, Nombre3049, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Forestal n.° 7575. Lo anterior en virtud de que según sostiene, la parcela en cuestión era patrimonio forestal del Estado. Sostiene que de acuerdo con el plano general del asentamiento en cuestión, la parcela descrita constituía una zona de Reserva caracterizada por ser bosque, con tres nacientes de agua para consumo humano, que abastecen las necesidades de los pobladores de dicho lugar. Señala que existe una declaratoria de fuentes, del Departamento de Aguas del Minaet, por lo que el co demandado aludido, no ha podido hacer modificaciones sobre el fundo. Destaca que el inmueble en cuestión, se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y se encuentra con limitaciones de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 2825. Considera además, necesaria la revocatoria del otorgamiento de la parcela en cuestión, dada la tala de árboles, y la contaminación de las aguas por el uso de fungicidas. Afirma que pese a las estipulaciones de los numerales 65 y 66 de la Ley 2825, los funcionarios del IDA, hoy INDER, mantienen la adjudicación sobre la parcela. Según narra, en octubre del año dos mil ocho, se interpuso un recurso de amparo, dada la inactividad de la institución, a efectos de que el Minaet y en ese momento el IDA, hoy INDER, tomaran las medidas, para que fuesen giradas las instrucciones para solucionar el problema denunciado. Sin perjuicio de lo anterior, señalan que las autoridades condenadas, no han instalado los mojones, solamente las balizas para demarcar su instalación. Explican que en la definición de la zona por parte del Minaet, quedó afectada la parcela del co demandado Nombre115345 . Apuntan incluso, que dicho co accionado ha manifestado su anuencia para cambiar de parcela. Añade que mientras el fundo se mantenga en manos particulares, su acceso es muy complicado para realizar labores de mantenimiento para la Asada. Consideran indispensable que sea declarado por el Tribunal, que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles es titular de las mejoras y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, introducidas en el inmueble. Por su parte, el Nombre3049, como co demandado sostiene que es cierto que fue otorgada la parcela al co demandado Nombre115345 , no obstante, manifiesta que no lo es el hecho de que fue traspasada transgrediendo lo dispuesto en el canon 15 de la Ley Forestal. Afirma que el plano al que alude no es catastrado. A su vez, manifiesta que el uso de \"reserva\" en el plano mosaico no es de una reserva de bosque, sino que era una zona reservada de la institución. Afirma que  los puntos de aprovechamiento son dos y no tres y que desconoce si recientemente fue inscrito uno más. La actividad para la que fue adjudicada la parcela es para actividades agropecuarias y es para lo que la utiliza el co demando Nombre115345 . Añade que si bien registralmente aparecen las limitaciones del artículo 67 de la Ley 2825, al día de hoy se encuentran vencidas, motivo por el cual no tiene injerencia para actuar. Manifiesta que la tala de árboles y la contaminación no le constan. En lo que respecta a las tomas de agua, se debe aplicar un perímetro no menor de doscientos metros, según el numeral 31 de la Ley de Aguas. Sostiene que la revocatoria no procede en virtud de que la actividad desarrollada en la parcela es apícola, lo cual se ajusta a los usos a los que tiene derecho el actor. Agrega también que conforme a lo resuelto por la Sala Constitucional, la protección de las nacientes compete al Minaet. Por otro lado, el co accionado Nombre115345  , señala que es propietario de la finca en cuestión, otorgada en su momento a su favor por el Nombre33206, hoy Nombre3049. Subraya que dicha finca se encuentra fuera de las limitaciones impuestas por la institución mencionada. Rechaza que la adjudicación a su favor fuera dada en condiciones violatorias a la Ley Forestal, porque si bien parte de su naturaleza es de árboles maderables la mayor área o superficie es de terreno para la agricultura o tacotal. Afirma que en su propiedad nunca han existido malas prácticas. Manifiesta además que de existir algún interés en su finca, deben ser iniciados los proceso de expropiación. Añade que su propiedad no se encuentra ubicada en ninguna zona de protección. El Estado sostiene que la parcela 69 adjudicada al co demandado Nombre115345   es una zona de reserva, aunque del plano no se desprende que se encuentre caracterizado por bosque, esto viene estipulado el en oficio DRPC-31-2001, del 26 de junio del 2001. Sostiene también que en dicha propiedad se encuentran tres nacientes, de conformidad con el oficio DAJ-410-2009, del 13 de mayo del 2009, de la Dirección Jurídica de Inder. Agrega que los efectos del acto administrativo cesarán a partir del vencimiento de las limitaciones descritas, las mismas se refieren a Reservas de la Ley de Aguas y Ley de Caminos, no obstante la parte actora no individualiza el acto administrativo al que hacen referencia. Rechaza cualquier afirmación en la línea de que las respuestas de la Policía ante las quejas de los vecinos del asentamiento hayan sido \"tímidas\". Menciona además que el área de las nacientes fue delimitada, solamente faltaba la instalación de los mojones. Menciona que la Asociación realizó obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua en el inmueble propiedad del co demandado Nombre115345  .  Finalmente, sostiene que la parcela 69 fue adjudicada al co demandado Nombre115345 . Manifiesta que no es cierto que existan tres nacientes, solamente dos. Rechaza también que las respuestas a los vecinos que han presentado quejas sean tímidas. Sostiene que el área de protección de la naciente fueron delimitadas y que solamente faltaba instalar los mojones. El Sinac sostiene que la parcela fue adjudicada al co demandado Nombre115345   y los vecinos con posterioridad tuvieron acceso a su uso a través de la ASADA. Sostiene que el Ida, actualmente Nombre3049 conocía previamente de la condición del inmueble, en lo que concierne a las nacientes de agua y el bosque, no obstante lo anterior, procedió a adjudicar la parcela. En lo que a las mejoras respecta, considera que fueron realizadas por la Asociación con posterioridad.\n\nIV.-Objeto. Conforme a las manifestaciones de las partes durante el proceso, así como las pretensiones originalmente esgrimidas en el escrito de demanda y que fueron ajustadas en la audiencia preliminar, nos encontramos frente a una controversia que se centra principalmente reclamar al propietario de un fundo, las mejoras incorporadas, siendo esta pretensión declaratoria e indemnizatoria en abstracto, para que sea liquidada en ejecución de sentencia. Por otra parte, dentro de este mismo marco de esta acción, se pretende la anulación del acuerdo que otorgó la parcela en cuestión y que sea ordenado al Nombre3049 realice los trámites administrativos y judiciales, con la finalidad de que traspase y traslade el dominio del fundo, que es propiedad privada, como patrimonio forestal del Estado.\n\nV.-Sobre el caso concreto. El caso que nos ocupa reviste varias particularidades procesales que deben ser mencionadas, a efectos de tener claridad sobre a forma en la que debe resolver el Tribunal. En primer lugar, las pretensiones originales de la demanda fueron ajustadas en la audiencias preliminar. De ese modo, las pretensiones B, C, E  fueron eliminadas, quedando vigentes las pretensiones A, D, F, G, H. Planteadas así las cosas, derivado de esas pretensiones, en relación con los hechos, los temas a tratar se relacionan con las mejoras, la nulidad del acuerdo del Nombre33206, hoy Nombre3049, que otorgó la parcela, así como el traslado del bien para que su tutela esté a cargo del Estado. Por lo expuesto el Tribunal hará referencia en su análisis de fondo a estos aspectos, obviamente, relacionados con los hechos de la demanda y demás aspectos probatorios. Por otro lado, en la audiencia preliminar, dos de los demandados traídos al proceso, con motivo de la defensa de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, cambiaron su situación subjetiva procesal a coadyuvantes activos, en el caso del Estado, con una pretensión, como es la declaratoria de que el bien inmueble en cuestión es Patrimonio Natural del Estado. a) Sobre la titularidad de las mejoras y de obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable: La Asociación accionante, solicita declarar que es titular no sólo de las mejoras y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, introducidas al inmueble folio real 331693 de la Provincia de Puntarenas, propiedad del co demandado Nombre115345  . Por su parte dicho co accionado Nombre115345  defiende se derecho de propiedad privada al sostener que es el propietario del inmueble objeto del proceso, al afirmar que  la actora no puede pasar por alto que la finca le pertenece y que de existir algún interés de su parte, tal como el que se defiende con la presente acción, debe acudir a las leyes para que puedan lograr su expropiación así como el pago del justo precio. Mientras tanto, deberán seguir pidiendo permiso para la entrada y salida del fundo por ser parte de sus derechos como propietario. El Estado ha destacado sobre el particular, en relación con las mejoras reclamadas por parte del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles, que éstas fueron realizadas con posterioridad a la realización de la adjudicación, en virtud de que, para su construcción el co demandado Nombre115345   dio su consentimiento, destacando que esto se desprende no solo del mismo expediente administrativo de la Dirección Región Pacífico Central, Oficina Sub-Regional Orotina del Instituto de Desarrollo Agrario, sino del hecho probado h) del voto n.° 2009-007536, de las 11:16 horas, del 8 de mayo de 2009, emitido por la Sala Constitucional. No obstante sostiene que las obras realizadas por la Asociación se crearon aun cuando en el Registro Nacional de Concesiones de Aguas y Causes no constaba ninguna inscripción de fuentes de agua a su favor, según certificación n.° CE-0184-2014, de 27 de agosto de 2014. En relación con este punto, el Sinac sostiene que  es cierto, que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles realizó obras relativas ·a la extracción, almacenamiento y distribución de agua en el inmueble propiedad del señor Nombre115345  , y que las mismas fueron dadas con el consentimiento de éste en ocasión de que fueron hechas con posterioridad a la adjudicación de la parcela, según oficio n.° 0S0/RAA-087-2012, de 25 de agosto de 2012, suscrito por el Tec. Roy Alfaro Arnáez, Oficina Subregional Orotina, Instituto de Desarrollo Agrario, el cual refiere: \" ... autorizaron a los de la ASADA a que instalaran un tanque para que captaran el agua ... \" De igual forma alega que, según el Convenio de Delegación y Administración del Acueducto del Asentamiento Cuarros de Tárcoles suscrito con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, la realización de las obras constituye una obligación de la Asociación y los costos de las mismas deberán ser sufragados por la entidad bajo cuya administración se encuentra el sistema, sea la propia Asociación. Aun con todo, es relevante destacar que en dicho proceso constructivo, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) hoy INDER, tuvo una participación activa, al punto que facilitó ayuda económica y colaboración técnica. Finalmente, el Nombre3049 en lo que a este punto respecta lo rechazó por ser un aspecto técnico jurídico. Criterio del Tribunal: Para poder comprender lo pretendido por la Asociación en el caso bajo estudio, y, de ese modo, resolver sobre esta petitoria, es necesario, no solo acudir al escrito de la demanda, sino a la contestación de la audiencia de excepciones y contra prueba, así como a la audiencia preliminar, pues fue en dicha etapa procesal, en la que se aclaró que la pretensión D, referente a la declaratoria de las mejoras y obras de infraestructura, era de naturaleza declaratoria, pues quedaría para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las mejoras y su valor económico. Tal y como fue reseñado en el resultando 1 de la presente sentencia, la pretensión D, quedó de la siguiente forma: \"D-Que se declare que la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles es titular o propietaria de las mejoras y obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, introducidas en el inmueble matrícula de folio real Placa21597 de la provincia de Puntarenas, hoy propiedad de Nombre115345  , en ejecución de sentencia se concretarán las mejoras y su valor económico, solicitándose una condenatoria en abstracto de conformidad con el artículo 122 del CPCA.\" . Se trata, entonces, de un reclamo, que pide sea declarado por el Tribunal, el derecho al reconocimiento de éstas y es contra el propietario registral del fundo. De igual modo, para resolver este aspecto puntual pedido, deben comprenderse, no sólo los orígenes históricos y sociales de esta controversia. También se hace necesario tener presente que, conforme fue aclarado en la audiencia preliminar, el reclamo es indemnizatorio, cuyo marco jurídico se encuentra en las regulaciones en el Código Civil, en los cánones 328, 330 y 332. De la prueba que ha sido revisada y que da sustento a los hechos probados, es posible visualizar la existencia de un conflicto de naturaleza social por el agua de una comunidad. De acuerdo con la abundante prueba materializada en la gran cantidad de tomos compilados, para análisis de este Tribunal, la disputa no sólo ha transcurrido en el Ida, hoy Inder, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, sino por la Sala Constitucional. A modo de síntesis, se pude acotar que el origen de la controversia se ubica en el momento en el que el Instituto de Tierras y Colonización en el año 1977, adquirió una serie de fincas, en la que se estableció el Asentamiento de Cuarros de Tárcoles y en la que se reservó dos áreas en las que se localiza un pozo y un tanque de captación de agua. Para el año de 1992, de acuerdo con el plano del Departamento de Estudios Básicos de la Sección de Topografía del Instituto de Desarrollo Agrario en el área correspondiente al lote n.° 69 era de reserva. En el año 1994 miembros de la Junta de Educación del Asentamiento de Cuarros presentaron reiteradas peticiones ante el Nombre33206 a fin de que se realizara un estudio exhaustivo, respecto al área en que se ubicaba el pozo destinado a abastecer el agua a la comunidad. Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, el 21 de octubre de 1997, mediante el acuerdo de la Junta Directiva del Ida, de la sesión 78-97, artículo n.° VIII, se autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, con una medida de 11.5946,84 metros cuadrados, al co demandado Nombre115345  , del Asentamiento Los Cuarros, al considerar que reunía las condiciones de poseedores de la Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización. De ese modo, las fuentes de agua que abastecían a la comunidad quedaron dentro de una propiedad privada. Tal y como se puede desprender del oficio OSO/RAA-087-2012, cuatro años después de que la parcela en cuestión fue adjudicada, la ASADA fue autorizada para que instalaran el tanque de captación de agua. De igual modo, es posible desprender la existencia de obras de infraestructura, relacionadas con la captación de agua, como lo atestigua el oficio OSO-021-2011. Planteadas así las cosas, para el Tribunal no existe duda que en la parcela n.° 69, folio real 331693-000, cuyo propietario es el co demandado Nombre115345 , existen obras de infraestructura, relacionadas con la toma y captación de agua y que pertenecen a la Asociación accionante. Sin perjuicio de lo anterior, si bien es cierto que estas obras existen, no se ha acreditado con precisión y detalle, por parte de la Asociación accionante en que consisten las mejoras que reclaman, no está claro, si son necesarias o útiles, ni cuántas, ni cuales, de una manera puntual. Bajo la acepción jurídica más cercana que concede el canon 332 del Código Civil, las mejoras necesarias, son aquellas, que constituyen los gastos indispensables para la conservación de la cosa y, como útiles, las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. Si bien existe prueba que apunta a la titularidad de las obras de infraestructura, sería especulativo para el Tribunal, realizar el ejercicio de las posibles mejores útiles y necesarias que podrían existir en el sitio de captación del agua. Sobre estos aspectos no existe prueba material que permita visualizarlas de ese modo y resultaría imposible Tribunal declararlas, pues no se tienen elementos probatorios para poder determinar su existencia e indemnización. Es preciso recordar, que la carga probatoria o el \"onus probandi\", corresponde a quien afirma un hecho aportarlo. Resulta imposible llevar a cabo una condenatoria en abstracto sobre supuestas mejoras, de las que no se tiene claridad cuáles son, en qué consisten, etc. Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, sí es posible declarar, conforme la prueba material que ha sido revisada, que da sustento a los hechos probados, que la Asociación del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles accionante, es titular de las obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución de agua potable, pues es un hecho no controvertido y que se desprende de las voluminosas carpetas allegadas a los autos, en las distintas comunicaciones entre las entidades involucradas y la misma Sala Constitucional, así como del convenio que fue suscrito con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la Administración de las tomas de agua. Por tal motivo debe ser acogida parcialmente esta pretensión, únicamente e lo que respecta a la declaratoria de que la Asociación accionante es titular de las obras de extracción, almacenamiento y distribución, mas no las mejoras que reclama. b) Sobre la nulidad del acuerdo tomado en el artículo n.° 8 de la sesión 078-1997 del 21 de octubre de 1997: La parte actora solicita que \"F-. Que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo de otorgamiento de la parcela 69 del Asentamiento de Cuarros al señor Nombre115345  , emitido por la Junta Directiva del Nombre33206 mediante el artículo número ocho de la sesión cero setenta y ocho-noventa y siete del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete.\" Sobre el particular la Asociación accionante sostiene básicamente que la finca del co demandado Nombre115345  encaja en los impedimentos dispuestos por el canon 15 de la Ley Forestal n.° 7575, al considerar que la parcela n.° 69 bajo el folio real 331693-000 de la Provincia de Puntarenas, encaja en la definición del artículo 3 del mismo cuerpo normativo mencionado, que define el concepto jurídico de bosque, en el que encaja el inmueble en cuestión. Por su parte el Nombre3049 rebate lo expuesto por la parte actora, al considerar que el informe pericial de Nombre115347  , n.° 002-2016-MLG, indica que para el año 1997, el inmueble descrito en el plano n.° P-431481-1997 no contenía bosque. Sostiene que la adjudicación de la parcela n.° 69 se hizo conforme a derecho. A la vez argumenta que se han cumplido todos los mandatos de la Sala Constitucional. Reitera que al momento de la adjudicación de la parcela en cuestión, el plano P-431481-1997 describía el terreno como \"tacotales\". Afirma que si la parcela presenta condiciones de bosque lo procedente es aplicar el numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el que las fincas particulares estará sometidas a un plan de ordenamiento ambiental y no bajo la definición de Patrimonio Natural del Estado. Arguye además, que al existir nacientes de agua lo procedente es aplicar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Aguas. El Estado considera que se encuentra acreditado que en el inmueble existen dos nacientes de agua, que eran previas a la adjudicación de la parcela 69, el Nombre3049 debió solicitar la calificación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, aspecto que no realizó generando nulidad absoluta. Sostiene además que el canon 31 de la ley de Aguas n.° 276, dispone que constituye reserva de dominio a favor de la Nación, las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor a doscientos metros de radio. Añade que la actora ha realizado obras en el inmueble con el fin de obtener agua potable de las nacientes que distribuye a los pobladores de la zona, motivo por el cual nunca se debió traspasar a un particular. Aunado a lo anterior, indica que la ley marca un perímetro mínimo para cada una de las nacientes que debieron ser protegidas a favor del Estado, situación no contemplada en el acto de adjudicación del Inder. Reprocha que el informe pericial del Nombre115347   no analizó toda esta  situación fáctica y se limitó a la determinación de la existencia de bosque en el año 1997. El Sinac sostiene que técnicamente un tacotal es un bosque secundario, o bosque en diferentes etapas de recuperación, pues en la imagen satelital obtenida del proyecto Terra, tomada en 1998, es evidente que al menos un 40% del área encerrada en la línea roja, esté cubierta de bosque en diferentes estados de sucesión, con pendientes que no son planas. Reprocha que el peritaje de Nombre115347 , no incluye capacidad de uso del suelo para saber si el mismo es de uso agrícola o forestal. Tampoco se observa que a la visita de campo del perito se haya hecho acompañar de algún ingeniero forestal de ACOPAC, para saber cual sería su valoración de la capacidad de uso del suelo. Añade que conforme al oficio ACOPAC-DF-052-16 del 15 de octubre del año 2016, mediante el cual se solicitó aclaración al perito Nombre115347 , en la primera parcela levantada se identificaron al menos cinco árboles de diferentes especies que por sus diámetros, pueden estimarse con una edad cercana a los 35 años, lo que significaría que en 1997 ya eran parte de ese bosque en recuperación, tacotal, como se indica en el plano de la finca. Agrega que en la segunda parcela de medición se encuentran cinco árboles con las mismas características señaladas para la primera parcela, lo cual es coincidente con lo que se aprecia en la imagen Terra suministrada en el peritaje. A su vez indica que en el oficio SINAC-ACOPAC-DF-039-18 del primero de agosto del año dos mil dieciocho, se aporta una imagen donde se observa el área de protección de la naciente principal, que es de doce hectáreas y media, lo que abarca casi la totalidad de la parcela 69 y parte de las parcelas colindantes, aspecto que no fue valorado por el Instituto de Desarrollo Agrario a la hora de hacer entrega de la parcela a su actual propietario. Criterio del Tribunal: Compete a este Tribunal, llevar a cabo un análisis de la validez del acto dictado por la Junta Directiva del Ida, en la sesión n.° 78-97, artículo n.° VIII, que autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, con una medida de 11.5946,84 metros cuadrados, al co demandado Nombre115345  , del Asentamiento Los Cuarros, al considerar que reunía las condiciones de los poseedores de la Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización. El Inder, al igual que el co demandado Nombre115345  , han venido a defender la validez y corrección del acto que le generó un derecho a aquél. Si bien no se ha logrado acreditar que el co demandado Nombre115345   desplegara alguna conducta de mala fe, en lo concerniente a la adjudicación de su parcela, lo cierto es que de una análisis del vasto acervo probatorio, al aplicar las reglas de la sana crítica racional, que comprenden los principios de lógica y razonabilidad, el Tribunal tiene algunas dudas de las actuaciones del Nombre33206 en ese momento, con relación a la adjudicación de la parcela bajo examen. Como ya fue indicado, el  el 23 de diciembre de 1977, el Instituto de Tierras y Colonización mediante escritura pública n.° 2442, otorgada ante los notarios Públicos Rodrigo Oreamuno y Eduardo Ching Murillo, celebrada a las 16:00 horas del 23 de diciembre de 1977, adquirió mediante traspaso del Estado una serie de fincas que conformaban lo que se conoce como Complejo Coyolar, dentro de la cual se incluye la propiedad conocida como Hacienda Cuarros y Guachipelín en la que se estableció el Asentamiento de Cuarros de Tárcoles y en la que se reservó dos áreas en las que se localiza un pozo y un tanque de captación de agua, lo que demuestra que el tema del recurso hídrico estaba presente en esa área. El Departamento de Estudios Básicos, Sección Topografía, del Nombre33206 de ese entonces, elaboró un plano que data de setiembre de 1992, correspondiente al Proyecto Fincas Cuarros y Guachipelín, sita en Coyolar, Dirección14258 ° , del Dirección14265 .°  , de la Provincia de Puntarenas, en el que en el área que corresponde al lote 69 se indica que se trata de una \"reserva\". Este punto ha sido debatido por el Inder, al señalar que se trata de otro tipo de reserva, no obstante, no ha precisado ni demostrado a que \"otro tipo de reserva se refiere\", lo que más bien suma como un indicio más que el Nombre33206 conocía de la situación especial del bien inmueble. Con posterioridad, es levantado un plano en agosto de 1997, que es el 43148-1997, correspondiente a la parcela n.° 69 que indica que se trata de un terreno de \"tacotales\". Este ha sido otro punto que el Nombre3049 ha explotado para abonar a su teoría del caso, así como el peritaje del Ingeniero Nombre115347 . No obstante, si se analiza esta prueba con el conjunto de elementos probatorios, encamina a la conclusión que en el sitio existía bosque, como se verá más adelante. En el orden cronológico que se sigue, para el año 2000, como se cita en el oficio n.° AL-DRPC-31-2001, suscrito por el Licenciado Jorge Fabricio Fernández Mayorga, basado en los oficios OSRE0-1077-2000 y OS0-575-2001, está determinado que la parcela en cuestión tiene una cobertura foliar o boscosa de aproximadamente 70%, la cual merece protección especial de la Ley Forestal y se incluye automáticamente como Patrimonio Forestal del Estado. En la línea que lleva este análisis, existe otro elemento revelador que es el oficio DAJ-1617-2008, suscrito por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles Mora, correspondiente a su informe bajo juramento, ante la Sala Constitucional, en recurso de amparo bajo el expediente 08-13596-0007-CO, interpuesto por Nombre115346  , contra el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en el que manifestó lo siguiente: \"De igual forma se deja claro que para el año 2000 se había realizado una determinación del área naciente, pero el Instituto de Desarrollo Agrario a la hora de adjudicar las parcelas, no le informó a los parceleros de la obligación de proteger la naciente y al día de hoy, el sitio del cual forma parte el Acueducto es reserva del IDA, aun cuando los terrenos formaban parte del patrimonio natural del Estado; mismos que al presente no han sido traspasados al Ministerio, en tal sentido gozan de un régimen privado.\" (lo destacado no es de su original). A mayor abundamiento, resultan de relevancia las manifestaciones que llevaron a cabo los licenciados Jonathan Jiménez Ruiz y Alex Gen Palma, en su condición de Sub director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ida, al indicarle al Sub director regional de Orotina, el 13 de mayo del 2009, al informar lo resuelto por la Sala Constitucional, lo que se cita de seguido: \"En resumen: Que en el distrito de Tárcoles de Garabito se ubica el asentamiento campesino denominado Cuarros, formado hace años a partir de un proyecto de parcelación del Instituto de Desarrollo Agrario. El servicio de agua potable a dicha comunidad lo presta la Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles. La fuente de abastecimiento la constituye una naciente principal ubicada en una zona de reserva natural declarada por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que forma parte de la parcela N° 69 del mismo asentamiento y que abarca un área de aproximadamente dos hectáreas. No obstante las anteriores condiciones el Nombre33206 siempre adjudicó la citada parcela, por lo que aparece actualmente inscrita a nombre del señor Nombre115345  . Esta medida tienen una medida de 115.946,84 metros cuadrados, con plano catastrado  Placa21594°  inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble matrícula Placa21595° . Los recurrentes manifiestan que reiteradamente han denunciado tanto en el Nombre33206 como en el MINAE que en la reserva se ha producido actos que atentan contra ese recurso natural, tales como tala ilegal de árboles y la invasión de los terrenos donde se ubican las nacientes. Pero esas denuncias no ha sido atendidas, ni por el Nombre33206 ni por el MINAE quienes no ha realizado ninguna investigación, ni gestión alguna para proteger la reserva donde se ubica la fuente de abastecimiento de agua potable. Manifiestan los recurrentes que esa inactividad institucional los perjudica gravemente, dado que mientras en la reserva continúen talando árboles y apropiándose de las áreas de las nacientes, a muy corto plazo no solo no va a existir esa reserva, sino que los habitantes del asentamiento se quedarán sin el preciado líquido. Consideran que el Nombre33206 está obligado a excluir esta área de la reserva de terrenos adjudicados, sin embargo tituló la parcela completa a favor de una persona, quedando la reserva a cualquier acción destructiva del hombre. Agregan que el MINAE es el ente responsable de velar por la protección de las reservas naturales, sin embargo, pese a los requerimientos para que los funcionarios se apersonen, demarquen y protejan el área natural, no lo han hecho. Solicitan se declare con lugar el recurso, y se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario y al Ministerio de Ambiente y Energía realizar una investigación sobre los hechos denunciados y tomar las medidas necesarias con el fin de demarcar y proteger la reserva que provee de agua potable a la comunidad de los Cuarros (...) Asi mismo, le solicito respetuosamente un informe de la ejecución de las medidas tomadas de manera urgente, a más tardar el viernes 15 de mayo del 2009, para comunicarle a la Sala Constitucional, lo anterior porque quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir se le impondrá prisión de tres meses a dos años...\" Finalmente cabe agregar que está acreditada la existencia de dos nacientes de agua en el terreno en cuestión. Tanto es así que aproximadamente en el año 2001, cuatro años después de la adjudicación de la parcela, la Asociación accionante instaló la infraestructura requerida para captar agua para la comunidad. Los elementos probatorios analizados le permiten concluir al Tribunal que la parcela n.° 69 en cuestión es un bien demanial, dado que pertenecía al Patrimonio Natural del Estado. No existe duda que antes del adjudicación existía bosque, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal. Tanto es así, que además del bosque, existían dos nacientes de agua. Resulta impensable que exista una naciente de agua, que no se encuentre rodeada de bosque. Nótese que los mismos funcionarios del Nombre33206 en ese entonces y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones reconocían en los oficios que se han citado, no solo la existencia del bosque sino del Patrimonio Natural del Estado, así como el grave error que había cometido el Nombre33206 en titular dicho predio. En otro orden de ideas, el Nombre3049 en ese entonces, antes de llevar a cabo la adjudicación del bien inmueble en cuestión, al existir dos nacientes de agua, debió dar parte al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aspecto que suma a la nulidad de la conformación de la voluntad administrativa para el caso concreto. Por otro lado, el inmueble en cuestión constituía una reserva de dominio a favor de la Nación, de acuerdo con lo que disponía el artículo 31 de la Ley de Aguas n.° 276, por lo que nunca debió haber sido traspasada a un particular. Al contrastar el todos estos elementos probatorios que apuntan al grave error que cometió el Nombre33206 con conocimiento de causa, con el informe pericial del Ingeniero Nombre115347 , para el Tribunal no es un elemento probatorio contundente que permita variar la posición fundada en la prueba revisada que denota la existencia del Patrimonio Forestal del Estado y por ende la demanialidad del bien e discusión. Respecto de esta pericia, le surgen al Tribunal muchas dudas, pues es un estudio limitado, como el mismo peritaje lo indica y que como tal no tiene la virtud de descreditar los elementos probatorios ya citados y analizados, que como se reitera, demuestran que el terreno en cuestión pertenece al demanio público. Las observaciones hechas en la fase de audiencia escrita de este peritaje por parte del Sinac junto con el oficio SINAC-ACOPAC-DF-052-16, develan las falencias, así como el corto alcance en que se basa el peritaje, para resolver el caso en un todo. Entiende el Tribunal, que el marco de acción delimitado por la Jueza Tramitadora al perito Nombre115347 , permitió quizás, que el peritaje en cuestión, tomara el rumbo equivocado para definir la parte esencial de esta controversia, lo que la hace una prueba inidónea para definir los aspectos medulares del caso. Como se indica, este peritaje no puede verse de forma aislada junto con el resto de elementos probatorios que obran en los autos, que apuntan hacia la demanialidad del bien en cuestión. Por otro lado, el hecho de que el plano catastrado de la parcela n.° 69 indicara que se trataba de \"tacotales\", tampoco es un elemento que logre desvirtuar la convicción del Tribunal de que el terreno era Patrimonio Forestal del Estado, pues el tacotal, de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, como una voz propia de Costa Rica y Nicaragua, constituye un \"matorral espeso\", lo que no puede desvirtuar la existencia de un bosque. En todo caso, como ya se indicó al analizar esta prueba con el resto de elementos probatorios y al llevar a cabo el análisis a la luz de la lógica y la razonabilidad, resulta imposible concluir que el terreno no tenía bosque porque era un simple \"tacotal\". Bajo la línea del análisis probatorio indicado, esta prueba, en vez de abonar a favor de los demandados, en el contexto del acervo probatorio que se ha analizado, refuerza la tesis de que la parcela n.° 69 era un bien demanial, dado que tenía cobertura boscosa. En esa misma línea, la tesis que sostiene el Nombre3049, de que la parcela 69 era una \"reserva de otro tipo\", sin explicar, precisamente en que consistía, tampoco logra desvirtuar la naturaleza del bien inmueble, dado que, como se reitera, en el lugar existía un bosque, tanto es así que había dos nacientes de agua. En todo caso, la demanialidad del bien fue reconocida por las mismas autoridades del Nombre33206 y del Minaet. Con base en los elementos probatorios citados, para el Tribunal no existe duda que el acto de adjudicación dictado por la Junta Directiva del Nombre33206, en la sesión n.° 78-97, artículo n.° VIII, que autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela n.° 69, presenta graves patologías, al haber sido adjudicado un terreno que era no solo parte del Patrimonio Natural del Estado, sino que era reserva de dominio de la Nación, conforme al artículo 31 de la Ley de Aguas. Por ende, dicho acto es nulo y así debe ser declarado. El Nombre33206, hoy día Nombre3049, fue omiso en dar cumplimiento a las disposiciones derivadas de la Ley de Aguas y a su vez, existen elementos probatorios suficientes que apuntan a que al momento de dictar dicho acto tenía conocimiento de que el terreno que se iba a adjudicar no era apto para ser otorgado bajo el régimen de la Ley n.° 2825, pues tenía cobertura boscosa y dos nacientes. Planteadas así las cosas, debe ser declarada con lugar la pretensión y por ende decretada la nulidad del acto de adjudicación de la parcela en cuestión. c) Sobre el traslado del dominio del bien inmueble a favor del Minaet: El actor solicita, en su pretensión G, \"G-.Que se le exija a la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) el traslado del dominio del inmueble matrícula folio real Placa21597 de la Provincia de Puntarenas al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como patrimonio natural del Estado que dicho fundo constituye.\"  Esta pretensión resulta ser la consecuencia legal, derivada de la declaratoria del Patrimonio Forestal del Estado. No obstante, como se verá en el considerando que sigue, la declaratoria de nulidad debe ser dimensionada.\n\nVI.-Sobre las pretensiones. a) Sobre la titularidad de las mejoras y de obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución  de agua potable: Conforme con lo expuesto en el considerando anterior, con el número V, se acoge parcialmente esta pretensión, en la línea de que se  declara que la Asociación Accionante es titular de las obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución  de agua potable, más no el reconocimiento indemnizatorio de las mejoras de modo abstracto. b) Sobre la nulidad del acuerdo del artículo n.° 8 de la sesión 078-1997 del 21 de octubre de 1997 y el traslado del dominio del bien inmueble a favor del Minaet: La declaratoria de nulidad del acuerdo de la Junta Directiva del Nombre3049 requiere de un dimensionamiento, dadas las consecuencias jurídicas que produce de forma natural. Con la finalidad de ordenar estos aspectos, se llevará a cabo esa indicación, sin que deba de entenderse como una \"extra petita\", pues es la consecuencia necesaria de toda declaratoria de invalidez y la obligación del Tribunal decretarla, a efectos de orden y evitar cualquier daño o afectación en los derechos subjetivos e intereses legítimos involucrados. De esa forma, al declarar que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo VIII de la Sesión 78-97, del 21 de octubre de 1997, tituló a favor del codemandado Nombre115345   y que corresponde al plano catastrado Placa21599, folio real matrícula Placa21597 del Partido de Puntarenas, constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público este  resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Consecuencia legal de lo anterior, es que el órgano competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Por lo expuesto, la  Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, deberá confeccionar la escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza y realizar las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad descrita en el plano catastrado P-431481-000, bajo el folio real número 331693-000 de la Provincia de Puntarenas, a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado.  Por otro lado, con tal declaratoria, se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso a la co demandado Nombre115345   y poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Deberá el Inder, pagar los daños y perjuicios  ocasionados al Patrimonio Natural del Estado, y derivados de las conductas formales anuladas. Deberán ser expedidos los mandamientos respectivos al Registro Nacional.\n\nVII.-Sobre las defensas: 1) Defensas interpuestas por Nombre3049: a) La defensa de falta de integración del litis consorcio pasivo necesario, fue declarada con lugar mediante, la resolución n.° 859-2014, de las 11:50 horas, como fue reseñado en el resultando 6 de la presente sentencia. b) defensa de caducidad y prescripción. El Nombre3049 alega esta defensa sustentado en el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo, artículo 66 inciso k) del mismo cuerpo normativo antes dicho, así como el texto del artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con la pretensión anulatoria del acuerdo adoptado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en el artículo VIII de la sesión 078-97, del 21 de octubre de 1997. Criterio del Tribunal: Si bien, aunque en este caso se impugnan actos que adquirieron firmeza antes del año dos mil ocho, fecha en la que entró a regir el Código Procesal Contencioso Administrativo, también lo es, que en aplicación de lo dispuesto en el numeral 14 de la Ley Forestal, la acción para recuperar y tutelar bienes de dominio público que forman parte del PNE –que constituye el objeto de este proceso-, es imprescriptible, por lo que, no está sujeta a los plazos de impugnación de dos meses previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ni al de un año dispuesto en los artículos 39 y 40 del CPCA. Definido el régimen jurídico aplicable y habiéndose acreditado la naturaleza demanial del inmueble objeto, se impone necesariamente el rechazo de la excepción de caducidad interpuesta por el Inder. Debe tenerse presente que, tratándose de recuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles. Ello es así por las características particulares de este tipo de bienes. Así lo establece expresamente el numeral 14 de la Ley Forestal y el artículo 34 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Debe tener presente el Inder, que frente a este tipo de pretensiones anulatorias debe privar el principio de que los actos viciados de nulidad absoluta no pueden convalidarse ni por el tiempo ni por acto jurídico, ni tampoco pueden sanearse, según lo preceptúa el artículo 172 de la LGAP. En el caso concreto es indispensable considerar estos principios: se impugnan conductas relacionadas con la tutela de bienes de dominio público, además, de que a la fecha el inmueble aún se encuentra inscrito a nombre de un particular, pese a ser Patrimonio Natural del Estado y su naturaleza demanial. Por lo expuesto, y en virtud de que las pretensiones de la parte actora se destinan a requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de dominio público –que son imprescriptibles-, siendo además que este Tribunal constató tal patología y declaró nulidad absoluta de las conductas formales impugnadas, debe rechazarse la defensa de caducidad alegada. c) falta de legitimación pasiva: Sostiene que para el día de hoy las limitaciones del artículo 67 de la Ley n.° 2825 se encuentran vencidas, por lo que transcurrieron los plazos legales para que el Nombre3049 pueda intervenir de forma administrativa, para anular la adjudicación  de la Dirección14266     . El dominio le pertenece al señor Nombre115345  . Por su parte la parte actora manifiesta que el inmueble en cuestión se encontraba afectado por los alcances de la Ley n.° 2825, en su artículo 67. Añade que es el Nombre3049 en las actuaciones de la Subdirección Regional de Orotina, y su Junta Directiva, la responsable directa desde un inicio, de la problemática ocasionada y acumulada desde 1998 en que de modo violatorio del ordenamiento jurídico, adjudicó a un particular un fundo boscoso en la zona de protección del Río Guarros y que durante los últimos 15 años ha venido violentando la normativa vigente cuando un adjudicatario (el señor Nombre115345 ) nunca logró explotar agrícolamente, y de ninguna otra forma, la tierra adjudicada, contraviniendo el numeral 67 de la ley 2825 y 66 de la Ley 9036 de transformación del Nombre33206 en Nombre3049 en franco y abierto incumplimiento de .sus deberes. Criterio del Tribunal: Esta defensa debe ser rechazada, en virtud de que la Asociación accionante cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso a la luz del artículo 10  del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por otra parte, la acción se dirige correctamente contra el  Inder, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal,  como autor de conductas formales impugnadas y anuladas en este fallo. De ese modo se constituye la relación jurídico material procesal, en la que la Asociación accionante cuenta con la suficiente legitimación para accionar contra el Inder. d) defensa de falta de derecho: Debe ser rechazada. 2) Defensas interpuestas por Nombre115345   : a) Defensas de caducidad y prescripción: Sostiene que han transcurrido sobradamente los plazos para una posible discusión de lo pretendido por la actora. Desde la fecha de la emisión del acto impugnado con esta acción y hasta la interposición de la demanda y su posterior notificación transcurrieron más de diez años, tiempo suficiente para acreditar las defensas interpuestas, por lo cual debe declararse improcedente la demanda. Criterio del Tribunal: Para no reiterar lo indicado con anterioridad, aplican los mismos argumentos y análisis jurídico llevado a cabo en relación con la tutela de bienes de dominio público, en la que no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son imprescriptibles. b) Defensa de falta de derecho: debe ser acogida parcialmente, únicamente en lo que respecta a la pretensión de las mejoras, dirigida únicamente contra el co demandado Nombre115345  . 3) Defensas interpuestas por el Estado el Sinac: Si bien en un inicio el Estado y el Sinac fueron integrados al proceso como partes demandadas, en la audiencia preliminar, su condición procesal cambió de estatus, de modo tal que a partir de ese momento figuran como coadyuvantes activos. Incluso el Estado esgrimió una pretensión, ligada directamente con la Asociación accionante que es la declaratoria de nulidad de la adjudicación, así como la declaratoria de demanialidad del bien en cuestión. Así planteadas las cosas, carece de interés procesal analizar sus defensas.\n\n \n\nVIII.-Sobre las costas. El numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no aprecia este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, respecto del Instituto de Desarrollo Agrario, razón por la cual se le impone el pago de ambas costas. En relación con el demandado Nombre115345  ,  estima este Tribunal que se configura una de las excepciones que fija la norma toda vez que contaba con suficiente motivo para litigar y además su actuación ha sido de buena fe, razón por la cual, se le exime de tal pago.\n\n \n\nPor tanto\n\n \n\n1) Demanda contra el Nombre3049: Se rechazan las defensas de prescripción, falta de legitimación ad causam pasiva y falta de derecho. 2) Demanda contra Nombre115345  : Se rechaza la defensa de caducidad y prescripción, se acoge parcialmente la de falta de derecho, en lo que respecta únicamente a la declaratoria en abstracto de las mejoras. 3) Demanda contra el Estado e Inder: ambas entidades fueron demandadas originalmente, e integradas a  la litis, no obstante, en audiencia preliminar su situación jurídico procesal cambió a la de Coadyuvantes activos, motivo por el cual carece de interés el análisis de las defensas interpuestas, pues no son demandados, incluso el Estado esgrimió una pretensión que es coincidente con lo pedido por la Asociación accionante. 4) En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda, en lo no indicado expresamente téngase como denegado: a) Se declara que la Asociación del Asentamiento de los Cuarros  de Tárcoles accionante, es titular de las obras relativas a la extracción, almacenamiento y distribución  de agua potable. b) Se declara que el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo VIII de la Sesión 78-97, del 21 de octubre de 1997, tituló a favor del codemandado Nombre115345   y que corresponde al plano catastrado Placa21599, folio real matrícula Placa21597, constituye Patrimonio Natural del Estado y un bien de dominio público que  resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo, el órgano competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).  c) Se declara la nulidad  absoluta del acuerdo de la Junta Directiva del Nombre33206 contenido en el artículo VIII de la Sesión No. 078-97, de 21 de octubre de 1997, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de Nombre115345   y descrita en el plano catastrado n.° P-0431481-1997, folio real matrícula Placa21597. d) Se anulan los asientos registrales de inscripción de la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula No. Placa21597 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional.  e) Se ordena a la  Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione la escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza y realizar las gestiones pertinentes para inscribir la propiedad descrita en el plano catastrado Placa21600, folio real Placa21597 de la Provincia de Puntarenas, a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado.  f) Se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso al co demandado Nombre115345   de forma inmediata, una vez que quede firme la presente sentencia y ponga en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). h) Se condena al Nombre33206  al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Se exime de tal pago a la codemandado Nombre115345  . 13) Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Nacional y al Archivo Nacional.\n\n \n\n \n\nNombre32222 \n\n \n\n \n\nNombre113583                                                   Nombre71278  \n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n*GMMUWO43MSHY61*\nGMMUWO43MSHY61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nNombre32222  , JUEZ/A DECISOR/A\nNombre113583   , JUEZ/A DECISOR/A\nNombre71278   , JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:27:21.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección V\n\nResolución Nº 00069 - 2020\n\nDate of Resolution: August 31, 2020 at 3:00 p.m.\n\nCase File: 12-005821-1027-CA\n\nDrafted by: Drafter not indicated\n\nType of matter: Proceso de conocimiento contencioso administrativo\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n**Content of Interest:**\nType of content: Majority vote\nBranch of Law: Derecho Procesal Contencioso Administrativo\nTopic: Proceso contencioso administrativo\nSubtopics:\nNullity of the act issued by INDER that authorized the adjudication, segregation, and transfer to the defendant of a parcel constituting part of the Patrimonio Natural del Estado with the existence of forest and springs (nacientes) of water.\nDefinition according to the Diccionario de la Real Academia Española of the term \"tacotal\" as a term specific to Costa Rica and Nicaragua that constitutes a \"dense thicket (matorral espeso).\"\nRejection of the claim regarding the ownership of improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water claimed by the plaintiff association.\n\nTopic: Instituto de Desarrollo Rural\nSubtopics:\nNullity of the act that authorized the adjudication, segregation, and transfer to the defendant of a parcel constituting part of the Patrimonio Natural del Estado with the existence of forest and springs of water.\n\nTopic: Administrative act\nSubtopics:\nNullity of the provision by INDER authorizing the adjudication, segregation, and transfer to the defendant of a parcel constituting part of the Patrimonio Natural del Estado with the existence of forest and springs of water.\n\nTopic: Public domain property (Bien demanial)\nSubtopics:\nNullity of the act issued by INDER that authorized the adjudication, segregation, and transfer to the defendant of a parcel constituting part of the Patrimonio Natural del Estado with the existence of forest and springs of water.\n\n\"V.-On the specific case. The case before us has several procedural particularities that must be mentioned, for the purpose of having clarity on the manner in which the Tribunal must decide. In the first place, the original claims of the complaint were adjusted in the preliminary hearing. In that way, claims B, C, E were eliminated, leaving claims A, D, F, G, H in effect. With matters thus presented, arising from those claims, in relation to the facts, the issues to be addressed relate to the improvements, the nullity of the agreement of the IDA, now INDER, that granted the parcel, as well as the transfer of the property so that its protection is in charge of the State. Therefore, the Tribunal will refer in its substantive analysis to these aspects, obviously, related to the facts of the complaint and other evidentiary aspects. On the other hand, in the preliminary hearing, two of the defendants brought into the proceeding, by reason of the defense of lack of integration of the necessary passive litis consortium (litis consorcio pasivo necesario), changed their subjective procedural situation to active coadjuvants (coadyuvantes activos), in the case of the State, with a claim, which is the declaration that the real property in question is Patrimonio Natural del Estado. a) On the ownership of improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water: The plaintiff Association requests a declaration that it is the owner not only of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced to the property registered under real folio 331693 of the Province of Puntarenas, owned by the co-defendant Gerardo Montero Arroyo. For his part, said co-defendant Montero Arroyo defends his private property right by maintaining that he is the owner of the property subject to the proceeding, by affirming that the plaintiff cannot overlook the fact that the farm belongs to him and that if there is any interest on his part, such as that which is defended by this action, they must resort to the laws so that they can achieve its expropriation as well as the payment of the just price. In the meantime, they must continue asking permission to enter and exit the land as part of his rights as owner. The State has emphasized on this point, in relation to the improvements claimed by the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles, that these were made after the adjudication was carried out, by virtue of the fact that, for their construction, the co-defendant Gerardo Montero Arroyo gave his consent, noting that this is inferred not only from the administrative file of the Dirección Región Pacífico Central, Oficina Sub-Regional Orotina of the Instituto de Desarrollo Agrario, but also from proven fact h) of ruling (voto) No. 2009-007536, of 11:16 a.m., of May 8, 2009, issued by the Sala Constitucional. However, it maintains that the works carried out by the Association were created even though no registration of water sources in its favor appeared in the Registro Nacional de Concesiones de Aguas y Causes, according to certification No. CE-0184-2014, of August 27, 2014. In relation to this point, SINAC maintains that it is true that the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles carried out works related to the extraction, storage, and distribution of water on the property owned by Mr. Gerardo Montero Arroyo, and that these were carried out with his consent because they were done after the adjudication of the parcel, according to official communication (oficio) No. 0S0/RAA-087-2012, of August 25, 2012, signed by Tec. Roy Alfaro Arnáez, Oficina Subregional Orotina, Instituto de Desarrollo Agrario, which states: \" ... they authorized those from the ASADA to install a tank to capture the water ... \" Likewise, it alleges that, according to the Convenio de Delegación y Administración del Acueducto del Asentamiento Cuarros de Tárcoles signed with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, the carrying out of the works constitutes an obligation of the Association and the costs thereof must be borne by the entity under whose administration the system is found, that is, the Association itself. Even with everything, it is relevant to note that in said construction process, the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), today INDER, had active participation, to the point that it facilitated economic aid and technical collaboration. Finally, INDER, regarding this point, rejected it for being a legal-technical aspect. Criterion of the Tribunal: In order to understand what is sought by the Association in the case under study, and, in that way, to resolve this petition, it is necessary, not only to refer to the complaint, but also to the response to the hearing on exceptions and counter-evidence, as well as to the preliminary hearing, since it was in that procedural stage that it was clarified that claim D, regarding the declaration of improvements and infrastructure works, was of a declaratory nature, as the determination of the improvements and their economic value would be left for the sentence execution phase. As was outlined in result 1 of this judgment, claim D, was left as follows: \"D-That it be declared that the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles is the owner or proprietor of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced to the property registered under real folio number 331693-000 of the province of Puntarenas, today owned by Gerardo Montero Arroyo; in execution of judgment, the improvements and their economic value will be specified, requesting an abstract condemnatory ruling (condenatoria en abstracto) in accordance with article 122 of the CPCA.\" It is, then, a claim that asks the Tribunal to declare the right to recognition of these and it is against the registered owner of the land. Likewise, to resolve this specific point requested, one must understand not only the historical and social origins of this controversy. It is also necessary to keep in mind that, as was clarified in the preliminary hearing, the claim is for compensation, whose legal framework is found in the regulations of the Civil Code, in canons 328, 330, and 332. From the evidence that has been reviewed and that supports the proven facts, it is possible to visualize the existence of a conflict of a social nature over the water of a community. According to the abundant evidence materialized in the large number of compiled volumes, for analysis by this Tribunal, the dispute has taken place not only before the IDA, today INDER, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, but also before the Sala Constitucional. By way of summary, it can be noted that the origin of the controversy is located at the time when the Instituto de Tierras y Colonización in 1977, acquired a series of farms, in which the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles was established and in which two areas were reserved where a well and a water catchment tank are located. By the year 1992, according to the plan of the Departamento de Estudios Básicos, Sección de Topografía of the Instituto de Desarrollo Agrario, the area corresponding to lot No. 69 was a reserve. In 1994, members of the Junta de Educación of the Asentamiento de Cuarros presented repeated petitions before the IDA in order for an exhaustive study to be carried out regarding the area where the well intended to supply water to the community was located. Without prejudice to the above, on October 21, 1997, by agreement of the Junta Directiva of the IDA, from session 78-97, article No. VIII, it was authorized to adjudicate, segregate, and transfer parcel No. 69, with an area of 11,5946.84 square meters, to the co-defendant Gerardo Montero Arroyo, of the Asentamiento Los Cuarros, considering that he met the conditions of possessors under Law No. 2825 Ley de Tierras y Colonización. In that way, the water sources that supplied the community remained within a private property. As can be inferred from official communication OSO/RAA-087-2012, four years after the parcel in question was adjudicated, the ASADA was authorized to install the water catchment tank. Likewise, it is possible to infer the existence of infrastructure works related to water catchment, as attested by official communication OSO-021-2011. With matters thus presented, for the Tribunal there is no doubt that on parcel No. 69, real folio 331693-000, whose owner is the co-defendant Montero Arroyo, there exist infrastructure works related to water intake and catchment and that they belong to the plaintiff Association. Without prejudice to the above, while it is true that these works exist, it has not been accredited with precision and detail by the plaintiff Association what the improvements they claim consist of; it is not clear whether they are necessary or useful, nor how many, nor which ones, in a specific manner. Under the closest legal definition granted by canon 332 of the Civil Code, necessary improvements are those that constitute expenses indispensable for the conservation of the thing and, as useful, those that have increased the market value of the thing. Although there is evidence pointing to the ownership of the infrastructure works, it would be speculative for the Tribunal to carry out the exercise of the possible useful and necessary improvements that could exist at the water catchment site. Regarding these aspects, there is no material evidence that allows them to be visualized in that way and it would be impossible for the Tribunal to declare them, since there are no evidentiary elements to be able to determine their existence and compensation. It is necessary to remember that the burden of proof or the \"onus probandi\" corresponds to the party who affirms a fact to provide it. It is impossible to carry out an abstract condemnatory ruling regarding supposed improvements, of which there is no clarity as to what they are, what they consist of, etc. Without prejudice to what was previously indicated, it is possible to declare, according to the material evidence that has been reviewed, which supports the proven facts, that the plaintiff Asociación del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles is the owner of the works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, as this is an uncontroverted fact and one that is inferred from the voluminous files added to the case file, in the different communications between the involved entities and the Sala Constitucional itself, as well as from the agreement that was signed with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for the Administration of the water intakes. For this reason, this claim must be partially granted, only with respect to the declaration that the plaintiff Association is the owner of the extraction, storage, and distribution works, but not the improvements it claims. b) On the nullity of the agreement taken in article No. 8 of session 078-1997 of October 21, 1997: The plaintiff party requests that \"F- That the absolute nullity of the administrative act granting parcel 69 of the Asentamiento de Cuarros to Mr. Gerardo Montero Arroyo, issued by the Junta Directiva of the IDA by means of article number eight of session zero seventy-eight-ninety-seven of October twenty-first, nineteen ninety-seven, be declared.\" Regarding this point, the plaintiff Association basically maintains that the farm of the co-defendant Montero Arroyo fits within the impediments provided by canon 15 of the Ley Forestal No. 7575, considering that parcel No. 69 under real folio 331693-000 of the Province of Puntarenas fits the definition of article 3 of the same mentioned normative body, which defines the legal concept of forest, under which the property in question falls. For its part, INDER refutes what was stated by the plaintiff party, considering that the expert report (informe pericial) of Marlon Ledezma García, No. 002-2016-MLG, indicates that for the year 1997, the property described in plan No. P-431481-1997 did not contain forest. It maintains that the adjudication of parcel No. 69 was done in accordance with the law. At the same time, it argues that all the mandates of the Sala Constitucional have been complied with. It reiterates that at the time of the adjudication of the parcel in question, plan P-431481-1997 described the land as \"tacotales\". It affirms that if the parcel presents forest conditions, the appropriate course is to apply numeral 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, according to which private farms will be subject to an environmental management plan and not under the definition of Patrimonio Natural del Estado. It also argues that, given the existence of springs of water, the appropriate course is to apply the provisions of article 31 of the Ley de Aguas. The State considers that it is accredited that two springs of water exist on the property, which were prior to the adjudication of parcel 69; that INDER should have requested the classification by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE, an aspect it did not carry out, generating absolute nullity. It further maintains that canon 31 of the Ley de Aguas No. 276 provides that lands surrounding the catchment sites or supply sources of potable water constitute a reserve of dominion (reserva de dominio) in favor of the Nation, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius. It adds that the plaintiff has carried out works on the property in order to obtain potable water from the springs which it distributes to the inhabitants of the area, which is why it should never have been transferred to a private individual. In addition to the above, it indicates that the law sets a minimum perimeter for each of the springs that should have been protected in favor of the State, a situation not contemplated in the adjudication act of INDER. It reproaches that the expert report of Marlon Ledezma García did not analyze this entire factual situation and limited itself to the determination of the existence of forest in the year 1997. SINAC maintains that technically a tacotal is a secondary forest, or forest in different stages of recovery, since in the satellite image obtained from the Terra project, taken in 1998, it is evident that at least 40% of the area enclosed by the red line is covered by forest in different stages of succession, with slopes that are not flat. It reproaches that the expert opinion of Marlon Ledezma does not include land-use capacity (capacidad de uso del suelo) to know if it is for agricultural or forest use. Neither is it observed that the expert's field visit was accompanied by any forest engineer from ACOPAC, to know what their assessment of the land-use capacity would be. It adds that according to official communication ACOPAC-DF-052-16 of October 15, 2016, by which clarification was requested from the expert Marlon Ledezma, in the first parcel surveyed, at least five trees of different species were identified that, due to their diameters, can be estimated to be approximately 35 years old, which would mean that in 1997 they were already part of that recovering forest, tacotal, as indicated in the farm's plan. It adds that in the second measurement parcel, five trees are found with the same characteristics indicated for the first parcel, which is consistent with what is observed in the Terra image provided in the expert opinion. In turn, it indicates that in official communication SINAC-ACOPAC-DF-039-18 of August 1, two thousand eighteen, an image is provided where the protection area of the main spring is observed, which is twelve and a half hectares, which covers almost the entirety of parcel 69 and part of the adjoining parcels, an aspect that was not evaluated by the Instituto de Desarrollo Agrario at the time of transferring the parcel to its current owner. Criterion of the Tribunal: It is incumbent upon this Tribunal to carry out an analysis of the validity of the act issued by the Junta Directiva of the IDA, in session No. 78-97, article No. VIII, which authorized the adjudication, segregation, and transfer of parcel No. 69, with an area of 11,5946.84 square meters, to the co-defendant Gerardo Montero Arroyo, of the Asentamiento Los Cuarros, considering that he met the conditions of the possessors under Law No. 2825 Ley de Tierras y Colonización. INDER, like the co-defendant Gerardo Montero Arroyo, has come to defend the validity and correctness of the act that generated a right for the latter. While it has not been proven that the co-defendant Gerardo Montero Arroyo engaged in any bad faith conduct regarding the adjudication of his parcel, the truth is that from an analysis of the vast evidentiary record, by applying the rules of sound rational criticism (sana crítica racional), which comprise the principles of logic and reasonableness, the Tribunal has some doubts about the actions of the IDA at that time, in relation to the adjudication of the parcel under examination. As was already indicated, on December 23, 1977, the Instituto de Tierras y Colonización, by public deed (escritura pública) No. 2442, granted before Notaries Public Rodrigo Oreamuno and Eduardo Ching Murillo, executed at 4:00 p.m. on December 23, 1977, acquired by transfer from the State a series of farms that made up what is known as Complejo Coyolar, within which is included the property known as Hacienda Cuarros y Guachipelín where the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles was established and in which two areas were reserved where a well and a water catchment tank are located, which demonstrates that the subject of water resources was present in that area. The Departamento de Estudios Básicos, Sección Topografía, of the IDA at that time, prepared a plan dating from September 1992, corresponding to the Proyecto Fincas Cuarros y Guachipelín, located in Coyolar, district 2° Tárcoles, of Canton No. 11 Garabito, of the Province of Puntarenas, in which the area corresponding to lot 69 indicates that it is a \"reserve\". This point has been debated by INDER, by pointing out that it is another type of reserve; however, it has not specified nor demonstrated what \"other type of reserve it refers to\", which rather adds as one more indication that the IDA knew of the special situation of the real property. Subsequently, a plan was drawn up in August 1997, which is plan 43148-1997, corresponding to parcel No. 69, which indicates that it is a land of \"tacotales\". This has been another point that INDER has exploited to support its theory of the case, as well as the expert opinion of Engineer Marlon Ledezma. Nonetheless, if this evidence is analyzed together with the set of evidentiary elements, it leads to the conclusion that forest existed on the site, as will be seen later. In the chronological order followed, by the year 2000, as cited in official communication No. AL-DRPC-31-2001, signed by Licenciado Jorge Fabricio Fernández Mayorga, based on official communications OSRE0-1077-2000 and OS0-575-2001, it is determined that the parcel in question has a foliage cover (cobertura foliar) or forest cover (cobertura boscosa) of approximately 70%, which deserves special protection under the Ley Forestal and is automatically included as Patrimonio Forestal del Estado [...]\n\nFinally, it should be added that the existence of two springs of water on the land in question is accredited. So much so that approximately in the year 2001, four years after the adjudication of the parcel, the plaintiff Association installed the infrastructure required to capture water for the community. The evidentiary elements analyzed allow the Tribunal to conclude that parcel No. 69 in question is a public domain property (bien demanial), given that it belonged to the Patrimonio Natural del Estado. There is no doubt that forest existed before the adjudication, in accordance with the provisions of the Ley Forestal. So much so, that in addition to the forest, two springs of water existed. It is unthinkable that a spring of water would exist without being surrounded by forest. Note that the IDA officials themselves at that time and those of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones recognized in the official communications that have been cited, not only the existence of the forest but also of the Patrimonio Natural del Estado, as well as the serious error that the IDA had committed in titling said property. In another vein, INDER at that time, before carrying out the adjudication of the real property in question, given the existence of two springs of water, should have notified the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, an aspect that adds to the nullity of the formation of the administrative will for the specific case. On the other hand, the property in question constituted a reserve of dominion (reserva de dominio) in favor of the Nation, in accordance with the provisions of article 31 of the Ley de Aguas No. 276, and therefore should never have been transferred to a private individual. When contrasting all these evidentiary elements that point to the serious error that the IDA committed with knowledge of the cause, with the expert report of Engineer Marlon Ledezma, for the Tribunal it is not a convincing evidentiary element that allows varying the position founded on the reviewed evidence that denotes the existence of the Patrimonio Forestal del Estado and therefore the public domain nature (demanialidad) of the property under discussion. Regarding this expert opinion, many doubts arise for the Tribunal, as it is a limited study, as the expert opinion itself indicates, and as such it does not have the virtue of discrediting the evidentiary elements already cited and analyzed, which, as reiterated, demonstrate that the land in question belongs to the public domain (demanio público). The observations made in the written hearing phase of this expert opinion by SINAC together with official communication SINAC-ACOPAC-DF-052-16 reveal the shortcomings, as well as the short scope on which the expert opinion is based, to resolve the case as a whole. The Tribunal understands that the scope of action delimited by the Trial Judge to the expert Marlon Ledezma, perhaps allowed the expert opinion in question to take the wrong direction to define the essential part of this controversy, which makes it unsuitable evidence to define the core aspects of the case. As indicated, this expert opinion cannot be seen in isolation alongside the rest of the evidentiary elements in the case file, which point towards the public domain nature (demanialidad) of the property in question. On the other hand, the fact that the cadastral plan of parcel No. 69 indicated that it was \"tacotales\", is also not an element that manages to undermine the Tribunal's conviction that the land was Patrimonio Forestal del Estado, since the tacotal, according to the definition of the Diccionario de la Real Academia Española, as a term specific to Costa Rica and Nicaragua, constitutes a \"dense thicket (matorral espeso)\", which cannot undermine the existence of a forest. In any case, as already indicated, when analyzing this evidence with the rest of the evidentiary elements and when carrying out the analysis in light of logic and reasonableness, it is impossible to conclude that the land did not have forest because it was a simple \"tacotal\". Under the line of the indicated evidentiary analysis, this evidence, instead of supporting the defendants, in the context of the evidentiary record that has been analyzed, reinforces the thesis that parcel No. 69 was a public domain property (bien demanial), given that it had forest cover (cobertura boscosa). In that same line, the thesis maintained by INDER, that parcel 69 was a \"reserve of another type\", without explaining precisely what it consisted of, also fails to undermine the nature of the real property, given that, as reiterated, a forest existed in the place, so much so that there were two springs of water. In any case, the public domain nature (demanialidad) of the property was recognized by the very authorities of the IDA and MINAET. Based on the evidentiary elements cited, for the Tribunal there is no doubt that the adjudication act issued by the Junta Directiva of the IDA, in session No. 78-97, article No. VIII, which authorized the adjudication, segregation, and transfer of parcel No. 69, presents serious pathologies, having adjudicated land that was not only part of the Patrimonio Natural del Estado, but was a reserve of dominion (reserva de dominio) of the Nation, in accordance with article 31 of the Ley de Aguas. Therefore, said act is null and must be so declared. The IDA, nowadays INDER, was negligent in complying with the provisions derived from the Ley de Aguas and at the same time, there are sufficient evidentiary elements that point to the fact that at the time of issuing said act, it had knowledge that the land to be adjudicated was not suitable for being granted under the regime of Law No. 2825, as it had forest cover (cobertura boscosa) and two springs. With matters thus presented, the claim must be granted and therefore the nullity of the adjudication act of the parcel in question decreed. c) On the transfer of ownership of the real property in favor of MINAET: The plaintiff requests, in its claim G, \"G- That the Junta Directiva of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) be ordered to transfer the ownership of the property registered under real folio number 331693-000 of the Province of Puntarenas to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) as the patrimonio natural del Estado that said land constitutes.\" This claim turns out to be the legal consequence derived from the declaration as Patrimonio Forestal del Estado. However, as will be seen in the following considerando, the declaration of nullity must be dimensioned.\n\nVI.-On the claims. a) On the ownership of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water: Pursuant to what was set forth in the preceding considerando, numbered V, this claim is partially granted, along the lines of declaring that the Plaintiff Association is the owner of the works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, but not the abstract compensatory recognition of the improvements. b) On the nullity of the agreement of article No. 8 of session 078-1997 of October 21, 1997, and the transfer of ownership of the real property in favor of MINAET: The declaration of nullity of the agreement of the Junta Directiva of INDER requires dimensioning, given the legal consequences it naturally produces. For the purpose of ordering these aspects, this indication will be made, without it being understood as an \"extra petita\", since it is the necessary consequence of any declaration of invalidity and the Tribunal's obligation to decree it, for the sake of order and to avoid any harm or affectation to the subjective rights and legitimate interests involved. In this way, by declaring that the real property that the Junta Directiva of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article VIII of Session 78-97, of October 21, 1997, titled in favor of the co-defendant Gerardo Montero Arroyo and which corresponds to cadastral plan P-0431481-1997, real folio registration number 331693-000 of the Partido de Puntarenas, constitutes Patrimonio Natural del Estado and a public domain property, this is unseizable (inembargable), imprescriptible (imprescriptible), inalienable (inalienable) and is outside the commerce of men. The legal consequence of the foregoing is that the competent body to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Therefore, the Procuraduría General de la República, through the Notaría del Estado, must prepare the transfer deed, with its respective change of nature, and carry out the pertinent steps to register the property described in cadastral plan P-431481-000, under real folio number 331693-000 of the Province of Puntarenas, in the name of the State in the Registro Público de la Propiedad Inmueble. Likewise, MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the real property as Patrimonio Natural del Estado.\n\nFurthermore, by means of said declaration, the co-defendant Gerardo Montero Arroyo is ordered to be evicted from the property subject to this proceeding and the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) is to be placed in possession of that estate. INDER must pay the damages caused to the State's Natural Heritage, derived from the annulled formal acts. The respective writs must be issued to the National Registry.\"\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nText of the ruling\n\n \n\nCase File: 12-005821-1027-CA\n\nPlaintiff: Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles\n\nDefendants: Nombre115345 and Nombre3049\n\nActive Co-adjuvants: The State and SINAC\n\n \n\nJudgments No. 69-2020-V\n\n \n\nContentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal. Goicoechea, at three o'clock in the afternoon on the thirty-first of August, two thousand twenty.\n\n \n\nOrdinary proceeding filed by Nombre115346 , of legal age, divorced, farmer, resident of the Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles, identity card number CED91172, in his capacity as President with Powers of unlimited attorney-in-fact of the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles, legal entity identification number CED91173, represented by Luis Miguel Sánchez Solís, attorney CED91174, ID CED91175, and Marcos Alexander Piedra Rodríguez, attorney CED31974, ID CED31973, against: the Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter INDER), represented by Attorney Francisco Villegas Ramírez, Bar Association membership number 8129; Nombre115345 , of legal age, married, farmer, identity card number CED91176, resident of Alajuela, represented by his directing attorney, Douglas Mauricio Marín Orozco, Bar Association membership number CED32561; the State represented by Randall Salazar Solórzano, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, in his capacity as Deputy Procurator; and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC, represented by Nombre23673 , of legal age, single, attorney, resident of San José, identity card number CED91177.\n\n \n\n \n\nWhereas\n\n \n\n1.- That on October 24, 2012, the plaintiff Association filed an ordinary lawsuit against the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), setting forth the following claims: \"A- That this lawsuit be granted and proceeded upon in all its aspects. B- That an order be issued to register this lawsuit as a marginal note on the property registered under folio real number Placa21596 with the Public Registry of Real Property. C- That the Administration (INDER) be requested and required to provide a certified copy of the administrative file for the granting of parcel 69 to Mr. Nombre115345 . D- That it be declared that the Asociación del Acueducto del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles is the owner of the IMPROVEMENTS and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced on the property registered under folio real number Placa21597 of the Province of Puntarenas, currently owned by Nombre115345 . E- That the co-defendant Nombre115345 or any other emissary of said individual be ordered to refrain from disturbing the members of the ASADA or its employees in the performance of works and infrastructure maintenance, as well as in the expansion of current works and construction of new ones, under the legal warning in case of disobedience to authority. F- That the absolute nullity of the administrative act granting parcel 69 of the Asentamiento de Cuarros to Mr. Nombre115345 , issued by the Board of Directors of the Nombre33206 through article number eight of session zero seventy-eight-ninety-seven of the twenty-first of October, nineteen ninety-seven, be declared. G- That the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) be required to transfer the ownership of the property registered under folio real number Placa21597 of the Province of Puntarenas to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) as State natural heritage that said estate constitutes. H- That the co-defendants be ordered to pay both sets of costs of this proceeding.\" (image 399 of the pdf file generated by the virtual desktop). At the preliminary hearing held on April 19, 2016, the claims were adjusted as follows: \"A- That this lawsuit be granted. B- This is rendered without effect because it was a request for a precautionary measure. C- This is rendered without effect because it was a request for documentary evidence. D- That it be declared that the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles is the titleholder or owner of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced on the property registered under folio real number Placa21597 of the province of Puntarenas, currently owned by Nombre115345 ; in enforcement of the judgment, the improvements and their economic value shall be specified, requesting an abstract award in accordance with article 122 of the CPCA. E- This is rendered without effect, as it has no factual support in any of the facts of this lawsuit. F- Remains the same as established in the lawsuit document that is visible on folio 191 of the judicial file. G- That Nombre3049 be ordered to convey and transfer the ownership of the property registered under folio real number Placa21597 of the province of Puntarenas to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as State natural heritage that said estate constitutes, with Nombre3049 carrying out for this purpose the administrative and/or judicial procedures corresponding prior to said transfer of ownership. H- Remains the same as established in the lawsuit document that is visible on folio 191 of the judicial file.\" (image 623 of the pdf file generated by the virtual\n\ndesktop).\n\n2.- That on November 13, 2012, through the ruling issued at 3:24 p.m., the judge of the procedural phase granted transfer of the lawsuit to Nombre115345 and to the Instituto de Desarrollo Rural (INDER). The ruling states that the subject matter of the proceeding is as follows: \"The subject matter of this proceeding, in summary, consists of '-Absolute nullity of the administrative act granting Dirección14257 to Mr. Nombre115345 , issued by the Board of Directors of Nombre3049 through article number eight of session zero seventy-eight ninety-seven of the twenty-first of October, nineteen ninety-seven. -That the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural be required to transfer the ownership of the property registered under folio real number Placa21597 of the Province of Puntarenas to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET). -That the defendants be ordered to pay both sets of costs of this proceeding.'\" (image 2 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n3.- That on January 21, 2013, Nombre3049 answered the lawsuit in a negative manner and raised the defenses of expiration (caducidad), lack of necessary joinder of passive parties (falta de integración del litis consorcio pasivo necesario), lack of passive standing (falta de legitimación pasiva), and lack of right (falta de derecho) (image 431 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n4.- That on February 4, 2013, the co-defendant Nombre115345 answered the lawsuit in a negative manner and raised the defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción), and lack of right (falta de derecho) (image 442 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n5.- That on March 7, 2013, the plaintiff Association responded to the ruling issued at eight hours and seven minutes on February twenty-fifth, two thousand thirteen, regarding the hearing on the defenses raised (image 453 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n6.- That on April 23, 2014, through Judgment No. 859-2014, issued at 11:50 a.m., the procedural judge resolved the defense of lack of necessary joinder of passive parties; the operative part (por tanto) states the following: \"...The preliminary defense of necessary joinder of passive parties raised by the representative of INDER is granted, ordering the joinder of the STATE represented by the Procuraduría General de la República and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) in this proceeding...\" (image 5 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n7.- That on October 9, 2014, the State answered the lawsuit in a negative manner and raised the defenses of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and lack of right (falta de derecho). It presents as a petition that the property be declared State natural heritage (image 477 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n8.- That on October 10, 2014, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) answered the lawsuit in a negative manner and raised the defenses of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and lack of right (falta de derecho) (image 498 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n9.- That on May 14, 2015, the judge of the procedural stage deemed the answers to the lawsuit by the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to have been filed in a timely and proper manner (image 18 of the pdf file generated by the virtual desktop). 1\n\n \n\n10.- That on April 19, 2016, the preliminary hearing was held. The claims were adjusted as explained in the first whereas clause of this judgment. The defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) were deferred for the Tribunal to rule on the merits. In said hearing, after the analysis of the claims was conducted, it was determined that both the State and SINAC were active co-adjuvants and not defendants. (image 626 of the pdf file generated by the virtual desktop, as well as the audiovisual record).\n\n \n\n11.- That on July 28, 2016, the Procedural Judge appointed Nombre115347 as expert forestry engineer (image 645 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n12.- That on September 21, 2016, the expert forestry engineer rendered his expert report (image 660 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n13.- That on May 12, 2017, the case file was assigned to the Fifth Section (image 731 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n14.- That on May 18, 2017, the oral and public trial was scheduled to be held on August 8, 2018 (image 732 of the pdf file generated by the virtual desktop). 15\n\n15.- That on August 8, 2018, on the same day scheduled for the trial, the parties requested that the matter be sent to conciliation (image 775 of the pdf file generated by the virtual desktop and audiovisual record).\n\n \n\n16.- That on October 9, 2018, the conciliation judge transferred the case file to the Fifth Section, by virtue of the fact that the conciliation failed (image 790 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n17.- That on October 26, 2018, the Fifth Section of the Tribunal scheduled the oral and public trial to be held on May 27, 2020 (image 796 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n18.- That on April 28, 2020, SINAC requested the rescheduling of the trial set for May 27, 2020, by virtue of having been summoned to a preliminary hearing on April 24, 2020 (writing documented in the virtual desktop under documents).\n\n \n\n19.- That on May 12, 2020, the representative of the co-defendant Nombre115345 requested the rescheduling of the trial given his health condition and the risk posed by the Covid-19 pandemic (image 823 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n20- That on May 14, 2020, the Tribunal resolved the following: \"In consideration of Decreto Ejecutivo number 42227-MS issued on March 16, 2020 -through which a state of national emergency was declared throughout the territory of the Republic of Costa Rica due to the public health consequences caused by COVID-19-; as well as, the 'Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19)' and the 'Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19)', both issued by the Ministry of Health; the Corte Plena in extraordinary session number 26-2020 held on May 13, 2020 -and communicated by circular 100-2020- agreed: '...To extend the effects of the agreement of session No. 18-2020 held on April 2 of this year, Sole Article, from the 16th day and until the 31st day of May 2020...'. In that regard, it should be remembered that point 6 of the Sole Article of extraordinary session 18-2020 of the Corte Plena, establishes that '...The validity of the agreement of session No. 12-2020, held on March 16, 2020, article XII, communicated via circular No. 47-2020... is extended'; which in turn, provided -in what is relevant- for the suspension\n\nof oral hearings before both single-judge and collegiate tribunals, from March 17 until April 3, 2020, or until such time as conditions at the national level exist that minimize or eliminate the possibility of contagion and provide security to the user population and the working people of the Judicial Branch. Based on the foregoing, it is resolved: i) The holding of the oral and public trial hearing, scheduled for 08:30 hours on May 27, 2020, in the Anexo A building of the Segundo Circuito Judicial de San José, is suspended, not only because the subject matter of the proceeding does not fit within any of the exceptional circumstances provided for in point 1 of article XII of Corte Plena session 12-2020, held on March 16, 2020 -communicated via circular number 47-2020-; but also because, based on subsections f) and j) of point 2 of the agreement adopted by the Corte Plena in extraordinary session number 26-2020 held on May 13, 2020, the fact of '...Promoting the holding of virtual hearings and ordering that those\n\nthat need to be held in person in the different subject matters...', are not only subject to the condition that '...the preventive measures ordered by the Ministry of Health are adopted...', but also, that '...the formulation of the protocols necessary for the implementation of this agreement be instructed, in order to protect the life and health of the serving persons and users. Said protocols will be reviewed and approved by the Consejo Superior...'; this latter aspect, which in contentious-administrative matters, is in process as of the date this ruling is issued; ii) Consequently, the rescheduling of the oral and public trial hearing shall be duly notified to the parties, taking into account the trial docket of this Section of the Tribunal or whatever is opportunely ordered by the competent authorities.\" (image 831 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n21.- That on June 2, 2020, given the situation that was occurring with the pandemic, it proposed to the parties, on a voluntary basis, that the matter be converted to a purely legal matter (mutar a puro derecho) in the following terms: \"In consideration of Decreto Ejecutivo number 42227-MS issued on March 16, 2020; the 'Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19)', and the Sole Article adopted by the Corte Plena in extraordinary session number 26-2020 held on May 13, 2020 -and communicated by circular 100-2020- , it is resolved: i) In order to achieve a balance between the fundamental principles of prompt and complete justice, timely access, and continuity in the provision of the public administration of justice service, and the effective protection of the right to health, both for the users and the judicial officials, this Tribunal proposes to the parties and/or other subjects intervening in the proceeding -such as third parties with their own claims- to waive the evidence that was admitted in the procedural phase and convert the matter to a purely legal matter; ii) In that sense, it should be clarified that in view of subsections f) and j) of point 2 of the agreement adopted by the Corte Plena in extraordinary session number 26-2020 held on May 13, 2020 (communicated by Circular 100-2020), the fact of '...Promoting the holding of virtual hearings and ordering that those that need to be held in person in the different subject matters...', are not only subject to the condition that '...the preventive measures ordered by the Ministry of Health are adopted...', but also, that '...the formulation of the protocols necessary for the implementation of this agreement be instructed, in order to protect the life and health of the serving persons and users. Said protocols will be reviewed and approved by the Consejo Superior...'; this latter aspect, which in contentious-administrative matters, is in process as of the date this ruling is issued; iii) In this way, and given that the availability of material and technological resources is limited in the Judicial Branch, and that in application of the health measures of social distancing, it is not possible to accommodate in the facilities of the Anexo A of the Segundo Circuito Judicial de San José -at least for the moment-, a greater number of people than the capacity percentage authorized by the Ministry of Health in public offices (20% of the total) allows, we estimate that the most suitable way to address and resolve the proceedings whose hearings have not been subject to suspension is to convert them to purely legal matters with the consent of the parties or third parties with their own claims; iv) It is necessary to indicate that this would not cause a violation of the guarantee of due process, since the Tribunal shall evaluate according to the rules of sound critical reasoning the evidence par excellence in this type of proceeding, which consists of documentary evidence, and, in the event that the parties or this Tribunal have any doubt regarding the expert report rendered -if an evidentiary means of that nature had been admitted-, the doubts must be indicated in writing, which shall be made known to the judicial expert, and when the expert renders their clarification, it shall be communicated to the different procedural subjects; v) From a detailed review of this case, according to the minutes, as well as the recording of the preliminary hearing, there exists confessional, testimonial, and expert evidence: the confession of Nombre115345 , and the statement of Nombre115348 admitted at the preliminary hearing for the plaintiff, and the testimony of the official witness Nombre115349 and the expert evidence of INDER. Therefore, according to the proposal, the parties would waive the presentation of said evidence at the oral and public trial. As for the oral presentation of the expert evidence, in principle, the document that has already been made known would be used, and this matter would be resolved with this document. If there are specific doubts or questions, that were to be brought on the day of the trial, they must be indicated in writing, which shall be made known to the experts, and when these are rendered, their clarification shall be communicated to the different procedural subjects. Afterwards, the parties would be given the opportunity to present their conclusions. Thus, it would be this evidence (confessional statements, testimonies, and expert statements) that the proposing parties would have to voluntarily waive, in order to convert the matter to a purely legal matter. As already indicated and reiterated, if just one of the proposing parties does not agree, it would not be possible to carry out this change, and it would be rescheduled to hold the oral and public trial later, trying to set a date as soon as possible. All of the above is done given the national emergency situation being experienced. Likewise, it is emphasized that this is a mere proposal from the Tribunal, with the purpose that the parties evaluate it within the framework of their theory of the case, as well as their judicial strategy, and in the exercise of their right to defense, without it being interpreted as an imposition or pressure from the Tribunal. If they do not agree, as reiterated, the date for the oral and public trial will be rescheduled as soon as possible. vi) Consequently, the parties and/or other subjects participating in the proceeding -such as interested third parties with their own claims- are granted a period of THREE WORKING DAYS, in order for them to express their consent to waive the presentation of evidence and convert the matter to a purely legal matter, and within the same period -if they have doubts regarding the expert report, if that type of evidence had been admitted- they must indicate so. In the event that a positive response is given to the hearing granted for this purpose, they shall be duly notified of the ruling in which they will be granted the respective period to render their conclusions in writing, after which, the period of fifteen working days for issuing judgment provided for in articles 98, subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to subsection 4) of article 82 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio of this Jurisdiction, shall begin to be counted from the first working day thereafter; vii) Finally, it should be noted that in the event that the parties or other subjects participating in the proceeding -such as third parties with their own claims- express their desire that the trial hearing be held -in principle- at the scheduled time and date, it must be kept in mind that it will only be held virtually -whether totally or partially- with the consent of all parties. Notify urgently the parties, third parties, co-adjuvants, or experts, at the means or places indicated.-\" (image 839 of the pdf file of the virtual desktop).\n\n \n\n22.- That on June 3, 2020, SINAC expressed its consent to convert the matter to a purely legal matter (image 843 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n23.- That on June 5, 2020, Nombre3049 expressed its agreement with converting the matter to a purely legal matter (image 852 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n24.- That on June 8, 2020, the plaintiff party requested more time so that the Board of Directors of the Association could evaluate the proposal to convert the matter to a purely legal matter (image 853 of the pdf file generated by the virtual desktop). That same day, the co-defendant Nombre115345 expressed his consent for the matter to be converted to a purely legal matter (image 854 of the pdf file generated by the virtual desktop). Likewise, that day the State expressed its consent to convert the matters to purely legal matters. Also, that day the Tribunal granted the plaintiff Association more time to evaluate whether or not it consented to converting the matter to a purely legal matter (image 855 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n25.- That on June 9, 2020, the plaintiff Association agreed to convert the matter to a purely legal matter (image 857 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n26.- That on July 13, 2020, according to a record, in relation to the administrative files, it is indicated that the administrative file could not be located: \"This is to certify that an exhaustive search was carried out, in all the offices and storage rooms of the office, for the administrative files corresponding to case file number 12-005821-1027-CA. However, they could not be located. Below is a screenshot of the documents that are in the system and that could not be located.\" (record visible in the virtual desktop under the associated documents tab)\n\n \n\n27.- That on July 20, 2020, the administrative file was found and delivered to the Presiding Judge (email documented in the virtual desktop under the associated documents tab).\n\n \n\n28.- That on August 21, 2020, the Tribunal granted the parties a period to issue their conclusions (image 881 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n29.- That on August 24, 2020, Nombre3049 rendered its conclusions (image 888 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n30.- That on August 25, 2020, the plaintiff party issued its conclusions (image 894 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n31.- That on August 26, 2020, the State presented its conclusions in writing (image 905 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\n \n\n32.- That this matter was referred to the Presiding Judge of the Fifth Section of the Tribunal Contencioso Administrativo on August 27, 2020 (see query by history of location changes for case file 17-000702-1028-CA in the Virtual Desktop).\n\n \n\n33.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities that must be rectified or that cause defenselessness have been observed. Consequently, the deadline for issuing this judgment provided for in articles 98, subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to subsection 4) of article 82 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio of this Jurisdiction, expires on September 18, 2020 (see history of movements in the Virtual Desktop).\n\nConsidering\n\n \n\nI.- Proven facts useful for resolving this cause: 1) That on December 23, 1977, the Instituto de Tierras y Colonización, through public deed No. 2442, granted before Notaries Public Rodrigo Oreamuno and Eduardo Ching Murillo, executed at 4:00 p.m. on December 23, 1977, acquired by transfer from the State a series of properties that formed what is known as Complejo Coyolar, within which is included the property known as Hacienda Cuarros y Guachipelín where the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles was established and in which two areas were reserved where a well and a water catchment tank are located (folio 105 of the physical file, on whose folder is read: \"Nombre115346 vs. Instituto de Desarrollo Rural Recurso de Amparo\", which corresponds to proven fact a) of judgment 2001-6931 of the Sala Constitucional, case file 00-008859-007-CO). 2) That in accordance with the September 1992 plan, from the Department of Basic Studies, Topography Section, of the IDA, corresponding to the Fincas Cuarros y Guachipelín Project, located in Coyolar, Dirección14258 ° , of Canton No. 11 Garabito, of the Province of Puntarenas, in the part corresponding to lot 69, it indicates that it is a \"reserve\" (images 389 and 390 of the pdf file generated by the virtual desktop). 3) That in 1994, members of the Junta de Educación of the Asentamiento de Cuarros presented repeated petitions before the Nombre33206 so that an exhaustive study be conducted regarding the area where the well intended to supply water to the community was located (folio 105 of the physical file, on whose folder is read: \"Nombre115346 vs. Instituto de Desarrollo Rural Recurso de Amparo\", which corresponds to proven fact b) of judgment 2001-6931 of the Sala Constitucional, case file Placa21598). 4) That in accordance with plan 431481-1997, of August 1997, it describes a piece of land located in Bajamar, Dirección14259 , of Canton 11 of Garabito, of the Province of Puntarenas, measuring 11 hectares, 5946.84 square meters, owned by the Instituto de Desarrollo Agrario; said plan indicates that the land is scrubland (tacotales) (image 385 of the pdf file generated by the virtual desktop). 5) That on October 21, 1997, through the agreement of the Board of Directors of the Nombre33206, from session 78-97, article No. VIII, it was authorized to adjudicate, segregate, and transfer parcel No. 69, measuring 11,5946.84 square meters, to the co-defendant Nombre115345 , of the Asentamiento Los Cuarros, considering that he met the conditions as a possessor under Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización (image 283 of the pdf file generated by the virtual desktop). 6) That on June 26, 2001, through official letter No. AL-DRPC-31-2001, signed by Lic. Jorge Fabricio Fernández Mayorga, in his capacity as Legal Advisor of the then Nombre33206, today Nombre3049, indicated the following: \"NEEDS 1. The Asentamiento Los Cuarros has serious water problems, given that although it is true they have a system of aqueducts and water reception tanks, these are insufficient and place the population in an evident state of need, mainly for supply in the summer season. 2. Parcel number Sixty-nine of the Asentamiento Cuarros, according to a MINAE report OSRE0-1077-2000 and OS0-575-2001, is an area of 11 Hectares. 5946.84 square meters 4 square decimeters .. according to Cadastral Plan P-431484-97. Furthermore, it is determined in said report that said parcel has a foliage or forest cover (cobertura boscosa) of approximately 70%, which deserves special protection under the Ley Forestal and is automatically included as State Forest Heritage in accordance with the Advisory Criteria already expressed in this matter. 3. That said parcel has springs (nacientes) of water and water flows on it in sufficient quantities to satisfy the needs of the population, especially where there is a water catchment tank and it maintains the quantities throughout the year. This tank is located a very short distance from the road and water collection is not difficult. (...) PROBLEMS (...) 3. Another important aspect to highlight and strongly criticize is the fact of how (sic...) is it possible that, dealing with reserve areas with such percentage (70%) of forest cover (cobertura boscosa) and under what (sic...) agricultural criteria was said property delivered to Mr. Nombre115345 . 5.\n\nHowever, notwithstanding the foregoing, the area required by the Aqueduct Association is not significant in relation to the whole and the Public Interest it represents; it must clearly enjoy our support and that of the necessary governmental sectors to be involved. Nombre30836, which, being Forest Heritage, is a property that is almost entirely barred from agricultural exploitation as an institutional social purpose and as an ordinary activity to be carried out.\" (folio 12 of the physical file, \"Aqueduct of the Settlement v. Nombre3049 (certified by INDER)\"). 7) That on October 20, 2008, through official letter DAJ-1617-2008, the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, Roberto Dobles Mora, in his sworn statement, in relation to the amparo appeal under file 08-13596-0007-CO, filed by Nombre115346 , against the Instituto de Desarrollo Agrario and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, stated the following: \"Likewise, it is made clear that by the year 2000 a determination of the spring area had been made, but the Instituto de Desarrollo Agrario, at the time of adjudicating the parcels, did not inform the parcel holders of the obligation to protect the spring, and to this day, the site of which the Aqueduct forms a part is an IDA reserve, even though the lands formed part of the State's natural heritage; these same lands have not been transferred to the Ministry to date, and as such they enjoy a private regime\" (folio 20 of the physical file, whose folder reads: \"Nombre115346 Dirección14260/ \"). 8) That on May 8, 2009, through vote no. 2009-007536, file 08-13596-0007-CO, the Constitutional Chamber, in response to an amparo appeal filed by the plaintiff Association against Nombre33206 at that time and the Ministry of Environment and Energy, made the following considerations: \"III.- ON THE MERITS: From the reports rendered under oath as well as from the evidence on record, it is clear that there is a violation of Article 50 against the members of the Aqueduct Association of the Cuarros de Tárcoles Settlement. The Minister of Environment, Energy and Telecommunications reported that the results of satellite samples taken by a geographer from the Central Pacific Conservation Area indicate that a considerable invasion of the mangrove has been observed and that due to the condition of the parcels, they have been limited in providing suggestions to the Instituto de Desarrollo Agrario. For his part, the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario asserts that the parcel mentioned by the appellant was adjudicated to Mr. Nombre115345 and justifies that the water intakes of the Settlement's aqueduct were works carried out after the adjudication. He adds that the logging problem was not verified and that in parcel seventeen they initiated revocation of adjudication and nullity proceedings for the parcel, since that is the parcel that would supposedly be affecting the aqueduct of the Cuarros community. In this regard, it must be borne in mind that the Costa Rican State is responsible for guaranteeing the effective defense of the environment, and since the Ministry of Environment, Energy and Technology is the governing body of the Executive Branch in charge of the Natural Resources Sector, the omission to fulfill that duty, which has been evidenced by the facts denounced in this appeal, constitutes a violation of the provisions of numeral 50 of the Political Constitution. IV.- On the other hand, the Minister in his report merely states that he has provided suggestions to Nombre33206 to protect natural resources, and Nombre33206, despite having knowledge of the protection required by the water resource since the year two thousand, proceeds to revoke the adjudication of the parcel eight years later. Such aspects, in the opinion of the Chamber and for the purposes of the specific case, lose relevance in the face of a reality that indicates that there is a considerable invasion of the mangrove, and despite having the legal, moral, and constitutional obligation to ensure the protection and preservation of a healthy and ecologically balanced environment, it is not doing so but rather, by its omission to act, is allowing this to happen and to continue repeating indiscriminately over time. Therefore, it is duly established that the omission of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications and the Instituto de Desarrollo Agrario has injured the fundamental rights invoked by the appellants and that, consequently, serious environmental damage has been caused which, as such, requires the attention of this Court and the consequent granting of the appeal. VI.- CONCLUSION. Thus, by virtue of the foregoing, the declaration with merit of this appeal is in order, since the respondents, through their omission to act, have caused environmental damage that must be protected by this Chamber, as is hereby ordered.\" In the \"Por tanto\" the Chamber declared the amparo appeal with merit and ordered what is cited below: \"The appeal is declared with merit. Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications, and Carlos Alberto Bolaños Céspedes, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario, or whoever holds those positions, are ordered to IMMEDIATELY take the measures and issue the precise instructions so that the problem denounced by the appellants is definitively resolved, under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. This resolution shall be notified to Roberto Dobles Mora, in his capacity as Minister of Environment, Energy and Telecommunications, and to Carlos Alberto Bolaños Céspedes, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario, or to whoever holds those positions, PERSONALLY. Let it be communicated.\"\" 9) That on May 13, 2009, through official letter DAJ-410-2009, signed by attorneys Jonathan Jiménez Ruiz and Alex Gen Palma, in their capacity as Deputy Director of the Legal Affairs Directorate of IDA, they instructed the Orotina Regional Sub-director, when reporting what was resolved by the Constitutional Chamber, to immediately take the measures that resolve the denounced problem. In this regard, they state in their official letter: \"In summary: That in the district of Tárcoles de Garabito the peasant settlement called Cuarros is located, formed years ago from a parceling project of the Instituto de Desarrollo Agrario. The service of potable water to said community is provided by the Aqueduct Association of the Cuarros de Tárcoles Settlement. The supply source is a main spring located in an area of natural reserve declared by the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), which forms part of parcel No. 69 of the same settlement and covers an area of approximately two hectares. Notwithstanding the foregoing conditions, Nombre33206 always adjudicated the cited parcel, and therefore it currently appears registered in the name of Mr. Nombre115345 . This measure has a measurement of 115,946.84 square meters, with cadastral plan Placa21594° registered in the Public Registry of Real Property under registration number Placa21595° . The appellants state that they have repeatedly denounced both to Nombre33206 and to MINAE that acts that threaten that natural resource have occurred in the reserve, such as illegal logging of trees and the invasion of the lands where the springs are located. But those complaints have not been addressed, neither by Nombre33206 nor by MINAE, which have not carried out any investigation or any action to protect the reserve where the potable water supply source is located. The appellants state that this institutional inactivity seriously harms them, given that while trees continue to be cut down and the spring areas are appropriated in the reserve, in the very short term not only will that reserve cease to exist, but the inhabitants of the settlement will be left without the precious liquid. They consider that Nombre33206 is obligated to exclude this area from the reserve of adjudicated lands; however, it titled the entire parcel in favor of one person, leaving the reserve exposed to any destructive action by man. They add that MINAE is the entity responsible for ensuring the protection of natural reserves; however, despite the requests for officials to appear, demarcate, and protect the natural area, they have not done so. They request that the appeal be declared with merit, and that the Instituto de Desarrollo Agrario and the Ministry of Environment and Energy be ordered to carry out an investigation into the denounced facts and take the necessary measures in order to demarcate and protect the reserve that supplies potable water to the community of Cuarros (...) Likewise, I respectfully request a report on the execution of the measures taken urgently, no later than Friday, May 15, 2009, to inform the Constitutional Chamber, because whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, shall be sentenced to imprisonment of three months to two years...\" (image 238 of the pdf file generated by the virtual desktop). 10) That on July 7, 2010, through official letter OSO-743-2010, the Head of the Orotina Sub-Regional Office instructed the Head of the Esparza-Orotina Sub-Regional Office ACOPAC as follows: \"In response to your official letter ACOPAC-OSRE0-634-10, in relation to official letters UT-DRPC-017-2010, ACOPAC-OSRE0-485-2010, I would like to inform you that the official Randall Carranza Rodríguez, through official letter UT-DRPC-021-2010 dated May 18, 2010, requests Engineer Jimmy Garita Hernández, Head of the Topography Area, that, having determined the legislation to be applied by your unit (ACOPAC), the calculations and demarcation of the aquifer recharge areas in parcel 69 be carried out. In view of the aforementioned request, Engineer Jimmy Garita Hernández proceeds to provide the respective response through official letter AT-342-2010, dated May 20, 2010, in which he indicates that the surveyor Francisco Murillo identified two springs, determining that if the protection radius indicated by MINET, which is the competent authority for such determination, is applied, parcels numbers 8, 9, 10, 17, and 69 would be affected, of which those numbered 8, 9, 10, and 17 are not IDA property, nor are they subject to Law number 2825, Ley de Tierras y Colonización, and in the case of parcel 69 it is determined that it is affected by approximately 82%. The aforementioned official letter recommends, in relation to the determination of the existence of two water springs, that they be ratified by the competent authority, MINAET. Likewise, it is recommended that in the other cases, corresponding to the properties numbered 8, 9, 10, and 17, since they are no longer properties under the tutelage of this Institute, having passed into private domain, their limitations having expired, their owners be located so that they are informed of said affectation and of the respect they must have for the respective Ley de Aguas and Ley Forestal, and that parcel 69 be maintained in the same conservation conditions as a single unit. Given that this Institute, under the umbrella of inter-institutional collaboration and in compliance with the mandate of the Constitutional Chamber, corresponding to Vote number 7539-2009, has carried out efforts through the Topography Area, and since it is your unit that by Law is responsible for determining the perimeter corresponding to the protection zones of the water springs, I bring to your attention the aforementioned Official Letter AT-342-2010, dated May 20, 2010, and a copy of the respective topographic survey made by the surveyor Francisco Murillo Vargas, for your assessment and subsequent pronouncement\" (image 161 of the pdf file generated by the virtual desktop). 11) That on September 1, 2010, the plaintiff Association signed with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado a delegation and Administration agreement for the Aqueduct of the Cuarros de Tárcoles Settlement. Clause A provides the following: \"It is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body, to intervene in all matters relating to the administration, conservation, and rational exploitation of the waters necessary for the populations; control of their contamination or alteration, definition of the measures and actions necessary for the protection of watersheds and ecological stability. Likewise, to ensure that all public or private systems and their potable water or sanitary sewer installations comply with the basic principles of public service, both in quality and quantity. The costs that this entails shall be borne by the entities under whose administration the system is located (...) C: (...) SECOND: The duties and obligations of the Association, as provided in Article 21 of the Reglamento de Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, are as follows: (...) c. To ensure and actively participate with the community in the construction, administration, operation, maintenance, and development of the systems, as well as in the preservation and conservation of the water resource\" (folio 36 of the physical file, the cover of which reads: \"Evidence 2 Evidence 3 Evidence 4 Evidence 5\"). 12) That on December 16, 2010, through official letter AT-1643-2010, addressed to Engineer José Miguel Zeledón Calderón, signed by Engineer Fernando Watson and attorney Álvaro Porras, the following is indicated: \"In response to resolution 2010019385, file 08-13596-0007-CO of the CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, I would like to indicate the following. Upon conducting the inspection on December 16, 2010, at the site called Asentamiento de Cuarros, Tárcoles district, Garabito canton, Puntarenas province, the existence of two points of use by the ASADA of Cuarros de Tárcoles was observed, which have water catchment works. Intake 1: Use made by means of a dam on an unnamed stream with coordinates latitude 205004, longitude 465930 Lambert North. Intake 2: Use made by means of a catchment tank for waters from an unnamed spring with coordinates latitude 205073, longitude 465914 Lambert North. Upon reviewing the national registry of concessions, it is indicated that the ASADA of CUARROS has not registered said uses with this Directorate. To these intakes, the provisions of Article 31 of the Ley de Aguas must be applied, which I transcribe below: Article 31.- The following are declared as a reserve of domain in favor of the Nation: a) the waters that flow in the catchment sites or water supply intakes for potable water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius.\" (image 105 of the pdf file generated by the virtual desktop). 13) That on January 31, 2011, through official letter OSO-021-2011, addressed to Jimmy Garita Hernández, of the Topography Area of the Instituto de Desarrollo Agrario, now Inder, signed by Leonel Alpízar Solórzano, Head of the Orotina Sub-Regional Office, he indicated: \"...Having seen report AT-16432010 of December 16, 2010, presented by Engineer Fernando Watson M., of the Water Directorate of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, in which he indicates that after visiting the Asentamiento Cuarros, specifically Parcel No. 69 of said Settlement, it can be determined that there are two points of use by the ASADA of Cuarros de Tárcoles, which have infrastructure works. Having seen what was indicated by Engineer Watson M., it is appropriate to carry out a new topographic restaking in said area, since the restaking carried out by Surveyor Francisco Murillo Vargas indicated the existence of three catchment sources. Therefore, in the most attentive manner and in order to address what was indicated by the Constitutional Chamber in vote number 2009-007536 as soon as possible, I hereby request your valuable collaboration, in order for you to provide us with a surveying team to carry out the new demarcation of the area to be protected.\" (folio 305 of the physical file titled: \"Evidence No. 1 Administrative file of the Central Pacific Regional Directorate, Orotina Sub-Regional Office, Instituto de Desarrollo Rural). 14) That on July 16, 2012, according to a certification issued by José Miguel Zeledón, in his capacity as Water Director of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the following is indicated: \"THAT: under Rural Aqueducts file 805-R in the name of ASADA Asentamientos Guarros, Tárcoles, two springs are registered in Dirección14261 , , , of Spring 1 uses a flow of 0.230 liters per second, and of Spring 2 a flow of 0.360 liters per second. That is all. Issued in San José, the sixteenth of July, two thousand twelve. At the request of Nombre115350 . JOSE MIGUEL ZELEDON CALDERON.U.L\" (image 382 of the pdf file generated by the virtual desktop). 15) That on August 25, 2012, through official letter OSO/RAA-087-2012, addressed to Leonel Alpízar Solórzano, in his capacity as Head of the Orotina Sub-Regional Office, Central Pacific, signed by Technician Roy Alfaro Arnáez, regarding an inspection he carried out on parcel no. 69, property of co-defendant Nombre115345 , he states that: \"At the time of the Inspection, Mr. Nombre115345 was located, ID card CED91178; He identifies himself and says he is the brother of the allottee (Nombre5999...). We proceeded to tour the parcel. During said tour, the gentleman states that they currently have about 17 beehives but that they have had up to 30 and that they produce around 20 kg per beehive. When he began the activity on the parcel in 1997, the year it was adjudicated, he had beehives in various sectors of the parcel, but four years after he was given the parcel, they authorized those from the ASADA to install the tank to capture water and for this reason they had to move many beehives.\" (the bold and underlined emphasis does not appear in the original, folio 591 and 592 of the physical file of folder Evidence No. 1 titled \"Administrative file of the Central Pacific Regional Directorate, Orotina Sub-Regional Office, Instituto de Desarrollo Rural, Volume I\"). 16) That in accordance with a registry report dated October 22, 2012, the property under real folio registration number Placa21597, located in district 2 Tárcoles, of Dirección14262 , of the Province of Puntarenas, belongs to co-defendant Nombre115345 . It measures: 115,946.84, bounded on the north by Dirección336 , on the south by Dirección14263 , , and on the west by Dirección14264 . Plan: P-431481-1997. It has the following encumbrances: Reserve of the Ley de Aguas and Caminos Públicos, commencing on October 31, 1997. In turn, the limitations of Nombre33206 under Law 2825, Article 67 (image 387 of the pdf file generated by the virtual desktop).\n\nII.-Facts not proven: SOLE. That the co-defendant Nombre115345 acted in bad faith at the time of requesting the titling of the property subject to this proceeding and in its subsequent titling (there is no evidence to prove it).\n\nIII.-Arguments of the parties: The plaintiff Association maintains that the parcel of the Asentamiento los Cuarros de Tárcoles was irregularly adjudicated to co-defendant Nombre115345 by IDA, now Nombre3049, violating the provisions of Article 15 of the Ley Forestal No. 7575. This is because, according to what it asserts, the parcel in question was forest heritage of the State. It maintains that according to the general plan of the settlement in question, the described parcel constituted a Reserve area characterized by being forest, with three water springs for human consumption, which supply the needs of the inhabitants of that place. It points out that there is a declaration of sources by the Water Department of MINAET, so the aforementioned co-defendant has not been able to make modifications to the property. It emphasizes that the property in question is registered in the Public Registry of Property and is subject to limitations in accordance with Article 67 of Law 2825. It also considers the revocation of the granting of the parcel in question necessary, given the logging of trees and the contamination of the waters by the use of fungicides. It affirms that despite the stipulations of numerals 65 and 66 of Law 2825, the officials of IDA, now INDER, maintain the adjudication over the parcel. As it narrates, in October of the year two thousand eight, an amparo appeal was filed, given the inactivity of the institution, so that MINAET and, at that time, IDA, now INDER, would take measures so that instructions be issued to solve the denounced problem. Without prejudice to the foregoing, they point out that the convicted authorities have not installed the boundary markers, only the beacons to demarcate their installation. They explain that in the definition of the zone by MINAET, the parcel of co-defendant Nombre115345 was affected. They even note that said co-defendant has expressed his willingness to change parcels. It adds that as long as the property remains in private hands, access is very complicated for carrying out maintenance work for the ASADA. They consider it essential that the Court declare that the Aqueduct Association of the Cuarros de Tárcoles Settlement is the owner of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced into the property. For its part, Nombre3049, as co-defendant, maintains that it is true that the parcel was granted to co-defendant Nombre115345 ; however, it states that it is not true that it was transferred in violation of the provisions of canon 15 of the Ley Forestal. It affirms that the plan alluded to is not a cadastral plan. It also states that the use of \"reserve\" in the mosaic plan is not a forest reserve, but rather it was an area reserved by the institution. It affirms that the points of use are two and not three and that it does not know if one more was recently registered. The activity for which the parcel was adjudicated is for agricultural activities and that is what co-defendant Nombre115345 uses it for. It adds that although the limitations of Article 67 of Law 2825 appear in the registry, they have expired to date, which is why it has no standing to act. It states that the logging of trees and the contamination are not within its knowledge. Regarding the water intakes, a perimeter of no less than two hundred meters must be applied, according to numeral 31 of the Ley de Aguas. It maintains that the revocation is not appropriate because the activity carried out on the parcel is beekeeping, which conforms to the uses to which the plaintiff is entitled. It further adds that, according to what was resolved by the Constitutional Chamber, the protection of the springs is the responsibility of MINAET. On the other hand, co-defendant Nombre115345 points out that he is the owner of the property in question, granted at the time in his favor by Nombre33206, now Nombre3049. He emphasizes that said property is outside the limitations imposed by the aforementioned institution. He rejects that the adjudication in his favor was granted under conditions that violated the Ley Forestal, because although part of its nature consists of timber trees, the largest area or surface is land for agriculture or scrubland. He affirms that there have never been bad practices on his property. He further states that if there is any interest in his property, expropriation proceedings must be initiated. He adds that his property is not located in any protection zone. The State maintains that parcel 69 adjudicated to co-defendant Nombre115345 is a reserve zone; although the plan does not show that it is characterized by forest, this is stipulated in official letter DRPC-31-2001, of June 26, 2001. It also maintains that there are three springs on said property, in accordance with official letter DAJ-410-2009, of May 13, 2009, from the Legal Directorate of INDER. It adds that the effects of the administrative act will cease upon the expiration of the described limitations; these refer to Reserves of the Ley de Aguas and Ley de Caminos; however, the plaintiff does not specify the administrative act to which they refer. It rejects any assertion to the effect that the Police responses to the complaints of the settlement's neighbors have been \"timid.\" It also mentions that the area of the springs was delimited; only the installation of the boundary markers was pending. It mentions that the Association carried out works related to the extraction, storage, and distribution of water on the property owned by co-defendant Nombre115345 . Finally, it maintains that parcel 69 was adjudicated to co-defendant Nombre115345 . It states that it is not true that there are three springs, only two. It also rejects that the responses to the neighbors who have filed complaints are timid. It maintains that the protection area of the spring was delimited and that only the installation of the boundary markers remained. SINAC maintains that the parcel was adjudicated to co-defendant Nombre115345 and the neighbors subsequently gained access to its use through the ASADA. It maintains that IDA, currently Nombre3049, previously knew of the condition of the property, regarding the water springs and the forest; nonetheless, it proceeded to adjudicate the parcel. Regarding the improvements, it considers that they were made by the Association afterwards.\n\nIV.-Purpose. In accordance with the statements of the parties during the proceeding, as well as the claims originally set forth in the complaint and which were adjusted at the preliminary hearing, we are faced with a controversy that is centered primarily on claiming from the owner of a property the improvements incorporated, this being a declaratory claim for damages in the abstract, to be liquidated upon execution of judgment. On the other hand, within this same framework of this action, the nullification of the agreement that granted the parcel in question is sought, and that Nombre3049 be ordered to carry out the administrative and judicial procedures, for the purpose of transferring and conveying the title of the property, which is private property, as forest heritage of the State.\n\nV.-On the specific case. The case before us has several procedural particularities that must be mentioned, in order to have clarity on the way the Court must decide. First, the original claims of the complaint were adjusted at the preliminary hearing. Thus, claims B, C, and E were eliminated, leaving claims A, D, F, G, H in effect. With things thus set out, derived from those claims, in relation to the facts, the issues to be addressed relate to the improvements, the nullity of the agreement of Nombre33206, now Nombre3049, that granted the parcel, as well as the transfer of the property so that its protection is the responsibility of the State. For the reasons stated, the Court will refer in its substantive analysis to these aspects, obviously, related to the facts of the complaint and other evidentiary aspects. On the other hand, at the preliminary hearing, two of the defendants brought into the proceeding, by reason of the defense of failure to join a necessary passive litis consortium, changed their procedural standing to active coadjuvants, in the case of the State, with a claim, which is the declaration that the real property in question is Natural Heritage of the State. a) On the ownership of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water: The plaintiff Association requests a declaration that it is the owner not only of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced into the property under real folio 331693 of the Province of Puntarenas, owned by co-defendant Nombre115345 . For his part, said co-defendant Nombre115345 defends his private property right by maintaining that he is the owner of the property subject to the proceeding, by affirming that the plaintiff cannot ignore the fact that the property belongs to him and that if there is any interest on their part, such as the one being defended in this action, they must resort to the laws so that they can achieve its expropriation as well as the payment of a fair price. In the meantime, they must continue asking permission for entry and exit from the property as part of his rights as owner.\n\nThe State has emphasized on this matter, regarding the improvements claimed by the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles, that these were carried out after the adjudication took place, by virtue of the fact that, for their construction, the co-defendant Nombre115345 gave his consent, highlighting that this is evident not only from the administrative file of the Dirección Región Pacífico Central, Oficina Sub-Regional Orotina of the Instituto de Desarrollo Agrario, but also from proven fact h) of Voto n.° 2009-007536, of 11:16 a.m., on May 8, 2009, issued by the Sala Constitucional. However, it maintains that the works carried out by the Asociación were created even though no registration of water sources in its favor appeared in the Registro Nacional de Concesiones de Aguas y Cauces, according to certification n.° CE-0184-2014, of August 27, 2014. Regarding this point, SINAC maintains that it is true that the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles carried out works related to the extraction, storage, and distribution of water on the property owned by Mr. Nombre115345, and that these were done with his consent on the occasion that they were made after the adjudication of the parcel, according to official communication n.° 0S0/RAA-087-2012, of August 25, 2012, signed by Tec. Roy Alfaro Arnáez, Oficina Subregional Orotina, Instituto de Desarrollo Agrario, which states: \" ... they authorized the ASADA members to install a tank to capture the water ... \" Likewise, it alleges that, according to the Convenio de Delegación y Administración del Acueducto del Asentamiento Cuarros de Tárcoles signed with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, the carrying out of the works constitutes an obligation of the Asociación and the costs thereof must be borne by the entity under whose administration the system is found, that is, the Asociación itself. Even so, it is relevant to highlight that in this construction process, the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), today INDER, had an active participation, to the point that it facilitated economic aid and technical collaboration. Finally, INDER, regarding this point, rejected it for being a technical-legal aspect. Criterion of the Tribunal: In order to understand what is sought by the Asociación in the case under study, and, thereby, to resolve this petition, it is necessary not only to refer to the complaint, but also to the response to the hearing of exceptions and counter-evidence, as well as to the preliminary hearing, since it was in that procedural stage that it was clarified that claim D, referring to the declaration of the improvements and infrastructure works, was declaratory in nature, as the determination of the improvements and their economic value would remain for the judgment enforcement phase. As was outlined in resultando 1 of this judgment, claim D remained as follows: \"D-That it be declared that the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles is the holder or owner of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, introduced on the property registered under folio real Placa21597 of the province of Puntarenas, today owned by Nombre115345; in enforcement of judgment the improvements and their economic value will be specified, requesting an abstract condemnation in accordance with article 122 of the CPCA.\" It is, then, a claim that asks the Tribunal to declare the right to recognition of these improvements, and it is against the registered owner of the land. Likewise, to resolve this specific point requested, it is necessary to understand not only the historical and social origins of this controversy. It is also necessary to keep in mind that, as was clarified in the preliminary hearing, the claim is for indemnification, whose legal framework is found in the regulations of the Civil Code, in canons 328, 330, and 332. From the evidence that has been reviewed and that supports the proven facts, it is possible to visualize the existence of a conflict of a social nature over the water of a community. According to the abundant evidence materialized in the large number of compiled volumes, for analysis by this Tribunal, the dispute has transpired not only in the IDA, today INDER, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, but also before the Sala Constitucional. By way of synthesis, it can be noted that the origin of the controversy is located at the moment when the Instituto de Tierras y Colonización in 1977 acquired a series of farms, on which the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles was established and on which two areas were reserved where a well and a water catchment tank are located. By 1992, according to the plan of the Departamento de Estudios Básicos of the Sección de Topografía of the Instituto de Desarrollo Agrario, the area corresponding to lot n.° 69 was a reserve. In 1994, members of the Junta de Educación of Asentamiento de Cuarros presented repeated petitions before INDER so that an exhaustive study would be carried out regarding the area where the well intended to supply water to the community was located. Without prejudice to the foregoing, on October 21, 1997, by agreement of the Junta Directiva of the IDA, from session 78-97, article n.° VIII, it was authorized to adjudicate, segregate, and transfer parcel n.° 69, with an area of 11.5946.84 square meters, to the co-defendant Nombre115345, of Asentamiento Los Cuarros, considering that he met the conditions of possessors under Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización. In this way, the water sources that supplied the community remained within private property. As can be deduced from official communication OSO/RAA-087-2012, four years after the parcel in question was adjudicated, the ASADA was authorized to install the water catchment tank. Likewise, it is possible to deduce the existence of infrastructure works related to water catchment, as attested by official communication OSO-021-2011. Matters being thus stated, for the Tribunal there is no doubt that on parcel n.° 69, folio real 331693-000, whose owner is the co-defendant Nombre115345, there exist infrastructure works related to water intake and catchment that belong to the plaintiff Asociación. Without prejudice to the foregoing, although it is true that these works exist, it has not been proven with precision and detail by the plaintiff Asociación what the improvements they claim consist of; it is not clear whether they are necessary or useful, nor how many, nor which ones, in a specific manner. Under the closest legal meaning granted by canon 332 of the Civil Code, necessary improvements are those that constitute the indispensable expenses for the conservation of the thing, and useful ones are those that have increased the market value of the thing. While there is evidence pointing to the ownership of the infrastructure works, it would be speculative for the Tribunal to carry out the exercise of the possible useful and necessary improvements that could exist at the water catchment site. On these aspects, there is no material evidence that allows them to be visualized in that way, and it would be impossible for the Tribunal to declare them, as there are no evidentiary elements to determine their existence and indemnification. It is necessary to recall that the burden of proof, or the \"onus probandi\", falls on whoever affirms a fact to provide it. It is impossible to issue an abstract condemnation for alleged improvements of which there is no clarity as to what they are, what they consist of, etc. Without prejudice to the foregoing, it is possible to declare, according to the material evidence that has been reviewed and that supports the proven facts, that the plaintiff Asociación del Asentamiento de los Cuarros de Tárcoles is the holder of the works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, as this is an uncontroverted fact and is evident from the voluminous folders submitted to the case file, in the various communications between the entities involved and the Sala Constitucional itself, as well as from the agreement that was signed with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for the Administration of the water intakes. For this reason, this claim must be partially granted, only with respect to the declaration that the plaintiff Asociación is the holder of the extraction, storage, and distribution works, but not the improvements it claims. b) On the nullity of the agreement taken in article n.° 8 of session 078-1997 of October 21, 1997: The plaintiff requests that \"F- That the absolute nullity be declared of the administrative act of granting parcel 69 of Asentamiento de Cuarros to Mr. Nombre115345, issued by the Junta Directiva of INDER through article number eight of session zero seventy-eight-ninety-seven of October twenty-one, nineteen ninety-seven.\" On this matter, the plaintiff Asociación basically maintains that the property of the co-defendant Nombre115345 falls within the impediments provided by canon 15 of the Ley Forestal n.° 7575, considering that parcel n.° 69 under folio real 331693-000 of the Province of Puntarenas falls within the definition of article 3 of the same mentioned regulatory body, which defines the legal concept of forest, under which the property in question falls. For its part, INDER rebuts what is stated by the plaintiff, considering that the expert report of Nombre115347, n.° 002-2016-MLG, indicates that for the year 1997, the property described in plan n.° P-431481-1997 did not contain forest. It maintains that the adjudication of parcel n.° 69 was done in accordance with the law. At the same time, it argues that all the mandates of the Sala Constitucional have been fulfilled. It reiterates that at the time of the adjudication of the parcel in question, plan P-431481-1997 described the land as \"tacotales\" (scrubland). It affirms that if the parcel presents forest conditions, the appropriate course is to apply numeral 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, whereby private properties will be subject to an environmental management plan and not under the definition of Patrimonio Natural del Estado. It further argues that, with the existence of water springs (nacientes), the appropriate course is to apply what is provided in article 31 of the Ley de Aguas. The State considers that it is proven that on the property there exist two water springs, which predated the adjudication of parcel 69, and that INDER should have requested the classification from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE, an aspect it did not carry out, generating absolute nullity. It also maintains that canon 31 of Ley de Aguas n.° 276 provides that lands surrounding the catchment sites or supply sources of potable water are a reserve of domain in favor of the Nation, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius. It adds that the plaintiff has carried out works on the property to obtain potable water from the springs that it distributes to the residents of the area, which is why it should never have been transferred to a private individual. In addition to the foregoing, it indicates that the law sets a minimum perimeter for each of the springs that should have been protected in favor of the State, a situation not contemplated in the adjudication act of INDER. It reproaches that the expert report of Nombre115347 did not analyze this entire factual situation and limited itself to determining the existence of forest in 1997. SINAC maintains that technically, a \"tacotal\" is a secondary forest, or a forest in different stages of recovery, because in the satellite image obtained from the Terra project, taken in 1998, it is evident that at least 40% of the area enclosed in red line is covered with forest (cobertura boscosa) in different stages of succession, with slopes that are not flat. It reproaches that the expert report of Nombre115347 does not include land-use capability (capacidad de uso del suelo) to know whether the same is for agricultural or forestry use. Nor is it observed that the expert's field visit was accompanied by a forestry engineer from ACOPAC, to know what their assessment of the land-use capability would be. It adds that according to official communication ACOPAC-DF-052-16 of October 15, 2016, through which clarification was requested from expert Nombre115347, in the first plot surveyed, at least five trees of different species were identified that, by their diameters, can be estimated to have an age close to 35 years, which would mean that in 1997 they were already part of that recovering forest, \"tacotal\", as indicated in the farm plan. It adds that in the second measurement plot there are five trees with the same characteristics noted for the first plot, which is consistent with what is seen in the Terra image provided in the expert report. In turn, it indicates that in official communication SINAC-ACOPAC-DF-039-18 of August first, two thousand eighteen, an image is provided showing the protection area of the main spring, which is twelve and a half hectares, encompassing almost the entirety of parcel 69 and part of the adjoining parcels, an aspect that was not assessed by the Instituto de Desarrollo Agrario when handing over the parcel to its current owner. Criterion of the Tribunal: It is incumbent upon this Tribunal to carry out an analysis of the validity of the act issued by the Junta Directiva of the IDA, in session n.° 78-97, article n.° VIII, which authorized adjudicating, segregating, and transferring parcel n.° 69, with an area of 11.5946.84 square meters, to the co-defendant Nombre115345, of Asentamiento Los Cuarros, considering that he met the conditions of possessors under Ley n.° 2825 Ley de Tierras y Colonización. INDER, like the co-defendant Nombre115345, has come to defend the validity and correctness of the act that generated a right for the latter. Although it has not been proven that the co-defendant Nombre115345 displayed any conduct of bad faith regarding the adjudication of his parcel, the truth is that from an analysis of the vast body of evidence, applying the rules of sound rational criticism, which comprise the principles of logic and reasonableness, the Tribunal has some doubts about the actions of INDER at that time regarding the adjudication of the parcel under examination. As already indicated, on December 23, 1977, the Instituto de Tierras y Colonización, through public deed n.° 2442, executed before Public Notaries Rodrigo Oreamuno and Eduardo Ching Murillo, held at 4:00 p.m. on December 23, 1977, acquired by transfer from the State a series of farms that comprised what is known as Complejo Coyolar, within which is included the property known as Hacienda Cuarros y Guachipelín on which the Asentamiento de Cuarros de Tárcoles was established and on which two areas were reserved where a well and a water catchment tank are located, which demonstrates that the issue of water resources was present in that area. The Departamento de Estudios Básicos, Sección Topografía, of the INDER at that time, prepared a plan dating from September 1992, corresponding to Proyecto Fincas Cuarros y Guachipelín, located in Coyolar, Dirección14258 °, of Dirección14265 .° , of the Province of Puntarenas, in which the area corresponding to lot 69 indicates that it is a \"reserve\". This point has been debated by INDER, pointing out that it is another type of reserve; however, it has not specified or demonstrated what \"other type of reserve\" it refers to, which rather adds as one more indication that INDER knew of the special situation of the property. Subsequently, a plan was drawn up in August 1997, which is 43148-1997, corresponding to parcel n.° 69, indicating that it is land of \"tacotales\". This has been another point that INDER has exploited to support its theory of the case, as well as the expert report of Engineer Nombre115347. However, if this evidence is analyzed together with the set of evidentiary elements, it leads to the conclusion that forest existed on the site, as will be seen further on. In the chronological order being followed, by the year 2000, as cited in official communication n.° AL-DRPC-31-2001, signed by Licenciado Jorge Fabricio Fernández Mayorga, based on official communications OSRE0-1077-2000 and OS0-575-2001, it is determined that the parcel in question has a leaf or forest cover of approximately 70%, which merits special protection under the Ley Forestal and is automatically included as Patrimonio Forestal del Estado. In the line of this analysis, there is another revealing element, which is official communication DAJ-1617-2008, signed by the Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles Mora, corresponding to his sworn statement before the Sala Constitucional, in an amparo (writ of protection) proceeding under file 08-13596-0007-CO, filed by Nombre115346 against the Instituto de Desarrollo Agrario and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, in which he stated the following: \"Likewise, it is made clear that by the year 2000 a determination of the spring area had been made, but the Instituto de Desarrollo Agrario at the time of adjudicating the parcels did not inform the parcel holders of the obligation to protect the spring, and to this day, the site of which the Aqueduct is a part is a reserve of the IDA, even though the lands formed part of the patrimonio natural del Estado; which at present have not been transferred to the Ministry, and in that sense enjoy a private regime.\" (emphasis not in the original). Further, the statements made by Licenciados Jonathan Jiménez Ruiz and Alex Gen Palma, in their capacity as Subdirector of the Dirección de Asuntos Jurídicos of the IDA, are of relevance when they indicated to the Subdirector Regional of Orotina, on May 13, 2009, upon reporting what was resolved by the Sala Constitucional, which is quoted as follows: \"In summary: That in the district of Tárcoles de Garabito the peasant settlement (asentamiento campesino) called Cuarros is located, formed years ago from a parceling project of the Instituto de Desarrollo Agrario. The potable water service to said community is provided by the Asociación del Acueducto del Asentamiento de Cuarros de Tárcoles. The supply source is constituted by a main spring located in a natural reserve area declared by the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) that forms part of parcel N° 69 of the same settlement and that covers an area of approximately two hectares. Notwithstanding the foregoing conditions, INDER always adjudicated the cited parcel, for which reason it currently appears registered in the name of Mr. Nombre115345. This property has a measurement of 115,946.84 square meters, with cadastral plan Placa21594° registered in the Registro Público de la Propiedad Inmueble under folio real Placa21595°. The petitioners state that they have repeatedly denounced to both INDER and MINAE that in the reserve acts have occurred that threaten that natural resource, such as illegal logging of trees and the invasion of the lands where the springs are located. But these complaints have not been addressed either by INDER or by MINAE, who have not carried out any investigation or any action to protect the reserve where the potable water supply source is located. The petitioners state that this institutional inactivity seriously harms them, given that while trees continue to be felled in the reserve and the spring areas continue to be appropriated, in the very short term not only will that reserve cease to exist, but the inhabitants of the settlement will be left without the precious liquid. They consider that INDER is obligated to exclude this area from the reserve of adjudicated lands; however, it titled the entire parcel in favor of one person, leaving the reserve subject to any destructive action by man. They add that MINAE is the entity responsible for ensuring the protection of natural reserves; however, despite requests for officials to appear, demarcate, and protect the natural area, they have not done so. They request that the writ be granted, and that the Instituto de Desarrollo Agrario and the Ministerio de Ambiente y Energía be ordered to investigate the facts denounced and take the necessary measures to demarcate and protect the reserve that provides potable water to the community of los Cuarros (...) Likewise, I respectfully request a report on the execution of the measures taken urgently, by Friday, May 15, 2009, at the latest, to inform the Sala Constitucional; the foregoing because whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, shall be subject to imprisonment of three months to two years...\" Finally, it should be added that the existence of two water springs on the land in question is proven. So much so that approximately in 2001, four years after the adjudication of the parcel, the plaintiff Asociación installed the infrastructure required to capture water for the community. The evidentiary elements analyzed allow the Tribunal to conclude that parcel n.° 69 in question is a demanial good (bien demanial), given that it belonged to the Patrimonio Natural del Estado. There is no doubt that prior to the adjudication, forest existed, in accordance with the provisions of the Ley Forestal. So much so, that in addition to the forest, two water springs existed. It is unthinkable that a water spring would exist that is not surrounded by forest. Note that the very officials of INDER at that time and of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones acknowledged in the cited official communications not only the existence of the forest but also of the Patrimonio Natural del Estado, as well as the serious error that INDER had committed in titling said property. In another line of reasoning, INDER at that time, before carrying out the adjudication of the property in question, upon the existence of two water springs, should have informed the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, an aspect that adds to the nullity of the formation of administrative will for the specific case. On the other hand, the property in question constituted a reserve of domain in favor of the Nation, in accordance with what article 31 of the Ley de Aguas n.° 276 provided, for which reason it should never have been transferred to a private individual. When contrasting all these evidentiary elements that point to the serious error that INDER made with knowledge of the cause, with the expert report of Engineer Nombre115347, for the Tribunal it is not a conclusive evidentiary element that allows varying the position founded on the reviewed evidence that denotes the existence of Patrimonio Forestal del Estado and therefore the demaniality (demanialidad) of the good under discussion. Regarding this expert report, many doubts arise for the Tribunal, as it is a limited study, as the expert report itself indicates, and as such it does not have the virtue of discrediting the evidentiary elements already cited and analyzed, which, as is reiterated, demonstrate that the land in question belongs to the public domain (demanio público). The observations made in the written hearing phase of this expert report by SINAC together with official communication SINAC-ACOPAC-DF-052-16 reveal the shortcomings, as well as the short scope on which the expert report is based to resolve the case as a whole. The Tribunal understands that the action framework delimited by the Processing Judge for expert Nombre115347 may have allowed the expert report in question to take the wrong path to define the essential part of this controversy, making it an unsuitable piece of evidence to define the core aspects of the case. As indicated, this expert report cannot be viewed in isolation alongside the rest of the evidentiary elements in the case file, which point towards the demaniality of the good in question. On the other hand, the fact that the cadastral plan of parcel n.° 69 indicated that it was \"tacotales\" is also not an element that manages to detract from the Tribunal's conviction that the land was Patrimonio Forestal del Estado, since \"tacotal\", according to the definition of the Diccionario de la Real Academia Española, as a term specific to Costa Rica and Nicaragua, constitutes a \"dense thicket\", which cannot detract from the existence of a forest. In any case, as already indicated, when analyzing this evidence with the rest of the evidentiary elements and carrying out the analysis in light of logic and reasonableness, it is impossible to conclude that the land did not have forest because it was a simple \"tacotal\". Under the line of the indicated evidentiary analysis, this evidence, instead of supporting the defendants' case, in the context of the body of evidence that has been analyzed, reinforces the thesis that parcel n.° 69 was a demanial good, given that it had forest cover. In that same line, the thesis held by INDER that parcel 69 was a \"reserve of another type\", without explaining precisely what it consisted of, also fails to detract from the nature of the property, given that, as is reiterated, a forest existed in the place, so much so that there were two water springs. In any case, the demaniality of the good was recognized by the very authorities of INDER and MINAET. Based on the cited evidentiary elements, for the Tribunal there is no doubt that the act of adjudication issued by the Junta Directiva of INDER, in session n.° 78-97, article n.° VIII, which authorized adjudicating, segregating, and transferring parcel n.° 69, presents serious pathologies, having adjudicated land that was not only part of the Patrimonio Natural del Estado, but was also a reserve of domain of the Nation, in accordance with article 31 of the Ley de Aguas. Therefore, said act is null and must be so declared. INDER, today known as INDER, was remiss in complying with the provisions derived from the Ley de Aguas, and in turn, there are sufficient evidentiary elements indicating that at the time of issuing said act it had knowledge that the land to be adjudicated was not suitable to be granted under the regime of Ley n.° 2825, as it had forest cover and two springs. Matters being thus stated, the claim must be granted and therefore the nullity of the act of adjudication of the parcel in question must be decreed. c) On the transfer of domain of the property in favor of MINAET: The plaintiff requests, in its claim G, \"G- That the Junta Directiva of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) be required to transfer the domain of the property registered under folio real Placa21597 of the Province of Puntarenas to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) as patrimonio natural del Estado that said land constitutes.\" This claim turns out to be the legal consequence derived from the declaration of Patrimonio Forestal del Estado. However, as will be seen in the following considerando, the declaration of nullity must be dimensioned.\n\nVI.- On the claims. a) On the ownership of the improvements and works related to the extraction, storage, and distribution of potable water: In accordance with what was set forth in the preceding considerando, number V, this claim is partially granted, along the lines that it is declared that the plaintiff Asociación is the holder of the works related to the extraction, storage, and distribution of potable water, but not the abstract recognition of indemnification for the improvements. b) On the nullity of the agreement in article n.° 8 of session 078-1997 of October 21, 1997, and the transfer of domain of the property in favor of MINAET: The declaration of nullity of the agreement of the Junta Directiva of INDER requires dimensioning, given the legal consequences it naturally produces. For the purpose of ordering these aspects, that indication will be made, without it being understood as an \"extra petita\" (beyond what was requested), as it is the necessary consequence of any declaration of invalidity and the Tribunal's obligation to decree it, for the sake of order and to avoid any harm or affectation to the subjective rights and legitimate interests involved. In this way, by declaring that the property that the Junta Directiva of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article VIII of Session 78-97, of October 21, 1997, titled in favor of the co-defendant Nombre115345 and which corresponds to cadastral plan Placa21599, folio real number Placa21597 of the Partido de Puntarenas, constitutes Patrimonio Natural del Estado and a public domain good (bien de dominio público), this becomes unattachable, imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. The legal consequence of the foregoing is that the competent body to exercise its administration is the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Therefore, the Procuraduría General de la República, through the Notaría del Estado, must prepare the transfer deed, with its respective change of nature, and carry out the pertinent steps to register the property described in cadastral plan P-431481-000, under folio real number 331693-000 of the Province of Puntarenas, in the name of the State in the Registro Público de la Propiedad Inmueble. Likewise, MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as Patrimonio Natural del Estado.\n\nFurthermore, by this declaration, the co-defendant Nombre115345 is ordered to be evicted from the property subject to this proceeding and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) is to be placed in possession of that farm. INDER must pay the damages caused to the Natural Heritage of the State, arising from the annulled formal conduct. The corresponding writs must be issued to the National Registry.\n\nVII.- Regarding the defenses: 1) Defenses raised by INDER: a) The defense of failure to join a necessary passive litisconsortium was granted through Resolution No. 859-2014, at 11:50 a.m., as set forth in Proceeding 6 of this judgment. b) Defense of lapse (caducidad) and statute of limitations (prescripción). INDER raises this defense based on Transitory Provision III of the Contentious-Administrative Procedure Code, Article 66, subsection k) of the same normative body, as well as the text of Article 175 of the General Public Administration Law, in relation to the annulment claim against the agreement adopted by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute in Article VIII of Session 078-97, of October 21, 1997. Court's opinion: Although in this case acts are challenged that became final before the year two thousand eight, the date on which the Contentious-Administrative Procedure Code entered into force, it is also true that, in application of the provisions of numeral 14 of the Forestry Law (Ley Forestal), the action to recover and protect public-domain assets that form part of the PNE – which constitutes the object of this proceeding – is imprescriptible, and therefore it is not subject to the two-month challenge periods provided for in the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, nor to the one-year period set forth in Articles 39 and 40 of the CPCA. Having defined the applicable legal regime and having proven the public-domain nature (naturaleza demanial) of the subject property, the rejection of the lapse exception raised by INDER is necessarily imposed. It must be borne in mind that, in the case of recovery and protection of public-domain assets, no statute-of-limitations or lapse periods run, given that the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible. This is so due to the particular characteristics of this type of assets. This is expressly established by numeral 14 of the Forestry Law and Article 34, subsection 2 of the Contentious-Administrative Procedure Code. INDER must bear in mind that, in the face of this type of annulment claims, the principle must prevail that acts vitiated by absolute nullity cannot be validated either by time or by legal act, nor can they be cured, as mandated by Article 172 of the LGAP. In this specific case, it is essential to consider these principles: conduct related to the protection of public-domain assets is challenged, and furthermore the property remains registered in the name of a private individual to date, despite being Natural Heritage of the State and having a public-domain nature. For the foregoing reasons, and given that the plaintiff party's claims seek the absolute nullity of administrative conduct affecting public-domain assets – which are imprescriptible – and given that this Court confirmed such defect and declared the absolute nullity of the challenged formal conduct, the alleged defense of lapse must be rejected. c) Lack of passive standing: It maintains that as of today the limitations of Article 67 of Law No. 2825 have expired, and therefore the legal periods for INDER to intervene administratively to annul the adjudication of Office14266 have elapsed. The ownership belongs to Mr. Nombre115345 . For its part, the plaintiff party states that the property in question was affected by the scope of Law No. 2825, in its Article 67. It adds that it is INDER, through the actions of the Orotina Regional Subdirectorate and its Board of Directors, that is directly responsible from the outset for the problems caused and accumulated since 1998 when, in violation of the legal system, it adjudicated a forested tract of land (fundo boscoso) in the protection zone (zona de protección) of the Guarros River to a private individual, and that over the last 15 years it has been violating the regulations in force when an adjudicatee (Mr. Nombre115345 ) never managed to agriculturally exploit – nor in any other way – the adjudicated land, contravening numeral 67 of Law 2825 and 66 of Law 9036 transforming Institute33206 into INDER, in open and clear breach of its duties. Court's opinion: This defense must be rejected, given that the plaintiff Association has sufficient active standing to participate in this proceeding in light of Article 10 of the Contentious-Administrative Procedure Code. Furthermore, the action is correctly directed against INDER, as provided for in Article 12, subsection 1) of the cited Procedure Code, as the author of the formal conduct challenged and annulled in this judgment. Thus, the material procedural legal relationship is constituted, in which the plaintiff Association has sufficient standing to bring action against INDER. d) Defense of lack of right: Must be rejected. 2) Defenses raised by Nombre115345 : a) Defenses of lapse (caducidad) and statute of limitations (prescripción): It maintains that the time periods for any possible discussion of what is sought by the plaintiff have been more than exceeded. From the date of issuance of the act challenged by this action until the filing of the complaint and its subsequent notification, more than ten years elapsed, sufficient time to establish the defenses raised, and therefore the complaint must be declared inadmissible. Court's opinion: In order not to reiterate what was previously stated, the same arguments and legal analysis carried out in relation to the protection of public-domain assets apply, in which no statute-of-limitations or lapse periods run, given that the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible. b) Defense of lack of right: must be partially accepted, solely with respect to the claim for betterments (mejoras), directed only against the co-defendant Nombre115345 . 3) Defenses raised by the State and SINAC: Although initially the State and SINAC were joined to the proceeding as respondent parties, in the preliminary hearing, their procedural status changed, so that from that point forward they appear as active coadjuvants. The State even asserted a claim directly linked to that of the plaintiff Association, which is the declaration of nullity of the adjudication, as well as the declaration of the public-domain nature (demanialidad) of the asset in question. Thus framed, there is no procedural interest in analyzing their defenses.\n\nVIII.- Regarding costs. Numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code provides that procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being such. Waiver of this sanction is only viable when, in the Court's opinion, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is issued based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, this collegiate body does not find reason to apply the exceptions set forth in the applicable regulations and to break the principle of sanctioning the losing party with respect to the Agrarian Development Institute, which is why it is ordered to pay both costs. In relation to the defendant Nombre115345 , this Court considers that one of the exceptions set forth in the rule is configured, given that it had sufficient reason to litigate and, furthermore, its conduct has been in good faith, which is why it is exempted from such payment.\n\nPor tanto\n\n1) Claim against INDER: The defenses of statute of limitations, lack of passive standing ad causam, and lack of right are rejected. 2) Claim against Nombre115345 : The defense of lapse and statute of limitations is rejected; the defense of lack of right is partially accepted, solely with respect to the declaration in the abstract of betterments. 3) Claim against the State and INDER: both entities were originally sued and joined to the litigation; however, in the preliminary hearing their legal procedural situation changed to that of active coadjuvants, which is why the analysis of the defenses raised lacks interest, as they are not defendants; even the State asserted a claim that coincides with what was sought by the plaintiff Association. 4) Consequently, the claim is partially granted; in what is not expressly stated, it is deemed denied: a) It is declared that the plaintiff Association of the Cuarros de Tárcoles Settlement is the owner of the works relating to the extraction, storage, and distribution of potable water. b) It is declared that the property that the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in its Article VIII of Session 78-97, of October 21, 1997, titled in favor of the co-defendant Nombre115345 and which corresponds to cadastral plan Plaque21599, real folio registration Plaque21597, constitutes Natural Heritage of the State and a public-domain asset that is unseizable (inembargable), imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. Likewise, the competent body to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET). c) The absolute nullity is declared of the agreement of the Board of Directors of Institute33206 contained in Article VIII of Session No. 078-97, of October 21, 1997, solely with respect to the titling of a farm in favor of Nombre115345 and described in cadastral plan No. P-0431481-1997, real folio registration Plaque21597. d) The registration entries for the farm registered under the Real Folio System registration No. Plaque21597 (titled farm), issued by the National Registry, are annulled. e) The Office of the Attorney General of the Republic is ordered, through the State Notary's Office, to prepare the transfer deed, with its respective change of nature, and to take the pertinent steps to register the property described in cadastral plan Plaque21600, real folio Plaque21597 of the Province of Puntarenas, in the name of the State in the Public Property Registry. Likewise, MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as Natural Heritage of the State. f) The co-defendant Nombre115345 is ordered to be evicted from the property subject to this proceeding immediately once this judgment becomes final, and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) is to be placed in possession of that farm. h) Institute33206 is ordered to pay the procedural and personal costs of this proceeding. The co-defendant Nombre115345 is exempted from such payment. 13) The respective writs shall be issued to the National Registry and the National Archive.\n\nName32222\n\nName113583 Name71278\n\n- Verification Code -\n*GMMUWO43MSHY61*\nGMMUWO43MSHY61\n\nDocument signed by:\n\nName32222 , DECIDING JUDGE\nName113583 , DECIDING JUDGE\nName71278 , DECIDING JUDGE\n\nClassification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. 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