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  "id": "norm-104263",
  "citation": "Resolución 144",
  "section": "norms",
  "doc_type": "resolution",
  "title_es": "Eliminación del plazo de vencimiento y requisitos para el certificado de uso de suelo del Cantón de Turrubares",
  "title_en": "Elimination of Expiration Date and Requirements for Land Use Certificates in the Canton of Turrubares",
  "summary_es": "Esta resolución de la Alcaldía Municipal de Turrubares elimina el plazo de vencimiento de los certificados de uso de suelo y suprime los requisitos de cartas de disponibilidad de agua y eléctrica para la obtención de dichos certificados. Se fundamenta en que estos certificados han evolucionado de meras declaraciones de conocimiento a actos favorables constitutivos de derechos, cuya vigencia debe coincidir con la del plan regulador vigente. Exigir renovaciones periódicas atentaría contra la seguridad jurídica. Asimismo, se determina que las constancias de servicios públicos no son necesarias para certificar el uso del suelo, sino que deben solicitarse al tramitar la licencia constructiva. La resolución se ampara en el artículo 102 del Reglamento Nacional de Vivienda y Urbanismo, la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 8220).",
  "summary_en": "This resolution by the Municipality of Turrubares eliminates the expiration date of land use certificates and removes the requirements for water and electricity availability letters when obtaining these certificates. It is based on the evolution of land use certificates from mere factual declarations to favorable acts that create legal rights, whose validity should match the current regulatory plan. Requiring periodic renewals would undermine legal certainty. The resolution also determines that utility availability certificates are not necessary for land use certification but should be required at the construction permit stage. It relies on Article 102 of the National Housing and Urban Planning Regulation, case law from the Administrative Litigation Court, and the Law on Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures (Law 8220).",
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  "date": "13/03/2025",
  "year": "2025",
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    "subdivision-fraccionamiento"
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    "certificado de uso de suelo",
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    "principio de intangibilidad de los actos propios",
    "Ley 8220",
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    "licencia constructiva",
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    "Turrubares",
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  "excerpt_es": "Se ordena al Departamento de Planificación y Control Urbano, proceder de forma inmediata a eliminar el plazo de vencimiento de los certificados de uso de suelo, así como los requisitos de cartas de disponibilidad de agua y eléctrica, requisitos que deben ser exigidos en la etapa de solicitud de licencia constructiva de este Cantón y de conformidad con la Ley 8220 en su apartado 4, procédase a publicar el cambio referido, en el diario oficial La Gaceta.\n\n[...]los usos de suelos que se emitan por la Municipalidad de Turrubares, no tienen vencimiento a no ser que existan modificaciones en la zona.\n\n[...]el certificado de uso de suelo ha ido evolucionando, desde su conceptualización como un simple acto declarativo en materia urbanística que simplemente precisa la afectación de un inmueble a un uso determinado, pasando a entenderse como un acto favorable que afecta la esfera de derechos e intereses del administrado.",
  "excerpt_en": "The Department of Planning and Urban Control is ordered to immediately eliminate the expiration date of land use certificates, as well as the requirements for water and electricity availability letters, which must be required at the construction permit application stage in this Canton and, in accordance with Section 4 of Law 8220, to publish the referenced change in the official gazette La Gaceta.\n\n[...]the land uses issued by the Municipality of Turrubares have no expiration unless there are modifications in the zone.\n\n[...]the land use certificate has evolved from its conceptualization as a simple declaratory act in urban planning that merely specifies the designation of a property to a determined use, to being understood as a favorable act that affects the sphere of rights and interests of the administrated party.",
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    "summary_en": "The expiration date of land use certificates and the requirements for water and electricity availability letters are eliminated for their issuance in the canton of Turrubares, with the latter being moved to the construction permit application stage.",
    "summary_es": "Se elimina el plazo de vencimiento de los certificados de uso de suelo y los requisitos de cartas de disponibilidad de agua y eléctrica para su obtención en el cantón de Turrubares, trasladando estos últimos a la etapa de solicitud de licencia constructiva."
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      "quote_es": "el certificado de uso de suelo ha ido evolucionando, desde su conceptualización como un simple acto declarativo en materia urbanística que simplemente precisa la afectación de un inmueble a un uso determinado, pasando a entenderse como un acto favorable que afecta la esfera de derechos e intereses del administrado."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=104263&strTipM=TC&nValor3=0",
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  "body_es_text": "en la totalidad del texto\n\n                    -\n\n                        Texto Completo Norma 144\n\n                        Elimina el plazo de vencimiento de los certificados de uso de suelo, así\ncomo los requisitos de cartas de disponibilidad de agua y eléctrica\n\nMUNICIPALIDAD DE TURRUBARES\n\nCANTÓN ECOLÓGICO\n\nResolución Administrativa.-MT-ALC-02-2025-144.-\nAlcaldía Municipal, a las diez horas cuarenta y tres minutos del trece de marzo\ndel año dos mil veinticinco.\n\nEl suscrito, Martin Vargas Calderón, mayor, divorciado, portador\nde la cédula de identidad seis-cero dos cero siete-cero ocho cuatro\ncero(6-0207-0840), vecino de la ciudad San Antonio de Tulin,\nen su calidad de Alcalde, electo mediante elección popular, según resolución\nnúmero: 1658- E11-2024, a las nueve horas del ocho de marzo de dos mil\nveinticuatro, publicado en N°43, del veintidós de marzo de dos mil\nveinticuatro, por La Gaceta un período que va desde el primero de mayo\nde dos mil veinticuatro, hasta el treinta de abril del dos mil veintiocho, de\nconformidad con los artículos ciento dos, inciso ocho, ciento sesenta y nueve,\nciento setenta y uno y ciento setenta y dos de la Constitución Política de\nCosta Rica, catorce y quince del Código Municipal, noventa y siete y noventa y\nnueve del Código Electoral, debidamente juramentado mediante sesión Solemne del\nConcejo Municipal de la Municipalidad de Turrubares;\ndel primero de mayo de dos mil veinticuatro, artículo IV, inciso único,\nostentando la representación legal de la Municipalidad, de conformidad con los\nsiguientes antecedentes manifiesto:\n\nResultando:\n\nI.-Que esta Municipalidad de Turrubares\nno cuenta con el respectivo plan regular propio.\n\nII.-Está Municipalidad solicita en el certificado de uso de suelo\ndisponibilidad de agua y eléctrica.\n\nIII.-Que se indica dentro del certificado de uso de suelo, un plazo\nde vencimiento del mismo.\n\nConsiderando:\n\nI.-La Alcaldía municipal, conforme lo dispone el artículo 17 inciso\na) del Código Municipal, posee la atribución de ejercer las funciones\ninherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias\nmunicipales. Vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el\nfiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en\ngeneral. En esta labor, se asume un papel preponderante, pues como Gobierno\nLocal se tiene el deber constitucional de velar por el bienestar de la\ncomunidad (artículo 169 de la Constitución Política).\n\nII.-Que esta Alcaldía en cumplimiento de las atribuciones\ny obligaciones que le concede el apartado 17, inciso ñ) del Código Municipal,\nprocede analizar el siguiente requisito de uso de suelo para que solicita a la\nluz de normativa existente.\n\nRecordemos que\nel legislador les ha conferido a los gobiernos locales la potestad de\nplanificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su\nterritorio, conforme con la ley, los reglamentos y planes reguladores locales\nque incorporen los lineamientos, normas técnicas y directrices, en este caso, los\naplicables al Gran Área Metropolitana. Conciernen además a la Dirección de\nUrbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, las competencias que\nle otorga la Ley de Planificación Urbana antes de su adopción por los\nmunicipios (artículo 169 Constitucional; 15, 18, 28 de la Ley 4240).\n\nAhora bien,\nlos numerales 15, 16 inciso c), 21 inciso 1) y 24 de la Ley 4240, establecen la\nresponsabilidad municipal de determinar el uso de suelo y planificar el\ndesarrollo urbano a través de los planes reguladores o, en su defecto, por\nmedio de la regulación regional dictada por el Instituto Nacional de Vivienda y\nUrbanismo, de forma que siempre ha de fundamentarse en criterios técnicos y el\nprincipio de objetivación de la tutela del ambiente (Transitorio II ibídem; Ley\n6227, artículo 16; votos constitucionales 50971993, 4205-96 y 11397-2003,\n10971-2006 y 6304-2008; Tribunal Contencioso Administrativo, voto\n244-2013-III).\n\n\".si no hay plan local vigente, la zonificación es la que establece el\nPlan Regional, su reglamento de zonificación y demás normativa reglamentaria\nrelacionada con la zonificación dentro de la GAM, para las municipalidades que\nforman parte de aquella. Pero lo importante es que, aún en estos casos y aunque\nse certifique en relación con el Plan Regional, el acto de certificar sigue\nsiendo competencia de las municipalidades respectivas, como lo es aún en el\ncaso de no estar dentro de la GAM.\" (dictamen C-177-2008).\n\nPara el caso\nque nos atañe es importante señalar el tema de los certificados de uso de suelo\nen su naturaleza jurídica, tema que ha sido ya abordado, por nuestra\njurisprudencia existiendo una primera tendencia, al considerar que eran\nconcebido como declaración de conocimiento, que no otorgaba derecho ni\nmodificaba situaciones jurídicas, limitándose a ser un acto de constatación de\nhechos o circunstancias (votos constitucionales 4336-1999, 2932007, 9715-2012;\nTribunal Contencioso Administrativo, resoluciones 263-2008-II, 1252006- III,\n149-2006-III y 105-2012-IV; dictámenes C-327-2001, C-051-2008, C-028-2013 y\nC-230-2013).\n\nEn la segunda tendencia fueron catalogados como actos favorables\nconstitutivos de situaciones jurídicas subjetivas, a partir de lo señalado por\nla Sala Constitucional en sus votos 15501-2016 y 9565-2017, señalando en lo que\ninteresa que: \".VII. Sobre los\ncertificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha\ndefinido que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que\nnace del ejercicio de la potestad normativa del ente corporativo, que afecta\ndirectamente la esfera jurídica del administrado-favorable y desfavorablemente\na la vez-; y que genera efectos jurídicos independientes. Ello por cuanto su\ncontenido beneficia al administrado y a la vez le establece limitaciones, es\ndecir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo\nestablecido en la reglamentación una vez obtenidos los respectivos permisos y a\nla vez limita el ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en\naplicación de las regulaciones urbanísticas y el régimen ambiental\nvigente.\". Igual tendencia ha tenido el Tribunal Contencioso Administrativo\nen su voto 530-2014, indicando que: \"\".el\ncertificado de uso de suelo ha ido evolucionando, desde su conceptualización\ncomo un simple acto declarativo en materia urbanística que simplemente precisa\nla afectación de un inmueble a un uso determinado, pasando a entenderse como un\nacto favorable que afecta la esfera de derechos e intereses del\nadministrado.\". Esa disposición hizo que la misma Procuraduría General\nde la República, en su dictamen C5- 2019 indicará que: \".en virtud de\nlo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los\nCertificados de Uso de Suelo deben ser conceptualizados, como actos favorables\nconstitutivos de situaciones jurídicas subjetivas, que se encuentran cubiertos\npor el principio de intangibilidad de los actos propios, por lo que su\nanulación o revisión implica la observación de los requisitos formales y\nsustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública.\"\n\nAclarado lo anterior, podemos ver que el Reglamento Nacional de Vivienda y\nUrbanismo en su apartado 102 señala que:\n\nArtículo 102. Certificado de Uso de Suelo. Para el diseño y construcción de una edificación, se\ndebe obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso del\nsuelo, según las disposiciones y restricciones contenidas en el plan regulador\nvigente. La vigencia del certificado de uso de suelo debe ser por el tiempo que\nel plan regulador permanezca vigente y no se modifique. Cuando un plan\nregulador cambia o se modifica, la vigencia de los certificados de uso de suelo\nemitidos con anterioridad debe ser la indicada en el nuevo plan regulador; en\ncaso que no se indique, debe ser de 2 años. En caso de no contar con plan\nregulador, la municipalidad debe indicar los requerimientos establecidos en el\npresente Reglamento, según el tipo de edificación. Todo certificado de uso de\nsuelo debe señalar como mínimo el uso, retiros, cobertura, densidad, altura,\nfrente y área mínima. Además, la municipalidad que lo emita debe indicar en el\ndocumento el periodo de vigencia.\n\n(Así reformado en sesión N° 6328 del 26 de julio de\n2018).\n\nIII.-Así mismo,\nel certificado de uso del suelo que se expide válidamente, no está sometido a\nvalidez temporal, mientras el Plan Director (Plan Regulador) no sea modificado;\nes decir, un terreno con vocación residencial, la mantiene por todo el plazo\nque esté vigente el plan general de desarrollo urbano; el que puede ser\ncomercial, igualmente, puesto que la zonificación no cesa en sus efectos\nanualmente. Si así fuera, se estaría afirmando que todo propietario en el\nCantón, está obligado a obtener un certificado de uso del suelo cada año, para\nque se le notifique cuál es el uso que se le permite durante el año siguiente y\nasí consecutivamente, pudiendo la Municipalidad variar ese uso del suelo,\nanualmente. Esta interpretación no solo atenta contra la esencia misma del\nDerecho Urbanístico, sino que elimina del todo el valor seguridad jurídica y\ndeja en manos de la administración municipal, el definir, discrecionalmente,\ncuál es la vocación urbanística de cada inmueble. Por ello, estima la Sala, no\nes posible admitir el criterio de que solo el vencimiento del certificado del\nuso del suelo por el transcurso de un año, implique que una actividad\nautorizada se transforme, el año siguiente, en prohibida. (Ver resolución\ndel Tribunal Contencioso Administrativo Sección III N° 452-2014 de las\n14:20 horas del 24 de septiembre de 2014).\n\nAsí las cosas, los usos de suelos que se emitan por la Municipalidad de Turrubares, no tienen\nvencimiento a no ser que existan modificaciones en la zona.\n\nConforme lo\nanterior podemos concluir que el acto de certificado de uso de suelo debe ser\nenfocado en señalar el uso, los retiros, la cobertura, la densidad, del\nterreno, la altura del edificio, el frente que debe tener la propiedad, así\ncomo el área mínima del terreno conforme a la zona a desarrollar. Es por ello\nque esta Alcaldía a la luz de la Ley de protección al ciudadano del exceso de\nrequisitos y trámites administrativos (Ley 8220).\n\nAdemás,\npodemos ver el numeral 18 del Reglamento de Prestación de Servicios del\nInstituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados, sobre los requisitos\nque el administrado debe cumplir para la constancia de disponibilidad y en su\ninciso d) señala que una copia certificada del plano catastrado, plano que\ndebió pasar ya la aprobación de la Municipalidad, de igual manera el numeral 18\ndel Reglamento de Prestación de Servicios de Energía, inciso d) realiza misma\nacotación respecto a copia certificada del plano catastro.\n\nEntendido así el uso de suelo, no cabe exigir carta de disponibilidad de\nagua ni eléctrica de previo puesto que es un instrumento utilizado, para temas\nconstructivos y que su eficacia se da cuando se emite la licencia municipal o\npermiso de construcción, por lo que esta Alcaldía procede a eliminar el\nrequisito de cartas de disponibilidad para el certificado de uso de suelo, para\nque sea solicitado, como requisitos previos al permiso de construcción. Por\ntanto,\n\nConforme a los fundamentos de hecho y derecho expuesto en la parte\nconsiderativa de esta resolución se resuelve que:\n\nSe ordena al Departamento de Planificación y Control Urbano, proceder de forma\ninmediata a eliminar el plazo de vencimiento de los certificados de uso de\nsuelo, así como los requisitos de cartas de disponibilidad de agua y eléctrica,\nrequisitos que deben ser exigidos en la etapa de solicitud de licencia\nconstructiva de este Cantón y de conformidad con la Ley 8220 en su apartado 4,\nprocédase a publicar el cambio referido, en el diario oficial La Gaceta.\nComuníquese.\n\n14 de marzo de 2025.",
  "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n                    -\n\n                        Full Text of Norm 144\n\n                        Eliminates the expiration period of land-use certificates, as well\nas the requirements for water and electrical availability letters\n\nMUNICIPALITY OF TURRUBARES\n\nECOLOGICAL CANTON\n\nAdministrative Resolution.-MT-ALC-02-2025-144.-\nMayor's Office, at ten hours forty-three minutes on the thirteenth of March\nof the year two thousand twenty-five.\n\nThe undersigned, Martin Vargas Calderón, of legal age, divorced, bearer\nof identity card number six-zero two zero seven-zero eight four\nzero (6-0207-0840), resident of the city of San Antonio de Tulin,\nin his capacity as Mayor, elected by popular vote, according to resolution\nnumber: 1658-E11-2024, at nine hours on the eighth of March of two thousand\ntwenty-four, published in N°43, on the twenty-second of March of two thousand\ntwenty-four, in La Gaceta, for a term running from the first of May\nof two thousand twenty-four, until the thirtieth of April of two thousand twenty-eight, in\naccordance with articles one hundred two, subsection eight, one hundred sixty-nine,\none hundred seventy-one and one hundred seventy-two of the Political Constitution of\nCosta Rica, fourteen and fifteen of the Municipal Code, ninety-seven and ninety-\nnine of the Electoral Code, duly sworn in during the Solemn session of the\nMunicipal Council of the Municipality of Turrubares;\non the first of May of two thousand twenty-four, article IV, sole subsection,\nholding the legal representation of the Municipality, in accordance with the\nfollowing background information, I state:\n\nWhereas:\n\nI.-That this Municipality of Turrubares\ndoes not have its own respective regulatory plan (plan regulador).\n\nII.-This Municipality requests, within the land-use certificate (certificado de uso de suelo),\nwater and electrical availability.\n\nIII.-That an expiration period\nfor the land-use certificate is indicated within it.\n\nConsidering:\n\nI.-The Mayor's Office, pursuant to the provisions of article 17, subsection\na) of the Municipal Code, has the authority to exercise the functions\ninherent to the condition of general administrator and head of the municipal\ndepartments. Overseeing the organization, functioning, coordination, and\nfaithful compliance with municipal agreements, laws, and regulations\nin general. In this work, a preponderant role is assumed, since as a Local\nGovernment, there is a constitutional duty to ensure the well-being of the\ncommunity (article 169 of the Political Constitution).\n\nII.-That this Mayor's Office, in compliance with the powers\nand obligations granted by subsection 17, clause ñ) of the Municipal Code,\nproceeds to analyze the following land-use requirement it requests in\nlight of existing regulations.\n\nLet us remember that\nthe legislator has conferred on local governments the power to\nplan and control urban development within the limits of their\nterritory, in accordance with the law, regulations, and local regulatory plans\nthat incorporate the guidelines, technical standards, and directives, in this case, those\napplicable to the Greater Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana). Also concerning the Urbanism\nDirectorate of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), the powers\ngranted to it by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) prior to their adoption by the\nmunicipalities (article 169 Constitutional; 15, 18, 28 of Law 4240).\n\nNow then,\nsections 15, 16 subsection c), 21 subsection 1) and 24 of Law 4240, establish the\nmunicipal responsibility to determine land use (uso de suelo) and plan\nurban development through regulatory plans or, failing that, by\nmeans of the regional regulation issued by the National Institute of Housing and\nUrbanism (INVU), so that it must always be based on technical criteria and the\nprinciple of objectification of environmental protection (Transitorio II ibid.; Law\n6227, article 16; constitutional rulings 50971993, 4205-96 and 11397-2003,\n10971-2006 and 6304-2008; Administrative Litigation Court, ruling\n244-2013-III).\n\n\".if there is no local plan in force, the zoning (zonificación) is that established by the\nRegional Plan, its zoning regulation and other regulatory provisions\nrelated to zoning within the GAM, for the municipalities that form\npart of it. But the important thing is that, even in these cases and although\nit is certified in relation to the Regional Plan, the act of certifying continues\nto be the responsibility of the respective municipalities, as it is even in the\ncase of not being within the GAM.\" (opinion C-177-2008).\n\nFor the case\nat hand, it is important to point out the issue of land-use certificates\nin their legal nature, a topic that has already been addressed by our\ncase law, there being a first trend, which considered that they were\nconceived as a declaration of knowledge, which did not grant rights\nnor modify legal situations, limiting itself to being an act of verification of\nfacts or circumstances (constitutional rulings 4336-1999, 2932007, 9715-2012;\nAdministrative Litigation Court, resolutions 263-2008-II, 1252006-III,\n149-2006-III and 105-2012-IV; opinions C-327-2001, C-051-2008, C-028-2013 and\nC-230-2013).\n\nIn the second trend, they were classified as favorable acts\nconstituting subjective legal situations, based on what was indicated by\nthe Constitutional Chamber in its rulings 15501-2016 and 9565-2017, stating in what\nis relevant that: \".VII. On the\nland-use certificates. Regarding this aspect, this Court has\ndefined that land-use certificates are an administrative act that\narises from the exercise of the normative power of the corporate entity, which directly\naffects the legal sphere of the administered party—favorably and unfavorably\nat the same time—; and which generates independent legal effects. That is because its\ncontent benefits the administered party and at the same time establishes limitations, that is,\nit grants the right to dedicate the property according to the land use\nestablished in the regulation once the respective permits are obtained, and\nat the same time limits the exercise of the attributes of the property right, in\napplication of urban planning regulations and the environmental regime\nin force.\". The same trend has been followed by the Administrative Litigation Court\nin its ruling 530-2014, indicating that: \"\".the\nland-use certificate has been evolving, from its conceptualization\nas a simple declaratory act in urban planning matters that simply specifies\nthe affectation of a property to a determined use, moving on to be understood as a\nfavorable act that affects the sphere of rights and interests of the\nadministered party.\". That provision caused the Attorney General's Office\nof the Republic itself, in its opinion C5-2019, to indicate that: \".by virtue of\nthe provisions of article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the\nLand-Use Certificates must be conceptualized as favorable acts\nconstituting subjective legal situations, which are covered\nby the principle of intangibility of one's own acts, so their\nannulment or review implies the observance of the formal and\nsubstantial requirements established for that purpose in section 173 of the General Law of\nPublic Administration (Ley General de la Administración Pública).\"\n\nHaving clarified the above, we can see that the National Housing and\nUrbanism Regulation in its section 102 points out that:\n\nArticle 102. Land-Use Certificate. For the design and construction of a building, a\nmunicipal certificate must be obtained that certifies the conformity of land\nuse (uso del suelo), according to the provisions and restrictions contained in the current regulatory plan (plan regulador). The validity of the land-use certificate must be for the time that\nthe regulatory plan remains in force and is not modified. When a regulatory\nplan changes or is modified, the validity of the land-use certificates\nissued previously must be as indicated in the new regulatory plan; in\nthe event that it is not indicated, it must be 2 years. In the event of not having a regulatory\nplan, the municipality must indicate the requirements established in the\npresent Regulation, according to the type of building. Every land-use\ncertificate must indicate at least the use, setbacks (retiros), coverage (cobertura), density, height,\nfrontage (frente) and minimum area. In addition, the municipality that issues it must indicate in the\ndocument the period of validity.\n\n(Thus amended in session N° 6328 of July 26,\n2018).\n\nIII.-Likewise,\nthe land-use certificate that is validly issued is not subject to\ntemporal validity, as long as the Master Plan (Regulatory Plan) is not modified;\nthat is, land with residential vocation maintains it for the entire term\nthat the general urban development plan is in force; that which may be\ncommercial, equally, since the zoning does not cease in its effects\nannually. If it were so, it would be affirming that every property owner in the\nCanton is obliged to obtain a land-use certificate each year, in order\nto be notified what use is permitted during the following year and\nso on consecutively, the Municipality being able to vary that land use\nannually. This interpretation not only attacks the very essence of\nUrban Planning Law, but completely eliminates the value of legal certainty\nand leaves it in the hands of the municipal administration to define, discretionally,\nwhat the urbanistic vocation of each property is. Therefore, the Chamber deems it\nis not possible to admit the criterion that the mere expiration of the land-\nuse certificate after the passage of one year implies that an authorized\nactivity is transformed, the following year, into a prohibited one. (See resolution\nof the Administrative Litigation Court Section III N° 452-2014 of\n14:20 hours on September 24, 2014).\n\nThus, the land uses (usos de suelos) issued by the Municipality of Turrubares do not have\nan expiration date unless there are modifications in the zone.\n\nIn accordance with\nthe above, we can conclude that the act of the land-use certificate must be\nfocused on indicating the use, setbacks, coverage, density, of\nthe land, the height of the building, the frontage that the property must have, as well\nas the minimum area of the land according to the zone to be developed. This is why\nthis Mayor's Office acts in light of the Law for the Protection of Citizens from the Excess of\nRequirements and Administrative Procedures (Ley 8220).\n\nFurthermore,\nwe can see section 18 of the Regulation for the Provision of Services of the\nCosta Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), regarding the requirements\nthat the administered party must fulfill for the certification of availability, and in its\nsubsection d) it points out a certified copy of the cadastral map (plano catastrado), a map that\nshould have already passed the approval of the Municipality, likewise section 18\nof the Regulation for the Provision of Energy Services, subsection d) makes the same\nobservation regarding a certified copy of the cadastral map.\n\nUnderstood in this way, the land use does not require demanding a water\nor electrical availability letter beforehand since it is an instrument used for\nconstruction matters and its effectiveness occurs when the municipal license or\nconstruction permit is issued, for which this Mayor's Office proceeds to eliminate the\nrequirement of availability letters for the land-use certificate, so\nthat it be requested as prerequisites for the construction permit. Therefore,\n\nBased on the factual and legal grounds set forth in the\nconsidering part of this resolution, it is resolved that:\n\nThe Department of Planning and Urban Control is ordered to proceed immediately\nto eliminate the expiration period of land-use certificates,\nas well as the requirements for water and electrical availability letters,\nrequirements that must be demanded at the stage of requesting the construction\nlicense of this Canton and in accordance with Law 8220 in its section 4,\nproceed to publish the referred change in the official gazette La Gaceta.\nLet it be communicated.\n\nMarch 14, 2025."
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