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  "id": "pgr-12891",
  "citation": "OJ-178-2004",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Oposición a la desafectación del dominio público de la Isla Chira",
  "title_en": "Opposition to the removal of Isla Chira from public domain",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República se opone al proyecto de ley que pretendía desafectar del dominio público la Isla Chira y reducir su zona marítimo terrestre a 200 metros. Considera que la propuesta es inconveniente porque dañaría el acervo natural y cultural de la isla, que alberga importantes manglares, bosques, cuencas y sitios arqueológicos, además de que eliminaría la protección que brinda el régimen de dominio público. Señala que no existe un interés público superior que justifique la desafectación y que la reforma contradice obligaciones internacionales en materia ambiental y el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 50 constitucional. Advierte que el proyecto agravaría la situación de los pescadores locales en lugar de ayudarlos, al exponerlos a perder sus tierras.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office opposes the bill seeking to remove Isla Chira from public domain and reduce its maritime-terrestrial zone to 200 meters. It argues the proposal is detrimental because it would harm the island's natural and cultural heritage—including important mangroves, forests, watersheds, and archaeological sites—and eliminate the protection afforded by the public domain regime. It finds no overriding public interest that justifies declassification and holds that the reform contradicts international environmental obligations and the constitutional right to a healthy environment (Article 50). It warns that the bill would worsen the situation of local fishers rather than help them, by exposing them to land loss.",
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  "date": "23/12/2004",
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    "dominio público",
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    "zona marítimo terrestre",
    "manglar",
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  "keywords_es": [
    "Isla Chira",
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  "keywords_en": [
    "Isla Chira",
    "public domain",
    "declassification",
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  "excerpt_es": "\"…los poderes públicos, y en este caso el legislador, tienen el deber de preservar y hacer posible el derecho a un medio ambiente adecuado que garantiza el artículo 50 de la Constitución. Un componente nuclear del medio ambiente es la protección de la naturaleza, de la que forman parte las islas marítimas, ya se consideren como bienes en sí o en la composición factorial analítica de elementos (suelo, subsuelo, mar, flora, fauna etc.). Disponer el paso de éstas a manos particulares va en demérito de su acervo natural, del que el Estado es titular, y de las importantes funciones sociales que cumplen, con supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y venideras. En una palabra, daña el bien común. De ahí que al no mediar un interés público superior que respalde la salida de esos bienes del patrimonio de la Nación y tener plena vigencia las razones que justificaron el acto afectatario, la desafectación es del todo inconveniente.\"",
  "excerpt_en": "\"...the public authorities, and in this case the legislator, have the duty to preserve and make possible the right to an adequate environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. A core component of the environment is the protection of nature, of which maritime islands form a part, whether considered as goods in themselves or in the analytical factorial composition of elements (soil, subsoil, sea, flora, fauna, etc.). Allowing these to pass into private hands is detrimental to their natural wealth, of which the State is the owner, and to the important social functions they perform, suppressing collective use by present and future generations. In a word, it harms the common good. Hence, in the absence of a superior public interest that supports the removal of these assets from the Nation's patrimony and with the reasons that justified the act of classification fully in force, declassification is entirely inadvisable.\"",
  "outcome": {
    "label_en": "Unfavorable opinion",
    "label_es": "Dictamen desfavorable",
    "summary_en": "The Attorney General opines that the bill is unfavorable to environmental public interests and that declassifying Isla Chira is inadvisable because no overriding public interest justifies it.",
    "summary_es": "La Procuraduría dictamina que el proyecto de ley es desfavorable para los intereses públicos ambientales y la desafectación de la Isla Chira es inconveniente por no mediar un interés público superior que la justifique."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Cita de opinión jurídica previa OJ-058-1997",
      "quote_en": "Isla Chira contains extensive and dense mangrove areas and an estuary (Nancite), which, whatever their size, constitute public zone (Article 11 of Law 6043).",
      "quote_es": "La Isla de Chira contiene importantes y densas áreas de manglar y un estero (Nancite), que sea cual fuere su extensión constituyen zona pública (artículo 11 de la Ley 6043)."
    },
    {
      "context": "Consideraciones sobre el dominio público",
      "quote_en": "Allowing these to pass into private hands is detrimental to their natural wealth, of which the State is the owner, and to the important social functions they perform, suppressing collective use by present and future generations.",
      "quote_es": "Disponer el paso de éstas a manos particulares va en demérito de su acervo natural, del que el Estado es titular, y de las importantes funciones sociales que cumplen, con supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y venideras."
    },
    {
      "context": "Razonamiento sobre la improcedencia de la desafectación",
      "quote_en": "Declassification, when applicable, must be based on the condition that the public interest that gave rise to the classification has ceased, which is not the case here...",
      "quote_es": "La desafectación, cuando cabe, debe fundarse en la condición de haber cesado el interés público que originó la afectación lo que aquí no ocurre..."
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    {
      "context": "Conclusión sobre los objetivos del proyecto",
      "quote_en": "it is not appropriate to declassify public domain assets to meet specific needs",
      "quote_es": "no es procedente desafectar bienes de dominio público, para atender necesidades específicas"
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        "label": "Ley 6043  Art. 9"
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=12891&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Opinión Jurídica : 178 - J   del 23/12/2004   \n\n\nOJ-178-2004\n23 de diciembre del 2004\n \n \nLicda. Rocío Barrientos Solano\nJefa de Área\nComisión Permanente de Gobierno y Administración\nAsamblea Legislativa\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con aprobación de la señora Procuradora General de la República,  nos referimos a su escrito del 14\nde setiembre del presente año, mediante el cual consulta nuestro criterio sobre el Proyecto\ndenominado \"Ley para promover el desarrollo social, económico y turístico en la Isla Chira\",\npublicado en La Gaceta N° 165 del 24 de agosto del 2004, expediente legislativo N° 15.651.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En una ocasión anterior, se consultó el proyecto Nº12295, denominado \"Ley para desafectar del\ndominio público La Isla Chira\" (La Gaceta Nº185 del 29 de setiembre de 1997), y en opinión jurídica\nNº OJ-058-1997 del 4 de noviembre de 1997, expresamos total desacuerdo con el mismo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En la exposición de motivos del actual proyecto, se indica que la zona marítimo terrestre de la\nIsla se reduce a doscientos metros a partir de la pleamar ordinaria.  No obstante, en la reforma\npropuesta del artículo 9 párrafo segundo de la Ley 6043, exceptúa a la Isla Chira de la definición\ncomprensiva de la zona marítima terrestre para las islas, y deja sin sustento normativo cualquier\ntipo de desarrollo o aprovechamiento especial, pues ese territorio insular estará bajo el dominio y\nposesión directos del Estado. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Por otra parte, el propósito de reducir la zona marítimo terrestre a doscientos metros, aunque no\nse indica en el artículo que se reforma, tampoco toma en cuenta la variedad de riqueza natural y\ncultural de la Isla.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEn ese sentido, en la citada opinión jurídica Nº OJ-058-1997, apuntamos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"La Isla de Chira contiene importantes y densas áreas de manglar y un estero (Nancite), que sea\ncual fuere su extensión constituyen zona pública (artículo 11 de la Ley 6043).  Según estudio de los\ninvestigadores de la Universidad de Costa Rica Geovanny Cordero y Sergio Feoli, el manglar de la\nIsla Chira conforma el humedal más grande del área continental, 9.95 kilómetros cuadrados, y\nrepresentan un porcentaje de 25.19 de la superficie de la isla. Con lo cual, alcanza una franja\nsuperior a los cincuenta metros; extremo que no toma en cuenta la norma propuesta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Otros valores naturales de la isla son las áreas boscosas o forestales (unos 11.74 kilómetros\ncuadrados de bosque secundario), una cuenca, pastos arbolados (17.81 kilómetros cuadrados), riqueza\nictiológica, fauna marina, y hasta bienes culturales, que reportan la presencia de al menos dos\nsitios arqueológicos\".\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nY, más adelante en el mismo pronunciamiento señala:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"…los poderes públicos, y en este caso el legislador, tienen el deber de preservar y hacer posible\nel derecho a un medio ambiente adecuado que garantiza el artículo 50 de la Constitución. Un\ncomponente nuclear del medio ambiente es la protección de la naturaleza, de la que forman parte las\nislas marítimas, ya se consideren como bienes en sí o en la composición factorial analítica de\nelementos (suelo, subsuelo, mar, flora, fauna etc.). Disponer el paso de éstas a manos particulares\nva en demérito de su acervo natural, del que el Estado es titular, y de las importantes funciones\nsociales que cumplen, con supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y\nvenideras. En una palabra, daña el bien común. De ahí que al no mediar un interés público superior\nque respalde la salida de esos bienes del patrimonio de la Nación y tener plena vigencia las razones\nque justificaron el acto afectatario, la desafectación es del todo inconveniente. La existencia del\ndominio público se justifica por razón del mantenimiento y satisfacción del interés público.\nConlleva un singular régimen exorbitante para proteger mejor su integridad física y jurídica.  La\ndesafectación, cuando cabe, debe fundarse en la condición de haber cesado el interés público que\noriginó la afectación lo que aquí no ocurre...El proyecto de Ley que se examina contradice también\nlos objetivos de los instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de medio\nambiente, donde se comprometió a la protección y conservación eficaces de nuestro patrimonio natural\ny cultural, de las zonas adyacentes a las áreas protegidas, a velar por el uso racional y sostenible\nde sus recursos naturales para asegurar una mejor calidad de vida de toda la población, etc. (Ver,\nentre otros, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, Ley Nº 5980 de 16\nde noviembre de 1976, art. 5; Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y\nDesarrollo, Ley Nº 7226 de 2 de abril de 1991, art. I; Convenio sobre Diversidad Biológica (art.8\nincs. d y e) y sus Anexos, Ley Nº 7416 de 30 de junio de 1994 ; Convención de Ramsar , Ley 7224 de 9\nde abril de 1991, etc.).  El proyecto igualmente se contrapone a la tradición de nuestros anteriores\nlegisladores, quienes sirviendo con objetividad los intereses generales, desde antiguo han atribuido\na las islas el carácter de dominio público, separándolas del tráfico jurídico. Asimismo, es\ncontrario a la tendencia de países más avanzados, que concientes de la fragilidad de los recursos\nmarítimos-terrestres, escasez, demanda e importantes funciones que satisfacen, han eregido en\nelementos nucleares de sus sistemas jurídicos la titularidad y uso público de los bienes, la\npreservación de sus características naturales y una conveniente administración que concilie las\nnecesidades a corto y largo plazo, en provecho de todos…Son aplicables al caso las palabras que\nconsigna la Exposición de Motivos de la expresada Ley de Costas:\n\n\n\n El demanio marítimo terrestre es \"patrimonio colectivo especialmente valioso\", \"espacio natural de\nlibertad que ha de ser preservado para el uso y disfrute de todos los ciudadanos\". \"Es\nresponsabilidad ineludible del legislador de esta hora proteger la integridad de estos bienes,\nconservarlos como propiedad de todos y legarlos en esta condición a las generaciones futuras\".\n\n\n\n\n \n\n\n\n En la exposición de motivos se afirma que los pescadores habitantes de la Isla no pueden competir\nen esa actividad por falta de recursos técnicos y económicos.  A pesar de ello, estimamos que \"no es\nprocedente desafectar bienes de dominio público, para atender necesidades específicas\" (OJ-033-1997\ndel 21 de julio de 1997 y OJ-058-1997 del 4 de noviembre de 1997), más aún, cuando no se especifica\ncuáles serán las condiciones de manejo y planificación de la zona, ni qué ente estatal las asumirá,\nni si éste queda facultado para otorgar títulos de propiedad y bajo qué condiciones, y sin\ndeterminarse la forma en que se desarrollarán esas actividades.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAnte ello, cabe plantearse las siguientes interrogantes:\n\n\n\n\n \n\n\n\n ¿Si efectivamente los habitantes de la Isla tendrán la capacidad técnica y económica para ser\npartícipes de manera directa en actividades de tipo comercial, incluyéndose la turística, o si por\nel contrario, operará igual principio que el señalado en el mismo, en cuanto a que no podrán\ncompetir, quedando obligados a vender sus terrenos, abandonar la Isla, perder propiedades en\nembargos y remates, incrementándose el problema y agravándose sobre todo la situación particular y\nsocial?\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Los aspectos anteriormente mencionados reafirman el criterio de la Procuraduría, en el sentido de\nque la iniciativa que se plantea en la exposición de motivos es desfavorable para los intereses\npúblicos en materia ambiental.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDe otra parte, el texto propuesto es conforme con la protección de bien de dominio público.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En todo caso, corresponde al Plenario valorar y decidir sobre la conveniencia de la reforma\npropuesta en la exposición de motivos, pues la desafectación de un bien público no compete a las\nComisiones Permanentes (Constitución Política, artículos 121, inciso 14) y 124).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCordialmente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\nLic. Mauricio Castro Lizano                           Licda. Meylin Gutiérrez Méndez\nProcurador Adjunto                                        Área Agraria Y Ambiental",
  "body_en_text": "Legal Opinion: 178 - J of 12/23/2004\n\nOJ-178-2004\nDecember 23, 2004\n\nLicda. Rocío Barrientos Solano\nArea Chief\nPermanent Commission of Government and Administration\nLegislative Assembly\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to your communication of September 14 of this year, through which you consult our opinion on the Bill entitled \"Law to promote social, economic and tourism development on Isla Chira\" (\"Ley para promover el desarrollo social, económico y turístico en la Isla Chira\"), published in La Gaceta No. 165 of August 24, 2004, legislative file No. 15.651.\n\nOn a previous occasion, Bill No. 12295, entitled \"Law to remove Isla Chira from the public domain\" (\"Ley para desafectar del dominio público La Isla Chira\") (La Gaceta No. 185 of September 29, 1997) was consulted, and in legal opinion No. OJ-058-1997 of November 4, 1997, we expressed total disagreement with it.\n\nIn the statement of motives of the current bill, it is indicated that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Island is reduced to two hundred meters from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria). However, the proposed amendment to Article 9, second paragraph of Law 6043, exempts Isla Chira from the comprehensive definition of the maritime-terrestrial zone for islands, and leaves any type of special development or use without regulatory support, since that insular territory will be under the direct domain and possession of the State.\n\nOn the other hand, the purpose of reducing the maritime-terrestrial zone to two hundred meters, although not indicated in the article being amended, also does not take into account the variety of natural and cultural wealth of the Island.\n\nIn that regard, in the cited legal opinion No. OJ-058-1997, we noted:\n\n\"Isla de Chira contains important and dense mangrove areas (áreas de manglar) and an estuary (estero) (Nancite), which, whatever their extension, constitute public zone (zona pública) (Article 11 of Law 6043). According to a study by University of Costa Rica researchers Geovanny Cordero and Sergio Feoli, the mangrove of Isla Chira forms the largest wetland (humedal) in the continental area, 9.95 square kilometers, and represents a percentage of 25.19 of the island's surface. With which, it reaches a strip greater than fifty meters; an extreme that the proposed rule does not take into account.\n\nOther natural values of the island are the forested or forest areas (áreas boscosas) (some 11.74 square kilometers of secondary forest (bosque secundario)), a watershed (cuenca), wooded pastures (pastos arbolados) (17.81 square kilometers), ichthyological wealth, marine fauna, and even cultural assets, which report the presence of at least two archaeological sites (sitios arqueológicos).\"\n\nAnd, further on in the same pronouncement, it states:\n\n\"…the public authorities, and in this case the legislator, have the duty to preserve and make possible the right to an adequate environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. A core component of the environment is the protection of nature, of which maritime islands form a part, whether considered as assets in themselves or in the analytical factorial composition of elements (soil, subsoil, sea, flora, fauna, etc.). Providing for their transfer into private hands is detrimental to their natural heritage, to which the State holds title, and to the important social functions they fulfill, with the suppression of collective use by current and future generations. In a word, it harms the common good. Hence, in the absence of a superior public interest that supports the removal of those assets from the Nation's patrimony and with the reasons that justified the act of classification (afectación) remaining fully in force, the removal from public domain (desafectación) is entirely inconvenient. The existence of the public domain is justified by reason of the maintenance and satisfaction of the public interest. It entails a singular, exorbitant regime to better protect its physical and juridical integrity. The removal from public domain, when applicable, must be based on the condition that the public interest that originated the classification has ceased, which does not occur here...The Bill under examination also contradicts the objectives of the international instruments signed by the country in the area of the environment, where it committed to the effective protection and conservation of our natural and cultural heritage, of the areas adjacent to protected areas, to ensuring the rational and sustainable use of its natural resources to ensure a better quality of life for the entire population, etc. (See, among others, the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Law No. 5980 of November 16, 1976, art. 5; the Constitutive Agreement of the Central American Commission for Environment and Development, Law No. 7226 of April 2, 1991, art. I; the Convention on Biological Diversity (art. 8, subs. d and e) and its Annexes, Law No. 7416 of June 30, 1994; the Ramsar Convention, Law 7224 of April 9, 1991, etc.). The project is also opposed to the tradition of our previous legislators, who, serving the general interests with objectivity, have since ancient times attributed to islands the character of public domain, separating them from legal commerce. Likewise, it is contrary to the trend of more advanced countries, which, aware of the fragility of maritime-terrestrial resources, their scarcity, demand, and the important functions they satisfy, have erected as core elements of their legal systems the public ownership and use of assets, the preservation of their natural characteristics, and suitable administration that reconciles short- and long-term needs, for the benefit of all…The words contained in the Statement of Motives of the aforementioned Coastal Law are applicable to the case:\n\nThe maritime-terrestrial public domain (demanio marítimo terrestre) is 'especially valuable collective patrimony', 'a natural space of freedom that must be preserved for the use and enjoyment of all citizens'. 'It is the unavoidable responsibility of today's legislator to protect the integrity of these assets, to conserve them as the property of all, and to bequeath them in this condition to future generations.'\n\nIn the statement of motives, it is affirmed that the fisherman inhabitants of the Island cannot compete in that activity due to a lack of technical and financial resources. Despite this, we estimate that 'it is not appropriate to remove assets from the public domain (desafectar bienes de dominio público) to meet specific needs' (OJ-033-1997 of July 21, 1997 and OJ-058-1997 of November 4, 1997), even more so, when it does not specify what the management and planning conditions for the zone will be, nor which state entity will assume them, nor whether it is empowered to grant property titles and under what conditions, and without determining the manner in which those activities will be developed.\n\nGiven this, it is worth posing the following questions:\n\nWill the inhabitants of the Island actually have the technical and financial capacity to be direct participants in commercial activities, including tourism, or, on the contrary, will the same principle operate as indicated therein, in that they will not be able to compete, being forced to sell their lands, abandon the Island, lose properties in embargoes and foreclosures (remates), thereby increasing the problem and especially aggravating the particular and social situation?\n\nThe aforementioned aspects reaffirm the criterion of the Attorney General's Office, in the sense that the initiative set forth in the statement of motives is unfavorable to public interests in the environmental field.\n\nOn the other hand, the proposed text is in accordance with the protection of a public domain asset.\n\nIn any case, it is up to the Plenary to assess and decide on the advisability of the reform proposed in the statement of motives, since the removal of a public asset from the public domain is not within the purview of the Permanent Commissions (Political Constitution, articles 121, subsection 14) and 124).\n\nSincerely,\n\nLic. Mauricio Castro Lizano Licda. Meylin Gutiérrez Méndez\nDeputy Attorney General Agrarian and Environmental Area"
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