{ "id": "pgr-24711", "citation": "OJ-135-2024", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Opinión sobre proyecto de ley para combatir el crimen organizado en delitos ambientales", "title_en": "Opinion on bill to combat organized crime in environmental offenses", "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza el proyecto de ley N° 23.952, que busca reformar cuatro leyes ambientales para incrementar en un 50% las penas de prisión de sus delitos cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado, con el fin de que alcancen al menos cuatro años y puedan ser calificados como delitos graves, habilitando así el procedimiento especial para crimen organizado. La opinión señala que la técnica legislativa es deficiente porque asume erróneamente que todos los delitos tienen el mismo rango punitivo, lo que provoca que numerosos ilícitos —como el envenenamiento de árboles o la retención comercial de tortugas— no alcancen los cuatro años pese al incremento. Identifica los artículos de cada ley que sí lograrían el objetivo y aquellos que no, y propone soluciones concretas: ajustar las penas base de ciertos delitos a dos años y ocho meses para que con el aumento del 50% se llegue a cuatro años, o elevar directamente la pena máxima a cuatro años en supuestos de delincuencia organizada. Concluye que el proyecto es insuficiente y recomienda enmendar sus defectos para que efectivamente permita perseguir el crimen organizado ambiental.", "summary_en": "The Attorney General’s Office analyzes bill No. 23.952, which seeks to amend four environmental laws to increase prison sentences by 50% when the offense is committed by an organized criminal group, so that they reach at least four years and qualify as 'serious crimes,' thus enabling the special procedure for organized crime. The opinion finds that the legislative technique is deficient because it wrongly assumes all offenses carry the same sentencing range, causing many crimes —such as tree poisoning or commercial retention of turtles— to still fall short of four years despite the increase. It identifies which articles in each law would meet the goal and which would not, and proposes specific solutions: adjust the base penalty for certain offenses to two years and eight months so that the 50% increase reaches four years, or directly raise the maximum penalty to four years in case of organized crime. It concludes that the bill is incomplete and recommends correcting its flaws to effectively combat organized environmental crime.", "court_or_agency": "", "date": "24/10/2024", "year": "2024", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "delincuencia organizada", "delito grave", "agravación de penas", "técnica legislativa", "exposición de motivos", "rango punitivo", "Ley contra la Delincuencia Organizada", "Fiscalía Agrario Ambiental" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 2", "law": "Ley 8302 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional)" }, { "article": "Art. 1 párrafo tercero", "law": "Ley contra la Delincuencia Organizada" }, { "article": "Arts. 58-63", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Arts. 88-100", "law": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317" }, { "article": "Arts. 139-140", "law": "Ley de Pesca y Acuicultura 8436" }, { "article": "Art. 6", "law": "Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas 8325" } ], "keywords_es": [ "crimen organizado", "delito grave", "agravación de penas", "Procuraduría General", "proyecto de ley", "técnica legislativa", "delitos ambientales", "Ley Forestal", "Vida Silvestre", "Tortugas Marinas", "Pesca y Acuicultura", "incremento de penas", "procedimiento especial", "delincuencia organizada", "opinión jurídica" ], "keywords_en": [ "organized crime", "serious crime", "sentence enhancement", "Attorney General", "bill", "legislative technique", "environmental crimes", "Forestry Law", "Wildlife", "Marine Turtles", "Fisheries and Aquaculture", "penalty increase", "special procedure", "organized crime", "legal opinion" ], "excerpt_es": "Una vez analizado el proyecto en forma integral, así como las consecuencias derivadas a partir de la inserción de los numerales propuestos en cada una de las normativas a reformar, se evidencia que la técnica legislativa empleada en su intención o propósito es deficiente, ya que de acuerdo con la exposición de motivos, se pretende aumentar de manera generalizada en un cincuenta por ciento las penas de los delitos ambientales previstos en las legislaciones a modificar, para que los mismos alcancen la punición necesaria para ser considerados delitos graves; es decir, ilicitudes que cuenten con un rango de castigo de al menos cuatro años de prisión, ello acorde con el artículo 2° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el numeral 1° párrafo tercero de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero como vimos, no es válido aplicar el mismo rasero a todos los artículos que se procuran modificar.\n\n[...] resultó posible identificar un importante número de figuras delictivas que podrían arribar al castigo de al menos cuatros años de prisión; sin embargo, también se detectaron tipos penales que no alcanzan dicha penalidad (a pesar del incremento en un 50%), pese a la ofensividad que representan para la sociedad, lo que demuestra que la reforma propuesta es incompleta e insuficiente.\n\nEn esa inteligencia, en caso de seguirse con la intención legislativa, se debe caer en la cuenta que con el 50% de incremento en la penalidad, solo ciertos delitos lograrían llegar a la pena de 4 años o superarla. El obstáculo es el resto de los delitos.", "excerpt_en": "After analyzing the bill as a whole, as well as the consequences arising from inserting the proposed articles into each of the laws to be amended, it is evident that the legislative technique used in its intent or purpose is deficient, because according to the explanatory memorandum, it seeks to generally increase by fifty percent the penalties for environmental crimes provided in the laws to be amended, so that they reach the punishment necessary to be considered serious crimes; i.e., offenses carrying a penalty of at least four years’ imprisonment, in accordance with Article 2 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Article 1, third paragraph, of the Law against Organized Crime, but as we have seen, it is not valid to apply the same standard to all the articles sought to be modified.\n\n[...] it was possible to identify a significant number of criminal offenses that could reach a punishment of at least four years’ imprisonment; however, we also detected criminal types that do not reach such penalty (despite the 50% increase), despite the harm they represent to society, which shows that the proposed reform is incomplete and insufficient.\n\nIn that understanding, if the legislative intent continues, it must be realized that with the 50% increase in penalty, only certain crimes would manage to reach or exceed 4 years. The obstacle is the rest of the crimes.", "outcome": { "label_en": "Non-binding opinion", "label_es": "Opinión no vinculante", "summary_en": "The Attorney General’s Office concludes that the bill has legislative drafting flaws that prevent many environmental crimes from reaching the serious crime threshold required for the organized crime procedure, and suggests amendments to make it viable.", "summary_es": "La Procuraduría concluye que el proyecto de ley presenta defectos de técnica legislativa que impiden que muchos delitos ambientales alcancen la categoría de delito grave necesaria para aplicar el procedimiento de crimen organizado, y sugiere enmiendas para hacerlo viable." }, "pull_quotes": [ { "context": "Sección III — Sobre la técnica legislativa", "quote_en": "As we have seen, it is not valid to apply the same standard to all the articles sought to be modified.", "quote_es": "Como vimos, no es válido aplicar el mismo rasero a todos los artículos que se procuran modificar." }, { "context": "Sección III — Sobre la técnica legislativa", "quote_en": "The proposed reform is incomplete and insufficient.", "quote_es": "La reforma propuesta es incompleta e insuficiente." }, { "context": "Sección IV — Conclusión", "quote_en": "It is considered that it presents legislative drafting problems that, with the usual respect, we suggest amending.", "quote_es": "Se estima que el mismo presenta problemas de técnica legislativa que, con el respeto acostumbrado, se sugiere enmendar." }, { "context": "Sección IV — Conclusión", "quote_en": "The balancing aimed at accepting or rejecting, partially or totally, our observations constitutes an aspect within the exclusive and excluding competence of the Legislative Assembly.", "quote_es": "La ponderación dirigida a aceptar o rechazar, parcial o totalmente nuestras observaciones, constituye un aspecto de resorte de la competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Legislativa." } ], "cites": [ { "id": "norm-12648", "citation": "Ley 7317", "title_en": "Wildlife Conservation Law", "title_es": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre", "doc_type": "law", "date": "30/10/1992", "year": "1992" }, { "id": "norm-41661", "citation": "Ley 7575", "title_en": "Forestry Law", "title_es": "Ley Forestal", "doc_type": "law", "date": "13/02/1996", "year": "1996" } ], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-12648", "kind": "cited_norm", "label": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre" }, { "target_id": "norm-54688", "kind": "cited_norm", "label": "Ley de Pesca y Acuicultura" }, { "target_id": "norm-49678", "kind": "cited_norm", "label": "Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas" }, { "target_id": "norm-41661", "kind": "cited_norm", "label": "Ley Forestal" } ], "external": [ { "ref_id": "pgr-24713", "url": "http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD¶m6=1&nDictamen=24713&strTipM=T", "kind": "related_opinion", "label": "153", "dictamen_id": "24713" }, { "ref_id": "norm-50810", "url": "http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=50810&nValor3=54705&strTipM=FN&strNoVolver=no", "kind": "cited_norm", "label": "Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convenio de Palermo, 2000)", "norm_id": "50810" } ] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=24711&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Opinión Jurídica : 135 - J   del 24/10/2024   \n\n\n\n24 de octubre de 2024\n\n\n\n\nPGR-OJ-135-2024\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nCinthia Díaz Briceño\n\n\n\n\nJefa Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos referimos a su oficio número\nAL-CPEAMB-5022-2023 de fecha 31 de octubre de 2023, mediante el cual nos solicita emitir criterio\njurídico en relación con el proyecto legislativo N° 23.952, denominado “Reforma a varias leyes para\nfortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en materia de Delitos Ambientales.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Antes de brindar respuesta a la petición que nos fue remitida, debemos indicar el alcance que tiene\neste pronunciamiento, ya que según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no es\nposible emitir dictámenes con carácter vinculante, cuando lo que se nos solicita es externar un\ncriterio jurídico en relación con proyectos de ley.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, reconoce la posibilidad de que la Asamblea\nLegislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor administrativa que desempeña de\nmanera excepcional a su actividad principal, en cuyo caso los dictámenes emitidos serán\nvinculantes.  Sin embargo, tratándose de consultas relacionadas con la tarea promulgadora de leyes\nque desarrolla dicho Poder de la República, nos encontramos imposibilitados de emitir criterios\nvinculantes, en el tanto dicha competencia escapa a lo señalado en la normativa que nos rige.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Sin embargo, con el fin de colaborar con esa Honorable Comisión, se emitirá criterio sobre el\nproyecto de ley bajo análisis, no sin antes advertir que, por lo anteriormente señalado, éste\npronunciamiento es una opinión jurídica sin efectos vinculantes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAclarado lo anterior, procederemos a analizar el proyecto de ley consultado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.- PROPÓSITO DEL PROYECTO\n\n\n\n\n \n\n\n\n El proyecto legislativo tiene como propósito reformar cuatro leyes ambientales, que contienen la\nmayor parte de tipos penales aplicables a ese ámbito, a saber: la Ley de Conservación de la Vida\nSilvestre, N° 7317 del 30 de octubre de 1992, la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, la\nLey de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, N° 8325 del\n04 de noviembre de 2002 y la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436 del 01 de marzo de 2005.\n\n\n\n La iniciativa consiste en reformar –en una ocasión- y adicionar –en el resto- un párrafo a cada uno\nde dichos cuerpos en el apartado de delitos, a efectos de propiciar un incremento en los rangos de\npenas privativas de libertad con que se sancionan las distintas delincuencias ahí reguladas (para\nalcanzar la penalidad de los cuatro años y ser considerado un “delito grave”), en aras de habilitar\nla posibilidad de aplicarles el procedimiento especial para el juzgamiento de delincuencia\norganizada. Además de la agravación propuesta, también se les añade a los artículos de interés una\nleyenda que dice así: “…cuando esas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de\ndos o más personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el\npropósito de cometer dichos delitos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con esos dos elementos (el incremento en la penalidad y la descripción normativa que caracteriza\nuna asociación ilícita), se pretende combatir de mejor manera ese tipo de delincuencias ambientales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Los impulsores de la iniciativa justifican la necesidad de la reforma, a partir de la preocupación\nque ha externado la Fiscalía Agrario Ambiental, en el sentido de que grupos criminales organizados\nhan extendido sus actividades a la materia ambiental, a través de la incursión en múltiples ilícitos\ncomo la tala ilegal de los bosques para la extracción de madera o el tráfico de especies de flora y\nfauna en peligro de extinción, sin que el Ministerio Público pueda aplicar institutos y mecanismos\nde investigación más complejos y sofisticados para combatir dicho fenómeno, como la ampliación de\nplazos o la utilización de las intervenciones de las comunicaciones, al estar tipificados la mayor\nparte de estos delitos con multa o con penas de prisión en extremos muy bajos; es decir, iguales o\nmenores a tres años.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Como apoyo, se cita el reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito\n(UNODC) “World Wildlife Crime Report. Trafficking in Protected Species”, 2016(https://www.unodc.org/\ndocuments/dataandanalysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf)\n\n\n\n\n \n\n\n\n De igual forma, se cita la resolución N° 73/343 de 16 de setiembre de 2019 de la Asamblea General\nde Naciones sobre la “Lucha contra el Tráfico Ilícito de Fauna y Flora Silvestres”, la cual tiene\ncomo antecedente la “…preocupación por la creciente magnitud de la caza furtiva y el comercio\nilícito de fauna y flora silvestres y sus productos, y por sus efectos económicos, sociales y\nambientales adversos”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDicha resolución en lo conducente refiere:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “(…) se insta a los Estados Miembros a que adopten medidas decisivas a nivel nacional para\nprevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, en los puntos de la\noferta, el tránsito y la demanda, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de la legislación y\nlos reglamentos necesarios para prevenir, investigar, perseguir y castigar adecuadamente ese\ncomercio ilícito, así como mediante el fortalecimiento de las respuestas en materia de aplicación de\nla ley y justicia penal” y se “exhorta a los Estados Miembros a que tipifiquen como delito grave el\ntráfico ilícito de especies protegidas de fauna y flora silvestres, de conformidad con su\nlegislación nacional y tal como se define en el artículo 2 b) y el artículo 3, párrafo 1 b), de la\nConvención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (…)”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En ese sentido, los Diputados (as) proponentes exponen que el procedimiento de investigación y\njuzgamiento de delitos de crimen organizado, parte de la posibilidad de atacar estructuras\ncriminales que incurran en delincuencias sancionadas con al menos 4 años de prisión, que constituye\nel límite punitivo mínimo para considerarlas como delito grave. De ahí la imposibilidad de utilizar\nlos procedimientos y mecanismos ordinarios de averiguación para investigar y castigar a los grupos\ncriminales, que vienen cometiendo delitos de tipología ambiental, partiendo para ello de los\nconceptos desarrollados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada\nTransnacional, aprobada por la Ley N° 8302 del 12 de setiembre de 2002, y que en su artículo 2°\ndefine: \n\n\n\n\n \n\n\n\n “Grupo delictivo organizado” como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante\ncierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o\ndelitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o\nindirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”; y “delito\ngrave” como “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al\nmenos cuatro años o con una pena más grave”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por otra parte, los Diputados (as) impulsores del proyecto, conscientes del gran impacto negativo\nque generan los delitos ambientales para la sociedad, consideran no solo pertinente efectuar las\nmodificaciones necesarias en nuestro ordenamiento jurídico, para posibilitar que las autoridades\njudiciales cuenten con los mecanismos y herramientas necesarias para perseguir adecuadamente la\ncriminalidad organizada en delincuencias ambientales, sino también estiman que debe hacerse\nrespetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que la mayor parte de las\nilicitudes contenidas en leyes ambientales son cometidas por personas que no están ligadas con el\ncrimen organizado, y que incluso incurren en estas conductas en algunas situaciones por ignorancia o\npor la falta de empleo, que les permita satisfacer sus necesidades de otro modo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En virtud de lo anterior y a efectos de reprimir con mayor severidad los casos que verdaderamente\nlo ameriten, se impulsa la introducción de un párrafo de redacción idéntica en cuatro cuerpos\nlegales que contienen la mayor parte de las delincuencias ambientales, para permitir el incremento\ndel tanto de las penas privativas de libertad en un cincuenta por ciento, únicamente cuando los\nhechos bajo juzgamiento correspondan a un grupo estructurado de dos o más personas, que haya\nexistido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer dichos\ndelitos o sea, cuando los autores integren un grupo criminal organizado y dedicado a cometer las\nilicitudes bajo comentario.    \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.- SOBRE EL FONDO\n\n\n\n\na) Sobre la estructura y redacción de la normativa propuesta.        \n\n\n\n\n \n\n\n\n El proyecto objeto de análisis, se conforma con una estructura muy sencilla, propiamente de 4\nartículos, cada uno de los cuales propone la introducción de un párrafo con redacción casi idéntica\naunque con algunas diferencias, para ser insertado en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre,\nla Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura y en el artículo 6° párrafo segundo de la Ley de\nProtección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, a efecto de que se\npermita agravar los rangos punitivos de pena privativa de libertad en los distintos tipos penales\nahí contenidos, en un 50 por ciento y de esa manera, habilitar la aplicación del procedimiento para\nel juzgamiento de delincuencia organizada. Obviamente, el párrafo insertado contiene la descripción\nfáctica de lo que consiste un grupo criminal organizado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAl tratarse de un texto de escasa extensión, procedemos seguidamente a su transcripción completa:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 88 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N.º 7317 del\n30 de octubre de 1992 y sus reformas, que, en adelante, se leerá de la siguiente manera:\n\n\n\n  Artículo 88-   Las violaciones a esta Ley, conforme al presente capítulo (capítulo XI)[1],\nconstituyen delito.\n\n\n\n Las penas de prisión por los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en un cincuenta\npor ciento (50%) cuando esas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o\nmás personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el\npropósito de cometer dichos delitos. En estos casos no se aplicarán las penas de multa contempladas\nen los tipos penales de esta Ley.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 63 bis al Capítulo II del Título Sexto de la Ley\nForestal, N.º 7575 del 13 de febrero de 1996 y sus reformas, cuyo texto dirá:\n\n\n\n\nArtículo 63 bis-           Delincuencia organizada.\n\n\n\n Las penas de prisión por los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en un cincuenta\npor ciento (50%) cuando dichas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o\nmás personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el\npropósito de cometer esos delitos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 3- Se adiciona un nuevo artículo 140 bis al Capítulo I del Título X de la Ley Pesca y\nAcuicultura, N.º 8436 de 1 de marzo de 2005 y sus reformas, cuyo texto dirá:\n\n\n\n\nArtículo 140 bis-         Delincuencia organizada.\n\n\n\n Las penas de prisión por los delitos tipificados en los artículos 139 y 140 de este capítulo se\nincrementarán en un cincuenta por ciento (50%) cuando las conductas ilícitas descritas en esos\nartículos sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más personas que haya existido durante\ncierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 4- Se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 6 de la Ley de Protección,\nConservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, N.º 8325 de 4 de noviembre de\n2002, que se leerá así:\n\n\n\n Artículo 6-     Quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, será\npenado con prisión de uno a tres años. La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien\nretenga con fines comerciales tortugas marinas, o comercie productos o subproductos de estas\nespecies.\n\n\n\n Las penas de prisión por el delito tipificado en el párrafo anterior se incrementarán en un\ncincuenta por ciento (50%) cuando las conductas ilícitas allí descritas sean cometidas por un grupo\nestructurado de dos o más personas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado\nconcertadamente con el propósito de cometer dichas conductas.\n\n\n\n No será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de\nOstional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el MINAE.”\n(lo destacado se ha hecho en forma deliberada, para resaltar las reformas propuestas, en los\nartículos que dicha notoriedad se amerita).\n\n\n\n             En el caso de la Ley de Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas\nMarinas, cabe indicar que solamente el artículo 6 ° establece un delito en su párrafo primero, por\nlo que la iniciativa le añade un párrafo segundo a dicha norma para cumplir su cometido (agravación\nde penas), lo cual conlleva que el párrafo que actualmente se conoce como el segundo pase a ser el\ntercero, mismo que viene a establecer la no punibilidad de la extracción o recolección de los huevos\nde tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, cuando se cumplan los requisitos\nlegales existentes al efecto.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Algo similar acontece con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, en lo que respecta al\nproyecto, el cual estipula en su artículo 88 que las violaciones a esta Ley, conforme al presente\ncapítulo, constituyen delito, por lo que el proyecto introduce un párrafo segundo a dicho numeral,\nde tal forma que se posibilite el aumento de las penas privativas de libertad de los ilícitos\nprevistos en esa ley, en un cincuenta por ciento.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n En el caso de la Ley Forestal y la Ley de Pesca y Acuicultura, la reforma viene a introducir un\nartículo independiente para propiciar la reforma en los términos ya mencionados, propiamente un\nnumeral 63 bis en la primera, mientras que en la segunda la norma novedosa sería un artículo 140\nbis.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Como dato adicional, cabe resaltar que, en la Ley de Pesca y Acuicultura, el numeral 140 bis\ncontiene una particularidad y es que expresamente dirige el aumento de las penas en las condiciones\nantes expuestas, solamente en lo referente a los numerales 139 y 140, dado que estos dos artículos\ntienen como penalidad el encerramiento. De forma adrede, los proponentes no disponen que la reforma\nse aplique al artículo 146 (que tiene pena de prisión), dado que es un tipo de delincuencia de otra\nnaturaleza del que no interesa endurecer las penas.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Tal y como se arguye en la exposición de motivos, el procedimiento para juzgamiento de delitos por\ndelincuencia organizada establece como condición necesaria de aplicación, la posible configuración\nde un delito grave, cualidad que distingue a aquellos ilícitos sancionados con pena privativa de\nlibertad, cuyo máximo alcance al menos un tanto de 4 años de prisión, siendo que ninguno de los\ntipos penales previstos en las leyes anteriormente mencionadas lo contiene, por lo que se hace\nnecesario el incremento de las penas de prisión previstos para esos delitos y de esta manera,\nalcanzar la categoría de delito grave, que permita el juzgamiento de las conductas lesivas como\ncrimen organizado y de esa manera, habilitar todas las herramientas investigativas y procesales\nnecesarias para juzgar las infracciones ambientales bajo esta modalidad.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Ahora bien, para poder hacer el análisis concreto y determinar, en primera instancia, si la reforma\nviene efectivamente a cumplir con los fines propuestos, debemos considerar si los rangos punitivos\nde las leyes objeto de la iniciativa son uniformes y si, con el aumento en el porcentaje propuesto\nde pena privativa de libertad, pueden alcanzarse las características de un delito grave para la\naplicación del procedimiento para el juzgamiento de delincuencia organizada; ya que en caso\ncontrario, las penas aunque aumenten en el tanto propuesto, podrían no llegar a la penalidad de los\n4 años de prisión.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nb) Sobre los delitos contenidos en cada normativa objeto de reforma y su alcance.\n\n\n\n\n1)      Ley Forestal.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Este cuerpo legal contiene varios delitos de importancia capital en materia ambiental, tales como\nlas talas, aprovechamiento de recurso forestal, invasión a las áreas de conservación y protección,\ncambio de uso de suelo, adquisición ilegal de madera entre otros, que vienen expresamente\nmencionados en la exposición de motivos de la iniciativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De acuerdo con lo expuesto, en tesis de principio, el numeral 63 bis parece lograr el cometido con\ncasi todas las figuras típicas descritas en esta ley para los fines propuestos, ya que la mayoría de\nilícitos en su extremo superior de penalidad de prisión llegan a tres años, lo que supone que al\naumentar ese máximo en un 50 por ciento les sumaría un año y seis meses más, llegando el extremo\nmáximo a cuatro años y seis meses, lo que superaría los 4 años de castigo que requiere un hecho\ndelictivo para ser considerado como un delito grave, lo que, en consecuencia, haría posible de serle\naplicado el procedimiento para el juzgamiento de la delincuencia organizada (véase al efecto, las\npenas de los artículos 58, 59, 61 y 62).\n\n\n\n\n \n\n\n\n No obstante lo descrito, al hacer este mismo ejercicio con las conductas previstas por el numeral\n63 –envenenamiento o anillado de árboles y movilización ilegal de recurso forestal-, es claro que la\nmismas no podrían alcanzar en modo alguno la categoría de delito grave, lo que impediría la\ntramitación de cualquier asunto que se refiera a esas ilicitudes como crimen organizado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior acontece porque de acuerdo con el artículo de comentario (63), el envenenamiento o\nanillamiento de árboles, así como el transporte o movilización de recurso forestal, están castigados\ncon pena privativa de libertad de van desde un mes a un año. En ese sentido, acorde con la\niniciativa, el rango de pena de prisión podría incrementarse en un 50 por ciento, lo cual llevaría\nla penalidad máxima de ambos delitos al tanto de un año y seis meses.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Consideramos que el no poder catalogar el anillamiento de árboles ni la movilización de\nmadera como delitos graves (aún con el incremento propuesto) y por lo tanto, no ser susceptibles de\nla aplicación de las herramientas de investigación que contempla el procedimiento de delincuencia\norganizada, resultaría contradictorio con los fines de la iniciativa, ya en la exposición de motivos\nse argumenta que los grupos criminales organizados han diversificado sus actividades hasta alcanzar\nla materia ambiental, y que ha generado impunidad por las bajas penalidades establecidas, poniendo\ncomo ejemplo el transporte o movilización de madera como actividad ilícita, generadora de grandes\nganancias para quienes cometen ese tipo de delincuencias.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En virtud  de lo anterior, es posible deducir que esa no aplicación de los alcances de esta reforma\na los tipos penales de comentario, obedece a un efecto no deseado o al menos no previsto, ya que se\npartió de la falsa premisa de que la redacción del artículo 63 bis alcanzaba para lograr el cometido\nen la totalidad de conductas previstas por la Ley Forestal o al menos, todas las que podrían\nencontrarse mayormente ligadas al crimen organizado, puesto que se asumió que todas las\ndelincuencias tenían previsto el mismo rango punitivo (al respecto, véanse los artículos 60 y el\ncomentado 63).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n2)  Ley de Conservación de la Vida Silvestre.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Este cuerpo normativo contiene un importante número de tipos penales relacionados tanto con la\nflora como con la fauna silvestre, ello a partir del artículo 90 hasta el numeral 100.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n La mecánica utilizada como procedimiento legislativo de reforma, como ya lo dijimos líneas arriba,\nconsiste en introducirle un párrafo segundo al artículo 88, con el estribillo ya conocido de “…Las\npenas de prisión por los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en un cincuenta por\nciento (50%)…”, sin reparar en el significativo hecho de que no todos los artículos susceptibles de\nmodificación tienen actualmente rangos de penas que permitan, con el incremento sugerido, alcanzar\nel rango de los 4 años.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n En efecto, un breve recuento de las penalidades de los delitos concernidos, arroja que solamente\nlos numerales 93 inciso a) –prisión de 1 a 3 años-, 95 inciso a) –prisión de 1 a 3 años-, 96 inciso\na) –prisión de 1 a 3 años-, 98 –prisión de 1 a 3 años- y artículo 100 -prisión de 1 a 3 años-,\naumentando su extremo mayor un 50%, lograrían arribar a los 4 años y medio, constituyendo un delito\ngrave.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El resto de delitos tienen penas de prisión tan insignificantes, que ni aún con el incremento del\n50% en su extremo mayor, alcanzarían el rango cuyo propósito persigue el proyecto de ley que nos\nocupa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDichos artículos se describen así:\n\n\n\n\nartículo 90\n\n\n\t\n\n 2 a 4 meses\n\n\n\n\n\nartículo 91 inciso a)\n\n\n\t\n\n 2 a 4 meses\n\n\n\n\n\nartículo 91 inciso b)\n\n\n\t\n\n 3 a 6 meses\n\n\n\n\n\nartículo 91 inciso c)\n\n\n\t\n\n 1 a 3 meses\n\n\n\n\n\nartículo 92\n\n\n\t\n\n 3 a 6 meses\n\n\n\n\n\nartículo 93 inciso b)\n\n\n\t\n\n 6 meses a 1 año\n\n\n\n\n\nartículo 93 inciso c)\n\n\n\t\n\n 2 a 4 meses\n\n\n\n\n\nartículo 94\n\n\n\t\n\n 1 a 2 años\n\n\n\n\n\nartículo 95 inciso b)\n\n\n\t\n\n 4 a 6 meses\n\n\n\n\n\nartículo 96 inciso b)\n\n\n\t\n\n 4 a 8 meses\n\n\n\n\n\nartículo 97\n\n\n\t\n\n 2 a 8 meses\n\n\n\n\n\nartículo 99\n\n\n\t\n\n 1 a 2 años\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n3) Ley de Pesca y Acuicultura.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tal y como se indicó líneas atrás, la reforma introduce un artículo identificado con el numeral 140\nbis, con el cual se pretende agravar en un cincuenta por ciento el rango punitivo de la pena\nprivativa de libertad de los delitos previstos en los numerales 139 y 140, al igual que en los otros\ncuerpos legales ya analizados, cuando los hechos ahí descritos se asocien con el fenómeno de la\ncriminalidad organizada.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n En el caso del artículo 139 (cuya pena de prisión oscila entre los 6 meses y los dos años), es\nclaro que se presenta la misma situación que fue anteriormente puntualizada, respecto a muchos de\nlos ilícitos previstos en la Ley Forestal y en Ley de Conservación de Vida Silvestre, en el sentido\nde que al aumentar las penas en los términos que se propone, los castigos a esas delincuencias nunca\nvan a llegar a los cuatro años de prisión o sea, no podría bajo ninguna circunstancia catalogarse\ncomo delito grave y, por lo tanto, no sería factible considerarlo como crimen organizado.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Con relación al artículo 140, existen dos hipótesis que conviven dentro del mismo: la que contempla\nel párrafo primero que se identifica con la persecución, captura, caza o trasiego o comercio de\nquelonios, mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción y protegidas\npor convenios internacionales aplicables a Costa Rica, en el cual el proyecto sí lograría su\ncometido, por cuanto el rango punitivo de dichas conductas actualmente oscila entre uno y tres años\nde prisión, lo que significa que con el eventual incremento impulsado, el rango de castigo llegaría\nde un año y seis meses en su extremo mínimo a un máximo de cuatro años y seis meses, alcanzando así\nla penalidad requerida para considerarse como delito grave.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Con la otra hipótesis fáctica del artículo 140 de comentario, sucede lo contrario, ya que el\npárrafo segundo referente a la retención con fines comerciales de las especies señaladas en el\npárrafo anterior o quien comercie sus productos o subproductos, son acciones castigadas con prisión\nde tres meses a dos años de prisión, de manera tal que al incrementarse las penas siguiendo la\nfórmula de la iniciativa, las sanciones irían de los 4 meses y medio a los tres años de prisión. En\notras palabras, se evidencia que el propósito de la iniciativa de ley de comentario no se lograría\nen este supuesto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n4) Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Tal como se expuso en el apartado II a), el objetivo de la iniciativa respecto a la legislación de\ncomentario, es introducir un párrafo segundo al numeral 6°, para que se habilite la posibilidad de\naumento en un cincuenta por ciento en las penas para poder juzgar las delincuencias previstas como\ncrimen organizado.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Una vez más se produce el fenómeno visualizado en las demás leyes que se desean modificar, puesto\nque la caza, captura, destace, trasiego o comercie tortugas marinas, son conductas que están\nsancionadas actualmente con prisión de uno a tres años, lo que supone que al incrementarse el rango\npunitivo como se está impulsando, las penas van a oscilar entre un año y seis meses a cuatro años y\nseis meses, con lo cual se alcanza el cometido de la iniciativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Algo distinto sucede en los casos de retención de tortugas marinas con fines comerciales o a quien\ncomercie sus productos o subproductos, puesto que las penalidades van de los tres meses a los dos\naños de prisión, lo que supondría aumentar los castigos de cuatro meses quince días a tres años,\nhaciéndose imposible que dichas acciones lleguen a alcanzar la categoría de delito grave.\n\n\n\n\n \n\n\n\n III.- SOBRE LA TÉCNICA LEGISLATIVA DEL PROYECTO Y LA FORMA EN QUE PODRÍAN CORREGIRSE LOS DEFECTOS\nQUE PRESENTA \n\n\n\n\n \n\n\n\n Una vez analizado el proyecto en forma integral, así como las consecuencias derivadas a partir de\nla inserción de los numerales propuestos en cada una de las normativas a reformar, se evidencia que\nla técnica legislativa empleada en su intención o propósito es deficiente, ya que de acuerdo con la\nexposición de motivos, se pretende aumentar de manera generalizada en un cincuenta por ciento las\npenas de los delitos ambientales previstos en las legislaciones a modificar, para que los mismos\nalcancen la punición necesaria para ser considerados delitos graves; es decir, ilicitudes que\ncuenten con un rango de castigo de al menos cuatro años de prisión, ello acorde con el artículo 2°\nde la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el numeral\n1° párrafo tercero de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero como vimos, no es válido\naplicar el mismo rasero a todos los artículos que se procuran modificar.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En la exposición de motivos, los legisladores (as) impulsores -con el propósito de justificar la\nnecesidad de la iniciativa-, sostienen que los ilícitos comprendidos en las legislaciones\nambientales a reformar constituyen la inmensa mayoría de los casos que se tramitan ante nuestros\ntribunales de justicia, y dado que la criminalidad organizada ha venido incursionando en este tipo\nde ilícitos, se requiere ampliar el ámbito de herramientas y técnicas de investigación para atacar\neste fenómeno, tales como la ampliación de plazos e intervención de las comunicaciones.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En ese sentido, y luego de haber realizado el ejercicio planteado, es decir, insertar la fórmula\npropuesta para el incremento de las penas en cada normativa, resultó posible identificar un\nimportante número de figuras delictivas que podrían arribar al castigo de al menos cuatros años de\nprisión; sin embargo, también se detectaron tipos penales que no alcanzan dicha penalidad (a pesar\ndel incremento en un 50%), pese a la ofensividad que representan para la sociedad, lo que demuestra\nque la reforma propuesta es incompleta e insuficiente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior se originó en un error que se cometió en la redacción del proyecto, puesto que, al\nproponerse una fórmula generalizada para reformar las penas de los delitos ambientales, en los\ntérminos que se hizo, se partió de que todas las figuras delictivas previstas en las leyes objeto de\nreforma y sus distintas modalidades, contaban con el mismo rango de punibilidad de pena privativa de\nlibertad, algo que como se analizó en apartados anteriores, no sucede.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, pese a lo anterior y tomando como referencia los ejemplos de delitos específicos que\nson mencionados en la exposición de motivos, y a partir de nuestra experiencia como intervinientes\nprocesales al ser parte en numerosos procesos ambientales, concluimos que efectivamente existen\ntipos penales que se encuentran mayormente ligados al fenómeno de la delincuencia organizada con\nrespecto a otras figuras que, si bien igualmente sancionan conductas dañosas contra los bienes\njurídicos tutelados, consideramos que en este momento histórico no tienen aquella connotación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Toda conducta delictual, en caso de resultar atractiva la producción de ganancias, siempre será\nobjeto de simpatía para la delincuencia organizada, de ahí que la intención legislativa de\ncomentario tiene loables propósitos. Su gran pecado fue no percatarse que muchos de los tipos\npenales de las cuatro leyes a reformar, a pesar de poder tener algún nexo con la delincuencia\norganizada, tienen penalidades exiguas, que no alcanzarían los cuatros años a pesar del incremento\ndel 50% propuesto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En esa inteligencia, en caso de seguirse con la intención legislativa, se debe caer en la cuenta\nque con el 50% de incremento en la penalidad, solo ciertos delitos lograrían llegar a la pena de 4\naños o superarla. El obstáculo es el resto de los delitos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ante esa situación, se sugieren las siguientes opciones: a)- dejar vigente la iniciativa de ley y\nque sea aplicable a los delitos cuyas penalidades, con el incremento, arriben a los 4 años o los\nsuperen, b)- aumentar las penas de ciertos delitos a un extremo máximo que sea de 2 años 8 meses,\npara que al aplicar el incremento del 50%, se logren los 4 años y c)- reformar deliberadamente las\npenalidades de los ilícitos restantes (que tienen sanciones bajas), con una fórmula que integre los\nrequerimientos ya analizados que caracterizan una estructura criminal organizada (y que sean\nindudablemente comprobados), de forma tal que no se tenga que recurrir al agravamiento del 50%, con\nuna redacción más o menos así:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “El rango de penas de prisión correspondientes a los delitos previstos en los artículos ….., será\nde …a 4 años, cuando dichas conductas ilícitas sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más\npersonas que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito\nde cometer dichos delitos.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así, tendríamos que, en el caso de la Ley Forestal, los delitos contenidos en los artículos 58, 59,\n61 y 62, que tienen el extremo máximo de la penalidad en tres años, serían susceptibles de serle\naplicado el agravamiento del 50%, arribando todos a la pena de 4 años y medio. En lo que atañe a los\nilícitos de los numerales 60 y 63, cuyo extremo mayor es de 2 años y un año, respectivamente, la\nsolución podría ser doble: i.- aumentar la pena en ambos casos a 2 años 8 meses, para que con el\nincremento se llegue a los 4 años o bien, ii.- aplicar la redacción arriba enunciada, de forma tal\nque no se tenga que recurrir al incremento y que el concepto del delito grave se logre solo con la\nutilización de la penalidad en su extremo máximo (4 años), eso sí, luego de comprobar que\nefectivamente existe una estructura delictiva organizada.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En lo que atañe a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, existen actualmente 5 delitos que al\ntener como extremo mayor la pena de 3 años, se alcanzaría la penalidad deseada con el incremento del\n50% propuesto; sin embargo, como ya quedó evidenciado, hay 12 supuestos delictivos que tienen penas\nmuy leves y que el incremento no lograría arribar a la penalidad de los 4 años.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En este caso en particular, existiría bastante dificultad en lograr el consenso legislativo de\nmodificar 12 figuras delictivas de la Ley 7317, que ciertamente representan conductas\ndelincuenciales de baja incidencia. Nuestra recomendación sería que se detecten, a través del\nOrganismo de Investigación Judicial y sus estadísticas, cuáles de esos delitos de baja penalidad son\nlo que hoy están siendo utilizados por organizaciones criminales, para tratar de modificar las\nsanciones, ya sea incrementando el límite máximo a 2 años 8 meses, para que con el porcentaje del\n50% se arribe a la pena de 4 años o bien, que deliberadamente se amplíe el extremo máximo en 4 años,\nuna vez comprobado que tal ilícito fue cometido dentro de la mecánica de las estructuras criminales\norganizadas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Acerca de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas,\nse observa que el artículo 6° tiene dos supuestos y dos penalidades diversas; con lo que respecta a\nla primera, siendo que su extremo superior es de 3 años, la inclusión de un párrafo segundo que\ndisponga el incremento del 50%, en caso de que se demuestre que se dio en el marco de una\norganización criminal, es totalmente viable y apoyamos su aprobación. El problema se presenta con el\nsegundo supuesto, propiamente la hipótesis prevista para quien retenga con fines comerciales\ntortugas marinas o comercie productos o subproductos de estas especies, cuya pena es de 3 meses a\ndos años.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Para ello se sugiere cambiar el rango de pena privativa de libertad, estableciendo uno más gravoso\nen los casos en que medie la delincuencia organizada y que se lea de la siguiente manera:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 6º-Quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, será penado\ncon prisión de uno a tres años. Igual pena será impuesta para quien retenga con fines comerciales\ntortugas marinas, o comercie productos o subproductos de estas especies.\n\n\n\n No será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de\nOstional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el MINAE.”\n(lo destacado es el supuesto que se propone).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Si se considerase que la pena sugerida para el segundo supuesto de comentario es desproporcionada\npor ser una conducta menos gravosa, podría contemplarse la recomendación ya señalada, de establecer\nun rango de pena que vaya de meses en su extremo menor, hasta los 2 años y 8 meses en su extremo\nmayor, con lo que igualmente se alcanzará el objetivo de la presente reforma. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Finalmente, en lo que atañe a la Ley de Pesca y Acuicultura, siendo que el artículo 139 tiene una\npena de seis meses a dos años de prisión, acá se propondría la doble fórmula de: i.- elevar la pena\nen su extremo máximo a 2 años 8 meses o bien a tres, para que, al aplicar el incremento del 50%\ndispuesto por el artículo 140 bis, se alcancen los rangos de 4 años en el primer supuesto y 4 años y\nmedio en el segundo o bien, ii.- elevar definitivamente la pena superior a 4 años, sin acudir al\nproyecto de ley en comentario.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLa conducta que se castiga no es un baladí:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 139.-Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión, a quien permita, ordene o\nautorice la descarga de aletas de tiburón, sin el respectivo cuerpo o vástago, en los sitios donde\nse descargue dicho recurso, con la finalidad de vender o comercializar dichas aletas.” \n\n\n\n\n           \n\n\n\n\nReferente al artículo 140, contiene dos conductas con penas diversas: en el primer supuesto\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Se impondrá pena de prisión de uno a tres años a quien persiga, capture, hiera, mate, trasiegue o\ncomercie quelonios, mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción\nprotegidas por convenios internacionales aplicables a Costa Rica, en el mar territorial…”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\ny en el segundo\n\n\n\n\n \n\n\n\n “La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga, con fines comerciales, las\nespecies señaladas en el párrafo anterior, o comercie sus productos o subproductos.” (los destacados\nnos pertenecen).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Al igual que se ha sugerido líneas arriba, con respecto al primer supuesto no habría problema, ya\nque con el incremento del 50% propuesto, la pena alcanzaría los 4 años y medio. El problema se\npresenta con el segundo supuesto, para lo que se propone la doble fórmula ya empleada: i.- elevar la\npena en su extremo máximo a 2 años 8 meses o bien a tres, para que, al aplicar el incremento del 50%\ndispuesto por el artículo 140 bis, se alcancen los rangos de 4 años en el primer supuesto y 4 años y\nmedio en el segundo o bien, ii.- elevar definitivamente la pena superior a 4 años, sin acudir al\nproyecto de ley en comentario.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con estas sugerencias, estimamos podrían superarse los cuestionamientos que inicialmente hemos\nrealizado a la iniciativa objeto de comentario, ya que la mayoría de las diferentes figuras\ndelictivas ambientales -al menos las más relevantes- alcanzarían penas uniformes que permitirían\narribar a la punibilidad de al menos 4 años de prisión, condición necesaria para ser susceptibles de\nsu juzgamiento como delincuencia organizada.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIV.- CONCLUSIÓN\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De acuerdo con el estudio analizado del presente proyecto de ley, se estima que el\nmismo presenta problemas de técnica legislativa que, con el respeto acostumbrado, se sugiere\nenmendar.\n\n\n\n  De igual forma, se recomienda a los señores (as) Legisladores (as) analizar las posibles\nsoluciones y disposiciones complementarias que podrían implementarse, y que han sido expuestas en el\npresente criterio, a fin no solo de solventar las falencias detectadas en la iniciativa, sino\ntambién en aras de mejorarla y hacerla viable, para consolidar una posible ley que contribuya a\nrepeler el fenómeno que constituye la incursión del crimen organizado en materia de delitos\nambientales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La ponderación dirigida a aceptar o rechazar, parcial o totalmente nuestras observaciones,\nconstituye un aspecto de resorte de la competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea\nLegislativa, sobre la cual seremos enteramente respetuosos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Cordialmente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLic. José Enrique Castro Marín                                        Lic. Andrés Alfaro Ramírez\n\n\n\n\n      Procurador Coordinador                                                   Procurador Penal\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nJECM/AAR/vzv\n\n\n\n\n\n\n[1] A partir del artículo 101 inicia el Capítulo XII, que comprende las contravenciones.", "body_en_text": "Legal Opinion: 135 - J of 10/24/2024\n\n\n\nOctober 24, 2024\n\n\nPGR-OJ-135-2024\n\n\n\n\n\n\nMrs.\n\n\nCinthia Díaz Briceño\n\n\nHead, Permanent Committee on Legal Affairs\n\n\nLegislative Assembly\n\n\n\n\n\n\nDear Mrs. Díaz Briceño:\n\n\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to your official communication number\nAL-CPEAMB-5022-2023 dated October 31, 2023, through which you request that we issue a legal\nopinion regarding legislative bill No. 23.952, titled \"Reform of several laws to\nstrengthen the fight against Organized Crime in the area of Environmental Crimes.\"\n\n\n\nBefore responding to the request that was submitted to us, we must indicate the scope of\nthis pronouncement, since according to the Organic Law of the Attorney General's Office, it is not\npossible to issue binding opinions, when what we are asked for is to provide a\nlegal opinion regarding bills of law.\n\n\n\nThe administrative case law of this Advisory Body recognizes the possibility that the Legislative\nAssembly may consult on aspects related to the administrative work it performs in an\nexceptional manner to its principal activity, in which case the opinions issued shall be\nbinding. However, in the case of consultations related to the law-promulgating task\nthat this Branch of the Republic carries out, we are unable to issue binding\nopinions, insofar as that power is beyond what is indicated in the regulations that govern us.\n\n\n\nNevertheless, in order to collaborate with this Honorable Committee, an opinion on the\nbill of law under analysis will be issued, but not without first warning that, due to the foregoing,\nthis pronouncement is a legal opinion with no binding effects.\n\n\n\nHaving clarified the foregoing, we will proceed to analyze the bill of law in question.\n\n\n\nI.- PURPOSE OF THE BILL\n\n\n\nThe legislative bill aims to reform four environmental laws, which contain the\nmajority of criminal offenses applicable to that field, namely: the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 30, 1992, the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, the\nLaw for the Protection, Conservation and Recovery of Sea Turtle Populations, No. 8325 of\nNovember 4, 2002, and the Fisheries and Aquaculture Law, No. 8436 of March 1, 2005.\n\nThe initiative consists of reforming—on one occasion—and adding—on the rest—a paragraph to each\nof those bodies of law in the crimes section, for the purpose of fostering an increase in the ranges\nof imprisonment penalties with which the different offenses regulated therein are punished (to\nreach a penalty of four years and be considered a \"serious crime\"), in order to enable\nthe possibility of applying to them the special procedure for the prosecution of organized\ncrime. In addition to the proposed aggravation, a legend is also added to the articles of interest, which reads as follows: \"...when those illicit conducts are committed by a structured group of\ntwo or more persons that has existed for a certain time and that has acted in concert with the\npurpose of committing said crimes.\n\n\n\nWith these two elements (the increase in the penalty and the normative description that characterizes\nan illicit association), the aim is to better combat that type of environmental crime.\n\n\n\nThe proponents of the initiative justify the need for the reform, based on the concern\nexpressed by the Agricultural Environmental Prosecutor's Office, in the sense that organized criminal groups\nhave extended their activities to the environmental field, through incursions into multiple illicit acts\nsuch as illegal logging of forests for timber extraction or trafficking in endangered species of flora and\nfauna, without the Public Prosecutor's Office being able to apply more complex and sophisticated investigation\ninstitutes and mechanisms to combat this phenomenon, such as the extension of\ntime limits or the use of wiretapping, since most of these crimes are categorized\nwith a fine or with prison sentences at very low extremes; that is, equal to or\nless than three years.\n\n\n\nIn support, the report of the United Nations Office on Drugs and Crime\n(UNODC) \"World Wildlife Crime Report. Trafficking in Protected Species\", 2016 (https://www.unodc.org/\ndocuments/dataandanalysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf) is cited.\n\n\n\nLikewise, Resolution No. 73/343 of September 16, 2019 of the United Nations General\nAssembly on the \"Tackling Illicit Trafficking in Wildlife,\" is cited, which has\nas its background the \"...concern over the growing magnitude of poaching and the illicit\ntrade in wild fauna and flora and their products, and over its adverse economic, social, and\nenvironmental effects.\"\n\n\n\nThe relevant portion of that resolution states:\n\n\n\n\"(...) Member States are urged to adopt decisive measures at the national level to\nprevent, combat and eradicate the illicit trade in wild fauna and flora, at points of\nsupply, transit and demand, inter alia, by strengthening the legislation and\nregulations necessary to prevent, investigate, prosecute and adequately punish such\nillicit trade, as well as by strengthening law enforcement and criminal justice\nresponses\" and \"Member States are exhorted to make illicit trafficking in protected species of wild fauna and flora a serious crime, in accordance with their\nnational legislation and as defined in article 2 (b) and article 3, paragraph 1 (b), of\nthe United Nations Convention against Transnational Organized Crime (...)\".\n\n\n\nIn this sense, the proposing Deputies explain that the procedure for investigating and\nprosecuting organized crime offenses starts from the possibility of attacking criminal\nstructures that incur in offenses punishable by at least 4 years in prison, which constitutes\nthe minimum punitive limit to consider them as a serious crime. Hence the impossibility of using\nthe ordinary investigation procedures and mechanisms to investigate and punish criminal\ngroups that have been committing environmental offenses, based on the\nconcepts developed by the United Nations Convention against Transnational Organized\nCrime, approved by Law No. 8302 of September 12, 2002, and which, in its article 2, defines:\n\n\n\n\"Organized criminal group\" as \"a structured group of three or more persons, existing for\na certain period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or\noffenses established pursuant to this Convention, in order to obtain, directly or\nindirectly, a financial or other material benefit\"; and \"serious crime\" as \"conduct constituting an offense punishable by a maximum deprivation of liberty of at\nleast four years or a more serious penalty.\"\n\n\n\nFurthermore, the Deputies promoting the bill, aware of the great negative impact\nthat environmental crimes generate for society, consider it not only pertinent to make the\nnecessary modifications to our legal system to enable the judicial\nauthorities to have the mechanisms and tools necessary to adequately pursue organized\ncriminality in environmental offenses, but they also believe it should be done while\nrespecting the principles of proportionality and reasonableness, since most of the\nillicit acts contained in environmental laws are committed by people who are not linked to\norganized crime, and who even incur in these conducts in some situations due to ignorance or\nlack of employment, which would allow them to satisfy their needs otherwise.\n\n\n\nBy virtue of the foregoing and in order to repress with greater severity the cases that truly\nwarrant it, the introduction of a paragraph with identical wording is promoted in four legal\nbodies that contain the majority of environmental offenses, to permit the increase\nof the amount of imprisonment penalties by fifty percent, only when the\nacts under trial correspond to a structured group of two or more persons, that has\nexisted for a certain time and has acted in concert with the purpose of committing said\ncrimes, that is, when the perpetrators are part of an organized criminal group dedicated to committing the\nillicit acts under discussion.\n\n\n\nII.- ON THE SUBSTANCE\n\n\na) On the structure and wording of the proposed regulations.\n\n\n\nThe bill under analysis is structured very simply, with exactly 4\narticles, each one proposing the introduction of a paragraph with almost identical wording,\nalthough with some differences, to be inserted in the Wildlife Conservation Law,\nthe Forestry Law (Ley Forestal), the Fisheries and Aquaculture Law, and in Article 6, second paragraph of the\nLaw for the Protection, Conservation and Recovery of Sea Turtle Populations, so as to\nallow the punitive ranges of imprisonment penalties in the different criminal offenses\ncontained therein to be aggravated by 50 percent and, in that way,\nenable the application of the procedure for the prosecution of organized crime. Obviously,\nthe inserted paragraph contains the factual description of what constitutes an organized criminal group.\n\n\n\nSince it is a text of limited length, we proceed with its full transcription below:\n\n\n\n\"ARTICLE 1- Article 88 of the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of\nOctober 30, 1992 and its amendments, is reformed, which, henceforth, will read as follows:\n\nArticle 88- Violations of this Law, pursuant to this chapter (chapter XI)[1],\nconstitute a crime.\n\nPrison sentences for the offenses proscribed in this chapter shall be increased by fifty\npercent (50%) when those illicit conducts are committed by a structured group of two or\nmore persons that has existed for a certain time and that has acted in concert with the\npurpose of committing said crimes. In these cases, the fine penalties provided for\nin the criminal offenses of this Law shall not apply.\"\n\n\n\nARTICLE 2- A new article 63 bis is added to Chapter II of Title Six of the Forestry Law (Ley Forestal),\nNo. 7575 of February 13, 1996 and its amendments, the text of which will read:\n\n\nArticle 63 bis- Organized crime.\n\nPrison sentences for the offenses proscribed in this chapter shall be increased by fifty\npercent (50%) when said illicit conducts are committed by a structured group of two or\nmore persons that has existed for a certain time and that has acted in concert with the\npurpose of committing those crimes.\n\n\n\nARTICLE 3- A new article 140 bis is added to Chapter I of Title X of the Fisheries and\nAquaculture Law, No. 8436 of March 1, 2005 and its amendments, the text of which will read:\n\n\nArticle 140 bis- Organized crime.\n\nPrison sentences for the offenses proscribed in articles 139 and 140 of this chapter shall be\nincreased by fifty percent (50%) when the illicit conducts described in those\narticles are committed by a structured group of two or more persons that has existed during\na certain time and that has acted in concert with the purpose of committing said crimes.\"\n\n\n\nARTICLE 4- A new second paragraph is added to Article 6 of the Law for the Protection,\nConservation and Recovery of Sea Turtle Populations, No. 8325 of November 4,\n2002, which will read thus:\n\nArticle 6- Whoever kills, hunts, captures, slaughters, transports, or trades sea turtles shall be\npunished with one to three years in prison. The penalty shall be from three months to two years' imprisonment for whoever\nretains sea turtles for commercial purposes, or trades products or by-products of these\nspecies.\n\nPrison sentences for the crime proscribed in the preceding paragraph shall be increased by\nfifty percent (50%) when the illicit conducts described therein are committed by a\nstructured group of two or more persons that has existed for a certain time and that has acted\nin concert with the purpose of committing said conducts.\n\nThe collection of olive ridley turtle eggs in the Ostional National Wildlife Refuge shall not be punishable,\nprovided that it is carried out in accordance with the regulatory provisions issued by MINAE.\"\n(the highlighted text has been deliberately made to emphasize the proposed reforms, in the\narticles that warrant such notoriety).\n\nIn the case of the Law for the Protection, Conservation and Recovery of Sea Turtle\nPopulations, it should be noted that only Article 6 establishes a crime in its first paragraph,\nso the initiative adds a second paragraph to that provision to fulfill its purpose (aggravation\nof penalties), which means that the paragraph currently known as the second becomes the\nthird, which establishes the non-punishability of the extraction or collection of olive ridley\nturtle eggs in the Ostional National Wildlife Refuge, when the existing legal\nrequirements are met.\n\n\n\nSomething similar happens with the Wildlife Conservation Law, regarding the\nbill, which stipulates in its Article 88 that violations of this Law, pursuant to this\nchapter, constitute a crime, so the bill introduces a second paragraph to said provision,\nin such a way as to enable the increase of the imprisonment penalties for the illicit acts\nprovided for in that law by fifty percent.\n\n\n\nIn the case of the Forestry Law (Ley Forestal) and the Fisheries and Aquaculture Law, the reform introduces an\nindependent article to foster the reform in the terms already mentioned, specifically a\nprovision 63 bis in the former, while in the latter the novel provision would be an article 140\nbis.\n\n\n\nAs an additional fact, it is worth highlighting that, in the Fisheries and Aquaculture Law, provision 140 bis\ncontains a particularity, which is that it expressly directs the increase of penalties under the conditions\npreviously set forth, only with respect to provisions 139 and 140, given that these two articles\nhave imprisonment as a penalty. Deliberately, the proponents do not provide for the reform\nto apply to article 146 (which carries a prison sentence), given that it is a type of crime of another\nnature for which there is no interest in toughening the penalties.\n\n\n\nAs is argued in the statement of legislative intent, the procedure for the prosecution of organized\ncrime offenses establishes as a necessary condition of application, the possible configuration\nof a serious crime, a quality that distinguishes those illicit acts punishable by deprivation\nof liberty, the maximum extent of which is at least 4 years in prison, given that none of the\ncriminal offenses provided for in the previously mentioned laws contain this, making\nit necessary to increase the prison sentences provided for those crimes, and in this way,\nreach the category of serious crime, to allow the prosecution of harmful conducts as\norganized crime and, in that manner, enable all the investigative and procedural\ntools necessary to judge environmental infractions under this modality.\n\n\n\nNow, to be able to carry out the concrete analysis and determine, in the first instance, if the reform\neffectively fulfills the proposed aims, we must consider whether the punitive ranges\nof the laws that are the object of the initiative are uniform and if, with the increase in the proposed percentage\nof imprisonment penalty, the characteristics of a serious crime can be achieved for\nthe application of the procedure for the prosecution of organized crime; since, in the opposite\ncase, the penalties, even though they increase by the proposed amount, might not reach the penalty of\n4 years in prison.\n\n\n\nb) On the crimes contained in each regulation subject to reform and their scope.\n\n\n1) Forestry Law (Ley Forestal).\n\n\n\nThis legal body contains several crimes of capital importance in environmental matters, such as\nlogging, exploitation of forest resources, invasion of conservation and protection\nareas, land-use change (cambio de uso del suelo), illegal acquisition of timber, among others, which are expressly\nmentioned in the statement of legislative intent of the initiative.\n\n\n\nAccording to what has been set forth, in principle, provision 63 bis seems to achieve the objective with\nalmost all the offense descriptions formulated in this law for the proposed purposes, since the majority of\nillicit acts in their upper extreme of imprisonment penalty reach three years, which means that by\nincreasing that maximum by 50 percent, one year and six months more would be added, the maximum\nextreme reaching four years and six months, which would exceed the 4 years of punishment that a criminal\nact requires to be considered a serious crime, which, consequently, would make it possible for the\nprocedure for the prosecution of organized crime to be applied to it (see, to that effect, the\npenalties of articles 58, 59, 61, and 62).\n\n\n\nNotwithstanding the foregoing, when making this same exercise with the conducts provided for by provision\n63—poisoning or girdling of trees and illegal mobilization of forest resources—, it is clear that the\nsame could not, in any way, reach the category of serious crime, which would impede the\nprosecution of any matter referring to those illicit acts as organized crime.\n\n\n\nThe foregoing occurs because, according to the article under discussion (63), the poisoning or\ngirdling of trees, as well as the transport or mobilization of forest resources, are punished\nwith imprisonment penalties ranging from one month to one year. In that sense, according to the\ninitiative, the imprisonment penalty range could increase by 50 percent, which would bring\nthe maximum penalty for both crimes to one year and six months.\n\n\n\nWe consider that not being able to classify tree girdling or timber mobilization\nas serious crimes (even with the proposed increase) and, therefore, not being subject to\nthe application of the investigative tools contemplated in the organized crime\nprocedure, would be contradictory to the purposes of the initiative, since the statement of legislative intent\nargues that organized criminal groups have diversified their activities to reach\nthe environmental field, and that this has generated impunity due to the low penalties established, citing\nas an example the transport or mobilization of timber as an illicit activity, generating large\nprofits for those who commit such types of crimes.\n\n\n\nBy virtue of the foregoing, it is possible to deduce that this non-application of the scope of this reform\nto the criminal offenses under discussion is due to an undesired or at least unforeseen effect, since\nthe false premise was assumed that the wording of article 63 bis was sufficient to achieve the objective\nin all the conducts provided for by the Forestry Law (Ley Forestal) or at least, all those that could\nbe found mostly linked to organized crime, given that it was assumed that all the\noffenses had the same punitive range (in this regard, see articles 60 and the\ndiscussed 63).\n\n\n\n2) Wildlife Conservation Law.\n\n\n\nThis normative body contains a significant number of criminal offenses related both to\nflora and to wild fauna, starting from article 90 to provision 100.\n\n\n\nThe mechanics used as the legislative procedure for reform, as we have already said above,\nconsists of introducing a second paragraph to article 88, with the already known phrase \"...The\nprison sentences for the crimes proscribed in this chapter shall be increased by fifty\npercent (50%)...\", without taking into account the significant fact that not all the articles subject to\nmodification currently have penalty ranges that allow, with the suggested increase, to reach\nthe range of 4 years.\n\n\n\nIndeed, a brief recount of the penalties for the crimes concerned shows that only\nprovisions 93 subsection a) –prison from 1 to 3 years–, 95 subsection a) –prison from 1 to 3 years–, 96 subsection\na) –prison from 1 to 3 years–, 98 –prison from 1 to 3 years–, and article 100 –prison from 1 to 3 years–,\nby increasing their maximum extreme by 50%, would manage to reach four and a half years, constituting a serious\ncrime.\n\n\n\nThe remaining crimes have imprisonment penalties so insignificant that, not even with the increase of\n50% in their maximum extreme, would they reach the range whose achievement the bill of law that\nconcerns us pursues.\n\n\n\nThose articles are described as follows:\n\n\narticle 90\n\n\n\n2 to 4 months\n\narticle 91 subsection a)\n\n\n\n2 to 4 months\n\narticle 91 subsection b)\n\n\n\n3 to 6 months\n\narticle 91 subsection c)\n\n\n\n1 to 3 months\n\narticle 92\n\n\n\n3 to 6 months\n\narticle 93 subsection b)\n\n\n\n6 months to 1 year\n\narticle 93 subsection c)\n\n\n\n2 to 4 months\n\narticle 94\n\n\n\n1 to 2 years\n\narticle 95 subsection b)\n\n\n\n4 to 6 months\n\narticle 96 subsection b)\n\n\n\n4 to 8 months\n\narticle 97\n\n\n\n2 to 8 months\n\narticle 99\n\n\n\n1 to 2 years\n\n\n\n3) Fisheries and Aquaculture Law.\n\n\n\nAs indicated above, the reform introduces an article identified with provision 140\nbis, with which it is intended to aggravate by fifty percent the punitive range of the deprivation\nof liberty penalty for the crimes provided for in provisions 139 and 140, as in the other\nlegal bodies already analyzed, when the facts described therein are associated with the phenomenon of\norganized criminality.\n\n\n\nIn the case of article 139 (whose prison sentence ranges between 6 months and two years), it is\nclear that the same situation arises that was previously pointed out, with respect to many of\nthe illicit acts provided for in the Forestry Law (Ley Forestal) and in the Wildlife Conservation Law, in the sense\nthat by increasing the penalties in the terms proposed, the punishments for those offenses never\nwill reach four years in prison, that is, under no circumstance could they be classified\nas serious crimes and, therefore, it would not be feasible to consider them as organized crime.\n\n\n\nRegarding article 140, there are two hypotheses that coexist within it: the one contemplated in\nthe first paragraph, which is identified with the pursuit, capture, hunting, or transport or trade of\nchelonia, marine mammals, or aquatic species declared in danger of extinction and protected\nby international agreements applicable to Costa Rica, in which the bill would indeed achieve its\npurpose, since the punitive range of those conducts currently ranges between one and three years\nin prison, which means that with the eventual increase promoted, the punishment range would go\nfrom one year and six months at its minimum extreme to a maximum of four years and six months, thus reaching\nthe penalty required to be considered a serious crime.\n\n\n\nWith the other factual hypothesis of article 140 under discussion, the opposite happens, since the\nsecond paragraph, referring to the retention, for commercial purposes, of the species indicated in the\npreceding paragraph or whoever trades their products or by-products, these actions are punished with imprisonment\nof three months to two years of prison, in such a way that by increasing the penalties following the\nformula of the initiative, the sanctions would range from 4 and a half months to three years in prison. In\nother words, it is evident that the purpose of the legislative initiative under discussion would not be achieved\nin this scenario.\n\n\n\n4) Law for the Protection, Conservation and Recovery of Sea Turtle Populations.\n\n\n\nAs set forth in section II a), the objective of the initiative with respect to the legislation under\ndiscussion, is to introduce a second paragraph to provision 6, to enable the possibility of\na fifty percent increase in penalties to be able to prosecute the crimes provided for as\norganized crime.\n\n\n\nOnce again, the phenomenon seen in the other laws intended to be modified occurs, since\nhunting, capturing, slaughtering, transporting, or trading sea turtles are conducts that are\ncurrently punished with one to three years in prison, which means that by increasing the punitive\nrange as is being promoted, the penalties will range from one year and six months to four years and\nsix months, with which the purpose of the initiative is achieved.\n\n\n\nSomething different occurs in cases of retention of sea turtles for commercial purposes or for whoever\ntrades their products or by-products, since the penalties range from three months to two\nyears in prison, which would mean increasing the punishments from four months and fifteen days to three years,\nmaking it impossible for such actions to reach the category of serious crime.\n\n\n\nIII.- ON THE LEGISLATIVE DRAFTING TECHNIQUE OF THE BILL AND THE WAY IN WHICH THE DEFECTS IT PRESENTS COULD BE CORRECTED\n\n\n\nHaving analyzed the bill in its entirety, as well as the consequences derived from\nthe insertion of the proposed provisions in each of the regulations to be reformed, it is evident that\nthe legislative technique used in its intention or purpose is deficient, since according to the\nstatement of legislative intent, the aim is to generally increase by fifty percent the\npenalties for the environmental crimes provided for in the legislations to be modified, so that they\nreach the necessary punishment to be considered serious crimes; that is, illicit acts that\nhave a punishment range of at least four years in prison, this in accordance with article 2\nof the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and provision\n1, third paragraph of the Law against Organized Crime, but as we have seen, it is not valid\nto apply the same standard to all the articles that are sought to be modified.\n\n\n\nIn the statement of legislative intent, the promoting legislators—with the purpose of justifying the\nneed for the initiative—maintain that the illicit acts covered by the environmental\nlegislations to be reformed constitute the vast majority of the cases that are processed before our\ncourts of justice, and given that organized criminality has been venturing into this type\nof illicit acts, it is necessary to expand the scope of investigative tools and techniques to attack\nthis phenomenon, such as the extension of time limits and the intervention of communications.\n\n\n\nIn this sense, and after having carried out the exercise proposed, that is, inserting the formula\nproposed for increasing penalties in each regulation, it was possible to identify an\nimportant number of criminal figures that could reach the punishment of at least four years in\nprison; however, criminal offenses that do not reach said penalty (despite\nthe 50% increase), despite their offensiveness to society, were also detected, which demonstrates\nthat the proposed reform is incomplete and insufficient.\n\n\n\nThe foregoing originated in an error that was made in the drafting of the bill, since, by\nproposing a generalized formula to reform the penalties for environmental crimes, in the\nterms that were used, it was assumed that all the criminal figures provided for in the laws subject\nto reform, and their different modalities, had the same range of punishability of deprivation\nof liberty penalty, something that, as analyzed in previous sections, is not the case.\n\n\n\nNow, despite the foregoing and taking as a reference the examples of specific crimes that\nare mentioned in the statement of legislative intent, and based on our experience as procedural\nintervenors, being parties in numerous environmental processes, we conclude that indeed there exist\ncriminal offenses that are mostly linked to the phenomenon of organized crime with\nrespect to other figures that, although they also punish harmful conducts against the protected\nlegal interests, we consider that at this historical moment they do not have that connotation.\n\n\n\nAny criminal conduct, if the production of profits results attractive, will always be\nsubject to favor from organized criminality, hence the legislative intention under\ndiscussion has laudable purposes. Its great flaw was not realizing that many of the criminal\noffenses of the four laws to be reformed, despite possibly having some link to organized\ncrime, have meager penalties, which would not reach four years despite the proposed\n50% increase.\n\n\n\nIn that regard, if the legislative intention is to continue, it must be realized\nthat with the 50% increase in the penalty, only certain crimes would manage to reach the penalty of 4\nyears or exceed it. The obstacle is the rest of the crimes.\n\nFaced with this situation, the following options are suggested: a)- leave the legislative initiative in force and make it applicable to crimes whose penalties, with the increase, reach or exceed 4 years, b)- increase the penalties for certain crimes to a maximum limit of 2 years and 8 months, so that by applying the 50% increase, 4 years are achieved, and c)- deliberately reform the penalties of the remaining offenses (which have low sanctions), with a formula that integrates the already analyzed requirements characterizing an organized criminal structure (and that are undoubtedly proven), in such a way that it is not necessary to resort to the 50% aggravation, with wording more or less as follows:\n\n\"The range of prison sentences corresponding to the crimes provided for in articles ….., shall be from … to 4 years, when said illicit conduct is committed by a structured group of two or more persons that has existed for a certain time and that has acted in concert with the purpose of committing said crimes.\"\n\nThus, we would have that, in the case of the Ley Forestal, the crimes contained in articles 58, 59, 61, and 62, which have the maximum limit of the penalty at three years, would be susceptible to having the 50% aggravation applied, all reaching the penalty of 4 and a half years. With regard to the offenses of numerals 60 and 63, whose maximum limit is 2 years and one year, respectively, the solution could be twofold: i.- increase the penalty in both cases to 2 years and 8 months, so that with the increase it reaches 4 years, or else, ii.- apply the wording stated above, in such a way that it is not necessary to resort to the increase and that the concept of the serious crime is achieved solely with the use of the penalty at its maximum limit (4 years), that is, after proving that an organized criminal structure indeed exists.\n\nWith regard to the Ley de Conservación de Vida Silvestre, there are currently 5 crimes that, having a maximum limit of 3 years, would achieve the desired penalty with the proposed 50% increase; however, as has already been evidenced, there are 12 criminal scenarios that have very light penalties and for which the increase would not manage to reach the penalty of 4 years.\n\nIn this particular case, there would be considerable difficulty in achieving the legislative consensus to modify 12 criminal figures of Law 7317, which certainly represent criminal conduct of low incidence. Our recommendation would be to detect, through the Organismo de Investigación Judicial and its statistics, which of those low-penalty crimes are currently being used by criminal organizations, in order to try to modify the sanctions, either by increasing the maximum limit to 2 years and 8 months, so that with the 50% percentage the penalty of 4 years is reached, or else, deliberately extending the maximum limit to 4 years, once it is proven that such offense was committed within the mechanics of organized criminal structures.\n\nRegarding the Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, it is observed that Article 6 has two scenarios and two different penalties; with regard to the first, given that its upper limit is 3 years, the inclusion of a second paragraph providing for a 50% increase, in the event that it is demonstrated that it occurred within the framework of a criminal organization, is entirely viable and we support its approval. The problem arises with the second scenario, specifically the hypothesis provided for whoever retains marine turtles for commercial purposes or trades products or by-products of these species, whose penalty is from 3 months to two years.\n\nFor this, it is suggested to change the range of the custodial sentence, establishing a more severe one in cases where organized crime is involved, and that it reads as follows:\n\n\"Article 6º-Whoever kills, hunts, captures, slaughters, transfers, or trades marine turtles shall be punished with imprisonment from one to three years. The same penalty shall be imposed on whoever retains marine turtles for commercial purposes, or trades products or by-products of these species.\n\nThe collection of olive ridley turtle eggs in the Refugio de Vida Silvestre de Ostional shall not be punishable, provided it is carried out in accordance with the regulatory provisions issued by MINAE.\" (the highlighted text is the proposed scenario).\n\nIf the penalty suggested for the second scenario under discussion were considered disproportionate because it is less serious conduct, the recommendation already noted could be contemplated, of establishing a penalty range that goes from months at its lower limit, up to 2 years and 8 months at its upper limit, with which the objective of this reform will equally be achieved.\n\nFinally, with regard to the Ley de Pesca y Acuicultura, given that article 139 has a penalty of six months to two years of imprisonment, here the dual formula would be proposed of: i.- raising the penalty at its maximum limit to 2 years and 8 months, or else to three, so that, upon applying the 50% increase provided by article 140 bis, the ranges of 4 years in the first scenario and 4 and a half years in the second are reached, or else, ii.- definitively raising the upper penalty to 4 years, without resorting to the legislative bill under discussion.\n\nThe conduct being punished is not trivial:\n\n\"Article 139.-A penalty of six months to two years of imprisonment shall be imposed on whoever permits, orders, or authorizes the unloading of shark fins, without the respective body or trunk, at the sites where said resource is unloaded, for the purpose of selling or commercializing said fins.\"\n\nRegarding article 140, it contains two conducts with different penalties: in the first scenario\n\n\"A penalty of imprisonment from one to three years shall be imposed on whoever pursues, captures, wounds, kills, transfers, or trades sea turtles, marine mammals, or aquatic species declared in danger of extinction protected by international conventions applicable to Costa Rica, in the territorial sea…\"\n\nand in the second\n\n\"The penalty shall be from three months to two years of imprisonment for whoever retains, for commercial purposes, the species indicated in the preceding paragraph, or trades their products or by-products.\" (the highlights are ours).\n\nAs has been suggested above, with respect to the first scenario there would be no problem, since with the proposed 50% increase, the penalty would reach 4 and a half years. The problem arises with the second scenario, for which the dual formula already employed is proposed: i.- raising the penalty at its maximum limit to 2 years and 8 months, or else to three, so that, upon applying the 50% increase provided by article 140 bis, the ranges of 4 years in the first scenario and 4 and a half years in the second are reached, or else, ii.- definitively raising the upper penalty to 4 years, without resorting to the legislative bill under discussion.\n\nWith these suggestions, we estimate that the questions we initially raised regarding the initiative under discussion could be overcome, since the majority of the different environmental criminal figures -at least the most relevant- would achieve uniform penalties that would allow reaching a punishability of at least 4 years of imprisonment, a necessary condition for them to be susceptible to prosecution as organized crime.\n\nIV.- CONCLUSION\n\nAccording to the analyzed study of this legislative bill, it is estimated that it presents problems of legislative drafting (técnica legislativa) that, with the customary respect, it is suggested be amended.\n\nLikewise, it is recommended that the honorable Legislators analyze the possible solutions and complementary provisions that could be implemented, and that have been set forth in this opinion, in order not only to resolve the deficiencies detected in the initiative, but also in order to improve it and make it viable, to consolidate a possible law that contributes to repelling the phenomenon that constitutes the incursion of organized crime into environmental crimes.\n\nThe deliberation directed at accepting or rejecting, partially or totally, our observations, constitutes an aspect within the exclusive and exclusionary competence of the Asamblea Legislativa, over which we will be entirely respectful.\n\nCordially,\n\nLic. José Enrique Castro Marín Lic. Andrés Alfaro Ramírez\n\nCoordinating Attorney (Procurador Coordinador) Criminal Attorney (Procurador Penal)\n\nJECM/AAR/vzv\n\n[1] Starting from article 101, Chapter XII begins, which comprises the contraventions." }