Res. 01126-2021 Sala Primera de la Corte — Nullity of property title in restricted zone of the ZMT for failing to meet possession requirementNulidad de título de propiedad en zona restringida de la ZMT por incumplir requisito de posesión

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01126 - 2021

Fecha de la Resolución: 13 de Julio del 2021 a las 09:25

Expediente: 99-000260-0163-CA

Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Incongruencia

Subtemas:

Concepto y alcance.

Tema: Pretensión

Subtemas:

Pluralidad de pretensiones.

Tema: Demanda

Subtemas:

Pretensión.

Análisis sobre los supuestos de incongruencia (ver resoluciones 408-2006, 41-2007 y 478-2008 Sala Primera); lo cual no se observa en el fallo. Si bien ordena el amojonamiento de la zona pública con respecto a la propiedad del actor, no lo hace como un exceso de lo peticionado en el proceso, al acoger una petición subsidiaria junto a las principales, sino conforme los numerales 123 y 290.4 del Código Procesal Civil. En efecto, el mandato 123 ibídem establece la posibilidad de plantear en una demanda, varias pretensiones, siempre y cuando exista conexión entre éstas. En la especie, no se observa que la petición de amojonamiento sea excluyente de las concedidas por el Tribunal, sino que se fundamenta en razones de interés público, como una consecuencia de lo que los jueces han estimado, constituyen las potestades y obligaciones conferidas normativamente al Instituto Geográfico Nacional y al Estado. Para otro cargo, estima la Sala, el Tribunal no incurrió en incongruencia, pues la nulidad del asiento correspondiente a una finca, es consecuencia lógica y jurídica de la nulidad declarada del asiento de otra heredad, por cuanto la primera deriva de la última (voto 1126-F-2021).

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Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Instituto Geográfico Nacional

Subtemas:

Competencia.

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Amojonamiento.

La casacionista acusa violados los mandatos 62 y 63 del Decreto 7841, 10 Ley 6043, 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21 del Decreto 36642 y 11 del Decreto 33797. Si bien no aparecen citadas por el Tribunal en su sentencia, efectivamente establecen la competencia del Instituto Geográfico Nacional (IGN en adelante) para amojonar, demarcar y delimitar la zona marítimo terrestre. De tal suerte, no cabe argumentar error del Tribunal al ordenar el amojonamiento de la zona pública de la zona marítimo terrestre por parte del IGN, alegando el quebranto de esas disposiciones, cuando refieren el cometido de una obligación pública dispuesta legislativamente, a saber, el amojonamiento de la zona pública (voto 1126-F-2021).

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Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Formalidades del recurso.
Violación indirecta de ley sustantiva.

Los agravios en estudio no se ajustan a las causales taxativas establecidas en el mandato 594 del Código Procesal Civil, lo cual impide a esta Sala ahondar en su conocimiento, de ahí que se rechazan. Lo mismo ocurre con otro motivo que escapa a las causales taxativas del mandato 595 ibídem. Por otro lado, la violación de ley puede acontecer, de manera indirecta, por errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. En ambos supuestos, debe precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que se habrían infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además, deben invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio cuya ponderación desacertada se reclama. El cargo se aparta de la correcta técnica casacional, toda vez que deja de mencionar la norma de fondo que se estima violentada. Según la norma 595.3 ibídem, es indispensable indicar las leyes que en cuanto al fondo resultan infringidas, como consecuencia de los errores de apreciación reclamados. Dicha desatención obliga al rechazo de plano de los motivos. Finalmente, dos reproches formulados en la ampliación resultan ser argumentos novedosos, no argüidos con anterioridad, lo cual lesiona el ordinal 608 ibídem, circunstancia que obliga a su rechazo, toda vez que no pueden ser objeto del recurso extraordinario de casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes   (voto 1126-F-2021).

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Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Titulación de tierras.

Tema: Principio in dubio pro natura

Subtemas:

Concepto y alcance.

El Transitorio III de la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítima Terrestre (ZMT en adelante), abrió momentáneamente la posibilidad a los poseedores de áreas ubicadas en la zona restringida de la ZMT, a fin de que obtuvieran la titulación de sus parcelas. Para ello debían demostrar una posesión de más de 30 años en forma continua, quieta, pública, pacífica y a título de dueños, lo anterior a través del procedimiento dispuesto por la Ley de Informaciones Posesorias; lo cual no ocurrió en la especie. El interesado, al solicitar el proceso de información posesoria, sólo probó contar documentalmente con una posesión ininterrumpida de 16 años, incumpliendo el plazo legal. Se estima además que la interpretación hecha por el Tribunal en cuanto a la no solución de continuidad, se ajusta al principio de indubio pro natura (numerales 50 Constitución Política y 11 de la Ley de Biodiversidad), pues tomando en cuenta que se trata de discernir si un particular contó con los requerimientos “por demás excepcionales” de ley, a fin de titular un bien ubicado en la zona restringida de la ZMT, cualquier interpretación del cumplimiento o no de tales requisitos debe ser realizada en forma restrictiva, en protección del ambiente y del demanio público, en caso de duda (voto 1126-F-2021).

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Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Costas.

Resulta obligado el rechazo de los recursos formulados, con costas a cargo de cada una de las partes que lo formuló (numeral 611 Código Procesal Civil) (voto 1126-F-2021).

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Texto de la resolución

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Exp: 99-000260-0163-CA

Res. 001126-F-S1-2021

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del trece de julio de dos mil veintiuno.

Proceso Ordinario Contencioso Administrativo promovido por RODOLFO MUÑOZ BARRIENTOS, mayor, casado, empresario hotelero, vecino de Quepos, representado por el Doctor Roberto Yglesias Mora en su condición de apoderado especial judicial (folio 13); contra la SUCESIÓN DE MARIO GOLCHER AVENDAÑO, quien en vida y al momento de interposición del presente proceso fuera mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, fallecido, representada por su albacea Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, LLAMA DEL BOSQUE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-049331, representada por Gene Austry Brown, mayor, casado, trabajador social, vecino de Nueva York, Estados Unidos de América, cuyo agente residente en el país es el Licenciado José Antonio Casafont Odor, mayor, casado, abogado, vecino de San José, y, EL ESTADO, representado por el Procurador Jose J. Barahona Vargas y el Procurador Adjunto, Mauricio Castro Lizano, ambos, mayores, casados, abogados, y NACIENTE SELVA CRISTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-206914, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Harry Mcmulan III, mayor, casado, empresario, ciudadano estadounidense, con pasaporte número 150601201, y sus apoderados especiales judiciales Ricardo Alberto González Mora y Manfred Fischel Robles, ambos mayores, abogados. Figuran como interesados, la Municipalidad de Aguirre y Parrita y Arribo de la Tortuga Sociedad Anónima S.A.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez; y, 

CONSIDERANDO

I.- Rodolfo Muñoz Barrientos, demandó a Inversiones Picón S.A. (en adelante Inversiones Picón), Mario Golcher Avendaño, Llama del Bosque S.A., y, al Estado. Puntualizó, el 16 de junio de 1998, adquirió un inmueble en Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, con una medida de una hectárea 517.11 m2, según plano catastrado no. P-496930-98. Manifestó, dicho terreno formó parte de otros inmuebles propiedad de don Mario Golcher, y, luego de diversas segregaciones y traspasos, conformó la finca no. 6-054481, registrada a nombre de Villas Vista del Mar S.A. Explicó, excluyendo el área de la anterior segregación, -hoy a su nombre-, el resto de esa finca madre fue afectada tanto a nivel registral como material, por un traslape con otro inmueble, titulado por don Mario Golcher y adquirido inicialmente en derechos, por Inversiones Picón, y, en 1982 por Llama del Bosque S.A., finca que hoy aparece inscrita con la matrícula 6-044889-000. Mencionó, el señor Golcher Avendaño no solo transmitió un derecho a la mitad a Inversiones Picón, sino que también fue el titular original de la heredad inscrita a nombre de Villas Vista del Mar S.A., de la cual se segregó su terreno. En otras palabras, agregó, el señor Golcher es el titulante original en dos cadenas de propietarios independientes respecto del terreno objeto del traslape. Adicionó, en proceso ordinario tramitado en expediente no. 1185-3-87, esta Sala definió la titularidad en favor de Inversiones Picón. Argumentó, dado que el traslape de derechos era parcial en lo que refiere Villas Vista del Mar, el lote que adquirió de esa propiedad quedó fuera de la controversia. Expresó, Inversiones Picón adquirió del señor Golcher la finca 6-044889-000, conforme al plano P-10989-71. Enfatizó, el lindero que separa su lote del poseído por Inversiones Picón S.A., no corresponde en la actualidad a la “verdadera línea divisoria” que indica el plano catastrado con el cual adquirió el señor Golcher. Imputó, el plano general de la finca madre titulada por don Mario era el no. P-53982, el cual muestra en ese sector la misma distancia que consta en el plano P-10989-71, a saber, que ente el mojón 0 y el 5 existe una distancia de 150 metros lineales, medida conforme a la cual adquirió. Estipuló, el 27 de abril de 1983, Inversiones Picón rectificó el plano original del lote en cuestión, (no. P-10989-71) ampliando la distancia entre los mojones 1 y 7, -que en el plano anterior (P-10898-71) corresponden a los mojones 0 y 5-, en 7.52 metros. Con lo anterior, aclaró, incrementó esa parcela en 1.500 m2, cercándola casi ocho metros dentro de su propiedad, a lo largo del lindero que los separa. Relató, posteriormente en 1985, Inversiones Picón formalizó diligencias de rectificación de lindero ante el Juzgado Civil de Puntarenas, ampliando su cabida a costa de su lote. Además, precisó, la finca que posee la accionada se encuentra en su totalidad dentro de la Zona Marítimo Terrestre (en lo sucesivo ZMT), en Playa Espadilla, Quepos, cuya colindancia sur es “faja inalienable” de 50 metros, con frente a ella de 205 metros. Expresó, el origen de dicho título es una información posesoria realizada por don Mario Golcher en el año 1971, conforme al transitorio III la ley 4558, que permitió titular dentro de la ZMT a quienes probaran más de 30 años anteriores de posesión. Aseveró, de los testimonios rendidos en ese proceso, no se determinó que a abril de 1979, el señor Golcher cumpliera dicho plazo de posesión. Destacó, no obstante, en la resolución final del Juzgado Segundo de lo Contencioso, se afirmó haber demostrado una posesión mayor a 30 años. Agregó, su titulación fue ilegal, en perjuicio del dominio público, por ende, nula. Solicita en sentencia se declare: a) la información posesoria promovida por Mario Golcher Avendaño mediante el expediente judicial no. 1641-71, ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no cumplió los presupuestos legales de fondo para conferirle la titularidad del terreno descrito en la demanda (hoy su sucesión), -finca de Puntarenas no. 44889-000-, por lo cual es inválida y absolutamente nula la sentencia dictada dentro de dicho proceso; b) la inscripción registral del inmueble de cita resulta inválida y absolutamente nula; c) dicho terreno nunca perdió su condición de bien demanial; d) por lo tanto, son ilegales, inválidos, ineficaces y absolutamente nulos los traspasos de dicha finca, posteriores a su inscripción original en el Registro, incluyendo las enajenaciones de Mario Golcher Avendaño a favor de las codemandadas; y, de Llama del Bosque a Inversiones Picón, así como las sucesivas a cualquier tercero. Por ello, mediante mandamiento o ejecutoria de sentencia deberá ordenarse la cancelación de todas las inscripciones generadas por esos traspasos. Subsidiariamente, solicita: e) declarar que la rectificación del lindero que muestra el plano catastrado no. P-502694-83, referido a la finca no. 6-044889-000, así como las diligencias de rectificación de lindero, son ilegales y absolutamente nulas, por ende, no le son oponibles, por lo cual procede el deslinde formal, demarcación y amojonamiento entre ambos inmuebles, conforme a la ubicación legal y verdadera. Por lo anterior, debe ordenarse cancelar la inscripción de dicho plano en el Catastro Nacional y la referencia que de él se hace en la finca 6-44889-000; f) que el lindero que divide actualmente el inmueble del actor con la ZMT, o subsidiariamente, en defecto de la declaratoria en todo o en parte de la demanialidad indicada, la finca no. 44889-000 no corresponde con la ubicación legal y verdadera que debe tener legal, material y catastralmente; g) que con la rectificación de medida indicada, su terreno se vio disminuido en 1500 m2, los cuales deberán restituírsele al colocarse los mojones en ejecución de sentencia; i) deberá localizarse en definitiva en el fallo, la línea divisoria entre su terreno y la ZMT, o en su defecto, entre los dos terrenos inscritos a los que se refiere este juicio, los cuales deberán amojonarse en ejecución de sentencia; j) los gastos de remoción y recolocación de los mojones y cercas corren por cuenta de las codemandadas y don Mario Golcher, -hoy su sucesión-; k) se fije el plazo de dos meses para que los codemandados procedan a colocar los mojones y las cercas conforme a lo resuelto, y, en su defecto, pueda hacerlo por cuenta y gasto de los codemandados renuentes, sin costo para el Estado; l) se impongan ambas costas a las partes que se opongan a la demanda. El Tribunal tuvo como partes interesadas a la Municipalidad de Aguirre, así como a Naciente Selva Cristal S.A., y, a El Arribo de la Tortuga S.A. Inversiones Picón contestó en forma negativa, opuso las defensas de cosa juzgada, caducidad, litis consorcio pasivo necesario, falta de: legitimación y derecho, y, prescripción. El Estado contestó en forma negativa. Se tuvo por rebeldes tanto a la sucesión de Mario Golcher Avendaño como a Llama del Bosque. Se sustituyó procesalmente a Inversiones Picón por Naciente Selva Cristal S.A. El Juzgado declaró confeso en rebeldía al representante legal de Inversiones Picón. Acogió parcialmente la falta de derecho, rechazó las demás defensas. Declaró con lugar la demanda y nulas las diligencias de información posesoria no. 1641-1971, tramitadas ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo por el señor Golcher Avendaño. Ordenó la cancelación en el Registro de la finca de Puntarenas, no. 44889-000, por formar parte de la zona restringida de la ZMT, cuya delimitación corresponde al Estado, por medio del IGN (así como de sus separaciones materiales, como lo sería la cerca divisoria). Ordenó al Estado amojonar y delimitar los linderos de la ZMT donde se ubica la finca 6-044889-000. Impuso las costas a Naciente Selva Cristal S.A. y al Estado. Determinó una falta de legitimación e interés actual en cuanto a los codemandados Llama del Bosque y la Sucesión de Mario Golcher Avendaño, respecto de quienes declaró sin lugar la demanda, eximiéndoles del pago de costas, las cuales impuso a Naciente Selva Cristal S.A y al Estado. El Tribunal modificó la sentencia solo en cuanto condenó en costas al Estado, de las cuales le exoneró. En lo demás confirmó. Inconformes el Estado y Naciente Selva Cristal acuden en casación.

Recurso del Estado por razones procesales

II.- El casacionista formula un único cargo de esta naturaleza. Esgrime incongruencia y disposiciones contradictorias, en infracción a los numerales 155 y 594 inciso 3) del Código Procesal Civil, (en adelante CPC). Esboza, la sentencia que ataca en su considerando IX, indica: “...siendo que se ha decretado la nulidad de la titulación y ordenado la cancelación del asiento registral de la finca No 6-044889-000, no cabe realizar delimitación alguna entre esta y la finca del actor. Mientras tanto, la delimitación y definición del lindero exacto entre la finca del actor y la zona marítimo terrestre no puede ser ejecutada ni por ella, ni por las codemandadas privadas sino que corresponde al Instituto indicar y colocar los mojones correspondientes”. Apunta, luego la sentencia en su por tanto refiere: “Se declara que dicho terreno forma parte de la zona restringida de la zona marítimo terrestre de playa Manuel Antonio en la costa con el Océano Pacifico, siendo que la delimitación de la zona marítimo terrestre corresponde al Estado, por medio del Instituto Geográfico Nacional en lo que respecta a la colocación de la línea de la zona marítimo terrestre (así como de sus separaciones materiales como lo sería la cerca divisoria) conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, así como los numerales 1, 3 y 10 de la Ley de creación del Instituto Geográfico Nacional No 59 de 1944. Proceda el Estado, en el sentido expuesto, para efectos de que se ejerzan las acciones correspondientes al amojonamiento y la delimitación de los linderos de la Zona en la cual se ubica la finca 6-044889-000 a efectos de proteger la zona marítimo terrestre de acuerdo con el numeral 10 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre". Agrega, la sentencia de segunda instancia estima que el amojonamiento de la zona restringida es consecuencia natural y legal del acogimiento de las pretensiones principales. Apunta, sin embargo, en ninguna de las pretensiones deducidas se pidió al Estado, por medio del IGN, amojonar la zona restringida. Comenta, el A quo en la sentencia de primera instancia, considerando IX, acogió las peticiones 1, 2, 3 y 4 de la demanda, rechazando las subsidiarias 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Por ello, considera, la cuestión de si correspondía o no al actor deslindar materialmente la propiedad, perdió interés al denegarse la petición de deslinde entre el inmueble del accionante y el terreno del Estado, declarado de dominio público. De esa manera, opina, el fallo de segunda instancia infringe el artículo 155 del CPC, e incurre en la causal del inciso 3) artículo 594 ibídem, pues la orden de demarcar la Zona Restringida no es consecuencia de las pretensiones principales. Manifiesta, en el memorial de agravios del 21 de noviembre de 2016, reparo IV (folios 1239-1241), se señala que, al ordenar al IGN la demarcación de la Zona Restringida, se incurre en el vicio de incongruencia por extra petita, ya que no fue pedido en la demanda. Cita fallos de esta Sala en apoyo de su tesis. Añade, el reconocimiento judicial de las 11 horas 15 minutos del 1° de agosto de 2012, constató la existencia de dos mojones del IGN en concreto y pintados de amarillo (folios 729-730); lo cual también se obtiene del informe DGT-388-12 del 14 de agosto de 2012 del IGN (folios 744-746), el cual admitió el A quo con carácter de documento nuevo, considerando I, (folios 1172 v-1173). Apunta, éste fue rendido por el mismo funcionario que participó en el reconocimiento judicial, con base en los datos de la “geodatabase” de la ZMT, vinculados al Sistema Nacional de Coordenadas, donde identificó con color rojo la línea de la Zona Restringida, de 150 metros de ancho, contigua a los 50 metros de la Zona Pública, ésta con color verde. Apunta, lo anterior también coincide con la prueba pericial del 16 de julio de 2013, rendida previo levantamiento de campo, con ubicación topográfica de los mojones 12 al 18 del IGN. Relata, el informe indica que el mojón 15 data del 15 de mayo de 1979, y, constató que los derroteros de los planos catastrados tienen amarre a los mojones 13 y 16, que identifican la Zona Pública de 50 metros y, por ende, la zona “concesionable” de 150 metros (folios 812 in fine y 815). Estipula, el informe pericial complementario del 7 de octubre de 2013, puntos 1 y 5, también concluye que los mojones del IGN son confiables para ubicar los planos catastrados objeto de la experticia, y, que, el plano del peritaje se confeccionó con referencia real e innegable a esos mojones (folios 856-857). Detalla, el del 18 de diciembre de 2013, punto 2, indica que el levantamiento de campo se realizó con base en los planos P-10989-1971 y P-502694-1983, por tener en común los mojones del IGN, puntos fijos y confiables (folio 873). Revela, a la Zona Pública aquí amojonada es aquella a la cual hace mención en su escrito del 20 de enero de 2006, como respuesta al hecho 20 de la demanda (folio 495), la cual describe a su vez el oficio DGT-388-12 del IGN (folios 744-745), aportado con su escrito del 16 de agosto de 2012 (folio 746), el cual es a su vez coincidente con el informe pericial (folios 808-840), señalado en escrito del 28 de agosto de 2013 (folio 853). Acusa, el tema fue retomado en las conclusiones del 27 de mayo de 2016 (folio 1125-1126), para agregar que con la demarcación de la Zona Pública se identifica la franja de uso común de la ZMT y el inicio de la Zona Restringida, requisito indispensable para otorgar las concesiones. Explica, la “demarcatoria” de la Zona Pública se inserta dentro del deslinde administrativo y hace evidente el inicio de la Zona Restringida (dictamen C-264-2004), por el amojonamiento del IGN, no obstante, no fue solicitado por el actor en sus pretensiones, ni es necesario, porque consta, ya se demarcó. Expone, para realizar trabajos cartográficos y geodésicos con incidencia en la franja litoral debe utilizarse el Sistema Nacional de Coordenadas, en los términos del Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, numerales 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21, (en adelante REDZPZMT), y, del Decreto 33797, canon 11, con la información disponible en ese Sistema sobre las demarcaciones de la Zona Pública del IGN (escrito de agravios del 21 de noviembre de 2016, reparo IV, folios 1239-1241). En su criterio, la sentencia recurrida, 109-2016-11, considerando VI, in fine (folios 1293- 1294) estima insuficiente el amojonamiento de la Zona Pública, calificativo que extiende a la información contenida en el informe DGT-388-12 del IGN (folios 744-746), que además identificó, con color rojo, la línea de la Zona Restringida de 150 metros. No obstante, plantea, dicha sentencia anula la inscripción registral de la finca en litigio, y, tiene por acreditado en el hecho probado 10 (folio 1175), que ésta se localiza, en su totalidad, dentro de la Zona Restringida, contigua a los mojones del IGN que demarcan la Zona Pública, hecho técnico-jurídico que es suficiente para resolver las pretensiones. Afirma, en ese hecho probado se consigna que la finca de examen se ubica dentro de la Zona Restringida, la cual colinda al sur con la Zona Pública. Agrega, más adelante la sentencia del A quo, en su considerando IX, refiere, que en cuanto al reconocimiento judicial realizado, -acta visible a folio 729 y 730-, se observa la cercanía de la finca en discusión con la línea de costa. Finalmente, expone, del informe pericial del Ing. Portilla Barquero, visible a folios 808 a 840, constan láminas de levantamientos topográficos de las condiciones del lindero discutido, así como de varios planos catastrados, donde se aprecia que la finca no. 2, -no. 44889-000-, está comprendida entre la finalización de la faja de 50 metros de la Zona Pública extendiéndose 123 metros con rumbo norte, a partir del mojón 13 del IGN, ello en las colindancias este y sur. Dice, igualmente con rumbo norte se extiende 150 metros a partir del punto medio entre los mojones 15 y 16. De esa forma, la finca en cuestión se ubica dentro de la franja de 150 metros de la ZMT. Exterioriza, el hecho probado 10, y los demás de la sentencia del A quo, son avalados por el fallo de alzada en el considerando II (folio 1260). De esa manera, interpreta, la sentencia impugnada es contradictoria porque no podría tener como probado, en forma suficiente, el hecho esencial del proceso (que la totalidad del inmueble en litigio está en la Zona Restringida), dependiendo del amojonamiento de la Zona Pública y, a la vez, en forma contradictoria, estimarlo insuficiente.

III.- Tocante al primer cargo, esta Cámara ha estimado que la incongruencia, se presenta cuando existe desarmonía entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva del fallo; esto es, cuando el juez decide sobre cuestiones no peticionadas en las etapas dispuestas para ello, otorga más de lo pedido u omite decidir las pretensiones o excepciones. (Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias números 408 de las 14 horas 30 minutos del 28 de junio del 2006; 41 de las 9 horas del 26 de enero de 2007 y 478- 2008 de las 8 horas 30 minutos del 18 de julio de 2008). En el caso concreto se apuntan dos aspectos específicos. Por una parte, que la actora en su demanda, no solicitó en sus pretensiones principales, se ordenara al Estado a través del IGN amojonar la zona restringida, lo cual a la sazón ordenó el Tribunal. Por otra, que la sentencia impugnada es contradictoria en sí misma, porque no podría tener como probado que la totalidad del inmueble en litigio se ubica dentro de la Zona Restringida, y, sin embargo, ordenar el amojonamiento de la Zona Pública. Ahora bien, sobre la delimitación de la ZMT, el Tribunal indicó, la delimitación de la propiedad respetando los 200 metros de la ZMT perdió relevancia e interés, desde el momento en que se rechazaron las pretensiones subsidiarias 5, 6, 7, 8, 9 y 10, encaminadas al deslinde, delimitación y amojonamiento, entre la propiedad del actor y la del Estado. Lo anterior en virtud de haberse declarado esta última como bien público demanial, con lo cual la accionante se conformó. Esto es, apuntó, que dicho terreno forma parte de la zona restringida, sin que se dispusiera entonces la realización del deslinde material entre la propiedad del actor y la del Estado, si no, que el Estado proceda a ejercer las acciones correspondientes a la delimitación geográfica, de los linderos y amojonamiento de esa zona nacional, por medio del IGN. Agregó, ello sin tener que destinar recursos humanos y fondos públicos para satisfacer e identificar el lindero de la propiedad del actor (6-109427-000). Como sea, esbozó, el contenido del numeral 302 del Código Civil aplica a todo propietario, sin excluir por principio al Estado, todo lo cual se dispuso a efectos de proteger esa zona, lo cual por ley es obligación primordial del Estado, en virtud del interés público, representado en este caso, en los numerales de las leyes sobre la ZMT y de creación del IGN. Por lo anterior, resaltó, no se está ante un supuesto de incongruencia, por cuanto, lo ordenado corresponde a una consecuencia natural y legal del acogimiento de las pretensiones de la demanda. Además, acusó el Tribunal, existe un evidente problema de legitimación de parte del Estado en este respecto, por cuanto, no actúa en este proceso como parte actora, sino como demandada, además, que dicho aspecto tampoco fue objeto de reconvención. Rechazó también los alegatos del Estado en cuanto a si el IGN tiene o no competencia para auxiliar al Estado, por cuanto, su competencia deriva de su propia ley de creación, en razón de la materia como órgano del Estado, cuya función primordial de evidente interés público, es la ejecución de la Carta Geográfica y Mapa Catastral de la República, así como los estudios, investigaciones o labores de carácter geográfico, geodésico, geofísico y por supuesto, la competencia para la delimitación geográfica de los linderos y amojonamiento de la zona restringida. Además, estimó en tanto los decretos citados por el Estado, no desdicen la competencia del IGN para tal labor, estimando también insuficiente la afirmación en el sentido de que la zona pública ya fue amojonada. De lo expuesto es claro, no se observa el fallo haya incurrido en el vicio de incongruencia. Si bien ordena el amojonamiento de la zona pública con respecto a la propiedad del actor, no lo hace como un exceso de lo peticionado en el proceso, al acoger una petición subsidiaria junto a las principales, sino de conformidad con lo dispuesto en forma integral por el numerales 123 y 290.4 del Código Procesal Civil. En efecto, el mandato 123 ibídem establece la posibilidad de plantear en una demanda, varias pretensiones, siempre y cuando exista conexión entre éstas. En la especie, no se observa que la petición de amojonamiento sea excluyente de las concedidas por el Tribunal, sino que se fundamenta en razones de interés público, como una consecuencia de lo que los jueces han estimado, constituyen las potestades y obligaciones conferidas normativamente al IGN y al Estado. Acorde a lo expuesto, para esta Sala es claro, efectivamente el Tribunal resolvió sobre los extremos planteados, sin incurrir en el vicio de incongruencia, de ahí que el cargo deberá rechazarse. 

Recurso del Estado por motivos sustanciales

 IV.- En el único agravio de esta naturaleza arguye infracción, por falta de aplicación de los preceptos 61 y 62 del Decreto 7841, Reglamento a la Ley 6043; 1, 4, 18; 19, 20 y 21 del Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642; y 11 del Decreto 33792, así como indebida aplicación de los ordinales 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley 6043; 1, 3 y 10 de la Ley 59 de 1944. Considera, es contrario a derecho, ordenar al IGN que amojone el límite de la Zona Restringida. Explica, en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia se afirma que la delimitación de la ZMT corresponde al Estado, por medio de ese Instituto, por lo cual, ha de proceder a las respectivas acciones de demarcación y amojonamiento de los linderos de la Zona en que se ubica la finca 6-044889-000. Comenta, para ello aplica indebidamente los numerales 3 y 10 de la Ley 59 de 1944, y 1, 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley 6043, toda vez que ninguno establece la competencia de ese Instituto para amojonar la Zona Restringida. Lo anterior, señala, constituye un yerro que reproduce la sentencia del Ad quem, al considerar tal competencia incluida en las de ejecución de la carta geográfica y mapa catastral a cargo del IGN. Interpreta, la potestad de demarcación y amojonamiento de la Zona Pública, la establece expresamente el Reglamento a la Ley 6043, Decreto 7841, en los ordinales 62 y 63, en los cuales se indica: “Artículo 62.- No se podrán otorgar concesiones en lotes donde no esté demarcada la zona pública. A tal efecto, cada municipalidad demarcará la zona pública a lo largo del litoral de su jurisdicción y en especial en aquellas áreas de la zona marítimo terrestre en que se contemple la construcción de obras o edificaciones, debiendo contratar los estudios necesarios para este fin con el Instituto Geográfico Nacional, el cual demarcará de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este reglamento, salvo en los litorales que presenten procesos formadores de costas muy dinámicos, en los que se demarcará la zona pública según las delimitaciones que fija el Instituto Geográfico Nacional de conformidad con los estudios que realice en cada caso. Para cubrir el costo de la demarcación, las municipalidades podrán cobrar a los concesionarios cuyos lotes colinden con la zona pública una tasa por metro lineal de frente, la cual se calculará dividiendo el costo de la demarcación entre el número de metros lineales que abarque la misma. Quienes tengan interés para contratar la demarcación de la zona pública, deberán solicitar autorización a la municipalidad respectiva; una vez obtenida podrán contratarla con el citado Instituto y el costo correrá por cuenta de los interesados”. “Artículo 63.- El Instituto Geográfico Nacional deberá publicar aviso en el Diario Oficial, de cada porción de la zona marítimo terrestre en que haya demarcado la zona pública. La Dirección General de Catastro no registrará ningún plano que no lleve el visto bueno del Instituto Geográfico Nacional en lo referente a la delimitación de la zona pública”. Apunta, con la fijación del límite de la Zona Pública se determina no sólo la franja litoral de uso común, sino también el inicio de la franja de la Zona Restringida y su extensión en el ancho de ciento cincuenta metros fijada por la Ley 6043, artículo 10. Expresa, la sentencia impugnada desconoce los efectos y alcances plenos de los mandatos 62 y 63 del Decreto 7841, en relación con el 10 de la Ley 6043, y en ese tanto los desaplica. Dice, en el primer agravio expuso que en el proceso se acreditó, con reconocimiento judicial, informe técnico del IGN y prueba pericial, que, en el sector costero de interés, la Zona Pública está debidamente demarcada y amojonada. Agrega, por ello, la sentencia lesiona por falta de aplicación, el Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, artículos 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21; y el Decreto 33797, artículo 11, que igualmente fijan la competencia del IGN para demarcar la Zona Pública, a través del Sistema Nacional de Coordenadas, y, permite referenciar todos los levantamientos, actividades cartográficas y geodésicas que se efectúen en el territorio nacional, incluidos los de los propietarios y particulares que emprendan o contraten trabajos cartográficos o geodésicos, quienes deben referenciar sus levantamientos observando esa demarcatoria. Comenta, con base en los mojones del IGN que demarcan la Zona Pública en Manuel Antonio, el Juzgador de primera instancia determinó que el inmueble en litigio está, en su totalidad, dentro de la Zona Restringida (folio 1182). Por ende, considera, no cabe desatender los alcances de ese amojonamiento, para exigir, en forma oficiosa, adicionalmente otro, con desconocimiento de la información digitalizada que contiene el Sistema Nacional de Coordenadas, de utilidad para identificar tanto la Zona Pública como la Zona Restringida, de especial interés para el ente administrador de la ZMT (Ley 6043, artículos 3, 13, 17, 34 y 35).

 V.- Para este órgano decisor, el cargo es improcedente. La casacionista procura establecer la violación de los mandatos 62 y 63 del Decreto 7841, en relación con el 10 de la Ley 6043, así como del Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto 36642, artículos 1, 2, 4, 18, 19, 20 y 21, y artículo 11 del Decreto 33797. No obstante, el fundamento normativo de cita, sustancia la competencia del IGN a fin de participar en el amojonamiento de la zona pública en el sitio de examen. En efecto, las normas que acusa violadas, si bien no aparecen citadas por el Tribunal en su sentencia, efectivamente establecen la competencia del IGN en las materias dichas. Lo anterior se extrae con claridad de las normas de análisis, las cuales refieren la competencia del IGN para amojonar, demarcar y delimitar la ZMT. De tal suerte, no cabe argumentar el error del Tribunal al ordenar el amojonamiento de la zona pública de la ZMT por parte del IGN, alegando el quebranto de disposiciones que fundamentan la competencia de dicho órgano al efecto, menos aun cuando refieren el cometido de una obligación pública dispuesta legislativamente, a saber, el amojonamiento de la zona pública. Así, aún y cuando el Tribunal hubiese dejado de mencionar las disposiciones de cita a la hora de ordenar al Estado proceder al amojonamiento de examen a través del IGN, no incurre en la violación normativa que se apunta, pues se reitera, dicho articulado establece la competencia del IGN para las tareas que en sentencia se le han ordenado.  En consecuencia, el cargo deberá de rechazarse.

Recurso de Naciente Selva Cristal S.A. por razones procesales

 VI.- La recurrente formula tres agravios por la forma, los cuales esta Sala reorganiza a fin de conocer en primer orden el cargo por incongruencia. En la primera inconformidad (segunda del recurso), acusa violación al principio de congruencia. Acusa lesionados los ordinales 24 párrafo primero de la LRJCA, 99, 153 y 155 del CPC. Esboza, al interponer la acción, el actor argumentó como único motivo para pedir la nulidad de la inscripción del título de propiedad, que el entonces titulante don Mario Golcher Avendaño, no había poseído el terreno por 30 años o más, sustentando su dicho en lo argumentado por los testigos en su deposición. Apunta, por lo anterior, acusó, debía el Juzgado resolver dentro de los limites de las pretensiones formuladas, según lo dispone el párrafo primero del cardinal 24 de la LRJCA, o en su defecto, otorgar audiencia por las razones que consideró nulo el proceso de información posesoria, contenidas en la sentencia de Primera Instancia, variando la causa de pedir, puesto que esos otros asuntos, no fueron sometidos al contradictorio en el presente proceso, generando un fallo incongruente. Agrega, el Tribunal avaló esa posición en la sentencia que impugna, y, rechazó el recurso de apelación interpuesto. Revela, ello hace que la sentencia devenga nula porque atenta contra el principio de congruencia, situación que no pudo haber avalado, ya que conforme al precepto 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y, los cánones 99 y 155 del CPC, el Tribunal estaba obligado a velar porque la sentencia se dictara dentro de los límites establecidos en la demanda. Además, señala, el A quo ordenó la cancelación del asiento registral de la finca no. 044889-000, pero ahora y en forma sorpresiva, anticipa y menciona como un hecho cierto la cancelación de la finca de Puntarenas no. 154679-000, sin que mediara ningún tipo de prevención para que preparara su defensa, lo que implica colocarle en estado de indefensión e inseguridad jurídica, porque la cancelación del asiento registral de la finca de Puntarenas no. 154679-O00 nunca fue un motivo de discusión ni en primera ni en segunda instancia. En el segundo motivo acusa violación a lo dispuesto en el ordinal 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (en adelante LRJCA), numerales 106, 155 y 315 del Código Procesal Civil. Reclama, según la demanda se impugna lo resuelto por el Juzgado Contencioso Segundo Administrativo y Civil de Hacienda en proceso tramitado por quién en vida fue Mario Golcher Avendaño, que tiene la naturaleza de actividad judicial no contenciosa, por lo que el actor debió incluir como parte demandada a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Añade, en su defecto, conforme a los numerales que se citan lesionados, el A quo debió haber hecho la prevención de rigor a fin de que el demandante ampliara la demanda en contra de la Junta Administrativa del Registro Nacional, habida cuenta que lo que se cuestiona es la nulidad de inscripciones registrales. Sin embargo, apunta, eso no se hizo ni lo advirtió el Tribunal, estando obligado a ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso b). - del CPC. Además de lo anterior, esgrime, de acuerdo al artículo 24 de la LRJCA, si el Tribunal notó que la acción sometida al conocimiento judicial no fue bien apreciada debidamente por el A quo ni por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, debió haber ordenado el reenvío, para que el Juzgado de Primera Instancia, mediante providencia concediera  a los interesados un plazo de ocho días a fin que formularan las alegaciones que estimen oportunas en defensa de sus derechos e intereses, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Estipula, si bien debió ser advertido por el Juzgado y la parte actora, también es cierto, conforme al canon 155 del CPC, los defectos u omisiones que presentara el proceso debieron ser detectados por el Tribunal al resolver impugnaciones. Opina, la transgresión a los preceptos jurídicos citados generó se confirmara una sentencia que violenta en todos sus extremos la Jurisprudencia de esta Sala, en el tanto no se llamó a juicio a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Estima, a estas alturas del proceso, es imposible establecer si las actuaciones del Registro, son manifestaciones de la función administrativa, independientes de disposiciones de órganos judiciales, en procesos de información posesoria, o bien meros actos que ejecutan sentencias de esos órganos judiciales, sin contenido decisorio propio, razón por la cual es correcto, se llame al órgano con personalidad jurídica instrumental, como responsable directo de esas inscripciones, a saber la Junta Administrativa del Registro Nacional. No obstante, detalla, tratándose de una etapa procesal en la que no es posible enderezar el proceso en contra de la Junta Administrativa del Registro Nacional y en ese sentido establecer el litis consorcio necesario incompleto, por ser un tema precluido, solicita se declare la inadmisibilidad de la demanda, asimismo, se condene al accionado al pago de las costas personales y procesales. Lo anterior, dice, por cuanto la Sala Primera en resolución N° 636-F-2006, indica que aún en los procesos que se tramiten hasta su conclusión con las disposiciones de la LRJCA, cuando se trate de anular inscripciones registrales que tienen naturaleza de actividad judicial no contenciosa, se debe llamar a los órganos con personalidad jurídica instrumental, junto con el ente mayor del cual dependen, en este caso, el Estado. En el tercer reproche, reclama falta de fundamentación, en quebranto de los cardinales 99 y 155 del CPC. Considera, existe falta de análisis y resolución incorrecta en cuanto al tema de la legitimación del actor para promover la demanda. Dice, al contestar la acción y a lo largo del proceso, se interpuso y se ha venido alegando la falta de legitimación de la parte actora. Refiere, no cuenta con la legitimación para accionar pues no posee un interés legítimo o directo en el proceso. Sin embargo, interpreta, dicho extremo fue resuelto por el A quo y confirmado por el Tribunal a priori y sin ningún tipo de fundamentación. Expone, es reiterada la jurisprudencia de esta Sala sobre el deber ineludible de los Tribunales de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento con la debida fundamentación. En su criterio, no basta enunciar un concepto muy general de la legitimación, como lo hizo el Juzgado de Primera Instancia y fue luego confirmado por el Tribunal, en el sentido de que el actor, por ser un ciudadano costarricense, se encuentra legitimado para accionar en defensa de la ZMT. Opina, acorde al numeral 10. 1 inciso a) de la LRJCA tanto el A quo como el Tribunal de alzada debieron realizar un análisis riguroso y fundamentar su resolución sobre la legitimación del actor, ya que conforme a la antigua Ley que regia esta materia al presentarse la acción, era necesario contar con legitimación para accionar a título personal y para pedir la nulidad de un título de propiedad. Indica, conforme a la naturaleza personalísima del derecho concedido mediante el proceso de información posesoria, únicamente su titular se encuentra legitimado para pretender su nulidad en esta vía, especialmente, al ser la zona restringida la única porción de la ZMT que se encuentra incluida en el plano catastrado de su propiedad, quedando excluida de dicho plano la zona pública, la cual según el mandato 35 de la Ley Sobre la ZMT, está reservada exclusamente para el libre tránsito de las personas, zona cuya protección si puede requerir cualquier particular ante los Tribunales. Interpreta, ello no se da respecto de la zona restringida cuyo titular lo es la Municipalidad, pues el ente municipal se reserva para sí dicha área de la ZMT, a fin de otorgar concesiones a los particulares que cumplan con los postulados de ley. En su opinión, respecto de la "legitimatio ad causam" activa o pasiva, están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas positiva o negativamente en sus derechos por la sentencia que recaiga en firme. Bajo esta línea de pensamiento, resalta, es notorio que la sentencia en nada beneficia al actor, de hecho, obsérvese que en el evento de que la sentencia atacada quede en firme, la porción de terreno de la zona restringida inserta en el plano de su heredad, simplemente volverá al patrimonio de la Municipalidad, por lo que podría optar por la concesión o por la figura de poblador, sin que en ningún caso se beneficie el actor al respecto. Plantea tesis en cuanto a los alcances de la legitimación. De lo anterior, prosigue, el Juzgador de Primera Instancia y el Tribunal recurrido, obviando el principio de legalidad, omitieron descartar la demanda desde su génesis, habida cuenta de la falta de legitimación del actor, pues esa capacidad para demandar que nace de la posición en que se halle el sujeto respecto a la pretensión procesal promovida, es la identidad necesaria que debe darse entre el actor y el derecho que pretenda en juicio, pero que en el presente proceso no existe. Reitera, el otorgamiento de un título sobre una propiedad del Estado mediante la tramitación de un proceso judicial de información posesoria, constituye un derecho fundamental a la propiedad inherente al ser humano de carácter personalísimo, y será solo su titular jurídicamente dotado para esos efectos, quién podrá reclamarlo en juicio, de ahí que no resulta procedente que terceros distintos a su titular puedan presentarse en juicio a impugnar la resolución judicial que concedió el titulo, a no ser que se esté frente a los presupuestos dimanados de los cardinales 16 y 17 de la LIP. Lo anterior, explica, por cuanto las acciones tendientes a la extinción o modificación de los derechos generados con el otorgamiento de un título de propiedad sobre un terreno ubicado en la zona restringida de la ZMT solo pueden ser ejercidas por su titular y no son transferibles, de ahí que el actor en este proceso no cuente con la legitimación que la legislación exige al efecto. Ello en tanto, comenta, si bien es cierto el parágrafo 10 de la LRJCA reconoce la legitimación para demandar (legitimación ad causam activa) a quiénes invoquen la afectación de intereses legítimos o directos, en el presente caso no existe un interés legitimo o derecho subjetivo que haya sido lesionado al demandante que pueda ser tutelado en sede jurisdiccional. Agrega, aún y cuando resulta evidente la existencia de un interés personal del actor en las resultas de una sentencia estimatoria que determine el traslape que él alega existe entre su propiedad y la de nuestra representada, es lo cierto que esta circunstancia no lo legitima para formular la presente demanda que nos ocupa, por lo menos no en esta sede. Adiciona, aún en el evento de que el actor resulte victorioso en este proceso, no obtendría en concreto la declaratoria o reconocimiento de un interés legítimo o derecho subjetivo, lo cual solamente las autoridades Municipales pueden otorgar tras un arduo proceso de concesión, donde muchos serán los concursantes. Argumenta, así se puede concluir con inteligencia meridiana, el accionante no ostenta ninguna relación con el objeto del proceso, que es la declaratoria de nulidad de las diligencias de información posesoria en sede judicial, acto que sólo podría ser objetado por el titular de este derecho, a saber, la Municipalidad de Aguirre. En este sentido, discrepa de la legitimación del demandante por un interés reflejo o indirecto que pudiera generarse de obtener una sentencia estimatoria, o en su defecto, si el Tribunal estima pertinente avalar la posición del Juzgador de Primera Instancia, por lo menos debió haber fundamentado esa decisión en forma clara, no solo atenerse al hecho de que el actor, por ser ciudadano costarricense está facultado para accionar, situación que desde su óptica no le confiere legitimación alguna. Añade, el Tribunal inobservó que el actor mediante la puesta en marcha del engranaje jurisdiccional del Poder Judicial, lo que pretende es fraccionar un derecho de carácter difuso o colectivo y hacerlo suyo a título personal, tesis que no es aceptable, ya que ese derecho, si bien se ubica en la ZMT, se encuentra ubicado en la zona restringida, cuyo titular lo es la Municipalidad de Aguirre. Destaca, dicha Corporación como beneficiada de las resultas de una eventual sentencia estimatoria, no fue quién accionó en esta sede contenciosa, de ahí que el fallo que deniega la excepción de falta de legitimación debe ser anulada en todos sus extremos.

VII.- Tocante al primer agravio por la forma, tratándose de un cargo por incongruencia, conviene establecer el marco de lo peticionado y su conformidad con lo resuelto. El accionante solicitó declarar: a) la información posesoria promovida por Mario Golcher Avendaño mediante el expediente judicial no. 1641-71, ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no reunió los presupuestos legales de fondo para conferirle la titularidad del terreno descrito en la demanda (hoy su sucesión), -finca de Puntarenas no. 44889-000-, por lo cual es inválida y absolutamente nula la sentencia dictada dentro de dicho proceso; b) la inscripción registral del inmueble de cita resulta inválida y absolutamente nula; c) dicho terreno nunca perdió su condición de bien demanial, no obstante la titulación de cita; d) por lo tanto, son ilegales, inválidos, ineficaces y absolutamente nulos los traspasos de dicha finca, posteriores a su inscripción original en el Registro, incluyendo las enajenaciones de Mario Golcher Avendaño a favor de las codemandadas; y, de Llama del Bosque a Inversiones Picón, así como las sucesivas a cualquier tercero. Por ello, mediante mandamiento o ejecutoria de sentencia deberá ordenarse la cancelación de todas las inscripciones generadas por esos traspasos; e) Subsidiariamente, solicita declarar que la rectificación del lindero que muestra el plano catastrado no. P-502694-83, referido a la finca no. 6-044889-000, así como las diligencias judiciales de rectificación de lindero, promovida por Inversiones Picón ante el Juzgado Civil de Puntarenas son ilegales y absolutamente nulas, por ende, no le son oponibles, sino que tiene derecho a pedir el deslinde formal, demarcación y amojonamiento entre ambos inmuebles, conforme a la ubicación legal y verdadera. Por lo anterior, debe ordenarse cancelar la inscripción de dicho plano en el Catastro Nacional y la referencia que de él se hace en la finca 6-44889-000; g) que el lindero que divide actualmente el inmueble del actor con la ZMT, o subsidiariamente, en defecto de la declaratoria en todo o en parte de la demanialidad indicada, la finca no. 44889-000 no corresponde con la ubicación legal y verdadera que debe tener legal, material y catastralmente; h) que con la rectificación de medida indicada, su terreno se vio disminuido en 1500 m2, los cuales deberán restituírsele al colocarse los mojones en ejecución de sentencia; i) deberá localizarse en definitiva en el fallo, la línea divisoria entre el terreno del actor y la ZMT, o en su defecto, entre los dos terrenos inscritos a los que se refiere este juicio, los cuales deberán amojonarse en ejecución de sentencia; j) los gastos de remoción y recolocación de los mojones y cercas corren por cuenta de las codemandadas y don Mario Golcher, -hoy su sucesión-; k) se fije el plazo de dos meses para que los codemandados procedan a colocar los mojones y las cercas conforme a lo resuelto, y, en su defecto, pueda hacerlo por cuenta y gasto de los codemandados renuentes, sin costo para el Estado; l) se impongan ambas costas a las partes que se opongan a la demanda. Por su parte el Juzgado, (fallo confirmado en segunda instancia salvo por el extremo de costas), declaró con lugar la demanda y nulas las diligencias de información posesoria no. 1641-1971, tramitadas por el señor Golcher Avendaño. Ordenó la cancelación en el Registro de la finca de Puntarenas, no. 44889-000, por formar parte de la zona restringida de la ZMT, cuya delimitación corresponde al Estado, por medio del IGN en lo que respecta a su deslinde con la ZMT (así como de sus separaciones materiales, como lo sería la cerca divisoria). Ordenó al Estado amojonar y delimitar los linderos de la ZMT donde se ubica la finca 6-044889-000. Impuso las costas a Naciente Selva Cristal S.A. y al Estado. Determinó una falta de legitimación e interés actual en cuanto a los codemandados Llama del Bosque y la Sucesión de Mario Golcher Avendaño, respecto de quienes declaró sin lugar la demanda, eximiéndoles del pago de costas, las cuales impuso a Naciente Selva Cristal S.A y al Estado. Ahora bien, el Tribunal explicó, entendiendo la sentencia como una unidad de sentido, en la misma se decretó la cancelación registral del nacimiento de la finca 6-44889-000, extendiendo los efectos anulatorios, por conexión y consecuencia natural, a todos los movimientos apuntados en el asiento registral. Comentó, la finca 6-154679-000, a nombre de Naciente Selva Cristal S.A., proviene según sus antecedentes registrales y la propia sentencia, de la misma finca madre, original, matrícula 6-0448889-000, el cual fue registrado en setiembre de 2007, con la inscripción de la anotación de la presente demanda ordinaria, citas 474-15066-01-0001-001. Agregó, la sentencia no solo declara la nulidad de las diligencias de información posesoria no. 1641-1971, tramitadas ante el entonces Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo, por el señor Mario Golcher Avendaño, sino que también ordena la cancelación de la inscripción y del asiento registral de la finca de Puntarenas no. 044889-000. Expresa, entendiendo la sentencia como una unidad de sentido, esa declaración de nulidad y orden de cancelación registral, tiene relación con Naciente Selva Cristal S.A., no solo porque la demanda ordinaria planteada por Rodolfo Muñoz se declara con lugar en cuanto a estos extremos, en contra de dicha sociedad, sino, además, porque ese mismo inmueble, registrado actualmente bajo matrícula no. 6-154679, a nombre de Naciente Selva Cristal S.A., proviene según sus antecedentes registrales, e información de los autos, de la misma finca original, matrícula 6-044889-000. Por ello, opinó, se desestimó por infundada, la derivación del apelante en cuanto a que la anulación y cancelación solo tenga relación con la actual sucesión del señor Golcher Avendaño, y; que dicho título fue adquirido por Naciente Selva Cristal S.A., como tercero de buena fe, al amparo del Registro. Acorde a lo expuesto, para esta Sala, es claro, el Tribunal no ha incurrido en el vicio de incongruencia que se apunta. La nulidad del asiento correspondiente a la finca de Puntarenas no. 6-154679, a nombre de Naciente Selva Cristal S.A., es consecuencia lógica y jurídica, de la nulidad declarada del asiento de la heredad matrícula 6-044889-000, por cuanto la primera, según lo apunta los juzgadores, deriva de esta última. De tal suerte, no incurren los jueces en el vicio que se apunta, de ahí que deba desestimarse.

VIII.- Referente al segundo y tercer motivos procesales, los cargos resultan improcedentes. La recurrente reclama la violación de lo dispuesto en el ordinal 24 de la LRJCA), así como de los numerales 106, 155 y 315 del CPC. Igualmente, estima, el Tribunal incurre en una falta de fundamentación en lo tocante la legitimación ad causam del actor. No obstante, es claro, los agravios de cita no se ajustan a las causales taxativas establecidas por el mandato 594 del CPC, lo cual impide a esta Sala ahondar en su conocimiento de ahí que deban rechazarse.

Recurso de Naciente Selva Cristal S.A. por razones sustantivos

IX.- En su recurso principal la recurrente formula un único agravio por el fondo. No obstante, se incluye para su análisis la cuarta censura por la forma, en tanto corresponde en realidad a un cargo por razones sustantivas, y, cinco agravios formulados en escrito de ampliación. En la primera inconformidad (cuarta del recurso), reclama infracción a los preceptos 330, 369, 370, y 595 del CPC, así como el artículo 1 inciso g) de la LIP, por inobservancia del valor privilegiado de la prueba traída al expediente (error de derecho). Esgrime, el actor, al interponer el proceso ofreció el expediente judicial “no contencioso” de información posesoria, tramitado ante el Juzgado Segundo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda no. 1641 de 1971, alegando únicamente en su demanda, que el titulante no logró demostrar por medio de sus testigos, que había poseído por 30 años o más, hecho avalado por el Tribunal en la sentencia atacada. Sin embargo, subraya, inobserva que el título por información posesoria no se inscribió sino hasta el año 1982, según se extrae del expediente aportado por el propio actor para demostrar su dicho. Refiere, el Tribunal confirmó la sentencia, desconociendo el valor privilegiado o superior de ese documento, el cual según lo disponen los artículos 569 y 570 del Código Procesal Civil, constituyen documentos públicos, y en ese sentido si se observa que para la fecha de la inscripción del citado título -1982-, ya la había poseído por 32 años. Denota, el titulo que origina la inscripción del inmueble emana directamente de la autoridad judicial (Juzgado Segundo de lo Contencioso y Civil de Hacienda). Arguye, de igual forma inobservó el Tribunal que según el artículo 1 inciso g) de la LIP, la presentación del documento público de traspaso no es el único medio probatorio para demostrar la posesión ejercida, pues cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble puede aprovechar la ejercida por sus transmitentes, para lo cual deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores. Dice, lo anterior significa que, si el titulante tiene 10 o más años de poseer el bien, no es necesario que presente el documento público de traspaso, sin embargo, este hecho fue inobservado tanto por los juzgadores. Considera, si bien es cierto los testigos ofrecidos por el titulante Golcher Avendaño no manifestaron que había poseído el citado terreno por 30 años o más, ello se debió a que el Juzgador fue remitido por ministerio de ley al procedimiento que dispone la LIP, que solo exige la posesión por más de 10 años, (artículo 1 de la LIP), y en ese sentido el Juzgador no se extendió más allá de los 10 años requeridos por el artículo 1o de dicha normativa, lo cual no demerita la posesión que ejerció por 32 años. De igual forma, estipula, el Tribunal inobservó que conforme al artículo 1 inciso g) ibídem, al titulante Golcher Avendaño se le permitía escoger el medio probatorio de su elección para demostrar su posesión, por cuanto la ejercida superaba los 10 años, no siendo indispensable como equivocadamente lo asevera el Tribunal recurrido, la presentación del documento público de traspaso. Valora, esta prueba de carácter privilegiado fue inobservada por el Tribunal conculcando el contenido esencial de los artículos 569 y 570 del CPC, así como el numeral 1 inciso g) de la LIP, generando la confirmación de la sentencia recurrida y la consecuente anulación del título de propiedad, todo en un craso error de derecho al restarle valor a la prueba aportada por el actor. En el segundo embate, (quinto del recurso) recrimina error de hecho y derecho en la valoración de la prueba. Manifiesta, lo anterior llevó a la incorrecta anulación del título de propiedad creado a partir de la información posesoria promovida por don Mario Golcher Avendaño. Expresa, el desafuero atribuido al fallo del Tribunal estriba en dos aspectos. Primero, error (de hecho) en cuanto al contenido de los documentos aportados por don Mario Golcher en el proceso de Información Posesoria no. 164 1-71, a saber: a) Contrato de Compra Venta del 1º de diciembre de 1950, entre Romeo Restani Seregatti, Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora; b) Contrato de Compra Venta de 1º de octubre de 1952, entre Francisco Barboza Castillo y José Céspedes Salazar; c) Contrato de Compra Venta de 17 de abril de 1955, entre José Céspedes Salazar y Mario Golcher Avendaño (folios 258 a 261 del Tomo I del expediente). Segundo, error (de derecho) en cuanto al valor y trascendencia jurídica de esos acuerdos a la luz de la normativa aplicable al caso (LIP). Menciona, la apreciación jurídica que sobre ambas pruebas realiza el Tribunal es equivocada, no solo en cuanto a la validez y eficacia de tales contratos privados, como prueba documental dentro de unas diligencias de información posesoria, sino también en cuanto a la posibilidad de demostrar la posesión continuada sobre un inmueble para los fines de su titulación. Enuncia, procesalmente hablando, implican una defectuosa fundamentación de la sentencia y configuran sendos motivos de casación por violación indirecta, sea por error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba. Cita fallos de esta Cámara en apoyo de su tesis. Opina, existe error de hecho en la materialidad de la prueba, pues se aprecian incorrectamente los contratos mencionados, que sustentaron la información posesoria de examen e inscripción registral que ahora se anula. Aclara, tanto el Juzgado como el Tribunal deducen de tal prueba algo que no refleja, a saber, que don Mario no cumplió los requisitos del Transitorio III de la Ley 4558 en cuanto a la posesión continuada del inmueble por más de 30 años. Sin embargo, advierte, la materialidad de la prueba documental demuestra sobradamente dicha posesión. En su criterio, de los documentos aportados se desprende con claridad el cumplimiento del requisito exigido por ley. Afirma, según enuncia el A quo y reitera el Tribunal, el señor Golcher Avendaño no logró demostrar la cadena de traspasos -sin solución de continuidad del inmueble-, hasta que él llegó a adquirir la posesión.  Alega, es claro, de conformidad con el mandato 1º de la LIP no. 139, el titulante podía aprovechar la posesión ejercida de buena fe por los dueños o poseedores de la parcela que se pretendía titular. Apunta, mediante contrato de compra venta del 1º de diciembre de 1950, el señor Romeo Restani Seregatti (dueño) vendió a Francisco Barboza Carrillo (comprador) un terreno de 30 hectáreas en Playa Manuel Antonio, colindante con el Océano Pacifico con 300 metros de frente y donde con posterioridad a la indicación de la presencia de dos testigos, se indica, la posesión vendida corresponde a 17 años. Argumenta, el principal error de hecho que contiene el fallo del Juzgado y también del Tribunal, es que deducen del documento algo que no dice, esto es, que Jerónimo Barboza Mora también compró la posesión del terreno. Ciertamente, asegura, en el encabezado se indica que "los suscritos" y se menciona tanto a don Romeo como a don Francisco y a don Jerónimo, pero en el contenido del documento se indica: "Que el primero le vende al segundo, quien acepta", es decir, que Romeo le vende a Francisco. De esa suerte, asevera, Jerónimo no emitió ninguna declaración de voluntad en dicho contrato y por tanto no compró ni obtuvo posesión alguna del terreno en cuestión. Considera, mediante contrato de compra venta del 1º de octubre de 1952, Francisco Barboza Castillo (único poseedor del terreno) le vende la finca en cuestión a José Céspedes Salazar, (folio 259). Posteriormente, continúa, el 17 de abril de 1955, don José Céspedes Salazar le vende a Mario Golcher Avendaño, la parcela sin inscribir indicada, quedando clara la cadena de traspasos, esto es, que el derecho de posesión pasó de Romeo Restani Ceregatti a Francisco Barboza Carrillo, luego a José Céspedes Salazar, quien lo transfiere a Mario Golcher Avendaño. Enfatiza, en total se acumulan 22 años de posesión del terreno sin inscribir.  Enuncia, tanto el Juzgado como el Tribunal han objetado de dicho trámite, que don Francisco Barboza Carrillo vende la propiedad el 1º de octubre de 1952 a don José Céspedes, lo cual (dice el Tribunal) hizo unilateralmente, esto es, sin la concurrencia del coposeedor señor Jerónimo Barboza Mora. Sin embargo, exterioriza, queda demostrado, Jerónimo Barboza Mora no compró el terreno, sino que únicamente lo hizo don Francisco Barboza Carrillo, de modo que para venderlo bastaba su firma. Estima, para el Tribunal se rompió la cadena de traspasos - sin solución de continuidad- de la posesión del inmueble, lo cual es erróneo, quedando claro, existe un error de hecho en la apreciación de la prueba documental referida a los sucesivos contratos de compraventa del inmueble, ya que, don Jerónimo Barboza Mora nunca compró el inmueble, ni tampoco fue su propietario, de modo que no era necesaria su firma para venderlo. Estipula, al cometerse ese error de hecho, percibiendo el Tribunal algo que la prueba documental no dice, se violentan normas de fondo. En cuanto al error de derecho, esgrime, incurre en dicha falta al valorar la prueba documental que acredita la posesión que recibió don Mario Golcher Avendaño de los anteriores poseedores. Esboza, el error consiste en introducir en el Transitorio III de la Ley 4558 (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre) un requisito que la norma no contiene: la exigencia de que el último documento mediante el cual se adquiere la posesión sea un documento público. Expresa, dicho requisito se contempla en el artículo 1 de la LIP, pero no está expresamente contemplado en el Transitorio III citado. Indica, también es notorio que la exigencia de notificación a la Municipalidad no está prevista por la ley; y, sin embargo, tanto el Juzgado como el Tribunal lo valoran como un requisito de validez y por ello anulan el título emanado de la información posesoria. Menciona, si la ley no lo pone como requisito, tampoco puede ser motivo para anular el proceso de información posesoria en cuestión. Prosigue, en cuanto al error de hecho, por referirse a la materialidad de la prueba documental citada y no a su valor jurídico-probatorio, no cita como violada directamente norma alguna al respecto. Reafirma, el documento dice una cosa y el Tribunal entiende otra, en ello reside el error que invoca. Recalca, en punto al error de derecho, la infracción de las leyes relativas al valor de los documentos probatorios que acreditan el traspaso de la posesión, cita como infringidos el Transitorio III de la Ley 4558 -Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre- (el cual se interpretó en forma indebida), el mandato 1º de la LIP (aplicado indebidamente a un caso que no corresponde a sus disposiciones). Tocante al requisito de notificación a la Municipalidad de Aguirre (antes Aguirre y Parrita), reclama, al no existir en ninguna ley ni citarla tampoco el Tribunal, no es posible invocarla como violentada; pero igualmente el Tribunal asume que es un requisito legal, con lo cual violenta tanto el Transitorio III de la Ley 4558, como también el mandato 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Refiere, la norma especifica que regulaba la posibilidad de titular lotes o fincas en la ZMT al momento en que se presentó la gestión judicial de titulación de don Mario Golcher Avendaño, era el Transitorio III de la Ley 4558. Relata, dicha disposición en lo literal indicaba: “ Transitorio III.- Aquellas personas que demuestren haber poseído en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueños, lotes o fincas en la zona marítimo-terrestre, por más de treinta años, pueden solicitar título de propiedad sobre ellos, salvo la reserva a que se refiere el artículo 6 de esta ley, aun cuando hubieren poseído tales inmuebles durante parte de ese tiempo como arrendatarios, mediante contratos suscritos con el Estado o sus Instituciones. El procedimiento será el que marca la actual LIP. En este caso no habrá limitación en cuanto a la extensión del lote o finca a inscribir en cabeza del interesado". Sobre el particular, reprocha, el requisito que se establece es demostrar haber poseído el terreno por más de 30 años. Sostiene, no se indica una forma específica de prueba, sino solo demostrar esa posesión, por lo cual entiende, es prueba admisible para ello cualquiera de las que permite el derecho común. Comenta, no existía entonces requerimiento especial en cuanto a los documentos que podían demostrar el traspaso de la posesión del terreno, pues el Transitorio III ibídem, no impuso como requisito que los documentos debieran ser públicos. Subraya, se establece que el procedimiento para la titulación es el que indica la LIP, como remisión al procedimiento (aspecto procesal), pero exige los mismos requisitos de fondo (aspecto de fondo) establecidos por dicha Ley. Expone, de hecho, los requisitos en cuanto a la posesión son diferentes en ambas leyes. Resalta, puede concluirse entonces que los requisitos de fondo para inscribir la parcela en discusión en el año 1971 eran los indicados por el Transitorio III ibídem, cuyo procedimiento disponían los ordinales 5 a 11 de la LIP, pues tales normas son las que regulan la parte procesal de esa ley. Especifica, los requisitos que establece el artículo 1º de la LIP, no eran de aplicación a la titulación que realizó don Mario Golcher, pues para el caso concreto los requisitos de fondo eran los dispuestos por el Transitorio III de la ley 4558. De este modo, interpreta, los documentos para acreditar el traspaso de la posesión para el caso de estudio no requerían ser públicos, sino que podían ser privados y de allí el error de derecho cometido por el Juzgado y el Tribunal. Observa, ninguna de las normas aplicables al caso concreto menciona como requisito de validez la notificación a la Municipalidad del lugar; así si el Tribunal lo entiende como tal, violenta la normativa citada, pues le asigna un contenido que dichas normas no poseen. A su juicio, al sustentar la sentencia que del último traspaso no se presentó documento público, tal y como lo exige la LIP en su numeral 1º, sin percatarse el Juzgado de ello, constituye otro “vicio absoluto”. Manifiesta, en cuanto a requisitos de fondo, el Transitorio III era norma especial y específica, no dispuso ningún requerimiento especial probatorio para demostrar los 30 años de posesión. Así expone, como el Transitorio III de la ley 4558 no estableció ese requisito de fondo, lo correcto es considerar que el contrato de compraventa de posesión de finca sin inscribir es válido y eficaz para obtener la titulación del terreno, tal y como se hizo oportunamente. Revela, igualmente, como la normativa no exige la notificación a la Municipalidad del lugar, debe entenderse, su falta no es motivo de nulidad; y, en consecuencia, el título obtenido por don Mario Golcher es totalmente válido y eficaz a la luz de la ley vigente en 1971. Finalmente acusa violada la norma 330 del CPC, que establece el mandato para los juzgadores en cuanto a tomar en cuenta la totalidad de la prueba recibida y valorarla conforme a las reglas de la sana crítica, pero atendiendo al valor probatorio que cada probanza según el mismo CPC, y, por supuesto según el valor que otras leyes puedan asignarle a cada elemento probatorio. Señala, por cuanto el Tribunal valora erróneamente la prueba, negándole un valor que legalmente tiene. Explica, la violación en sentido negativo del canon 1º de la LIP, se da en tanto dicha disposición establece requisitos para el régimen ordinario de las Informaciones Posesorias, no obstante, la que realizó don Mario Golcher Avendaño fue una gestión especial basada en un Transitorio que estuvo vigente un corto tiempo y que ya no lo está. Afirma, se trata de la titulación de un terreno en la ZMT, para lo cual se dispusieron requisitos de fondo específicos y distintos de los contenidos en el mandato 1 de la LIP. Por esto, asegura, aplicar requisitos de este numeral a un caso que no está comprendido en sus disposiciones conlleva violación de la norma por aplicación indebida a un caso en que no tenía que aplicarse. Asevera, de la LIP debían aplicarse solo las normas de procedimiento, no así las de requisitos de fondo. Ahora bien, estipula, el Transitorio III de la ley 4558 regulaba justamente el caso de la titulación que tramitó don Mario Golcher Avendaño, estableciendo que debía probarse una posesión mayor a 30 años, pero sin calificar de antemano ni de ninguna otra forma el tipo de prueba que podía utilizarse para demostrar precisamente esa posesión. Detalla, este Transitorio III se viola en forma directa, pues el Tribunal le asigna un contenido que no tiene y desprende de la norma un requisito que el artículo no establece. En efecto, valora, el Tribunal entiende que, si en las informaciones posesorias de la ZMT se pretende sumar el plazo de posesión de poseedores anteriores, el último documento de traspaso debe ser un documento público. Pero acusa, como la norma en comentario (Transitorio III) no contiene dicho requisito, tanto el Juzgado de Primera Instancia como el Tribunal violan el contenido del ordinal al entenderlo de forma distinta de lo que se desprende de su lectura. Ampliación del Recurso: En el primer agravio ampliado, reclama indebida valoración de la prueba en infracción de los mandatos 5, 153, 155, 318, 330, 369 y  370 del CPC. Observa, cuando interpuso la acción contenciosa en el año 1999, el actor presentó como evidencia documental el plano catastrado del terreno de su propiedad y el expediente judicial no. 1641-1971, del proceso de información posesoria, documentos con los cuales pretendía demostrar, acudía en defensa de terrenos de la ZMT, y, de esa forma lograr se reconociera su legitimación para accionar. Apunta, al reconocerse la legitimación del actor se violentan los principios de valoración y de apreciación de la prueba, por cuanto fracciona un derecho sobre un terreno ubicado en la ZMT y lo hace suyo para alegar y sustentar la legitimación otorgada. Alega, dejan de lado los juzgadores que conforme al precepto 10 de la LRJCA, el actor no podía demandar la declaración de ilegalidad, y, en su caso, la anulación de actos y disposiciones de las autoridades, porque carecía del interés legítimo y directo para pedir se anulara el título inscrito a nombre del señor Mario Golcher Avendaño y de los posteriores propietarios. Agrega, además de que el actor no impugnó la resolución que otorgó el titulo inscrito a favor del señor Golcher, sino las diligencias de Información Posesoria, que, en su criterio, no otorgan derecho alguno. Tampoco, dice, era titular el actor de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o la disposición impugnados. A su juicio, de haberse valorado la prueba documental supra citada conforme a las reglas de la sana crítica racional dispuestas en el artículo 330 del CPC, los juzgadores habrían concluido que el terreno titulado por el señor Golcher Avendaño en la Zona Restringida, no podía fraccionarse para otorgarle un derecho al actor y consecuentemente legitimarlo para que acudiera a esa sede a demandar.  Refiere tesis en cuanto a los alcances de la legitimación en la causa. Dice, la LRJCA aplicable al caso concreto, regula lo referente a la legitimación en sus preceptos 10, 11, 12, 13 y 14. Acusa, el primero de ellos establece lo concerniente a la legitimación activa, y prevé diferentes hipótesis, para las cuales se requiere un interés legítimo o un derecho subjetivo. Este interés, apunta, debe reunir algunas características para ser tutelable en sede administrativa y jurisdiccional. Argumenta, en primer lugar, la anulación del acto debe suponer un beneficio para el demandante, el cual consiste en la eliminación de un acto perjudicial para él o, al menos, serle de utilidad o provecho. En segundo lugar, arguye, la repercusión de la nulidad debe ser directa e inmediata sobre la situación jurídica del impugnante; por ende, el interés material debe ser transformado directamente por la anulación del acto impugnado. En tercer lugar, asegura, el interés debe ser personal, de tal suerte, es necesaria una repercusión mediata o inmediata del acto administrativo en su esfera jurídica. Así, asevera, no es tutelable el denominado interés simple, a saber, aquel referente al respeto de la legalidad en la actividad de la administración, el cual puede corresponder a todos los ciudadanos o a grupos en particular, sin que se concrete en un sujeto determinado (interés difuso). En cuarto lugar, considera, el interés debe ser actual y cierto, por ende, debe existir al momento de establecerse la demanda, sea porque se ha producido un daño o menoscabo, y debe mantenerse a lo largo del proceso hasta el dictado del fallo final con carácter de cosa juzgada material. Continúa, valorando los presupuestos enunciados con respecto al demandante, la resolución que otorgó el titulo inscrito a favor don Mario Golcher Avendaño, en nada perjudica al demandante, toda vez que no ostentaba ni ostenta ningún derecho sobre la porción de tierra ubicada en la zona restringida de la ZMT, es decir, no era concesionario ni titular de la porción de tierra no comprendida dentro la ZMT de dominio privado. De hecho, destaca, a la fecha en la que se tituló el terreno objeto del presente proceso, el demandante ni siquiera era vecino de Quepos. Así, enfatiza, el interés actual y cierto era inexistente al momento de establecerse la demanda. Contrario a ello, enuncia, dicho lote le pertenecía a la Municipalidad de Quepos, sin embargo, el Plan Regulador para el sector costero de Playa Espadilla de Manuel Antonio donde ubica el fundo objeto del presente proceso, no entró en vigencia sino hasta el año 2001, de ahí que el señor demandante ni siquiera podía aspirar a ser concesionario de aquel, porque hasta tanto no se dé la implementación de un Plan Regulador para algún sector costero de la ZMT, no se puede hablar de concesiones, según los pronunciamientos de la Controlaría y de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR). Ello, esgrime, porque no se ha procedido a separar la zona pública de la pleamar ordinaria ni la zona restringida, y por ende el actor no sufrió ningún menoscabo o daño en la esfera de sus derechos. Además, como dicha franja de terreno costera es parte de la zona restringida de la ZMT de Quepos, el accionante no mantiene el interés como presupuesto esencial para tenerlo como parte legitimada en este proceso. Enuncia, cuando formuló el recurso casación, alegó, que la pretensión del demandante, se dirige a recuperar la parte de terreno que él considera suya por motivo de un traslape que alega, sobre el que ya existe sentencia con autoridad de cosa juzgada material; pero que no es parte legitimada o con interés directo en este proceso, ni titular de derecho subjetivo alguno. Lo anterior, exterioriza, fue pasado por alto por el Juzgado y Tribunal, en quebranto de los mandatos 153 y 155 del CPC, lo cual tornó el fallo que ataca en irregular, ya que no cumple con la correcta estructura que deben contener las sentencias. Puntualiza, la falta de legitimación era declarable aún de oficio, por tratarse de un presupuesto sustancial, a no ser que el proceso se hubiese instruido por el problema de traslape por el cual accionó en forma subsidiaria el actor, respecto de lo cual, su acción fue denegada, por no ser la sede contenciosa la vía para discutir pretensiones personalísimas como lo es el traslape de cita. En el segundo motivo, esboza, amplía el cargo referente a la violación del mandato 34 de la Constitución Política, sobre la prohibición de aplicar las leyes en forma retroactiva, en infracción a la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971, el Transitorio V de la Ley 6043 y su Reglamento, así como el voto de la Corte Plena emitido en la sesión extraordinaria no. 52 celebrada el 2 de noviembre de 1972, publicada en el Boletín Judicial no. 215 del 03 de noviembre de 1972, mediante el cual y por unanimidad, se declaró al Transitorio III ibídem, contrario al artículo 34 de la Constitución Política por retrotraer sus efectos al 8 del mes de setiembre inmediato anterior. Explica, el A quo anuló el título del terreno en discusión sin verificar si el Transitorio III de la Ley 4558, estaba vigente y surtiendo efectos legales, decisión que fue avalada por el Tribunal al confirmar la sentencia. Expresa, para demostrar la aplicación retroactiva del Transitorio III de la Ley 4558 en la que incurrió tanto el Juzgado como el Tribunal, se procede a hacer un recuento de los aspectos cronológicos involucrados en las diligencias de información posesoria promovidas. Indica, don Mario Golcher interpuso las diligencias de Información Posesoria el 4 de octubre de 1971, conforme al numeral 5 de la LIP, le fue notificada al ITCO y a la PGR para que ejercieran su defensa, a lo cual se opuso la PGR con fundamento en el hecho de que el entonces titulante había presentado su demanda de información posesoria el 4 de octubre de 1971, data en la cual ya se había derogado el Transitorio III de la Ley 4558 mediante la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971. Agrega, en dicha ley se dispuso que solo los procesos de información posesoria presentados a estrados judiciales al 08 de septiembre de 1971, podían continuar su tramitación hasta su fenecimiento. Insiste, debido a dicha oposición el Juzgado suspendió el trámite en un claro perjuicio para el titulante. Sin embargo, informa, atendiendo a que la Corte Plena, actuando como Tribunal Constitucional, había declarado por unanimidad, que el Transitorio III de la Ley 4558 era contrario al artículo 34 de la Constitución Política, el titulante Mario Golcher Avendaño solicitó la reanudación de las diligencias de información posesoria, lo cual ordenó el Juzgado en diciembre de 1978, lográndose la inscripción del título a favor de Golcher Avendaño en el año 1982. Manifiesta, así, el proceso de titulación aludido fue tramitado bajos los lineamientos, términos y condiciones de la LIP, conforme lo ordena su canon 8, para continuar su tramitación conforme a la ley una vez superado el obstáculo siete años más tarde, sin que existiera algún vicio susceptible de causar nulidad. Menciona, el error en el cual incurrieron los jueces contenciosos, fue aplicar al presente asunto las disposiciones de un transitorio que había sido derogado 7 años antes de que se reanudara el proceso de titulación, cuando lo correcto en buena técnica procesal, era reconocer el derecho que le otorgó el Transitorio III de la Ley 4558, para que al titulante iniciara el trámite de titulación, más no la aplicación de las demás disposiciones que contenía dicho transitorio en razón de su derogatoria. Ello, dice, ante la imposibilidad de prolongar la eficacia de una ley abolida, según lo ha dispuesto la Sala Constitucional. Describe, el yerro del Tribunal permitió que se anulara su título de propiedad con los consecuentes daños y perjuicios irrogados, ya que desde el año 1999 cuando se inició este proceso, no ha podido disponer libremente de la citada propiedad. Prosigue, el accionar del Tribunal violenta flagrantemente el mandato 34 de la Constitución por la aplicación indiscriminada de un transitorio obsoleto, aplicando de esa manera retroactivamente leyes cuya eficacia y efectos, habían dejado de existir. Reafirma, el demandante utilizó de mala fe las disposiciones del Transitorio III de la Ley 4558 para inducir a error a los juzgadores y así sustentar una acción judicial a todas luces fraudulenta. Pero no utilizó en beneficio de su representada, la existencia de una ley posterior que enervó los efectos del citado transitorio III, quebrantando el principio de lealtad procesal e incurriendo en actos de fraude procesal, porque deliberadamente lograron la instrucción de un proceso con base en una normativa derogada e inaplicable. En la tercera censura ampliada, reclama, violación indirecta de ley, por lo cual acusa quebranto del precepto 154 de la Constitución Política, los numerales 2 y 8 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los mandatos 1 y 6 de la LIP número 139 del 14 de julio de 1941, Transitorio III de la Ley Número 4558, del cardinal 5 del CPC, y de lo dispuesto en el canon 856 del Código Civil. Acusa, a la fecha en la que se recibieron los testimonios de los testigos propuestos por el titulante para demostrar la posesión (13 de marzo y 10 de abril de 1979), el Transitorio III de dicha ley, ya tenía 8 años de haber sido derogado por la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971. Refiere, a esa data la LIP era la única normativa existente a la que cual el Juzgador podía acudir una vez reanudado el proceso de titulación, para evitar la aplicación de leyes en forma retroactiva. Relata, el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, dio curso y luego suspendió la tramitación de dicho proceso ante la oposición de la PGR, ordenando su reactivación una vez superada la oposición de la PGR. Cita doctrina sobre la derogación en apoyo de su tesis. Reprocha, el Transitorio III fue derogado por la Ley 4847, por lo tanto, al existir norma expresa de igual rango que concordara en cuanto al contenido del Transitorio III, el efecto de validez lo ejerce la norma posterior, que desplaza a la anterior ley a la que contradice parcial o totalmente, es decir, el plazo de 30 años que fijaba el Transitorio III quedó desplazado por el de 10 años que dispone la LIP, al contradecirlo en cuanto a ese extremo. Cita los testimonios rendidos en el proceso de información posesoria. Agrega, conociendo el juzgador que el transitorio III de la Ley 4558 y sus efectos habían sido desplazados, no por una ley posterior sino por una norma vigente, de igual rango y con contenido expreso en cuanto al procedimiento para titular terrenos carentes de título, acertadamente aplicó las disposiciones establecidas en la LIP. Resalta, al quedar derogado el Transitorio III los despachos judiciales que tenían en trámite dichos procesos, debían suplir la ausencia de la ley derogada en cuanto al plazo de posesión que los titulantes debían demostrar, por lo que al colisionar el plazo de 30 años dispuesto en una ley ya desplazada con el plazo de 10 años establecido en una ley que gozaba de plena vigencia, el Juzgado obviamente debía aplicar las disposiciones de la “Ley Desplazante”. Sostiene, conforme al precepto 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LIP era aplicable al caso de estudio por regir en la actualidad y de acuerdo con los efectos del principio de derogatoria de las leyes. Subraya, valorando que los Jueces como miembros del Poder Judicial sólo están sometidos a la Constitución y a la ley, según lo disponen los artículos 2 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Política, respectivamente, debían ejercer su ministerio de administrar justicia en primera instancia, conforme a la Constitución y a la Ley, eso es, evitar la aplicación de la ley en forma retroactiva y administrar las normas existentes con plena vigencia. En la cuarta inconformidad, acusa violación a lo dispuesto en los ordinales 11, 24, y 47 de la LRJCA, así como en los preceptos 106, 155, 194, 197, 198, y 315 del CPC. Amplía el cargo referente a la indebida integración de la litis. Expone, el A quo al detectar que el actor omitió maliciosamente demandar a la verdadera derechohabiente del bien en cuestión, debió ordenarle integrar la litis en contra de la Municipalidad de Quepos. Especifica, en igual yerro incurrió el Tribunal al omitir en el fallo cumplir con las estructuras de las sentencias, dejando de corregir las omisiones procesales del caso. A su juicio, si bien el A quo ordenó notificar a la entonces Municipalidad de Aguirre, conforme a los preceptos mencionados, debía traerse al proceso a todas las partes que la sentencia pudiera afectar, además, la referida Corporación tampoco fue notificada de la demanda, constante en el expediente que el referido Ayuntamiento no es el autor del acto o de la disposición al que se refiere el juicio de examen. Esgrime, tampoco se está ante los supuestos del canon 11 incisos 1 y 2 de ese cuerpo normativo, ni en presencia de un proceso de lesividad como para que la notificación se hubiera realizado de otro modo. Opina, esa omisión lesiona groseramente el contenido de los preceptos 47 de la LRJCA y los mandatos 106, 173 y 315 del CPC, así como los numerales 2, 19, y 20 de la Ley de Notificaciones. Esboza, debió tenerse a la Municipalidad de Quepos como demandada, por ser titular de los terrenos ubicados en la ZMT, a quien debió ordenarse integrar a la litis. Lo anterior, acusa, obliga a que se case la sentencia, en tanto lo fallado podría perjudicar los intereses de la referida Corporación, sin embargo, comenta, estando en una etapa en la cual no es posible enderezar el proceso en contra de la Municipalidad de cita, al ser una etapa ya precluida, solicita declarar la inadmisibilidad de la demanda. En el quinto cargo, refiere violación indirecta de la ley por error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en quebranto de los preceptos 317, 318, 330, 379, y 399, del CPC. Esgrime, los juzgadores partieron de una premisa errada al disponer la nulidad del proceso de información posesoria y la consecuente nulidad del título de propiedad, no así la nulidad de la resolución que otorgó el título inscrito, con fundamento en que se rompió la cadena de traspasos. Ello, dice, por cuanto, para los jueces, se dio el traspaso a José Cespedes Salazar sin la concurrencia de Jerónimo Barboza Mora, y, porque los contratos eran documentos privados. Además, agrega, porque para los juzgadores, los deponentes ofrecidos solo acreditaron 20 años de posesión y no los 30 del Transitorio III ibídem. Explica, del sentido gramatical de la redacción del mandato 1 inciso g) y del numeral 4 de la LIP se extrae, existen dos formas de demostrar la posesión que el titulante ha ejercido sobre el inmueble a titular, la primera, cuando el titulante no haya ejercido la posesión decenal, puede aprovechar la de los anteriores transmitentes, en cuyo caso si es necesario que el titulante presente el respectivo documento público de traspaso. Sin embargo, adiciona no se está ese presupuesto, porque al momento en que el titulante inició las diligencias, ya su posesión sobrepasaba los 10 años, por ello, no era necesario aportar documento público de traspaso. Por otro lado, sostiene, de la literalidad del artículo 4 de la LIP, interpretada en sentido contrario, se concluye, si el titulante no está en posesión de documento público alguno con el que demuestre que ha estado en posesión del terreno a titular por más de diez años, deberá demostrar dicha posesión por medio de testigos. Expresa, según los testigos ofrecidos, se logró demostrar que el señor Golcher había poseído el terreno por espacio de 20 años al momento del interrogatorio. Dice, ello obedeció a que el Juzgador no examinó a los testigos por un plazo mayor, toda vez que se estaba en presencia de un proceso tramitado bajo los términos y condiciones de la LIP, debido al desplazamiento del que fue objeto el Transitorio III dada su derogatoria. Desde esa óptica, valora, ni la prueba ni la normativa aplicable al proceso de titulación fue valorada en conjunto por los juzgadores.

X.- Para este órgano decisor, tanto el primer motivo del recurso principal, como el cuarto y quinto de la ampliación resultan informales. Los tres agravios son de naturaleza sustantiva, toda vez que pretenden establecer inobservancia del valor privilegiado de la prueba traída al expediente, en un caso correspondiente a la causal de casación por error de derecho dispuesto por el cardinal 595 inciso 3) del CPC, en el segundo por violación de los ordinales 11, 24, y 47 de la LRJCA, y 106, 155, 194, 197, 198, y 315 del CPC, referente a lo que considera el deber de notificar a la Corporación Municipal y en el último por error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba. Relacionado con lo anterior y en lo que al caso interesa, esta Sala ha indicado que, al amparo de los cánones mencionados del Código de rito civil, la violación de ley puede acontecer, de manera indirecta, por errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. En ambos supuestos, debe precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que se habrían infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además, deben invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio cuya ponderación desacertada se reclama. En el caso concreto, si bien se reclama, los juzgadores no valoraron adecuadamente prueba aportada al proceso por el actor, asimismo, se omitió notificar y traer al proceso en la forma debida a la Municipalidad de Quepos, se observa, siguiendo el criterio señalado en reiteradas ocasiones por este órgano colegiado, el agravio así planteado se aparta de la correcta técnica casacional, toda vez que deja de mencionar la norma de fondo que se estima violentada. Ello de conformidad con el inciso 3) del numeral 595 del CPC, según el cual resulta indispensable indicar las leyes que en cuanto al fondo, resultan infringidas como consecuencia de los errores de apreciación reclamados. Dicha desatención obliga a que los agravios de cita deban rechazarse de plano.

XI.- Tocante al segundo de los reproches, el Tribunal indicó, la sentencia del Juez A Quo es suficientemente explícita, en su considerando IX, sobre el fondo del asunto, en cuanto a los vicios absolutos no convalidables ni oponibles a tercero, que contiene el expediente de la información posesoria, que lo llevaron a declarar la nulidad de las diligencias de información posesoria N° 1641-1971, tramitadas ante el entonces Juzgado Segundo de la Contencioso Administrativo por el señor Mario Golcher Avendaño. Consecuentemente, reveló, en cuanto a ordenar la cancelación de la inscripción y del asiento registral - original- de la finca madre- matrícula 6- 044889-000–, pues, como estimó el A quo- no cumplió con todos los requisitos que establecía la ley en su momento. Entre ellos, valoró, con lo que disponía el Transitorio III de la Ley 4558, en el sentido de que para que los poseedores obtuvieran la titulación de un inmueble que se encontraba dentro de la zona restringida de la ZMT, requerían demostrar más de 30 años de poseer el inmueble en forma continua, quieta, pública y pacífica. Estipuló, el A quo no desconoce que las diligencias fueron interpuestas el 1o de octubre de 1971, a pocos días de perder vigencia ese transitorio. Agregó, el señor Golcher Avendaño no logró demostrar, por medio de los testigos Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Abertazzi y Oscar Ortiz Sequeira, el supuesto de hecho normativo del citado Transitorio. Opinó, salvo por su afirmación, el apelante no cita los elementos de prueba testimoniales y folios respectivos del citado expediente, ni su respectiva transcripción, que lo demuestre. Relató, el señor Golcher Avendaño no logró demostrar, tampoco, por medio de los documentos de compraventas, el requisito del Transitorio III de la Ley 4558, ello por cuanto, el 1o de diciembre de 1950, el señor Romeo Restani Ceragatti traspasa la posesión a los señores Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora. Detalló, a esa data, según ese documento privado, el señor Restani Ceragatti tenía 17 de años de poseer (folio 258 del expediente N° 1641-1971). Posteriormente, adicionó, el 1º de octubre de 1952, el señor Francisco Barboza Carrillo vende la propiedad al señor José Céspedes Salazar, lo cual hizo unilateralmente, esto es, sin la concurrencia del copropietario de la posesión, señor Jerónimo Barboza Mora (folio 259 de dicho expediente). Por último, estipuló, el señor Céspedes Salazar vende la propiedad a Mario Golcher Avendaño el 17 de abril de 1955 (folio 260 del expediente de Información Posesoria). De esa suerte, consideró, salvo por su afirmación, el apelante no acredita la cadena de traspasos -sin solución de continuidad- del inmueble, ni tampoco que todos los acuerdos contaran con los requisitos de legalidad pertinentes para dicho proceso. Esbozó, acorde al numeral 1º de la LIP no. 139, con relación al 863 del Código Civil, el titulante podía aprovechar la posesión ejercida de buena fe por los dueños o poseedores del inmueble que se pretende titular. Desde esa óptica, el señor Golcher presentó el documento del traspaso de su derecho, y de los anteriores traspasos, sin embargo, de lo expuesto no cabe derivar que el señor Golcher pudiera aprovecharse de todos los años de posesión que constan en esos traspasos, particularmente de los 17 años, que para el 1o de diciembre de 1950, -según el documento privado tenía el señor Romeo Restani Ceragatti-, ello en virtud de que fueron traspasados a los señores Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora, sin que fueran enajenados a su vez por ambos, al señor José Céspedes Salazar. Ello, por cuanto, explicó, el señor Francisco Barboza Carrillo, lo hizo en forma unilateralmente, esto es, sin la concurrencia del copropietario, señor Jerónimo Barboza Mora. Con lo anterior, apuntó, se rompió la cadena de traspasos -sin solución de continuidad- de la posesión del inmueble. Detalló, así los 17 años de posesión del señor Restani Ceragatti no pueden sumarse a los 5 años en los que el bien fue poseído por los posteriores dueños (del año 1950 a 1952 por los señores Barboza y de 1952 a 1955 por el señor José Céspedes). Si bien, a esos 5 años cabe sumar los 16 años de posesión que tuvo el señor Golcher del año 1955 en que adquirió la propiedad, al año 1971 en que promueve el proceso de información posesoria, sin embargo, la suma de ambos períodos solo arroja 21 años de posesión, incumpliendo el tiempo determinado por la ley, que era de más de 30 años. Manifestó, la invalidez y consecuente nulidad de las diligencias de información posesoria, declarada por el A Quo, se funda, entre otras razones, en el hecho de que se rompió la cadena y continuidad de los traspasos, por no estar presente el señor Jerónimo Barboza Mora en el traspaso de la propiedad al señor Céspedes Salazar. Lo anterior, estimó, es razón suficiente para que la cadena de traspasos se rompa. Consideró insuficiente que para ese momento no existiera "título de la propiedad" y por ende, que jurídicamente el traspaso se tuvo por bien hecho, porque no se estaba hablando de "títulos de propiedad", sino de documentos o títulos de traspaso de posesión de un bien inmueble. Consecuentemente, opinó, dichos contratos requieren por su naturaleza, para su validez y eficacia, asimismo, por el paralelismo de las formas, de su debida documentación, a fin de acreditarlos. Añadió, incluso para su eficacia, desde el punto de vista fiscal, siendo que se trata - por su naturaleza-, de actos jurídicos documentados. En fin, interpretó, por no tratarse, de un hecho puro y simple, sino de una convención. Estimó evidente que el documento privado del 1º de octubre de 1952, hace fe entre el señor Francisco Barboza Carrillo y el señor José Céspedes Salazar, en cuanto a las declaraciones contenidas en el mismo, limitadas, en ese documento, al traspaso que el primero le hizo, unilateralmente, al segundo, sin la concurrencia del copropietario de la posesión, señor Jerónimo Barboza Mora. Por esa razón, rechazó el alegato en el sentido de que no existiera oposición por parte de Jerónimo Barboza Mora sobre esa venta, ni tampoco al proceso de Información Posesoria. Argumentó, en el caso concreto resulta inaplicable el adagio de que el que calla “se presume que consiente”. Determinó, el mandato 5 de la citada ley no. 139, dispone ciertamente que se debían tener como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Tierras y Colonización, quienes en el caso de estudio fueron notificados y apersonados al proceso. Sin embargo, afirmó, eso no obsta se ordenara como en efecto se hizo, notificar a la Municipalidad en la persona de su Ejecutivo Municipal como posible interesada, lo cual no se llevó a cabo. De esa forma, advirtió, - como señaló el A Quo-, se obstaculizó que esa Corporación Municipal hiciera una valoración de ese asunto, y una defensa efectiva de los intereses locales de dicha zona, lo cual desde su óptica es otro vicio absoluto. Aseguró, el procedimiento del expediente del proceso de información posesoria, fue suspendido por el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en vista de las manifestaciones de oposición del Procurador Agrario, (folios 289 y 295 del citado expediente). Asimismo, aseveró, fue continuado en octubre de 1978 luego de las manifestaciones del señor Golcher, en cuanto a haber superado el obstáculo legal alegado por el Procurador Agrario (folio 299). Sin embargo, comentó, eso no obsta, como señaló el A Quo, que inicialmente fue suspendido, de acuerdo con la oposición del representante a fin de que se presentara el juicio ordinario (artículos 5 y 8 de la Ley No. 139 y 12 de la Ley No. 4545). Consideró adecuado a derecho, ordenar el archivo del expediente y tener por agotada esa vía - no contenciosa-,  para que la parte gestionante acudiera a discutir su derecho a titular el bien en juicio ordinario, lo que no se dio, lo cual es otro vicio absoluto. Además, esgrimió, como lo expresara el A Quo, lo cual omite el apelante, analizados los tres documentos dichos se pudo determinar que el último de ellos del año 1955, donde consta el traspaso del derecho ya de forma directa (traspasado por José Céspedes), no fue presentado en documento público, tal y como lo exige la LIP, en su artículo 1º. -argumento que fue expuesto por la parte actora, del presente proceso-, lo cual tampoco fue evidenciado, en su momento, por el Juzgado indicado, el cual aprobó la titulación sin que se cumpliera este requisito legal, también constitutivo de un vicio absoluto.  En razón a todo lo anterior, descartó que la Información Posesoria en cuestión hubiese sido tramitada y resuelta conforme a las leyes vigentes a la época, en consecuencia, procedente, declarar la nulidad de las diligencias de información posesoria en cuestión.  

XII.- Para esta Sala resulta innegable, el Transitorio III de la Ley 4558, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítima Terrestre, de 22 de abril de 1970, publicada en La Gaceta 104 del 12 de mayo de 1970, abrió momentáneamente la posibilidad, a los poseedores de áreas ubicadas en la zona restringida de la ZMT, a fin de que obtuvieran la titulación de sus parcelas. Para ello debían demostrar una posesión de más de 30 años en forma continua, quieta, pública y pacífica y a título de dueños, lo anterior a través del procedimiento dispuesto por la LIP. Con ese objeto, el señor Golcher Avendaño inició proceso de información posesoria en el año 1971, ofreciendo dentro del proceso como parte de su prueba, la testimonial de Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Albertazzi y Oscar Ortiz Sequeira, quienes indicaron (en el año 1979) que el señor Golcher superaba una posesión de 10 años en un caso, y de 20 años en el caso del testigo Rosales Rosales, es decir, lo que permite datar el inicio de su posesión, en el año 1959 (ver folios 284 y 287 del expediente). Aunque el señor Golcher Avendaño aportó como prueba documental los contratos de compra de posesión que en su criterio acreditaban más de 30 años de ejercicio de la posesión sobre el inmueble a titular, no logró demostrar los más de tres decenios requeridos, toda vez que, en el contrato visible a folio 258 del expediente, fechado 1o de diciembre de 1950, el señor Romeo Restani Ceragatti traspasó su posesión (correspondiente a 17 años), a los señores Francisco Barboza Carrillo y Jerónimo Barboza Mora. Tal es la interpretación correcta de lo actuado en dicho contrato, toda vez que, aunque en su literalidad se indica que el primero vendió al segundo, en la realidad es claro, como compradores comparecieron dos personas, a saber, los señores Barboza Carrillo y Barboza Mora, quienes efectivamente suscribieron el contrato, de ahí que sea evidente, la venta fue realizada a favor de ambos y no solo del señor Barboza Carrillo. Posteriormente, el 1º de octubre de 1952, el señor Francisco Barboza Carrillo vendió dicha posesión al señor José Céspedes Salazar, mas sin la concurrencia del copropietario de la posesión, señor Jerónimo Barboza Mora (folio 259). Finalmente, el señor Céspedes Salazar vendió su posesión a don Mario Golcher Avendaño el 17 de abril de 1955 (folio 260), la cual dicho señor mantuvo según la testimonial brindada, hasta el proceso de información posesoria formulado en 1971. No obstante, visto que la venta del señor Barboza Carrillo a don José Céspedes no contó con la firma del copropietario, señor Jerónimo Barboza Mora, no es dable contrastar la posición esbozada por el Tribunal, en el sentido de que dicha secuencia de traspasos de derechos posesorios fuera hecha -sin solución de continuidad-, toda vez que uno de los traspasos no contó con las dos firmas de sus titulares. Desde esa óptica resulta irrelevante si el señor Golcher presentó el último de los traspasos como documento público, o si fue notificada o no la Corporación local, lo anterior por cuanto, al solicitar el proceso de información posesoria el 1º de octubre de 1971, solo probó contar documentalmente con una posesión ininterrumpida de 16 años, incumpliendo el plazo determinado por la Ley 4558, según la cual, a ese efecto debía superar los 30 años de posesión continúa. Se estima además que la interpretación hecha por el Tribunal en cuanto a la no solución de continuidad, se ajusta al principio de “indubio pro natura” (numerales 50 de la Constitución Política, y 11 de la Ley de Biodiversidad), pues tomando en cuenta que en la especie se trata de discernir si un particular contó con los requerimientos “por demás excepcionales” de ley, a fin de titular un bien ubicado en la zona restringida de la ZMT, cualquier interpretación del cumplimiento o no de tales requisitos debe ser realizada en forma restrictiva, en protección del ambiente y por supuesto, del demanio público, en caso de duda. De esa suerte, la interpretación en contra del titulante en torno al contrato de cita, se ajusta en un todo al principio pro-natura, por lo cual, la invalidez y consecuente nulidad de las diligencias de información posesoria, declarada por el A Quo y ratificada por el Tribunal, se encuentra ajustada a derecho, sin que se observe incurrieren los jueces en los quebrantos apuntados por la parte recurrente. Debido a lo anterior, el agravio es inatendible. 

XIII.- Referente al primer motivo ampliado, el agravio resulta improcedente. La recurrente reclama la violación de lo dispuesto en  los mandatos 5, 153, 155, 318, 330, 369  y  370 del CPC. Igualmente estima, el Tribunal yerra al valora la legitimación ad causam del actor. No obstante, es claro, el cargo de referencia escapa a las causales taxativas establecidas por el mandato 595 del CPC, lo cual impide a esta Sala ahondar en su conocimiento de ahí que deba rechazarse.

XIV.- Tocante a los motivos segundo y tercero formulados en la ampliación, para esta Sala es claro, se trata de argumentos novedosos, no argüidos con anterioridad. Si bien la casacionista esgrime por una parte, la violación del mandato 34 de la Constitución Política, sobre la prohibición de aplicar las leyes en forma retroactiva, en infracción a la Ley 4847 del 14 de octubre de 1971, el Transitorio V de la Ley 6043 y su Reglamento, así como el voto de la Corte Plena emitido en la sesión extraordinaria no. 52 celebrada el 2 de noviembre de 1972, publicada en el Boletín Judicial no. 215 del 03 de noviembre de 1972; y por otra, el quebranto del precepto 154 de la Constitución Política, de los numerales 2 y 8 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1 y 6 de la LIP, del Transitorio III de la Ley Número 4558, del cardinal 5 del CPC, y de lo dispuesto en el canon 856 del Código Civil, dichos alegato no habían sido expuestos con anterioridad. En efecto, los reclamos por irretroactividad de la ley, o aplicación por derogatoria de la norma desplazada resultan absolutamente innovadores en esta etapa. Lo anterior lesiona lo dispuesto por el mandato 608 del CPC, circunstancia que obliga a su rechazo, toda vez que no pueden ser objeto del recurso extraordinario cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes.

XV.- Por lo expuesto, resulta obligado el rechazo de los recursos formulados, con costas a cargo de cada una de las partes que lo formuló. (numeral 611 del Código Procesal Civil).

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos. Son las costas a cargo de cada una de las partes que lo formuló.

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 




 

Rocío Rojas Morales

 

	

 

                   Damaris Vargas Vásquez




 

 

Jorge Alberto López González

   

 

	

 

 

                   Jéssica Jiménez Ramírez

 

 

 

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 06:54:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Resolution No. 01126 - 2021

Date of Resolution: July 13, 2021 at 09:25

Case File: 99-000260-0163-CA

Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez

Type of Matter: Ordinary Proceeding

Analyzed by: SALA PRIMERA

Content of Interest:

Type of Content: Unanimous Vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Incongruence

Subtopics:

Concept and scope.

Topic: Claim

Subtopics:

Plurality of claims.

Topic: Complaint

Subtopics:

Claim.

Analysis of the assumptions of incongruence (see resolutions 408-2006, 41-2007 and 478-2008 Sala Primera); which is not observed in the ruling. Although it orders the demarcation (amojonamiento) of the public zone with respect to the plaintiff's property, it does not do so as an excess of what was requested in the proceeding, by granting a subsidiary claim together with the principal ones, but rather in accordance with articles 123 and 290.4 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). In effect, mandate 123 ibidem establishes the possibility of raising several claims in a complaint, provided there is a connection between them. In this case, it is not observed that the request for demarcation (amojonamiento) excludes those granted by the Tribunal, but rather it is based on reasons of public interest, as a consequence of what the judges have deemed to constitute the powers and obligations normatively conferred upon the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) and the State. As for another charge, the Chamber considers that the Tribunal did not incur in incongruence, since the nullity of the entry corresponding to one property is a logical and legal consequence of the declared nullity of the entry of another estate, insofar as the former derives from the latter (vote 1126-F-2021).

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Type of Content: Unanimous Vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional)

Subtopics:

Competence.

Topic: Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre)

Subtopics:

Demarcation (Amojonamiento).

The appellant accuses a violation of mandates 62 and 63 of Decree 7841, 10 of Law 6043, 1, 2, 4, 18, 19, 20 and 21 of Decree 36642, and 11 of Decree 33797. Although not cited by the Tribunal in its ruling, they indeed establish the competence of the National Geographic Institute (IGN hereinafter) to demarcate (amojonar), delimit, and define the boundaries of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). Thus, one cannot argue error on the part of the Tribunal in ordering the demarcation (amojonamiento) of the public zone of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) by the IGN, alleging a breach of those provisions, when they refer to the fulfillment of a public obligation legislatively prescribed, namely, the demarcation (amojonamiento) of the public zone (vote 1126-F-2021).

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Citations of Legislation and Doctrine
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Type of Content: Unanimous Vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Appeal in Cassation (Recurso de casación)

Subtopics:

Formalities of the appeal.
Indirect violation of substantive law.

The grievances under study do not conform to the exhaustive causes established in mandate 594 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), which prevents this Chamber from delving deeper into them, hence they are dismissed. The same applies to another ground that falls outside the exhaustive causes of mandate 595 ibidem. Furthermore, a violation of law may occur, indirectly, through errors of fact or law in the assessment of evidence. In both instances, the evidence wrongly evaluated must be specified, along with the substantive rules that would have been infringed by such conduct. For the latter type of error, the provisions related to the evidentiary weight of the probative element whose flawed consideration is claimed must also be invoked. The charge departs from correct cassational technique, as it fails to mention the substantive rule deemed violated. According to rule 595.3 ibidem, it is indispensable to indicate the laws that, regarding the merits, are infringed as a consequence of the claimed errors in assessment. This inattention compels the summary rejection of the grounds. Finally, two reproaches formulated in the amplification prove to be novel arguments, not previously raised, which injures ordinance 608 ibidem, a circumstance that compels their rejection, since matters that have not been timely proposed or debated by the litigants cannot be the subject of the extraordinary appeal in cassation (recurso extraordinario de casación) (vote 1126-F-2021).

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Type of Content: Unanimous Vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre)

Subtopics:

Land Titling (Titulación de tierras).

Topic: Principle in dubio pro natura

Subtopics:

Concept and scope.

Transitory Provision III of the Law of Tourist Urbanization of the Maritime-Terrestrial Zone (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítima Terrestre, ZMT hereinafter) momentarily opened the possibility for possessors of areas located in the restricted zone of the ZMT to obtain titling of their parcels. To do so, they had to demonstrate possession of more than 30 years in a continuous, quiet, public, peaceful manner and as owners, through the procedure provided by the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias); which did not occur in this case. The interested party, when requesting the possessory information (información posesoria) process, only proved documentary evidence of an uninterrupted possession of 16 years, failing to meet the legal term. It is further considered that the interpretation made by the Tribunal regarding the lack of a solution of continuity conforms to the principle of in dubio pro natura (mandates 50 of the Political Constitution [Constitución Política] and 11 of the Biodiversity Law [Ley de Biodiversidad]), since considering that it concerns discerning whether an individual met the "highly exceptional" legal requirements to title a property located in the restricted zone of the ZMT, any interpretation of whether such requirements were met must be carried out restrictively, in protection of the environment and the public domain, in case of doubt (vote 1126-F-2021).

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Type of Content: Unanimous Vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Appeal in Cassation (Recurso de casación)

Subtopics:

Costs.

Rejection of the appeals filed is obligatory, with costs borne by each of the parties that filed them (ordinance 611 of the Code of Civil Procedure [Código Procesal Civil]) (vote 1126-F-2021).

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the Resolution



Exp: 99-000260-0163-CA

Res. 001126-F-S1-2021

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty-five minutes on the thirteenth of July of two thousand twenty-one.

Ordinary Administrative Litigation Proceeding (Proceso Ordinario Contencioso Administrativo) brought by RODOLFO MUÑOZ BARRIENTOS, of legal age, married, hotel businessman, resident of Quepos, represented by Dr. Roberto Yglesias Mora in his capacity as special judicial representative (folio 13); against the ESTATE OF MARIO GOLCHER AVENDAÑO (SUCESIÓN DE MARIO GOLCHER AVENDAÑO), who in life and at the time of filing this proceeding was of legal age, married, lawyer, resident of Curridabat, deceased, represented by its executor Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, LLAMA DEL BOSQUE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-049331, represented by Gene Austry Brown, of legal age, married, social worker, resident of New York, United States of America, whose resident agent in the country is Licenciado José Antonio Casafont Odor, of legal age, married, lawyer, resident of San José, and, THE STATE, represented by the Procurator Jose J. Barahona Vargas and the Assistant Procurator, Mauricio Castro Lizano, both of legal age, married, lawyers, and NACIENTE SELVA CRISTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-206914, represented by its general agent without limit of sum, Harry Mcmulan III, of legal age, married, businessman, United States citizen, with passport number 150601201, and its special judicial representatives Ricardo Alberto González Mora and Manfred Fischel Robles, both of legal age, lawyers. Appearing as interested parties are the Municipalidad de Aguirre and Parrita and Arribo de la Tortuga Sociedad Anónima S.A.

Drafted by magistrate Vargas Vásquez; and,

CONSIDERING

I.- Rodolfo Muñoz Barrientos, sued Inversiones Picón S.A. (hereinafter Inversiones Picón), Mario Golcher Avendaño, Llama del Bosque S.A., and the State. He stated that on June 16, 1998, he acquired a property in Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, measuring one hectare 517.11 m2, according to cadastral plan no. P-496930-98. He asserted that said land formed part of other properties owned by Mr. Mario Golcher, and, after various segregations and transfers, formed property no. 6-054481, registered in the name of Villas Vista del Mar S.A. He explained that, excluding the area of the previous segregation, -now in his name-, the remainder of that mother property was affected both at the registral and material levels, by an overlap with another property, titled by Mr. Mario Golcher and initially acquired in rights by Inversiones Picón, and in 1982 by Llama del Bosque S.A., a property that today is registered under folio 6-044889-000. He mentioned that Mr. Golcher Avendaño not only transferred a half right to Inversiones Picón, but he was also the original titleholder of the estate registered in the name of Villas Vista del Mar S.A., from which his land was segregated. In other words, he added, Mr. Golcher is the original titleholder in two independent chains of owners concerning the land subject to the overlap. He added that in an ordinary proceeding heard in case file no. 1185-3-87, this Chamber defined ownership in favor of Inversiones Picón. He argued that, since the overlap of rights was partial regarding Villas Vista del Mar, the lot he acquired from that property was left out of the controversy. He expressed that Inversiones Picón acquired property 6-044889-000 from Mr. Golcher, according to plan P-10989-71. He emphasized that the boundary separating his lot from the one possessed by Inversiones Picón S.A. does not currently correspond to the "true dividing line" indicated by the cadastral plan with which Mr. Golcher acquired it. He attributed that the general plan of the mother property titled by Mr. Mario was no. P-53982, which shows in that sector the same distance as stated in plan P-10989-71, namely, that between boundary marker 0 and 5 there is a distance of 150 linear meters, a measurement according to which he acquired. He stipulated that on April 27, 1983, Inversiones Picón rectified the original plan of the lot in question (no. P-10989-71), extending the distance between boundary markers 1 and 7, -which in the previous plan (P-10898-71) correspond to boundary markers 0 and 5-, by 7.52 meters. By doing so, he clarified, said parcel was increased by 1,500 m2, enclosing it almost eight meters within his property, along the boundary that separates them. He related that later, in 1985, Inversiones Picón formalized boundary rectification (rectificación de lindero) proceedings before the Civil Court of Puntarenas, expanding its area at the expense of his lot. He also specified that the property owned by the defendant is entirely located within the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) (hereinafter ZMT), at Playa Espadilla, Quepos, whose southern boundary is the "inalienable strip" of 50 meters, with a frontage of 205 meters onto it. He stated that the origin of said title is a possessory information (información posesoria) carried out by Mr. Mario Golcher in 1971, pursuant to Transitory Provision III of law 4558, which allowed titling within the ZMT to those who could prove over 30 years of prior possession. He asserted that, from the testimonies given in that proceeding, it was not determined that by April 1979, Mr. Golcher had met said possession term. He highlighted that, nonetheless, in the final resolution of the Juzgado Segundo de lo Contencioso, it was affirmed that possession of over 30 years had been demonstrated. He added that his titling was illegal, to the detriment of the public domain, therefore, null. He requests that the ruling declare: a) that the possessory information (información posesoria) promoted by Mario Golcher Avendaño through judicial file no. 1641-71, before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, did not meet the substantive legal requirements to confer upon him ownership of the land described in the complaint (now his estate), -Puntarenas property no. 44889-000-, therefore the judgment rendered in said proceeding is invalid and absolutely null; b) the registral entry of the cited property is invalid and absolutely null; c) said land never lost its status as a public domain asset; d) therefore, the transfers of said property subsequent to its original entry in the Registry are illegal, invalid, ineffective, and absolutely null, including the alienations from Mario Golcher Avendaño in favor of the co-defendants; and from Llama del Bosque to Inversiones Picón, as well as successive ones to any third party. Thus, by means of a writ or executory judgment, the cancellation of all entries generated by those transfers must be ordered. In the alternative, he requests: e) to declare that the boundary rectification (rectificación del lindero) shown by cadastral plan no. P-502694-83, referring to property no. 6-044889-000, as well as the boundary rectification (rectificación de lindero) proceedings, are illegal and absolutely null, and thus, not enforceable against him, for which the formal boundary demarcation (deslinde formal), delimitation, and demarcation (amojonamiento) between both properties should proceed, according to their legal and true location. Therefore, the cancellation of the entry of said plan in the National Cadastre (Catastro Nacional) and the reference to it in property 6-44889-000 must be ordered; f) that the boundary currently dividing the plaintiff's property from the ZMT, or in the alternative, failing the declaration in whole or in part of the indicated public domain status, property no. 44889-000 does not correspond to its legal and true location, materially and cadastrally; g) that with the indicated measurement rectification, his land was diminished by 1,500 m2, which must be restored to him when the boundary markers are placed in execution of the judgment; i) that the dividing line between his land and the ZMT must be definitively established in the ruling, or failing that, between the two registered lands referred to in this suit, which must be demarcated (amojonarse) in execution of the judgment; j) the expenses for removal and relocation of the boundary markers and fences shall be borne by the co-defendants and Mr. Mario Golcher, -now his estate-; k) a term of two months be set for the co-defendants to proceed to place the boundary markers and fences as resolved, and, failing that, he may do so at the account and expense of the reluctant co-defendants, at no cost to the State; l) costs be imposed on the parties that oppose the complaint. The Tribunal included as interested parties the Municipalidad de Aguirre, as well as Naciente Selva Cristal S.A., and El Arribo de la Tortuga S.A. Inversiones Picón responded negatively, asserting the defenses of res judicata, expiration, necessary passive joinder of parties, lack of standing and right, and prescription. The State responded negatively. The estate of Mario Golcher Avendaño and Llama del Bosque were declared in default. Inversiones Picón was procedurally substituted by Naciente Selva Cristal S.A. The Trial Court declared the legal representative of Inversiones Picón as confessely in default. It partially granted the lack of right defense and rejected the other defenses. It declared the complaint well-founded and declared null the possessory information (información posesoria) proceedings no. 1641-1971, processed before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo by Mr. Golcher Avendaño. It ordered the cancellation in the Registry of the Puntarenas property no. 44889-000, as it forms part of the restricted zone of the ZMT, the delimitation of which corresponds to the State, through the IGN (as well as its physical separations, such as the dividing fence). It ordered the State to demarcate (amojonar) and delimit the boundaries of the ZMT where property 6-044889-000 is located. It imposed costs on Naciente Selva Cristal S.A. and the State. It determined a lack of standing and current interest concerning the co-defendants Llama del Bosque and the Estate of Mario Golcher Avendaño, with respect to whom it dismissed the complaint, exempting them from paying costs, which were imposed on Naciente Selva Cristal S.A. and the State. The Tribunal modified the judgment only regarding the condemnation of costs against the State, from which it exonerated them. The rest was confirmed. Disagreeing, the State and Naciente Selva Cristal appeal in cassation.

Appeal of the State on procedural grounds

II.- The appellant formulates a single charge of this nature. It alleges incongruence and contradictory provisions, in violation of mandates 155 and 594 subsection 3) of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), (hereinafter CPC). It outlines that the judgment it attacks, in its Considering IX, states: "...since the nullity of the titling has been decreed and the cancellation of the registral entry of property No. 6-044889-000 has been ordered, it is not appropriate to carry out any delimitation between it and the plaintiff's property. Meanwhile, the delimitation and definition of the exact boundary between the plaintiff's property and the maritime-terrestrial zone cannot be executed by her or by the private co-defendants; rather, it falls to the Institute to indicate and place the corresponding boundary markers." It points out that subsequently, the judgment in its operative part states: "It is declared that said land forms part of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone of Playa Manuel Antonio on the coast of the Pacific Ocean, and that the delimitation of the maritime-terrestrial zone corresponds to the State, through the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) regarding the placement of the line of the maritime-terrestrial zone (as well as its physical separations, such as the dividing fence) in accordance with articles 1, 2, 4, and 9 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), as well as mandates 1, 3, and 10 of the Law creating the National Geographic Institute (Ley de creación del Instituto Geográfico Nacional) No. 59 of 1944. The State shall proceed, in the aforementioned sense, so that the actions corresponding to the demarcation (amojonamiento) and delimitation of the boundaries of the Zone in which property 6-044889-000 is located are exercised, for the purpose of protecting the maritime-terrestrial zone in accordance with mandate 10 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre)." It adds that the second-instance judgment considers that the demarcation (amojonamiento) of the restricted zone is a natural and legal consequence of the granting of the principal claims. It points out, however, that none of the claims made requested the State, through the IGN, to demarcate (amojonar) the restricted zone. It comments that the A quo, in the first-instance judgment, Considering IX, granted petitions 1, 2, 3, and 4 of the complaint, rejecting the subsidiary ones 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Therefore, it considers that the question of whether or not it was appropriate for the plaintiff to physically demarcate the property lost interest when the request for boundary demarcation (deslinde) between the plaintiff's property and the State's land, declared public domain, was denied. In this way, it opines that the second-instance ruling violates article 155 of the CPC, and incurs the cause under subsection 3) of article 594 ibidem, since the order to demarcate the Restricted Zone is not a consequence of the principal claims. It states that in the statement of grievances of November 21, 2016, point IV (folios 1239-1241), it was pointed out that by ordering the IGN to demarcate the Restricted Zone, one incurs the defect of incongruence for extra petita, since this was not requested in the complaint. It cites rulings of this Chamber in support of its thesis. It adds that the judicial inspection at 11:15 a.m. on August 1, 2012, confirmed the existence of two IGN boundary markers, made of concrete and painted yellow (folios 729-730); which is also obtained from report DGT-388-12 of August 14, 2012, from the IGN (folios 744-746), which the A quo admitted as a new document, Considering I, (folios 1172 v-1173). It points out that this report was issued by the same official who participated in the judicial inspection, based on data from the "geodatabase" of the ZMT, linked to the National Coordinate System (Sistema Nacional de Coordenadas), where it identified in red the line of the Restricted Zone, 150 meters wide, contiguous to the 50 meters of the Public Zone, the latter in green. It points out that the above also coincides with the expert evidence of July 16, 2013, rendered after a field survey, with the topographic location of IGN boundary markers 12 to 18. It relates that the report indicates that boundary marker 15 dates back to May 15, 1979, and confirmed that the traverses of the cadastral plans are tied to boundary markers 13 and 16, which identify the 50-meter Public Zone and, thus, the 150-meter "concessionable" zone (folios 812 in fine and 815). It stipulates that the supplementary expert report of October 7, 2013, points 1 and 5, also concludes that the IGN boundary markers are reliable for locating the cadastral plans subject to the expertise, and that the expert plan was prepared with real and undeniable reference to those boundary markers (folios 856-857). It details that the report of December 18, 2013, point 2, indicates that the field survey was carried out based on plans P-10989-1971 and P-502694-1983, because they share the IGN boundary markers, which are fixed and reliable points (folio 873). It reveals that the Public Zone demarcated here is the one mentioned in its brief of January 20, 2006, as a response to fact 20 of the complaint (folio 495), which in turn is described by official note DGT-388-12 from the IGN (folios 744-745), provided with its brief of August 16, 2012 (folio 746), which is in turn coincident with the expert report (folios 808-840), indicated in the brief of August 28, 2013 (folio 853). It accuses that the issue was retaken in the conclusions of May 27, 2016 (folio 1125-1126), to add that with the demarcation (demarcación) of the Public Zone, the strip for common use of the ZMT and the start of the Restricted Zone are identified, an indispensable requirement for granting concessions. It explains that the "demarcation" (demarcatoria) of the Public Zone is inserted within the administrative boundary demarcation (deslinde administrativo) and makes evident the beginning of the Restricted Zone (legal opinion C-264-2004), through the IGN's demarcation (amojonamiento), nonetheless, it was not requested by the plaintiff in his claims, nor is it necessary because it is clear that it has already been demarcated. It states that for performing cartographic and geodetic works with an impact on the coastal strip, the National Coordinate System (Sistema Nacional de Coordenadas) must be used, under the terms of the Regulation of Specifications for the Delimitation of the Public Zone of the Maritime-Terrestrial Zone (Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre), Decree 36642, mandates 1, 2, 4, 18, 19, 20, and 21, (hereinafter REDZPZMT), and Decree 33797, canon 11, with the information available in said System regarding the demarcations of the IGN's Public Zone (statement of grievances of November 21, 2016, point IV, folios 1239-1241). In its view, the appealed judgment, 109-2016-11, Considering VI, in fine (folios 1293-1294) considers the demarcation (amojonamiento) of the Public Zone insufficient, a qualifier it extends to the information contained in the IGN's report DGT-388-12 (folios 744-746), which also identified, in red, the 150-meter line of the Restricted Zone. However, it argues, said judgment annuls the registral entry of the property in dispute, and considers as accredited in proven fact 10 (folio 1175) that it is located, in its entirety, within the Restricted Zone, contiguous to the IGN boundary markers that demarcate the Public Zone, a technical-legal fact that is sufficient to resolve the claims. It affirms that in that proven fact it is recorded that the property under examination is located within the Restricted Zone, which borders on the south with the Public Zone. It adds that later the judgment of the A quo, in its Considering IX, states that regarding the judicial inspection carried out, -record visible on folios 729 and 730-, the proximity of the property under discussion to the shoreline is observed. Finally, it exposes that from the expert report of Ing. Portilla Barquero, visible on folios 808 to 840, there are sheets of topographic surveys of the conditions of the disputed boundary, as well as various cadastral plans, where it is observed that property no. 2, -no. 44889-000-, is located between the end of the 50-meter strip of the Public Zone, extending 123 meters bearing north, from IGN boundary marker 13, this on the east and south boundaries. It states that likewise, bearing north, it extends 150 meters from the midpoint between boundary markers 15 and 16. In this way, the property in question is located within the 150-meter strip of the ZMT. It externalizes that proven fact 10, and the others in the judgment of the A quo, are endorsed by the appellate ruling in Considering II (folio 1260). In this way, it interprets that the challenged judgment is contradictory because it could not consider as sufficiently proven the essential fact of the proceeding (that the propety in dispute is entirely within the Restricted Zone), depending on the demarcation (amojonamiento) of the Public Zone and, at the same time, in a contradictory manner, deem it insufficient.

III.- Regarding the first charge, this Chamber has considered that incongruence arises when there is disharmony between the claims of the litigants and what is resolved in the operative part of the judgment; that is, when the judge decides on matters not requested in the stages provided for that purpose, grants more than requested, or fails to rule on the claims or defenses. (In this regard, one may consult, among others, judgments number 408 at 2:30 p.m. on June 28, 2006; 41 at 9:00 a.m. on January 26, 2007, and 478-2008 at 8:30 a.m. on July 18, 2008). In this specific case, two specific aspects are noted. On the one hand, that the plaintiff in her complaint did not request in her principal claims that the State, through the IGN, be ordered to demarcate (amojonar) the restricted zone, which the Tribunal eventually ordered. On the other hand, that the challenged judgment is contradictory in itself, because it could not consider it proven that the property in dispute is located entirely within the Restricted Zone, and yet order the demarcation (amojonamiento) of the Public Zone. Now then, regarding the delimitation of the ZMT, the Tribunal indicated that the delimitation of the property respecting the 200 meters of the ZMT lost relevance and interest from the moment the subsidiary claims 5, 6, 7, 8, 9, and 10, aimed at the boundary demarcation, delimitation, and demarcation (amojonamiento) between the plaintiff's property and that of the State, were rejected. The foregoing was due to the latter having been declared a public domain asset, with which the plaintiff concurred. That is, it pointed out that said land forms part of the restricted zone, without the physical boundary demarcation (deslinde material) between the plaintiff's property and that of the State being ordered then, but rather that the State proceed to exercise the actions corresponding to the geographic delimitation of the boundaries and demarcation (amojonamiento) of that national zone, through the IGN. It added that this was without having to allocate human resources and public funds to satisfy and identify the boundary of the plaintiff's property (6-109427-000). In any event, it outlined that the content of mandate 302 of the Civil Code applies to every owner, without excluding the State in principle, all of which was ordered for the purpose of protecting that zone, which by law is a primary obligation of the State, by virtue of the public interest represented in this case, in the provisions of the laws on the ZMT and the creation of the IGN. Therefore, it highlighted that this is not a case of incongruence, since what was ordered corresponds to a natural and legal consequence of granting the claims in the complaint. Moreover, the Tribunal accused that there is an evident problem of standing on the part of the State in this regard, since it does not act in this proceeding as a plaintiff, but as a defendant, in addition to the fact that said aspect was not the subject of a countersuit either. It also rejected the State's allegations as to whether or not the IGN has competence to assist the State, since its competence derives from its own law of creation, by reason of the subject matter, as an organ of the State whose primary function of evident public interest is the execution of the Geographic Chart and Cadastral Map of the Republic, as well as studies, investigations, or work of a geographic, geodetic, geophysical nature, and of course, the competence for the geographic delimitation of the boundaries and demarcation (amojonamiento) of the restricted zone. Furthermore, it considered that the decrees cited by the State do not contradict the IGN's competence for such work, also deeming insufficient the affirmation that the public zone had already been demarcated (amojonada). From the foregoing, it is clear that the ruling is not observed to have incurred the defect of incongruence. Although it orders the demarcation (amojonamiento) of the public zone with respect to the plaintiff's property, it does not do so as an excess of what was requested in the proceeding, by granting a subsidiary claim along with the principal ones, but rather in accordance with what is comprehensively provided by mandates 123 and 290.4 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). In effect, mandate 123 ibidem establishes the possibility of raising several claims in a complaint, provided there is a connection between them.

In the present case, it is not observed that the request for monumentation (amojonamiento) is exclusive of those granted by the Tribunal, but rather it is based on reasons of public interest, as a consequence of what the judges have deemed to constitute the powers and obligations normatively conferred upon the IGN and the State. In accordance with the foregoing, for this Chamber it is clear that the Tribunal effectively resolved the issues raised, without incurring the defect of incongruence; hence, the challenge must be dismissed.

State's Appeal on Substantive Grounds

IV.- In the sole grievance of this nature, it argues violation, due to lack of application, of precepts 61 and 62 of Decree 7841, Regulation to Law 6043; 1, 4, 18; 19, 20, and 21 of the Specifications Regulation for the Delimitation of the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone, Decree 36642; and 11 of Decree 33792, as well as improper application of articles 1, 2, 3, 4, 9, and 10 of Law 6043; 1, 3, and 10 of Law 59 of 1944. It considers it contrary to law to order the IGN to monument the boundary of the Restricted Zone. It explains that in the operative part of the first-instance judgment, it is affirmed that the delimitation of the MTZ corresponds to the State, through that Institute, for which reason it must proceed with the respective actions of demarcation and monumentation (amojonamiento) of the boundaries of the Zone where farm 6-044889-000 is located. It comments that, for this purpose, articles 3 and 10 of Law 59 of 1944, and 1, 2, 3, 4, 9, and 10 of Law 6043 are improperly applied, since none establishes the competence of that Institute to monument the Restricted Zone. The foregoing, it indicates, constitutes an error that the Ad quem judgment reproduces, by considering such competence included in those of the execution of the geographical chart and cadastral map under the responsibility of the IGN. It interprets that the power of demarcation and monumentation of the Public Zone is expressly established by the Regulation to Law 6043, Decree 7841, in articles 62 and 63, which state: "Article 62.- Concessions may not be granted in lots where the public zone is not demarcated. To this effect, each municipality shall demarcate the public zone along the coastline of its jurisdiction and especially in those areas of the maritime terrestrial zone where the construction of works or buildings is contemplated, having to contract the necessary studies for this purpose with the National Geographic Institute, which shall demarcate in accordance with the provisions of article 2 of this regulation, except in coastlines that present very dynamic coast-forming processes, in which the public zone shall be demarcated according to the delimitations set by the National Geographic Institute in accordance with the studies it carries out in each case. To cover the cost of the demarcation, the municipalities may charge the concessionaires whose lots border the public zone a fee per linear meter of frontage, which shall be calculated by dividing the cost of the demarcation by the number of linear meters it covers. Those who have an interest in contracting the demarcation of the public zone must request authorization from the respective municipality; once obtained, they may contract it with the aforementioned Institute and the cost shall be borne by the interested parties." "Article 63.- The National Geographic Institute must publish a notice in the Official Gazette for each portion of the maritime terrestrial zone in which it has demarcated the public zone. The General Directorate of Cadastre shall not register any plan that does not have the approval of the National Geographic Institute regarding the delimitation of the public zone." It points out that fixing the limit of the Public Zone determines not only the coastal strip for common use but also the beginning of the Restricted Zone strip and its extension of one hundred fifty meters in width set by Law 6043, article 10. It states that the challenged judgment ignores the full effects and scope of mandates 62 and 63 of Decree 7841, in relation to article 10 of Law 6043, and to that extent fails to apply them. It says that in the first grievance it set forth that the process accredited, through judicial inspection, a technical report from the IGN, and expert evidence, that in the coastal sector of interest, the Public Zone is duly demarcated and monumented. It adds that, therefore, the judgment violates, due to lack of application, the Specifications Regulation for the Delimitation of the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone, Decree 36642, articles 1, 2, 4, 18, 19, 20, and 21; and Decree 33797, article 11, which likewise establish the IGN's competence to demarcate the Public Zone, through the National Coordinate System, and allow all surveys, cartographic, and geodetic activities carried out in the national territory to be referenced, including those of owners and private individuals who undertake or contract cartographic or geodetic works, who must reference their surveys observing that demarcation. It comments that, based on the IGN survey markers (mojones) that demarcate the Public Zone in Manuel Antonio, the first-instance Judge determined that the property in dispute is, in its entirety, within the Restricted Zone (folio 1182). Therefore, it considers that the scope of that monumentation cannot be disregarded to additionally demand another, on an ex officio basis, disregarding the digitized information contained in the National Coordinate System, useful for identifying both the Public Zone and the Restricted Zone, of special interest to the administrative entity of the MTZ (Law 6043, articles 3, 13, 17, 34, and 35).

V.- For this decision-making body, the challenge is inadmissible. The appellant seeks to establish the violation of mandates 62 and 63 of Decree 7841, in relation to article 10 of Law 6043, as well as the Specifications Regulation for the Delimitation of the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone, Decree 36642, articles 1, 2, 4, 18, 19, 20, and 21, and article 11 of Decree 33797. However, the cited normative basis substantiates the IGN's competence to participate in the monumentation of the public zone at the site under examination. Indeed, the norms it accuses of being violated, although not cited by the Tribunal in its judgment, effectively establish the IGN's competence in the said matters. The foregoing is clearly extracted from the norms under analysis, which refer to the IGN's competence to monument, demarcate, and delimit the MTZ. As such, one cannot argue an error by the Tribunal in ordering the monumentation of the public zone of the MTZ by the IGN, alleging the breach of provisions that substantiate the competence of said body for this purpose, even less so when they refer to the fulfillment of a public obligation legislatively provided, namely, the monumentation of the public zone. Thus, even if the Tribunal had failed to mention the cited provisions when ordering the State to proceed with the monumentation under examination through the IGN, it does not incur the normative violation noted, since it is reiterated, said articles establish the IGN's competence for the tasks ordered to it in the judgment. Consequently, the challenge must be dismissed.

Appeal of Naciente Selva Cristal S.A. on Procedural Grounds

VI.- The appellant formulates three grievances regarding form, which this Chamber reorganizes in order to first address the challenge for incongruence. In the first disagreement (second of the appeal), it accuses a violation of the principle of congruence. It accuses as violated articles 24, first paragraph, of the LRJCA, and 99, 153, and 155 of the CPC. It outlines that, when filing the action, the plaintiff argued as the sole reason for seeking the nullity of the registration of the property title that the then-titleholder, Mr. Mario Golcher Avendaño, had not possessed the land for 30 years or more, basing his statement on what the witnesses argued in their deposition. It points out that, due to the foregoing, it claimed the Court should resolve within the limits of the formulated claims, according to the provisions of the first paragraph of article 24 of the LRJCA, or failing that, grant a hearing for the reasons it considered null in the possessory information proceeding, contained in the First Instance judgment, varying the cause of action, since those other matters were not submitted for adversarial debate in the present process, generating an incongruent ruling. It adds that the Tribunal endorsed this position in the judgment it challenges and rejected the appeal filed. It reveals that this renders the judgment void because it violates the principle of congruence, a situation it could not have endorsed, since according to precept 24 of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, and canons 99 and 155 of the CPC, the Tribunal was obligated to ensure that the judgment was issued within the limits established in the complaint. Furthermore, it indicates that the A quo ordered the cancellation of the registry entry for farm no. 044889-000, but now, and surprisingly, it anticipates and mentions as a certain fact the cancellation of Puntarenas farm no. 154679-000, without any type of prior notice for it to prepare its defense, which implies placing it in a state of defenselessness and legal uncertainty, because the cancellation of the registry entry for Puntarenas farm no. 154679-O00 was never a matter of discussion in either the first or second instance. In the second ground, it accuses a violation of the provisions of article 24 of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (hereinafter LRJCA), articles 106, 155, and 315 of the Code of Civil Procedure. It complains that, according to the complaint, what is resolved by the Second Administrative Contentious and Civil Treasury Court in a process processed by the late Mario Golcher Avendaño, which has the nature of non-contentious judicial activity, is challenged, for which reason the plaintiff should have included the Administrative Board of the National Registry as a defendant. It adds that, failing that, according to the articles cited as violated, the A quo should have made the pertinent preventive notice so that the plaintiff would expand the complaint against the Administrative Board of the National Registry, given that what is questioned is the nullity of registry inscriptions. However, it points out that this was not done nor did the Tribunal warn of it, being obligated to do so in accordance with article 155, subsection b). - of the CPC. In addition to the foregoing, it argues that, according to article 24 of the LRJCA, if the Tribunal noticed that the action submitted for judicial review was not properly appreciated by the A quo or by the parties, because there apparently existed other grounds capable of supporting the action or the defense, it should have ordered the remand, so that the First Instance Court, by means of an order, would grant the interested parties a period of eight days to formulate the allegations they deemed appropriate in defense of their rights and interests, with the suspension of the period for rendering the ruling. It stipulates that, although it should have been noticed by the Court and the plaintiff, it is also true that, according to canon 155 of the CPC, the defects or omissions presented by the process should have been detected by the Tribunal when resolving challenges. It believes that the transgression of the cited legal precepts led to the confirmation of a judgment that violates, in all its aspects, the Jurisprudence of this Chamber, insofar as the Administrative Board of the National Registry was not called to trial. It considers that, at this stage of the process, it is impossible to establish whether the Registry's actions are manifestations of the administrative function, independent of provisions from judicial bodies in possessory information processes, or merely acts that execute judgments of those judicial bodies, without their own decisional content, which is why it is correct to call the body with instrumental legal personality, as the directly responsible party for those inscriptions, namely the Administrative Board of the National Registry. However, it details that, since this is a procedural stage in which it is not possible to redirect the process against the Administrative Board of the National Registry and, in that sense, establish the incomplete necessary joinder of parties, being a precluded matter, it requests that the complaint be declared inadmissible, and furthermore, that the plaintiff be ordered to pay personal and procedural costs. The foregoing, it says, because the First Chamber, in resolution No. 636-F-2006, indicates that even in processes processed to conclusion under the provisions of the LRJCA, when it concerns the annulment of registry inscriptions that have the nature of non-contentious judicial activity, the bodies with instrumental legal personality must be called, together with the larger entity upon which they depend, in this case, the State. In the third reproach, it claims a lack of reasoning, in violation of canons 99 and 155 of the CPC. It considers there is a lack of analysis and incorrect resolution regarding the issue of the plaintiff's standing to bring the complaint. It says that, upon answering the action and throughout the process, the lack of standing of the plaintiff was raised and has been consistently argued. It refers that the plaintiff lacks standing to sue because he does not possess a legitimate or direct interest in the process. However, it interprets that this point was resolved by the A quo and confirmed by the Tribunal a priori and without any type of reasoning. It states that the jurisprudence of this Chamber is reiterated regarding the unavoidable duty of the Tribunals to resolve all matters submitted to their knowledge with due reasoning. In its opinion, it is not enough to enunciate a very general concept of standing, as the First Instance Court did and was later confirmed by the Tribunal, in the sense that the plaintiff, being a Costa Rican citizen, has standing to bring an action in defense of the MTZ. It believes that, according to article 10.1, subsection a) of the LRJCA, both the A quo and the appellate Tribunal should have conducted a rigorous analysis and reasoned their resolution on the plaintiff's standing, since according to the old Law that governed this matter when the action was filed, it was necessary to have standing to sue in a personal capacity and to seek the nullity of a property title. It indicates that, according to the highly personal nature of the right granted through the possessory information process, only its titleholder has standing to seek its nullity in this venue, especially since the restricted zone is the only portion of the MTZ that is included in the cadastral plan of his property, the public zone being excluded from said plan, which, according to mandate 35 of the Law on the MTZ, is reserved exclusively for the free transit of persons, a zone whose protection any individual may indeed request before the Courts. It interprets that this is not the case regarding the restricted zone, whose titleholder is the Municipality, since the municipal entity reserves for itself said area of the MTZ, in order to grant concessions to individuals who comply with the legal postulates. In its opinion, regarding active or passive "standing to sue" (legitimatio ad causam), persons who are legally and directly going to be positively or negatively affected in their rights by a final judgment have standing in the cause. Under this line of thought, it highlights that it is notorious that the judgment in no way benefits the plaintiff; in fact, it notes that in the event the challenged judgment becomes final, the portion of land in the restricted zone included in the plan of his property will simply revert to the patrimony of the Municipality, for which reason he could opt for a concession or for the status of dweller, without the plaintiff benefiting in any case. It sets forth a thesis regarding the scope of standing. From the foregoing, it continues, the First Instance Judge and the appealed Tribunal, ignoring the principle of legality, omitted to dismiss the complaint from its genesis, given the plaintiff's lack of standing, since that capacity to sue that arises from the subject's position regarding the procedural claim promoted is the necessary identity that must exist between the plaintiff and the right sought in trial, but which does not exist in the present process. It reiterates that the granting of a title over State property through the processing of a judicial possessory information process constitutes a fundamental right to property inherent to the human being of a highly personal nature, and it will only be its legally empowered titleholder who may claim it in trial; hence, it is not appropriate for third parties other than its titleholder to appear in trial to challenge the judicial resolution that granted the title, unless facing the presuppositions derived from articles 16 and 17 of the LIP. The foregoing, it explains, because actions aimed at the extinction or modification of the rights generated by the granting of a property title over land located in the restricted zone of the MTZ can only be exercised by its titleholder and are not transferable; hence, the plaintiff in this process lacks the standing that the legislation requires for this purpose. This, insofar as, it comments, although it is true that paragraph 10 of the LRJCA recognizes standing to sue (active standing to sue) for those who invoke the affectation of legitimate or direct interests, in the present case there is no legitimate interest or subjective right that has been harmed to the plaintiff that can be protected in a jurisdictional venue. It adds that, even though the existence of a personal interest of the plaintiff in the outcome of an upholding judgment that determines the overlap he alleges exists between his property and that of our client is evident, the truth is that this circumstance does not give him standing to file the present complaint before us, at least not in this venue. Additionally, it states that even in the event the plaintiff is victorious in this process, he would not concretely obtain the declaration or recognition of a legitimate interest or subjective right, which only the Municipal authorities can grant after an arduous concession process, where many will be the applicants. It argues that it can thus be concluded with remarkable clarity that the plaintiff holds no relationship with the object of the process, which is the declaration of nullity of the possessory information proceedings in a judicial venue, an act that could only be challenged by the titleholder of this right, namely the Municipality of Aguirre. In this sense, it disagrees with the plaintiff's standing based on a reflexive or indirect interest that could arise from obtaining an upholding judgment, or failing that, if the Tribunal deems it appropriate to endorse the First Instance Judge's position, it should have at least reasoned that decision clearly, not merely relying on the fact that the plaintiff, being a Costa Rican citizen, is empowered to sue, a circumstance which, from its standpoint, does not confer any standing upon him. It adds that the Tribunal failed to observe that the plaintiff, through the activation of the jurisdictional machinery of the Judiciary, intends to fraction a diffuse or collective right and make it his own in a personal capacity, a thesis that is not acceptable, since that right, although located in the MTZ, is located in the restricted zone, whose titleholder is the Municipality of Aguirre. It highlights that said Corporation, as the beneficiary of the results of a potential upholding judgment, was not the one who brought the action in this contentious venue; hence, the ruling that denies the objection of lack of standing must be annulled in all its aspects.

VII.- Regarding the first grievance regarding form, since it is a challenge for incongruence, it is appropriate to establish the framework of what was requested and its conformity with what was resolved. The plaintiff sought to declare: a) the possessory information promoted by Mario Golcher Avendaño through judicial case file no. 1641-71, before the Second Contentious Administrative and Civil Treasury Court, did not meet the substantive legal prerequisites to confer upon him title to the land described in the complaint (now his estate), -Puntarenas farm no. 44889-000-, for which reason the judgment rendered within said process is invalid and absolutely null; b) the registry inscription of the cited property is invalid and absolutely null; c) said land never lost its status as public domain property, despite the cited titling; d) therefore, the transfers of said farm subsequent to its original inscription in the Registry are illegal, invalid, ineffective, and absolutely null, including the conveyances from Mario Golcher Avendaño to the co-defendants; and from Llama del Bosque to Inversiones Picón, as well as those successive to any third party. Therefore, by means of a writ or enforceable judgment, the cancellation of all inscriptions generated by those transfers must be ordered; e) In the alternative, it requests to declare that the boundary rectification shown in cadastral plan no. P-502694-83, referring to farm no. 6-044889-000, as well as the judicial boundary rectification proceedings promoted by Inversiones Picón before the Civil Court of Puntarenas, are illegal and absolutely null, therefore, they are not binding upon him, but rather he has the right to request the formal boundary determination (deslinde), demarcation, and monumentation between both properties, according to their legal and true location. For this reason, the inscription of said plan in the National Cadastre and the reference made to it in farm 6-44889-000 must be ordered canceled; g) that the boundary that currently divides the plaintiff's property from the MTZ, or in the alternative, in the absence of the declaration, in whole or in part, of the indicated public domain status, farm no. 44889-000 does not correspond to the legal and true location it should legally, materially, and cadastrally have; h) that with the indicated measurement rectification, his land was diminished by 1500 m2, which must be restored to him once the survey markers (mojones) are placed in the enforcement of judgment; i) the dividing line between the plaintiff's land and the MTZ, or failing that, between the two registered lands to which this trial refers, must be definitively located in the ruling, and these must be monumented in the enforcement of judgment; j) the costs of removal and replacement of the survey markers and fences shall be borne by the co-defendants and Mr. Mario Golcher, -now his estate-; k) a term of two months be set for the co-defendants to proceed to place the survey markers and fences as resolved, and, failing that, the plaintiff may do so at the expense and cost of the reluctant co-defendants, at no cost to the State; l) both costs be imposed on the parties opposing the complaint. For its part, the Court (ruling confirmed in second instance except for the point of costs) granted the complaint and declared null the possessory information proceedings no. 1641-1971, processed by Mr. Golcher Avendaño. It ordered the cancellation in the Registry of Puntarenas farm no. 44889-000, as it forms part of the restricted zone of the MTZ, the delimitation of which corresponds to the State, through the IGN with respect to its boundary (deslinde) with the MTZ (as well as its material separations, such as the dividing fence). It ordered the State to monument and delimit the boundaries of the MTZ where farm 6-044889-000 is located. It imposed costs on Naciente Selva Cristal S.A. and the State. It determined a lack of standing and current interest regarding the co-defendants Llama del Bosque and the Estate of Mario Golcher Avendaño, against whom it dismissed the complaint, exempting them from the payment of costs, which it imposed on Naciente Selva Cristal S.A and the State. Now, the Tribunal explained, understanding the judgment as a unit of meaning, that it decreed the registry cancellation of the origin of farm 6-44889-000, extending the annulment effects, by connection and natural consequence, to all the movements noted in the registry entry. It commented that farm 6-154679-000, in the name of Naciente Selva Cristal S.A., comes, according to its registry antecedents and the judgment itself, from the same original, parent farm, registration number 6-0448889-000, which was registered in September 2007, with the inscription of the notation of the present ordinary complaint, citations 474-15066-01-0001-001. It added that the judgment not only declares the nullity of the possessory information proceedings no. 1641-1971, processed before the then Second Contentious Administrative Court, by Mr. Mario Golcher Avendaño, but also orders the cancellation of the inscription and registry entry of Puntarenas farm no. 044889-000. It states that, understanding the judgment as a unit of meaning, that declaration of nullity and order of registry cancellation has a relationship with Naciente Selva Cristal S.A., not only because the ordinary complaint filed by Rodolfo Muñoz is granted regarding these points, against said corporation, but also because that same property, currently registered under registration number 6-154679, in the name of Naciente Selva Cristal S.A., comes, according to its registry antecedents and information in the case file, from the same original farm, registration number 6-044889-000. Therefore, it opined that the appellant's derivation that the annulment and cancellation only relate to the current estate of Mr. Golcher Avendaño, and that said title was acquired by Naciente Selva Cristal S.A. as a third party in good faith, under the protection of the Registry, was dismissed as unfounded. In accordance with the foregoing, for this Chamber it is clear that the Tribunal has not incurred the defect of incongruence alleged. The nullity of the entry corresponding to Puntarenas farm no. 6-154679, in the name of Naciente Selva Cristal S.A., is a logical and legal consequence of the declared nullity of the entry for property registration number 6-044889-000, since the former, as the judges point out, derives from the latter. As such, the judges do not incur the defect alleged, hence it must be dismissed.

VIII.- Regarding the second and third procedural grounds, the challenges are inadmissible. The appellant claims the violation of the provisions of article 24 of the LRJCA, as well as articles 106, 155, and 315 of the CPC. Likewise, it considers that the Tribunal incurs a lack of reasoning concerning the plaintiff's standing to sue (legitimación ad causam). However, it is clear that the cited grievances do not conform to the exhaustive grounds established by mandate 594 of the CPC, which prevents this Chamber from delving into their consideration; hence, they must be rejected.

Appeal of Naciente Selva Cristal S.A. on Substantive Grounds

IX.- In its main appeal, the appellant formulates a single grievance on the merits. However, the fourth censure regarding form is included for its analysis, insofar as it actually corresponds to a challenge on substantive grounds, and five grievances formulated in a supplementary submission. In the first disagreement (fourth of the appeal), it claims an infringement of precepts 330, 369, 370, and 595 of the CPC, as well as article 1, subsection g) of the LIP, due to the disregard of the privileged value of the evidence brought into the case file (error of law). It argues that the plaintiff, when filing the process, offered the "non-contentious" judicial case file for possessory information, processed before the Second Contentious Administrative and Civil Treasury Court, no. 1641 of 1971, claiming solely in his complaint that the titleholder failed to demonstrate through his witnesses that he had possessed for 30 years or more, a fact endorsed by the Tribunal in the challenged judgment. However, it underscores that it disregards that the title through possessory information was not inscribed until the year 1982, as extracted from the case file provided by the plaintiff himself to prove his statement. It refers that the Tribunal confirmed the judgment, ignoring the privileged or superior value of that document, which according to articles 569 and 570 of the Code of Civil Procedure, constitutes a public document, and in that sense, if it is observed that by the date of inscription of the cited title -1982-, he had already possessed it for 32 years. It denotes that the title that originates the inscription of the property emanates directly from the judicial authority (Second Contentious and Civil Treasury Court). It argues that the Tribunal likewise disregarded that according to article 1, subsection g) of the LIP, the presentation of the public transfer document is not the only evidentiary means to demonstrate exercised possession, since when the titleholder has not had ten-year possession of the property, he may avail himself of the possession exercised by his transferors, for which purpose he must present a public document attesting to the transfer of his right, although not that of previous possessors. It says that the foregoing means that if the titleholder has 10 or more years of possessing the property, it is not necessary to present the public transfer document; however, this fact was disregarded by the judges. It considers that although it is true that the witnesses offered by the titleholder Golcher Avendaño did not state that he had possessed the cited land for 30 years or more, this was because the Judge was referred by mandate of law to the procedure provided by the LIP, which only requires possession for more than 10 years (article 1 of the LIP), and in that sense, the Judge did not go beyond the 10 years required by article 1 of said regulation, which does not diminish the possession he exercised for 32 years.

Similarly, it stipulates, the Court failed to observe that pursuant to Article 1(g) ibidem, the title applicant Golcher Avendaño was permitted to choose the evidentiary means of his election to demonstrate his possession, since that exercised exceeded 10 years, and the presentation of a public transfer document was not indispensable, as the appealed Court erroneously asserts. It assesses that this privileged evidence was overlooked by the Court, violating the essential content of Articles 569 and 570 of the CPC, as well as numeral 1(g) of the LIP, leading to the confirmation of the appealed judgment and the consequent annulment of the property title, all in a gross error of law by diminishing the value of the evidence provided by the plaintiff. In the second attack (fifth ground of the appeal), it reproaches an error of fact and of law in the assessment of the evidence. It states that the foregoing led to the incorrect annulment of the property title created from the possessory information (información posesoria) promoted by Mr. Mario Golcher Avendaño. It expresses that the lack of standing attributed to the Court’s ruling rests on two aspects. First, an error (of fact) regarding the content of the documents provided by Mr. Mario Golcher in the Possessory Information (Información Posesoria) proceeding No. 164 1-71, namely: a) Purchase-Sale Agreement of December 1, 1950, between Romeo Restani Seregatti, Francisco Barboza Carrillo and Jerónimo Barboza Mora; b) Purchase-Sale Agreement of October 1, 1952, between Francisco Barboza Castillo and José Céspedes Salazar; c) Purchase-Sale Agreement of April 17, 1955, between José Céspedes Salazar and Mario Golcher Avendaño (folios 258 to 261 of Volume I of the file). Second, an error (of law) regarding the legal value and significance of those agreements in light of the regulations applicable to the case (LIP). It mentions that the legal assessment that the Court makes of both pieces of evidence is mistaken, not only as to the validity and effectiveness of such private contracts, as documentary evidence within possessory information proceedings, but also as to the possibility of demonstrating continued possession over a property for titling purposes. It states that, procedurally speaking, they imply a defective reasoning of the judgment and constitute two grounds for cassation due to indirect violation, that is, due to error of fact and of law in the assessment of the evidence. It cites rulings of this Chamber in support of its thesis. It opines that there exists an error of fact in the materiality of the evidence, since the contracts mentioned, which supported the possessory information under review and the registry entry now annulled, are incorrectly assessed. It clarifies that both the Trial Court and the Court deduce from such evidence something it does not reflect, namely, that Mr. Mario did not meet the requirements of Transitory Provision III of Law 4558 regarding the continued possession of the property for more than 30 years. However, it warns, the materiality of the documentary evidence amply demonstrates said possession. In its view, the compliance with the requirement demanded by law is clearly derived from the documents provided. It affirms that, according to what the A quo states and the Court reiterates, Mr. Golcher Avendaño did not manage to demonstrate the chain of transfers—without interruption in the continuity of the property—until he came to acquire possession. It alleges that it is clear, in accordance with mandate 1 of the LIP No. 139, that the title applicant could take advantage of the possession exercised in good faith (buena fe) by the owners or possessors of the parcel intended to be titled. It points out that through a purchase-sale agreement of December 1, 1950, Mr. Romeo Restani Seregatti (owner) sold to Francisco Barboza Carrillo (buyer) a 30-hectare plot of land in Playa Manuel Antonio, bordering the Pacific Ocean with 300 meters of frontage and where, after indicating the presence of two witnesses, it is indicated that the possession sold corresponds to 17 years. It argues that the principal error of fact contained in the ruling of the Trial Court and also of the Court is that they deduce from the document something it does not say, that is, that Jerónimo Barboza Mora also bought possession of the land. Certainly, it asserts, the heading indicates “the undersigned” and mentions both Mr. Romeo and Mr. Francisco and Mr. Jerónimo, but in the body of the document it indicates: “That the first sells to the second, who accepts,” that is, that Romeo sells to Francisco. Thus, it asserts, Jerónimo did not issue any declaration of will in said contract and therefore did not buy or obtain any possession of the land in question. It considers that through a purchase-sale agreement of October 1, 1952, Francisco Barboza Castillo (sole possessor of the land) sells the property in question to José Céspedes Salazar (folio 259). Subsequently, it continues, on April 17, 1955, Mr. José Céspedes Salazar sells to Mario Golcher Avendaño the indicated unregistered parcel, making the chain of transfers clear, that is, that the right of possession passed from Romeo Restani Ceregatti to Francisco Barboza Carrillo, then to José Céspedes Salazar, who transfers it to Mario Golcher Avendaño. It emphasizes that in total 22 years of possession of the unregistered land are accumulated. It states that both the Trial Court and the Court have objected regarding that proceeding that Mr. Francisco Barboza Carrillo sells the property on October 1, 1952, to Mr. José Céspedes, which (the Court says) he did unilaterally, that is, without the concurrence of the co-possessor Mr. Jerónimo Barboza Mora. However, it expresses that it is proven that Jerónimo Barboza Mora did not buy the land, but rather only Mr. Francisco Barboza Carrillo did so, such that his signature was sufficient to sell it. It deems that for the Court the chain of transfers—without interruption in continuity—of possession of the property was broken, which is erroneous, it being clear that there exists an error of fact in the assessment of the documentary evidence referring to the successive purchase-sale agreements for the property, since Mr. Jerónimo Barboza Mora never bought the property, nor was he its owner, so his signature was not necessary to sell it. It stipulates that by committing this error of fact, the Court perceiving something that the documentary evidence does not say, substantive norms are violated. As for the error of law, it argues that the Court incurs such a fault in assessing the documentary evidence that accredits the possession that Mr. Mario Golcher Avendaño received from the previous possessors. It outlines that the error consists of introducing into Transitory Provision III of Law 4558 (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre) a requirement that the norm does not contain: the requirement that the final document through which possession is acquired be a public document. It expresses that said requirement is contemplated in Article 1 of the LIP, but is not expressly contemplated in said Transitory Provision III. It indicates that it is also notorious that the requirement of notification to the Municipality is not provided for by law; and yet, both the Trial Court and the Court assess it as a requisite for validity and therefore annul the title emanating from the possessory information. It mentions that if the law does not make it a requirement, it cannot be grounds for annulling the possessory information proceeding in question. It continues that, regarding the error of fact, as it refers to the materiality of the cited documentary evidence and not its legal-probative value, it does not cite any directly violated norm in this respect. It reaffirms that the document says one thing and the Court understands another, therein lies the error it invokes. It stresses that, on the point of error of law, the violation of the laws relating to the value of the probative documents accrediting the transfer of possession, it cites as violated Transitory Provision III of Law 4558 —Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre— (which was interpreted improperly), mandate 1 of the LIP (applied improperly to a case that does not correspond to its provisions). Touching on the requirement of notification to the Municipality of Aguirre (formerly Aguirre y Parrita), it complains that since it does not exist in any law nor is it cited by the Court, it is not possible to invoke it as violated; but likewise, the Court assumes it is a legal requirement, thereby violating both Transitory Provision III of Law 4558, and also mandate 1 of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias). It refers that the specific norm that regulated the possibility of titling lots or properties in the ZMT at the time the judicial titling proceeding of Mr. Mario Golcher Avendaño was filed was Transitory Provision III of Law 4558. It recounts that said provision literally indicated: “Transitory Provision III.—Those persons who prove to have possessed, in a quiet, public, peaceful manner and as owners, lots or properties in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre), for more than thirty years, may request a property title over them, save for the reservation referred to in Article 6 of this law, even if they had possessed such properties during part of that time as lessees, through contracts signed with the State or its Institutions. The procedure shall be that set forth by the current LIP. In this case, there shall be no limitation as to the size of the lot or property to be registered in the name of the interested party.” On this matter, it reproaches that the requirement established is to prove having possessed the land for more than 30 years. It maintains that a specific form of proof is not indicated, but only proving that possession, for which reason it understands that any evidence permitted by common law is admissible for that purpose. It comments that there was no special requirement then regarding the documents that could prove the transfer of possession of the land, since Transitory Provision III ibidem did not impose as a requirement that the documents must be public. It highlights that it is established that the procedure for titling is that indicated by the LIP, as a referral to the procedure (procedural aspect), but it does not require the same substantive requirements (substantive aspect) established by said Law. It expounds that, in fact, the requirements regarding possession are different in both laws. It highlights that it can be concluded then that the substantive requirements for registering the parcel under discussion in the year 1971 were those indicated by Transitory Provision III ibidem, whose procedure was set forth by ordinals 5 to 11 of the LIP, since those norms are what regulate the procedural part of that law. It specifies that the requirements established by Article 1 of the LIP were not applicable to the titling carried out by Mr. Mario Golcher, since for the specific case the substantive requirements were those set forth by Transitory Provision III of Law 4558. In this manner, it interprets that the documents to accredit the transfer of possession for the case under study did not need to be public, but could be private, and hence the error of law committed by the Trial Court and the Court. It observes that none of the norms applicable to the specific case mentions as a requirement for validity the notification to the Municipality of the place; thus, if the Court understands it as such, it violates the cited regulations, as it assigns content to them that those norms do not possess. In its judgment, sustaining the judgment on the basis that a public document was not presented for the last transfer, as required by the LIP in its numeral 1, without the Trial Court noticing this, constitutes another “absolute defect.” It expresses that, regarding substantive requirements, Transitory Provision III was a special and specific norm; it did not set forth any special evidentiary requirement to prove the 30 years of possession. It thus expounds that, since Transitory Provision III of Law 4558 did not establish that substantive requirement, it is correct to consider that the purchase-sale agreement for possession of an unregistered property is valid and effective to obtain titling of the land, just as was timely done. It reveals that, likewise, since the regulations do not require notification to the Municipality of the place, it must be understood that its absence is not grounds for nullity; and, consequently, the title obtained by Mr. Mario Golcher is entirely valid and effective in light of the law in force in 1971. Finally, it accuses a violation of norm 330 of the CPC, which establishes the mandate for adjudicators to take into account the totality of the evidence received and assess it according to the rules of sound critical judgment, but attending to the probative value that each piece of evidence has according to the CPC itself, and, of course, according to the value that other laws may assign to each evidentiary element. It points out that the Court erroneously assesses the evidence, denying it a value that it legally has. It explains that the violation in a negative sense of canon 1 of the LIP occurs insofar as said provision establishes requirements for the ordinary regime of Possessory Information, however, the one carried out by Mr. Mario Golcher Avendaño was a special proceeding based on a Transitory Provision that was in force for a short time and no longer is. It affirms that this concerns the titling of land in the ZMT, for which specific substantive requirements were set forth that are different from those contained in mandate 1 of the LIP. For this reason, it asserts that applying requirements of this numeral to a case not comprised within its provisions entails a violation of the norm due to improper application to a case where it should not have been applied. It asserts that only the procedural norms of the LIP should have been applied, not those regarding substantive requirements. Now then, it stipulates that Transitory Provision III of Law 4558 exactly regulated the case of the titling that Mr. Mario Golcher Avendaño processed, establishing that a possession exceeding 30 years had to be proved, but without previously qualifying or in any other way the type of proof that could be used to specifically prove that possession. It details that this Transitory Provision III is violated directly, since the Court assigns to it content that it does not have and extracts from the norm a requirement that the article does not establish. In effect, it assesses that the Court understands that, if in possessory information proceedings of the ZMT one intends to add the period of possession of previous possessors, the last transfer document must be a public document. But it accuses that, since the norm under discussion (Transitory Provision III) does not contain said requirement, both the Trial Court and the Court violate the content of the ordinal by understanding it in a manner different from that derived from its reading. Expansion of the Appeal: In the first expanded grievance, it asserts improper assessment of the evidence in violation of mandates 5, 153, 155, 318, 330, 369 and 370 of the CPC. It observes that when the plaintiff filed the contentious action in the year 1999, he presented as documentary evidence the cadastral survey of the land he owns and judicial file No. 1641-1971, from the possessory information proceeding, documents with which he intended to prove that he came in defense of ZMT lands, and, in that way, achieve recognition of his standing (legitimación) to bring suit. It points out that upon recognizing the plaintiff’s standing, the principles of assessment and appreciation of the evidence are violated, because he splits a right over land located in the ZMT and makes it his own to allege and sustain the standing granted. It alleges that the adjudicators disregard that according to precept 10 of the LRJCA, the plaintiff could not sue for a declaration of illegality, and, as applicable, the annulment of acts and provisions of the authorities, because he lacked the legitimate and direct interest to request the annulment of the title registered in the name of Mr. Mario Golcher Avendaño and the subsequent owners. It adds that, moreover, the plaintiff did not challenge the resolution that granted the registered title in favor of Mr. Golcher, but rather the possessory information proceedings, which, in its view, do not grant any right. Nor, it says, was the plaintiff the holder of a subjective right derived from the legal system that is considered violated by the act or provision challenged. In its opinion, if the documentary evidence cited above had been assessed according to the rules of rational sound critical judgment set forth in Article 330 of the CPC, the adjudicators would have concluded that the land titled by Mr. Golcher Avendaño in the Restricted Zone could not be divided to grant the plaintiff a right and consequently endow him with standing to come to that venue to sue. It refers to a thesis regarding the scope of standing in the cause of action. It says that the LRJCA applicable to the specific case regulates matters referring to standing in its precepts 10, 11, 12, 13 and 14. It accuses that the first of these establishes what pertains to active standing, and provides for different hypotheses, for which a legitimate interest or a subjective right is required. This interest, it points out, must meet certain characteristics to be protectable in administrative and jurisdictional venues. It argues, first, that the annulment of the act must suppose a benefit for the plaintiff, which consists of the elimination of an act harmful to him or, at least, be of utility or benefit to him. Secondly, it argues, the impact of the nullity must be direct and immediate on the legal situation of the challenger; therefore, the material interest must be directly transformed by the annulment of the challenged act. Thirdly, it asserts, the interest must be personal; thus, a mediate or immediate impact of the administrative act on his legal sphere is necessary. Thus, it affirms that the so-called simple interest is not protectable, namely, that relating to respect for legality in the administration’s activity, which may correspond to all citizens or to particular groups, without being specified in a determined subject (diffuse interest). Fourthly, it considers, the interest must be current and certain; therefore, it must exist at the time the claim is filed, that is, because harm or impairment has been produced, and must be maintained throughout the process until the issuing of the final judgment with the character of material res judicata. It continues, assessing the postulates stated with respect to the plaintiff, the resolution that granted the registered title in favor of Mr. Mario Golcher Avendaño in no way harms the plaintiff, since he did not hold and does not hold any right over the portion of land located in the restricted zone of the ZMT, that is, he was not a concessionaire or titleholder of the portion of land not included within the ZMT of private domain. In fact, it highlights that on the date the land that is the subject of this proceeding was titled, the plaintiff was not even a resident of Quepos. Thus, it emphasizes, the current and certain interest was nonexistent at the time the claim was filed. Contrary to this, it states that said lot belonged to the Municipality of Quepos; however, the Regulatory Plan (Plan Regulador) for the coastal sector of Playa Espadilla of Manuel Antonio where the land that is the subject of this proceeding is located did not enter into force until the year 2001, hence the plaintiff could not even aspire to be a concessionaire thereof, because until the implementation of a Regulatory Plan for a coastal sector of the ZMT occurs, one cannot speak of concessions, according to the pronouncements of the Comptroller’s Office (Controlaría) and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República, hereinafter PGR). That, it argues, is because the public zone of the ordinary high-water mark nor the restricted zone have been demarcated, and therefore the plaintiff suffered no impairment or harm in the sphere of his rights. Furthermore, since said strip of coastal land is part of the restricted zone of the ZMT of Quepos, the plaintiff does not maintain the interest as an essential prerequisite to consider him a party with standing in this proceeding. It states that when it filed the cassation appeal, it alleged that the plaintiff’s claim aims to recover the part of land he considers his by reason of an overlap he alleges, over which a judgment with authority of material res judicata already exists; but he is not a party with standing or with a direct interest in this proceeding, nor a holder of any subjective right. The foregoing, it expresses, was overlooked by the Trial Court and Court, in breach of mandates 153 and 155 of the CPC, which rendered the ruling it attacks irregular, since it does not meet the correct structure that judgments must contain. It specifies that the lack of standing was declarable even sua sponte, as it is a substantial prerequisite, unless the proceeding had been conducted for the overlap problem for which the plaintiff brought suit subsidiarily, in relation to which his action was denied, because the contentious venue is not the path to discuss highly personal claims such as the cited overlap. In the second ground, it outlines that it expands the accusation referring to the violation of mandate 34 of the Political Constitution, regarding the prohibition of applying laws retroactively, in violation of Law 4847 of October 14, 1971, Transitory Provision V of Law 6043 and its Regulations, as well as the vote of the Full Court issued in extraordinary session No. 52 held on November 2, 1972, published in Judicial Bulletin No. 215 of November 3, 1972, by which and unanimously, Transitory Provision III ibidem was declared contrary to Article 34 of the Political Constitution for making its effects retroactive to the 8th of the immediately preceding month of September. It explains that the A quo annulled the title to the land under discussion without verifying whether Transitory Provision III of Law 4558 was in force and producing legal effects, a decision that was endorsed by the Court upon confirming the judgment. It expresses that to prove the retroactive application of Transitory Provision III of Law 4558 incurred by both the Trial Court and the Court, it proceeds to recount the chronological aspects involved in the possessory information proceedings promoted. It indicates that Mr. Mario Golcher filed the possessory information proceedings on October 4, 1971, pursuant to numeral 5 of the LIP, it was notified to ITCO and to the PGR so they could exercise their defense, to which the PGR opposed based on the fact that the then-title applicant had filed his possessory information claim on October 4, 1971, a date on which Transitory Provision III of Law 4558 had already been repealed by Law 4847 of October 14, 1971. It adds that in said law it was provided that only possessory information proceedings filed with the courts by September 8, 1971, could continue their processing until their conclusion. It insists that due to said opposition the Trial Court suspended the proceeding to the clear detriment of the title applicant. However, it reports that, given that the Full Court, acting as Constitutional Court, had unanimously declared that Transitory Provision III of Law 4558 was contrary to Article 34 of the Political Constitution, the title applicant Mario Golcher Avendaño requested the resumption of the possessory information proceedings, which the Trial Court ordered in December of 1978, achieving the registration of the title in favor of Golcher Avendaño in the year 1982. It states that the titling proceeding alluded to was thus processed under the guidelines, terms and conditions of the LIP, as ordered by its canon 8, to continue its processing pursuant to the law once the obstacle was overcome seven years later, without there existing any defect capable of causing nullity. It mentions that the error incurred by the contentious judges was applying to the present matter the provisions of a transitory provision that had been repealed 7 years before the titling process was resumed, when what was correct in proper procedural technique was to recognize the right that Transitory Provision III of Law 4558 granted to the title applicant to initiate the titling procedure, but not the application of the other provisions contained in said transitory provision due to its repeal. That, it says, given the impossibility of prolonging the effectiveness of an abolished law, as the Constitutional Chamber has provided. It describes that the Court’s error allowed its property title to be annulled with the consequent damages caused, since from the year 1999 when this proceeding began, it has not been able to freely dispose of the cited property. It continues that the Court’s action flagrantly violates mandate 34 of the Constitution due to the indiscriminate application of an obsolete transitory provision, thus retroactively applying laws whose efficacy and effects had ceased to exist. It reaffirms that the plaintiff used in bad faith the provisions of Transitory Provision III of Law 4558 to induce the adjudicators into error and thereby sustain a judicial action clearly fraudulent. But he did not use, for the benefit of his represented party, the existence of a later law that invalidated the effects of the cited Transitory Provision III, breaching the principle of procedural loyalty and incurring acts of procedural fraud, because they deliberately achieved the handling of a proceeding based on a repealed and inapplicable regulation. In the third expanded censure, it claims indirect violation of law, for which it accuses a breach of precept 154 of the Political Constitution, numerals 2 and 8(1) of the Organic Law of the Judicial Branch, mandates 1 and 6 of the LIP Number 139 of July 14, 1941, Transitory Provision III of Law Number 4558, of cardinal 5 of the CPC, and of what is set forth in canon 856 of the Civil Code. It accuses that on the date the testimonies of the witnesses proposed by the title applicant to prove possession were received (March 13 and April 10, 1979), Transitory Provision III of that law had already been repealed for 8 years by Law 4847 of October 14, 1971. It refers that as of that date the LIP was the only existing regulation to which the Adjudicator could turn once the titling process was resumed, to avoid the retroactive application of laws. It relates that the Second Administrative Contentious Court of the Second Judicial Circuit of San José gave course and then suspended the processing of said proceeding in light of the PGR’s opposition, ordering its reactivation once the PGR’s opposition was overcome. It cites doctrine on repeal in support of its thesis. It reproaches that Transitory Provision III was repealed by Law 4847; therefore, since there exists an express norm of equal rank that concords regarding the content of Transitory Provision III, the effect of validity is exercised by the later norm, which displaces the prior law that it partially or totally contradicts, that is, the 30-year period set by Transitory Provision III was displaced by the 10-year period set forth by the LIP, by contradicting it on that point. It cites the testimonies rendered in the possessory information proceeding. It adds that, knowing that Transitory Provision III of Law 4558 and its effects had been displaced, not by a later law but by a current norm, of equal rank and with express content regarding the procedure for titling land lacking a title, the adjudicator correctly applied the provisions established in the LIP. It highlights that once Transitory Provision III was repealed, the judicial offices that had such proceedings in progress had to supply the absence of the repealed law with respect to the possession period that title applicants had to prove, such that when the 30-year period set forth in a law already displaced collided with the 10-year period established in a law that enjoyed full force, the Trial Court obviously had to apply the provisions of the “Displacing Law.” It maintains that pursuant to precept 8 of the Organic Law of the Judicial Branch, the LIP was applicable to the case under study because it was in force at present and in accordance with the effects of the principle of repeal of laws. It underscores that, considering that Judges as members of the Judicial Branch are only subject to the Constitution and to the law, as provided by Articles 2 and 154 of the Organic Law of the Judicial Branch and of the Political Constitution, respectively, they had to exercise their ministry of administering justice at first instance in accordance with the Constitution and the Law, that is, to avoid the retroactive application of the law and to administer the existing norms in full force. In the fourth objection, it accuses a violation of what is set forth in ordinals 11, 24, and 47 of the LRJCA, as well as precepts 106, 155, 194, 197, 198, and 315 of the CPC. It expands the accusation referring to the improper integration of the litis. It expounds that, upon detecting that the plaintiff maliciously omitted to sue the true successor-in-interest of the good in question, the A quo should have ordered the plaintiff to integrate the litis against the Municipality of Quepos. It specifies that the Court incurred an equal error by omitting in its ruling to comply with the structure of judgments, failing to correct the procedural omissions of the case. In its opinion, although the A quo ordered notification to the then Municipality of Aguirre, according to the mentioned precepts, all parties that the judgment could affect should have been brought into the process; furthermore, the referred Corporation was also not notified of the claim, as it is evident in the file that said Municipality is not the author of the act or provision referred to in the proceeding under review. It argues that neither is this one of the cases under canon 11(1) and (2) of that body of law, nor in the presence of a lesividad proceeding such that notification should have been conducted in another manner. It opines that this omission grossly harms the content of precepts 47 of the LRJCA and mandates 106, 173 and 315 of the CPC, as well as numerals 2, 19, and 20 of the Law of Notifications (Ley de Notificaciones). It outlines that the Municipality of Quepos should have been considered as a defendant, as the holder of the lands located in the ZMT, and should have been ordered to be integrated into the litis.

The foregoing, it accuses, compels setting aside the judgment, insofar as the decision could prejudice the interests of the aforementioned Corporation; however, it comments, being at a stage in which it is no longer possible to redirect the proceeding against the cited Municipality, as it is a stage already precluded, it requests that the inadmissibility of the complaint be declared. In the fifth ground, it refers to indirect violation of the law due to error of fact and of law in the assessment of the evidence, in breach of precepts 317, 318, 330, 379, and 399, of the CPC. It argues that the judges started from an erroneous premise in ordering the nullity of the possessory information proceeding (proceso de información posesoria) and the consequent nullity of the title of property, but not the nullity of the resolution that granted the registered title, based on the fact that the chain of transfers was broken. That, it says, because, for the judges, the transfer to José Cespedes Salazar occurred without the concurrence of Jerónimo Barboza Mora, and because the contracts were private documents. In addition, it adds, because for the judges, the deponents offered only accredited 20 years of possession and not the 30 of Transitorio III (Transitory Provision III) ibidem. It explains, from the grammatical meaning of the wording of mandate 1 subsection g) and of numeral 4 of the LIP it is extracted that there are two ways of demonstrating the possession that the title applicant has exercised over the property to be titled: the first, when the title applicant has not exercised the ten-year possession, he may avail himself of that of the previous transferors, in which case it is necessary that the title applicant present the respective public transfer document. However, it adds, this premise is not present, because at the time the title applicant initiated the proceedings, his possession already exceeded 10 years; therefore, it was not necessary to provide a public transfer document. On the other hand, it maintains, from the literal wording of article 4 of the LIP, interpreted in the opposite sense, it is concluded that if the title applicant is not in possession of any public document with which to demonstrate that he has been in possession of the land to be titled for more than ten years, he must demonstrate said possession through witnesses. It expresses that, according to the witnesses offered, it was demonstrated that Mr. Golcher had possessed the land for a period of 20 years at the time of the questioning. It says that this resulted from the fact that the Judge did not examine the witnesses for a longer period, given that it was a proceeding processed under the terms and conditions of the LIP, due to the displacement to which Transitorio III was subjected given its repeal. From that perspective, it assesses, neither the evidence nor the regulations applicable to the titling process (proceso de titulación) were assessed as a whole by the judges.

X.- For this decision-making body, both the first ground of the main appeal, and the fourth and fifth of the amplification, are informal. All three grievances are of a substantive nature, since they seek to establish non-observance of the privileged value of the evidence brought to the record, in one case corresponding to the ground for cassation for error of law provided by cardinal 595 subsection 3) of the CPC, in the second for violation of ordinals 11, 24, and 47 of the LRJCA, and 106, 155, 194, 197, 198, and 315 of the CPC, regarding what it considers the duty to notify the Municipal Corporation, and in the last for error of fact and law in the assessment of the evidence. Related to the foregoing and insofar as it concerns the case, this Chamber has indicated that, under the cited canons of the Civil Procedure Code (Código de rito civil), violation of the law may occur, indirectly, through errors of fact or law in the assessment of the evidence. In both cases, the poorly assessed evidence must be specified, as well as the substantive norms that would have been infringed by that conduct. In the latter of the errors, in addition, the provisions pertaining to the value of the evidentiary element whose erroneous weighing is claimed must be invoked. In the specific case, although it is claimed that the judges did not adequately assess evidence provided to the proceeding by the plaintiff, and also that the Municipality of Quepos was omitted from being notified and brought into the proceeding in the proper manner, it is observed, following the criterion stated on repeated occasions by this collegiate body, that the grievance thus formulated departs from the correct cassation technique, since it fails to mention the substantive norm that is deemed violated. This in accordance with subsection 3) of numeral 595 of the CPC, according to which it is indispensable to indicate the laws that, as to the merits, are infringed as a consequence of the claimed errors of assessment. Such disregard compels that the cited grievances be rejected outright.

XI.- As for the second of the criticisms, the Court indicated that the judgment of the Judge A Quo is sufficiently explicit, in its Considerando IX, on the merits of the matter, regarding the absolute defects that are not convalidatable nor opposable to third parties, contained in the possessory information record (expediente de la información posesoria), which led him to declare the nullity of the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) No. 1641-1971, processed before the then Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo by Mr. Mario Golcher Avendaño. Consequently, it revealed, as to ordering the cancellation of the registration and the registry entry – original – of the parent property (finca madre) – registration number 6-044889-000–, because, as the A quo deemed, it did not comply with all the requirements established by the law at that time. Among them, it assessed, with what Transitorio III of Law 4558 provided, meaning that for possessors to obtain titling (titulación) of a property located within the restricted zone of the ZMT, they needed to demonstrate more than 30 years of possessing the property continuously, quietly, publicly, and peacefully. It stipulated that the A quo does not ignore that the proceedings were filed on October 1, 1971, a few days before that transitory provision expired. It added that Mr. Golcher Avendaño did not manage to demonstrate, through the witnesses Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Abertazzi, and Oscar Ortiz Sequeira, the normative factual assumption of the cited Transitory Provision. It opined, except for his assertion, the appellant does not cite the testimonial evidentiary elements and respective folios of the cited record, nor their respective transcription, to prove it. It recounted that Mr. Golcher Avendaño also did not manage to demonstrate, through the sale and purchase documents, the requirement of Transitorio III of Law 4558, because, on December 1, 1950, Mr. Romeo Restani Ceragatti transferred the possession to Mr. Francisco Barboza Carrillo and Mr. Jerónimo Barboza Mora. It detailed that, as of that date, according to that private document, Mr. Restani Ceragatti had 17 years of possession (folio 258 of record No. 1641-1971). Subsequently, it added, on October 1, 1952, Mr. Francisco Barboza Carrillo sold the property to Mr. José Céspedes Salazar, which he did unilaterally, that is, without the concurrence of the co-owner of the possession, Mr. Jerónimo Barboza Mora (folio 259 of said record). Lastly, it stipulated, Mr. Céspedes Salazar sold the property to Mario Golcher Avendaño on April 17, 1955 (folio 260 of the Possessory Information record). In that way, it considered, except for his assertion, the appellant does not prove the chain of transfers – without interruption (sin solución de continuidad) – of the property, nor that all the agreements had the relevant legality requirements for said process. It outlined, according to numeral 1 of LIP No. 139, in relation to 863 of the Civil Code, the title applicant could avail himself of the possession exercised in good faith by the owners or possessors of the property intended to be titled. From that perspective, Mr. Golcher presented the transfer document of his right, and of the previous transfers; however, from the foregoing it cannot be derived that Mr. Golcher could avail himself of all the years of possession stated in those transfers, particularly the 17 years that, as of December 1, 1950, Mr. Romeo Restani Ceragatti had – according to the private document –, this by virtue of the fact that they were transferred to Mr. Francisco Barboza Carrillo and Mr. Jerónimo Barboza Mora, without being in turn alienated by both, to Mr. José Céspedes Salazar. This, because, it explained, Mr. Francisco Barboza Carrillo did so unilaterally, that is, without the concurrence of the co-owner, Mr. Jerónimo Barboza Mora. With the foregoing, it pointed out, the chain of transfers – without interruption – of the possession of the property was broken. It detailed that thus the 17 years of possession of Mr. Restani Ceragatti cannot be added to the 5 years in which the property was possessed by the subsequent owners (from 1950 to 1952 by Mr. Barboza and from 1952 to 1955 by Mr. José Céspedes). Although those 5 years can be added to the 16 years of possession that Mr. Golcher had from 1955 when he acquired the property to 1971 when he initiated the possessory information proceeding, the sum of both periods only yields 21 years of possession, failing to meet the time determined by law, which was more than 30 years. It stated that the invalidity and consequent nullity of the possessory information proceedings, declared by the A Quo, is based, among other reasons, on the fact that the chain and continuity of the transfers were broken, because Mr. Jerónimo Barboza Mora was not present in the transfer of the property to Mr. Céspedes Salazar. The foregoing, it deemed, is sufficient reason for the chain of transfers to be broken. It considered insufficient that at that time there was no “title of property” (título de la propiedad) and therefore, that legally the transfer was considered properly made, because it was not about “titles of property,” but about documents or titles of transfer of possession of real property. Consequently, it opined, such contracts require by their nature, for their validity and effectiveness, as well as by the parallelism of forms, their proper documentation, in order to accredit them. It added, even for their effectiveness, from the fiscal point of view, given that they are – by their nature – documented legal acts. In sum, it interpreted, because it is not a pure and simple fact, but a convention. It deemed evident that the private document of October 1, 1952, attests between Mr. Francisco Barboza Carrillo and Mr. José Céspedes Salazar, as to the declarations contained therein, limited, in that document, to the transfer that the former made, unilaterally, to the latter, without the concurrence of the co-owner of the possession, Mr. Jerónimo Barboza Mora. For that reason, it rejected the allegation that there was no opposition on the part of Jerónimo Barboza Mora to that sale, nor to the Possessory Information proceeding. It argued that in the specific case the adage that silence “is presumed to consent” is inapplicable. It determined that mandate 5 of the cited law No. 139 provides indeed that the Procuraduría General de la República and the Instituto de Tierras y Colonización should be considered as parties, who in the case under study were notified and appeared in the proceeding. However, it affirmed that this does not prevent ordering, as was indeed done, the notification of the Municipality in the person of its Municipal Executive as a possible interested party, which was not carried out. In that manner, it warned – as the A Quo indicated – the Municipal Corporation was prevented from making an assessment of that matter, and an effective defense of the local interests of said zone, which from its perspective is another absolute defect. It assured that the procedure of the possessory information proceeding record was suspended by the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda in view of the opposition statements of the Procurador Agrario (folios 289 and 295 of the cited record). Likewise, it asserted that it was continued in October 1978 after statements by Mr. Golcher to the effect that the legal obstacle alleged by the Procurador Agrario had been overcome (folio 299). However, it commented, this does not prevent, as the A Quo indicated, that it was initially suspended in accordance with the opposition of the representative so that the ordinary lawsuit would be filed (articles 5 and 8 of Law No. 139 and 12 of Law No. 4545). It considered in accordance with law to order the archiving of the record and to consider that non-contentious avenue as exhausted, so that the managing party would go to dispute its right to title the property in an ordinary lawsuit, which did not happen, which is another absolute defect. Furthermore, it argued, as expressed by the A Quo, which the appellant omits, upon analyzing the three said documents it was determined that the last of them from 1955, where the transfer of the right already directly (transferred by José Céspedes) is recorded, was not presented in a public document, as required by the LIP in its article 1 – an argument that was presented by the plaintiff of the present proceeding –, which was also not evidenced at the time by the indicated Court, which approved the titling without this legal requirement being met, also constituting an absolute defect. On the basis of all the foregoing, it dismissed that the Possessory Information in question was processed and resolved in accordance with the laws in force at the time; consequently, it was appropriate to declare the nullity of the possessory information proceedings in question.

XII.- For this Chamber it is undeniable that Transitorio III of Law 4558, Tourism Urbanization Law of the Maritime Terrestrial Zone (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítima Terrestre), of April 22, 1970, published in La Gaceta 104 of May 12, 1970, momentarily opened the possibility for possessors of areas located in the restricted zone of the ZMT to obtain titling of their parcels. To that end they had to demonstrate more than 30 years of possession in a continuous, quiet, public, and peaceful manner and as owners, the foregoing through the procedure provided by the LIP. With that purpose, Mr. Golcher Avendaño initiated a possessory information proceeding (proceso de información posesoria) in 1971, offering within the proceeding as part of his evidence the testimony of Benjamín Rosales Rosales, Moisés Fallas Albertazzi, and Oscar Ortiz Sequeira, who indicated (in 1979) that Mr. Golcher exceeded 10 years of possession in one case, and 20 years in the case of the witness Rosales Rosales, that is, which allows dating the start of his possession in 1959 (see folios 284 and 287 of the record). Although Mr. Golcher Avendaño provided as documentary evidence the purchase contracts of possession that in his judgment accredited more than 30 years of exercise of possession over the property to be titled, he did not manage to demonstrate the more than three decades required, given that, in the contract visible at folio 258 of the record, dated December 1, 1950, Mr. Romeo Restani Ceragatti transferred his possession (corresponding to 17 years) to Mr. Francisco Barboza Carrillo and Mr. Jerónimo Barboza Mora. Such is the correct interpretation of what was acted upon in said contract, given that, although literally it indicates that the former sold to the latter, in reality it is clear that two persons appeared as buyers, namely, Mr. Barboza Carrillo and Mr. Barboza Mora, who effectively signed the contract, hence it is evident that the sale was made in favor of both and not only of Mr. Barboza Carrillo. Subsequently, on October 1, 1952, Mr. Francisco Barboza Carrillo sold said possession to Mr. José Céspedes Salazar, but without the concurrence of the co-owner of the possession, Mr. Jerónimo Barboza Mora (folio 259). Finally, Mr. Céspedes Salazar sold his possession to Mr. Mario Golcher Avendaño on April 17, 1955 (folio 260), which said gentleman maintained according to the testimony provided, until the possessory information proceeding filed in 1971. However, given that the sale from Mr. Barboza Carrillo to Mr. José Céspedes did not have the signature of the co-owner, Mr. Jerónimo Barboza Mora, it is not possible to contradict the position outlined by the Court, to the effect that said sequence of transfers of possessory rights was made without interruption (sin solución de continuidad), given that one of the transfers did not have the two signatures of its holders. From that perspective it is irrelevant whether Mr. Golcher presented the last of the transfers as a public document, or whether the local Corporation was notified or not, the foregoing because, upon filing the possessory information proceeding on October 1, 1971, he only proved to have documentarily an uninterrupted possession of 16 years, failing to meet the time period determined by Law 4558, according to which, for that purpose he had to exceed 30 years of continuous possession. It is further deemed that the interpretation made by the Court regarding the lack of continuity is in accordance with the principle of “in dubio pro natura” (numerals 50 of the Political Constitution, and 11 of the Biodiversity Law), since taking into account that in the present case it involves discerning whether an individual met the “otherwise exceptional” requirements of law in order to title a property located in the restricted zone of the ZMT, any interpretation of compliance or non-compliance with such requirements must be carried out restrictively, for the protection of the environment and, of course, of the public domain (demanio público), in case of doubt. In that way, the interpretation against the title applicant regarding the cited contract fully conforms to the pro-natura principle; therefore, the invalidity and consequent nullity of the possessory information proceedings, declared by the A Quo and ratified by the Court, is in accordance with law, without it being observed that the judges incurred the breaches pointed out by the appellant. Due to the foregoing, the grievance is inadmissible.

XIII.- Regarding the first amplified ground, the grievance is improper. The appellant claims violation of what is provided in mandates 5, 153, 155, 318, 330, 369, and 370 of the CPC. Likewise it deems that the Court errs in assessing the standing to sue (legitimación ad causam) of the plaintiff. However, it is clear that the referenced ground falls outside the exhaustive grounds established by mandate 595 of the CPC, which prevents this Chamber from delving into its examination, hence it must be rejected.

XIV.- Regarding the second and third grounds formulated in the amplification, it is clear to this Chamber that they are novel arguments, not argued previously. Although the appellant argues on one hand the violation of mandate 34 of the Political Constitution, regarding the prohibition against applying laws retroactively, in infringement of Law 4847 of October 14, 1971, Transitorio V of Law 6043 and its Regulation (Reglamento), as well as the vote of the Corte Plena issued in extraordinary session No. 52 held on November 2, 1972, published in Boletín Judicial No. 215 of November 3, 1972; and on the other, the breach of precept 154 of the Political Constitution, of numerals 2 and 8 subsection 1 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), 1 and 6 of the LIP, of Transitorio III of Law Number 4558, of cardinal 5 of the CPC, and of what is provided in canon 856 of the Civil Code, said allegations had not been previously set forth. Indeed, the claims for non-retroactivity of the law, or application due to repeal of the displaced norm are absolutely innovative at this stage. The foregoing injures what is provided by mandate 608 of the CPC, a circumstance that compels their rejection, since matters that have not been timely proposed and debated by the litigants cannot be the subject of the extraordinary appeal.

XV.- Based on the foregoing, rejection of the appeals filed is mandatory, with costs to be borne by each of the parties that filed them (numeral 611 of the Civil Procedure Code).

POR TANTO

The appeals are declared without merit. Costs are to be borne by each of the parties that filed them.

 

Luis Guillermo Rivas Loáiciga

 






 

Rocío Rojas Morales

 

	


 

                   Damaris Vargas Vásquez





 

 

Jorge Alberto López González

   


 

	


 

 

                   Jéssica Jiménez Ramírez

 

 

 

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

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