Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el caso que nos ocupa, la casacionista se limitó a señalar disconformidades en cuanto a la declaratoria sin lugar de la demanda, manifestando no estar de acuerdo con lo resuelto por Sala Constitucional mediante voto número 16314-2017 del 13 de octubre de 2017, quien resolvió un recurso de amparo interpuesto por los accionantes. Además, se restringió a rebatir las actuaciones administrativas producidas por quienes llamó en su recurso de casación como autoridades de salud. Es decir, de la lectura del recurso de casación, esta Sala no logra desprender algún motivo casacional al cual haga referencia la casacionista, como tampoco logra interpretar las causas de su inconformidad, las que a todas luces son imprecisas. (...) Esta misma Sala ha reiterado en cuanto a la naturaleza del recurso de casación, lo siguiente: “no resulta suficiente para la procedencia del recurso, la manifestación de disconformidades generales y meramente argumentativas, sino que es indispensable a los efectos, mostrar el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar” (voto 1042-2013 de las 08 horas con 50 minutos del 14 de agosto de 2013, entre otros). Es claro para esta Sala, la recurrente no ataca los razonamientos jurídicos utilizados por los juzgadores para el rechazo de la demanda, sino que se limitó a rebatir la sentencia Constitucional, así como las actuaciones administrativas, sin abonar ningún elemento que permitiera confrontar las conclusiones de la sentencia impugnada.
English (translation)In the case at hand, the cassation appellant limited herself to pointing out disagreements regarding the dismissal of the claim, expressing disagreement with the decision of the Constitutional Chamber through vote number 16314-2017 of October 13, 2017, which resolved an amparo appeal filed by the plaintiffs. Furthermore, she restricted herself to rebutting the administrative actions carried out by those she referred to in her cassation appeal as health authorities. In other words, from a reading of the cassation appeal, this Chamber cannot discern any cassation ground referred to by the appellant, nor can it interpret the reasons for her disagreement, which are clearly imprecise. (...) This Chamber has reiterated with respect to the nature of the cassation appeal that: “it is not sufficient for the admissibility of the appeal to manifest general and merely argumentative disagreements; rather, it is essential for such purposes to demonstrate the contrast between the decision and the infraction that, in the appellant's opinion, took place” (vote 1042-2013 of 8:50 a.m. on August 14, 2013, among others). It is clear to this Chamber that the appellant does not attack the legal reasoning used by the judges to dismiss the claim, but merely rebutted the Constitutional Chamber's judgment and the administrative actions, without providing any element that would allow the conclusions of the challenged judgment to be confronted.
Flatly rejected
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00138 - 2022 Fecha de la Resolución: 26 de Enero del 2022 a las 12:54 Expediente: 17-010426-1027-CA Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 17-010426-1027-CA Res. 000138-A-S1-2022 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cincuenta y cuatro minutos del veintiseis de enero de dos mil veintidos . Dentro del proceso de conocimiento tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, establecido por ANTONIA DE JESÚS PÉREZ SEVILLA, ELENA MELISSA SÁNCHEZ VALERIN, YULIANA GABRIELA PICHARDO CHACÓN, DIANA CAROLINA MORENO CAMARERO, ROXANA MARÍA LOBO SEQUEIRA, GRETEL ANIELKA REYES, YAMILETH DE JESÚS SALGADO, YAHAIRA SELVA CAMPOS, y KEYLOR ANTONIO RIVERA COLOCHO, representados por Paola Marín López, en contra del ESTADO representado por la Procuradora Maureen Medrano Brenes, e ISRAEL SÁNCHEZ VARGAS, representada por Marlon Medina Robleto; la representante legal de las partes actoras, interpone recurso de casación en contra de la sentencia Nro. 141-2020-VI de las 15 horas 50 minutos del 29 de octubre de 2020; y, CONSIDERANDO I.- La actual legislación procesal contenciosa administrativa, prevé en su mandato 140, la posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: "a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación, b) Se haya presentado extemporáneamente, c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo" (resaltado no pertenece a su original). En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que en esta materia resulta innovadora y expedita, de modo que, en aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos judiciales, permite a quienes conocen este recurso extraordinario, determinar desde el inicio, la improcedencia del recurso aún y cuando cumpla los requisitos estrictamente formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la técnica misma de la casación, conforme al canon 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Lo anterior en virtud de que, a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se deduce con absoluta claridad que el reproche planteado será desestimado. II.- En el caso en examen, la parte actora reprocha el hecho de que el Tribunal no se refiriera a ciertos derechos de los actores, por cuanto la Sala Constitucional lo hizo mediante el voto número 16314-2017 del 13 de octubre de 2017, al resolver un recurso de amparo interpuesto por los acá accionantes. Considera que los juzgadores sí debieron examinar la legalidad de la ejecución de las ordenes sanitarias. Luego, el recurrente refuta lo resuelto por Sala Constitucional con motivo del recurso de amparo mencionado anteriormente. Ataca, la representación Estatal nunca aportó prueba para sustentar su demanda, como tampoco lo hizo ante Sala Constitucional. Posteriormente, aduce, diferentes autoridades institucionales estatales, no tienen claro el concepto de Saneamiento Ambiental. Por ello, estima, las ordenes sanitarias no tienen razón de ser. Continúa manifestando, el accionar de las autoridades de salud son contrarias a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Añade, la orden sanitaria fue una medida cruel e inhumana. III.- En el caso que nos ocupa, la casacionista se limitó a señalar disconformidades en cuanto a la declaratoria sin lugar de la demanda, manifestando no estar de acuerdo con lo resuelto por Sala Constitucional mediante voto número 16314-2017 del 13 de octubre de 2017, quien resolvió un recurso de amparo interpuesto por los accionantes. Además, se restringió a rebatir las actuaciones administrativas producidas por quienes llamó en su recurso de casación como autoridades de salud. Es decir, de la lectura del recurso de casación, esta Sala no logra desprender algún motivo casacional al cual haga referencia la casacionista, como tampoco logra interpretar las causas de su inconformidad, las que a todas luces son imprecisas. Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, expresamente resolvió: “Como aspecto inicial, debemos señalar que en este proceso la parte actora no ha demostrado que en las viviendas a las cuales se giraron las órdenes sanitarias aquí impugnadas habitan personas menores de edad o adultos mayores; omisión que por sí sola daría lugar a rechazar el argumento expuesto por los (as) accionantes. Aunado a lo anterior, debe este Tribunal tener presente que ante las órdenes sanitarias que fueron comunicadas, dos de las aquí demandantes optaron por formular un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que se tramitó en el expediente No. 17-013396-0007-CO. Ahí alegaron que el desalojo dispuesto lesionaba sus derechos fundamentales (hecho probado 10). (…) En virtud de lo expuesto, estimamos que en la medida en que la sentencia No. 16314-2017 citada, la misma Sala Constitucional tuvo por demostrado que las autoridades sanitarias, de previo al desalojo, realizaron las gestiones pertinentes para que entidades públicas como el PANI y el IMAS, efectuaran los estudios sociales correspondientes para proveer la ayuda necesaria para las familias, además de que operó la acción conjunta interinstitucional (hecho probado j) de la sentencia No. 16314-2017 de la Sala Constitucional) y en su Considerativa estimó que el desalojo ordenado respondía a la peligrosa situación que se presentaba dado que las viviendas que ocupaban no reunían las condiciones físicas, sanitarias y principalmente de seguridad (aspecto que, en todo caso ni siquiera es cuestionado en esta litis), así como que no se apreciaba lesión de los preceptos y principios que sirvieron de sustento al recurso de amparo (y que son los mismos que se reclaman violentados en este proceso) y que las acciones que se reclamaban no iban en contra de las condiciones de los menores, sino, por el contrario, se encaminaban a asegurar el interés superior del menor y que se garantizara su seguridad e integridad física; no puede este Tribunal desconocer lo ahí resuelto o resolver en forma distinta, porque ello supondría violentar la cosa juzgada constitucional ya referida. Si bien la representante de los (as) demandantes en alguna medida acusa que se aquí se cuestionan aspectos de legalidad y que se indujo a error al Tribunal Constitucional porque éste resolvió con base en los informes rendidos por las autoridades públicas recurridas y, en realidad, no existe prueba sobre la supuesta coordinación; lo cierto es que esta sede no es la competente para resolver ese tipo de alegaciones porque, se reitera, se trata de aspectos ya conocidos y resueltos en la sede constitucional. En el fondo lo que se pretende con esos argumentos es que se desconozca el pronunciamiento de la Sala Constitucional, o bien, que este Tribunal revise y enmiende, de alguna manera, lo resuelto en el recurso de amparo; lo que, con claridad, trasciende las competencias de esta jurisdicción contencioso administrativa y contrariaría el contenido sustancial del aludido ordinal 13 de la citada Ley No. 7135.”. Como se logra observar, la casacionista no presenta reproches ante lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, sino expresa únicamente no estar de acuerdo con lo resuelto. No combate la sentencia que es el objeto del recurso de casación, antes bien, se limita a manifestar su inconformidad con lo resuelto. Esta misma Sala ha reiterado en cuanto a la naturaleza del recurso de casación, lo siguiente: “no resulta suficiente para la procedencia del recurso, la manifestación de disconformidades generales y meramente argumentativas, sino que es indispensable a los efectos, mostrar el contraste de lo decidido con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar” (voto 1042-2013 de las 08 horas con 50 minutos del 14 de agosto de 2013, entre otros). Es claro para esta Sala, la recurrente no ataca los razonamientos jurídicos utilizados por los juzgadores para el rechazo de la demanda, sino que se limitó a rebatir la sentencia Constitucional, así como las actuaciones administrativas, sin abonar ningún elemento que permitiera confrontar las conclusiones de la sentencia impugnada. La recurrente reanudó en todo momento su teoría del caso, pretendiendo reabrir un nuevo juicio en esta instancia, lo cual resulta improcedente. En síntesis, el recurso planteado por las partes actoras resulta informal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 140 del CPCA, el recurso planteado será rechazado de plano. POR TANTO Se rechaza de plano el recurso de casación.JSANCHEZC Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jessica Alejandra Jiménez Ramírez Ana Isabel Vargas Vargas Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- OCBMAXESKYU61 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:51:22. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours and fifty-four minutes on January twenty-sixth, two thousand twenty-two. Within the ordinary proceeding conducted in the Administrative and Civil Tax Court, brought by ANTONIA DE JESÚS PÉREZ SEVILLA, ELENA MELISSA SÁNCHEZ VALERIN, YULIANA GABRIELA PICHARDO CHACÓN, DIANA CAROLINA MORENO CAMARERO, ROXANA MARÍA LOBO SEQUEIRA, GRETEL ANIELKA REYES, YAMILETH DE JESÚS SALGADO, YAHAIRA SELVA CAMPOS, and KEYLOR ANTONIO RIVERA COLOCHO, represented by Paola Marín López, against the STATE represented by the Procuradora Maureen Medrano Brenes, and ISRAEL SÁNCHEZ VARGAS, represented by Marlon Medina Robleto; the legal representative of the plaintiff parties files an appeal in cassation (recurso de casación) against judgment No. 141-2020-VI of 15 hours 50 minutes on October 29, 2020; and, CONSIDERING I.- The current contentious-administrative procedural legislation provides, in its canon 140, for the possibility of summarily rejecting an appeal in cassation when: “a) It is clear from the brief that the appealed decision cannot be subject to cassation, b) It was filed untimely, c) It completely lacks legal basis or, having one, the Chamber or the Cassation Court clearly deduces the inadmissibility of the appeal, either for procedural or substantive reasons” (highlighting not part of the original). In this latter case, the legislator proposed an alternative that is innovative and expeditious in this matter, so that, in order to resolve judicial proceedings promptly and fully, it allows those who hear this extraordinary appeal to determine, from the outset, the inadmissibility of the appeal even when it meets strictly formal requirements, such as filing within the deadline and observance of the technique of cassation itself, in accordance with canon 139 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA). This is because it serves no purpose to postpone the resolution of an appeal of this nature if its content makes it absolutely clear that the challenge raised will be dismissed. II.- In the case under examination, the plaintiff party challenges the fact that the Court did not address certain rights of the plaintiffs, given that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) did so through vote number 16314-2017 of October 13, 2017, when resolving an amparo appeal (recurso de amparo) filed by the plaintiffs herein. It considers that the judges should have examined the legality of the execution of the health orders (ordenes sanitarias). Then, the appellant refutes what was decided by the Constitutional Chamber regarding the amparo appeal mentioned above. It attacks that the State representation never provided proof to support its claim, nor did it do so before the Constitutional Chamber. Subsequently, it argues that different state institutional authorities are unclear about the concept of Environmental Sanitation (Saneamiento Ambiental). Therefore, it estimates, the health orders have no reason to exist. It continues stating that the actions of the health authorities are contrary to what is established in the legal system. It adds that the health order was a cruel and inhumane measure. III.- In the case before us, the cassation appellant limited herself to pointing out disagreements regarding the dismissal of the claim, stating that she disagreed with what was decided by the Constitutional Chamber through vote number 16314-2017 of October 13, 2017, which resolved an amparo appeal filed by the plaintiffs. Moreover, she restricted herself to rebutting the administrative actions taken by those she called, in her appeal in cassation, health authorities. That is, from reading the appeal in cassation, this Chamber cannot extract any cassation ground to which the appellant refers, nor can it interpret the causes of her disagreement, which are clearly imprecise. For its part, the Administrative and Civil Tax Court expressly decided: “As an initial aspect, we must point out that in this proceeding, the plaintiff party has not demonstrated that minors or older adults inhabit the dwellings to which the health orders challenged here were directed; an omission that in itself would lead to the rejection of the argument presented by the plaintiffs. In addition to the foregoing, this Court must bear in mind that, faced with the health orders that were communicated, two of the plaintiffs here opted to file an amparo appeal before the Constitutional Chamber, which was processed under case file No. 17-013396-0007-CO. There they alleged that the ordered eviction (desalojo) violated their fundamental rights (proven fact 10). (…) By virtue of the foregoing, we believe that insofar as, in the cited judgment No. 16314-2017, the Constitutional Chamber itself considered it proven that the health authorities, prior to the eviction, carried out the pertinent steps for public entities such as PANI and IMAS to conduct the corresponding social studies to provide the necessary help for the families, in addition to the fact that joint inter-institutional action took place (proven fact j) of judgment No. 16314-2017 of the Constitutional Chamber) and in its Considering section deemed that the ordered eviction responded to the dangerous situation that existed given that the dwellings they occupied did not meet the physical, sanitary, and especially safety conditions (an aspect that, in any case, is not even questioned in this dispute), as well as that no violation of the precepts and principles that supported the amparo appeal was appreciated (and which are the same ones claimed to be violated in this proceeding) and that the actions being claimed did not go against the conditions of the minors, but, on the contrary, were aimed at ensuring the best interests of the minor and guaranteeing their safety and physical integrity; this Court cannot ignore what was decided there or decide differently, because that would entail violating the constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) already referenced. Although the representative of the plaintiffs somewhat accuses that aspects of legality are being questioned here and that the Constitutional Court was misled because it decided based on reports issued by the respondent public authorities and, in reality, there is no proof of the supposed coordination; the fact is that this venue is not competent to resolve such allegations because, it is reiterated, these are aspects already known and resolved in the constitutional venue. In essence, what is sought with those arguments is to ignore the pronouncement of the Constitutional Chamber, or for this Court to review and amend, in some way, what was decided in the amparo appeal; which clearly transcends the powers of this contentious-administrative jurisdiction and would contradict the substantial content of the aforementioned section 13 of the cited Law No. 7135.” As can be observed, the cassation appellant does not present challenges to what was decided by the Administrative Court, but only states that she does not agree with what was decided. She does not combat the judgment that is the object of the appeal in cassation; rather, she limits herself to expressing her disagreement with what was decided. This same Chamber has reiterated regarding the nature of the appeal in cassation, the following: “it is not sufficient for the admissibility of the appeal to express general and merely argumentative disagreements, but it is essential for these purposes to show the contrast between what was decided and the infraction that, in its opinion, took place” (vote 1042-2013 of 08 hours and 50 minutes of August 14, 2013, among others). It is clear to this Chamber that the appellant does not attack the legal reasoning used by the judges for the rejection of the claim, but rather limited herself to rebutting the Constitutional judgment, as well as the administrative actions, without providing any element that would allow confronting the conclusions of the contested judgment. The appellant at all times resumed her theory of the case, seeking to reopen a new trial in this instance, which is inadmissible. In summary, the appeal filed by the plaintiff parties is informal. For the foregoing, in accordance with the provisions of precept 140 of the CPCA, the appeal filed will be summarily rejected. THEREFORE The appeal in cassation is summarily rejected. JSANCHEZC