Res. 00283-2022 Sala Primera de la Corte — Public works in fourth stage of Residencial El Molino — municipal obligationObras públicas en cuarta etapa del Residencial El Molino — obligación municipal

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00283 - 2022

Fecha de la Resolución: 10 de Febrero del 2022 a las 09:57

Expediente: 17-006392-1027-CA

Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 17-006392-1027-CA

Res.  000283-F-S1-2022

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y siete minutos del diez de febrero de dos mil veintidos .

 Proceso de conocimiento interpuesto por NÉSTOR JOSÉ MATA SOLANO; MAREFE DE CARREZ S.A; FRANES S.A. y DEL AGRO VERDES S.A; todos representados por el Licdo. Alejandro Monge Ariño, contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, representada por el Licdo. Wilbert Quesada Garita.  La parte actora presenta recurso de casación.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez  

CONSIDERANDO

          El 29 de junio de 2017, la parte actora interpuso demanda en la que indicó, exactamente entre la Ruta Nacional 228 (Cartago-Tejar) y la 3 Avenida 24 (Ruta Cantonal) en Cartago se encuentra la Cuarta Etapa del Residencial El Molino. Adujo, dicho segmento corresponde a una de las siete partes o etapas del proyecto urbanístico Residencial El Molino, que se inició en los años setenta.  Explicó, ese proyecto se inició por Inversiones El Molino S.A, con base en la finca madre inscrita Cartago, matrícula 65208-000.  Manifestó, en escritura pública 292 de las 13 horas 45 minutos del 16 de octubre de 1984, otorgada ante el Notario Público Nicomedes Madriz Arce, compareció el representante de Inversiones El Molino S.A, con la finalidad de segregar de la finca madre partido de Cartago, matrícula 65208-000, 7 lotes del bloque O, 27 lotes del bloque P, 25 lotes del bloque Q, 44 lotes del bloque R, 35 lotes del bloque S, de los cuales el Notario hizo la advertencia de la ausencia de visado y que componen la Cuarta Etapa del Residencial El Molino de Cartago.  Añadió, el notario Jorge Brenes Garro, levanto acta notarial en escritura 105, en la oficina del entonces Ejecutivo Municipal de Cartago al ser las 13 horas 35 minutos del 03 de julio de 1985, en donde se hizo constar que la empresa Inversiones El Molino S.A, requirió a la Municipalidad indicara dónde estaban los planos que habían sido presentados para el respectivo visado de segregación, y en la escritura se consignó respuesta negativa por parte del municipio.  Aclaró, la escritura 292 fue adicionada por escritura 538 de las 9 horas del 8 de julio de 1985, y 540 de las 9 horas 15 minutos del 8 de julio de 1985, en donde se consignó el número de plano de catastro que correspondía a cada uno los lotes que se pretendía segregar, según la cual, los planos no contaban con visado expreso municipal para segregación, porque la Municipalidad de Cartago no devolvió los mismos dentro del término de ley, esto conforme consta en acta levantada por el Notario Jorge Brenes Garro en Cartago.  Indicó, fue así como los 139 lotes segregados en esa ocasión por Inversiones El Molino SA, fueron inscritos en el Registro Público como fincas independientes, cada uno con una medida aproximada de 250 metros y, sostuvo, en virtud de dichas inscripciones, esos lotes salieron a la venta para ser adquiridos por terceras personas, compradores de buena fe, sin que la Municipalidad de Cartago anotara después ningún tipo de advertencia al margen, ni gestionara procedimiento alguno de lesividad contra el visado notarial que facilitó por omisión para dichas inscripciones.  Acusó, los planos de los 139 lotes de la Cuarta Etapa del Residencial El Molino son de 1985, por lo que para ese año ya las obras existentes en dicha etapa debieron estar construidas porque el topógrafo necesitaba ineludiblemente la referencia física in situ de los cordones y caño para hacer los amarres de los planos, de otra forma habría sido materialmente imposible para ese profesional hacer los levantamientos correspondientes. Añadió, en diferentes actas se evidencia que existió un informe que demostró que las garantías fueron extraviadas y que contrario a lo afirmado por la Municipalidad sí hubo más garantías. Sostuvo, es ilógico que la Municipalidad de Cartago en 1993, haya permitido la continuidad del desarrollo, en su sétima etapa, recibiendo nuevas garantías y no paralizando obras, a pesar de que, según ese gobierno local, estaban aún pendientes obras públicas de la Cuarta Etapa, que por su propio número y por las fechas de los planos catastrados segregados fue anterior a la sétima etapa, es decir en 1985.  Explicó, con el paso de los años siguientes y, desconociendo todo lo anterior porque no existía modo de enterarse de situaciones, porque esos hechos no tuvieron la debida publicidad ante terceros, muchas personas o entidades, incluidas las partes actoras, adquirieron de buena fe los lotes, desconociendo que no podrían ser ulteriormente utilizados para construir vivienda, ya que nunca ha existido anotación o advertencia alguna sobre las obras públicas pendientes de conclusión en la Cuarta Etapa del Residencial El Molino.  Acusó, en setiembre de 2014 varios propietarios solicitaron certificados de uso de suelo para fines habitacionales, residenciales, comerciales o de servicios en dichos lotes, siendo que la Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad de Cartago condicionó el otorgamiento de dichos usos de suelo a tramitar de previo visado de segregación, para lo cual, indicó, se adjuntaron las escrituras supra señaladas.  Continuó, por resolución OPU-360-2014 del 18 de noviembre de 2014, la oficina de Planificación Urbana no admitió dicha prueba como visado suficiente y además dispuso que mientras estén pendientes de terminar o completar las obras públicas en la Cuarta Etapa del Residencial El Molino no daría los usos de suelo solicitados, argumentando que todos los lotes de la cuarta Etapa del Residencial El Molino debían ser tomados como una unidad y no en forma individual, lo cual fue impugnado y finalmente resuelto por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual agotó la vía administrativa dando la razón a los recurrentes, mediante resolución número 574 de las 14 horas 5 minutos del 30 de noviembre de 2015, dictada dentro del expediente número 15-004544-1027-CA. Explicó, en diversos momentos se presentaron solicitudes para que la Municipalidad de Cartago realice bajo su costo las obras públicas pendientes en la Cuarta Etapa del Residencial El Molino, pero todas fueron negativas.  Indicó, al solicitar certificación sobre las garantías rendidas para la cuarta etapa del proyecto, recibió respuestas contradictorias, porque en una se indicó que no existían y en otra se indicó que “revisados los expedientes físicos del Residencial El Molino en custodia dela Dirección de Urbanismo y conforme al informe final Residencial El Molino contenido en el artículo 32 Acta número 251-05 de la sesión celebrada el día 01 de noviembre de 2005, las únicas garantías que conoce el suscrito son las que se menciona en el acuerdo supracitado.”  Adujo, por resolución del 3 agosto de 2016, el Alcalde Municipal de Cartago, rechazó el recurso de apelación, con lo que confirmó la posición administrativa previa, en el sentido de que a criterio de la Administración Municipal no corresponde a la Municipalidad hacer bajo su costo las obras públicas de la Cuarta Etapa del Residencial El Molino.  Explicó, el 11 de agosto de 2016, presentó recursos ordinarios de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante contra la resolución de la Alcaldía, recurso de revocatoria que, posterior a la celebración de una audiencia oral, fue rechazado por resolución del 5 de octubre de 2016, en la cual se dispuso elevar el caso ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, quien mediante resolución 98-2017 de las 8 horas del 20 de marzo de 2017, dispuso rechazar por inadmisible el recurso de apelación, por considerar que se trataba de una pretensión declarativa no atendible en jerarquía impropia, por lo cual remitió a los actores a la  vía ordinaria. Peticionó: "... que en sentencia se disponga: a) condenar a la Municipalidad de Cartago a realizar bajo su costo y dentro del plazo razonable y prudencial que su Autoridad se sirva fijar todas las obras pendientes de la cuarta etapa del Residencial El Molino, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana. b) condenar en abstracto a la accionada al pago de los daños y perjuicios causados los cuales serán liquidados en ejecución de sentencia. c) condenar al demandado al pago de ambas costas. d) ordenar a la autoridad competente conforme a la ley la apertura de un procedimiento disciplinario contra los funcionarios implicados en el caso de marras; quienes faltaron a la verdad en sus manifestaciones y/o resolvieron contrario a Derecho, a efecto de ello y en lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley General de Administración Pública, solicito a su Autoridad se sirva declarar que las ilegalidades en que incurrieron fueron evidentes y manifiestas …”   La Municipalidad contestó negativamente la demanda interpuso las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa; y, falta de derecho. Mediante sentencia 40-2019-I de las once horas cincuenta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, el Tribunal rechazó las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, acogió la excepción de falta de derecho, declaró sin lugar el proceso y condenó a la parte actora al pago de ambas costas del proceso. Inconforme, el representante de las actoras presenta recurso de casación por razones procesales y de fondo.  Posteriormente, por escrito del 18 de marzo de 2020, el casacionista realiza ampliación de su recurso.
      Por auto de las catorce horas treinta y seis minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno se admite el recurso.
  El recurrente, aporta como prueba para mejor resolver, certificaciones emitidas por el Registro Público, señalando que con ellas se acredita el vencimiento de la empresa Inversiones H Molino S.A.  Posteriormente, también aporta lo que denomina “documento digitalizado de una de las garantías de ejecución de obras”, y señala que esta fue rendida a la Municipalidad de Cartago en 1988 para el Residencial El Molino, cuarta etapa.  Sobre este documento aclara, no haberlo conocido durante la etapa de juicio puesto que, explica, lo obtuvo hasta después, al estar en poder de la parte accionada, lo cual, aduce, en buena fe es quien debió aportarlos al proceso.   Afirma, con él se demuestra que sí existieron las garantías rendidas para la IV etapa de proyecto, por lo que el testigo Gerardo Monge, no mintió.  Para resolver estas solicitudes, es indispensable recordar la regulación que rige la prueba en esta etapa procesal.  Al respecto, el numeral 145 del Código Contencioso Administrativo (CPCA), señala: “Artículo 145. 1) Durante el trámite del recurso, se podrá aportar prueba documental que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida.”    Es decir, la norma contempla la posibilidad de que las partes presenten únicamente prueba documental, y siempre y cuando esta se referida a hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida, en el entendido de que además deberán jurar no haberla conocido antes. En lo que respecta a la primera prueba presentado por la parte casacionista, se debe indicar que esta no cumple con las regulaciones del numeral 145 del CPCA, ya que con su interposición no se indica si corresponde a hechos nuevos y posteriores y tampoco se manifiesta su desconocimiento anterior, bajo la fe de juramento.  En esas condiciones, resulta entonces procedente su rechazo.   En cuanto a la segunda prueba, si bien el casacionista señala no haber tenido acceso al documento con anterioridad, por estar este en poder de la Municipalidad accionada, lo cierto es que con no aporta prueba alguna que respalde su dicho, como sería, por ejemplo, una solicitud a la accionada con anterioridad a la presentación de la demanda.  En todo caso, analizado el documento traído a esta etapa, la Sala considera que el mismo no reviste las condiciones que expone el casacionista, puesto que, a diferencia de lo señalado por él, lo cierto es que ni de la literalidad del documento ni de su análisis en conjunto con la demás prueba y la data del proyecto residencial, se podría establecer que corresponda a la cuarta de las etapas del desarrollo urbanístico aquí analizada.  Es decir, de la lectura integral del documento no es posible ni visualizar ni inferir que este corresponda o pruebe que exista o haya existido una garantía rendida para ejecución de obras faltantes por parte del desarrollador o el fideicomiso Inversiones El Molino S.A. en relación, específicamente con la etapa IV del Residencial El Molino.   Entonces, al no cumplir con las condiciones de forma y fondo establecidas por la norma, también procede su rechazo.

 

Motivos procesales

     En el primer agravio de este tipo acusa introducción ilegítima de medios probatorios al proceso. Fundamenta su agravio en el inciso C del artículo 137 CPCA.  Aduce, el Tribunal apoyó su criterio en un croquis que fue aportado al final de proceso.  Explica, cuando el Tribunal toma en consideración el croquis al que hace referencia a folio 34 de la sentencia, descartó la posibilidad de ubicar espacios públicos, lo cual es muy grave porque, señala, no solo razonó con base en una prueba que debió haber tenido por inadmisible y cuyo rechazo no declaró, sino que además omitió considerar que los espacios públicos de la Cuarta Etapa están perfecta y claramente identificados y ubicados en el Mosaico de Catastro o Mapa Oficial que está inscrito en el Registro Público y que inclusive fue resellado por el INVU.  Señala, el que esos espacios públicos: calles, aceros, áreas comunes, indicadas en el mosaico no estén construidos, no significa o demuestra que en lo material o realidad jurídica, esos espacios no estén reservados legalmente al demanio, porque de acuerdo al principio de inmatriculación positivizado en el artículo 44 Ley de Planificación Urbana, esos espacios o bienes públicos sea el demanio se constituyen con la sola inscripción de ese mosaico de catastro o mapa oficial en el Registro Público, toda vez que acredita la voluntad y compromiso del propietario o desarrollador nominal del proyecto a reservar esos espacios para el uso o dominio público.  Acusa, es muy grave que el Tribunal haya echado mano de un simple e informal croquis, que no se sube quién lo hizo, para omitir la consideración de documentos con un mayor valor probatorio y que sí fueron incorporados legalmente al proceso, es oficial y tiene fe púbica.  Concluye indicando que el Mapa Oficial fue validado en el hecho probado uno.
         La sentencia, al respecto señaló: “Criterio del Tribunal. Sobre este tema ya esta Cámara de Jueces ha expuesto ampliamente líneas atrás, que de acuerdo a las pruebas y el cuadro fáctico planteado no estamos en presencia de una obligación municipal en la construcción de obra, ya que como ha quedado demostrado, la llamada IV etapa del Residencial El Molino es una finca privada que en principio fue segregada en cabeza propia – infringiendo a todas luces las normas urbanas relativas a los fraccionamientos con fines urbanísticos o urbanos que deben contemplar espacios públicos como facilidades comunales, áreas de juegos, etc- y posteriormente vendida a terceros que efectivamente son adquirentes de buena fe, pero ello no implica que en clara inobservancia del ordenamiento jurídico urbanístico, surja una obligación municipal de realizar obras de infraestructura en ese terreno. Véase que en el sitio en este momento no existen espacios públicos o zonas destinadas al mismo, es más la pregunta obligada sería quien o quienes entregarían dichos espacios, si ya todos los lotes tienen dueño, si bien es cierto del croquis que hace referencia la parte actora se podría intentar localizar los espacios públicos, en la materialidad no se podrían ubicar, esto es, no existe garantía alguna que efectivamente existan y se encuentren conformes a las reglas urbanas. Cabe preguntarse, además, cual propietario graciosamente donaría su lote para ello, debiendo entonces en ese sentido posiblemente la Municipalidad verse obligada a expropiar para cumplir las reglas urbano- ambientales que rigen la materia.”
     Realizado el análisis del expediente de este proceso y del extracto de la sentencia correspondiente, se desprende que el Tribunal explica que en la prueba que analiza que fue utilizada por la parte actora, sí se podría intentar localizar los espacios públicos.  Es decir, a diferencia de lo señalado por casacionista, esta Cámara deduce que el documento utilizado en este segmento por las personas juzgadoras corresponde al referenciado por el casacionista como mosaico de catastro, al ser esa prueba en la que consta tal situación.  En ese sentido, si bien en la sentencia se utiliza el vocablo croquis, lo cierto es que del contenido de la afirmación se desprende que se está analizando la prueba referida por la parte actora, en la que señalan, tanto los jueces, como el recurrente, sí es posible localizar las zonas públicas, dudando el Tribunal de que la materialización de esa distribución sea verificable en la realidad.  Por consiguiente, al no demostrarse el uso de prueba alguna a la que no haya tenido acceso la parte actora y por el contrario al ser evidente que los juzgadores se refieren a prueba que en todo momento fue no solo de acceso para la recurrente, sino que se utilizó por esta para explicar su teoría del caso, se concluye que no existe el vicio acusado, por lo que es procedente el rechazo del agravio.
En el segundo agravio acusa indebida motivación e incongruencia.  Fundamenta su reproche en el inciso d) del artículo 137 del CPCA.  Si bien lo presenta como un único agravio, lo segmenta en cuatro secciones distintas entre sí y posteriormente incorpora un quinto punto. En el primer segmento señala, el Tribunal en el punto 1 del considerando VI, omitió indicar fuente jurídica alguna en la cual basa la afirmación de que la garantía a la cual se refiere el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana no sean para la totalidad de la urbanización.  A través de preguntas presenta su alegato indicando: “¿Cuál ley, reglamento o jurisprudencia dicen que las garantías referidas en el artículo 39 de la LPU, no son para efectos de toda la urbanización y artículo 39 LPU no son para efectos de todo lo urbanización? ¿Con base en qué el Tribunal consideró que eso ero así para los años 80's cuando se desarrolló el Residencial el Molino en todas sus etapas?”  Aduce, el Tribunal no tiene base para hacer esa diferencia, la cual lesiona principios básicos del derecho público que impiden hacer distinción donde la ley no lo hace.  Manifiesta, resulta lógico que cuando se brinda garantía de ejecución de obras es para poder segregar la finca madre en todos los lotes que se pretende vender, sin que tenga sentido rendir cauciones referentes a obras o servicios requeridos para todos los lotes a obras o servicios cuando solo se pretenda segregar y vender algunos de ellos.  Aduce, los lotes de las etapas III y IV fueron segregados de la misma finca, por lo que la garantía debió aplicar para todos los lotes.  Agrega, el resto de la finca corresponde a calles y parques al igual que la tercera etapa, que ya está recibida oficialmente.  En el segundo acápite señala, estar en desacuerdo con el Tribunal cuando en el punto 2 del considerando VI.  Explica, en resumen, existe una contradicción porque señalan que la comisión estudió los informes previos de funcionarios técnicos, pero de seguido concluyeron que la decisión tomada en dicho informe no estuvo fundamentada en elementos objetivos y técnicos.  En la tercera sección acusa vicios en la motivación del punto 2 del considerando VI.   Aduce, en el razonamiento se da una falacia Ad Ignorantiam, porque a pesar de que el acta municipal dice literalmente que las garantías se vencieron por negligencia, el Tribunal desacredita eso como cierto alegando falta de elementos accesorios que a los juzgadores se les ocurrieron.  Añade, también se da una falacia Ad Verecundiam, porque el Tribunal cae en el autoritarismo de negar, sin explicación o respaldo jurídico alguno, un efecto confesional a la aprobación por parte del Concejo Municipal de un informe emitido por una Comisión Especial.  En el cuarto punto, acusa existe una contradicción porque el Tribunal dedica todo un acápite de la sentencia a analizar solapadamente el voto 574-2015 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso, el cual no fue objeto de debate, y por otro lado el Tribunal reconoce que ninguna de las partes cuestionó esa resolución. Señala, con ese actuar el Tribunal incurrió en el vicio de extra petita.  En la ampliación de su recurso adiciona un quinto punto en el que acusa, el Tribunal omitió resolver la petición de daños y perjuicios, la cual, indica, se planteó de forma subsidiaria.
 En relación con la falta de motivación como causal procesal contemplada en el artículo 137 inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo, esta Cámara se ha manifestado en reiteradas ocasiones explicando que surge cuando el fallo es omiso en cuanto a ese elemento, ya sea porque se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto el desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo específico. La falta de motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes (principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo. No se trata de determinar si el juzgado se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. (Sentencia 126, de las 15 horas 40 minutos del 5 de febrero de 2009)
       En el caso en cuestión, una vez analizados los alegatos del casacionista frente a la sentencia recurrida, se concluye que no se evidencia la falta de motivación alegada.  Lo expuesto por el recurrente, refleja que los reproches se dirigen en cuanto a la aplicación correcta del derecho, y no a la falta de motivación en los términos que requiere el agravio procesal.  En la primera sección del motivo, en definitiva, lo que hace es reprochar la interpretación que hacer el Tribunal del artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana y exponer la que considera correcta.  De igual forma, en el segundo acápite, expone su punto desde lo que expresa es una contradicción del Tribunal, pero que en la realidad lo que apunta es una disconformidad con la valoración de la prueba.  En la tercera sección acusa dos falacias relacionadas también con su posición de disconformidad en relación con la valoración probatoria.  En todos estos segmentos del reproche, se evidencia que el Tribunal expuso los razonamientos sobre los cuales se arribó a la decisión adoptada, quedando claro que lo que expone el casacionista es su disconformidad con ella, por lo que no se da el supuesto de falta de motivación alegado.
         En cuanto a los alegatos de incongruencia, es importante señalar que esta Sala ha reiterado que el vicio se configura al existir contradicción entre lo pretendido por las partes y lo resuelto por el juzgador. Por lo anterior, se estará ante él cuando la sentencia contenga disposiciones contradictorias, omita pronunciamiento sobre algún extremo peticionado, otorgue más de lo solicitado o cuando lo resuelto no guarde relación con lo pretendido. En la especie, en el cuarto punto lo que acusa el casacionista no tiene asidero en la parte dispositiva de la sentencia, sino que se refiere a un análisis que hacen las personas juzgadoras dentro de la motivación y fundamentación de su decisión, por lo que no se configuran las condiciones para estar ante el agravio procesal invocado, y, por consiguiente, no se evidencia que exista la incongruencia alegada. En la ampliación del recurso, acusa que no fue resuelto lo peticionado de forma subsidiaria relativo a los daños y perjuicios, no obstante, en la sentencia el Tribunal sí se refirió a la pretensión señalando: “Al no existir condena por alguna omisión o negligencia por parte de la Municipalidad de Cartago que fuese la fuente productora de algún daño o perjuicio causado a la parte actora se debe de rechazar dicha pretensión.”; con lo cual se evidencia que tampoco sobre este punto lleva razón el recurrente.  Por todo lo anterior, procede el rechazo del cargo formulado.

Motivos sustantivos

     En el primer motivo de este tipo aduce indebida valoración probatoria.  Asienta su reproche en el inciso a) artículo 138 CPCA. Explica, los jueces se equivocaron al señalar que el testigo Gerardo Monge Redondo se contradijo en su declaración, ya que, señala, adujeron la supuesta contradicción en que dijo no haber visto con sus ojos los garantías, pero aseveró que sí las hubo, que la Municipalidad las tuvo y que eran para la IV etapa del Residencial El Molino. Acusa, ontológicamente ahí no hay contradicción, porque el hecho de que él no haya visto o tenido en sus manos las cauciones, no le resta veracidad a su testimonio. Aduce, el testigo explicó claramente que él era un funcionario ejecutor bancario, no era ni miembro de la Junta Directiva, ni de la Tesorería del Banco que rindió esas garantías, ni funcionario municipal encargado del depósito o custodia de los mismos; por lo que es normal que él no haya tenido esas garantías en su poder; y fue claro en aseverar que participaba de los intercambios de correspondencia y reuniones con el municipio, porque era el funcionario bancario que llevaba ese caso, afirmando que las garantías sí existieron y que inclusive fueron rendidas específicamente para la IV etapa del Residencial El Molino. Añade, aun partiendo de la lógica del Tribunal, es incomprensible por qué razón no tomó en cuenta el Tribunal que ese deponente haya dado fe de que esas garantías eran específicamente para la IV etapa; ya que explica, una cosa es que los jueces hayan echado de menos la ocularidad del testigo sobre las cauciones y otra muy diferente es que desacrediten la fe que él dio en el sentido de que las garantías eran específicamente para la IV etapa.  Concluye su agravio transcribiendo la declaración el testigo.
En relación con este punto, el Tribunal indicó, que si bien el testigo Gerardo Monge Redondo manifestó que existió un fideicomiso con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el cual iba dirigido para las obras de la cuarta etapa, dicho testimonio no puede ser tenido como verdad real de los hechos, por dos razones específicas. La primera, indicó, es que el testigo ante la pregunta de la parte actora de que si conocía la existencia de un fideicomiso, se contradice en sus palabras en relación con lo que consta en el informe que él mismo suscribió, puesto que por un lado afirma que el fideicomiso fue fundamentalmente para la cuarta etapa y otras obras menores en otras etapas, pero en el informe que consta en autos, el cual reconoció en el juicio oral y público, no se extrae que él indicara que existiera un fideicomiso para dichas obras de la cuarta etapa. En segundo lugar, apunta la sentencia, ante la pregunta que le realiza el Tribunal de si él vio algún acuerdo de Junta Directiva del Banco o expediente que constara que se aprobaron las garantías para la cuarta etapa, manifestó que nunca vio acuerdo alguno en ese sentido, y por el contrario indicó que solo supone que sí se aprobaron, porque eso fue lo que se recomendó. 
 Del análisis de lo resuelto por el Tribunal, evidencia esta Cámara que lo argumentado por el casacionista respecto a la desacreditación del testigo por no haber tenido a la vista las garantías, no es veraz.  De forma clara y precisa las personas juzgadoras han indicado dos motivos por los cuales el testimonio no puede ser tenido como cierto: a) porque no concuerda lo dicho en juicio con lo que consta en el informe que él mismo suscribió; y, b) porque admite no haber visto algún acuerdo de Junta Directiva del Banco o expediente que constara que se aprobaron las garantías para la cuarta etapa, sino que supone su existencia.  Es decir, el análisis que del testimonio realiza el Tribunal, no se limita a lo que el recurrente describe como una simple falta de “haber visto el documento”, sino que va más allá, y describe inconsistencia entre el testimonio y el informe rendido por el mismo testigo y además, porque la afirmación de la existencia de las garantías, el testigo la basa en la suposición de que se realizó lo aconsejado, y no porque hubiese podido confirmar la existencia de acuerdo de Junta Directiva o expediente alguno. Así, no resulta de recibo la tesis del casacionista, que, además, solo ataca parcialmente lo dicho por el Tribunal, sin lograr acreditar que exista yerro alguno en cuanto a lo sostenido en la sentencia.   Por lo anterior, al no evidenciarse error en la valoración de la prueba y, por el contrario, estar aquella ajustada a la sana crítica racional, procede el rechazo del agravio.
En el segundo motivo acusa hechos tenidos como no probados, en contradicción de la prueba.  Fundamenta su agravio en el numeral 138 inciso b) del CPCA.  Reprocha yerro en todos los hechos tenidos por no probados por el Tribunal, que en total son cinco.  En cuanto al primero, en el que se señala: “1) Que exista o haya existido una garantía rendida para ejecución de obras faltantes por parte del Desarrollador o el Fideicomiso Inversiones El Molino S.A. en relación con la etapa IV del Residencial El Molino (los autos).”; explica, el Tribunal deslegitimó la prueba en ese sentido, se refiere específicamente al acta del Concejo Municipal 465 de 10 de octubre de 1989, de la cual, según su criterio, se extrae que se  aprobó en todos sus extremos el informe de la comisión especial que había estudiado integralmente el caso del residencial El Molino, documento en el cual se indicó expresamente que los garantías de ejecución de obras se habían dejado vencer, ya no podían ser renovadas, y que inclusive por ese hecho debían sentarse responsabilidades a lo interno del municipio. Señala, yerra el Tribunal al argumentar que el documento no se dice textualmente que las garantías aludidas hayan sido de la IV etapa, precisamente porque la Comisión estudió todo el proyecto en su conjunto, por lo que, explica, la lógica de la interpretación correcta de esa prueba era que salvo que se señalara lo contrario, las garantías correspondían a todo el proyecto.  Sostiene como ilógico, que existieran garantías específicas para ciertos lotes, porque, en su criterio, el visado de segregación es el único medio posible de fraccionar la finca madre en lotes y el Municipio -de acuerdo al artículo 36 LPU- no otorga el visado si faltan obras de toda la urbanización, ya que ese numeral no hace distinción y más bien las obras en cuestión remiten a garantizar la habitabilidad de todo el lugar y no ciertos lotes.  Añade, como segunda prueba, la declaración del testigo Gerardo Monge Redondo quien, declaró bajo fe de juramento que las garantías que allí se aludía como vencidas en poder del municipio cartaginés sí eran para la IV etapa.  Acusa, el Tribunal le restó valor probatorio a ese testigo en forma ilegítima y remite a las argumentaciones dadas en el agravio anterior. En tercer lugar, acusa que el voto 574-2015 de lo Sección Tercero del Tribunal Contencioso Administrativo declaró en firme que la finca 65208 fue segregada en forma válida y así fue como nacieron a la vida registral o jurídica los 139 lotes que se sitúan en la IV etapa del Residencial El Molino, lo cual significa que esos lotes fueron creados por irresponsabilidad del Municipio,  ya que a la luz del artículo 36 LPU la Municipalidad debió haber negado ese visado si habían obras pendientes sin garantías de ejecución, pero como no lo hizo entonces quedó acreditado lo contrario.  En lo que respecta al segundo hecho no probado, que señala, “2) Que el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble exija como requisito para inscribir planos que existan garantías rendidas por el urbanizador a favor de la Municipalidad como lo argumenta la parte actora. (ausencia de prueba).”; aduce, lo señalado por el Tribunal es correcto porque corresponde a lo señalado en la normativa; pero, explica, lo que se argumentó no fue ese postulado, sino que, para lograr ese visado ante la Municipalidad, se requiere haber culminado las obras públicas o en su defecto haberle rendido el Urbanizador nominal a la Municipalidad una garantía a satisfacción de ésta. En lo que respecta al tercer hecho no probado, que dice: “3) Que se lograra acreditar la existencia de un daño y perjuicio causada por la Municipalidad a la parte actora (ausencia de pruebas).”,  explica, en resumen, la Municipalidad de Cartago sí causó daños y perjuicios porque de conformidad con los artículos 36 y 38 de la LPU, debió haber rechazado de manera expresa el visado de segregación, y a causa de eso omisión, el interesado visó los planos con un notario y los logró inscribir en el Registro, lo cual nunca impugnó la Municipalidad.  Explica, los perjuicios lo constituyen el lucro cesante por la imposibilidad que los 139 propietarios han tenido de construir casas o comercios allí al cabo de tantos años, todo por culpa, señala, de una municipalidad negligente que no evitó, como debió haberlo hecho, con un rechazo expreso del visado, que surgieran esas fincas individuales y luego cuando eso sucedió tampoco hizo absolutamente nada para sostener la situación y evitar daños a terceros que somos los ahora 139 propietarios, porque el desarrollador nominal ya no existe, y ahora no hay nadie que nos responda ante semejante situación. En relación con el cuarto hecho no probado, que dice: “4) Que se hubiere constituido un fideicomiso por parte del Banco Crédito Agrícola de Cartago para las obras faltantes en la IV etapa del Residencial El Molino (los autos).”; acusa, en los autos lo que consta es lo declaración del testigo Gerardo Monge Redondo, quien declaró bajo fe de juramento que existió un fideicomiso por parte del Banco Crédito Agrícola de Cartago que era específicamente para responder ante la IV etapa del Residencial El Molino, porque las demás etapas ya estaban concluidas.  Añade, como otra prueba de que fideicomiso existió, se tiene que a folios 63 o 65 del expediente judicial, constan documentos de correspondencia entre la Municipalidad de Cartago (Alcaldía) y dicho fideicomiso, en el punto A del por tanto del informe especial Municipal que se señala: “Que el Fideicomiso Inversiones El Molino o cargo del Banco Crédito Agrícola de Cartago (...)” y, también cuando dice: "5.  Que dentro de los compromisos asumidos por el fideicomiso según las facultades que confiere el contrato del fideicomiso suscrito las obras realizados cumplen con los requisitos establecidos y cuentan con el visto bueno de entes especializados" y; por último, indica, la demanda nunca negó la existencia de ese fideicomiso.  Respecto al quinto hecho no probado, “5) Que exista alguna conducta reprochable a la Municipalidad que amerite se abran procedimientos administrativos a algún funcionario (los autos).” Indica, en el expediente administrativo consta que el oficio OPUO97-2016 donde se dijo que el terreno de la  IV etapa del Residencial El Molino "estaba en verde" y que ahí no había "ninguna obra púbica", sin embargo, acusa, a folio 136 del expediente judicial está el acta de la inspección municipal donde consta lo contrario, por lo que, explica, los funcionarios actuales si bien posiblemente no fueron los que perdieron o dejaron vencer en los años 80's las garantías,  sí faltaron a la verdad y le causaron perjuicio.
   De lectura detenida del reparo, esta Sala considera que, en lo medular, el casacionista discrepa de lo resuelto por el Tribunal y no con los hechos no probados en sí mismos. Es decir, el casacionista lo que plantea es su interpretación de las pruebas y señala su punto de vista de cómo debió hacerse la valoración de estas en apoyo a su teoría del caso; conteniendo su exposición una serie de razonamientos esbozados de forma subjetiva, y no una comprobación de que las pruebas contradicen lo señalado por el Tribunal.  En cuanto al primer hecho no probado, no comparte esta Cámara que del acta del Concejo Municipal 465 de 10 de octubre de 1989, se extraiga la aprobación en todos sus extremos el informe de la comisión especial, y por consiguiente, que las garantías correspondían a todo el proyecto, puesto que del análisis de esos documentos se deriva que tal afirmación no está plasmada en ningún lugar y lo propuesto por el casacionista corresponde a la valoración personal de esos documentos.  Tampoco encuentra esta Cámara que tal hecho pueda comprobarse de la sola declaración del testigo Gerardo Monge Redondo, puesto que lleva razón el Tribunal al indicar que el testigo resultó contradictorio en su declaración puesto que señaló que existió el fideicomiso, pero que nunca lo vio, sino que él suponía su existencia; esto además de que, en su informe escrito, nunca hizo referencia a la existencia de fideicomiso alguno. Por último, tampoco es de recibo que el voto 574-2015, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo declarara en firme que la finca 65208 fue segregada en forma válida y así fue como nacieron a la vida registral o jurídica los 139 lotes que se sitúan en la IV etapa del Residencial El Molino, puesto que lo resuelto en esa resolución, que agotó la vía administrativa, se refiere al uso del suelo y no a lo argumentado por el casacionista.  En lo que respecta al segundo hecho no probado, el casacionista indica que lo expuesto por el Tribunal es correcto porque corresponde a lo señalado en la normativa; pero, explica, lo que se argumentó no fue ese postulado, sino que, para lograr ese visado ante la Municipalidad, se requiere haber culminado las obras públicas o en su defecto haber rendido el Urbanizador nominal a la Municipalidad una garantía a satisfacción de ésta. En ese sentido, encuentra esta Cámara que lo expuesto es una mera disconformidad con la forma en que se resolvió por las personas juzgadoras, lo que además resulta ajena al hecho tenido como no probado, por lo que resulta improcedente su conocimiento.  En lo que respecta al tercer hecho no probado, el casacionista explica que los daños se causaron porque la Municipalidad debió haber rechazado de manera expresa el visado de segregación, y a causa de eso omisión, el interesado visó los planos con un notario y los logró inscribir en el Registro, lo cual nunca impugnó la Municipalidad y que los perjuicios lo constituyen el lucro cesante por la imposibilidad que los 139 propietarios han tenido de construir casas o comercios allí al cabo de tantos años.  Es decir, el recurrente nuevamente se limita a exponer su desacuerdo, esta vez con que el Tribunal señalara la no comprobación de daños y perjuicios, pero omite explicar en cual prueba sustenta su dicho y de qué forma esos elementos desacreditarían lo no tenido por probado.  En su lugar, lo que expone es una argumentación de su teoría del caso, la cual resulta insuficiente por si sola para desacreditar lo tenido por no probado por el Tribunal. En lo que respecta al cuarto hecho no probado, en el que acusa contradicción con la declaración del testigo Gerardo Monge Redondo y los documentos de correspondencia entre la Municipalidad de Cartago en que se señala: “Que el Fideicomiso Inversiones El Molino o cargo del Banco Crédito Agrícola de Cartago (...)” y, "5.  Que dentro de los compromisos asumidos por el fideicomiso según las facultades que confiere el contrato del fideicomiso suscrito las obras realizados cumplen con los requisitos establecidos y cuentan con el visto bueno de entes especializados.  Considera esta Cámara que tampoco lleva razón el recurrente, esto porque a pesar del esfuerzo que realiza para tratar de afirmar que de ambas pruebas se infiera o deduce la existencia o constitución de un fideicomiso por parte del Banco Crédito Agrícola de Cartago para las obras faltantes en la IV etapa del Residencial El Molino, lo cierto es que ninguna de ellas logra de forma alguna sustentar tal hecho, en razón de que, se reitera el testimonio por sí solo no tiene la fuerza y fiabilidad para comprobar esa existencia, y en igual sentido la mención de un fideicomiso en los documentos presentados, tampoco resulta ser un medio idóneo para tal objetivo. Respecto al quinto hecho no probado, señala el casacionista que el expediente administrativo consta que el oficio OPUO97-2016 donde se dijo que el terreno de la  IV etapa del Residencial El Molino "estaba en verde" y que ahí no había "ninguna obra púbica", sin embargo, acusa, a folio 136 del expediente judicial está el acta de la inspección municipal donde consta lo contrario, por lo que, explica, los funcionarios actuales si bien posiblemente no fueron los que perdieron o dejaron vencer en los años 80's las garantías, sí faltaron a la verdad y le causaron perjuicio. En criterio de esta Cámara, ninguno de esos documentos contraría la afirmación del Tribunal respecto a la inexistencia de hechos que ameriten la apertura de procedimientos administrativos contra algún funcionario. Además, no expone el recurrente cuales son las razones por las que considera que en ellos se evidencia que, contrario a lo señalado por el Tribunal, constituyan méritos para la apertura de procesos, resultando entonces insuficiente su argumento para cambiar lo señalado en la sentencia.   Por todo lo anterior, el agravio debe rechazarse.
En el tercer motivo, acusa dejados de aplicar los numerales 34 y 44 de la Ley de Planificación Urbana (LPU).  Asienta su reproche en el numeral 138 inciso C) del CPCA.  Aduce, de conformidad con el numeral 34 de la LPU, ante la ausencia de respuesta de la Municipalidad, se procedió con lo que denomina “visado notarial”.  Manifiesta, la norma estaba vigente en ese momento y la jurisprudencia constitucional citada por el Tribunal, no es aplicable por ser posterior a la segregación operada en este caso.  Aduce, no es de recibo pretender la anulación de fincas inscritas o matriculas inmobiliarias por el mero hecho del dictado de sentencias a futuro, ya que ello implicaría aplicar retroactivamente la jurisprudencia sobre derechos adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, que en este caso no son otra cosa que los 139 lotes adquiridos de buena fe. Indica, lo peticionado es que se terminen la obras, además, explica, que habiendo la Municipalidad de Cartago permitido que se generaran 139 lotes para construir sin que se hubieran completado las obras civiles que permitieran su habitabilidad, entonces aún si el Tribunal no hubiese tenido por demostrada la existencia de garantías para la IV etapa, debió condenar a la Municipalidad por responsabilidad administrativa derivada del 190 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). En lo que respecta al numeral 44 de la LPU, expone que no es necesario "expropiar" para que la Municipalidad de Cartago pueda hacer o concluir las obras públicas pendientes, porque la ley la faculta ejercer su "dominio", indiferentemente de que estén o no traspasadas o inscritas a su nombre dichas áreas.  Señala, en este caso existe un "Mapa Oficial" donde constan las áreas reservadas al uso o dominio público y es el mosaico de catastro que está inscrito en el Registro Público. Argumenta, ninguno de los propietarios tiene a quien reclamar responsabilidad por lo sucedido hace tantos años, siendo la Municipalidad de Cartago la única que estuvo allí, por lo que de conformidad con los artículos 33. 34, 36. 38, 39 y 44 LPU, es a la Municipalidad y nadie más quien debería hacer las obras públicas, sobre todo porque hay áreas de calles y parques que ya son públicas.  Acusa, al no resolver el Tribunal quién es el responsable de esas obras faltantes, dejó en absoluta incerteza jurídica a los propietarios de los lotes.
                    El Tribunal, en relación con el visado del plano indicó, la Administración Municipal no lo concedió mediante el dictado de un acto administrativo válido y eficaz. Explicó, en materia ambiental, no resulta aplicable el silencio positivo.  Apuntó, no compartir el criterio de la parte actora cuando aduce que existe un visado notarial del cual se derivan derechos subjetivos y las obligaciones de la Municipalidad de terminar las obras urbanística, porque los visados municipales se derivan de la potestad de imperio administrativa, la cual son los poderes o facultades que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración, en este caso a la Municipalidad, para determinar el uso o no conforme de suelo, fraccionamiento urbano, visado de un plano u otro, etc.  Señaló, se trata del ejercicio de una potestad de imperio la cual es intransferible, irrenunciable e indelegable, al tenor del inciso 1) del artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública.  Añadió, ese poder-deber indelegable, impide su transferencia a un sujeto privado, aun y cuando, sea en el ejercicio de una munera pubblica (como es el notario), por lo que se asevera que no es dable oponer lo que la parte denomina un "visado notarial". Adicionalmente, el Tribunal, explicó que al analizar el acta número 105 realizada por el notario Jorge Brenes y la escritura número 540 del notario Nicómedes Madriz, concluyó que de ninguna de las actas transcritas se desprende que se haya satisfecho a ciencias cierta lo dispuesto en el artículo 331 de la Ley General de la Administración Pública, para derivar de ello que el silencio positivo se configuró, y mucho menos que puede devenir en aplicable al tratarse de un acto reglado de derivación ambiental y, que de ellas, las actas, las únicas conclusiones válidas que se obtienen es que el desarrollador presentó ante la Municipalidad planos para ser visados, pero no indica el notario de cuáles y cuántos visados se trata.  Señaló,  el notario manifiesta que requirió sobre el trámite de los planos, pero no da fe ni indica que en ese momento se hayan presentado ante la oficina correspondiente del visado alguna nota que diga expresamente que solicita la aplicación del silencio positivo por haber presentado toda la documentación exigida por ley y por haber transcurrido el tiempo; tampoco da fe el notario de que realizó esa gestión y no recibió una manifestación expresa de la Administración del silencio positivo y por ello hace una razón notarial asumiendo la responsabilidad, de una conformidad de los planos con el bloque de legalidad ante el cumplimiento de requerimientos de orden técnico.  Indicó el Tribunal, que lo anterior es importante porque el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana indica que: "se reputarán ineficaces si carecen de razón notarial o municipal sobre la preexistencia del plano visado"; por lo que de esa norma no se deriva el mal llamado visado notarial, lo que la norma dispone es que el notario dará fe por medio de una razón, de la preexistencia del plano visado y en ese tanto nunca se podría delegar en un notario dicho visado, pues no existe norma habilitante para ello, ni ostenta competencia en ese sentido, y resulta contrario a la naturaleza del acto administrativo de visado que no emana de la Administración, ya que la función del notario consiste en dar fe pública de la existencia de un hecho, no certificar ni asumir una competencia exclusiva de la Administración.  En cuanto al segundo argumento de este agravio, referido a las zonas públicas, el Tribunal en su fundamentación indicó, entre otras cosas, que teniendo todos los lotes dueños registrales, cabía preguntarse, cual propietario graciosamente donaría su lote para ello, debiendo entonces en ese sentido posiblemente la Municipalidad verse obligada a expropiar para cumplir las reglas urbano- ambientales que rigen la materia. Añadió, que no es posible pretender que la municipalidad asuma la condición de desarrollador, y de su peculio realice las obras que pretende la parte actora, y que posiblemente de acuerdo a lo que originalmente fue pensado todo el mega proyecto, cuya responsabilidad se encuentra en el desarrollador que vendió los lotes bajo la premisa incorrecta de contar con un visado municipal, el cual como hemos indicado es inexistente al ampararse a un denominado “visado notarial” manifiestamente improcedente, por no derivarse de las actuaciones municipales y, por la imposibilidad material de su génesis a partir del instituto del silencio positivo.
Del análisis que realiza esta Cámara se concluye que no lleva razón el recurrente.  El Tribunal explicó las razones por las cuales las actuaciones notariales que el actor, hoy casacionista, denominó visado notarial, no tienen la condición de sustituir el visado municipal.  Además, analizó detalladamente el por qué, al carecer de las condiciones contenidas en la Ley de Planificación Urbana, la posición esbozada por el demandandate no tiene cabida.  Entonces, esta Sala concluye que, contrario a lo alegado por el casacionista, el Tribunal sí analizó el contenido de la norma que acusa inaplicada, en relación con el visado, deduciéndose que la disconformidad del recurrente gira entorno a la interpretación y aplicación de la norma y no a una inaplicación de esta.  En lo que respecta al reproche de inaplicación del 44 de la LPU, el casacionista se limita a indicar que no es  necesario "expropiar" para que lo Municipalidad de Cartago pueda hacer o concluir las obras públicas pendientes, porque la ley la faculta ejercer su "dominio", y posteriormente argumenta, sobre la imposibilidad que tienen los propietarios de presentar reclamos contra entidad o persona alguna, acusa, al no resolver el Tribunal quién es el responsable de esas obras faltantes, dejó en absoluta incerteza jurídica a los propietarios de los lotes.  Este reproche y los otros reclamos que hace referidos a que no es de recibo pretender la anulación de fincas inscritas por aplicación retroactiva de la jurisprudencia y los que esboza solicitando condenar a la Municipalidad por responsabilidad administrativa derivada del 190 LGAP, carecen de la conexión lógica necesaria con los numerales acusados como preteridos y de las sustanciaciones técnicas propias del estadio casacional, por lo no pueden ser atendidos a raíz de su manifiesta informalidad.   Por todo lo anterior, resulta procedente el rechazo del agravio. 
             En el cuarto agravio acusa violación a normas y principios constitucionales.  Cita como fundamento el inciso d del artículo 138 del CPCA.  Acusa, el Tribunal violentó el numeral 34 constitucional y los principios de irretroactividad e intangibilidad de los actos propios, al haber entrado o juzgar o calificar un tema que no estaba sometido a su juicio, puesto que contrarió lo que había sido resuelto en sede administrativa, mediante resolución 5742015 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, a pesar de que ninguna de las dos partes cuestionó esa resolución en modo alguno.   Aduce, el Tribunal declaró como totalmente inválido el “visado notarial” que permitió la segregación de las fincas, lo cual es antagónico con lo resuelto por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo.
   El Tribunal, sobre la resolución indicada, señaló: “4) En cuanto al silencio positivo del visado de los planos de la segregación realizada en la finca del partido de Cartago Folio Real Mecanizado Número 65208-000. Sobre este tema se hace la aclaración que se realizará pronunciamiento en los términos que las partes lo debatieron en este proceso, no abordando en consecuencia, si existe conformidad o disconformidad del voto N° 574-2015 emitido por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, toda vez que no fue objeto de debate.”   Posteriormente, añadió: “Si bien es cierto, en este tema la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo indicó que existía un indicio de silencio positivo, dicha afirmación debe entenderse en el contexto de lo que allí se resuelve, es decir el uso de suelo, …”
Resulta claro para este Órgano Colegiado, que las manifestaciones hechas por el Tribunal, respecto de la resolución emitida por la Sección Tercera, se dieron en el marco del análisis de los hechos de la demanda y la respectiva contestación.  En ese sentido, el hecho probado 14 señala “Que los aquí actores apelaron ante el superior jerárquico impropio, y la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo mediante resolución 574-2015 del 30 de noviembre de 2015 reconoció que los visados notariales surtían efectos y por consiguiente debía darse el uso de suelo, debiéndose atender individualmente cada lote) (f. 323 expediente administrativo)”.  En ese sentido, no se observa que el Tribunal analizara dicho acto en la forma que acusa el recurrente; por el contrario, expresamente el Tribunal aclaró que no haría análisis alguno sobre esa resolución, por no ser parte del objeto del proceso ni del debate entre las partes. De igual forma, tampoco se observa que exista en la parte considerativa y mucho menos en la sección dispositiva de la sentencia, decisión alguna sobre la resolución 574-2015 del 30 de noviembre de 2015.  En todo caso, debe tenerse presente que la jerarquía impropia ejercida por esa sección y que le llevó al dictado de la resolución que agotó la vía administrativa; en ninguna forma obliga o vincula al juez ordinario.  En virtud de lo expuesto procede denegar el agravio.
    El quinto agravio acusa quebranto del principio constitucional de seguridad jurídica.  Cita como fundamento el inciso d del artículo 138 del CPCA. Aduce, en el caso en estudio se tiene un derecho de propiedad adquirido de buena fe, que ha sido burlado totalmente, porque a pesar de que se adquirió al amparo del Registro no se ha podido desarrollar o construir en ninguna de esas fincas, a causa de un entuerto en que la Municipalidad demandada tuvo una participación importante pero que, explica, por desgracia fue pasiva y negligente.  Manifiesta, el Tribunal se limitó a disponer que la Municipalidad no tiene obligación de hacer bajo su costo las obras públicas pendientes de la IV etapa porque no tuvo en su poder las garantías para ejecución de estos y porque no causó daños y perjuicios a los interesados, sin resolver a quién le corresponden tales responsabilidades, dejando a la deriva la responsabilidad sobre esas obras pendientes.  Acusa, el Tribunal violenta el Principio de Seguridad Jurídica al contrariar inscripciones inmobiliarias realizadas hace varias décadas bajo las que un gran número de particulares adquirieron de forma oneroso los inmuebles y desconociendo que las mismas se produjeron porque los lotes enfrentan calle pública y se ajustan a un Mapa Oficial y así lo regula el artículo 44 LPU, y añade, que de igual forma olvida que todos los actuales propietarios son adquirentes de buena fe y no los desarrolladores, por lo que el Tribunal no debió dejar a la deriva la determinación cierta y precisa de quién es el responsable de culminar esas obras.   Señala, en el juicio consta que la Municipalidad de Cartago por medio de su apoderado especial judicial dijo que eso le correspondía a la parte actora hacer las obras y el Tribunal ni siquiera se refirió a eso en la sentencia, simplemente se limitó a exonerar a la Municipalidad de toda responsabilidad, obras pendientes, así como daños y perjuicios, sin clarificar quién tendrá que asumir el costo de todas esas obras públicas pendientes para que se puedan construir casas o comercios en los 139 lotes situados en la IV etapa del Residencial El Molino de Cartago.
                     La sentencia, al respecto señaló: “En conclusión a pesar de que existen vestigios de la construcción de tuberías y cordones de caño, en la denominada etapa IV del Residencial Cartago, no existe  ningún fundamento jurídico que obligue a la Municipalidad de Cartago a continuar y finalizar dichas obras, como ya se indicó y se vuelve a reiterar, en este momento lo que hay en dicha finca objeto del proceso es una segregación en cabeza propia y posteriormente una venta de derechos (fincas), lo cual no implica que los mismos se encuentren ajustado a derecho, siendo ello un tema de otro proceso diferente al que aquí nos ocupa, por consiguiente obligar a la Municipalidad a realizar dichas obras como pretende el actor, sería realizar una inversión en fincas privadas, pues en este momento nunca se recibió dicho proyecto, nunca se recibieron los espacios públicos y mucho menos las calles son públicas. En conclusión, a la luz del análisis realizado en esta sentencia, no encuentra mérito ni fundamento jurídico la pretensión de la parte actora relativa a emitir una orden a la Municipalidad a iniciar o terminar las obras de infraestructura requerida para la denominada o IV etapa del Residencial El Molino-.”
El Código Procesal Contencioso Administrativo en su numeral 119 dispone, que la sentencia resolverá sobre todas las pretensiones y todos los extremos permitidos por ese cuerpo normativo.  En ese mismo sentido, el Código Procesal Civil, en su cardinal 61.2 establece: “Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.”  A partir de esas disposiciones normativas, las personas juzgadoras tienen delimitadas sus facultades de conformidad con los hechos establecidos por las partes y sus pretensiones. Entonces, no es posible que el Tribunal rebase esos límites, ya que de hacerlo rompería la congruencia de su fallo.  En el caso traído a estudio de esta Cámara, las pretensiones de la parte actora, ahora casacionista, se enmarcaron en “a) condenar a la Municipalidad de Cartago a realizar bajo su costo y dentro del plazo razonable y prudencial que su Autoridad se sirva fijar todas las obras pendientes de la cuarta etapa del Residencial El Molino, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana. b) condenar en abstracto a la accionada al pago de los daños y perjuicios causados los cuales serán liquidados en ejecución de sentencia. c) condenar al demandado al pago de ambas costas. d) ordenar a la autoridad competente conforme a la ley la apertura de un procedimiento disciplinario contra los funcionarios implicados en el caso de marras…”   Entonces, a diferencia de lo que afirma el casacionista, estima esta Sala que el hecho de que las personas juzgadoras no establecieran un responsable de los hechos acontecidos con los lotes de la parte actora y limitaran su resolución a determinar que no existió responsabilidad de la demandada, no supone que la sentencia adolezca quebranto alguno al principio de seguridad jurídica.  Por el contrario, confirma este órgano colegiado, que lo resuelto está y se mantuvo dentro del ámbito de litigio que las partes establecieron.  En razón de lo anterior, al no evidenciarse el reproche formulado, resulta procedente el rechazo del agravio.
      El sexto agravio reclama transgresión de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad por la condena en costas.  Basa su reproche en el numeral 138 inciso d) del CPCA. En su recurso y en la ampliación de este, alega el tema de la condena o no de las costas, está íntimamente vinculado con los Principios Constitucionales de Razonabilidad y Proporcionalidad Jurídica, en el sentido que, cuando una persona tuvo suficientes motivos o razones de peso para litigar no es justo agraviarlo mediante una condena en costas en el evento de rechazo a su demanda.  Indica el juez debe ponderar factores de razonabilidad, para

evaluar se acudió al proceso de forma razonada o de forma temeraria y atrevida.  Aduce, en su caso, las actoras acudieron con un basamento de argumentos y pruebas razonables, como lo reconoció la propia demandada en su alegato de conclusiones.  Explica, haber actuado apoyados en una resolución de agotamiento de vía administrativa favorable a su tesis, sufrir durante muchos años la imposibilidad de construir en 76 lotes, que es la misma situación de los demás propietarios de los 139 lotes de la IV etapa del Residencial El Molino), haber hecho el mayor esfuerzo posible para obtener y aportar actas municipales de muy vieja data, aportar un testigo que presenció y participó en los hechos debatidos, aportar el Mosaico de Catastro para demostrar que las áreas públicas en cuestión son de dominio público a la luz del articulo 44 LPU, aduce haber alegado derecho de fondo aplicable, todo lo cual, evidencia la buena fe.  Añade, en su ampliación, como normas que debió observar el Tribunal, los numerales 73.1, 73.2.4 ambos del Código Procesal Civil.  

                  En relación con la condena en costas, el Tribunal explicó que al haber sido declarada sin lugar la demanda y no encontrar ninguna causal que justifique la eximente, de conformidad con el numeral 193 del CPCA, resultó procedente la condena a la parte actora al pago de las costas y sus intereses a favor de la demandada.
En procesos contenciosos administrativos esta Sala estima, de conformidad con el canon 193 del CPCA, el pronunciamiento sobre las costas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su pago. Por consiguiente, la condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo, según procedió el Tribunal en el caso de examen. Es decir, por perder el litigio, sin que ello signifique no haya tenido motivo bastante para litigar ni se le considere litigante temerario o de mala fe. Por su parte, dicho numeral dispone los supuestos por los cuales podrá eximírsele de su pago. Al respecto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley y, en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por la propia persona juzgadora. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, sobre este particular, se estima, con la sola aplicación de la regla general del artículo 193 del CPCA (condenatoria al vencido al pago de ambas costas) no se cierran las puertas al recurso de casación, pues, por el contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas. Entonces, según las circunstancias del caso, sí puede resultar procedente un recurso de casación. En el caso concreto, el casacionista reclama contra la condena en costas, alegando haber litigado de buena fe. Aunque no lo invocó como transgredido, pero es el aplicable, el artículo 193 inciso b) del CPCA, no habilita la exención en caso de adecuada conducta procesal, sino porque la naturaleza de lo reclamado permita colegir que el debate era necesario para dilucidar a quién asistía el Ordenamiento. En el caso concreto de examen, se comparte lo dispuesto en el fondo por el Tribunal, en cuanto se impuso al vencido el pago de ellas, ya que los argumentos del recurrente para variar lo dispuesto no son de recibo, toda vez que estimamos que, por la manera cómo se resolvió, al recurrente no le asiste motivo para litigar.  De igual forma, tampoco observa esta Cámara que con la condena en costas se transgrediera principio constitucional alguno, porque en todo caso, como se dijo, la condena es la regla establecida por el numeral 193 inciso b) del CPCA.  Dado lo anterior, procede el rechazo del agravio.
          En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso. Las costas a cargo del perdidoso.

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso. kariasm

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	

 

	

Ana Isabel Vargas Vargas

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:51:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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First Chamber of the Court

Resolution No. 00283 - 2022

Date of Resolution: February 10, 2022, at 09:57

Docket: 17-006392-1027-CA

Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez

Analyzed by: FIRST CHAMBER

Text of the resolution

Exp. 17-006392-1027-CA
Res. 000283-F-S1-2022
 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty-seven minutes on February tenth, two thousand twenty-two.

 Ordinary proceeding filed by NÉSTOR JOSÉ MATA SOLANO; MAREFE DE CARREZ S.A; FRANES S.A. and DEL AGRO VERDES S.A; all represented by Attorney Alejandro Monge Ariño, against the MUNICIPALITY OF CARTAGO, represented by Attorney Wilbert Quesada Garita. The plaintiffs bring a cassation appeal.

Judge Vargas Vásquez authors the opinion.

WHEREAS

 On June 29, 2017, the plaintiffs filed the complaint stating that, precisely between National Route 228 (Cartago-Tejar) and 3 Avenida 24 (Cantonal Route) in Cartago, is the Fourth Stage of Residencial El Molino. They argued that said segment corresponds to one of the seven parts or stages of the Residencial El Molino urban project, which began in the seventies. They explained that this project was started by Inversiones El Molino S.A, based on the parent property registered in Cartago, title number 65208-000. They stated that, in public deed 292 at 13 hours 45 minutes on October 16, 1984, executed before Notary Public Nicomedes Madriz Arce, the representative of Inversiones El Molino S.A appeared, for the purpose of segregating from the parent property, Cartago district, title number 65208-000, 7 lots from Block O, 27 lots from Block P, 25 lots from Block Q, 44 lots from Block R, 35 lots from Block S, for which the Notary warned of the absence of approval (visado) and which make up the Fourth Stage of Residencial El Molino in Cartago. They added that notary Jorge Brenes Garro recorded a notarial certificate in deed 105, at the office of the then Municipal Executive of Cartago at 13 hours 35 minutes on July 3, 1985, which stated that the company Inversiones El Molino S.A requested the Municipality to indicate where the plans that had been submitted for the respective segregation approval (visado) were, and the deed recorded a negative response from the municipality. They clarified that deed 292 was supplemented by deed 538 at 9 hours on July 8, 1985, and deed 540 at 9 hours 15 minutes on July 8, 1985, in which the cadastral plan number corresponding to each of the lots intended to be segregated was stated, according to which the plans did not have express municipal approval for segregation, because the Municipality of Cartago did not return them within the legal term, as recorded in the certificate recorded by Notary Jorge Brenes Garro in Cartago. They indicated that this is how the 139 lots segregated on that occasion by Inversiones El Molino SA were registered in the Public Registry as independent properties, each with an approximate size of 250 meters, and they maintained that, by virtue of said registrations, those lots were put up for sale to be acquired by third parties, good-faith buyers, without the Municipality of Cartago later recording any type of warning in the margin, nor filing any nullity proceeding against the notarial approval (visado) that it facilitated by omission for said registrations. They alleged that the plans for the 139 lots of the Fourth Stage of Residencial El Molino are from 1985, so that by that year the existing works in said stage must have been built because the surveyor inevitably needed the physical on-site reference of the curbs and gutters to tie the plans, otherwise it would have been materially impossible for that professional to carry out the corresponding surveys. They added that various certificates show there was a report that demonstrated the guarantees (garantías) were lost and that, contrary to what the Municipality claimed, there were indeed more guarantees (garantías). They maintained that it is illogical that the Municipality of Cartago in 1993 allowed the continuity of the development in its seventh stage, receiving new guarantees (garantías) and not stopping works, despite the fact that, according to that local government, public works of the Fourth Stage were still pending, which by its own numbering and by the dates of the surveyed segregated plans was prior to the seventh stage, that is, in 1985. They explained that, over the following years, and unaware of all the above because there was no way to learn of the situations, because those facts did not have due publicity to third parties, many people or entities, including the plaintiffs, acquired the lots in good faith, unaware that they could not subsequently be used to build housing, since there has never been any notation or warning whatsoever about the pending completion of public works in the Fourth Stage of Residencial El Molino. They alleged that in September 2014 several owners requested land use (uso de suelo) certificates for residential, commercial, or service purposes on said lots, and the Urban Planning Office of the Municipality of Cartago conditioned the granting of said land uses (usos de suelo) on first processing the segregation approval (visado), for which, they indicated, the aforementioned deeds were attached. They continued that, by resolution OPU-360-2014 of November 18, 2014, the Urban Planning Office did not admit said evidence as sufficient approval (visado) and also ordered that while the public works in the Fourth Stage of Residencial El Molino remain pending completion or finishing, it would not issue the requested land uses (usos de suelo), arguing that all the lots of the Fourth Stage of Residencial El Molino must be taken as a unit and not individually, which was challenged and finally resolved by the Third Section of the Contentious Administrative Court, which exhausted the administrative channel, ruling in favor of the appellants, by resolution number 574 at 14 hours 5 minutes on November 30, 2015, issued within docket number 15-004544-1027-CA. They explained that, at various times, requests were submitted for the Municipality of Cartago to carry out at its own cost the pending public works in the Fourth Stage of Residencial El Molino, but all were negative. They indicated that when requesting certification about the guarantees (garantías) provided for the fourth stage of the project, they received contradictory responses, because one indicated they did not exist and another indicated that "having reviewed the physical files of Residencial El Molino in the custody of the Urban Planning Department and according to the final report Residencial El Molino contained in article 32, Record number 251-05 of the session held on November 1, 2005, the only guarantees (garantías) known to the undersigned are those mentioned in the aforementioned agreement." They argued that, by resolution of August 3, 2016, the Municipal Mayor of Cartago rejected the appeal, thereby confirming the previous administrative position, in the sense that, in the opinion of the Municipal Administration, it is not the Municipality's responsibility to carry out at its own cost the public works of the Fourth Stage of Residencial El Molino. They explained that, on August 11, 2016, they filed ordinary Reconsideration with Subsidiary Appeal and Concomitant Nullity remedies against the Mayor's resolution, a reconsideration remedy that, after an oral hearing was held, was rejected by resolution of October 5, 2016, which ordered the case to be elevated to the Third Section of the Contentious Administrative Court, which by resolution 98-2017 at 8 hours on March 20, 2017, ordered the rejection of the appeal as inadmissible, considering that it was a declaratory claim not addressable in an improper hierarchy, therefore referring the plaintiffs to the ordinary jurisdiction. They petitioned: "... that the judgment order: a) to condemn the Municipality of Cartago to carry out at its own cost and within the reasonable and prudential period that Your Honor deems fit to set, all the pending works of the fourth stage of Residencial El Molino, by virtue of the provisions of article 39 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). b) to condemn the defendant in the abstract to pay the damages caused, which will be liquidated in the execution of the judgment. c) to condemn the defendant to pay both sets of costs. d) to order the competent authority according to law to open a disciplinary proceeding against the officials involved in the case at hand; who failed to tell the truth in their statements and/or resolved contrary to Law, to that effect and as provided in article 200 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública), I request Your Honor to declare that the illegalities they incurred were evident and manifest ..." The Municipality answered the complaint negatively and raised the defenses of lack of passive and active standing (falta de legitimación pasiva y activa); and lack of right (falta de derecho). By judgment 40-2019-I at eleven hours fifty-five minutes on May nine, two thousand nineteen, issued by the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, First Section, the Court rejected the defenses of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), upheld the defense of lack of right (falta de derecho), declared the proceeding without merit, and condemned the plaintiffs to pay both sets of costs of the proceeding. Disagreeing, the plaintiffs' representative files a cassation appeal on procedural and substantive grounds. Subsequently, by submission dated March 18, 2020, the appellant expands his appeal.
 By order at fourteen hours thirty-six minutes on February twenty-fourth, two thousand twenty-one, the appeal is admitted.
 The appellant provides, as evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver), certifications issued by the Public Registry, indicating that they prove the expiration of the company Inversiones H Molino S.A. Subsequently, he also provides what he calls a "digitized document of one of the works execution guarantees (garantías de ejecución de obras)," and indicates that this was provided to the Municipality of Cartago in 1988 for Residencial El Molino, fourth stage. Regarding this document, he clarifies not having known of it during the trial stage, since, he explains, he obtained it only afterward, as it was in the possession of the defendant, which, he argues, in good faith is the party that should have brought them to the proceedings. He states that it demonstrates that the guarantees (garantías) provided for the IV stage of the project did exist, therefore the witness Gerardo Monge did not lie. To resolve these requests, it is essential to recall the regulation governing evidence at this procedural stage. In this regard, article 145 of the Contentious Administrative Code (CPCA) states: "Article 145. 1) During the processing of the appeal, documentary evidence may be presented, swearing not to have known of it previously, concerning new facts occurring after the appealed judgment." That is, the rule contemplates the possibility for parties to present documentary evidence only, and only when it refers to new facts occurring after the appealed judgment, with the understanding that they must also swear not to have known of them before. Regarding the first piece of evidence presented by the appellant, it must be stated that it does not comply with the regulations of article 145 of the CPCA, since its submission does not indicate whether it corresponds to new and subsequent facts, nor is its prior unawareness declared under oath. Under these conditions, its rejection is therefore appropriate. Regarding the second piece of evidence, although the appellant indicates not having had access to the document previously, as it was in the possession of the defendant Municipality, the truth is that he provides no evidence to support his claim, such as, for example, a prior request to the defendant before filing the complaint. In any case, upon analyzing the document brought at this stage, this Chamber considers that it does not meet the conditions set forth by the appellant, since, contrary to what he indicates, the truth is that neither from the literal wording of the document nor from its analysis in conjunction with the other evidence and the date of the residential project, could it be established that it corresponds to the fourth stage of the urban development analyzed here. That is, from a comprehensive reading of the document, it is impossible to either visualize or infer that it corresponds to or proves that there exists or existed a guarantee (garantía) provided for the execution of missing works by the developer or the trust Inversiones El Molino S.A. specifically in relation to Stage IV of Residencial El Molino. Therefore, as it does not meet the conditions of form and substance established by the rule, its rejection is also appropriate.

Procedural Grounds

 In the first grievance of this type, he alleges the illegitimate introduction of evidentiary means into the proceeding. He bases his grievance on subsection C of article 137 of the CPCA. He argues that the Court supported its opinion on a sketch (croquis) that was provided at the end of the proceeding. He explains that when the Court takes into consideration the sketch (croquis) referred to on page 34 of the judgment, it dismissed the possibility of locating public spaces, which is very serious because, he indicates, it not only reasoned based on evidence that should have been held inadmissible and whose rejection it did not declare, but it also failed to consider that the public spaces of the Fourth Stage are perfectly and clearly identified and located in the Cadastre Mosaic or Official Map that is registered in the Public Registry and that was even re-stamped by the INVU. He indicates that the fact that those public spaces: streets, sidewalks, common areas, indicated in the mosaic are not built, does not mean or demonstrate that in material or legal reality, those spaces are not legally reserved for public domain, because according to the principle of first registration (principio de inmatriculación) reflected in article 44 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), those public spaces or assets are constituted as public domain with the mere registration of that cadastre mosaic or official map in the Public Registry, as it proves the will and commitment of the nominal owner or developer of the project to reserve those spaces for public use or domain. He alleges that it is very serious that the Court resorted to a simple and informal sketch (croquis), whose author is unknown, to omit consideration of documents with greater probative value that were indeed legally incorporated into the proceeding, are official, and have public faith (fe pública). He concludes by indicating that the Official Map was validated in proven fact one.
 The judgment stated in this regard: "Court's Opinion. On this matter, this Panel of Judges has already extensively set forth above that, according to the evidence and the factual framework presented, we are not in the presence of a municipal obligation for the construction of works, since as has been demonstrated, the so-called IV stage of Residencial El Molino is a private property that was initially segregated as a self-segregation – clearly violating the urban regulations relating to subdivisions for urban purposes (fraccionamientos con fines urbanísticos) or urban subdivisions that must include public spaces such as community facilities, playgrounds, etc. - and subsequently sold to third parties who are indeed good-faith purchasers, but this does not imply that, in clear disregard of the urban legal system, a municipal obligation arises to carry out infrastructure works on that land. Note that at the site at this moment there are no public spaces or areas designated for that purpose, moreover, the mandatory question would be who or whom would hand over said spaces, if all the lots already have owners, although it is true that from the sketch (croquis) that the plaintiff refers to, one could try to locate the public spaces, in materiality they could not be located, that is, there is no guarantee whatsoever that they effectively exist and conform to urban rules. It is worth asking, also, which owner would graciously donate their lot for this, thus in that sense the Municipality might possibly be forced to expropriate to comply with the urban-environmental rules governing the matter."
 Having analyzed the record of this proceeding and the excerpt from the corresponding judgment, it is clear that the Court explains that in the evidence it analyzes, which was used by the plaintiff, one could indeed try to locate the public spaces. That is, contrary to what the appellant indicates, this Chamber deduces that the document used in this segment by the judges corresponds to what the appellant refers to as a cadastre mosaic, as that is the evidence in which such a situation is recorded. In that sense, although the judgment uses the word sketch (croquis), the truth is that from the content of the statement, it is clear that it is analyzing the evidence referenced by the plaintiff, in which both the judges and the appellant indicate that it is possible to locate the public zones, though the Court doubts that the materialization of that distribution is verifiable in reality. Consequently, as the use of any evidence to which the plaintiff did not have access is not demonstrated, and on the contrary, it being evident that the judges refer to evidence that at all times was not only accessible to the appellant but was used by them to explain their theory of the case, it is concluded that the defect alleged does not exist, and therefore the rejection of the grievance is appropriate.
In the second grievance, he alleges improper reasoning and incongruence. He bases his complaint on subsection d) of article 137 of the CPCA. Although he presents it as a single grievance, he segments it into four separate sections and subsequently incorporates a fifth point. In the first section, he indicates that the Court, in point 1 of whereas clause VI, failed to indicate any legal source on which it bases the statement that the guarantee (garantía) referred to in article 39 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) is not for the entirety of the urbanization. He presents his argument through questions, stating: "Which law, regulation, or jurisprudence says that the guarantees (garantías) referred to in article 39 of the LPU are not for the entire urbanization and article 39 LPU are not for the entire urbanization? On what basis did the Court consider that this was so for the 80s when Residencial El Molino was developed in all its stages?" He argues that the Court has no basis for making that distinction, which harms basic principles of public law that prohibit making a distinction where the law does not. He states that it is logical that when a guarantee for the execution of works is provided, it is to be able to segregate the parent property into all the lots intended for sale, without it making sense to provide bonds (cauciones) referring to works or services required for all the lots when only some of them are intended to be segregated and sold. He argues that the lots of stages III and IV were segregated from the same property, so the guarantee (garantía) should have applied to all the lots. He adds that the rest of the property corresponds to streets and parks, the same as the third stage, which has already been officially received. In the second section, he indicates being in disagreement with the Court regarding point 2 of whereas clause VI. He explains that, in summary, there is a contradiction because they indicate that the commission studied the previous reports of technical officials, but then they concluded that the decision made in said report was not based on objective and technical elements. In the third section, he alleges defects in the reasoning of point 2 of whereas clause VI. He argues that the reasoning contains an Ad Ignorantiam fallacy, because even though the municipal record literally says that the guarantees (garantías) expired due to negligence, the Court discredits that as true by alleging a lack of accessory elements that the judges thought of. He adds that there is also an Ad Verecundiam fallacy, because the Court falls into the authoritarianism of denying, without any explanation or legal support, a confessional effect to the approval by the Municipal Council of a report issued by a Special Commission. In the fourth point, he alleges there is a contradiction because the Court dedicates an entire section of the judgment to indirectly analyzing vote 574-2015 of the Third Section of the Contentious Court, which was not the subject of debate, and on the other hand, the Court acknowledges that none of the parties questioned that resolution. He indicates that by this action the Court incurred the defect of extra petita. In the expansion of his appeal, he adds a fifth point in which he alleges that the Court failed to resolve the claim for damages, which, he indicates, was filed in a subsidiary manner.
 In relation to the lack of reasoning as a procedural cause contemplated in article 137, subsection d) of the Contentious Administrative Procedure Code, this Chamber has stated on repeated occasions, explaining that it arises when the judgment is lacking in this element, either because it is completely absent, or because the development is extremely confusing or contradictory, in such a way that it prevents clarity regarding the reasoning that led to the decision adopted in the operative part of the judgment, which would violate the procedural rights of the parties, in particular, due process. Likewise, it must be kept in mind that this is a ground of a procedural nature, which means it pertains to possible non-compliances with the adjective provisions that regulate the proceeding or the judgment, as well as the legal relationship that binds the parties and the judge within the framework of a judicial process, and from which rights and obligations derive. Thus, this ground should not be confused with a mechanism to begin discussing the application of the Law or the assessment of evidence carried out by the lower court (A quo) in the reasoning part of the judgment, for which the Procedural Code establishes autonomous grounds (article 138), as otherwise the specific ground would be distorted. The lack of reasoning as a ground for quashing the judgment, in the terms that have been discussed, occurs when the rule establishing the judge's duty to analyze the incidents and substantive issues raised by the parties is violated (a principle of procedural law, part of due process, and which, moreover, is materialized in articles 119 and 122, subsection m) of the Contentious Administrative Procedure Code. It is not about determining whether the court ruled on all the claims incorporated into the process by the parties, but on the contrary, that the judgment includes the foundations on which the corresponding decision was based. (Judgment 126, at 15 hours 40 minutes on February 5, 2009)
 In the case at hand, having analyzed the appellant's arguments against the appealed judgment, it is concluded that the alleged lack of reasoning is not evident. What is set forth by the appellant reflects that his complaints are directed at the correct application of the law, and not at the lack of reasoning in the terms required by this procedural grievance. In the first section of the ground, ultimately, what he does is criticize the interpretation the Court makes of article 39 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and set forth the one he considers correct. Similarly, in the second section, he presents his point from what he says is a contradiction by the Court, but which in reality points to a disagreement with the assessment of evidence. In the third section, he alleges two fallacies also related to his position of disagreement regarding the assessment of evidence. In all these segments of the complaint, it is evident that the Court set forth the reasoning upon which the decision adopted was reached, making it clear that what the appellant sets forth is his disagreement with it, so the alleged lack of reasoning does not occur.
 Regarding the allegations of incongruence, it is important to note that this Chamber has reiterated that the defect is configured when there is a contradiction between what the parties claimed and what the judge resolved. Therefore, it will be present when the judgment contains contradictory provisions, omits a ruling on any petitioned point, grants more than what was requested, or when what was resolved bears no relation to what was claimed. In the case at hand, in the fourth point, what the appellant alleges has no basis in the operative part of the judgment, but rather refers to an analysis made by the judges within the reasoning and basis of their decision, so the conditions for this procedural grievance invoked are not met, and consequently, the alleged incongruence is not evident. In the expansion of the appeal, he alleges that what was claimed in a subsidiary manner regarding damages was not resolved; however, in the judgment, the Court did refer to the claim, stating: "In the absence of a condemnation for any omission or negligence on the part of the Municipality of Cartago that was the source producing any damage to the plaintiff, this claim must be rejected."; with which it is evident that the appellant is also not correct on this point. For all the foregoing, the rejection of the charge formulated is appropriate.

Substantive Grounds

 In the first ground of this type, he alleges improper assessment of evidence. He bases his complaint on subsection a) of article 138 of the CPCA. He explains that the judges erred in pointing out that witness Gerardo Monge Redondo contradicted himself in his statement, since, he indicates, they argued the supposed contradiction in that he said he had not seen the guarantees (garantías) with his own eyes, but asserted that they did exist, that the Municipality had them, and that they were for the IV stage of Residencial El Molino. He alleges that ontologically there is no contradiction there, because the fact that he did not see or hold the bonds (cauciones) in his hands does not detract from the truthfulness of his testimony. He argues that the witness clearly explained that he was a banking executor official, he was neither a member of the Board of Directors, nor of the Treasury of the Bank that provided those guarantees (garantías), nor a municipal official in charge of their deposit or custody; so it is normal that he did not have those guarantees (garantías) in his possession; and he was clear in asserting that he participated in correspondence exchanges and meetings with the municipality, because he was the banking official handling that case, affirming that the guarantees (garantías) did exist and that they were even specifically provided for the IV stage of Residencial El Molino. He adds that, even assuming the Court's logic, it is incomprehensible why the Court did not take into account that this deponent attested that those guarantees (garantías) were specifically for the IV stage; since, he explains, one thing is that the judges missed the witness's ocularity of the bonds (cauciones) and quite another is that they discredit his attestation that the guarantees (garantías) were specifically for the IV stage. He concludes his grievance by transcribing the witness's statement.
In relation to this point, the Court indicated that although witness Gerardo Monge Redondo stated that a trust (fideicomiso) existed with Banco Crédito Agrícola de Cartago, which was intended for the works of the fourth stage, said testimony cannot be taken as the actual truth of the facts, for two specific reasons. The first, it indicated, is that when the witness was asked by the plaintiff if he knew of the existence of a trust (fideicomiso), he contradicts himself in his words in relation to what is recorded in the report he himself signed, since on one hand he affirms that the trust (fideicomiso) was fundamentally for the fourth stage and other minor works in other stages, but in the report that appears in the record, which he acknowledged in the oral and public trial, it cannot be inferred that he indicated a trust (fideicomiso) existed for said works of the fourth stage. Secondly, the judgment points out that when the Court asked him if he saw any Board of Directors agreement of the Bank or file that evidenced that the guarantees (garantías) for the fourth stage were approved, he stated that he never saw any agreement in that regard, and on the contrary indicated that he only assumes they were approved because that was what was recommended.
 From the analysis of what was resolved by the Court, this Chamber finds that what the appellant argued regarding the discrediting of the witness for not having seen the guarantees (garantías) is not accurate. Clearly and precisely, the judges have indicated two reasons why the testimony cannot be taken as true: a) because what was said in court does not match what is recorded in the report that he himself signed; and, b) because he admits not having seen any Board of Directors agreement of the Bank or file evidencing that the guarantees (garantías) for the fourth stage were approved, but rather he assumes their existence.

That is to say, the analysis of the testimony carried out by the Court is not limited to what the appellant describes as a simple failure to “have seen the document,” but goes further, describing an inconsistency between the testimony and the report rendered by the same witness, and also because the witness bases the assertion of the existence of the guarantees on the assumption that the advice was followed, and not because he could confirm the existence of a Board of Directors’ agreement or any file. Thus, the cassation appellant’s thesis is not receivable, as it moreover only partially attacks what the Court stated, without managing to prove that there was any error regarding what was held in the judgment. Due to the foregoing, since no error is evident in the weighing of the evidence and, on the contrary, it adheres to sound rational criticism, the grievance must be dismissed.

In the second ground, it challenges facts held as unproven, in contradiction of the evidence. It bases its grievance on Article 138(b) of the CPCA. It reproaches error in all the facts held by the Court as unproven, which total five. Regarding the first, which states: “1) That a guarantee exists or existed provided for the execution of outstanding works by the Developer or the Fideicomiso Inversiones El Molino S.A. in relation to stage IV of Residencial El Molino (the case file).”; it explains that the Court delegitimized the evidence in that regard, specifically referring to Municipal Council Act 465 of October 10, 1989, from which, according to its criterion, it can be inferred that the special commission’s report that had comprehensively studied the Residencial El Molino case was approved in all its aspects, a document in which it was expressly stated that the guarantees for the execution of works had been allowed to expire, could no longer be renewed, and that, for this reason, responsibilities should even be established internally within the municipality. It points out that the Court errs when arguing that the document does not textually state that the aforementioned guarantees were for stage IV, precisely because the Commission studied the entire project as a whole, whereby, it explains, the correct logical interpretation of that evidence was that, unless stated otherwise, the guarantees corresponded to the entire project. It argues that it is illogical for specific guarantees to exist for certain lots, because, in its opinion, the subdivision approval (visado de segregación) is the only possible means of dividing the mother parcel into lots, and the Municipality—pursuant to Article 36 LPU—does not grant the approval if works for the entire urbanization are missing, since that provision makes no distinction and rather the works in question refer to guaranteeing the habitability of the entire place and not certain lots. It adds, as a second piece of evidence, the statement of witness Gerardo Monge Redondo, who declared under oath that the guarantees referred to therein as expired and held by the Cartago municipality were indeed for stage IV. It argues that the Court illegitimately reduced the evidentiary value of that witness and refers to the arguments given in the prior grievance. In the third place, it argues that decision 574-2015 of the Third Section of the Administrative Litigation Court declared with finality that parcel 65208 was validly subdivided and that this is how the 139 lots located in stage IV of Residencial El Molino were born into the registry or legal life, which means that those lots were created due to the Municipality’s irresponsibility, since in light of Article 36 LPU the Municipality should have denied that approval if there were outstanding works without execution guarantees, but since it did not, the opposite was proven. As for the second unproven fact, which states: “2) That the National Property Registry requires, as a prerequisite for registering plans, that guarantees exist provided by the developer in favor of the Municipality, as the plaintiff argues. (absence of proof).”; it argues that what the Court indicated is correct because it corresponds to what is stated in the regulations; but, it explains, what was argued was not that postulate, but rather that, to obtain that approval before the Municipality, it is necessary to have completed the public works, or failing that, for the nominal Developer to have provided a guarantee to the Municipality’s satisfaction. As for the third unproven fact, which says: “3) That the existence of damage and harm caused by the Municipality to the plaintiff could be proven (absence of proof).”, it explains, in summary, that the Municipality of Cartago did cause damages and harm because, in accordance with Articles 36 and 38 of the LPU, it should have expressly rejected the subdivision approval, and because of that omission, the interested party had the plans approved by a notary and managed to register them in the Registry, which the Municipality never challenged. It explains that the harm consists of the loss of profits due to the impossibility that the 139 owners have had to build houses or businesses there after so many years, all through the fault, it states, of a negligent municipality that did not prevent, as it should have done by expressly rejecting the approval, those individual parcels from emerging, and later, when that happened, also did absolutely nothing to manage the situation and prevent harm to third parties, who are we, the now 139 owners, because the nominal developer no longer exists, and now there is no one to answer to us in such a situation. In relation to the fourth unproven fact, which says: “4) That a trust was constituted by Banco Crédito Agrícola de Cartago for the outstanding works in stage IV of Residencial El Molino (the case file).”; it argues that the case file contains the statement of witness Gerardo Monge Redondo, who declared under oath that a trust existed on behalf of Banco Crédito Agrícola de Cartago specifically to address stage IV of Residencial El Molino, because the other stages were already completed. It adds, as further proof that the trust existed, that on folios 63 or 65 of the judicial file there are correspondence documents between the Municipality of Cartago (Mayor’s Office) and said trust, in point A of the therefore section of the special Municipal report, which states: “That the Fideicomiso Inversiones El Molino under the responsibility of Banco Crédito Agrícola de Cartago (...)” and also when it says: "5. That within the commitments assumed by the trust according to the powers conferred by the signed trust contract, the works carried out comply with the established requirements and have the approval of specialized entities" and; finally, it indicates that the lawsuit never denied the existence of that trust. Regarding the fifth unproven fact, “5) That there is any reproachable conduct by the Municipality that warrants the opening of administrative procedures against any official (the case file).” It indicates that the administrative file shows that official communication OPUO97-2016 stated that the land of stage IV of Residencial El Molino “was green” and that there was “no public work” there; however, it argues, on folio 136 of the judicial file there is the municipal inspection record that states the opposite, therefore, it explains, the current officials, even if possibly they were not the ones who lost or allowed the guarantees to expire in the 80s, did fail to tell the truth and caused it harm.

Upon a careful reading of the objection, this Chamber considers that, at its core, the cassation appellant disagrees with what was resolved by the Court and not with the unproven facts themselves. That is, the cassation appellant presents its own interpretation of the evidence and indicates its point of view on how it should have been weighed in support of its theory of the case; its presentation contains a series of reasoning outlined subjectively, and not a demonstration that the evidence contradicts what the Court indicated. As for the first unproven fact, this Chamber does not share that from Municipal Council Act 465 of October 10, 1989, one can deduce the approval in all its aspects of the special commission’s report and, consequently, that the guarantees corresponded to the entire project, since from the analysis of those documents it follows that such an affirmation is nowhere set forth, and what the cassation appellant proposes corresponds to its personal assessment of those documents. Nor does this Chamber find that such a fact can be proven solely from the statement of witness Gerardo Monge Redondo, since the Court is correct in indicating that the witness was contradictory in his statement, because he stated that the trust existed but that he never saw it, rather he assumed its existence; this in addition to the fact that, in his written report, he never made reference to the existence of any trust. Finally, it is also not receivable that decision 574-2015, issued by the Third Section of the Administrative Litigation Court, declared with finality that parcel 65208 was validly subdivided and that this is how the 139 lots located in stage IV of Residencial El Molino were born into the registry or legal life, since what was resolved in that decision, which exhausted the administrative pathway, refers to land use and not to what the cassation appellant argued. As for the second unproven fact, the cassation appellant indicates that what the Court set forth is correct because it corresponds to what is stated in the regulations; but, it explains, what was argued was not that postulate, but rather that, to obtain that approval before the Municipality, it is necessary to have completed the public works, or failing that, for the nominal Developer to have provided a guarantee to the Municipality’s satisfaction. In that sense, this Chamber finds that what is presented is a mere disagreement with the manner in which the matter was resolved by the judging persons, which is also unrelated to the fact held as unproven, so its consideration is improper. As for the third unproven fact, the cassation appellant explains that the damages were caused because the Municipality should have expressly rejected the subdivision approval, and because of that omission, the interested party had the plans approved by a notary and managed to register them in the Registry, which the Municipality never challenged, and that the harm consists of the loss of profits due to the impossibility that the 139 owners have had to build houses or businesses there after so many years. That is, the appellant again limits itself to expressing its disagreement, this time with the Court’s finding of no proof of damages and harm, but omits to explain upon which evidence it bases its statement and in what way those elements would discredit what was not held as proven. In their place, what it presents is an argument for its theory of the case, which is insufficient by itself to discredit what the Court held as unproven. As for the fourth unproven fact, in which it argues contradiction with the statement of witness Gerardo Monge Redondo and the correspondence documents between the Municipality of Cartago, which state: “That the Fideicomiso Inversiones El Molino under the responsibility of Banco Crédito Agrícola de Cartago (...)” and "5. That within the commitments assumed by the trust according to the powers conferred by the signed trust contract, the works carried out comply with the established requirements and have the approval of specialized entities.” This Chamber considers that the appellant is also incorrect, because despite the effort it makes to try to affirm that the existence or constitution of a trust by Banco Crédito Agrícola de Cartago for the outstanding works in stage IV of Residencial El Molino can be inferred or deduced from both pieces of evidence, the truth is that none of them manages in any way to support such a fact, because, it is reiterated, the testimony by itself does not have the strength and reliability to prove that existence, and in the same sense, the mention of a trust in the submitted documents is also not a suitable means for that objective. Regarding the fifth unproven fact, the cassation appellant points out that the administrative file shows that official communication OPUO97-2016 stated that the land of stage IV of Residencial El Molino “was green” and that there was “no public work” there; however, it argues, on folio 136 of the judicial file there is the municipal inspection record that states the opposite, therefore, it explains, the current officials, even if possibly they were not the ones who lost or allowed the guarantees to expire in the 80s, did fail to tell the truth and caused it harm. In this Chamber’s opinion, none of those documents contradicts the Court’s affirmation regarding the non-existence of facts that warrant the opening of administrative procedures against any official. Furthermore, the appellant does not set forth the reasons why it considers that those documents demonstrate that, contrary to what the Court indicated, they constitute grounds for opening proceedings, so its argument is insufficient to change what was stated in the judgment. For all the above reasons, the grievance must be dismissed.

In the third ground, it challenges the non-application of Articles 34 and 44 of the Urban Planning Law (LPU). It bases its reproach on Article 138(c) of the CPCA. It argues that, in accordance with Article 34 of the LPU, in the absence of a response from the Municipality, proceedings were undertaken by what it calls “notarial approval (visado notarial).” It states that the provision was in force at that time and that the constitutional case law cited by the Court is not applicable because it is subsequent to the subdivision carried out in this case. It argues that it is not receivable to seek the annulment of registered parcels or real estate registrations by the mere fact of the issuance of future judgments, since that would imply applying case law retroactively against acquired rights or consolidated legal situations, which in this case are nothing other than the 139 lots acquired in good faith. It indicates that what is requested is that the works be completed; furthermore, it explains that, the Municipality of Cartago having allowed the creation of 139 lots for construction without the civil works that would allow their habitability having been completed, then even if the Court had not held the existence of guarantees for stage IV as proven, it should have found the Municipality liable for administrative responsibility under Article 190 of the General Law of Public Administration (LGAP). As for Article 44 of the LPU, it argues that it is not necessary to “expropriate” for the Municipality of Cartago to be able to carry out or finish the pending public works, because the law empowers it to exercise its “domain,” regardless of whether those areas have or have not been transferred or registered in its name. It points out that in this case there is an “Official Map” where the areas reserved for public use or domain are recorded, and it is the cadastral mosaic that is registered in the Public Registry. It argues that none of the owners has anyone from whom to claim responsibility for what happened so many years ago, the Municipality of Cartago being the only entity that was there at the time; therefore, pursuant to Articles 33, 34, 36, 38, 39, and 44 LPU, it is the Municipality, and no one else, that should carry out the public works, especially because there are street and park areas that are already public. It argues that by not resolving who is responsible for those outstanding works, the Court left the lot owners in absolute legal uncertainty.

The Court, regarding the plan approval, indicated that the Municipal Administration did not grant it through the issuance of a valid and effective administrative act. It explained that, in environmental matters, positive silence is not applicable. It noted that it did not share the plaintiff’s criterion when it argues that there is a notarial approval from which subjective rights and the Municipality’s obligations to complete the urban development works derive, because municipal approvals derive from the administrative power of authority (potestad de imperio), which are the powers or faculties that the legal system grants to the Administration—in this case, the Municipality—to determine the compliant or non-compliant use of land, urban subdivision, approval of a plan, etc. It pointed out that this involves exercising a power of authority which is non-transferable, non-waivable, and non-delegable, pursuant to Article 66(1) of the General Law of Public Administration. It added that this non-delegable power-duty prevents its transfer to a private individual, even when exercising a public function (munera pubblica) (as is the case of a notary), so it is asserted that it is impermissible to assert what the party calls a “notarial approval.” Additionally, the Court explained that upon analyzing act number 105 performed by notary Jorge Brenes and public deed number 540 of notary Nicómedes Madriz, it concluded that from none of the transcribed acts does it follow that the provisions of Article 331 of the General Law of Public Administration were reasonably satisfied, in order to deduce from this that positive silence was configured, much less that it could become applicable in the case of a regulated act of environmental consequence, and that from those acts, the only valid conclusions obtained are that the developer submitted plans to the Municipality for approval, but the notary does not indicate which or how many approvals are involved. It pointed out that the notary states that he inquired about the plan processing, but does not attest to or indicate that at that moment, before the corresponding approval office, any note was presented expressly requesting the application of positive silence because all documentation required by law had been submitted and time had elapsed; nor does the notary attest that he performed that procedure and did not receive an express statement from the Administration of positive silence, and therefore he makes a notarial record assuming responsibility for the plans’ conformity with the body of legality in light of the fulfillment of technical requirements. The Court indicated that the foregoing is important because Article 33 of the Urban Planning Law indicates that: “they shall be deemed ineffective if they lack a notarial or municipal record regarding the pre-existence of the approved plan”; so that what is called a notarial approval does not derive from this provision; what the provision establishes is that the notary shall attest, by means of a record, to the pre-existence of the approved plan, and in that regard, said approval could never be delegated to a notary, as there is no enabling provision for it, nor does the notary hold competence in that sense, and it is contrary to the nature of the administrative act of approval, which does not emanate from the Administration, since the notary’s function is to attest to the existence of a fact, not to certify or assume a competence exclusive to the Administration. As for the second argument of this grievance, referring to public zones, the Court in its reasoning indicated, among other things, that since all lots have registered owners, one might ask which owner would graciously donate their lot for that purpose, whereby the Municipality might possibly be forced to expropriate to comply with the urban-environmental rules governing the matter. It added that it is not possible to seek to have the municipality assume the role of developer and carry out the works that the plaintiff seeks from its own resources, and that possibly according to what the entire mega-project was originally conceived, responsibility lies with the developer who sold the lots under the incorrect premise of having a municipal approval, which as we have indicated is non-existent due to reliance on a so-called “notarial approval” that is manifestly improper, because it does not derive from municipal actions and due to the material impossibility of its genesis from the principle of positive silence.

From the analysis this Chamber carries out, it concludes that the appellant is incorrect. The Court explained the reasons why the notarial actions that the plaintiff, now cassation appellant, called a notarial approval, do not have the capacity to substitute for municipal approval. Furthermore, it analyzed in detail why the position set forth by the plaintiff is inadmissible, given that it lacks the conditions contained in the Urban Planning Law. Therefore, this Chamber concludes that, contrary to what the cassation appellant claims, the Court did analyze the content of the provision it challenges as not applied, in relation to the approval, deducing that the appellant’s disagreement revolves around the interpretation and application of the provision, and not its non-application. As for the reproach of non-application of Article 44 of the LPU, the cassation appellant merely indicates that it is not necessary to “expropriate” for the Municipality of Cartago to be able to carry out or finish the pending public works because the law empowers it to exercise its “domain,” and subsequently argues about the impossibility the owners have of presenting claims against any entity or person, arguing that by not resolving who is responsible for those outstanding works, the Court left the lot owners in absolute legal uncertainty. This reproach and the other claims it makes referring to the fact that seeking the annulment of registered parcels through retroactive application of case law is not receivable, and those it outlines requesting a finding against the Municipality for administrative responsibility under Article 190 LGAP, lack the necessary logical connection with the provisions challenged as omitted and with the technical substantiations typical of the cassation stage, and therefore cannot be addressed due to their manifest informality. For all the above reasons, dismissal of the grievance is proper.

In the fourth grievance, it challenges violation of constitutional norms and principles. It cites Article 138(d) of the CPCA as its basis. It argues that the Court violated Article 34 of the Constitution and the principles of non-retroactivity and intangibility of one’s own acts, by having entered into or judged or qualified a matter that was not submitted for its judgment, since it contradicted what had been resolved at the administrative stage, through decision 5742015 of the Third Section of the Administrative Litigation Court, even though neither of the two parties questioned that decision in any way. It argues that the Court declared the “notarial approval” that permitted the subdivision of the parcels to be completely invalid, which is antagonistic to what was resolved by the Third Section of the Administrative Litigation Court.

The Court, regarding the indicated decision, stated: “4) Regarding the positive silence of the approval of the subdivision plans carried out on the Cartago party parcel, Mechanized Title Folio Number 65208-000. Regarding this issue, the clarification is made that a ruling will be given in the terms that the parties debated it in this process, therefore not addressing whether there is conformity or non-conformity with decision No. 574-2015 issued by the Third Section of the Administrative Litigation Court, since it was not the subject of debate.” Subsequently, it added: “Even though it is true that on this issue the Third Section of the Administrative Litigation Court indicated that there was an indication of positive silence, that statement must be understood in the context of what was resolved therein, i.e., the use of land, …”

It is clear to this Collegiate Body that the statements made by the Court regarding the decision issued by the Third Section occurred within the framework of the analysis of the facts of the lawsuit and the corresponding answer. In that sense, proven fact 14 states “That the plaintiffs herein appealed before the improper hierarchical superior, and the Third Section of the Administrative Litigation Court, through decision 574-2015 of November 30, 2015, recognized that the notarial approvals had effect and consequently the land use had to be granted, each lot needing to be attended individually) (f. 323 administrative file).” In this sense, it is not observed that the Court analyzed that act in the manner argued by the appellant; on the contrary, the Court expressly clarified that it would not carry out any analysis of that decision, as it was not part of the subject matter of the proceeding or the debate between the parties. Likewise, it is not observed that there exists in the reasoning section, much less in the operative part of the judgment, any decision regarding decision 574-2015 of November 30, 2015. In any event, it must be kept in mind that the improper hierarchy exercised by that section, which led it to issue the decision that exhausted the administrative pathway, in no way obligates or binds the ordinary judge. By virtue of the foregoing, the grievance should be denied.

The fifth grievance argues breach of the constitutional principle of legal certainty. It cites Article 138(d) of the CPCA as its basis. It argues that in the case under study there is a property right acquired in good faith that has been completely thwarted, because despite being acquired under the protection of the Registry, it has not been possible to develop or build on any of those parcels, due to a mess in which the defendant Municipality had an important participation but, it explains, unfortunately was passive and negligent. It states that the Court merely ruled that the Municipality has no obligation to carry out the pending public works of stage IV at its own cost because it did not hold the guarantees for their execution and because it did not cause damages and harm to the interested parties, without resolving to whom such responsibilities correspond, leaving the responsibility for those pending works adrift. It argues that the Court violates the Principle of Legal Certainty by contradicting real estate registrations carried out several decades ago, under which a large number of private individuals acquired the properties for value, and by disregarding that those registrations occurred because the lots face a public street, conform to an Official Map and are thus regulated by Article 44 LPU, and it adds that it likewise forgets that all current owners are good-faith purchasers and not the developers, so the Court should not have left adrift the certain and precise determination of who is responsible for completing those works. It points out that the proceedings show that the Municipality of Cartago, through its special judicial representative, stated that the works were the plaintiff’s responsibility, and the Court did not even refer to that in the judgment; it simply limited itself to exempting the Municipality from all responsibility, pending works, as well as damages and harm, without clarifying who will have to assume the cost of all those pending public works so that houses or businesses can be built on the 139 lots located in stage IV of Residencial El Molino in Cartago.

The judgment, in this regard, stated: “In conclusion, despite the existence of traces of the construction of pipes and curbs in so-called stage IV of Residencial Cartago, there is no legal basis that obligates the Municipality of Cartago to continue and finalize said works. As already indicated and is reiterated, at this moment what exists on said parcel that is the subject of the proceeding is a private subdivision and subsequently a sale of rights (parcels), which does not imply that these are in accordance with the law, being a matter for a different proceeding than the one at hand. Consequently, forcing the Municipality to carry out those works, as the plaintiff seeks, would mean investing in private parcels, since at this moment that project was never received, the public spaces were never received, and much less are the streets public. In conclusion, in light of the analysis carried out in this judgment, the plaintiff’s claim relative to issuing an order to the Municipality to initiate or complete the infrastructure works required for so-called stage IV of Residencial El Molino finds no merit or legal basis.”

Article 119 of the Code of Administrative Litigation Procedure provides that the judgment shall resolve all claims and all points allowed by that regulatory body. In that same sense, the Code of Civil Procedure, in its Article 61.2, establishes: “Judgments must resolve each and every one of the points that have been the subject of debate; they may not grant more than what was requested, except where the law provides otherwise, and may not comprise questions other than those pleaded; those for which the law does not require a party’s initiative are excepted.” Based on those normative provisions, the judging persons have their powers delimited in accordance with the facts established by the parties and their claims. Thus, it is not possible for the Court to exceed those limits, as doing so would break the congruency of its decision. In the case brought for study before this Chamber, the claims of the plaintiff, now cassation appellant, were framed as “a) order the Municipality of Cartago to carry out, at its own cost and within the reasonable and prudential period that Your Authority may deem fit, all the outstanding works of the fourth stage of Residencial El Molino, by virtue of the provisions of Article 39 of the Urban Planning Law.

b) order the defendant to pay, in the abstract, the damages and losses caused, which shall be liquidated during the enforcement of the judgment. c) order the defendant to pay both sets of costs. d) order the competent authority, in accordance with the law, to initiate disciplinary proceedings against the officials involved in the case in question…” Therefore, contrary to what the appellant asserts, this Chamber considers that the fact that the adjudicators did not establish a person responsible for the events that occurred with the plaintiffs’ lots and limited their ruling to determining that there was no liability on the part of the defendant, does not mean that the judgment suffers any breach of the principle of legal certainty. On the contrary, this collegiate body confirms that what was decided is and remained within the scope of the litigation established by the parties. By reason of the foregoing, since the alleged reproach is not evident, the rejection of the grievance is appropriate.

The sixth grievance claims a violation of the constitutional principles of reasonableness and proportionality due to the award of costs. It bases its reproach on numeral 138 subsection d) of the CPCA. In its appeal and in the amplification thereof, it alleges that the issue of whether or not costs are awarded is intimately linked to the Constitutional Principles of Reasonableness and Legal Proportionality, in the sense that, when a person had sufficient motives or weighty reasons to litigate, it is not fair to aggrieve them by means of an award of costs in the event their claim is rejected. It indicates the judge must weigh factors of reasonableness, to

evaluate whether the process was resorted to in a reasoned manner or in a reckless and audacious manner. It argues, in its case, the plaintiffs resorted with a foundation of reasonable arguments and evidence, as the defendant itself acknowledged in its closing arguments. It explains having acted supported by a resolution of exhaustion of administrative remedies favorable to its thesis, having suffered for many years the impossibility of building on 76 lots, which is the same situation as the other owners of the 139 lots of the IV stage of Residencial El Molino, having made the greatest possible effort to obtain and provide very old municipal minutes, providing a witness who witnessed and participated in the debated facts, providing the Cadastral Mosaic to demonstrate that the public areas in question are in the public domain in light of article 44 LPU, and argues having alleged applicable substantive law, all of which demonstrates good faith. It adds, in its amplification, as norms that the Tribunal should have observed, numerals 73.1, 73.2.4, both of the Civil Procedure Code.

Regarding the award of costs, the Tribunal explained that, since the claim was declared without merit and not finding any cause to justify exemption, in accordance with numeral 193 of the CPCA, the award ordering the plaintiff to pay the costs and interest thereon in favor of the defendant was appropriate.
In contentious-administrative proceedings, this Chamber considers, in accordance with canon 193 of the CPCA, that the pronouncement on the costs of the proceeding must be made ex officio, ordering the losing party to pay them. Consequently, the award is imposed on the losing party by the very fact of being so, as the Tribunal proceeded in the case under examination. That is, for losing the litigation, without this meaning that it did not have sufficient reason to litigate nor that it is considered a reckless or bad-faith litigant. For its part, said numeral provides the circumstances under which it may be exempted from payment. In this regard, although it is a discretionary power, it is true that it is not immune to cassational review, since both in its exercise and in its non-application, a violation of law may occur and, to that extent, the improper omission is not and should not be synonymous with arbitrariness, in such case, committed by the adjudicator themself. Especially if it concerns an empowerment granted to the judge with specific circumstances that limit their discretionary power in this matter. Consequently, on this point, it is considered that the mere application of the general rule of article 193 of the CPCA (award against the losing party for the payment of both sets of costs) does not close the doors to a cassation appeal, since, on the contrary, the matter is admissible for an examination on the merits (provided the legal requirements are met) in the event of a potential omission defect in the application of the legal provisions that authorize the exoneration from said costs. Therefore, depending on the circumstances of the case, a cassation appeal may indeed be appropriate. In the specific case, the appellant challenges the award of costs, claiming to have litigated in good faith. Although it was not invoked as violated, but is applicable, article 193 subsection b) of the CPCA, does not enable exemption in the event of adequate procedural conduct, but rather because the nature of what was claimed allows one to infer that the debate was necessary to elucidate whom the Law favored. In the specific case under examination, we concur with what was decided on the merits by the Tribunal, insofar as payment was imposed on the losing party, since the appellant's arguments to vary what was ordered are not acceptable, given that we consider that, due to the manner in which it was decided, the appellant does not have a reason to litigate. Likewise, this Chamber does not observe that any constitutional principle was violated by the award of costs, because in any case, as stated, the award is the rule established by numeral 193 subsection b) of the CPCA. Given the foregoing, the rejection of the grievance is appropriate.

In merit of the foregoing, the appeal shall be denied. Costs are to be borne by the losing party.

POR TANTO

The appeal is declared without merit. Its costs are to be borne by the party who filed it. kariasm

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel Vargas Vargas

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Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

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