Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el caso de estudio, se discute la nulidad de una hipoteca, así como el dominio, cesión de derechos y mejoras sobre un terreno que se ubica, según lo indica la parte actora, dentro de la zona marítimo-terrestre, así como el pago de daños y perjuicios. El numeral primero de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) indica: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. De conformidad con lo anterior, al ser el objeto del proceso un terreno del dominio público, es claro que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, de conformidad con lo establecido en el ordinal 108 de la Ley de Biodiversidad, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo y conforme lo preceptuado en el canon 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
English (translation)In the case under review, what is discussed is the nullity of a mortgage, as well as ownership, assignment of rights, and improvements on land that, according to the plaintiff, is located within the maritime-terrestrial zone, plus the payment of damages. Article 1 of the Maritime-Terrestrial Zone Law provides: “The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, and that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.” Furthermore, Article 108 of the Biodiversity Law (Law 7788) states: “Jurisdictional competence. In biodiversity matters, and as long as no environmental jurisdiction exists, all disputes shall be the exclusive competence of the administrative-court jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by criminal courts; likewise, disputes between private parties where no administrative act or public domain is involved shall be within the competence of agrarian courts.” Accordingly, since the subject matter of the proceeding is public-domain land, it is clear that jurisdiction lies with the Administrative Court, pursuant to Article 108 of the Biodiversity Law, extended to any matter in which the State has a direct interest, in accordance with Article 2 of the Administrative Procedure Code.
Administrative-court jurisdiction affirmed
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00369 - 2022 Fecha de la Resolución: 24 de Febrero del 2022 a las 09:34 Expediente: 10-000109-0422-CI Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Civil Tema: Conflicto de competencias Subtemas: Bien demanial. Se discute la nulidad de una hipoteca, así como el dominio, cesión de derechos y mejoras sobre un terreno que se ubica, según indica la actora, dentro de la zona marítimo-terrestre, así como el pago de daños y perjuicios. El numeral 1 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el canon 108 de la Ley de Biodiversidad indica: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. Al ser el objeto del proceso un terreno del dominio público, es claro que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, conforme la citada norma 108, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo (mandato 2 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 369-C-2022). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución Exp: 10-000109-0422-CI Res. Nº 000369-C-S1-2022 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidos . En proceso de conocimiento de EVA CHAVES CHAVES, representada por el Dr. Mario Muñoz Quesada, contra CARLOS LUIS CASTRO JIMÉNEZ, representado por el licenciado Mainrald Hernández García, y la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, de oficio declaró su incompetencia en razón de la materia, remitiendo el asunto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El último se arrogó el conocimiento del asunto, de lo cual disintió la parte actora, solicitando la incompetencia en razón de la materia, la cual fue rechazada. La actora manifestó su inconformidad contra lo resuelto, motivo por el que se conoce el asunto ante esta Sala. CONSIDERANDO I.- La parte actora interpuso proceso civil, en el cual señaló como pretensión: “1.- Por haberse negociado y constituido una hipoteca de primer grado sobre un bien de dominio público inalienable, conforme a la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, la escritura pública número ciento veintidós, otorgada ante el Notario Público Sergio Badilla Montoya, a las dieciocho horas del veintidós de Julio de dos mil seis, es absolutamente nula. 2.- Que el aquí demandado incumplió el citado convenio por cuanto pago del saldo del precio de la cesión y traspaso de mejoras, pues no ha pagado a la actora de forma completa el año dos mil nueve, y a esta fecha tampoco le ha pagado el que corresponde para el año dos mil diez. 3.- Que en razón de tales incumplimientos, el contrato privado de cesión y traspaso de derechos de posesión y mejoras y derecho de ocupación celebrado mediante la escritura pública número ciento veintidós de las dieciocho horas del veintidós de Julio de dos mil seis, queda resuelto, debiendo el demandado restituir a la actora, una vez firme la sentencia, todos los bienes que fueron objeto de tal contratación, incluyendo la posesión del terreno en la zona restringida de la milla marítimo-terrestre de Playa Zancudo, así como las construcciones y negocios comerciales Cabinas El Coquito, Bar y Restaurante el Coquito, Sodas Evita y Tayita, y que específicamente describe el contrato resuelto.4.- Que en caso de que el demandado se niegue a restituir a la actora todos los bienes objeto del contrato resuelto, así como la posesión del terreno por medio de la Fuerza Pública, quien pondrá la actora en legítima posesión de todos sus bienes. 5.- Que el demandado debe pagar a la actora todos los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. 6.- Que el demandado debe pagar ambas costas de esta acción”. El Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón), ordenó integrar al proceso a la Municipalidad de Golfito, lo cual fue cumplido por la parte actora por escrito de fecha 15 de julio del 2019, en el que indica como pretensiones: “1.- Que se confirma y aprueba lo resuelto por la Municipalidad de Golfito mediante resolución firme de la Alcaldía número R-AM-MG-047-2010, en acato a lo ordenado por el Juez Civil de Golfito. 2.- Que la Municipalidad de Golfito no tiene ninguna responsabilidad civil, ni de otra índole, por lo pactado entre los señores Chávez Chávez y Castro Jiménez en la escritura pública número 122 de las 18 horas del 22 de Julio de 2006, otorgada ante el Notario Público Sergio Badilla Montoya. 3.- Que la Municipalidad de Golfito no tuvo ninguna injerencia, ni dio consentimiento, ni autorizó y tampoco participó de la negociación privada entre Chávez Chaves y Castro Jiménez, que contempla la escritura número 122 antes citada. 4.- Que la Municipalidad de Golfito, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 45 y 71 de la Ley 6043 y su reglamento, tiene suficiente facultad legal para decretar la nulidad absoluta de la escritura número 122 de las 18 horas del 22 de Julio de 2006, y la cual constituye la base de la apertura del expediente N. 2009-6635. 5.- Que no se condene en costas a la Municipalidad de Golfito”. II.- El Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, de oficio mediante resolución No. 186-2019 de las 07 horas 43 minutos del 16 de julio de 2019, declaró su incompetencia en razón de la materia, al haberse integrado a la Municipalidad de Golfito y ser el inmueble objeto del presente proceso un bien de dominio público inalienable, remitiendo el asunto al Tribunal de lo Contencioso Administrado y Civil de Hacienda. El último, se arrogó el conocimiento del asunto, de lo cual disintió la parte actora, solicitando decretar la incompetencia en razón de la materia, la cual fue rechazada, señaló “Si bien es cierto no suponen la nulidad de ningún acto administrativo ni conducta administrativa, si supone la imposición por parte del despacho de conductas de hacer hacia la Municipalidad de Golfito, asimismo, debe adicionarse que la misma parte actora y cuestionante de la competencia en esta jurisdicción manifiesta que el objeto de este proceso es un contrato suscrito entre sujetos de derecho privado sobre un bien ubicado en la zona marítimo terrestre; por lo anterior al estar de por medio una discusión de fondo respecto a un bien demanial ubicado en la zona marítimo terrestre, por imperativo legal necesariamente el proceso debe ser conocido por esta jurisdicción”. La parte actora manifestó su inconformidad contra lo resuelto, motivo por el que se conoce ante esta Sala. III.- En el caso de estudio, se discute la nulidad de una hipoteca, así como el dominio, cesión de derechos y mejoras sobre un terreno que se ubica, según lo indica la parte actora, dentro de la zona marítimo-terrestre, así como el pago de daños y perjuicios. El numeral primero de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) indica: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. De conformidad con lo anterior, al ser el objeto del proceso un terreno del dominio público, es claro que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, de conformidad con lo establecido en el ordinal 108 de la Ley de Biodiversidad, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo y conforme lo preceptuado en el canon 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. POR TANTO Se declara que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jessica Alejandra Jiménez Ramírez Ana Isabel Vargas Vargas Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- XTFUMUSSG5U61 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:52:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-four minutes on the twenty-fourth of February, two thousand twenty-two . In the civil proceeding brought by EVA CHAVES CHAVES, represented by Dr. Mario Muñoz Quesada, against CARLOS LUIS CASTRO JIMÉNEZ, represented by attorney Mainrald Hernández García, and the MUNICIPALITY OF GOLFITO, the Collegiate Court of First Instance for Civil Matters of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, on its own motion, declared its lack of jurisdiction by subject matter, remitting the case to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. The latter assumed jurisdiction over the case, from which the plaintiff dissented, requesting a declaration of lack of jurisdiction by subject matter, which was rejected. The plaintiff expressed her disagreement with the decision, which is why the matter is being heard before this Division. WHEREAS I.- The plaintiff filed a civil proceeding, in which she stated her claims as: “1.- Because a first-degree mortgage was negotiated and constituted over an inalienable public domain (dominio público) property, pursuant to the Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, public deed number one hundred twenty-two, executed before Notary Public Sergio Badilla Montoya, at eighteen hours on the twenty-second of July, two thousand six, is absolutely null. 2.- That the defendant herein breached the cited agreement because he has not paid the plaintiff in full for the year two thousand nine, and as of this date he has also not paid her the amount corresponding to the year two thousand ten. 3.- That by reason of such breaches, the private contract for the assignment and transfer of possession rights and improvements and right of occupation entered into through public deed number one hundred twenty-two of the eighteen hours of the twenty-second of July, two thousand six, is resolved, with the defendant obliged to return to the plaintiff, once the judgment is final, all the property that was the subject of such contracting, including possession of the land in the restricted zone of the maritime-terrestrial mile of Playa Zancudo, as well as the constructions and commercial businesses Cabinas El Coquito, Bar y Restaurante el Coquito, Sodas Evita y Tayita, which are specifically described in the resolved contract. 4.- That in the event the defendant refuses to return to the plaintiff all the property subject to the resolved contract, as well as possession of the land, through the Public Force, which shall place the plaintiff in lawful possession of all her property. 5.- That the defendant must pay the plaintiff all damages and losses caused, which shall be liquidated in the execution of the judgment. 6.- That the defendant must pay the costs of this action.” The Collegiate Court of First Instance for Civil Matters of the First Judicial Circuit of the Southern Zone (Pérez Zeledón), ordered that the Municipality of Golfito be joined to the proceeding, which was complied with by the plaintiff by brief dated July 15, 2019, in which she indicates as claims: “1.- That the decision rendered by the Municipality of Golfito through final resolution of the Mayor's Office number R-AM-MG-047-2010 be confirmed and approved, in compliance with what was ordered by the Civil Judge of Golfito. 2.- That the Municipality of Golfito has no civil liability, nor of any other nature, for what was agreed between the parties Chávez Chávez and Castro Jiménez in public deed number 122 of the 18 hours of July 22, 2006, executed before Notary Public Sergio Badilla Montoya. 3.- That the Municipality of Golfito had no interference, nor gave consent, nor authorized and did not participate in the private negotiation between Chávez Chaves and Castro Jiménez, contemplated in the aforementioned deed number 122. 4.- That the Municipality of Golfito, in compliance with the provisions of articles 45 and 71 of Law 6043 and its regulation, has sufficient legal authority to decree the absolute nullity of deed number 122 of the 18 hours of July 22, 2006, which constitutes the basis for the opening of file No. 2009-6635. 5.- That costs not be imposed on the Municipality of Golfito.” II.- The Collegiate Court of First Instance for Civil Matters of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, on its own motion through resolution No. 186-2019 of 07 hours 43 minutes on July 16, 2019, declared its lack of jurisdiction by subject matter, given that the Municipality of Golfito had been joined and the property subject to this proceeding is an inalienable public domain (dominio público) asset, remitting the case to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. The latter assumed jurisdiction over the case, from which the plaintiff dissented, requesting a declaration of lack of jurisdiction by subject matter, which was rejected, noting “Although it is true they do not entail the nullity of any administrative act or administrative conduct, they do entail the imposition by the court of conduct obligations on the Municipality of Golfito; likewise, it must be added that the plaintiff herself, who questions the jurisdiction in this court, states that the object of this proceeding is a contract entered into between private law subjects over a property located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre); therefore, since a substantive discussion regarding a public domain (demanial) asset located in the maritime-terrestrial zone is at issue, by legal imperative the proceeding must necessarily be heard by this jurisdiction.” The plaintiff expressed her disagreement with the decision, which is why the matter is being heard before this Division. III.- In the case under study, the nullity of a mortgage is discussed, as well as the ownership, assignment of rights, and improvements on a piece of land that is located, as the plaintiff indicates, within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre), as well as the payment of damages and losses. Article 1 of the Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establishes: “The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.” Now then, article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad, Ley 7788) indicates: “Jurisdictional competence In matters of biodiversity and as long as an environmental jurisdiction does not exist, any controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be judged by the criminal jurisdiction; likewise, controversies arising between private parties, where no administrative act or public domain (dominio público) issue is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” In accordance with the foregoing, since the object of the proceeding is a public domain land, it is clear that jurisdiction over the proceeding corresponds to the Contentious-Administrative jurisdiction, in accordance with the provisions of article 108 of the Biodiversity Law, extensive to any matter in which the State has a direct interest and as prescribed in article 2 of the Contentious-Administrative Procedural Code. THEREFORE It is declared that jurisdiction over the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. LGARCIAQ