Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así, esta Cámara estima, el Estado y el SINAC debieron haber sido integrados a la litis, a fin de completar el litis consorcio activo por estar incompleto. Ello de conformidad con lo preceptuado en el cardinal 106 del Código Procesal Civil derogado, el cual debe actuarse en la especie debido a la remisión realizada por el canon 220 del CPCA y por ser el vigente al momento de iniciarse el presente caso; dado que obliga a la integración de la litis sea por disposición legal o por la naturaleza de la relación jurídica material, —como en la especie—, pues lo que se resuelva incumbe a tales intervinientes, quienes por la naturaleza del bien (humedal, conformante del PNE) deben intervenir como coactores. Ha de agregarse, solo de esta forma se logrará resolver la controversia, pues, según se indicó, es al SINAC a quien le corresponde fijar la extensión del humedal, al igual que el retiro respecto a obras urbanísticas o de cualquier especie que puedan influir negativamente en el ecosistema protegido.
English (translation)Thus, this Chamber considers that the State and SINAC should have been joined to the proceedings in order to complete the active joinder of parties, as it was incomplete. This is in accordance with Article 106 of the repealed Code of Civil Procedure, which applies in this case due to the referral made by Article 220 of the CPCA and because it was in force when this proceeding began, since it mandates joinder of parties either by legal provision or by the nature of the material legal relationship – as in the case at hand – because the outcome of the case concerns these intervenors, who, given the nature of the asset (a wetland, part of the PNE), must participate as co-plaintiffs. It should be added that only in this way can the dispute be resolved, since, as noted, it is SINAC that is responsible for determining the extent of the wetland, as well as the setback from urban works or any other kind of works that may have a negative impact on the protected ecosystem.
Annulment and remand
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00191 - 2022 Fecha de la Resolución: 03 de Febrero del 2022 a las 09:04 Expediente: 11-001511-1027-CA Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Clase de asunto: Proceso de lesividad Analizado por: SALA PRIMERA Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Bien demanial Subtemas: Manglar o humedal. Definición e importancia de los humedales como áreas silvestres protegidas, las cuales están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones -con la colaboración de las Municipalidades-, siendo bienes de dominio público (norma 50 Constitución Política) y perteneciente al patrimonio natural del Estado, por lo que son declarados de interés público (artículos 32 y 40 Ley 7554, 1 Convención sobre Humedales Internacionales como Habitat Aves Acuáticas (Ramsar) Ley 7224). Ver sentencias 12817-2001 y 6246-2007 Sala Constitucional) (voto 191-F-2022). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Legitimación Subtemas: Concepto y alcance. Tema: Litisconsorcio Subtemas: Bien demanial. Análisis sobre la legitimación, en particular, la legitimación ad causam activa. En el presente proceso de lesividad, la Municipalidad solicitó se declare lesivo al interés público, los permisos de construcción otorgados a favor de una empresa, por afectar el medio ambiente (humedal). El Tribunal declaró sin lugar la demanda. Esta Sala observa, esa entidad pidió la integración de la litis con el Estado. Empero, el Juez tramitador la rechazó y en su lugar, ordenó notificar a la Procuraduría General de la República como tercer interesado, quien participó como tal. Nótese, el objeto del presente proceso es la protección de un humedal, el cual cuenta con su correspondiente declaratoria y conforma el patrimonio natural del Estado, siendo un bien del demanio público, cuya administración le compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (ver resoluciones 1239-2020 Sala Primera y 19776-2014 Sala Constitucional); lo cual el Tribunal omitió en su examen. Así, esta Cámara ordena de oficio integrar a la litis al Estado y el SINAC como coactores, a fin de completar el litis consorcio activo por estar incompleto (numeral 106 Código Procesal Civil) (deber de integrar la litis por disposición legal o por la naturaleza de la relación jurídica material). Lo anterior, pues ambos tienen una clara responsabilidad ex legge en el manejo y control de las áreas parte del patrimonio natural del Estado. Además, al SINAC le corresponde fijar la extensión del humedal, al igual que el retiro respecto a obras urbanísticas de cualquier especie que puedan influir negativamente en el ecosistema protegido (voto 191-F-2022). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Reenvío. La Sala ordena de oficio integrar a la litis al Estado y el SINAC como codemandantes (litis consorcio activo necesario). De ahí, se anula la sentencia dictada en el presente proceso y reenvía el expediente al Tribunal para que proceda conforme a derecho (voto 191-F-2022). ... Ver más Texto de la resolución Exp. 11-001511-1027-CA Res. 000191-F-S1-2022 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuatro minutos del tres de febrero de dos mil veintidós. Proceso de lesividad, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por MUNICIPALIDAD DE BELÉN, representada al momento de interponerse la demanda por su alcalde Horacio Alvarado Bogantes, cédula de identidad número 4-0124-0551, y los licenciados Ennio Rodríguez Solís, cédula de identidad número 1-0682-0797 y Francisco Ugarte Soto, cédula de identidad número 1-0692-0531 como apoderados especiales judiciales, contra la compañía QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por los licenciados María Lourdes Echandi Gurdían, cédula de identidad número 1-0666-0372 y Aldo Milano Sánchez, cédula de identidad número 1-0688-0989, en su condición de apoderados especiales judiciales. Como tercer interesado participa el ESTADO, representado por el procurador Mauricio Castro Lizano, cédula de identidad número 1-0767-0302. Redacta el magistrado Rivas Loáiciga CONSIDERANDO I.- En lo que interesa el Tribunal tuvo por probados los hechos que de seguido se expondrán. Mediante oficio del 11 de enero de 2000, dirigido a los señores Jorge Zamora Chaves, Miriam González White, Andrés Gerardo Zamora González, el Alcalde de la Municipalidad de Belén les manifestó: “Con relación a los trabajos de zanje realizados en días pasados en la finca inscrita en el Folio Real 4024727-001/002/003/004/005/006/007, plano catastral H-937106-91, le indico lo siguiente: De acuerdo a las recomendaciones realizadas por lo expertos del Programa Nacional de Humedales, según Informe adjunto, les solicitamos que dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, procedan a restaurar la zona a su estado original, mientras tanto no se tramiten los permisos municipales respectivos y se realicen los estudios técnicos correspondientes”. Mediante escritura otorgada a las 17 horas del 15 de junio de 2000, se segregó un lote de la finca del Partido de Heredia, matrícula de folio real veinticuatro mil setecientos veintisiete a Quintaelena S.A. Dicho terreno tenía la siguiente descripción: naturaleza: potrero, situación: distrito segundo, La Rivera, cantón sétimo, Belén. Con una medida de 25.165,60 metros cuadrados. Linda al norte con Río Segundo y Akron S.A, al sur con Bernardo Rodríguez Salas, al este con el resto reservado y al oeste con calle pública y otros. Pese a que en el texto de la escritura se hizo referencia al plano catastrado H-628409-2000, se inscribió con el levantamiento catastral H-647449-2000, el 3 de noviembre de 2000, con la matrícula de folio real 166.107-000. El plano catastrado H-647449-2000, había sido inscrito el 18 de agosto de dos mil, donde tenía la siguiente leyenda: “Zona Protección Humedal, según Declaratoria PHN/106/2000 del MINAE”. El día 17 de octubre de 2003, la compañía Quintaelena S.A., solicitó un permiso en la Municipalidad de Belén, para desarrollar una urbanización en la propiedad del Partido de Heredia no. 166.107-000, plano catastral H-647749-2000, la cual se denominaría “Prados de Belén”. En resolución no. 1383-2004-SETENA, de 10 horas 5 minutos del 7 de setiembre de 2004, la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, aprobó el Plan de Gestión Ambiental presentado por la citada empresa, para la edificación de la urbanización, —compuesta de veintisiete lotes—, con un área promedio de 356,00 metros cuadrados. Se especificó, el proyecto contemplaba la etapa urbanística en un terreno de 25.165,00 metros cuadrados dedicado a pasto y charral: el inmueble colindaba con un yurro sin nombre, al cual se le había definido una zona de protección de 10 metros, al lado norte con el Río Segundo, al cual drenaban las aguas de la mencionada acequia y que para el río se definió una zona de protección de 50 metros. También se mencionó que el área circundante al proyecto estaba compuesta por terrenos dedicados a viviendas, pasto y una zona inundada, denominada humedal que estaba fuera del proyecto. En Sesión Ordinaria 64-2004, del Concejo Municipal de Belén, celebrada el 12 de octubre de 2004, se conoció el acuerdo tomado por la Comisión de Obras en la Reunión Ordinaria no. 38-2004, del 11 de octubre de ese mismo año, el cual contemplaba las obras de urbanización dentro de la finca mencionada, para un máximo de veinticinco unidades habitacionales. El informe fue avalado y se aprobó el permiso de construcción no. 6419-2004. El 20 de enero de 2005, el Departamento de Ingeniería de la citada Municipalidad otorgó a Quintaelena S.A, el permiso de construcción no. 6518, para la construcción de una tapia entre vértices 46 y 69 del plano H-647449-200 ubicados en la colindancia oeste de la finca de marras. El Departamento de Ingeniería de la Municipalidad, otorgó a la demandada el día 4 de mayo de 2005, el permiso de construcción no. 6648, en el cual se reevalúo el anterior permiso, para la construcción de tapias de hasta un metro de alto en bloques, el resto en verja. El 1° de setiembre de 2005, el Departamento de Ingeniería de la corporación municipal, concedió a Quintaelena S.A. el permiso de construcción no. 6759, para levantar una tapia. El mencionado Departamento de Ingeniería además le otorgó el permiso de construcción no. 7648-2008, para edificar una tapia. El 27 de junio de 2005, mediante oficio DU-079-2005, de la Unidad de Desarrollo Urbano recomendó recibir la obra de la urbanización, trasladar el mosaico topográfico a la Unidad de Catastro para su correspondiente aprobación, y luego se presentaran los planos individuales de cada lote para el visado Municipal. En informe INF-AI-07-2007, de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, sobre el informe del historial constructivo de los permisos otorgados por el Municipio a Quintaelena S.A, se concluyó: “a. En la finca No. 4024727-001/002/003/004/005/006/007, ubicada en la Ribera de Belén, se realizaron algunos trabajos de canalización de aguas y dragado, que afectaron un humedal existente en la zona. Esos trabajos se efectuaron sin permisos, trazó por la cual fueron detenidos por la Municipalidad. Existe en la actualidad, una Comisión que tiene a cargo la coordinación de las acciones y actividades necesarias, para reestablecer (sic) el humedal localizado en La Ribera de Belén, contiguo al proyecto denominado urbanización Prados de Belén. b. La finca donde se encuentra el humedal fue segregada y en la parte colindante con el humedal, se autorizó, por parte de la Municipalidad, la realización de obras de urbanización del proyecto Prados de Belén. Ese permiso se otorgó, con base en la información disponible en ese momento, en cuanto al área de protección del humedal, la cual había sido avalada por el MINAE. Por otra parte, el proyecto contaba con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, quien, en la resolución correspondiente, había establecido que el área de humedal estaba fuera del proyecto. c. El trámite de este permiso duró varios años, lo que denota la falta de un procedimiento formal, debidamente aprobado, que regule el trámite de los permisos de construcción y la participación de los distintos procesos y dependencias de la Municipalidad. d. En el área de protección y en el cause (sic) de la quebrada existente en la finca donde se ubica el proyecto Prados de Belén, se efectuaron obras, sin que se contara de previo con el permiso de la Municipalidad, la viabilidad ambiental y el permiso del Departamento de Aguas del MINAE. Las obras de urbanización del proyecto Prados de Belén, fueron realizadas por el urbanizador, sin embargo, no han sido recibidas por la Municipalidad. La Dirección Jurídica, estableció en su oportunidad, las condiciones que se deberían cumplir, a efecto de poder recibir tales obras. Entre esas condiciones, esa Dirección indicó que se debería poner a derecho, por parte del urbanizador, según la normativa vigente, lo relacionado con las obras efectuadas en el arroyo localizado en la finca del proyecto. Lo anterior no se ha cumplido a la fecha. g. El Sistema de Áreas de Conservación del MINAE, ha establecido, según consta en documentos emitidos en noviembre del 2006 y enero del 2007, que el humedal existente, en la finca colindante con el Proyecto Prados de Belén, correspondía anteriormente a un humedal con características de acuífero y embalse natural. Por otra parte, el SENARA, en atención a solicitud del Concejo, estableció la existencia de un lago natural y su correspondiente área. Lo anterior, podría incidir sobre el área de protección definida, la cual se tomó como referencia para la aprobación de los permisos otorgados para la referida urbanización. En oficio IMN-DA-001-2008, del 4 de enero de 2008, dirigido a María Antonia Castro Franceschi y firmado por José Chacón Solano, subjefe del Departamento de Aguas, se apuntó: “… el suscrito realizó inspección al sitio en compañía del Ing. Phillpis, la Ing. Aymará Espinoza y funcionarios de la Municipalidad que usted representa, en el sitio se pudo comprobar, que no existe la menor duda que lo que se presenta la propiedad H-647449-2000 (sic), donde se ubica la Urbanización Prados de Belén, es un humedal, el que tiene un punto de desfogue que atraviesa la vía pública y la zona de parque, para continuar a cielo abierto hasta una propiedad sembrada con café, ahí desfoga hacia un embalse artificial, el que según el Registro Nacional de Concesiones y Cauces, no cuentas con autorización de este Ministerio. Así mismo en el sitio se pudo observar que efectivamente en el sitio se presenta un espejo de aguas, el cual está cubierto por plantas acuáticas como lirios de agua, lo que hace ver que no hay una laguna. Para el día de la inspección se estima que estaba desfogando una (sic) caudal de unos 15.00 litros por segundo. Debido a lo anterior se deja sin efecto lo indicado en el último párrafo del oficio IMN-DA-2859-07, donde se indicó que no es un embalse natural, siendo lo correcto que se trata de un humedal, con un embalse natural, el que tiene un espejo de agua que en estos momentos se encuentra cubierto por vegetación acuática, típica de humedales”. Mediante oficio SINAC-DS-GASP-626-06, del 14 de noviembre de 2006, firmado por Marco Vinicio Araya B, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del Programa Nacional de Humedales, señaló: “Por consiguiente, en el sitio en mención, en la actualidad corresponde a un ecosistema con características de humedal Palustrino, el cual ha sido afectado por actividades antropogénicas, pero según Informe hidrogeológico, copias de fotografías aportadas y testimonios de vecinos del lugar, corresponde a un Humedal con características de acuífero y embalse natural y por consiguiente, además de restaurarse, se debe establecerse una zona de protección de 50 metros medida horizontal en aplicación del artículo 33 de la ley forestal Nº 7575. Otro aspecto importante ha (sic) considerar, son las características edafológicas del área circundante, ya que es muy posible que al igual que el humedal, la capa impermeable del subsuelo fuese alterada con movimientos de tierra y rellenos, un estudio edafológico a nivel del subsuelo del área puede responder este interrogante. Según edificio SINAC-DG-GASP-504-06 punto noveno se manifiesta, que con anterioridad a las visitas realizadas en el presente año, esta oficina tenía conocimiento que el área del humedal formaba parte de los terrenos propiedad del proyecto Urbanístico Los Prados de Belén, sin embargo en giras de campo realizadas en este año, se comprueba que en la actualidad el área de humedal no forma parte del proyecto, según plano catastral A-647449-2000 correspondiente a la finca Nº 4024727-0000 (sic) inscrita ante el Registro Público el 03 de noviembre del año 2000. Sin embargo, considerando las características ecológicas del área del humedal, estudios técnicos, copia de fotografías y testimonios de vecinos de la comunidad de La Rivera de Belén, las afectaciones al Humedal aparentemente fueron realizadas por el representante del proyecto Urbanístico Los Prados de Belén señor Fabio Chaves Guzman (Quintalena SA) ha (sic) inicios del mes de enero del año 2000, con el interés de utilizar el área como parte del proyecto... Sin (sic) bien el ecosistema de humedal descrito en la actualidad no tiene una extensión significativa, el mismo puede ser un reducto de un área mayor de humedal localizada en la zona, pero que por efectos de acciones antropogénicas fue reducida su área, lo cual en la actualidad representa un sitio de importancia para conservar y restaurar, brindando funciones reguladoras con la captación de agua, mantenimiento de la diversidad biológica, el almacenamiento y reciclaje de nutrientes, funciones productivas con la protección de recursos ornamentales y una función portadora, brindando posibilidades de recreación e información educativa”. Mediante oficio ASUB-428-2007, del 26 de setiembre de 2007, dirigido al Concejo Municipal de Belén, rubricado por Roberto Ramírez Ch., del Área de Aguas Subterráneas con el visto bueno de Carlos Romero, Jefe del Área de Aguas, ambos del SENARA, se concluyó: “En la zona aflora aguas subterráneas, debido a cambios en la permeabilidad de las tobas metaforizadas del miembro Carbonal, que en muchos sectores se adelgaza su espesor. La dirección de flujo de las aguas es hacia el noroeste, evidenciado una relación con el drenaje del acuífero Barva al Río Segundo, que se comporta afluente (cede agua al río). Ninguno de los autores definen con claridad el origen del (sic) “la zona humedad actual”, más bien establecen hipótesis sin comprobación de campo. Se considera que el caudal que crean esta zona es suficiente para mantener un área con una humedad importante, y que en condiciones de topografía adecuada pueden generar espejos de agua o lagos naturales, aun restando los procesos de evaporación que pueden suceder en el espejo de agua. Para la determinación de un lago natural, se requiere de una topografía tipo hoya y un caudal permanente, también es importante un estrato subyacente de baja permeabilidad o una carga hidráulica suficiente para mantener agua en el estrato superior. Los movimientos de tierra realizadas en el sitio (cambios en la topografía existente) modificaron una de las características más importante para tener un lago natural, aun manteniéndose las otras características mencionadas anteriormente. Por lo tanto el área: en este momento se mantiene húmeda, con vegetación y un drenaje permanente hacia las alcantarillas pluviales. Por lo anterior se define el área como un lago natural, definida su área con la fotografía de 1975 (13219,9 metros cuadrados). (…) para recuperar los espejos de agua (lago natural), se debe rectificar la topografía existente (tipo hoya) y construir barreas hidráulicas (presa de tierra) que impiden la salida del agua”. En certificación SINAC-GASP 542-08, del 27 de noviembre de 2008, emitida por Marco Vinicio Araya B, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas, manifestó: “Analizados los documentos técnicos aportados al expediente denominado Humedal Rivera de Belén, el área localizada en los límites del proyecto Urbanístico Los Prados de Belén propiedad de Quintaelena S.A. cédula jurídica 3-101-252209 corresponde en la actualidad a un humedal Palustrino afectado por actividades antropogénicas con una extensión de 7630 m2. Según el artículo 33 inciso c Ley Forestal Nº 7575 del 5 de febrero de 1996 relacionado a las áreas de protección y pronunciamiento C-110-2004 de la Procuraduría General de la República referido a “la aplicabilidad de las áreas de protección con respecto a los ecosistemas de humedal del tipo denominado “LAGUNA” el área de protección de 50 metros de los lagos y embalses naturales aplica exclusivamente a los humedales lacustrinos, por tal motivo la categoría de humedal Palustrino no le aplica una zona de protección según el ordenamiento jurídico, técnicamente se recomienda una zona de protección de 15 metros, así como el establecimiento de medidas de restauración para aquellos humedales cuyas características biológicas están siendo afectadas. Al tenor del artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, esta certificación corrige la certificación emitida el dieciséis de enero del año dos mil siete por la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas y relacionada con el expediente de marras”. Mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria co. 16-2010, del Concejo Municipal de Belén, el 16 de marzo de 2010, ratificado el 23 del mismo mes y año, Capítulo IV, se declaró la lesividad del acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización Prados de Belén, desarrollado por Quintaelena S.A., aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión ordinaria 64-2004 del 12 de octubre de 2004, así como de los permisos de construcción 6419-2004, 6518-2005, 6448- 2005, 6759-2005 y 7648-2008. Dicho acuerdo transcribe el Informe del Asesor Legal, que dispuso: “CONSIDERANDO. Tomando en consideración la gran cantidad de gestiones llevadas a cabo ante autoridades técnicas y jurídicas tanto a lo externo como a lo interno de la Municipalidad de Belén, es que se logra la determinación de un criterio unificando cada uno (sic) de las posturas y tomando en consideración que nos encontramos en una materia de carácter esencial para los intereses de cada uno de los habitantes del cantón, y por eso lo trascendental de su resolución, lo cual se da de acuerdo a los siguientes motivos: PRIMERO: Que corresponde a la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del MINAET emitir criterios, resoluciones y certificaciones en materia de conservación de áreas protegidas, como es el caso del Humedal en la Ribera de Belén, el cual es objeto del presente estudio, lo cual se fundamenta en el artículo 42, Capítulo VIII sobre recursos Marinos, Costeros y Humedales de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley Nº 7557 del 4 de octubre de 1995), que literalmente indica sobre la delimitación de zonas protegidas lo siguiente: “Artículo 42.- El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas o protección de determinadas áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas”. Por lo cual haciendo uso de tal facultad este órgano institucional emite certificación con fecha 16 de enero del año 2007 referente a las características del “Humedal Ribera de Belén” con fundamento en el oficio SINAC-DS-GASP-626-06, estableciendo respecto que área aproximada de 17.000 m2 con 50 metros como área de protección medida horizontal al indicar lo siguiente: “Que basado en la información técnica presentada al expediente denominado “Humedal Ribera de Belén” Informes Técnicos, fotografías y testimonios de vecinos de la comunidad. El área localizada en los límites del proyecto Urbanístico Los Prados de Belén propiedad de Quintaelena S.A., cédula jurídica 3-101-252209 corresponde en la actualidad a un Humedal Palustrino de aproximadamente 17.000 m2, el cual según características biofísicas, estudio edafológico y copias de fotografías aportadas, anteriormente correspondía a un Embalse Natural, afectado por actividades antropegénicas. Todos los humedales clasificados como embalse natural, les corresponde un área de protección de cincuenta metros medida horizontal, al tenor, del Artículo 33 inciso c) de la Ley Forestal Nº 7575 de 5 de febrero de 1996 y pronunciamiento C-110-2004 de la Procuraduría General de la República SEGUNDO: Que a pesar de dicho pronunciamiento por otro lado el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo (sic) y Avenamiento (SENARA) el 26 de setiembre del 2007 mediante el oficio ASUB-428-2007 suscrito por los señores Roberto Ramírez y Carlos Romero del Área de Aguas Subterráneas del (sic) se establece en lo que interesa lo siguiente: “Por lo anterior, se define el área como una (sic) lago natural, definida su área con la fotografía de 1976 (13219,9 metros cuadrados)”. (Folios 400 al 409, Tomo I del Expediente Administrativo). TERCERO: Que posteriormente el Instituto Geográfico Nacional perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante oficio Nº 08-01014 del 26 de agosto del 2008 y a solicitud del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), procedió a revisar documentos relativos a los estudios correspondientes del perímetro que demarca el humedal, el cual fue demarcado conjuntamente por la Dirección General del ACCVC y la Municipalidad. (Folios 421 al 423, Tomo V del Expediente Administrativo), concluyendo que los datos del amarre y los del perímetro son válidos para los efectos referenciales, fundamentándose en los oficios Nº ASUB-428-2007 y Nº DST-652-06 del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo (sic) y Avenamiento (SENARA) y del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), respectivamente. CUARTO: Que la misma Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del MINAET emite nueva certificación con fecha veinte de noviembre del año 2008 corrigiendo y dejando sin efecto la certificación emitida al dieciséis de enero del 2007 a la cual se hace mención en el considerando primero, estableciendo en esta nueva certificación que la extensión del humedal es de 7.630 m2 y su zona de protección técnicamente recomendada es de 15 metros. QUINTO: Que es responsabilidad de la Municipalidad acatar las resoluciones y/o certificaciones emitidas por Instituciones Públicas competentes, siendo estos los órganos técnicos llamados a realizar los estudios pertinentes, por lo que en este caso particular, sea en materia de zonas de protección de ecosistemas, la Municipalidad debe respetar los informes y certificaciones que emite el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. En este sentido no corresponde a la Administración Municipal cuestionar o ignorar documentos u oficios que han servido como fundamento para la generación de informes o certificaciones emitidas por departamentos o funcionarios de las Instituciones del Estado competentes, quienes deben asumir el deber y la responsabilidad que la legislación les otorga en materia de zonas de protección. Al día de hoy existe el oficio SINAC-DG-GASP-504-08 que certifica las condiciones actuales de extensión y área de protección del humedal, dejando sin efecto el oficio anterior. Esto para efectos de atender las gestiones que realice cualquier ciudadano, en apego a los requisitos de cumplimiento actualmente vigentes en materia de Desarrollo y control Urbano, por lo cual la Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano en respuesta al Memorando AM-A-010-2009 de la Alcaldía Municipal remite oficio DO-D-002-2009 y posteriormente el oficio DO.D-016-2009 que corresponde a una aclaración del primero de ellos con fecha 23 de marzo y 15 de mayo respectivamente, amos (sic) del 2009, acogiéndose en ese momento a la información última disponible, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del MINAET en su oficio SINAC-GASP-542-08 con fecha 20 de diciembre del 2008. SEXTO: Que han sido otorgados para este proyecto según información última disponible, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del MINAET en su oficio SINAC-GASP-542-08, con fecha 20 de diciembre del 2008. SEPTIMO: Que habiéndose otorgado los mencionados permisos sin tener conocimiento la Municipalidad de la existencia de la Zona de Protección en razón del Humedal de la Rivera, y siendo dichos permisos lesivos para los intereses de esta administración y del cantón en general al estar en juego nada más y nada menos que recursos naturales, que siendo además de dominio público son imposibles de apropiación por parte de particulares, es que por este medio fundamentándonos en el Artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no existiendo en este caso prescripción dado el hecho de que estamos frente a una nulidad absoluta por cuanto deben respetarse las zonas de protección, excluyendo las obras urbanísticas de las porciones que corresponden a humedal, que se declaran lesivos los siguientes permisos otorgados a la sociedad QUINTAELENA, SA: 1. El permiso Nº 6419-04, trámite número 3521, que corresponden a obras iniciales de infraestructura del Proyecto de Urbanización denominado “Prados de Belén” desarrollado por la empresa Quintaelena SA con un área de 12.168,58 metros cuadrados, ubicado en: el Distrito La Ribera, propiedad según plano de catastro número H-628409-2000. 2. El permiso Nº 6518-2005, trámite número 4725, que corresponde a construcción de tapia colindante con una longitud de 199 ml y de área 616 m2 que se ubica en la colindancia oeste de la Urbanización. Entre los vértices 46 y 49 del plano H-647449-2000. 3. El permiso Nº 6648-2005, trámite Nº 1281 que corresponde a construcción ese (sic) tapia de colindancia con una longitud de 59 ml y de área 418 m2 que se ubica en la colindancia frente acalle (sic) pública, Sector Sur oeste de la finca. 4. El permiso Nº 6759-2005, trámite Nº 3356 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 135 ml y de área 418 m2 que se ubica entre lindero noroeste de lotes de la urbanización y área de reserva o resto de finca, y 5. El permiso Nº 7648-2008m trámite Nº 1987 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 1231 ml y de área 528,43 m2 que se ubica entre lindero norte y al este de la Urbanización. (…) POR TANTO. EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 169 Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, Y CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 34 (sic) DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACUERDA: PRIMERO: Tomando en cuenta los distintos criterios técnicos de las instituciones del Estado antes referidos y descritos, así como los emanados por órganos de la misma Municipalidad de Belén, es que este Concejo Municipal de acuerdo a lo que en derecho corresponde declara lesivos a los intereses públicos el acuerdo de Aprobación del Proyecto de la Urbanización denominado “Prados de Belén” desarrollado por la empresa Quintaelena SA, aprobado por el Concejo Municipal de Belén mediante Acuerdo en Sesión Ordinaria número 64-2004 del 12 de octubre del año 2004; así como de los siguientes permisos de construcción: 1. El permiso Nº 6419-04, trámite número 3521, que corresponden a obras iniciales de infraestructura del Proyecto de Urbanización denominado “Prados de Belén” desarrollado por la empresa Quintaelena SA con un área de 12.168,58 metros cuadrados, ubicado en el Distrito La Ribera, propiedad según plano de catastro número H-628409-2000. 2. El permiso Nº 6518-2005, trámite número 4725, que corresponde a construcción de tapia colindante con una longitud de 199 ml y de área 616 m2 que se ubica en la colindancia oeste de la Urbanización. Entre los vértices 46 y 49 del plano H-647449-2000. 3. El permiso Nº 6648-2005, trámite Nº 1281 que corresponde a construcción ese (sic) tapia de colindancia con una longitud de 59 ml y de área 418 m2 que se ubica en la colindancia frente acalle (sic) pública, Sector Sur oeste de la finca. 4. El permiso Nº 6759-2005, trámite Nº 3356 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 135 ml y de área 418 m2 que se ubica entre lindero noroeste de lotes de la urbanización y área de reserva o resto de finca, y 5. El permiso Nº 7648-2008m trámite Nº 1987 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 1231 ml y de área 528,43 m2 que se ubica entre lindero norte y al este de la Urbanización. SEGUNDO: Se instruye al Alcalde Municipal para que por medio de la Dirección Jurídica presente las acciones judiciales requeridas para demandar la anulación de los actos antes referidos, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios de nulidad absoluta y hasta el día de hoy perduran los efectos de los mismos; e igualmente se le instruye para que prevea el contenido presupuestario necesario para afrontar las consecuencias económicas que de dicho proceso puedan generarse”. La parte dispositiva del acuerdo indica: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar de tramite (sic) de Comisión. SEGUNDO: Avalar el Informe del Asesor Legal. TERCERO: Tomando en cuenta los distintos criterios técnicos de las instituciones del Estado antes referidos y descritos, así como los emanados por órganos de la misma Municipalidad de Belén, es que este Concejo Municipal de acuerdo a lo que en derecho corresponde declara lesivos a los intereses públicos el Acuerdo de Aprobación del Proyecto de la Urbanización denominado “Prados de Belén” desarrollado por la empresa Quintaelena SA, aprobado por el Concejo Municipal de Belén mediante Acuerdo en Sesión Ordinaria número 64-2004 del 12 de octubre del año 2004; así como los siguientes permisos de construcción: 1. El permiso Nº 6419-04, trámite número 3521, que corresponden a obras iniciales de infraestructura del Proyecto de Urbanización denominado “Prados de Belén” desarrollado por la empresa Quintaelena SA con un área de 12.168,58 metros cuadrados, ubicado en el Distrito La Ribera, propiedad según plano de catastro número H-628409-2000. 2. El permiso Nº 6518-2005, trámite número 4725, que corresponde a construcción de tapia colindante con una longitud de 199 ml y de área 616 m2 que se ubica en la colindancia oeste de la Urbanización. Entre los vértices 46 y 49 del plano H-647449-2000. 3. El permiso Nº 6648-2005, trámite Nº 1281 que corresponde a construcción ese tapia de colindancia con una longitud de 59 ml y de área 418 m2 que se ubica en la colindancia frente acalle (sic) pública, Sector Sur oeste de la finca. 4. El permiso Nº 6759-2005, trámite Nº 3356 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 135 ml y de área 418 m2 que se ubica entre lindero noroeste de lotes de la urbanización y área de reserva o resto de finca, y 5. El permiso Nº 7648-2008m trámite Nº1987 que corresponde a construcción de tapia de colindancia con una longitud de 1231 ml y de área 528,43 m2 que se ubica entre lindero norte y al este de la Urbanización. 6. Cualquier otro permiso, licencia, acuerdo o acto que requiera ser anulado por razones de interés público. CUARTO: Se instruye al Alcalde Municipal para que por medio de la Dirección Jurídica presente las acciones judiciales requeridas para demandar la anulación de los actos antes referidos, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios de nulidad absoluta y hasta el día de hoy perduran los efectos de los mismos; e igualmente se le instruye para que prevea el contenido presupuestario necesario para afrontar las consecuencias económicas que de dicho proceso puedan generarse”. En escrito del 20 de marzo de 2010, en síntesis, Quintaelena S.A. expresó al Municipio su disposición de retirarse quince metros del límite del humedal de Belén, a la vez que realizar las demoliciones necesarias para eliminar todas las obras construidas dentro del área de quince metros que se destinaría a zona de protección del humedal La Ribera, en la colindancia con la Urbanización Prados de Belén, así como que se procedería a la siembra de árboles y plantas de las especies recomendadas por los especialistas en dicha colindancia. De igual forma urgió a la Municipalidad a aprobar y recibir las obras de infraestructura y demás actuaciones administrativas para continuar con el desarrollo de la urbanización. Lo expuesto sin que se tomará ninguna decisión sobre el particular. El 16 de marzo de 2011 la Municipalidad de Belén interpuso demanda de lesividad contra la compañía Quintaelena S.A. donde pidió se declarara: con lugar en todos sus extremos la demanda; lesivo al interés público los siguientes permisos de construcción, emitidos por la Municipalidad de Belén: números 6419-04, 6518-2005, 6648-2005, 6759-2005 y 7648-2008; la nulidad absoluta de los citados permisos de construcción, por resultar lesivos al interés público, por afectar el medio ambiente y por ende a los munícipes del cantón de Belén. Además, condenar a la empresa Quintalena S. A. al pago de las costas personales y procesales del presente asunto en caso de negarse y oponerse a las presentes pretensiones. La accionada contestó de forma negativa y opuso las defensas previas de caducidad, de acto no susceptible de impugnación y la de fondo de falta de legitimación activa. En resolución no. 938-2013, de 15 horas 30 minutos del 13 de mayo de 2013, el Juez Tramitador rechazó la solicitud de integración del litis consorcio activo con respecto al Estado, en su lugar ordenó notificar a la Procuraduría General de la República, como tercer interesado en el proceso. Por escrito presentado el 30 de julio de 2014, el Estado se apersonó al proceso en el carácter dicho. El Tribunal integrado por Rosa María Cortes Morales, Jonathan Canales Hernández y Laura García Carballo, rechazó las excepciones de caducidad y falta de legitimación activa opuestas por la empresa Quintaelena S.A. Acogió la defensa de falta de derecho interpuesta por la demandada y declaró sin lugar la demanda de lesividad interpuesta en su contra por la Municipalidad de Belén. Condenó al Ayuntamiento al pago de ambas costas en favor de la demandada. En lo referente al Estado, resolvió sin especial condenatoria. Se ingresará únicamente al conocimiento del recurso formulado por la representación estatal. Dado que las coadyuvancias interpuestas en favor de este lo fueron de forma extemporánea. Recurso de casación por razones procesales II.- Único: alega, la sentencia carece de motivación debido a lo cual vulnera el debido proceso. Refuta lo resuelto en cuanto a que no se cuestiona, la urbanización de la demandada está fuera del humedal y no es objeto del proceso decidir acerca de la viabilidad de los suelos para la construcción de viviendas. Expresa, en el estudio hidrogeológico del señor Ghunther Schosinsky se determinó la existencia y ubicación del humedal, lo cual fue avalado por el Programa Nacional de Humedales mediante oficio no. PNH/106/2000 y el SENARA por oficio ASUB/176/2000. Posteriormente se segregó un lote de la finca de Heredia donde se ubicaba el humedal, —plano no. H-647440-2000, que contenía la leyenda “Zona Protección Humedal, según declaratoria PHN/106/2000 del MINAE”, el cual fue adquirido por Quintaelena S.A., y originó el inmueble de Heredia no. 176.107-000, donde solicitó el permiso para desarrollar la Urbanización Prados de Belén, aprobado por acuerdo municipal no. 62-2004 del 12 de octubre de aquel año. El Tribunal aludió a consultas efectuados por el Ayuntamiento, y señaló, se llegó a dos posiciones encontradas; la del SENARA, indicada en el oficio no. ASUB-428-20007. Que concluyó era un humedal lacustrino con una extensión de mas de 13 mil metros cuadrados y con un área de retiro de 50 metros respecto a la urbanización. Por el otro el del SINAC, en acto no. SINAC-GASP-542-08, que lo calificó palustrino, con un área de protección recomendada de 15 metros, documentos con los que se recomendó declarara la lesividad por la asesoría legal, lo cual acogió el Concejo Municipal. Lo externado por las personas en lo tocante a que no es objeto del proceso decidir sobre la viabilidad de los suelos para la construcción de viviendas desatiende lo debatido. En su apoyo cita el hecho probado 22 donde se apuntó sin duda alguna la propiedad de Heredia no. 647449-000, donde se ubica la Urbanización Prados de Belén, es un humedal, —un embalse natural con espejo de agua—. Además, el Departamento de Aguas del SINAC en oficio no. IMN-DA-0011-2008, manifestó, no tener objeción alguna al informe técnico del SENARA. De igual forma, el acto no. IMN-DA-0050-2008 del 8 de enero de 2008, reiteró se trataba de una laguna o embalse natural. Asevera, el considerando IX es confuso y contradictorio en lo referido en lo concerniente al hecho probado 27, referido al Acuerdo del Concejo Municipal, de la sesión ordinaria no. 16-2010 de 16 de marzo de 2010, ratificado el 23 de ese mes, capítulo IV, donde se declararon lesivos los actos de aprobación del proyecto de Urbanización Prados de Belén y los permisos constructivos 6419-2004, 6518-2005, 6448-2005, 6759-2005 y 7648-2008. Explica, la declaratoria de lesividad, avaló el informe del asesor legal, donde se estableció con claridad se está ante una nulidad absoluta, dado que deben respetarse las zonas de protección excluyendo las obras urbanísticas de las porciones que corresponden al humedal. Donde indica, entre otros se tomó en cuenta la demarcatoria realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en oficio no. 08-01014 del 26 de agosto de 2008, con sustento en la información brindada por el SINAC y el SENARA. Adiciona, en los hechos 17, 19 y 20 de la demanda se aludió a los informes técnicos y labores del SENARA, Departamento de Aguas, INTA-ACCVC, e IGN. En lo atinente a los informes de dichas dependencias y en relación con la declaratoria de lesividad en los hechos Décimo cuarto, décimo sexto y pretensiones se fundamentó la peticionado en cuanto declarar la nulidad absoluta de los mencionados permisos por resultar lesivos al interés público, afectar el medio ambiente y por ello a los habitantes del cantón de Belén; de forma que se excluyeran “las obras urbanísticas de las porciones que corresponden a humedal” (26). De ahí, el Estado el líbelo del 30 de julio de 2014 y durante las Audiencias de juicio del 6 y 18 de marzo de 2020 acotó: “…el área original del humedal supera los 13000 m2 y los comprende el proyecto de urbanización cuyos permisos constructivos se pretenden anular”. Además, dice, en su apoyo, aludió a lo informado por el hidrogeólogo Schosinsky el 29 de enero de 2000; oficio no. SG-712-2000 del Secretario General de la SETENA, acto no. UA-78-2001 de 7 de marzo de 2001 de la Unidad Ambiental Municipal. Señala, se comprobó la demarcación del humedal por parte de la empresa atraviesa la ciénaga cuya vegetación se distingue fácilmente por la vegetación verde de sureste a noreste y esa demarcación no coincide con la figura del estudio hidrogeológico. También, el oficio no. SRH-155 del 20 de marzo de 2001 del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central dio cuenta a la Unidad Ambiental del Ayuntamiento Belemita: “…la empresa desarrolladora del proyecto urbanístico colocó una cinta amarilla con el propósito de separara el área por urbanizar y el área del Humedal, pero que “esta delimitación en el campo está invadiendo el área del Humedal”. En acto no. UA-177-2001 del 11 de mayo de 2001, la Unidad Ambiental indicó, la empresa marcó los supuestos límites del humedal y el proyecto urbanístico partiría a la mitad el ecosistema. Mediante oficio no. ASUB-1130-01 del 7 de diciembre de 2001, se recomendó no desarrollar ningún proyecto habitacional que vertiera contaminantes al suelo o a los acuíferos. Asimismo, el SENARA el 26 de setiembre de 2007, informó el humedal se había reducido a la mitad ya que fue modificado. Acota, los informes del SENARA son de acatamiento obligatorio de acuerdo con el artículo 3 de la Ley no. 6877. El SINAC en acto no. SINAC-GASP-622-06 del 10 de noviembre de 2006, indicó del estudio de fotografías se constató la afectación directa al embalse natural. Mediante informe DST-925-06 del 13 de diciembre de 2006 suscrito por Diógenes Cubero, así como en inspección realizada por la ingeniera Aimará Espinoza, —el 10 de noviembre de 2006, el humedal de la Ribera se corroboró el uso de suelo donde se pretendía desarrollar la urbanización era humedal afectado con material de relleno. Igualmente, señalaron, dicho suelo solo tenía utilidad como zona de preservación de flora, fauna, protección de áreas de recargas acuífera, reserva genética y belleza escénica. Además, que la tapia de la futura urbanización, no era su límite, porque el humedal seguía después de ésta. Concluyeron, de variarse el uso del suelo se provocarían efectos nocivos sobre la capacidad productiva y en la preservación del ambiente del entorno. Se agregó, el tipo de suelo no era apto para construir un desarrollo habitacional por ser suelos vertisoles, muy arcillosos, secos se contraen y saturados de agua se expanden, lo cual provocaría agrietamientos de pisos, paredes y en algunos casos hasta desplome. En oficio no. IMN-DA-3670-06 del 18 de diciembre de 2006 se expresó el humedal era fuente de dominio público. En acto no. D-998 del 9 de setiembre de 2008 el Director del Área Conservación Cordillera Volcánica Central, manifestó, de conformidad con el estudio de la documentación: “se consideró que la delimitación del humedal de la Ribera de Belén ya esta declarada y es la oficial, según la información brindada mediante el oficio No. 08-01014 del Instituto Geográfico Nacional… la delimitación actual obedece entre otros a nueva información recopilada en el campo, documentos técnicos y fotografías aéreas que permite determinar con mayor exactitud el tamaño del humedal en mención”. Mediante sesión ordinaria no. 61 del 7 de octubre de 2008, del Concejo Municipal del Belén, ratificada el 14 de aquel mes, capítulo 7, artículo 36, acordó denegar la petición del Quintaelena S.A. para que se aprobara la Urbanización Prados de Belén y se recibieran las obras, por haberse comprobado la existencia, naturaleza y delimitación del ecosistema del humedal. En su apoyo cita un fallo de esta Sala donde se dispuso mientras un bien de dominio público no se desafecte no cabe disponer de él comercialmente. La motivación, arguye, implica el deber de plasmar en sentencia el análisis efectuado de las cuestiones fácticas y jurídicas debatidas e indicar cuál es la razón por la que se adopta la solución. En la especie, increpa, se dejó de lado lo expuesto en la declaratoria de lesividad, prueba aportada y fundamentos legales que sustentan su posición, lo que conllevó falta de motivación, así como los elementos esenciales de la redacción y dictado de la resolución de fondo. De ahí, aduce, se quebranta el debido proceso (artículos 66 inciso 1.d), 119, inciso 1), 120 inciso 3) y 137, incisos 1.b), 1.d), 1.g) y 1.h) de la Ley no. 8508 [Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA)]. Alega, se omitió resolver si los permisos de construcción son lesivos al interés público ya que la urbanización comprende el humedal, y desdeña lo peticionado en cuanto a que se declarara la lesividad, no solo por ir contra el interés público, sino de forma concreta dado que afecta el medio ambiente y por ello, a los habitantes del cantón. Adiciona, el fallo es contradictorio, pues, por un lado afirma, la ausencia de uno de los elementos para interponer la lesividad impediría y haría innecesario el examen de fondo; pero aun así el Tribunal estimó, carecía de los motivos o contenido necesario, por lo que debió abstenerse de fallar el asunto, y efectuar la prevención de acuerdo con lo regulado en los artículos 66 inciso 1. D) y 120 inciso 3) ibid., apercibiendo que de no hacerse se declararía inadmisible la demanda. En su apoyo menciona una sentencia de este Órgano decisor, sobre la obligación de brindar la audiencia dispuesta en el cardinal 120, inciso 3) del CPCA. III.- Por lo que de seguido se expondrá esta Sala estima innecesario ingresar al análisis de los agravios desarrollados por el representante estatal. En la inconformidad de fondo el Estado acusa indebidamente apreciados una serie de actos aportados como prueba en el proceso y que sirvieron de fundamento a la Municipalidad de Belén para declarar lesivos los actos (permisos de construcción) cuya anulación pidió en su demanda. Para lo que se decidirá importa mencionar lo expresado en algunos de dichos oficios. Mediante acto no. SG-712-2000 del Secretario General del SETANA, dirigido a la Unidad Ambiental del Ayuntamiento, entre otras cosas, señaló: “…los radios de protección de las nacientes no se están respetando en el diseño de la urbanización y el riesgo de contaminación del acuífero por lixiviados de los tanques sépticos es severo debido a la superficialidad del acuífero…”. En el oficio no. UA-78-2001 del 7 de marzo de 2001, de la Unidad Ambiental de la Municipalidad se apuntó: “…la demarcación del humedal por parte de la empresa la línea trazada atraviesa la ciénaga cuya vegetación se distingue fácilmente por la vegetación verde de sureste a noroeste y esa demarcación no coincide con la figura del estudio hidrogeológico…”. Mediante acto no. UAQ-177-2001 del 11 de mayo de 2001, la Unidad Ambiental expresó: “…la empresa marcó en marzo los supuestos límites del humedal y el proyecto urbanístico partiría a la mitad el ecosistema…”. El 7 de diciembre de 2001, en oficio ASUB-1130-01 de don Roberto Ramírez, manifestó: “…en la finca hay un nivel de aguas subterráneas superficial consecuencia de la topografía y estratigrafía de materiales piroclásticos. Al igual que el Ing. Hidrogeólogo Schosinsky observa la dirección de flujo de las aguas subterráneas hacia la quebrada, por lo que debe protegerse la zona oeste de la finca en dirección del flujo. La zona de protección es la definida por ese estudio en 17000 m2. Recomendó no desarrollar ningún proyecto habitacional que deposite contaminantes al suelo o contamine los acuíferos…”. La ingeniera Aimará Espinoza del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y el PhD Diógenes Cubero del INTA, suscribieron el acto no. DST-952-06 del 13 de diciembre de 2006, comprobaron: “…el suelo donde se desarrolla la urbanización es humedal afectado con material de relleno, con un riesgo severo de inundación por la filtración de aguas subterráneas hacía el material de relleno. Que su clasificación como unidad de manejo es clase VIII, y sólo tiene utilidad como zona de preservación de flora, fauna,… áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica. Agregó que el humedal continúa hacia el norte luego de la tapia existente para la futura urbanización, y que esa construcción no funge como límite del humedal. Concluyó que, de cambiarse el uso de los terrenos estudiados a planificación urbanística, se estará induciendo a efectos nocivos sobre la capacidad productiva de esos suelos y sobre la preservación del ambiente del entorno…”. El Departamento de Aguas en oficio no. IMN-DA-3670-06 del 18 de diciembre de 2006, indicó que el humedal era de dominio público. Mediante acto del 9 de setiembre de 2008, el director del Área Conservación Cordillera Volcánica Central, señaló: “…con base en el análisis de la documentación trasladada por el equipo técnico y la Asesoría Jurídica a la Dirección del Área de Conservación, “se consideró que la delimitación del humedal de la Ribera de Belén ya está declarada y es oficial, según la información brindada mediante el oficio No. 08-01014 del Instituto Geográfico Nacional, del cual adjunto copia. La delimitación actual obedece entre otros a nueva información recopilada en el campo, documentos técnicos y fotografías aéreas que permite determinar con mayor exactitud el tamaño del humedal en mención”. Entre las situaciones fácticas tenidas como acreditadas, en lo que atañe se: “Que por oficio PHN/007/2000, de fecha diez de enero de dos mil, se remitió al Alcalde de Belén, por parte de Marco Solano Martínez, Coordinador del Programa Nacional de Humedales, el denominado “INFORME DE LA VISITA REALIZADA AL SITIO PROPUESTO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE BELÉN, HEREDIA”, el cual en lo que es de interés para la resolución del presente asunto, indica: “II. Descripción del sitio. El área total del terreno tiene una extensión de 5 ha 465.89 según plano de catastro Nº H937106-91. Al momento de la visita el sitio se encontraba cubierto aproximadamente en un 80% de pasto, y en el 20% restante se encontraban algunas plantas de café abandonadas y áreas pantanosas donde había lirio de agua, juncos, otras especies menores de plantas acuáticas, tortugas semiacuáticas, algunas cyperáceas, aves acuáticas como la jacana y garza blanca. En el caso que nos ocupa de la Ribera de Belén, según el manual para la identificación y clasificación de humedales para Costa Rica (Bravo y Windevoxhei, 1997), paisajísticamente lo que encontramos ahí según la clasificación por sistemas es un humedal calificado como pantano… El sitio analizado en la Ribera de Belén, presenta las características antes mencionadas; la topografía es relativamente plana y es evidente la situación de agua de los suelos hídricos, hay suelos compuestos por guijarros, grava, en algunas partes arena, materia orgánica y lodo o barro, que muestran claramente la presencia de un humedal. Es procedente mencionar que dicho sitio está aproximadamente a menos de un kilómetro de la naciente natural de Belén, conocida como Ojo de Agua… Por tanto: De acuerdo a la normativa establecida, el área en estudio por ser un humedal se considera de interés público, de igual forma su conservación (Ley Orgánica del Ambiente artículos 41 al 50). Esta misma Ley establece en su artículo 32, que los humedales son una categoría de manejo y por tanto son considerados como áreas silvestres protegidas. La Ley de Aguas en su artículo 1, inciso VII, artículo 2 y artículo 31 define las aguas de los manantiales de dominio público. La Ley Forestal en su artículo 33, declara áreas de protección, las áreas que bordeen manantiales permanentes, definidas en un radio de 100 metros definidos de modo horizontal. La Ley de Biodiversidad en su artículo 11, inciso 2 que establece el criterio precautorio o indubio pro natura. Se concluye: Es evidente la existencia de un humedal conocido como pantano en este sector, el cual es formado por una gran cantidad de manantiales que afloran en una superficie cercana a una hectárea. Se pudo comprobar las obras de canalización y dragado de las aguas, lo cual deteriorará la viabilidad de este ecosistema…” (2]). Además, se tuvo por comprobado: “…el día veintinueve de enero de dos mil, se elaboró por parte del Ingeniero Gunther Schosinsky, el estudio hidrogeológico denominado “Verificación de Humedal Finca Situada en la Rivera de Belén, Heredia”. El estudio se realizó en la finca ubicada en las coordenadas 515448-515868 este y 219268-219685 norte. Las conclusiones fueron las siguientes: “Las siguientes son las conclusiones que se generan del estudio realizado: 1. Existe un acuífero colgado y confinado, en la finca. En la parte central de la finca, se encuentra a una profundidad entre 0 y 2 metros. Dicho acuífero se ubica en el contacto de la arcilla que conforma el suelo y el miembro Carbonal. 2. El acuífero tiene una recarga en las partes altas, al sudeste de la finca. 3. El brote de agua 2, mostrado en la fig 1, es un manantial originado por dicho acuífero. 4. La ciénaga en la finca, mostrado en la fig 1, está originada de aguas que brotan del acuífero bajo presión, saliendo a la superficie a través de grietas o perforaciones del estrato impermeable que conforma la superficie del terreno, lo que convierte dicha ciénaga en un humedal desde el punto de vista hidrogeológico. 5. Cualquier tipo de drenaje que se realice a una profundidad mayor que la profundidad del nivel piezométrico, fig 6, puede disminuir el aporte de agua al humedal. 6. Desde el punto de vista hidrogeológico y de acuerdo con las consideraciones anteriores, se estima que el área de protección del humedal, es la que se encuentra entre las curvas de isoprofundidad 0 y 0.80 metros, mostradas en la fig 6. Sin embargo, dependiendo de las obras a realizar, en la finca, el área de protección podría aumentar”. (5]). Así, igualmente: “Que por oficio ASUB-176-2000, de fecha treinta de marzo de dos mil, dirigido a la ingeniera Nimia Rivera, del Programa Nacional de Humedales y firmada por Carlos Romero Fernández, Jefe del Área de Aguas Subterráneas, se hizo el siguiente pronunciamiento respecto del estudio del señor Schosinsky: “El geólogo Sigifredo Morera revisó el citado estudio y concluyó lo siguiente: El 7 de febrero del presente año el Geólogo Roberto Ramírez Chavarría (funcionario del Área de Aguas Subterráneas de Senara), acudió a la citada finca y determinó que en la misma afloran manantiales que corresponden al Acuífero Barva (Miembro Bermúdez) que en algunos sectores se encuentran cubiertos con espesores variable del Miembro Carbonal. Estas determinaciones que realizó en la visita de campo el Geólogo Ramírez, coinciden con las conclusiones que obtuvo en el estudio hidrogeológico el señor Schosinsky, respecto a la presencia de nacientes en el área. No existe duda de que el área corresponde con manantiales y debe de aplicarse lo que para citado caso establece la ley forestal, en cuanto a protección” (7]). Aunque como lo expresó el Tribunal, el objeto del proceso, en principio, lo constituye “…la anulación de actuaciones administrativas que en su momento otorgaron derechos subjetivos a un administrado”. Sin embargo, de igual modo, según lo hicieron patente las personas juzgadoras, el propósito radica en la protección de un humedal. En consecuencia, hay un aspecto subyacente que resulta primordial, —por ello no puede dejarse de lado al momento de resolver la controversia—, a saber, está de por medio un bien de dominio público, que atañe a la protección del medio ambiente (norma 50 de la Constitución Política), y perteneciente al patrimonio natural del Estado (PNE), por lo cual concierne al interés público. Por otro lado, el propio Tribunal transcribió parte de un fallo de la Sala Constitucional, donde se dispuso la “…legislación nacional desarrolla tal compromiso en algunas leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, ley Nº 7554 de 28 de setiembre de 1995, la cual en el artículo 32, incluyó a los Humedales en las distintas categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas, que están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) -con la colaboración de las municipalidades- y los declara de interés público, así como a su conservación. Sobre la “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de aves acuáticas, o Convención de Ramsar”. Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable -y de exigibilidad judicial directa-. Por ende, decidió, resultaba inconstitucional exigir la declaratoria de un humedal y su zona de influencia como áreas protegidas, se tuviera que hacer mediante Decreto Ejecutivo, debiendo tan solo seguir los requisitos definidos en la Ley Orgánica del Ambiente, para lo cual el Estado se encuentra posibilitado de expropiar o cancelar los terrenos privados. Aunque enfatizó, ello no conllevaba descartar la existencia y protección de los ecosistemas del humedal, únicamente por no haberse declarado área silvestre protegida o encontrarse en propiedad privada. El Tribunal constitucional, recalcó en el plano internacional la Convención Ramsar, fue ratificada por la Asamblea Legislativa en la Ley no. 7224 del 9 de abril de 1991, la cual dispone en su artículo primero la importancia internacional de los humedales y su protección. Agregó: “IV.- Sobre los humedales y su importancia ambiental, cultural y económica. Esta Sala se ha referido a la relevancia de estos ecosistemas y su protección, en las sentencias 2001-12817 de las 10:28 horas del 14 de diciembre del 2001 y 2007-6246 de las 19:30 horas del 8 de mayo del 2007, entre otras, señalando que los humedales son considerados de los ecosistemas más productivos del mundo. En la Convención de Ramsar, suscrita el 2 de febrero de 1971, el humedal es definido como: “Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 40, los ha definido como: “Ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja”. La importancia de los humedales no lo es sólo en función de la biodiversidad y de las que se desarrollan a escala ecológica, sino porque proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades humanas en el mundo en desarrollo e industrializado… Además, presentan atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los ecosistemas la que hace que los humedales sean importantes para la sociedad… la Ley Orgánica del Ambiente, ley Nº 7554 de 28 de setiembre de 1995… en el artículo 32, incluyó a los Humedales en las distintas categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas, que están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) -con la colaboración de las municipalidades- y los declara de interés público, así como a su conservación”. En este punto, es menester referir a lo expresado por este Órgano decisor en cuanto a que la legitimación constituye un presupuesto de toda relación procesal, -de fondo-, necesario para la procedencia de la pretensión material, es decir, será parte legítima quien alega tener una determinada relación jurídica con la petitoria debatida. De ahí, es la aptitud para ser parte en un proceso concreto, puede ser activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que para tal efecto establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así, la legitimación ad causam activa, de interés en la especie, es la capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se encuentre el sujeto, respecto a la pretensión procesal formulada y concierne a la persona que de acuerdo con la ley puede formular las pretensiones de la demanda. En síntesis, es la identidad necesaria que debe darse entre el demandante y el derecho que pretenda en juicio. Se trata por ende de una legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito. Así, le corresponde al actor y a las personas que con posterioridad intervengan para defender su causa. Su ausencia constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percata de la falta de esta, así debe declararlo aún de oficio y dictar una sentencia inhibitoria. Sobre este particular, en el proceso, en lo que interesa, la Municipalidad de Belén solicitó la integración de la litis con el Estado. En resolución no. 938-2013 de 15 horas 30 minutos del 13 de mayo de 2013, el Juez tramitador rechazó dicho pedido, en su lugar ordenó notificar a la Procuraduría General de la República como tercer interesado, quien participó como tal. Como se expresó, en el objeto del proceso subyace un aspecto fundamental como lo es la protección de un humedal, —parte integrante del patrimonio natural del Estado— y bien de dominio público. Por consiguiente, es claro, el Tribunal omitió en su examen que está de por medio la protección de un humedal, —el cual cuenta con la correspondiente declaratoria según se expuso supra—, conformante del patrimonio natural del Estado y que es un bien del demanio público, cuya administración es competencia del MINAE mediante el SINAC (sentencias de esta Sala números 1239 de 11 horas 50 minutos del 31 de marzo de 2020 y 19776-2014 de 10 horas 30 minutos del 3 de diciembre de 2014). Así, esta Cámara estima, el Estado y el SINAC debieron haber sido integrados a la litis, a fin de completar el litis consorcio activo por estar incompleto. Ello de conformidad con lo preceptuado en el cardinal 106 del Código Procesal Civil derogado, el cual debe actuarse en la especie debido a la remisión realizada por el canon 220 del CPCA y por ser el vigente al momento de iniciarse el presente caso; dado que obliga a la integración de la litis sea por disposición legal o por la naturaleza de la relación jurídica material, —como en la especie—, pues lo que se resuelva incumbe a tales intervinientes, quienes por la naturaleza del bien (humedal, conformante del PNE) deben intervenir como coactores. Ha de agregarse, solo de esta forma se logrará resolver la controversia, pues, según se indicó, es al SINAC a quien le corresponde fijar la extensión del humedal, al igual que el retiro respecto a obras urbanísticas o de cualquier especie que puedan influir negativamente en el ecosistema protegido. IV.- En estas circunstancias, lo pertinente será de oficio ordenar integrar la litis trayendo al proceso al Estado y al SINAC como codemandantes, pues ambas entidades tienen una clara responsabilidad ex legge en el manejo y control de las áreas parte del PNE. Por ende, su participación es indispensable, ya que forman parte de las relaciones jurídicas sobre las cuales ha de pronunciarse el fallo. De ahí, se anulará la sentencia dictada en el presente proceso y se reenviará el expediente al Tribunal para que proceda conforme a derecho corresponde, integrando al Estado y al SINAC al litis consorcio activo necesario. V. VOTO SALVADO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS LUIS GUILLERMO RIVAS LOÁICIGA Y YURI LÓPEZ CASAL: Respetuosos del estimable criterio expuesto por la mayoría de esta honorable Sala de Casación, nos apartamos parcialmente de la decisión tomada por ella, salvamos nuestro voto y lo emitimos de la siguiente manera: No estamos de acuerdo con lo que se indicó en la parte dispositiva de la presente resolución, única y específicamente en cuanto, en ese acápite, se indicó que "Se conserva la prueba evacuada que resulte útil y necesaria para la resolución de la controversia". En nuestra opinión, tales pruebas también deben ser anuladas, por cuanto al disponerse la integración, al proceso, de dos nuevos sujetos de Derecho, que originalmente no figuraban como partes del litigio (como sucede, en este caso concreto con El Estado y el SINAC), a dichos nuevos sujetos se les debe conceder todas las garantías y derechos que la ley les confiere, según el tipo y materia del proceso de que se trate, lo cual incluye, lógicamente, el derecho de que se les conceda el emplazamiento, la posibilidad de oponer excepciones, el derecho de ofrecer y aportar pruebas, el derecho de participar activamente en la evacuación o práctica de las pruebas (lo cual incluye el derecho de formular preguntas y oponerse a preguntas de los otros sujetos procesales con respecto a los órganos de prueba e interponer recursos contra las decisiones tomadas en la fase de evacuación de las pruebas) y el derecho de impugnar las resoluciones judiciales que le fuesen adversas. Los actos procesales, los plazos, las resoluciones judiciales y la actividad probatoria que se hubieren llevado a cabo antes de la incorporación del nuevo sujeto de Derecho, al proceso, en su calidad de litisconsorte necesario, no surten efectos jurídicos con respecto a él, precisamente porque no fue sino hasta un estado ulterior del proceso que se le tuvo como parte procesal. En sentido similar puede consultarse el voto número 252 de las 10:40 horas del 28 de setiembre de 2012, emitido por el otrora Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. No tenemos duda alguna de que un juicio verdaderamente justo y conforme con las garantías constitucionales es aquél que le ha permitido, a las partes del proceso, ejercer plenamente su derecho de defensa, el cual prevalece, en casos como éste, sobre otros principios tales como la celeridad del proceso y la preclusión de actos procesales. En todo lo demás, estamos de acuerdo con el voto de mayoría de esta honorable Sala de Casación. POR TANTO Se anula la resolución recurrida. Reenvíese al Tribunal para que proceda conforme a derecho corresponda, integrando al SINAC y al Estado a la litis consorcio activo necesario. Por mayoría, se conserva la prueba evacuada que resulte útil y necesaria para la resolución de la controversia. Salvan el voto las magistrados Rivas Loáiciga y López Casal. HBRENES 7CTLVFLWZHG61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A F4UTX6GHDVG61 IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A ENIRBKWXBIK61 YURI LOPEZ CASAL - MAGISTRADO/A HTTWC8DMKC461 DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ - MAGISTRADO/A HIKFUJB7WGA61 JESSICA JIMÉNEZ RAMÍREZ - MAGISTRADO/A Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:40:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Primera de la Corte **Ruling No. 00191 – 2022** **Date of Ruling:** February 3, 2022, at 09:04 **Docket:** 11-001511-1027-CA **Drafted by:** Luis Guillermo Rivas Loáiciga **Type of Case:** Lesivity Proceeding **Reviewed by:** SALA PRIMERA **Judgment with Dissenting Vote** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Public domain property **Subtopics:** Mangrove or wetland. Definition and importance of wetlands as protected wild areas, which are under the administration of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications—with the collaboration of the Municipalities—being public domain property (Article 50 of the Political Constitution) and belonging to the state's natural heritage, for which they are declared of public interest (Articles 32 and 40 of Law 7554, Article 1 of the Convention on International Wetlands as Waterfowl Habitat [Ramsar], Law 7224). See rulings 12817-2001 and 6246-2007 of the Constitutional Chamber (vote 191-F-2022). **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Standing **Subtopics:** Concept and scope. **Topic:** Joinder of Parties **Subtopics:** Public domain property. Analysis of standing, in particular, active standing to sue (legitimación ad causam activa). In this lesivity proceeding, the Municipality requested that the construction permits granted to a company be declared detrimental to the public interest, for affecting the environment (wetland). The Trial Court dismissed the claim. This Chamber observes that said entity requested the joinder (integración de la litis) of the State. However, the processing judge rejected it and instead ordered notification to the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) as an interested third party, who participated as such. Note that the object of this proceeding is the protection of a wetland, which has its corresponding declaration and forms part of the state's natural heritage, being a public domain property (bien del demanio público), whose administration is the responsibility of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, through the National System of Conservation Areas (SINAC) (see resolutions 1239-2020 of the First Chamber and 19776-2014 of the Constitutional Chamber); a matter the Trial Court omitted in its examination. Thus, this Chamber orders, on its own motion, the joinder of the State and SINAC as co-plaintiffs, in order to complete the necessary active joinder of parties (litis consorcio activo necesario) as it is incomplete (Article 106 of the Civil Procedure Code) (duty to join parties due to legal provision or the nature of the material legal relationship). The foregoing, because both have a clear ex lege responsibility in the management and control of areas that are part of the state's natural heritage. Furthermore, SINAC is responsible for setting the extent of the wetland, as well as the setback (retiro) for urbanistic works of any kind that could negatively influence the protected ecosystem (vote 191-F-2022). **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Administrative Litigation **Topic:** Cassation Appeal **Subtopics:** Remand. The Chamber orders, on its own motion, the joinder of the State and SINAC as co-plaintiffs (necessary active joinder of parties). Hence, the judgment rendered in this proceeding is overturned and the file is remanded to the Trial Court to proceed in accordance with the law (vote 191-F-2022). **Text of the Resolution** Exp. 11-001511-1027-CA Res. 000191-F-S1-2022 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours four minutes on February third, two thousand twenty-two. Lesivity proceeding, established in the Administrative and Civil Treasury Court by the MUNICIPALITY OF BELÉN, represented at the time of filing the lawsuit by its mayor Horacio Alvarado Bogantes, identity card number 4-0124-0551, and attorneys Ennio Rodríguez Solís, identity card number 1-0682-0797, and Francisco Ugarte Soto, identity card number 1-0692-0531, as special judicial representatives, against the company QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by attorneys María Lourdes Echandi Gurdían, identity card number 1-0666-0372, and Aldo Milano Sánchez, identity card number 1-0688-0989, in their capacity as special judicial representatives. The STATE participates as an interested third party, represented by the prosecutor Mauricio Castro Lizano, identity card number 1-0767-0302. Drafted by Judge Rivas Loáiciga CONSIDERING I.- In what is relevant here, the Trial Court held the following facts to be proven. By official letter of January 11, 2000, addressed to Messrs. Jorge Zamora Chaves, Miriam González White, and Andrés Gerardo Zamora González, the Mayor of the Municipality of Belén stated: “Regarding the ditching (zanje) work carried out in recent days on the farm registered in Real Folio 4024727-001/002/003/004/005/006/007, cadastral map H-937106-91, I inform you of the following: In accordance with the recommendations made by the experts of the National Wetlands Program, per the attached Report, we request that within a maximum period of three working days, you proceed to restore the area to its original state, while the respective municipal permits are not processed and the corresponding technical studies are carried out.” By deed granted at 5 p.m. on June 15, 2000, a lot was segregated from the farm of the Partido de Heredia, real folio registration number twenty-four thousand seven hundred twenty-seven, to Quintaelena S.A. Said land had the following description: nature: pasture (potrero), location: second district, La Rivera, seventh canton, Belén. With an area of 25,165.60 square meters. It borders on the north with Río Segundo and Akron S.A, on the south with Bernardo Rodríguez Salas, on the east with the reserved remainder, and on the west with a public road and others. Despite the deed text referencing cadastral map H-628409-2000, it was registered with cadastral survey H-647449-2000 on November 3, 2000, under real folio registration number 166,107-000. Cadastral map H-647449-2000 had been registered on August 18, two thousand, and bore the following caption: “Wetland Protection Zone, according to Declaration PHN/106/2000 of MINAE.” On October 17, 2003, the company Quintaelena S.A. requested a permit from the Municipality of Belén to develop a housing development (urbanización) on the property of Partido de Heredia No. 166,107-000, cadastral map H-647749-2000, which would be called “Prados de Belén.” In resolution No. 1383-2004-SETENA, of 10 hours 5 minutes on September 7, 2004, the Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental) of the Ministry of Environment and Energy approved the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) submitted by the aforementioned company for the construction of the housing development—composed of twenty-seven lots—with an average area of 356.00 square meters. It was specified that the project contemplated the urban development stage on a 25,165.00-square-meter lot dedicated to pasture and scrubland (charral): the property was adjacent to an unnamed stream (yurro), for which a protection zone of 10 meters had been defined, and to the north with the Río Segundo, into which the waters of said canal (acequia) drained, and that a protection zone of 50 meters was defined for the river. It was also mentioned that the area surrounding the project was composed of land dedicated to housing, pasture, and a flooded area, called a wetland, which was outside the project. In Ordinary Session 64-2004 of the Municipal Council of Belén, held on October 12, 2004, the agreement reached by the Works Commission at Ordinary Meeting No. 38-2004 of October 11 of that same year was addressed, which contemplated the urbanization works within the aforementioned farm for a maximum of twenty-five housing units. The report was endorsed and construction permit No. 6419-2004 was approved. On January 20, 2005, the Engineering Department of the cited Municipality granted Quintaelena S.A. construction permit No. 6518 for the construction of a perimeter wall (tapia) between vertices 46 and 69 of map H-647449-200 located on the west boundary of the farm in question. The Municipality's Engineering Department granted the defendant, on May 4, 2005, construction permit No. 6648, which reevaluated the previous permit for the construction of perimeter walls up to one meter high made of blocks, the remainder in fencing (verja). On September 1, 2005, the municipal corporation's Engineering Department granted Quintaelena S.A. construction permit No. 6759 to erect a perimeter wall. The aforementioned Engineering Department also granted it construction permit No. 7648-2008 to build a perimeter wall. On June 27, 2005, by official letter DU-079-2005, the Urban Development Unit (Unidad de Desarrollo Urbano) recommended receiving the housing development's work, transferring the topographic mosaic to the Cadastre Unit (Unidad de Catastro) for its corresponding approval, and then submitting the individual maps of each lot for Municipal approval (visado Municipal). In report INF-AI-07-2007 from the Internal Audit of the Municipality of Belén, regarding the construction history report of the permits granted by the Municipality to Quintaelena S.A., it was concluded: “a. On farm No. 4024727-001/002/003/004/005/006/007, located in La Ribera de Belén, some water channeling and dredging works were carried out, which affected an existing wetland in the area. These works were done without permits, which is why they were stopped by the Municipality. There currently exists a Commission in charge of coordinating the actions and activities necessary to restore the wetland located in La Ribera de Belén, adjacent to the project called Prados de Belén housing development. b. The farm where the wetland is located was segregated, and on the part adjacent to the wetland, the Municipality authorized the execution of urbanization works for the Prados de Belén project. This permit was granted based on the information available at that time regarding the wetland's protection area, which had been endorsed by MINAE. On the other hand, the project had environmental feasibility (viabilidad ambiental) granted by SETENA, which, in the corresponding resolution, had established that the wetland area was outside the project. c. The processing of this permit lasted several years, which denotes the lack of a formal, duly approved procedure regulating the processing of construction permits and the participation of the Municipality's different processes and dependencies. d. Works were carried out in the protection area and in the course of the stream (quebrada) existing on the farm where the Prados de Belén project is located, without having obtained prior permission from the Municipality, environmental feasibility, and permission from the Water Department of MINAE. The urbanization works for the Prados de Belén project were carried out by the developer (urbanizador); however, they have not been received by the Municipality. The Legal Department (Dirección Jurídica) established, in its opportunity, the conditions that should be met in order to receive such works. Among those conditions, that Department indicated that the developer should legalize, according to current regulations, matters related to the works carried out on the stream (arroyo) located on the project farm. The above has not been complied with to date. g. The MINAE's System of Conservation Areas has established, as stated in documents issued in November 2006 and January 2007, that the existing wetland on the farm adjacent to the Prados de Belén Project previously corresponded to a wetland with aquifer and natural reservoir characteristics. On the other hand, SENARA, in response to a request from the Council, established the existence of a natural lake and its corresponding area. The foregoing could affect the defined protection area, which was taken as a reference for the approval of the permits granted for the aforementioned housing development. Official letter IMN-DA-001-2008, of January 4, 2008, addressed to María Antonia Castro Franceschi and signed by José Chacón Solano, deputy head of the Water Department, noted: “… the undersigned conducted an inspection of the site accompanied by Eng. Phillpis, Eng. Aymará Espinoza, and officials from the Municipality you represent. At the site, it could be verified that there is no doubt that what is present on property H-647449-2000, where the Prados de Belén Housing Development is located, is a wetland, which has a discharge point that crosses the public road and the park area, to continue in the open air to a property planted with coffee, where it discharges into an artificial reservoir, which, according to the National Registry of Concessions and Watercourses (Registro Nacional de Concesiones y Cauces), does not have authorization from this Ministry. Likewise, at the site, it could be observed that indeed there is a body of water (espejo de aguas), which is covered by aquatic plants such as water lilies, making it appear that there is no lagoon. On the day of the inspection, it was estimated that a flow of about 15.00 liters per second was being discharged. Due to the above, what was indicated in the last paragraph of official letter IMN-DA-2859-07, where it was stated that it is not a natural reservoir, is voided, the correct assessment being that it is a wetland, with a natural reservoir, which has a body of water that is currently covered by aquatic vegetation, typical of wetlands.” By official letter SINAC-DS-GASP-626-06 of November 14, 2006, signed by Marco Vinicio Araya B, Manager of Protected Wild Areas of the National Wetlands Program, he stated: “Consequently, the site in question currently corresponds to an ecosystem with Palustrine wetland characteristics, which has been affected by anthropogenic activities, but according to the hydrogeological Report, copies of photographs provided, and testimonies of local residents, it corresponds to a Wetland with aquifer and natural reservoir characteristics, and consequently, in addition to being restored, a protection zone of 50 meters measured horizontally must be established in application of Article 33 of Forestry Law No. 7575. Another important aspect to consider is the edaphological characteristics of the surrounding area, as it is highly possible that, like the wetland, the impermeable layer of the subsoil was altered with earthworks (movimientos de tierra) and fill (rellenos); an edaphological study at the subsoil level of the area may answer this question. According to section ninth of document SINAC-DG-GASP-504-06, it is stated that prior to the visits conducted this year, this office was aware that the wetland area formed part of the lands owned by the Prados de Belén Urban Development Project; however, in field trips conducted this year, it is verified that currently the wetland area is not part of the project, according to cadastral map A-647449-2000 corresponding to farm No. 4024727-0000 registered before the Public Registry on November 3, 2000. However, considering the ecological characteristics of the wetland area, technical studies, copies of photographs, and testimonies from residents of the community of La Rivera de Belén, the damage to the Wetland was apparently caused by the representative of the Prados de Belén Urban Development Project, Mr. Fabio Chaves Guzman (Quintalena SA) in early January 2000, with the intention of using the area as part of the project... Although the described wetland ecosystem currently does not have a significant size, it may be a remnant of a larger wetland area located in the zone, but whose area was reduced due to anthropogenic actions, which currently represents an important site to conserve and restore, providing regulating functions through water capture, maintenance of biological diversity, nutrient storage and recycling, productive functions through the protection of ornamental resources, and a carrying function, providing opportunities for recreation and educational information.” By official letter ASUB-428-2007 of September 26, 2007, addressed to the Municipal Council of Belén, signed by Roberto Ramírez Ch. of the Groundwater Area (Área de Aguas Subterráneas) and approved by Carlos Romero, Head of the Water Area, both from SENARA, it was concluded: “In the area, groundwater emerges due to changes in the permeability of the metamorphosed tuffs of the Carbonal member, whose thickness thins in many sectors. The flow direction of the water is towards the northwest, evidencing a relationship with the drainage of the Barva aquifer to the Río Segundo, which behaves as a gaining stream (cede water to the river). None of the authors clearly define the origin of the 'current wet area'; rather, they establish hypotheses without field verification. It is considered that the flow creating this area is sufficient to maintain an area with significant humidity, and under suitable topographic conditions, it can generate bodies of water or natural lakes, even after subtracting the evaporation processes that may occur on the water surface. To determine a natural lake, a basin-like topography and a permanent flow are required; an underlying low-permeability stratum or sufficient hydraulic head to maintain water in the upper stratum is also important. The earthworks carried out at the site (changes to the existing topography) modified one of the most important characteristics for having a natural lake, even while maintaining the other characteristics mentioned above. Therefore, the area: at this moment remains wet, with vegetation and permanent drainage towards the storm sewers. For the foregoing, the area is defined as a natural lake, its area defined by the 1975 photograph (13,219.9 square meters). (…) to recover the water surface (natural lake), the existing topography must be rectified (basin type) and hydraulic barriers (earthen dam) built to prevent water from exiting.” In certification SINAC-GASP 542-08 of November 27, 2008, issued by Marco Vinicio Araya B, Manager of Protected Wild Areas, he stated: “Having analyzed the technical documents provided to the file called Humedal Rivera de Belén, the area located on the boundaries of the Prados de Belén Urban Development Project, owned by Quintaelena S.A., legal ID 3-101-252209, currently corresponds to a Palustrine wetland affected by anthropogenic activities with an extent of 7,630 m2. According to Article 33, subsection c, of Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, relating to protection areas, and Pronouncement C-110-2004 of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) referring to 'the applicability of protection areas with respect to wetland ecosystems of the type called "LAGOON,"' the 50-meter protection area for natural lakes and reservoirs applies exclusively to lacustrine wetlands. For this reason, a protection zone according to the legal system does not apply to the Palustrine wetland category; technically, a protection zone of 15 meters is recommended, as well as the establishment of restoration measures for those wetlands whose biological characteristics are being affected. Pursuant to Article 157 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) No. 6227, this certification corrects the certification issued on January sixteenth, two thousand seven, by the Management of Protected Wild Areas and related to the file in question.” By agreement reached in ordinary session No. 16-2010 of the Municipal Council of Belén on March 16, 2010, ratified on the 23rd of the same month and year, Chapter IV, it was declared detrimental to public interest (lesividad) the approval agreement for the Prados de Belén housing development project, developed by Quintaelena S.A., approved by the Municipal Council via agreement of ordinary session 64-2004 of October 12, 2004, as well as construction permits 6419-2004, 6518-2005, 6448-2005, 6759-2005, and 7648-2008. Said agreement transcribes the Legal Advisor's Report, which stated: “CONSIDERING. Taking into consideration the large number of procedures carried out before technical and legal authorities, both external and internal to the Municipality of Belén, a unified criterion is reached, taking into account that we are in a matter of an essential nature for the interests of each of the inhabitants of the canton, and hence the transcendental nature of its resolution, which is given for the following reasons: FIRST: That it corresponds to the Management of Protected Wild Areas of MINAET to issue criteria, resolutions, and certifications in matters of conservation of protected areas, as is the case of the Wetland in La Ribera de Belén, which is the object of this study, which is based on Article 42, Chapter VIII on Marine, Coastal, and Wetland Resources of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) (Law No. 7557 of October 4, 1995), which literally indicates on the delimitation of protected zones the following: “Article 42.- The Ministry of Environment and Energy, in coordination with the competent institutions, may delimit protection zones of certain marine, coastal, and wetland areas, which shall be subject to management and handling plans, in order to prevent and combat the contamination or degradation of these ecosystems.” Therefore, making use of such authority, this institutional body issued a certification dated January 16, 2007, concerning the characteristics of the “Humedal Ribera de Belén” based on official letter SINAC-DS-GASP-626-06, establishing an approximate area of 17,000 m2 with 50 meters as a protection area measured horizontally, indicating the following: “That based on the technical information submitted to the file called 'Humedal Ribera de Belén', Technical Reports, photographs, and testimonies from community residents. The area located on the boundaries of the Prados de Belén Urban Development Project, owned by Quintaelena S.A., legal ID 3-101-252209, currently corresponds to a Palustrine Wetland of approximately 17,000 m2, which, according to biophysical characteristics, edaphological study, and copies of photographs provided, previously corresponded to a Natural Reservoir, affected by anthropogenic activities. All wetlands classified as a natural reservoir are entitled to a protection area of fifty meters measured horizontally, pursuant to Article 33, subsection c) of Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, and Pronouncement C-110-2004 of the Office of the Attorney General. SECOND: That despite said pronouncement, on the other hand, the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento, SENARA), on September 26, 2007, by official letter ASUB-428-2007, signed by Messrs. Roberto Ramírez and Carlos Romero of the SENARA Groundwater Area, establishes in what is relevant the following: “Therefore, the area is defined as a natural lake, its area defined by the 1976 photograph (13,219.9 square meters).” (Folios 400 to 409, Volume I of the Administrative File). THIRD: That subsequently, the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), belonging to the Ministry of Public Works and Transportation (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), by official letter No. 08-01014 of August 26, 2008, and at the request of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, ACCVC), proceeded to review documents related to the corresponding studies of the perimeter demarcating the wetland, which was jointly demarcated by the General Directorate of the ACCVC and the Municipality. (Folios 421 to 423, Volume V of the Administrative File), concluding that the tie-in data and perimeter data are valid for referential purposes, based on official letters No. ASUB-428-2007 and No. DST-652-06 from the National Service for Groundwater, Risk, and Drainage (SENARA) and the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (ACCVC), respectively. FOURTH: That the same Management of Protected Wild Areas of MINAET issued a new certification dated November twentieth, two thousand eight, correcting and voiding the certification issued on January sixteenth, 2007, mentioned in the first considering paragraph, establishing in this new certification that the wetland's extent is 7,630 m2 and its technically recommended protection zone is 15 meters. FIFTH: That it is the Municipality's responsibility to abide by the resolutions and/or certifications issued by competent Public Institutions, these being the technical bodies called upon to conduct the pertinent studies. Therefore, in this particular case, be it in matters of ecosystem protection zones, the Municipality must respect the reports and certifications issued by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications. In this sense, it does not fall to the Municipal Administration to question or ignore documents or official letters that have served as a basis for generating reports or certifications issued by departments or officials of the competent State Institutions, who must assume the duty and responsibility that the legislation grants them in matters of protection zones. To date, official letter SINAC-DG-GASP-504-08 exists, which certifies the current conditions of extent and protection area of the wetland, voiding the previous official letter. This is for the purpose of addressing procedures carried out by any citizen, in compliance with the compliance requirements currently in force in matters of Development and Urban Control, for which the Operational and Urban Development Technical Directorate (Dirección Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano), in response to Memorandum AM-A-010-2009 from the Municipal Mayor's Office, remitted official letter DO-D-002-2009 and subsequently official letter DO.D-016-2009, which corresponds to a clarification of the first, dated March 23 and May 15 respectively, both from 2009, conforming at that time to the latest available information, in accordance with what was indicated by the Management of Protected Wild Areas of MINAET in its official letter SINAC-GASP-542-08 dated December 20, 2008. SIXTH: That permits have been granted for this project according to the latest available information, in accordance with what was indicated by the Management of Protected Wild Areas of MINAET in its official letter SINAC-GASP-542-08, dated December 20, 2008. SEVENTH: That having granted the mentioned permits without the Municipality being aware of the existence of the Protection Zone due to the Wetland of La Rivera, and said permits being detrimental to the interests of this administration and the canton in general, given that what is at stake is nothing more and nothing less than natural resources, which, being also of public domain, are impossible to appropriate by private individuals. It is hereby, based on Article 34 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), prescription not applying in this case given the fact that we are facing absolute nullity because protection zones must be respected, excluding urbanistic works from portions corresponding to the wetland, that the following permits granted to the company QUINTAELENA, SA are declared detrimental: 1. Permit No. 6419-04, procedure number 3521, which corresponds to initial infrastructure works of the Housing Development Project called “Prados de Belén” developed by the company Quintaelena SA, with an area of 12,168.58 square meters, located in: the La Ribera District, property per cadastral map number H-628409-2000. 2. Permit No. 6518-2005, procedure number 4725, which corresponds to the construction of a boundary wall (tapia de colindancia) with a length of 199 ml and area of 616 m2, located on the west boundary of the Housing Development, between vertices 46 and 49 of map H-647449-2000. 3. Permit No. 6648-2005, procedure No. 1281, which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 59 ml and area of 418 m2, located on the public road fronting boundary, Southwest Sector of the farm. 4. Permit No. 6759-2005, procedure No. 3356, which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 135 ml and area of 418 m2, located between the northwest boundary of the housing development lots and the reserve area or remainder of the farm, and 5. Permit No. 7648-2008, procedure No. 1987, which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 1231 ml and area of 528.43 m2, located between the north and east boundary of the Housing Development. (…) THEREFORE. THE MUNICIPAL COUNCIL OF BELÉN, IN EXERCISE OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL POWERS CONFERRED BY ARTICLES 169 AND 170 OF THE POLITICAL CONSTITUTION AND Ley 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, AND BASED ON THE PROVISIONS OF 34 (sic) OF THE CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, HEREBY AGREES: FIRST: Taking into account the various technical criteria of the aforementioned and described State institutions, as well as those issued by bodies of the Municipality of Belén itself, this Municipal Council, in accordance with what is legally proper, declares the approval agreement for the Project for the Urbanization (Urbanización) called “Prados de Belén” developed by the company Quintaelena SA, approved by the Municipal Council of Belén by Agreement in Ordinary Session number 64-2004 of October 12, 2004, to be harmful to the public interests (lesivos a los intereses públicos); as well as the following construction permits: 1. Permit No. 6419-04, procedure (trámite) number 3521, which corresponds to initial infrastructure works for the Urbanization Project called “Prados de Belén” developed by the company Quintaelena SA with an area of 12,168.58 square meters, located in the La Ribera District, property according to cadastral map (plano de catastro) number H-628409-2000. 2. Permit No. 6518-2005, procedure number 4725, which corresponds to the construction of an adjoining wall (tapia colindante) with a length of 199 linear meters and an area of 616 m2 located on the western boundary (colindancia) of the Urbanization, between vertices 46 and 49 of map H-647449-2000. 3. Permit No. 6648-2005, procedure No. 1281 which corresponds to the construction of that (sic) boundary wall (tapia de colindancia) with a length of 59 linear meters and an area of 418 m2 located on the boundary fronting a public street (acalle [sic] pública), Southwest Sector of the property. 4. Permit No. 6759-2005, procedure No. 3356 which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 135 linear meters and an area of 418 m2 located between the northwestern boundary of lots in the urbanization and the reserve area or remainder of the property, and 5. Permit No. 7648-2008, procedure No. 1987 which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 1,231 linear meters and an area of 528.43 m2 located between the northern and eastern boundary of the Urbanization. SECOND: The Municipal Mayor is instructed to file, through the Legal Directorate, the necessary judicial actions to seek annulment of the aforementioned acts before the Contentious-Administrative Jurisdiction, for which purpose it is clarified that said acts contain defects of absolute nullity (vicios de nulidad absoluta) and their effects persist to this day; and he is likewise instructed to provide the necessary budgetary allocation to address the economic consequences that may arise from said proceeding.” The operative part of the agreement states: “IT IS UNANIMOUSLY AGREED: FIRST: To dispense with the Committee procedure (trámite de Comisión). SECOND: To endorse the Legal Advisor’s Report. THIRD: Taking into account the various technical criteria of the aforementioned and described State institutions, as well as those issued by bodies of the Municipality of Belén itself, this Municipal Council, in accordance with what is legally proper, declares the Approval Agreement for the Project for the Urbanization called “Prados de Belén” developed by the company Quintaelena SA, approved by the Municipal Council of Belén by Agreement in Ordinary Session number 64-2004 of October 12, 2004, to be harmful to the public interests; as well as the following construction permits: 1. Permit No. 6419-04, procedure number 3521, which corresponds to initial infrastructure works for the Urbanization Project called “Prados de Belén” developed by the company Quintaelena SA with an area of 12,168.58 square meters, located in the La Ribera District, property according to cadastral map number H-628409-2000. 2. Permit No. 6518-2005, procedure number 4725, which corresponds to the construction of an adjoining wall with a length of 199 linear meters and an area of 616 m2 located on the western boundary of the Urbanization, between vertices 46 and 49 of map H-647449-2000. 3. Permit No. 6648-2005, procedure No. 1281 which corresponds to the construction of that boundary wall with a length of 59 linear meters and an area of 418 m2 located on the boundary fronting a public street, Southwest Sector of the property. 4. Permit No. 6759-2005, procedure No. 3356 which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 135 linear meters and an area of 418 m2 located between the northwestern boundary of lots in the urbanization and the reserve area or remainder of the property, and 5. Permit No. 7648-2008, procedure No. 1987 which corresponds to the construction of a boundary wall with a length of 1,231 linear meters and an area of 528.43 m2 located between the northern and eastern boundary of the Urbanization. 6. Any other permit, license, agreement, or act that needs to be annulled for reasons of public interest. FOURTH: The Municipal Mayor is instructed to file, through the Legal Directorate, the necessary judicial actions to seek annulment of the aforementioned acts before the Contentious-Administrative Jurisdiction, for which purpose it is clarified that said acts contain defects of absolute nullity and their effects persist to this day; and he is likewise instructed to provide the necessary budgetary allocation to address the economic consequences that may arise from said proceeding.” In a brief filed on March 20, 2010, in summary, Quintaelena S.A. expressed to the Municipality its willingness to withdraw fifteen meters from the boundary of the Belén wetland, while also carrying out the necessary demolitions to eliminate all works built within the fifteen-meter area that would be designated as the protection zone for the La Ribera wetland, on the boundary with the Urbanization Prados de Belén, as well as proceeding with the planting of trees and plants of the species recommended by specialists on said boundary. It likewise urged the Municipality to approve and receive the infrastructure works and other administrative actions to continue with the development of the urbanization. The foregoing was stated without any decision being made on the matter. On March 16, 2011, the Municipality of Belén filed a claim of harmfulness (demanda de lesividad) against the company Quintaelena S.A. in which it requested that: the claim be granted in its entirety; the following construction permits, issued by the Municipality of Belén, be declared harmful to the public interest: numbers 6419-04, 6518-2005, 6648-2005, 6759-2005, and 7648-2008; the absolute nullity of the cited construction permits be declared, as they are harmful to the public interest, because they affect the environment and therefore the citizens (munícipes) of the canton of Belén. Additionally, that the company Quintalena S. A. be ordered to pay the personal and procedural costs of this matter if it denies and opposes these claims. The defendant responded negatively and raised the preliminary defenses of expiration (caducidad), an act not subject to challenge, and the substantive defense of lack of active standing (falta de legitimación activa). In resolution no. 938-2013, at 3:30 p.m. on May 13, 2013, the Case Management Judge rejected the request for joinder of the State as an active co-litigant (litis consorcio activo), instead ordering notification to the Procuraduría General de la República, as an interested third party in the proceeding. By brief filed on July 30, 2014, the State appeared in the proceeding in that capacity. The Tribunal composed of Rosa María Cortes Morales, Jonathan Canales Hernández, and Laura García Carballo, rejected the defenses of expiration and lack of active standing raised by the company Quintaelena S.A. It upheld the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the defendant and dismissed the claim of harmfulness filed against it by the Municipality of Belén. It ordered the Municipality to pay both sets of costs in favor of the defendant. Regarding the State, it ruled without special condemnation. Only the appeal filed by the State’s representative will be addressed. Given that the joinders filed in support of the State were filed untimely. Cassation appeal on procedural grounds II.- Sole ground: it alleges the judgment lacks reasoning (motivación), thereby violating due process. It challenges the ruling insofar as it states that it is not questioned that the defendant's urbanization is outside the wetland and that it is not the object of the proceeding to decide on the viability of the soils for housing construction. It states that the hydrogeological study by Mr. Ghunther Schosinsky determined the existence and location of the wetland, which was endorsed by the Programa Nacional de Humedales through official letter no. PNH/106/2000 and SENARA through official letter ASUB/176/2000. Subsequently, a lot was segregated from the Heredia property where the wetland was located—map no. H-647440-2000, which contained the legend “Zona Protección Humedal, según declaratoria PHN/106/2000 del MINAE”, which was acquired by Quintaelena S.A., and originated the Heredia property no. 176.107-000, where it requested the permit to develop the Urbanization Prados de Belén, approved by municipal agreement no. 62-2004 of October 12 of that year. The Tribunal referred to consultations made by the Municipality, and noted that two conflicting positions had been reached; that of SENARA, indicated in official letter no. ASUB-428-20007, which concluded it was a lacustrine wetland with an extension of more than 13 thousand square meters and with a setback area of 50 meters with respect to the urbanization. On the other hand, that of SINAC, in official letter no. SINAC-GASP-542-08, which classified it as palustrine, with a recommended protection area of 15 meters, documents with which the legal advisory recommended declaring the harmfulness, which the Municipal Council accepted. What was stated by the judges regarding it not being the object of the proceeding to decide on the viability of the soils for housing construction disregards what was debated. In support, it cites proven fact 22 where it was noted without any doubt that the Heredia property no. 647449-000, where the Urbanization Prados de Belén is located, is a wetland—a natural reservoir with a body of water. Furthermore, the Water Department of SINAC in official letter no. IMN-DA-0011-2008, stated that it had no objection to the technical report from SENARA. Likewise, official letter no. IMN-DA-0050-2008 of January 8, 2008, reiterated that it was a lagoon or natural reservoir. It asserts that recital IX is confusing and contradictory regarding what was stated concerning proven fact 27, referring to the Municipal Council Agreement, from ordinary session no. 16-2010 of March 16, 2010, ratified on the 23rd of that month, chapter IV, where the approval acts for the Urbanization Prados de Belén project and construction permits 6419-2004, 6518-2005, 6448-2005, 6759-2005, and 7648-2008 were declared harmful. It explains that the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) endorsed the legal advisor’s report, where it was clearly established that this is a case of absolute nullity, given that the protection zones must be respected, excluding the urban works from the portions that correspond to the wetland. It indicates that, among other things, the demarcation carried out by the Instituto Geográfico Nacional (IGN) in official letter no. 08-01014 of August 26, 2008, based on information provided by SINAC and SENARA, was taken into account. It adds that facts 17, 19, and 20 of the claim referred to the technical reports and work of SENARA, the Water Department, INTA-ACCVC, and IGN. Regarding the reports from those agencies and in relation to the declaration of harmfulness, in facts Fourteenth, Sixteenth, and the claims, the petition was based on declaring the absolute nullity of the mentioned permits because they are harmful to the public interest, affect the environment, and therefore the inhabitants of the canton of Belén; so that “the urban works [are excluded] from the portions that correspond to the wetland” (26). Hence, the State, in the brief of July 30, 2014, and during the Trial Hearings of March 6 and 18, 2020, noted: “…the original area of the wetland exceeds 13,000 m2 and includes the urbanization project whose construction permits are sought to be annulled.” Furthermore, it states, in its support, it referred to what was reported by the hydrogeologist Schosinsky on January 29, 2000; official letter no. SG-712-2000 from the Secretary General of SETENA; official letter no. UA-78-2001 of March 7, 2001, from the Unidad Ambiental Municipal. It points out that it was proven that the demarcation of the wetland carried out by the company crosses the marsh, whose vegetation is easily distinguished by the green vegetation from southeast to northeast, and that demarcation does not coincide with the figure in the hydrogeological study. Also, official letter no. SRH-155 of March 20, 2001, from the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central informed the Unidad Ambiental of the Belén Municipality: “…the company developing the urban project placed a yellow ribbon with the purpose of separating the area to be urbanized and the Wetland area, but that ‘this delimitation in the field is invading the Wetland area’.” In official letter no. UA-177-2001 of May 11, 2001, the Unidad Ambiental indicated that the company marked the supposed limits of the wetland and the urban project would split the ecosystem in half. Through official letter no. ASUB-1130-01 of December 7, 2001, it was recommended not to develop any housing project that would discharge contaminants to the soil or aquifers. Likewise, SENARA on September 26, 2007, reported that the wetland had been reduced by half since it had been modified. It notes that the reports from SENARA are mandatory according to Article 3 of Ley no. 6877. SINAC in official letter no. SINAC-GASP-622-06 of November 10, 2006, indicated that a study of photographs confirmed the direct impact on the natural reservoir. Through report DST-925-06 of December 13, 2006, signed by Diógenes Cubero, as well as in an inspection carried out by engineer Aimará Espinoza—on November 10, 2006, the wetland of La Ribera, it was corroborated that the land use where the urbanization was intended to be developed was a wetland impacted with fill material. Likewise, they indicated that said soil only had utility as a zone for the preservation of flora, fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty. Furthermore, the wall of the future urbanization was not its boundary, because the wetland continued beyond it. They concluded that changing the land use would cause harmful effects on the productive capacity and on the preservation of the surrounding environment. It was added that the soil type was not suitable for building a housing development because they are vertisol soils, very clayey, dry they contract and saturated with water they expand, which would cause cracking of floors, walls, and in some cases even collapse. In official letter no. IMN-DA-3670-06 of December 18, 2006, it was stated that the wetland was a public domain source. In official letter no. D-998 of September 9, 2008, the Director of the Área Conservación Cordillera Volcánica Central stated, in accordance with the study of the documentation: “it was considered that the delimitation of the wetland of La Ribera de Belén is already declared and is official, according to the information provided through official letter No. 08-01014 from the Instituto Geográfico Nacional… the current delimitation is due, among other things, to new information gathered in the field, technical documents, and aerial photographs that allow the size of the wetland in question to be determined with greater accuracy.” Through ordinary session no. 61 of October 7, 2008, of the Municipal Council of Belén, ratified on the 14th of that month, chapter 7, article 36, it agreed to deny the petition of Quintaelena S.A. to approve the Urbanization Prados de Belén and receive the works, because the existence, nature, and delimitation of the wetland ecosystem had been verified. In support, it cites a ruling from this Chamber where it was ordered that as long as a public domain asset is not disaffected, it cannot be disposed of commercially. The reasoning, it argues, implies the duty to set forth in the judgment the analysis carried out of the factual and legal issues debated and to indicate the reason for the solution adopted. In this case, it reproaches, what was set forth in the declaration of harmfulness, the evidence provided, and the legal grounds supporting its position were disregarded, which led to a lack of reasoning, as well as a failure to address the essential elements of the drafting and issuance of the substantive decision. Hence, it argues, due process is violated (articles 66 subsection 1.d), 119, subsection 1), 120 subsection 3), and 137, subsections 1.b), 1.d), 1.g), and 1.h) of Ley no. 8508 [Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA)]). It alleges that the issue of whether the construction permits are harmful to the public interest was omitted from resolution, since the urbanization encompasses the wetland, and it disregards what was requested in terms of declaring the harmfulness, not only because it goes against the public interest, but specifically because it affects the environment and, therefore, the inhabitants of the canton. It adds that the judgment is contradictory, since, on the one hand, it affirms that the absence of one of the elements to file the harmfulness claim would prevent and make unnecessary an examination of the merits; but even so, the Tribunal found that it lacked the necessary grounds or content, so it should have abstained from ruling on the matter and issued a prevention order in accordance with the provisions of articles 66 subsection 1. D) and 120 subsection 3) ibid., warning that failure to do so would result in the claim being declared inadmissible. In support, it mentions a judgment from this Deciding Body, regarding the obligation to grant the hearing provided for in article 120, subsection 3) of the CPCA. III.- For the reasons set forth below, this Chamber considers it unnecessary to analyze the grievances developed by the State's representative. In the substantive objection, the State challenges the improper assessment of a series of official letters submitted as evidence in the proceeding, which served as the basis for the Municipality of Belén to declare harmful the acts (construction permits) whose annulment it sought in its claim. For what is to be decided, it is important to mention what was expressed in some of those official letters. Through official letter no. SG-712-2000 from the Secretary General of SETENA, addressed to the Unidad Ambiental of the Municipality, among other things, it noted: “…the protection radii for the springs (nacientes) are not being respected in the design of the urbanization and the risk of aquifer contamination by leachates from the septic tanks is severe due to the shallowness of the aquifer…”. In official letter no. UA-78-2001 of March 7, 2001, from the Unidad Ambiental of the Municipality, it was noted: “…the demarcation of the wetland by the company, the line drawn crosses the marsh whose vegetation is easily distinguished by the green vegetation from southeast to northwest and that demarcation does not coincide with the figure in the hydrogeological study…”. Through official letter no. UAQ-177-2001 of May 11, 2001, the Unidad Ambiental expressed: “…the company marked in March the supposed limits of the wetland and the urban project would split the ecosystem in half…”. On December 7, 2001, in official letter ASUB-1130-01 from Mr. Roberto Ramírez, he stated: “…on the property there is a shallow groundwater level resulting from the topography and stratigraphy of pyroclastic materials. Like the Hydrogeologist Engineer Schosinsky, he observed the direction of groundwater flow towards the stream, so the western zone of the property in the flow direction must be protected. The protection zone is the one defined by that study as 17,000 m2. He recommended not developing any housing project that deposits contaminants to the soil or contaminates the aquifers…”. Engineer Aimará Espinoza from the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central and PhD Diógenes Cubero from INTA, signed official letter no. DST-952-06 of December 13, 2006, confirming: “…the soil where the urbanization is developed is a wetland impacted with fill material, with a severe risk of flooding due to groundwater seepage into the fill material. That its classification as a management unit is class VIII, and it only has utility as a preservation zone for flora, fauna,… aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty. He added that the wetland continues northward beyond the existing wall for the future urbanization, and that this construction does not serve as the wetland’s boundary. He concluded that if the use of the studied lands is changed to urban planning, harmful effects will be induced on the productive capacity of those soils and on the preservation of the surrounding environment…”. The Water Department in official letter no. IMN-DA-3670-06 of December 18, 2006, indicated that the wetland was of public domain. Through an official letter of September 9, 2008, the director of the Área Conservación Cordillera Volcánica Central stated: “…based on the analysis of the documentation transferred by the technical team and the Legal Advisory to the Directorate of the Conservation Area, ‘it was considered that the delimitation of the wetland of La Ribera de Belén is already declared and is official, according to the information provided through official letter No. 08-01014 from the Instituto Geográfico Nacional, of which a copy is attached. The current delimitation is due, among other things, to new information gathered in the field, technical documents, and aerial photographs that allow the size of the wetland in question to be determined with greater accuracy’.” Among the factual situations deemed accredited, as relevant, it is: “That by official letter PHN/007/2000, dated January tenth, two thousand, the so-called ‘INFORME DE LA VISITA REALIZADA AL SITIO PROPUESTO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE BELÉN, HEREDIA’ was forwarded to the Mayor of Belén by Marco Solano Martínez, Coordinator of the Programa Nacional de Humedales, which, as is of interest for the resolution of this matter, indicates: ‘II. Description of the site. The total area of the land has an extension of 5 ha 465.89 according to cadastral map No. H937106-91. At the time of the visit, the site was covered approximately 80% with grass, and on the remaining 20% there were some abandoned coffee plants and swampy areas where there were water lilies, rushes, other minor species of aquatic plants, semi-aquatic turtles, some cyperaceae, aquatic birds such as the jacana and white heron. In the case at hand of La Ribera de Belén, according to the manual for the identification and classification of wetlands for Costa Rica (Bravo and Windevoxhei, 1997), landscape-wise what we find there according to the classification by systems is a wetland classified as a swamp… The site analyzed in La Ribera de Belén presents the aforementioned characteristics; the topography is relatively flat and the situation of water in the hydric soils is evident, there are soils composed of pebbles, gravel, in some parts sand, organic matter, and mud, which clearly show the presence of a wetland. It is pertinent to mention that said site is approximately less than one kilometer from the natural spring (naciente natural) of Belén, known as Ojo de Agua… Therefore: According to the established regulations, the area under study, being a wetland, is considered of public interest, as is its conservation (Ley Orgánica del Ambiente articles 41 to 50). This same Law establishes in its article 32 that wetlands are a management category and are therefore considered protected wild areas. The Ley de Aguas in its article 1, subsection VII, article 2, and article 31 defines waters from springs as public domain. The Ley Forestal in its article 33 declares as protection areas (áreas de protección) the areas bordering permanent springs, defined as a 100-meter radius measured horizontally. The Ley de Biodiversidad in its article 11, subsection 2 which establishes the precautionary criterion or in dubio pro natura. It is concluded: The existence of a wetland known as a swamp in this sector is evident, which is formed by a large number of springs that emerge on a surface of approximately one hectare. The channeling and dredging works of the waters were verified, which will deteriorate the viability of this ecosystem…’ (2).” Furthermore, it was held as proven: “…on January twenty-ninth, two thousand, the hydrogeological study called ‘Verificación de Humedal Finca Situada en la Rivera de Belén, Heredia’ was prepared by Engineer Gunther Schosinsky. The study was conducted on the property located at coordinates 515448-515868 east and 219268-219685 north. The conclusions were as follows: ‘The following are the conclusions generated from the study conducted: 1. There is a perched and confined aquifer on the property. In the central part of the property, it is found at a depth between 0 and 2 meters. Said aquifer is located at the contact between the clay that forms the soil and the Carbonal Member. 2. The aquifer has recharge in the higher areas, to the southeast of the property. 3. Water outcrop 2, shown in fig 1, is a spring (manantial) originating from said aquifer. 4. The marsh on the property, shown in fig 1, originates from water that flows out of the aquifer under pressure, surfacing through cracks or perforations in the impermeable layer that forms the ground surface, which converts said marsh into a wetland from a hydrogeological point of view. 5. Any type of drainage carried out at a depth greater than the depth of the piezometric level, fig 6, may decrease the water supply to the wetland. 6. From a hydrogeological point of view and in accordance with the preceding considerations, it is estimated that the protection area of the wetland is that found between the isodepth curves 0 and 0.80 meters, shown in fig 6. However, depending on the works to be carried out on the property, the protection area could increase.’ (5).” Thus, likewise: “That by official letter ASUB-176-2000, dated March thirtieth, two thousand, addressed to engineer Nimia Rivera, of the Programa Nacional de Humedales and signed by Carlos Romero Fernández, Head of the Área de Aguas Subterráneas, the following pronouncement was made regarding Mr. Schosinsky’s study: ‘Geologist Sigifredo Morera reviewed the aforementioned study and concluded the following: On February 7 of this year, Geologist Roberto Ramírez Chavarría (an official of the Área de Aguas Subterráneas of Senara), went to the cited property and determined that springs (manantiales) emerge there that correspond to the Barva Aquifer (Bermúdez Member) which in some sectors are covered with variable thicknesses of the Carbonal Member. These determinations made during the field visit by Geologist Ramírez coincide with the conclusions obtained in the hydrogeological study by Mr. Schosinsky, regarding the presence of springs in the area. There is no doubt that the area corresponds to springs and what is established for such a case by the Ley Forestal, regarding protection, must be applied’ (7).” Although as the Tribunal stated, the object of the proceeding, in principle, constitutes “…the annulment of administrative acts that at the time granted subjective rights to a private party.” However, likewise, as the judges made clear, the purpose lies in the protection of a wetland. Consequently, there is an underlying issue that is fundamental—and therefore cannot be disregarded when resolving the dispute—namely, a public domain asset is at stake, which concerns environmental protection (article 50 of the Political Constitution), and belongs to the Natural Heritage of the State (PNE), for which reason it pertains to the public interest. On the other hand, the Tribunal itself transcribed part of a ruling of the Constitutional Chamber, where it was ordered that the “…national legislation develops such commitment in some laws like the Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554 of September 28, 1995, which in article 32, included Wetlands in the different management categories of protected wild areas, which are under the administration of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) -with the collaboration of the municipalities- and declares them of public interest, as well as their conservation. Regarding the ‘Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, or Ramsar Convention.’ Costa Rica has signed numerous international instruments that protect our ecological wealth and that domestically are fully applicable legislation—and of direct judicial enforceability—. Therefore, it decided that it was unconstitutional to require that the declaration of a wetland and its area of influence as protected areas be made by Executive Decree, needing only to follow the requirements defined in the Ley Orgánica del Ambiente, for which purpose the State is empowered to expropriate or pay for private lands. Although it emphasized that this did not entail discarding the existence and protection of wetland ecosystems, solely because they had not been declared a protected wild area or were found on private property. The Constitutional Court, in the international sphere, emphasized that the Ramsar Convention was ratified by the Legislative Assembly in Ley no. 7224 of April 9, 1991, which provides in its first article for the international importance of wetlands and their protection. It added: ‘IV.- On wetlands and their environmental, cultural, and economic importance.’ This Chamber has referred to the relevance of these ecosystems and their protection, in judgments 2001-12817 of 10:28 a.m. on December 14, 2001 and 2007-6246 of 7:30 p.m. on May 8, 2007, among others, noting that wetlands are considered among the most productive ecosystems in the world. In the Ramsar Convention, signed on February 2, 1971, a wetland is defined as: “Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.” In Costa Rica, the Ley Orgánica del Ambiente in Article 40, has defined them as: “Ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish or salt, including marine extensions up to the posterior limit of phanerogams or reefs, or in their absence, up to six meters in depth at low tide.” The importance of wetlands is not only a function of biodiversity and those that develop on an ecological scale, but because they provide support functions and essential products for human communities in the developing and industrialized world… Furthermore, they present very valuable attributes such as biological diversity and the uniqueness of cultural heritage. It is the combination of these ecosystem functions, products, and attributes that makes wetlands important to society… the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of September 28, 1995… in Article 32, included Wetlands in the different management categories of protected wild areas, which are under the administration of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET) —with the collaboration of the municipalities— and declares them of public interest, as well as their conservation.” At this point, it is necessary to refer to what has been expressed by this decision-making Body regarding that standing (legitimación) constitutes a prerequisite of every procedural relationship—substantive—necessary for the admissibility of the material claim, that is, a legitimate party is one who claims to have a certain legal relationship with the debated petition. Hence, it is the capacity to be a party in a specific proceeding, which may be active or passive, depending on the conditions established by law for such purpose regarding the procedural claim. Thus, active standing (legitimación ad causam) active, of interest in the matter, is the capacity to sue, a character that arises from the position in which the subject finds themselves with respect to the procedural claim formulated and concerns the person who, according to law, can formulate the claims of the lawsuit. In summary, it is the necessary identity that must exist between the plaintiff and the right they seek in court. It is, therefore, a standing (legitimación) to obtain a judgment on the merits. Thus, it corresponds to the plaintiff and to the persons who subsequently intervene to defend their cause. Its absence constitutes a substantial impediment; if the judge perceives its lack, they must so declare even sua sponte (de oficio) and issue a judgment of dismissal. On this matter, in the proceeding, as relevant, the Municipality of Belén requested the joinder (integración de la litis) with the State. In resolution no. 938-2013 of 3:30 p.m. on May 13, 2013, the Processing Judge rejected said request, instead ordering notification to the Procuraduría General de la República as a third-party interested party, who participated as such. As expressed, underlying the subject matter of the proceeding is a fundamental aspect, namely the protection of a wetland—an integral part of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado)—and a public domain asset. Consequently, it is clear that the Court omitted in its examination that the protection of a wetland is at stake—which has the corresponding declaration as set forth above—, forming part of the State's natural heritage and which is a public domain asset, whose administration is the competence of MINAE through SINAC (judgments of this Chamber numbers 1239 of 11:50 a.m. on March 31, 2020 and 19776-2014 of 10:30 a.m. on December 3, 2014). Thus, this Chamber considers that the State and SINAC should have been joined to the proceeding, in order to complete the active joinder of parties (litis consorcio activo) because it is incomplete. This in accordance with the provisions of article 106 of the repealed Código Procesal Civil, which must be applied in this matter due to the referral made by canon 220 of the CPCA and because it was in force at the time this case began; given that it mandates the joinder (integración de la litis) whether by legal provision or by the nature of the substantive legal relationship—as in this matter— since what is decided concerns such intervenors, who, due to the nature of the asset (wetland, forming part of the PNE), must intervene as co-plaintiffs. It must be added that only in this way can the controversy be resolved, since, as indicated, it is SINAC that is responsible for establishing the extent of the wetland, as well as the setback (retiro) with respect to urban works or of any kind that may negatively influence the protected ecosystem. IV.- Under these circumstances, the appropriate course will be to sua sponte (de oficio) order the joinder (integrar la litis) by bringing the State and SINAC into the proceeding as co-plaintiffs, since both entities have a clear ex lege responsibility in the management and control of areas that are part of the PNE. Therefore, their participation is indispensable, as they form part of the legal relationships upon which the judgment must rule. Hence, the judgment issued in the present proceeding will be annulled and the case file will be remanded to the Court so that it may proceed in accordance with the applicable law, joining the State and SINAC to the necessary active joinder of parties (litis consorcio activo necesario). V. DISSENTING VOTE OF JUDGES LUIS GUILLERMO RIVAS LOÁICIGA AND YURI LÓPEZ CASAL: Respectful of the esteemed opinion expressed by the majority of this honorable Court of Cassation, we partially dissent from the decision taken by it, we dissent (salvamos nuestro voto) and issue it in the following manner: We do not agree with what was stated in the operative part of this resolution, solely and specifically insofar as, in that section, it was stated that “The evidence taken that proves useful and necessary for the resolution of the controversy shall be preserved.” In our opinion, such evidence must also be annulled, because when the joinder (integración), to the proceeding, of two new subjects of law is ordered, who originally did not appear as parties to the litigation (as occurs, in this specific case, with the State and SINAC), those new subjects must be granted all the guarantees and rights that the law confers upon them, according to the type and subject matter of the proceeding in question, which logically includes the right to be granted the summons (emplazamiento), the possibility of raising exceptions, the right to offer and present evidence, the right to actively participate in the taking or practice of evidence (which includes the right to ask questions and object to questions from the other procedural subjects regarding the evidentiary sources and to file appeals against decisions made in the evidence-taking phase) and the right to challenge judicial resolutions adverse to them. Procedural acts, time limits, judicial resolutions, and evidentiary activity that may have taken place before the incorporation of the new subject of law into the proceeding, in their capacity as necessary co-party (litisconsorte necesario), do not produce legal effects with respect to them, precisely because it was not until a later stage of the proceeding that they were considered a procedural party. In a similar sense, voir vote number 252 of 10:40 a.m. on September 28, 2012, issued by the former Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. We have no doubt that a truly fair trial, in accordance with constitutional guarantees, is one that has allowed the parties to the proceeding to fully exercise their right of defense, which prevails, in cases such as this, over other principles such as procedural celerity and the preclusion of procedural acts. In all other respects, we agree with the majority vote of this honorable Court of Cassation. POR TANTO The appealed resolution is annulled. The case is remanded to the Court so that it may proceed in accordance with the applicable law, joining SINAC and the State to the necessary active joinder (litis consorcio activo necesario). By majority, the evidence taken that proves useful and necessary for the resolution of the controversy shall be preserved. Judges Rivas Loáiciga and López Casal dissent (Salvan el voto). HBRENES 7CTLVFLWZHG61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - JUDGE (MAGISTRADO/A) F4UTX6GHDVG61 IRIS ROCIO ROJAS MORALES - JUDGE (MAGISTRADO/A) ENIRBKWXBIK61 YURI LOPEZ CASAL - JUDGE (MAGISTRADO/A) HTTWC8DMKC461 DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ - JUDGE (MAGISTRADO/A) HIKFUJB7WGA61 JESSICA JIMÉNEZ RAMÍREZ - JUDGE (MAGISTRADO/A) Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:40:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República