Res. 01343-2022 Sala Primera de la Corte — Rejection of relocation and compensation for unproven possession on INDER lands in Golfo Dulce ReserveImprocedencia de reubicación e indemnización por posesión no demostrada en terrenos del INDER dentro de Reserva Golfo Dulce

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01343 - 2022

Fecha de la Resolución: 12 de Agosto del 2022 a las 15:27

Expediente: 15-005151-1027-CA

Redactado por: Ana Isabel Vargas Vargas

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 15-005151-1027-CA

Res. 001343-F-S1-2022

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas veintisiete minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.

 Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por ANAIS GARCÍA ALEMÁN contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, representado por su apoderado general judicial, el señor Pedro Esteban Cortés Delgado. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la actora, Roldán Morales Novoa; por el INDER, Jonathan Jiménez Ruiz y Francisco Villegas Ramírez.

Redacta la magistrada Vargas Vargas

CONSIDERANDO

 I.- Según los hechos de la demanda, la señora Anaís García Alemán es poseedora de un inmueble sin inscribir, ubicado en el Distrito Tercero Sierpe, Cantón Quinto de la provincia de Puntarenas, con una medida de 665.880,02 m2, de conformidad con el plano P-1086291-2006. A raíz de una serie de conflictos acaecidos en Bahía Drake de Osa, entre los vecinos del lugar y una empresa norteamericana, en 1965, el Instituto de Tierras y Colonización inició negociación con la empresa Osa Forestales, para solucionar los conflictos de posesión en precario en las tierras de ésta, iniciando formalmente la gestión con el acuerdo no. 11 de la sesión no. 400 del 08 de junio de 1965 y no. 6 de la sesión no. 1196 del 16 de junio de 1970, donde se reconocía el problema de ocupación. Se realizaron censos con el fin de identificar la cantidad de familias involucradas en el conflicto posesorio, así como la extensión de los territorios ocupados por ellas. Producto de esos censos, el Estado se percató de la existencia del conflicto de ocupación precaria dentro de los terrenos de Osa Forestales; prueba de ello es el decreto de expropiación y el acuerdo que firmó con dicha empresa para darle solución al conflicto. Con fundamento en lo anterior, la señora Anais García Alemán demandó al Instituto de Desarrollo Rural, pretendiendo que en sentencia se declare: "1. La conducta omisa del INDER en ejecutar el acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva mediante el acuerdo No. 11 de la Sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, acuerdo No. VI de la Sesión No. 1196 del 16 de junio de 1970, acuerdo cuarto de la Sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974 y acuerdo VI de la Sesión No. 712 del 2 de mayo de 1967 encaminados a dar una solución al problema de la tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A. 2. Que se le reubique a mi representada en un fundo de iguales condiciones al que posee, mismo que se representa por medio del plano P-1086291-2006 o en su defecto se le debe de cancelar el dinero de su derecho de posesión ejercida, con base a peritaje que valore el inmueble que posee mi representada. 3. Condenar al INDER por los daños y perjuicios ocasionados por la inacción administrativa a lo largo de los últimos sesenta años e impedir un régimen sano de posesión del terreno identificado por medio del plano P-1086291-2006 y la correcta distribución de la tierra y sus riquezas en detrimento de mi representada. 4. Que era de conocimiento del antiguo ITCO -hoy INDER- que en las tierras que pretendía expropiar a la sociedad Osa Forestales existía un problema de ocupación en precario, como el caso de mi representada, el cual se representa por medio del plano P-1086291-2006. 5. Que se reconozca a mi representada dentro del grupo de poseedores descritos en los censos que constan a folios 39-68, 99-111 y 168-187, producto de su posesión continua por tracto sucesivo, misma que se representa por medio del plano P-1086291-2006. 6. Que se condene al demandado autor de las conductas al pago de ambas costas”. La representación del INDER contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva, falta de interés actual, caducidad, prescripción, falta de integración del litis consorcio pasivo necesario -resuelta interlocutoriamente- y cosa juzgada -que perdió interés por el desistimiento de los demás actores (as) que habían accionado originalmente y el ajuste de pretensiones realizado por la demandante-. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección IV, mediante sentencia no. 35-2019 de las 08 horas 11 minutos del 14 de mayo de 2019, integrado por los jueces Elías Baltodano Gómez, Judith Reyes Castillo y José Iván Salas Leitón, resolvió: “Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por ambas partes. Se rechazan las excepciones de caducidad, prescripción, falta de legitimación -activa y pasiva- y falta de interés opuestas por el Instituto de Desarrollo Rural. Se acoge la excepción de falta de derecho y consecuentemente se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por Anais García Alemán contra el INDER. Se condena a la actora al pago de ambas costas de este Proceso, junto con los intereses que se generen desde su determinación o cuantificación en firme, hasta su efectivo pago, que se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia a solicitud de la entidad accionada”. Inconforme con lo sentenciado, la accionante formula recurso de casación.

 

  II.- En el único cargo procesal acusa incongruencia y falta de motivación de la sentencia. Discrepa con la siguiente aseveración del Tribunal de instancia: “Debido a lo anterior y en atención a las pretensiones esgrimidas, lo que debe dilucidarse es si la actora puede considerarse propietaria, por haber usucapido contra propiedades de Osa Productos Forestales S.A. antes de que el Estado expropiara a la mencionada sociedad o en su defecto, si es viable catalogarla como poseedora de la referida parcela, antes de que la misma pasara a formar parte de la citada Reserva Forestal”. Recrimina, el Tribunal erró al determinar el objeto del presente litigio, considerando que radica en un problema de titulación de tierras dentro del patrimonio natural del Estado -Reserva del Golfo Dulce-, cuando del cuadro petitorio se colige con claridad que lo que se busca es la revisión y fiscalización de las actuaciones administrativas desplegadas por el INDER en torno a la resolución de los conflictos de posesión en precario en los terrenos expropiados a Osa Productos Forestales S.A., conductas omisivas en el tratamiento de esa problemática, las cuales generaron daños que deben ser resarcidos. Asevera, el yerro es notorio, por cuanto se confundió la pretensión de reubicación (como modalidad de indemnización contemplada en la Ley de Expropiaciones) o de pago de mejoras, con una pretensión -inexistente- de otorgar un título de propiedad dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. Reprocha, el fallo recurrido no resuelve el conflicto planteado, no da conocer la postura del Tribunal acerca de la situación de los poseedores, las obligaciones legales asumidas con la creación de la Reserva y con el convenio de expropiación suscrito con la otrora propietaria registral de los terrenos ocupados, ni sobre las conductas omisivas del INDER en cuanto a la adecuada repartición de tierras. En igual sentido, no externó el Tribunal los motivos por los cuales no aplicó a este asunto la reiterada solución que se les ha dado a casos similares, donde es clara la obligación de expropiar a los propietarios registrales y de indemnizar a los poseedores mediante la reubicación. Afirma, la falta de motivación e incongruencia alegadas le someten a indefensión, por cuanto ha quedado imposibilitada para rebatir la sentencia por el fondo en sede casacional.

III.- No aprecia esta Sala los yerros procesales acusados. En lo referente a la incongruencia alegada, no se evidencia que el Tribunal haya fallado cosa distinta a lo pedido, ni que haya variado o confundido las pretensiones formuladas por la parte actora. Como punto de partida, debe tenerse claro que, según el abordaje jurídico que realizó el colegio de juzgadores, los terrenos en cuestión se encuentran sometidos al régimen de patrimonio natural del Estado desde 1978, cuando fue creada la Reserva Golfo Dulce y, por ende, desde entonces existe una imposibilidad jurídica para inscribirlos a nombre de particulares, salvo que éstos demuestren haber usucapido antes de esa fecha contra la entonces propietaria registral, o haber mantenido una posesión decenal -originaria o derivada- apta para usucapir también con anterioridad a esa data, o que al menos sobre la parcela en cuestión existiere una cadena de poseedores en precario que conduzca hasta ellos como últimos poseedores del inmueble. En estos últimos supuestos, según se sigue del razonamiento de la sentencia, si bien actualmente no procede la titulación privada, el poseedor interesado podría optar por una medida sustitutiva, ya sea la reubicación o la indemnización. Es en ese contexto, y bajo esa lógica, que se entiende realizado el análisis que la casacionista acusa de incongruente, en el sentido de que, para evaluar la procedencia de sus pretensiones -según la postura del Tribunal- necesariamente había que examinar primero si la actora usucapió el terreno cuando le pertenecía a Osa Forestales S.A. o si detentó una posesión decenal apta para usucapir con anterioridad a 1978, pues, de no demostrarse alguno de esos presupuestos, no podría entonces considerarse que se haya configurado un derecho a titular el terreno a su nombre, que ahora -por el régimen jurídico de la finca, definido por los jueces- deba ser reconducido hacia una reubicación o una indemnización de parte del INDER. En lo que a la falta de motivación se refiere, el fallo explica puntualmente las razones por las cuales se estimó que no procedía ninguna de las pretensiones formuladas con la demanda. Como un primer punto, el Tribunal examinó el régimen jurídico del terreno presuntamente poseído por la actora, y a partir de ello determinó que no existe una conducta omisiva achacable al INDER en cuanto a la ejecución de los acuerdos adoptados en los años 1965, 1967, 1970 y 1974, pues se encuentra jurídicamente imposibilitado para otorgar títulos de propiedad a favor de particulares sobre dichos territorios, por estar afectos al régimen de patrimonio natural del Estado (pretensión 1). Como segundo aspecto, según el análisis probatorio expuesto en la sentencia, tampoco procede la reubicación ni la indemnización pretendida como medida sustitutiva a una titulación particular, toda vez que la accionante no demostró haber usucapido contra Osa Forestales S.A. ni haber poseído el terreno en cuestión durante al menos diez años antes de la creación de la Reserva Golfo Dulce (pretensión 2). El Tribunal explicó por qué la prueba examinada (documental y testimonial) no lograba acreditar la posesión requerida para acceder a la reubicación, o, en su defecto, a la indemnización. Luego, las pretensiones nos. 3, 4, 5 y 6, al ser directamente dependientes de lo que se resolviera acerca de las no. 1 y 2, también resultaron denegadas. Dicho análisis consta en el Considerando VI de la sentencia recurrida. Así, no resulta de recibo el argumento de la recurrente en cuanto a que la presunta incongruencia y falta de fundamentación le impidieron impugnar los razonamientos del fallo, toda vez que en su recurso formuló alegatos concretos contra el análisis de fondo esgrimido por el Tribunal, tanto en el aspecto probatorio como en el jurídico, con lo cual se desacredita la indefensión acusada. En consecuencia, el reparo será rechazado.

IV.- En razón de su conexidad, ambos agravios sustantivos serán abordados en forma conjunta. Primero. Explica, según la Ley de Tierras y Colonización, Ley no. 2825, el INDER tiene por objeto vincular al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra, velando por que la asignación de este recurso promueva el aumento gradual de la productividad, propugnando por una justa distribución de su producto y la elevación de su condición socioeconómica, para de esa forma hacerlo partícipe consciente del desarrollo de la nación, logrando así una justa distribución de la riqueza y evitando las formas indirectas de explotación de la tierra. En razón de tales fines, prosigue, la Junta Directiva de ese Instituto tiene la facultad de promover planes de parcelación, disponer la adquisición de propiedad particular a fin de cumplir con sus fines económicos y sociales, de constituir en propietarios a los campesinos a quienes les adjudica una parcela y de aprobar la adjudicación de fundos para el otorgamiento de los títulos respectivos. A partir de lo anterior, acota, en este proceso se discute la revisión de las conductas omisivas del INDER en torno a la solución del conflicto posesorio existente en los terrenos que otrora pertenecieron a Osa Productos Forestales S.A. No obstante, como primer error, acusa, el Tribunal no determinó correctamente la naturaleza de los fundos, pues los catalogó como patrimonio natural del Estado, obviando con ello lo que ya esta Cámara de Casación había indicado en su sentencia no. 14-F-S1-18, en el sentido de que: “Esta Sala comparte lo resuelto por el Tribunal cuando indica que tales bienes no están comprendidos en lo que se entiende como parte del dominio público de la Reserva Golfo Dulce, por lo que no debió de indicarse tal consideración en el fallo del Juzgado (Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril de 1978, creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, pero el ordinal 8, hizo la salvedad de las fincas ya inscritas incluidas dentro de esa área (…)”. Alega, de conformidad con el numeral 11 de la Ley de Tierras y Colonización: “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal (…)”. Destaca, la excepción contenida en el inciso b) es coincidente con lo estipulado en los artículos 92 y 101 de esa Ley. Reitera, los terrenos que estaban bajo el dominio privado nunca fueron afectados por un régimen de demanialidad, y así lo establece el propio Decreto de Creación de la Reserva Golfo Dulce (Decreto Ejecutivo no. 8494-A del 28 de abril de 1978), cuando en su ordinal 8 indica que las fincas inscritas no formaban parte de la Reserva, por ende, no eran parte del patrimonio natural del Estado. Censura, se violentó el inciso b) del artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización que obligaba a reconocer la posesión decenal ejercida. Además, se valoró erróneamente la prueba que se encuentra en imágenes 1667, 1675 y 1682 del expediente digital, donde consta que la actora fue beneficiaria de los censos de los pobladores del Asentamiento de Osa; así mismo, se ignoró la documental identificada como imagen 1688, que corresponde al artículo 39 de la sesión de Junta Directiva del INDER no. 44-05 del 14 de noviembre del 2005, en relación con la sentencia constitucional no. 2546-97 que sancionó la inacción del INDER en el caso de los beneficiarios censados en los Asentamientos de Osa. Segundo. Alega inaplicación del artículo 1 de la Ley de Tierras y Colonización y 1 de la Ley “5852” (sic), que dispuso: "Autorízase el Instituto de Tierras y Colonización para otorgar títulos de propiedad a todos los poseedores de tierras en precario en la Península de Osa, que demuestren haber poseído sus tierras durante tres años o más. En caso de que el ITCO lo considere necesario y de utilidad pública podrá entregar parcelas y otorgar los respectivos títulos de propiedad a otros agricultores". Dice, dicha normativa fue la base jurídica para la emisión de los siguientes acuerdos de Junta Directiva del INDER: no. 11 de la Sesión no. 400 del 08 de junio de 1965, no. VI de la sesión no. 1196 del 16 de junio de 1970, y no. 4 de la sesión no. 1832 del 11 de diciembre de 1970, cuya finalidad ulterior era resolver de una vez por todas la tenencia de tierras, que es justamente la obligación administrativa cuyo cumplimiento se demanda en este proceso. Reclama, la sentencia desconoce la validez de los propios actos del INDER, que respondieron a las obligaciones asumidas en torno al tratamiento de la problemática de posesión precaria en los terrenos en cuestión. Alega, al declarar sin lugar la demanda, la sentencia desatiente la legislación promulgada, los fallos de Sala Constitucional y Sala Primera, y los acuerdos de la Junta Directiva del ITCO, con lo cual resultan violentados los artículos 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. Se muestra inconforme también con el segundo hecho tenido por no probado, con respecto al cual refuta que, por medio de la escritura no. 373, otorgada por el notario Alfredo Carrillo Mena, se comprueba la cadena posesoria del inmueble de más de 10 años antes de la creación de la Reserva Golfo Dulce. Añade, ofreció como testigo al señor Víctor Arguijo, en orden a demostrar la posesión del fundo, y, aunque si bien éste declaró que la actora no tenía en posesión el mismo terreno de su padre, sí dejó claro que ella poseía “un terreno”. Señala, el testigo Hernán Paniagua fue muy claro en atestiguar que, cuando fue a los terrenos a levantar los planos que le había encomendado el INDER, todos estaban en posesión desde vieja data porque así lo demostraban las construcciones existentes. Además, aclara, ese testigo fue ofrecido para acreditar que el INDER lo contrató para levantar planos de los terrenos para poder así solucionar el conflicto de los poseedores en precario, obligación cuyo incumplimiento es el que se reclama en este proceso.

V.- No ha lugar a los reparos planteados, por las razones que de seguido se explican. Según se tuvo por probado, y no recurrido por la casacionista: “2) Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8.494-A del 28 de abril de 1978 se creó la Reserva Forestal de Golfo Dulce, con una superficie de 84.538 hectáreas 1.875 metros cuadrados (…); 3) Que mediante Decreto Ejecutivo No. 9.388-A del 30 de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, se reformó el Decreto Ejecutivo No. 8.494-A del veintiocho de abril de mil novecientos setenta y ocho, con la finalidad de excluir de la Reserva Forestal Golfo Dulce, los terrenos de aptitud forestal reducidos a dominio privado, que habían quedado comprendidos dentro de dicha Reserva (…); 5) Que Osa Productos Forestales S.AS. (sic), traspasó al Estado y este al Instituto de Tierras y Colonización, las fincas del Partido de Puntarenas con número de matrículas 22.048, 8.974 y 22.046 expropiadas a la primera, la cuales fueron reunidas para crear la finca del Partido de Puntarenas matrícula de folio real 39.334-000, con base en el cual se creó el Asentamiento Campesino Osa (…)”. Ahora bien, entiende esta Sala que el alegato de la casacionista parte de la base de que el terreno que dice poseer, identificado mediante plano no. P-1086291-2006, si bien se encuentra geográficamente ubicado dentro de la Reserva de Golfo Dulce, no está cubierto por el régimen jurídico de demanialidad, toda vez que, para la fecha de creación de esa Reserva -año 1978-, ese terreno estaba inscrito a nombre de Compañía Osa Productos Forestales S.A., y, al tratarse de una finca inscrita, de acuerdo al artículo 8 del Decreto Ejecutivo no. 8494-A, quedó excluido del régimen propio de la Reserva, y por ende también del patrimonio natural del Estado. Contrario a su criterio, ese ordinal textualmente indica: “Las fincas inscritas, las fincas con posesión decenal y las fincas en posesión precaria establecidas dentro de los límites de la Reserva quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal. Las labores agrícolas que en estas fincas se realicen deben contar con la autorización escrita del Director General Forestal mientras el Estado no las adquiera” (situación jurídica que recalca la sentencia no. 14-F-S1-18 de esta Sala, que es transcrita de forma incompleta en el recurso de análisis. El subrayado en la norma es suplido). De conformidad con el artículo 32 de la Ley Forestal (no. 4465, vigente a la fecha de creación de la Reserva Golfo Dulce): “El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública (…)”. Por su parte, el numeral 34 ibídem establecía: “Ningún organismo de la Administración Pública, a excepción de los bancos de derecho público, podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, por cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal. Si esta los considerare de aptitud forestal, quedarán automáticamente incorporados al patrimonio forestal del Estado”. Así las cosas, de acuerdo a la normativa indicada, desde 1978 -cuando se creó la Reserva-, los terrenos entonces inscritos a nombre de Compañía Osa Productos Forestales S.A., y que después en el año 1979 le fueron expropiados por el Estado para ser entregados al INDER, quedaron automáticamente incorporados al régimen forestal estatal, con las limitaciones propias de esa condición. Esta misma conclusión es coincidente con la postura esgrimida por la Sala Constitucional en la sentencia no. 1763-1994, mediante la cual resolvió un asunto similar al presente, en el cual, un terreno adquirido por el entonces IDA para proyectos de parcelación, quedó comprendido dentro de la Zona Protectora de Tivives. En dicho fallo, el Tribunal Constitucional indicó: “(…) Si bien es cierto las autoridades recurridas afirman que el proyecto de parcelación de los terrenos de la finca denominada Salinas II -adquiridos por el Instituto de Desarrollo Agrario el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y siete-, que se encuentran comprendidos por el área Protectora de Tivives, de conformidad con los términos del Decreto Ejecutivo número 17023 del seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, está ajustado a derecho, aún despúes de la entrada en vigencia de esa normativa, puesto que en primer instancia no puede considerarse que aquella heredad haya pasado a formar parte del patrimonio forestal del Estado mientras no se le indemnice a la institución autónoma que representan el monto correspondiente a fin de tener por expropiado ese inmueble, y en segundo término, por cuanto siempre han contado con la autorización de la Dirección General Forestal para llevar a cabo las actividades agrícolas, ganaderas o forestales que establece el artículo 3 del Decreto número 17023 que declara como Zona Protectora los territorios que comprenden los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de bosque tropical seco ubicado en la Hoja Cartográfica de Barranca; no resulta válido el argumento esbozado por la entidad recurrida, toda vez que de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o desecentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arredamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no esta facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o expropiar, salvo que a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2 de la Ley Forestal) (…) en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (artículo 1 de la Ley Forestal) (…)”. Así las cosas, lleva razón el Tribunal en el sentido de que, una vez modificado el régimen jurídico de los terrenos en cuestión, el INDER se encontró en imposibilidad jurídica de ejecutar los acuerdos que datan de los 1965, 1967, 1970 y 1974, tendientes a la solución del conflicto de posesión en precario que existía en los inmuebles de Compañía Osa Productos Forestales S.A., encaminados a la adquisición, parcelación, adjudicación y titulación registral a favor de los poseedores -dentro de los cuales la demandante alega encontrarse incluida-. En vista de ello, no se verifica la conducta omisiva acusada al Instituto demandado.

VI.- Ahora bien, según lo manifiesta la actora, su pretensión no es obtener la titulación registral del fundo que dice poseer, sino que se declare la conducta omisiva del INDER en cuanto a darle solución al conflicto precario de tierras, y, en consecuencia, se le reubique en un terreno de iguales condiciones al poseído, o, en su defecto, se le indemnice su derecho de posesión. Tales pretensiones serían eventualmente procedentes en el tanto se verifique que la accionante mantuvo una posesión decenal originaria o derivada, apta para usucapir, con anterioridad a que los terrenos pasaran a formar parte del patrimonio forestal del Estado. De esa forma, si bien actualmente no es jurídicamente viable la titulación registral del fundo -por las razones supra indicadas-, ésta se vería compensada con la reubicación o el pago del derecho adquirido. No obstante, como bien lo apreció el Tribunal, la actora no demostró la posesión en las condiciones requeridas, y por ello devienen improcedentes sus pretensiones de reubicación y de indemnización. La recurrente aduce que a folios 1667, 1675 y 1682 consta que fue beneficiaria de los censos de los pobladores del Asentamiento de Osa, empero, según se tuvo por probado y no ha sido cuestionado en esta sede, en el año 1993 y en otras ocasiones anteriores, el Instituto de Desarrollo Agrario levantó censos con la finalidad de identificar a las personas que permanecían en los terrenos ubicados en la Reserva Forestal Golfo Dulce, censos que se limitaron únicamente a consignar la información que les brindaban las personas entrevistadas en el lugar, pero sin que se procediera a su posterior verificación (hecho probado 6). De ahí que, en sí mismos, los documentos referidos son insuficientes para tener por acreditado el tiempo y tipo de posesión supuestamente ejercida por doña Anais -sin obviar que además son de fecha posterior a la creación de la Reserva Golfo Dulce-. Con respecto al acuerdo adoptado en el artículo no. 39 de la sesión de Junta Directiva del INDER no. 44-05 del 14 de noviembre del 2005 (que autorizó un procedimiento especial y exclusivo para la titulación a favor de los poseedores del Asentamiento Campesino Osa, que demostraren una posesión de al menos 10 años con anterioridad a la creación de la Reserva Foresta Golfo Dulce), tómese en cuenta que fue revocado por ese mismo órgano colegiado mediante acuerdo adoptado en el artículo 35 de la sesión ordinaria no. 40-2007 del 19 de noviembre de 2007, en razón de que “(…) la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación al Patrimonio Natural sea automático, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares (…)” (hecho tenido por probado no. 10, no impugnado). Agréguese, además, la Sala Constitucional, mediante sentencia no. 14134-2008, consideró que: “(…) siendo que éste acto [el acuerdo no. 39 supra referido] no consiste en una declaratoria de derechos para ninguna persona, únicamente se dispuso un procedimiento administrativo que deben de cumplir las personas que ocuparon dichos terrenos, de lo cual, lo único que genera es una expectativa a obtener si se cumplen con los requisitos establecidos al efecto - una situación jurídica consolidada por lo que de dicho acuerdo no se derivan ningún derecho siendo la vía administrativa o judicial la que vendría a otorgar o no algún beneficio a las personas que cumplieran con los requisitos dispuestos para tal efecto. En este sentido, para la anulación de dicho acuerdo no tenía la Administración que acudir a la declaratoria de nulidad a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, o al contencioso de lesividad o, en fin, cumplir con el debido proceso y dar oportunidad a los amparados para que ejercieran su derecho de defensa -como éste lo reclama- en virtud que dicho acto no generó una consolidada a favor de los amparados, ni adquirieron ningún derecho, por cuanto, según lo informa bajo juramento el Presidente de la Junta Directiva recurrida, en la Oficina Subregional de Osa inició la apertura de los

expedientes de quienes se apersonaron y no existe ningún acto administrativo que declare como beneficiarios a los amparados, por lo que debe desestimarse el recurso también en este extremo”.

 VII.- La casacionista aduce haber demostrado la cadena posesoria existente en el terreno con anterioridad a la creación de la Reserva Golfo Dulce, ello mediante la escritura pública no. 373 otorgada por el notario Alfredo Carrillo Mena en fecha 02 de junio de 2011. En dicho documento público, don Gilberto Mendoza Rojas comparece como dueño de los derechos de posesión por más de una década, de un terreno sin inscribir, ubicado en la Provincia de Puntarenas, Cantón de Osa, Distrito Tercero Sierpe, situado en los Planes de Drake, con una medida de 665.880,02 m2, el cual se ajusta a la información descrita en el plano catastrado no. P-1086291-2006. Manifiesta haber adquirido el terreno en el año 1992, por venta de su anterior dueño, el señor Bernal Enrique Apú, quien a su vez había adquirido los derechos de posesión ejercidos desde 1959 por parte del señor Arturo Aguilar. En ese acto, don Gilberto vendió y traspasó a la aquí actora los derechos de posesión de más de 40 años (posesión ejercida en forma quieta, pacífica, pública, ininterrumpida y a título de dueño) y mejoras adquiridas a título personal, por la suma de ¢1.000.000,00. En criterio de esta Sala, si bien el Tribunal no hizo referencia expresa a dicha probanza, ésta no tiene la virtud de variar lo resuelto. La escritura como tal hace prueba de que el señor Gilberto Mendoza Rojas compareció junto con doña Anais para venderle los derechos de posesión sobre el terreno descrito en ese documento, y hace constar la cadena posesoria y tipo de posesión que éste dice haber ejercido personalmente, al igual que lo hicieron sus anteriores transmitentes. No obstante, no hay prueba idónea que complemente o que ratifique que esa posesión materialmente existió. El notario otorgante, en la escritura en cuestión, da fe pública del negocio pactado y del derecho que el transmitente dijo estarle vendiendo a doña Anais, más esa fe notarial no cobija el hecho material de la posesión en sí. Véase que la prueba testimonial cuya valoración impugna la accionante, tampoco permite acuerpar lo consignado en la escritura pública referida. El testigo Hernán Paniagua Quirós, topógrafo que fue contratado por el entonces ITCO, a finales de los años 70, para levantar los planos de los diferentes sectores en que fueron divididos los terrenos expropiados a Osa Forestales S.A. (dentro de ellos la zona donde se ubicaba la parcela no. 17 del Asentamiento Los Planes de Drake -Plano P-1086291-2006), si bien narró que se apersonó a las fincas con una lista de poseedores que le había sido entregada por el ITCO para identificar en cuáles parcelas debía realizar los levantamientos, y que observó casas que a su juicio podían tener más de 40 años de antigüedad, así como diversos cultivos de cacao y aguacate, fue claro en indicar que no conoció a doña Anais. Por ende, el testigo no pudo aportar ninguna información acerca de la posesión material que la accionante alega haber ejercido en el terreno con anterioridad a 1978. Por su parte, el testigo Víctor Arguijo Arguijo, dijo haber arribado a la zona de Drake aproximadamente en el año 1968, y que desde ese momento se afincó allí junto con otros colonos para trabajar la tierra, dentro de los cuales se encontraban los padres de doña Anais. Indicó que actualmente (a la fecha del juicio oral, sea abril de 2019) doña Anais y su esposo tienen una casa en una finca en la zona de Drake, pero que no es el mismo terreno que los padres de ella poseyeron desde la década de los 60, sino que fue adquirida por Anais de parte de otros ocupantes, años después. Manifestó que cuando doña Anais creció, se casó, y adquirió el lote, y, según sus cálculos, tenía aproximadamente unos 30 años de vivir allí (lo cual, numéricamente, se remonta aproximadamente al año 89, fecha que es posterior a la creación de la Reserva). Señaló también que el terreno poseído por doña Anais se encuentra dentro de la finca que en otro momento fue “propiedad” de Arturo Aguilar, y posteriormente de Bernal Enrique Apú, más no consta desde cuando es que supuestamente esas personas entraron en posesión del fundo, ni tampoco se refirió el testigo a si le consta el tipo de posesión que dichos sujetos ejercieron (en orden a determinar si fue quieta, pacífica, pública, ininterrumpida y a título de dueños).  Así las cosas, al no evidenciarse los yerros sustantivos reprochados, procederá denegar ambos cargos. En similar sentido al aquí resuelto, pueden consultarse las sentencias de esta Sala nos. 38-F-S1-2018 del 25 de enero de 2018 y 745-F-S1-2022 del 29 de marzo de 2022.

 VIII.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso de casación formulado, con sus costas a cargo de la promovente (artículo 150 inciso 3) del CPCA).

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso de casación promovido por la actora, a quien se imponen las costas generadas con su ejercicio. GCR

NOTA: La Magistrada DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ intervino en la decisión de este asunto, no obstante, no pudo firmar la resolución que antecede por encontrarse de vacaciones. Se hace constar de conformidad con el artículo 28.2 del Código Procesal Civil.

 

	


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LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A

	

 





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YURI LOPEZ CASAL - MAGISTRADO/A

	

 

	


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ANA ISABEL VARGAS VARGAS - MAGISTRADO/A





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JESSICA JIMÉNEZ RAMÍREZ - MAGISTRADO/A

	

 

	
		

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:20:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Resolution No. 01343 - 2022

Date of Resolution: August 12, 2022 at 15:27

Docket: 15-005151-1027-CA

Drafted by: Ana Isabel Vargas Vargas

Reviewed by: SALA PRIMERA


Text of the resolution


Exp. 15-005151-1027-CA

Res. 001343-F-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fifteen hours twenty-seven minutes on August twelve, two thousand twenty-two.

Ordinary proceeding filed before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda by ANAIS GARCÍA ALEMÁN against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, represented by its general judicial attorney, Mr. Pedro Esteban Cortés Delgado. The plaintiff's special judicial attorneys are Roldán Morales Novoa; representing the INDER are Jonathan Jiménez Ruiz and Francisco Villegas Ramírez.

Drafted by Judge Vargas Vargas

CONSIDERANDO

I.- According to the facts of the complaint, Mrs. Anaís García Alemán is the possessor of an unregistered property, located in Distrito Tercero Sierpe, Cantón Quinto of the province of Puntarenas, measuring 665,880.02 m2, in accordance with plan P-1086291-2006. As a result of a series of conflicts that occurred in Bahía Drake de Osa between local residents and a North American company, in 1965, the Instituto de Tierras y Colonización began negotiations with the company Osa Forestales to resolve the conflicts of precarious possession on its lands, formally initiating the process with agreement no. 11 of session no. 400 of June 8, 1965 and no. 6 of session no. 1196 of June 16, 1970, where the problem of occupation was recognized. Censuses were carried out to identify the number of families involved in the possessory conflict, as well as the extent of the territories occupied by them. As a result of those censuses, the State became aware of the existence of the conflict of precarious occupation within the lands of Osa Forestales; proof of this is the expropriation decree and the agreement it signed with said company to resolve the conflict. Based on the foregoing, Mrs. Anais García Alemán sued the Instituto de Desarrollo Rural, seeking a judgment declaring: "1. The omissionary conduct of the INDER in executing the valid and effective administrative act issued by the Board of Directors through agreement No. 11 of Session No. 400 of June 8, 1965, agreement No. VI of Session No. 1196 of June 16, 1970, agreement four of Session No. 1832 of December 11, 1974, and agreement VI of Session No. 712 of May 2, 1967, aimed at providing a solution to the problem of land tenure of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A. 2. That my client be relocated to a property of equal conditions to the one she possesses, which is represented by plan P-1086291-2006, or failing that, she must be paid the value of her right of possession exercised, based on an expert appraisal that values the property my client possesses. 3. Order the INDER to pay for the damages caused by the administrative inaction over the last sixty years and for preventing a healthy regime of possession of the land identified by plan P-1086291-2006 and the proper distribution of land and its wealth to the detriment of my client. 4. That it was known to the former ITCO -today INDER- that on the lands it intended to expropriate from the company Osa Forestales there existed a problem of precarious occupation, as in the case of my client, which is represented by plan P-1086291-2006. 5. That my client be recognized as part of the group of possessors described in the censuses found at folios 39-68, 99-111, and 168-187, as a result of her continuous possession by successive chain of title, which is represented by plan P-1086291-2006. 6. That the defendant, author of the conduct, be ordered to pay both costs." The representation of the INDER responded negatively and raised the defenses of lack of right, lack of passive standing, lack of current interest, expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), failure to join a necessary passive litisconsortium -resolved interlocutorily-, and res judicata (cosa juzgada) -which lost interest due to the dismissal of the other plaintiffs who had originally filed suit and the adjustment of claims made by the plaintiff-. The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Section IV, through judgment no. 35-2019 at 08 hours 11 minutes on May 14, 2019, composed of judges Elías Baltodano Gómez, Judith Reyes Castillo, and José Iván Salas Leitón, resolved: "The evidence for a better resolution offered by both parties is admitted. The defenses of expiration, statute of limitations, lack of standing -active and passive-, and lack of interest raised by the Instituto de Desarrollo Rural are rejected. The defense of lack of right is granted, and consequently, the complaint filed by Anais García Alemán against the INDER is dismissed in all its aspects. The plaintiff is ordered to pay both costs of this Proceeding, along with the interest generated from their final determination or quantification until their effective payment, which shall be liquidated in the judgment enforcement stage at the request of the defendant entity." Disagreeing with the judgment, the plaintiff files a cassation appeal.


II.- In the sole procedural charge, she alleges incongruence and lack of reasoning of the judgment. She disagrees with the following assertion of the Trial Court: "Due to the foregoing and in consideration of the claims put forth, what must be determined is whether the plaintiff can be considered an owner, for having acquired by adverse possession (usucapido) against properties of Osa Productos Forestales S.A. before the State expropriated the mentioned company, or failing that, if it is viable to classify her as a possessor of the referred parcel, before it became part of the cited Reserva Forestal." She reproaches that the Court erred in determining the purpose of the present litigation, considering that it lies in a problem of land titling within the natural heritage (patrimonio natural) of the State -Reserva del Golfo Dulce-, when from the petitionary framework it is clearly deduced that what is sought is the review and oversight of the administrative actions deployed by the INDER regarding the resolution of the conflicts of precarious possession on the lands expropriated from Osa Productos Forestales S.A., omissionary conduct in the handling of that problem, which generated damages that must be compensated. She asserts that the error is notorious, because the claim for relocation (as a modality of compensation contemplated in the Ley de Expropiaciones) or payment for improvements was confused with a -nonexistent- claim to grant a property title within the Reserva Forestal Golfo Dulce. She reproaches that the appealed ruling does not resolve the conflict raised, does not reveal the Court's position on the situation of the possessors, the legal obligations assumed with the creation of the Reserve and with the expropriation agreement signed with the former registered owner of the occupied lands, nor on the omissionary conduct of the INDER regarding the adequate distribution of lands. In the same vein, the Court did not state the reasons why it did not apply to this matter the reiterated solution given to similar cases, where the obligation to expropriate the registered owners and to compensate the possessors through relocation is clear. She affirms that the alleged lack of reasoning and incongruence leave her defenseless, since she has been unable to challenge the judgment on its merits in this cassation venue.

III.- This Chamber does not find the procedural errors alleged. Regarding the alleged incongruence, there is no evidence that the Court ruled on anything different from what was requested, nor that it varied or confused the claims formulated by the plaintiff. As a starting point, it must be clear that, according to the legal approach taken by the panel of judges, the lands in question have been subject to the natural heritage (patrimonio natural) regime of the State since 1978, when the Reserva Golfo Dulce was created, and, therefore, since then there has been a legal impossibility to register them in the name of private individuals, unless they demonstrate having acquired them by adverse possession before that date against the then registered owner, or having maintained a decennial possession (posesión decenal) -original or derivative- capable of adverse possession also prior to that date, or that at least regarding the parcel in question there existed a chain of precarious possessors leading to them as the last possessors of the property. In these latter scenarios, as followed from the judgment's reasoning, although private titling is not currently possible, the interested possessor could opt for a substitute measure, be it relocation or compensation. It is in this context, and under that logic, that the analysis the appellant accuses as incongruent is understood, in the sense that, to evaluate the merit of her claims -according to the Court's position- it was necessarily required to first examine whether the plaintiff acquired the land by adverse possession when it belonged to Osa Forestales S.A. or whether she held a decennial possession capable of adverse possession prior to 1978, because, should none of these prerequisites be demonstrated, it could not then be considered that a right to title the land in her name had been established, which now -due to the legal regime of the farm, as defined by the judges- must be redirected to a relocation or compensation by the INDER. As for the alleged lack of reasoning, the ruling explains punctually the reasons why it was determined that none of the claims formulated in the complaint were appropriate. As a first point, the Court examined the legal regime of the land presumably possessed by the plaintiff, and based on that, determined that there is no omissionary conduct attributable to the INDER regarding the execution of the agreements adopted in 1965, 1967, 1970, and 1974, because it is legally impossible to grant property titles in favor of private individuals over said territories, as they are subject to the natural heritage regime of the State (claim 1). As a second aspect, according to the evidentiary analysis set forth in the judgment, neither relocation nor the compensation claimed as a substitute measure for private titling is appropriate, since the plaintiff did not prove having acquired by adverse possession against Osa Forestales S.A. nor having possessed the land in question for at least ten years before the creation of the Reserva Golfo Dulce (claim 2). The Court explained why the evidence examined (documentary and testimonial) failed to prove the possession required to access relocation, or, failing that, compensation. Subsequently, claims nos. 3, 4, 5, and 6, being directly dependent on what was resolved regarding nos. 1 and 2, were also denied. Said analysis is contained in Considerando VI of the appealed judgment. Thus, the appellant's argument that the alleged incongruence and lack of reasoning prevented her from challenging the judgment's rationale is not acceptable, since in her appeal she formulated specific arguments against the substantive analysis argued by the Court, both in the evidentiary and legal aspects, thereby discrediting the defenselessness alleged. Consequently, the objection will be rejected.

IV.- Due to their related nature, both substantive grievances will be addressed jointly. First. She explains that according to the Ley de Tierras y Colonización, Law no. 2825, the INDER's purpose is to link the citizen to a healthy land-possession regime, ensuring that the allocation of this resource promotes a gradual increase in productivity, advocating for a just distribution of its product and the elevation of the citizen's socioeconomic condition, in order to make them a conscious participant in the nation's development, thus achieving a just distribution of wealth and preventing indirect forms of land exploitation. In light of such purposes, she continues, the Board of Directors of that Institute has the power to promote subdivision (parcelación) plans, order the acquisition of private property to fulfill its economic and social purposes, constitute as owners the farmers to whom it allocates a parcel, and approve the allocation of properties for the issuance of the respective titles. From the foregoing, she notes, this proceeding discusses the review of the omissionary conduct of the INDER regarding the solution of the possessory conflict existing on the lands that formerly belonged to Osa Productos Forestales S.A. However, as a first error, she accuses, the Court did not correctly determine the nature of the properties, since it classified them as natural heritage of the State, thereby obviating what this Cassation Chamber had already indicated in its judgment no. 14-F-S1-18, to the effect that: "This Chamber shares what was resolved by the Court when it indicates that such assets are not included in what is understood as part of the public domain of the Reserva Golfo Dulce, therefore such consideration should not have been indicated in the trial court's ruling (Decreto Ejecutivo 8494-A of April 28, 1978, created the Reserva Forestal Golfo Dulce, but clause 8, made an exception for the farms already registered included within that area (...)". She alleges that, in accordance with numeral 11 of the Ley de Tierras y Colonización: "Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, nor property of the Municipalities or Autonomous Institutions; b) Those not protected by decennial possession (posesión decenal) (...)". She highlights that the exception contained in subsection b) coincides with what is stipulated in articles 92 and 101 of that Law. She reiterates that the lands that were under private domain were never affected by a public-domain regime, and so establishes the very Creation Decree of the Reserva Golfo Dulce (Decreto Ejecutivo no. 8494-A of April 28, 1978), when in its clause 8 indicates that the registered farms were not part of the Reserve, therefore, they were not part of the natural heritage of the State. She censures that subsection b) of article 11 of the Ley de Tierras y Colonización, which obligated recognition of the exercised decennial possession, was violated. Furthermore, the evidence found in images 1667, 1675, and 1682 of the digital file, where it is recorded that the plaintiff was a beneficiary of the censuses of the residents of the Asentamiento de Osa, was erroneously assessed; likewise, the documentary evidence identified as image 1688 was ignored, which corresponds to article 39 of the INDER Board of Directors session no. 44-05 of November 14, 2005, in relation to constitutional judgment no. 2546-97 that sanctioned the inaction of the INDER in the case of the beneficiaries recorded in the Asentamientos de Osa. Second. She alleges non-application of article 1 of the Ley de Tierras y Colonización and article 1 of Law "5852" (sic), which provided: "The Instituto de Tierras y Colonización is authorized to grant property titles to all possessors of lands in precarious situation in the Península de Osa, who demonstrate having possessed their lands for three years or more. In the event that the ITCO deems it necessary and of public utility, it may deliver parcels and grant the respective property titles to other farmers." She says, said regulation was the legal basis for the issuance of the following INDER Board of Directors agreements: no. 11 of Session no. 400 of June 8, 1965, no. VI of session no. 1196 of June 16, 1970, and no. 4 of session no. 1832 of December 11, 1970, whose ultimate purpose was to resolve land tenure once and for all, which is precisely the administrative obligation whose fulfillment is demanded in this proceeding. She complains that the judgment disregards the validity of the INDER's own acts, which responded to the obligations assumed regarding the handling of the problem of precarious possession on the lands in question. She alleges that, by dismissing the complaint, the judgment disregards the enacted legislation, the rulings of the Sala Constitucional and Sala Primera, and the agreements of the ITCO Board of Directors, consequently violating articles 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, 8.1 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, and the principles of reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality. She also disagrees with the second fact deemed not proven, regarding which she refutes that, through deed no. 373, executed by notary Alfredo Carrillo Mena, the possessory chain of the property of more than 10 years before the creation of the Reserva Golfo Dulce is verified. She adds that she offered Mr. Víctor Arguijo as a witness, in order to demonstrate possession of the property, and, although he declared that the plaintiff did not possess the same land as her father, he did make it clear that she possessed "a piece of land." She points out that witness Hernán Paniagua was very clear in testifying that, when he went to the lands to draw up the plans commissioned by the INDER, all were in possession from a long-standing period because the existing constructions demonstrated so. Furthermore, she clarifies, that witness was offered to prove that the INDER contracted him to draw up plans of the lands in order to thus solve the conflict of the precarious possessors, an obligation whose breach is what is claimed in this proceeding.

V.- The objections raised are without merit, for the reasons explained below. According to what was deemed proven, and not appealed by the cassation appellant: "2) That by Decreto Ejecutivo No. 8,494-A of April 28, 1978, the Reserva Forestal de Golfo Dulce was created, with an area of 84,538 hectares 1,875 square meters (...); 3) That by Decreto Ejecutivo No. 9,388-A of November 30, nineteen seventy-eight, Decreto Ejecutivo No. 8,494-A of April twenty-eight, nineteen seventy-eight, was amended, with the purpose of excluding from the Reserva Forestal Golfo Dulce, the lands of forestry suitability reduced to private domain, which had been included within said Reserve (...); 5) That Osa Productos Forestales S.A., transferred to the State and the latter to the Instituto de Tierras y Colonización, the farms of Partido de Puntarenas with registration numbers 22,048, 8,974 and 22,046 expropriated from the former, which were combined to create the farm of Partido de Puntarenas real folio registration 39,334-000, based on which the Asentamiento Campesino Osa was created (...)". Now then, this Chamber understands that the cassation appellant's argument is based on the premise that the land she claims to possess, identified by plan no. P-1086291-2006, although geographically located within the Reserva de Golfo Dulce, is not covered by the legal regime of public domain (demanialidad), since, at the date of the creation of that Reserve -year 1978-, that land was registered in the name of Compañía Osa Productos Forestales S.A., and, as it is a registered farm, according to article 8 of Decreto Ejecutivo no. 8494-A, it was excluded from the regime proper to the Reserve, and therefore also from the natural heritage of the State. Contrary to her view, that clause literally states: "The registered farms, the farms with decennial possession, and the farms in precarious possession established within the limits of the Reserve are automatically subject to the Régimen Forestal. The agricultural activities carried out on these farms must have written authorization from the Director General Forestal while the State does not acquire them" (a legal situation emphasized by judgment no. 14-F-S1-18 of this Chamber, which is transcribed incompletely in the appeal under analysis. The underlining in the provision is supplied). In accordance with article 32 of the Ley Forestal (no. 4465, in force at the date of creation of the Reserva Golfo Dulce): "The forest heritage (patrimonio forestal) of the State is constituted by all the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and those belonging to the municipalities, to the autonomous institutions and to other agencies of the Public Administration (...)". For its part, numeral 34 thereof established: "No agency of the Public Administration, except for public law banks, may expropriate, exchange, transfer, or alienate, by any title, deliver or lease, rural lands of its property or under its administration, without them having been previously classified by the Dirección General Forestal. If it deems them of forestry suitability, they will automatically be incorporated into the forest heritage of the State". Thus, according to the indicated regulations, since 1978 -when the Reserve was created-, the lands then registered in the name of Compañía Osa Productos Forestales S.A., and which later in 1979 were expropriated by the State to be delivered to the INDER, were automatically incorporated into the state forest regime, with the limitations inherent to that condition. This same conclusion coincides with the position argued by the Sala Constitucional in judgment no. 1763-1994, by which it resolved a matter similar to the present one, in which a land acquired by the then IDA for subdivision projects was included within the Zona Protectora de Tivives. In that ruling, the Constitutional Court stated: "(...) While it is true the respondent authorities affirm that the subdivision project of the lands of the farm called Salinas II -acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario on December twenty-third, nineteen seventy-seven-, which are included within the Área Protectora de Tivives, in accordance with the terms of Decreto Ejecutivo number 17023 of May six, nineteen eighty-six, is lawful, even after the entry into force of that regulation, because in the first instance it cannot be considered that said property has become part of the forest heritage of the State as long as the autonomous institution they represent is not compensated the corresponding amount for the expropriation of that property, and secondly, because they have always had authorization from the Dirección General Forestal to carry out the agricultural, livestock, or forestry activities established by article 3 of Decree number 17023 that declares as a Zona Protectora the territories comprising the mangroves of Mata de Limón and Tivives, as well as the dry tropical forest remnant located on the Hoja Cartográfica de Barranca; the argument put forth by the respondent entity is not valid, since in accordance with articles 32 and 34 of the Ley Forestal, the forest heritage of the State is constituted by all the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and those belonging to the municipalities, to the autonomous institutions and to other agencies of the Public Administration, for that reason, no agency of the Public Administration -central or decentralized- may expropriate, exchange, transfer or alienate, by any title, deliver or lease, rural lands of its property or under its administration, without them having been previously classified by the Dirección General Forestal, in which case if it deems them of forestry suitability they will immediately be incorporated into the forest heritage of the State, for that reason if Decree number 17023 affected part of the farm acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario in due time, the application of the terms of that regulation as well as the cited articles of the Ley Forestal, is immediate, whereby the respondent entity is not empowered to disapply them under the justification that a purchase process involving the corresponding compensation has not occurred. Thus, from the moment the often-cited Decree entered into force, the lands of the farm Salinas II affected by the Zona de Conservación de Tivives, automatically became part of the forest heritage of the State; they are, therefore, norms of immediate application, which is why from that moment the Instituto de Desarrollo Agrario was unable to dispose of those lands and continue the subdivision project, except in the case of any allocations that had been agreed upon prior to the promulgation of the norm, for in that case the properties of the beneficiaries must be purchased or expropriated, unless at the request of the Dirección General Forestal, their owners agree to submit to the respective forest regime (article 37, paragraph 2 of the Ley Forestal) (...) in other words, the respondent authority cannot refrain from mandatorily complying with the norms that declare the automatic incorporation into the forest heritage of the State of those properties classified as of forestry suitability, since those provisions are of immediate application due to the public interest inherent in their content, which is the conservation of natural resources through sustained and rational use thereof (article 1 of the Ley Forestal) (...)". Thus, the Court is correct in the sense that, once the legal regime of the lands in question was modified, the INDER found itself legally unable to execute the agreements dating from 1965, 1967, 1970, and 1974, aimed at solving the conflict of precarious possession that existed on the properties of Compañía Osa Productos Forestales S.A., directed towards acquisition, subdivision, allocation, and registered titling in favor of the possessors -among whom the plaintiff claims to be included-. In view of this, the omissionary conduct accused against the defendant Institute is not confirmed.

VI.- Now then, according to what the plaintiff states, her claim is not to obtain registered titling of the property she claims to possess, but rather that the omissionary conduct of the INDER regarding solving the precarious land conflict be declared, and, consequently, that she be relocated to a land of equal conditions to the one possessed, or, failing that, be compensated for her right of possession. Such claims would eventually be appropriate insofar as it is verified that the plaintiff maintained an original or derivative decennial possession, capable of adverse possession, prior to the lands becoming part of the forest heritage of the State. In that way, although registered titling of the property is not currently legally viable -for the reasons indicated above-, this would be compensated with relocation or payment for the acquired right. However, as the Court correctly appreciated, the plaintiff did not prove possession under the required conditions, and therefore her claims for relocation and compensation become inappropriate. The appellant argues that at folios 1667, 1675, and 1682 it is recorded that she was a beneficiary of the censuses of the residents of the Asentamiento de Osa, yet, according to what was deemed proven and has not been questioned in this venue, in 1993 and on other previous occasions, the Instituto de Desarrollo Agrario conducted censuses to identify the persons who remained on the lands located in the Reserva Forestal Golfo Dulce, censuses that were limited solely to recording the information provided by the persons interviewed at the site, but without proceeding to its subsequent verification (proven fact 6). Hence, in themselves, the referenced documents are insufficient to deem accredited the time and type of possession supposedly exercised by Mrs. Anais -without ignoring that they also date from after the creation of the Reserva Golfo Dulce-. Regarding the agreement adopted in article no. 39 of the INDER Board of Directors session no. 44-05 of November 14, 2005 (which authorized a special and exclusive procedure for titling in favor of the possessors of the Asentamiento Campesino Osa who proved a possession of at least 10 years prior to the creation of the Reserva Forestal Golfo Dulce), it should be noted that it was revoked by that same collegiate body through an agreement adopted in article 35 of ordinary session no. 40-2007 of November 19, 2007, on the grounds that "(...) the classification as Reserva Forestal of the lands that are registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, makes its classification as Natural Heritage automatic, being prohibited from granting property titles to private individuals (...)" (proven fact no. 10, not challenged). Furthermore, the Sala Constitucional, through judgment no. 14134-2008, considered that: "(...) given that this act [the agreement no.

…39 cited above] does not consist of a declaration of rights for any person; it merely established an administrative procedure that must be followed by the persons who occupied those lands, from which the only thing generated is an expectation of obtaining—if the requirements established for that purpose are met—a consolidated legal situation, so that no rights derive from said agreement, and it is the administrative or judicial route that would or would not grant any benefit to the persons who fulfilled the requirements established for that purpose. In this sense, to annul said agreement, the Administration did not need to resort to the declaration of nullity referred to in article 173 of the General Public Administration Law, or to the contentious annulment action for injury, or, in short, to comply with due process and give the protected parties the opportunity to exercise their right of defense—as the plaintiff claims—by virtue of the fact that said act did not generate a consolidated situation in favor of the protected parties, nor did they acquire any right, because, as reported under oath by the President of the respondent Board of Directors, in the Osa Subregional Office the opening of the

files of those who appeared was initiated and there is no administrative act declaring the protected parties as beneficiaries, so the appeal must also be dismissed in this regard.”

VII.- The appellant alleges having demonstrated the chain of possession (cadena posesoria) existing on the land prior to the creation of the Golfo Dulce Reserve, by means of public deed no. 373 issued by notary Alfredo Carrillo Mena on June 2, 2011. In said public document, Mr. Gilberto Mendoza Rojas appears as the owner of the possession rights for more than a decade, of an unregistered piece of land, located in the Province of Puntarenas, Canton of Osa, Third District Sierpe, situated in Los Planes de Drake, with an area of 665,880.02 m2, which conforms to the information described in cadastral map no. P-1086291-2006. He states having acquired the land in 1992, by sale from its previous owner, Mr. Bernal Enrique Apú, who in turn had acquired the possession rights exercised since 1959 by Mr. Arturo Aguilar. In that act, Mr. Gilberto sold and transferred to the plaintiff herein the possession rights of more than 40 years (possession exercised in a quiet, peaceful, public, uninterrupted manner and as owner) and improvements acquired in a personal capacity, for the sum of ¢1,000,000.00. In the opinion of this Chamber, although the Court did not make express reference to said evidence, it does not have the virtue of varying what was decided. The deed as such proves that Mr. Gilberto Mendoza Rojas appeared together with Mrs. Anais to sell her the possession rights over the land described in that document, and it records the chain of possession and type of possession that he claims to have exercised personally, as did his previous transferors. However, there is no suitable evidence that complements or ratifies that this possession materially existed. The granting notary, in the deed in question, attests to the agreed transaction and to the right that the transferor said he was selling to Mrs. Anais, but this notarial attestation does not cover the material fact of possession itself. Note that the testimonial evidence whose assessment the plaintiff challenges also does not allow corroborating what is recorded in the referred public deed. The witness Hernán Paniagua Quirós, a surveyor who was hired by the then ITCO, at the end of the 1970s, to draw up the maps of the different sectors into which the lands expropriated from Osa Forestales S.A. were divided (within them the area where plot no. 17 of the Los Planes de Drake Settlement was located—Map P-1086291-2006), although he narrated that he appeared at the farms with a list of possessors that had been given to him by ITCO to identify in which plots he had to carry out the surveys, and that he observed houses that in his judgment could be more than 40 years old, as well as various cacao and avocado crops, he was clear in indicating that he did not know Mrs. Anais. Therefore, the witness could not provide any information about the material possession that the plaintiff alleges to have exercised on the land prior to 1978. For his part, the witness Víctor Arguijo Arguijo said he had arrived in the Drake area approximately in 1968, and that from that moment he settled there together with other colonists to work the land, among whom were the parents of Mrs. Anais. He indicated that currently (as of the date of the oral hearing, i.e., April 2019) Mrs. Anais and her husband have a house on a farm in the Drake area, but that it is not the same land that her parents possessed since the 1960s, but rather it was acquired by Anais from other occupants, years later. He stated that when Mrs. Anais grew up, got married, and acquired the lot, according to his calculations, she had been living there for approximately 30 years (which, numerically, goes back approximately to the year 1989, a date that is after the creation of the Reserve). He also pointed out that the land possessed by Mrs. Anais is located within the farm that at another time was “owned” by Arturo Aguilar, and later by Bernal Enrique Apú, but it is not recorded since when those persons supposedly entered into possession of the farm, nor did the witness refer to whether he can attest to the type of possession that said subjects exercised (in order to determine whether it was quiet, peaceful, public, uninterrupted and as owners). Thus, since the reproached substantive errors are not evidenced, both counts will be dismissed. In a similar sense to what is resolved here, the judgments of this Chamber nos. 38-F-S1-2018 of January 25, 2018 and 745-F-S1-2022 of March 29, 2022 may be consulted.

VIII.- Pursuant to the foregoing, the cassation appeal filed will be declared without merit, with its costs to be borne by the appellant (article 150 subsection 3) of the CPCA).

THEREFORE

The cassation appeal filed by the plaintiff is declared without merit, and the costs generated by its exercise are imposed on her. GCR

NOTE: Magistrate DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ participated in the decision of this matter, however, she could not sign the preceding resolution because she is on vacation. This is recorded in accordance with article 28.2 of the Civil Procedure Code.

 

	

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:20:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República