Res. 02046-2022 Sala Primera de la Corte — Cassation for lesividad over title on State Natural Heritage landCasación por lesividad sobre título en Patrimonio Natural del Estado

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 02046 - 2022

Fecha de la Resolución: 29 de Setiembre del 2022 a las 09:35

Expediente: 15-010571-1027-CA

Redactado por: Yuri López Casal

Clase de asunto: Proceso de lesividad

Analizado por: SALA PRIMERA




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

*150105711027CA*

Exp. 15-010571-1027-CA
Res. 002046-F-S1-2022
  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintidós.
Proceso de lesividad establecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica 4-000042143-11, representado por los apoderados especiales judiciales [Nombre 002] carné [...] y [Nombre 003] carné [...], contra [Nombre 022], quien es [...], representado por el Licenciado [Nombre 004] y la Sociedad Anónima [Nombre 021]. cédula jurídica [Valor 029] , cuyos apoderados generalísimos lo son los señores [Nombre 006] pasaporte No. [...] y [Nombre 007] pasaporte No. [...], representada por la Licenciada [Nombre 008]. Interviene como tercero interesado el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por la Licenciada [Nombre 009] y la Licenciada [Nombre 010] ; y como coadyuvante activo EL ESTADO cuya representación recayó en la Licenciada [Nombre 011].  La empresa co-demandada [Nombre 021]. interpone recurso de casación.
Redacta el magistrado López Casal; y,
CONSIDERANDO
I.- El Instituto de Desarrollo Rural -en adelante INDER-, presentó proceso de lesividad contra [Nombre 022] y [Nombre 021]., el 24 de noviembre de 2015, con fundamento en los siguientes hechos.  Dijo, en el marco del " Programa de Titulación Puriscal-Parrita", el señor [Nombre 022], presentó el 3 de noviembre de 2004, solicitud de titulación de la parcela [Valor 027] descrita en el plano catastrado No. [Valor 026], ubicada en el Distrito Chires, Puriscal, con una medida de 1,326,417.31 mts2, correspondiente a la finca del Partido de San José No. [Valor 012]. Agregó, conforme a la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-4076-2004, del 29 de octubre de 2004, emitida con anterioridad a la titulación del inmueble y aportada por el propio interesado; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE -en lo subsecuente SINAC-, indicó que el inmueble en cuestión, se ubica " FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY FORESTAL 7575 DEL 16 DE ABRIL DE 1996. " Además, agregó, el demandado no presentó el estudio de uso conforme de suelo emitido por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria -en adelante INTA-, o bien de algún profesional privado debidamente acreditado, tampoco informe alguno del Instituto Geográfico Nacional. No obstante, señaló, pese a que en el proceso de titulación de la parcela No. [Valor 027] , el señor [Nombre 022] no cumplió los requisitos que le exigía la normativa aplicable, en Acuerdo de Junta Directiva artículo 11, de la sesión 012-05 del 4 de abril de 2005, la parcela no. [Valor 027] fue titulada, dando lugar a la finca del Partido de San José folio real no. [Valor 012] , correspondiente al plano catastrado [Valor 026].  Prosiguió, en el Informe No. DFOE-PGAA-20-2008 del 27 de agosto del 2008, denominado "Resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado", la Contraloría General de la República le indicó al INDER, que el estudio permitió determinar que en el marco del contenido de los diferentes proyectos de titulación y en contravención a lo señalado en los artículos 13, 14, 15 y 33 de la Ley Forestal No. 7575 del 5 de febrero de 1996, el IDA tituló propiedades con cobertura parcial o totalmente boscosa o que poseían características de uso suelo y topográficas que les otorgaban la categoría de terrenos de aptitud forestal y de áreas de protección, y por lo tanto, no podían salir de la Administración del Estado, ni ser susceptibles de titular a favor de los solicitantes por ser parte del Patrimonio Natural, y por no concurrir, ni haberse aportado todos y cada uno los requisitos necesarios para proceder de conformidad con el bloque de legalidad vigente en aquel momento, para que fuera procedente la titulación de tratamiento, le ordenó al IDA lo siguiente: "a. Realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho procedan ante las instancias correspondientes, a efecto de que se inicie un proceso de recuperación de las tierras tituladas por el IDA que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado y que corresponden a los 15 casos que se detallan en este documento. b. Ordenar que se realice un análisis completo a las titulaciones efectuadas por el IDA, que no formaron parte de la muestra analizada por esta Contraloría General en este estudio, con el fin de determinar aquellos casos de titulaciones en terrenos propiedad del Patrimonio Natural del Estado y, de proceder, se realicen los procedimientos para recuperar las tierras." Manifestó, en razón de lo anterior, por acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER en artículo 51 Sesión Ordinaria 036-2015 del 05 de octubre de 2015, se declaró lesivo a los intereses públicos el acto administrativo de mérito, por haber sido otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. Dijo, esa finca fue traspasada por el señor [Nombre 022] a la sociedad [Nombre 021] , por escritura No. 292 otorgada ante el Licenciado [Nombre 014] y fue posteriormente reunida por escritura No. 12-19 del Notario [Nombre 015], con otras tres fincas, dando nacimiento a la finca No. [Valor 014].  A manera de ilustración, añadió, la existencia de grandes extensiones del territorio nacional ocupados por campesinos pero carentes del título de propiedad, hizo que el Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, antes Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, hoy Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, impulsara una serie de Programas de Titulación en Reservas Nacionales, con fundamento en lo dispuesto en la "Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales" No. 7599 del 9 de agosto de 1996; la "Ley de Tierras y Colonización" No. 2825 del 14 de octubre de 1961, artículos 11 y 12 y la "Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario" No 6735 artículo 32 inciso a). Comentó, dentro de esos Programas de Titulación, por Decreto Ejecutivo No. 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 72 del 17 de abril de 1974, se creó el "Programa de Titulación Puriscal-Parrita ", y se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA la finca a Folio Real Matrícula número [Valor 016] , con un área de 267,239 hectáreas. Indicó, si bien el "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", permitió titular parcelas ubicadas en reservas nacionales; el artículo 10.b) de dicho Reglamento exigía del solicitante, presentar una certificación extendida por el MINAE donde certificara que el terreno a titular --según el plano catastrado--, no estaba afecto o inmerso dentro de áreas de conservación o constituyera Patrimonio Natural del Estado, lo cual era un requisito esencial e infranqueable para la validez del trámite ante el IDA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la "Ley Orgánica del Ambiente " y 13 de la "Ley Forestal ". Como fundamento de derecho, citó los artículos 133, 158, 166, 167 todos de la Ley General de la Administración Pública -en adelante LGAP-; canon 129 de la Constitución Política; preceptos 13, 14, 15, 33 y 34 todos de la Ley Forestal.  Consideró relevante, explicar cómo la causal de nulidad del acto, -titulación de terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado-, afecta el interés público.  Mencionó, la titulación en análisis, impide el disfrute del derecho fundamental y de tercera generación, que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos del artículo 50 de la Constitución Política.  Comentó, esa norma es de orden público; la cual, surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y por la Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la " Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente".  Las pretensiones, según fueron ratificadas en la Audiencia Preliminar, se definen de la siguiente manera: "1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 11, de la sesión 012-05, de fecha 04 de abril del 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de San José, folio real No. [Valor 012] a favor de [Nombre 022], de calidades indicadas, correspondiente al plano catastrado [Valor 026] 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de San José, folio real No. [Valor 012] a favor de [Nombre 022] de calidades indicadas, correspondiente al plano catastrado [Valor 026]. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, folio real No. [Valor 012] emitido por el Registro Nacional. 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscritos en el Registro Nacional, Provincia de Puntarenas Folio Real matrícula número [Valor 012]. 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio." El Estado se apersonó como coadyuvante activo. La empresa co-accionada [Nombre 021]., contestó de forma negativa la demanda, y opuso las defensas de falta de: derecho, legitimación en su doble vertiente y prescripción.  El señor [Nombre 022] , también se opuso a la demanda y presentó la excepción de falta de derecho.  Al SINAC se le tuvo apersonado como tercero interesado con pretensiones propias -numeral 15 inciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en adelante CPCA-.  El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José, en sentencia no. 034-2020-IV de las 10 horas 10 minutos del 14 de abril de 2020, integrado por los Jueces José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez y Elías Baltodano Gómez, rechazó la prueba para mejor resolver, así como las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. Consecuentemente, declaró con lugar la demanda, y anuló: 1) el artículo 11 de la Sesión No. 012-05, de 4 de abril de 2005, referido a la titulación de la parcela No. [Valor 028] del Proyecto de Titulación Puriscal-Parrita a favor del señor [Nombre 022] y que describe el plano catastrado No. [Valor 026], 2) la escritura pública No. 37 de la Notaria [Nombre 017], referida a la formalización y protocolización de la titulación de la finca descrita en el plano catastrado No. [Valor 026] y que generó la finca del Partido de San José No. [Valor 012], 3) la escritura No. 292-2 del Notario [Nombre 014], únicamente en cuanto al traspaso que realizó el señor [Nombre 022] de su propiedad No. [Valor 012], Plano No. [Valor 026] a la sociedad [Nombre 021]., 4) la escritura número doce-diecinueve del Notario [Nombre 015], del 07 de marzo de 2007, únicamente en cuanto reunió la finca del Partido de San José No. [Valor 012], con plano [Valor 026] y un área de 1,327,417.31mts2, con la finca No. [Valor 021] con plano [Valor 023] con un área de 35,941.22 mts2, formando la finca del Partido de San José No. [Valor 025], a nombre ahora de la sociedad [Nombre 021]. cédula jurídica No. [Valor 029] . Y remitió las órdenes para lo de su cargo, tanto al Archivo Nacional como al Registro Público Nacional, dadas las nulidades ahí decretadas.  Así mismo, ordenó el desalojo del inmueble para ponerlo en administración del SINAC.  Ordenó a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar una escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de esta sentencia, a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado [Valor 026] y se titule a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, ordenó al MINAET y al SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como patrimonio natural del Estado. También dijo, la Junta Directiva del INDER, debe ordenar el inicio procedimientos internos, a fin de establecer las responsabilidades, de quienes participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado y sus resultados, indicó, deberá rendir informe a Contraloría General de la República, con copia a ese Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. Y mantuvo la medida cautelar dictada por ese Tribunal mediante resolución No. 350-2016, de las 16 horas del 16 de febrero de 2016, hasta la firmeza de esta sentencia. Falló sin especial condenatoria en costas. Inconforme la empresa [Nombre 021]., interpuso recurso de casación.
II.- Para mayor comprensión de lo que luego se dirá, conviene hacer un recuento de lo analizado por el Tribunal.  La empresa demandada solicitó como prueba para mejor resolver, un peritaje para determinar la naturaleza y las características del uso de suelo de la parcela en litis.  Esta prueba fue rechazada por el Tribunal porque dijo, el punto a dilucidar no radicaba en la naturaleza o características del uso de suelo, sino en si el señor [Nombre 022] había cumplido o no los requisitos de la solicitud.  Luego, el Tribunal añadió, la defensa de prescripción opuesta por la empresa demandada, debía rechazarse porque al no cumplirse con todos los requisitos para la titulación, se permitió la titulación de Patrimonio Natural del Estado como bien de dominio público; y al tratarse de este tipo de bienes, la protección devenía imprescriptible.  A mayor abundamiento dijo el A quo, en los procesos de lesividad, cuyo objeto es la anulación de actos administrativos formales, no resulta oponible la prescripción.  Luego, para declarar sin lugar la demanda, el fallo cuestionado se fundamentó en tres pilares: 1) El señor [Nombre 022] incurrió en incumplimiento de requisitos que exigía la normativa aplicable para beneficiarse de la titulación: A) Se tituló Patrimonio Natural del Estado: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en su Certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-4076-2004 del 29 de octubre de 2004, indicó que la parcela a titular No. [Valor 027], correspondiente al plano catastrado No. [Valor 026], constituía parcialmente Patrimonio Natural del Estado, y no obstante se recomendó a la Junta del IDA titularla — No obstante, dijo el A quo, lo clara que fue dicha certificación, en cuanto a que la parcela [Valor 027] constituía parcialmente Patrimonio Natural del Estado; el señor [Nombre 022] en la solicitud de titulación presentada ante el IDA el 3 de noviembre de 2003, afirmó que la propiedad solicitada no afectaba el Patrimonio Natural del Estado.  Agregó el fallo cuestionado, esa situación de demanialidad de la parcela, no fue comunicada al IDA por parte del señor [Nombre 022] , ocultando de esta manera una de las características del inmueble solicitado; y por ello, el A quo sostuvo, la Junta Directiva del IDA fue inducida a error por el solicitante—.  B) La titulación a favor del señor [Nombre 022], de la parcela No. [Valor 028], se formalizó en la escritura de la Licenciada [Nombre 017], por escritura pública No. 37, del 28 de abril de 2005, y a partir del 15 de julio del 2005, quedó inscrita en el Registro Público a Folio Real del Partido de San José Matrícula No. [Valor 012] . Luego, agregó el A quo, el 21 de junio de 2006, —es decir apenas un año y un mes aproximadamente después de la inscripción registral de la parcela—; el señor [Nombre 022] compareció en su condición de propietario de la finca de cita, ante el Notario [Nombre 014] y por escritura No. 292-2, la vendió a la Sociedad Anónima [Nombre 021] cédula jurídica No. [Valor 029] ; a pesar de que en la cláusula G) de la escritura pública No. 37 de la Licenciada Ortiz Recio se estableció como limitación, según el artículo 15 de la Ley no. 2825, el no poder traspasar la parcela excepto transcurridos cuatro años a partir de la fecha de la firma de la escritura. 2) Que el señor [Nombre 022] omitió presentar el estudio de uso de suelos conforme, según lo exigía el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT del 21 de marzo de 2001.  En criterio del Tribunal, de haberse aportado por el interesado esa certificación, el resultado de la solicitud hubiese sido denegada, pues por la naturaleza de montaña, —tal y como fue descrita por el propio señor [Nombre 022]—, y por ende patrimonio natural del inmueble, el uso de suelo no hubiese resultado conforme.  3) La Sala Constitucional, por voto no. 2063-2007, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007, dispuso: “Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta 173, del diez de setiembre del dos mil dos. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos, y el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad (...)”. Ahora bien, agregó el fallo cuestionado, teniendo que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 11, tomado en la sesión 012-05 del 04 de abril de 2005, por el cual se le tituló al señor [Nombre 022] la parcela [Valor 028] del Proyecto de Titulación Puriscal-Parrita; se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, Decreto Ejecutivo No. 28746-MINAE-MAG publicado en La Gaceta número 173 del 10 de setiembre de 2002; al haberse declarado inconstitucional dicha norma, con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anularon, sea al 12 de agosto de 2002; el artículo 11, tomado en la sesión 012-05 del 04 de abril de 2005 —por medio del cual se le tituló al señor [Nombre 022] la parcela en análisis—, devino en insubsistente al tenor de lo que dispone el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que a juicio del Tribunal, constituía una causa más para decretar su nulidad absoluta y por conexidad los restantes actos y contratos posteriores.
III.- En el recurso de casación, el apoderado especial judicial de la compañía [Nombre 021]. interpone motivos procesales y de fondo.  Dada la forma cómo se resolverá el alegato sobre falta de fundamentación -tercero dentro del apartado del recurso por razones procesales-, esta Sala estima, no es necesario hacer referencia a los restantes quebrantos invocados.
Recurso por motivos procesales.
IV.- En el tercer embate por razones de esta índole, reclama falta de motivación del fallo cuestionado.  Señala, el Tribunal incurre en serias contradicciones en cuanto a la relevancia que para el caso representa, determinar la naturaleza y características del terreno en litis.  Ello por cuanto, primero dice que no tiene relevancia; y luego, deniega la ejecución de una prueba para mejor resolver, diciendo que determinar la naturaleza del predio carece pertinencia, pero después, rechaza la defensa de prescripción, y por el fondo acoge la demanda, sosteniendo que la naturaleza del bien, no podía ser titulado al estar fuera del comercio de los hombres.  Agrega, dentro de los hechos tenidos por demostrados, no se acreditó que la parcela sea un bien demanial, sea una finca de naturaleza de bosque y por consiguiente, parte del Patrimonio Natural del Estado; tampoco se tuvo, que la finca no fuera parte de ese Patrimonio; sin embargo, se rechaza la defensa de prescripción y se acoge la demanda de lesividad, acusando la presencia de un bien demanial, sin que en ninguna parte de la sentencia combatida, se tuviera por acreditado que la finca tuviera tal naturaleza.  Todo ello, a su juicio, hacen evidentes las contradicciones del pronunciamiento endilgado.  Incluso agrega, el Tribunal resumió los fundamentos de la demanda del INDER, destacando que para el proceso de titulación, el beneficiado incumplió con los requisitos atinentes del bloque de legalidad, estimando en el considerando VI “que esta Cámara es del criterio que efectivamente el incumplimiento de ambos requisitos generó un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo cual trajo como consecuencia una afectación en cuanto a la validez y eficacia del acto administrativo así dictado, es decir, el acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 11 acordado en la sesión No. 12-05 celebrada el día 04 de abril de 2005, en razón de lo siguiente: 1) Se tituló Patrimonio Natural del Estado, bien de dominio Público.”  Dice el recurrente, sigue la sentencia cuestionada: “ Luego, para el Tribunal no es de recibo el alegato de la representación de la sociedad [Nombre 021] ., en cuanto a que el INDER debió identificar y fundamentar las zonas de las parcelas que conformaban parte del Patrimonio Natural del Estado, bajo qué normativa y por qué motivos se considera así; y al no hacerlo, está actuando en violación de los principios constitucionales de legalidad, interdicción de la arbitrariedad administrativa, debido proceso, derecho de defensa y derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada.  Y no es de recibo porque el motivo que causa la nulidad del artículo No. 11 de la sesión No. 12-05 del 04 de abril de 2005, técnicamente no es si se tituló o no parte del Patrimonio Natural del Estado, sino por la omisión en que incurrió el señor [Nombre 022], al no aportar los requisitos que le exigía el ordenamiento aplicable, es decir, el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Forestales.” -el resaltado y subrayado es del recurso-.  Comenta, la resolución cuestionada intenta sostener que la nulidad es por el no cumplimiento de requisitos por parte del señor [Nombre 022] -sigue con la contradicción-, pero además, el Tribunal afirmó que el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales fue declarado inconstitucional mediante voto no. 2063-2007 emitido por la Sala Constitucional, y ello constituía una razón más para decretar la nulidad absoluta del acto administrativo en análisis.  Aduce el casacionista, la sentencia endilgada señaló, lo anterior es una discusión que debe darse por superada, porque “con lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto 2063-2007, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007, en el que se dispuso la declaratoria de inconstitucional del indicado Reglamento con efectos declarativos y retroactivos a su fecha de emisión, por lo que todos los actos dictados con fundamento en ese instrumento normativo, devienen en nulo de manera absoluta de pleno derecho, conforme a los alcances del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por carecer el acuerdo de fundamento normativo (Principio de legalidad), entre ellos claro está, el artículo 11, tomado en la sesión 012-05 del 04 de abril de 2005 ”.  Hace notar, el fallo sigue con fuertes y significativas contradicciones en su fundamentación, porque sostiene que la nulidad absoluta decretada, radica en el incumplimiento del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, pero casi de inmediato, dice que todos los actos dictados con base en ese instrumento normativo -incluido el artículo 11, tomado en la sesión 012-05 del 04 de abril de 2005-, devienen nulos de manera absoluta, en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad mediante voto 2063-2007.  Entonces se pregunta, la nulidad declarada en la sentencia es por la supuesta naturaleza demanial del bien, o por el incumplimiento de requisitos del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, o por la derivación del voto 2063-2007 de la Sala Constitucional.  Por lo anterior, estima, la resolución combatida es contradictoria, pues señala el Tribunal, el Reglamento citado no tenía validez; y por otra, dotándolo de validez, acusa al señor [Nombre 022] haberlo incumplido.  Dice además, el requisito no cumplido por el señor [Nombre 022] , relativo a la no presentación de un estudio de uso de suelo, no deriva del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, sino del artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo no. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDAMOPT, el cual, continúa vigente.  Expone, esta es una contradicción más del fallo cuestionado.  Por lo anterior, estima, la motivación del fallo no existe, por cuanto es en extremo confusa y contradictoria.  A su juicio, el pronunciamiento endilgado contiene el vicio regulado en el canon 137.1 inciso d) del CPCA, por lo que resultaron conculcados los preceptos 57 y 82 ambos del código de cita y el numeral 61.2.3 del Código Procesal Civil Ley 9342.
V.- Con el fin de resolver el cargo, conviene tener presente el precepto 57 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), en el cual se consagra la obligación de motivar, debidamente, las resoluciones judiciales. Se plasma en esa norma la garantía de los ciudadanos a la fundamentación del fallo, ineludible en un Estado de Derecho, como expresión directa del concepto de justicia en democracia; sea, sometida a la Constitución y a la ley (canon 154 Constitucional), basada en sentencias objetivas y claras, que a su vez brinden transparencia a la decisión, convencimiento a las partes y criterios suficientes al inconforme (en ese sentido véase, de esta Sala, la resolución no. 1292-F-S1-2012 de las 9 horas 55 minutos del 11 de octubre de 2012). Por ello, se ha destacado el doble propósito al que sirve este elemento formal: a) como herramienta tendente a potenciar la interdicción de la arbitrariedad, en la medida en que habilita un control de la imparcialidad de quien administra justicia; y b) para el ejercicio del derecho de defensa, ya que permite a las partes impugnar aquellos argumentos contenidos en el fallo que consideren infundados o erróneos. De esta forma, al tenor de lo dispuesto por el citado artículo 57 del CPCA, concordado con el numeral 119 de ese mismo Código, la motivación implica que, en su sentencia, los juzgadores deben plasmar “el análisis que realizaron de las cuestiones fácticas y jurídicas que fueron objeto del debate, y con base en este, cuál es la razón por la que adoptaron una solución en detrimento de otra” (Sala Primera, resolución no. 1256-F-S1-2011 de las 14 horas 40 minutos del 26 de setiembre de 2011). Desde esa perspectiva, uno de los motivos para impugnar una sentencia ante esta Cámara es el vicio de falta de fundamentación, contemplado en el canon 137, inciso 1), subinciso d), ibídem. Éste se presenta no sólo cuando se omiten en la sentencia las razones fácticas y jurídicas que utilizó el Tribunal para adoptar su decisión; sino también cuando su desarrollo resulta en extremo confuso, contradictorio o impida tener claridad en cuanto a tales razonamientos, en grado tal que haga nugatoria la garantía a la fundamentación del fallo, derivada –como se ha dicho– de los correlacionados derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva. Valga acotar, claro está, que mediante esta vía no es posible cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia, ni la aplicación del derecho o la errónea valoración de la prueba realizada por el Tribunal, para lo cual el CPCA establece sus propias causales (artículo 138). Tampoco se trata de determinar si el juzgador se pronunció sobre todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por las partes; sino que el fallo cuente con un análisis de las incidencias y cuestiones de fondo planteadas en el proceso, según los hechos y el derecho aplicable al caso concreto, que sirvieron de sustento a la decisión tomada. (Sobre el particular, puede consultarse, de esta Sala, las resoluciones no. 126-F-S1-2009 de las 15 horas 40 minutos del 5 de febrero de 2009; 1331-F-S1-2010 de las 14 horas del 28 de octubre de 2010 y 648-F-S1-2012 de las 16 horas 10 minutos del 23 de mayo de 2012).
VI.- En el caso concreto de estudio, alega el recurrente como primera contradicción, la relevancia que para el caso representa, determinar la naturaleza y características del terreno en litis.  En el considerando I del fallo cuestionado, donde se rechazó la prueba pericial -Ingeniero Forestal- solicitada por la empresa recurrente, para determinar aspectos técnicos, como naturaleza y características del uso de suelo de la parcela en litigio, textualmente el fallo combatido señaló: “En el caso concreto, el Tribunal estima que el punto a dilucidar no radica en cuanto a la naturaleza o a las características del uso de suelo de la parcela No. 930350 del Proyecto de Titulación de Puriscal-Parrita y que originó la finca del Partido de San José, No. 566948-000; sino si el señor [Nombre 022] cumplió o no, con los requisitos que al momento de la presentación de la solicitud de titulación, a saber, el día 03 de noviembre de 2004, le exigía la normativa aplicable, de manera que para los efectos probatorios, la prueba ofrecida en condición de prueba para mejor proveer carece de pertinencia, razón por la cual se inadmite.”  Y luego, en el considerando V, rechazó la defensa de prescripción, estimando: “ Con respecto a la excepción basta con señalar que los bienes de dominio público gozan de una tutela especial y conforme a la legislación, tal protección deviene en imprescriptible, de manera que el Estado no pierde dicho derecho por el mero transcurso del tiempo.”  Esta Sala observa, el fallo cuestionado señala por una parte, determinar la naturaleza del fundo en análisis, no tiene relevancia para el caso concreto.  Sin embargo, rechazó la defensa de prescripción, justamente porque estimó, el bien en litis forma parte del Patrimonio Natural del Estado.  Entonces, considera este Órgano jurisdiccional, el pronunciamiento combatido resulta confuso y contradictorio, porque carece de toda lógica, sostener por una parte, que determinar la naturaleza del terreno no reviste importancia, cuando es justamente por la naturaleza del terreno, que se rechazó la defensa de prescripción.  Y entonces, desde un punto de vista de lógica jurídica, estima esta Sala, si una circunstancia es el fundamento de la decisión, a todas luces, reviste importancia.  En consecuencia, sostiene esta Cámara, el fallo endilgado resulta confuso y contradictorio en cuanto a este extremo.
VII.- Por otra parte, otro yerro encontrado en la resolución combatida por el recurrente, y que esta Sala comparte, hace referencia a la falta de claridad respecto al motivo de nulidad del acto cuestionado.  Esta Sala observa, por una parte el pronunciamiento endilgado señala, la nulidad del acto acaece por la falta de requisitos en la solicitud de titulación de la parcela realizada por el señor [Nombre 022] .  Así, en el considerando I, dice: “ En el caso concreto, el Tribunal estima que el punto a dilucidar no radica en cuanto a la naturaleza o a las características del uso de suelo de la parcela No. 930350 del Proyecto de Titulación de Puriscal-Parrita y que originó la finca del Partido de San José, No. 566948-000; sino si el señor [Nombre 022] cumplió o no, con los requisitos que al momento de la presentación de la solicitud de titulación, a saber, el día 03 de noviembre de 2004, le exigía la normativa aplicable , de manera que para los efectos probatorios, la prueba ofrecida en condición de prueba para mejor proveer carece de pertinencia, razón por la cual se inadmite.” -el resaltado no es del original-.  Este parecer se reitera en el considerando VI, cuando el Tribunal señala, el motivo causante de nulidad del artículo no. 11 de la sesión No. 12-05 del 04 de abril de 2005, es la omisión en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Forestales, así: “… el motivo que causa la nulidad del artículo No. 11 de la sesión No. 12-05 del 4 de abril de 2005, técnicamente no es si se tituló o no parte del Patrimonio Natural del Estado, sino por la omisión en que incurrió el señor [Nombre 022], al no aportar los requisitos que le exigía el ordenamiento aplicable, es decir, el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales.” -el resaltado es del original-.  Sin embargo, observa esta Sala, la resolución impugnada, luego de indicar que el motivo causante de nulidad es la no presentación de requisitos por parte del solicitante, concluye, toda discusión acerca de lo anterior quedó superada por el voto constitucional, el cual declaró inconstitucional el Reglamento de mérito, y por ende, todos los actos dictados con fundamento en esa norma, devienen nulos.  Así, dijo el fallo combatido: “ Pero además esa situación resultó superada con lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto 2063-2007, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007, en el que dispuso la declaratoria de inconstitucional del indicado Reglamento con efectos declarativos y retroactivos a su fecha de emisión, por lo que todos los actos dictados con fundamento en ese instrumento normativo, devienen en nulo de manera absoluta de pleno derecho, conforme a los alcances del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por carecer el acuerdo de fundamento normativo (Principio de legalidad), entre ellos claro está, el artículo 11, tomado en la sesión 012-05 del 04 de abril de 2005.”  En consecuencia, para este Órgano colegiado, ello resulta en extremo confuso para las partes, lesionándose el debido proceso y derecho de defensa, pues no existe claridad en cuanto al fundamento de la decisión, enervándose la posibilidad que tiene el vencido para conocer claramente los motivos que tuvo el Tribunal para acoger la lesividad planteada, y en su caso, tener la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente. 
VIII.- En síntesis, tal y como lo expone el recurrente, esta Cámara estima contradictorio, cuando por una parte el fallo cuestionado indica, no era relevante determinar la naturaleza del bien en litis, cuando ello es lo que fundamenta el rechazo de una excepción de fondo.  Y aunque el Tribunal señala tres pilares para declarar la nulidad del acto Administrativo cuestionado, a juicio de esta Sala, tampoco hay claridad en cuanto a si el motivo de nulidad del acto es el incumplimiento de los requisitos del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Forestales —el cual, según la resolución de la Sala Constitucional, se había sacado del marco jurídico aplicable al supuesto de examen, por haberse declarado inconstitucional desde la fecha de su vigencia—; o bien, la insubsistencia del artículo 11, de la sesión 012-05 del 4 de abril de 2005, por haberse declarado inconstitucional el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, mediante el voto de la Sala Constitucional no. 2063 de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007; porque fue con base en ese Reglamento que el señor [Nombre 022] tituló la parcela en litis.  En consecuencia, sostiene este Órgano decisor, el desarrollo de la resolución cuestionada resulta en extremo confuso, contradictorio e impide tener claridad en cuanto a los razonamientos que llevaron al Tribunal a acoger por el fondo el proceso de lesividad, en grado tal que hace nugatoria la garantía a la fundamentación del fallo, derivada –como se ha dicho– de los correlacionados derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva.
IX.- En mérito de lo razonado y expuesto, lo procedente será acoger el recurso, y casar la sentencia combatida por motivos procesales.  En consecuencia, se anulará el fallo cuestionado y se ordenará el reenvío del asunto para que el Tribunal de origen dicte una resolución ajustada a derecho (canon 150.1 CPCA).  Por innecesario, no se entran a analizar los restantes motivos del recurso.
POR TANTO
  Se declara con lugar el recurso.  Se casa el fallo recurrido.  Se ordena el reenvío del asunto al Tribunal de origen, para que dicte una sentencia ajustada a derecho. ipreinfalk
 
	

*B4TTBPDPPSO61*
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LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A
	
 



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OFHM34743GTNY61
IRIS ROCIO [Nombre 022] MORALES - MAGISTRADO/A
	
 
	

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JBPDGR6XJXK61
YURI LOPEZ CASAL - MAGISTRADO/A



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ANA ISABEL VARGAS VARGAS - MAGISTRADO/A
	
 
	

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JESSICA JIMÉNEZ RAMÍREZ - MAGISTRADO/A
 
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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:30:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

I.- The Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural—hereinafter INDER) filed a lesivity proceeding against [Name 022] and [Name 021] on November 24, 2015, based on the following facts. It stated that, within the framework of the “Puriscal-Parrita Titling Program” (Programa de Titulación Puriscal-Parrita), Mr. [Name 022] submitted, on November 3, 2004, an application for titling of parcel [Value 027] described in cadastral map No. [Value 026], located in the District of Chires, Puriscal, measuring 1,326,417.31 m2, corresponding to property of the San José Registry No. [Value 012]. It added that, according to certification No. SINAC-DS-OFAU-C-4076-2004, dated October 29, 2004, issued prior to the titling of the property and provided by the interested party himself, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of MINAE—hereinafter SINAC—indicated that the property in question is located “OUTSIDE ANY PROTECTED WILDLAND AREA REGARDLESS OF ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT PARTIALLY CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE (Patrimonio Natural del Estado) PURSUANT TO ARTICLES 13, 14, AND 15 OF THE FORESTRY LAW (Ley Forestal) 7575 OF APRIL 16, 1996.” Furthermore, it added, the defendant did not present the conforming land-use study (estudio de uso conforme de suelo) issued by the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria—hereinafter INTA), or by a duly accredited private professional, nor any report from the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional). Nevertheless, it pointed out that, despite the fact that in the titling process for parcel No. [Value 027], Mr. [Name 022] did not meet the requirements demanded by the applicable regulations, in Board of Directors Agreement article 11, of session 012-05 of April 4, 2005, parcel no. [Value 027] was titled, giving rise to property of the San José Registry, real folio no. [Value 012], corresponding to cadastral map [Value 026]. It continued that, in Report No. DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, called “Results of land titling studies in national reserves on lands belonging to the Natural Heritage of the State,” the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) indicated to INDER that the study allowed it to determine that, within the framework of the different titling projects and in contravention of the provisions of articles 13, 14, 15, and 33 of the Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, the IDA titled properties with partial or total forest cover (cobertura boscosa) or that possessed land-use and topographic characteristics that gave them the category of lands of forestry aptitude and protection areas, and therefore, could not leave the Administration of the State, nor be capable of being titled in favor of the applicants for being part of the Natural Heritage, and because all and each of the requirements necessary to proceed in accordance with the block of legality in force at that time were not met or provided for the treatment titling to be appropriate; it ordered IDA the following: “a. To carry out the administrative procedures and actions that are legally appropriate before the corresponding bodies, so that a recovery process is initiated for the lands titled by IDA that belong to the Natural Heritage of the State and that correspond to the 15 cases detailed in this document. b. To order that a complete analysis be carried out on the titling procedures performed by IDA that were not part of the sample analyzed by this Office of the Comptroller General in this study, in order to determine those cases of titling on lands owned by the Natural Heritage of the State and, if appropriate, to carry out the procedures to recover the lands.” It stated that, by reason of the foregoing, by agreement taken by the Board of Directors of INDER in article 51, Ordinary Session 036-2015 of October 5, 2015, the administrative act in question was declared harmful (lesivo) to the public interests, for having been granted to the detriment of the Natural Heritage of the State. It said that this property was transferred by Mr. [Name 022] to the company [Name 021], by deed No. 292 granted before Attorney [Name 014] and was later merged by deed No. 12-19 of Notary [Name 015], with three other properties, giving rise to property No. [Value 014]. By way of illustration, it added, the existence of large extensions of national territory occupied by peasants but lacking title of ownership, led the Institute of Agrarian Development—IDA—formerly the Institute of Lands and Colonization—ITCO—today the Rural Development Institute—INDER—to promote a series of Titling Programs in National Reserves, based on the provisions of the “Law for the Titling of Lands Located in National Reserves” No. 7599 of August 9, 1996; the “Lands and Colonization Law” No. 2825 of October 14, 1961, articles 11 and 12; and the “Law for the Creation of the Institute of Agrarian Development” No. 6735, article 32, subsection a). It commented that, within those Titling Programs, by Executive Decree No. 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta No. 72 of April 17, 1974, the “Puriscal-Parrita Titling Program” was created, and the property under Real Folio Registration Number [Value 016], with an area of 267,239 hectares, was registered in the National Registry in the name of IDA. It indicated that, although the “Regulation for the Titling of Lands in National Reserves” allowed titling parcels located in national reserves, article 10.b) of said Regulation required the applicant to present a certification issued by MINAE certifying that the land to be titled—according to the cadastral map—was not affected by or immersed within conservation areas or did not constitute Natural Heritage of the State, which was an essential and insurmountable requirement for the validity of the proceeding before IDA, in compliance with the provisions of article 32 of the “Organic Law of the Environment” and 13 of the “Forestry Law.” As legal grounds, it cited articles 133, 158, 166, 167, all of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública—hereinafter LGAP); canon 129 of the Political Constitution; precepts 13, 14, 15, 33, and 34, all of the Forestry Law. It considered it relevant to explain how the ground of nullity of the act—titling of lands that form part of the Natural Heritage of the State—affects the public interest. It mentioned, the titling under analysis prevents the enjoyment of the fundamental and third-generation right that every person has to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of article 50 of the Political Constitution. It commented, that norm is of public order, which emerges with the Universal Declaration of Human Rights in 1948, and with the Lisbon Declaration of 1988 issued within the framework of the “International Conference on Guarantees of the Human Right to the Environment.” The claims, as ratified at the Preliminary Hearing, are defined as follows: “1. That the present complaint be admitted. 2. That because they are harmful to the public interests, the agreement taken by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in article 11, of session 012-05, dated April 4, 2005, be annulled, solely as it refers to the titling of property of the San José Registry, real folio No. [Value 012] in favor of [Name 022], of the indicated particulars, corresponding to cadastral map [Value 026] 3. By connection, that the public deed issued by the Institute of Agrarian Development be annulled, solely as it refers to the titling of property of the San José Registry, real folio No. [Value 012] in favor of [Name 022] of the indicated particulars, corresponding to cadastral map [Value 026]. 4. By connection, that the registry entry of inscription of the property registered under the Real Folio System of the Puntarenas Registry, real folio No. [Value 012] issued by the National Registry be annulled. 5. By connection, that any inscription deriving from the inscription of the property registered in the National Registry, Puntarenas Province, Real Folio registration number [Value 012] be annulled. 6. That the defendant be ordered to pay both costs of this proceeding.” The State appeared as active coadjuvant. The co-defendant company [Name 021] filed a negative answer to the complaint and raised the defenses of lack of: right, standing in its dual aspect, and statute of limitations. Mr. [Name 022] also opposed the complaint and filed the exception of lack of right. SINAC was admitted as an interested third party with its own claims—subsection a) of numeral 15 of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), hereinafter CPCA—. The Contentious Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), Fourth Section, of the Second Judicial Circuit of San José, in judgment no. 034-2020-IV of 10 hours 10 minutes on April 14, 2020, composed of Judges José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, and Elías Baltodano Gómez, rejected the evidence for better decision, as well as the exceptions of statute of limitations, lack of active and passive standing, and lack of right. Consequently, it granted the complaint and annulled: 1) article 11 of Session No. 012-05, of April 4, 2005, referring to the titling of parcel No. [Value 028] of the Puriscal-Parrita Titling Project in favor of Mr. [Name 022] and which is described in cadastral map No. [Value 026], 2) public deed No. 37 of Notary [Name 017], referring to the formalization and protocolization of the titling of the property described in cadastral map No. [Value 026] and which generated property of the San José Registry No. [Value 012], 3) deed No. 292-2 of Notary [Name 014], solely as to the transfer made by Mr. [Name 022] of his property No. [Value 012], Map No. [Value 026] to the company [Name 021], 4) deed number twelve-nineteen of Notary [Name 015], of March 7, 2007, solely as it merged property of the San José Registry No. [Value 012], with map [Value 026] and an area of 1,327,417.31 m2, with property No. [Value 021] with map [Value 023] with an area of 35,941.22 m2, forming property of the San José Registry No. [Value 025], now in the name of the company [Name 021], legal identification No. [Value 029]. And it issued the orders for their corresponding duties, both to the National Archive and to the National Public Registry, given the nullities decreed therein. Likewise, it ordered the eviction of the property to place it under the administration of SINAC. It ordered the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), through the State Notary’s Office (Notaría del Estado), to draw up a deed to protocolize, as appropriate, the relevant parts of this judgment, so that the change of nature and registration of the property described in cadastral map [Value 026] be carried out and it be titled in the name of the State in the Public Registry of Immovable Property. Likewise, it ordered MINAET and SINAC to prepare the necessary signs to identify the property as natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). It also said, the Board of Directors of INDER must order the initiation of internal procedures, in order to establish the responsibilities of those who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to legality in the referred titling procedure. It indicated that, regarding what was done and its results, a report must be rendered to the Office of the Comptroller General of the Republic, with a copy to that Court within a period of three months from the finality of this judgment. And it maintained the precautionary measure issued by that Court through resolution No. 350-2016, of 16:00 hours on February 16, 2016, until the finality of this judgment. It ruled without special condemnation in costs. Disagreeing, the company [Name 021] filed an appeal in cassation.

II.- For a better understanding of what will be said later, it is convenient to recount what was analyzed by the Court. The defendant company requested as evidence for better decision, an expert opinion to determine the nature and characteristics of the land use of the parcel in dispute. This evidence was rejected by the Court because it said, the point to be clarified did not lie in the nature or characteristics of the land use, but rather in whether Mr. [Name 022] had or had not fulfilled the application requirements. Then, the Court added, the defense of statute of limitations raised by the defendant company had to be rejected because, by not fulfilling all the requirements for titling, titling of Natural Heritage of the State as a public domain asset (bien de dominio público) was permitted; and as it concerns this type of assets, the protection became imprescriptible. Further explaining, the A quo said, in lesivity proceedings, the object of which is the annulment of formal administrative acts, the statute of limitations defense is not assertable. Then, to declare the complaint without merit, the challenged ruling was based on three pillars: 1) Mr. [Name 022] incurred in non-compliance with requirements demanded by the applicable regulations to benefit from the titling: A) Natural Heritage of the State was titled: the National System of Conservation Areas, in its Certification No. SINAC-DS-OFAU-C-4076-2004 of October 29, 2004, indicated that the parcel to be titled No. [Value 027], corresponding to cadastral map No. [Value 026], partially constituted Natural Heritage of the State, and nevertheless, it was recommended to the IDA Board to title it — Notwithstanding, the A quo said, how clear that certification was, in that parcel [Value 027] partially constituted Natural Heritage of the State; Mr. [Name 022], in the titling application submitted to IDA on November 3, 2003, affirmed that the property requested did not affect the Natural Heritage of the State. The challenged ruling added, this situation of public domain character of the parcel was not communicated to IDA by Mr. [Name 022], thereby concealing one of the characteristics of the property requested; and for this reason, the A quo held, the IDA Board of Directors was induced into error by the applicant—. B) The titling in favor of Mr. [Name 022], of parcel No. [Value 028], was formalized in the deed of Attorney [Name 017], by public deed No. 37, of April 28, 2005, and as of July 15, 2005, it was registered in the Public Registry under Real Folio of the San José Registry, Registration No. [Value 012]. Then, the A quo added, on June 21, 2006, —that is, approximately only one year and one month after the registry inscription of the parcel—; Mr. [Name 022] appeared in his capacity as owner of the cited property before Notary [Name 014] and by deed No. 292-2, sold it to the Corporation (Sociedad Anónima) [Name 021], legal identification No. [Value 029]; despite the fact that in clause G) of public deed No. 37 of Attorney Ortiz Recio, a limitation was established, pursuant to article 15 of Law no. 2825, of not being able to transfer the parcel except after four years from the date of signing the deed. 2) That Mr. [Name 022] omitted to present the conforming land-use study (estudio de uso de suelos conforme), as required by article 58 of the Regulation to the Law on Land Use (Reglamento a la Ley de Uso de Suelos), No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT of March 21, 2001. In the Court’s opinion, had that certification been provided by the interested party, the result of the application would have been denied, since by the mountain nature —as was described by Mr. [Name 022] himself—, and therefore the natural heritage character of the property, the land use would not have been found conforming. 3) The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by vote no. 2063-2007, of 14:40 hours on February 14, 2007, ordered: “The action is PARTIALLY GRANTED. Consequently, the Regulation for Titling in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in session 055-02 of August twelfth, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September tenth, two thousand two, is annulled. This judgment has declaratory and retroactive effects to the date of validity of the norms that are annulled, that is, August twelfth, two thousand two, and April sixteenth, nineteen ninety-six, respectively. The foregoing, without prejudice to the patrimonial liability of the State deriving from this unconstitutionality (...)”. Now then, the challenged ruling added, having that the agreement of the IDA Board of Directors, article 11, taken in session 012-05 of April 4, 2005, by which parcel [Value 028] of the Puriscal-Parrita Titling Project was titled to Mr. [Name 022], was based on the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, Executive Decree No. 28746-MINAE-MAG published in La Gaceta number 173 of September 10, 2002; upon said norm having been declared unconstitutional, with declaratory and retroactive effects to the date of validity of the norms that were annulled, that is, to August 12, 2002; article 11, taken in session 012-05 of April 4, 2005 —through which the parcel under analysis was titled to Mr. [Name 022]— became null and void pursuant to the provisions of article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which, in the Court’s judgment, constituted an additional ground to decree its absolute nullity and, by connection, that of the remaining subsequent acts and contracts.

III.- In the cassation appeal, the special judicial attorney for the company [Name 021] raises procedural and substantive grounds. Given the manner in which the allegation of lack of reasoning—the third within the appeal section on procedural grounds—will be resolved, this Chamber deems it is not necessary to refer to the other violations invoked.

Appeal on procedural grounds.

IV.- In the third challenge on grounds of this nature, it claims lack of reasoning of the challenged ruling. It points out, the Court incurs in serious contradictions regarding the relevance that determining the nature and characteristics of the land in dispute has for the case. This is because, first it says it is not relevant; and then, denies the execution of evidence for better decision, saying that determining the nature of the property lacks pertinence, but later, it rejects the defense of statute of limitations, and on the merits grants the complaint, holding that the nature of the asset could not be titled as it was outside the stream of commerce. It adds, among the facts deemed proven, it was not established that the parcel is a public domain asset (bien demanial), that is, a property of forest nature and consequently, part of the Natural Heritage of the State; nor was it established, that the property was not part of that Heritage; however, the defense of statute of limitations is rejected and the lesivity complaint is granted, accusing the presence of a public domain asset, without any part of the contested judgment having established that the property had such nature. All of this, in its opinion, makes the contradictions of the challenged decision evident. It even adds, the Court summarized the grounds of INDER’s complaint, highlighting that for the titling process, the beneficiary failed to comply with the relevant requirements of the block of legality, considering in recital VI “that this Chamber is of the opinion that effectively the non-compliance with both requirements generated a defect of absolute, evident and manifest nullity, which had the consequence of affecting the validity and efficacy of the administrative act thus issued, that is, the agreement of the IDA Board of Directors contained in article 11 agreed upon in session No. 12-05 held on April 4, 2005, for the following reason: 1) Natural Heritage of the State, a public domain asset (bien de domino público), was titled.” The appellant says, the questioned judgment continues: “Thus, for the Court, the allegation of the representation of the company [Name 021] is not acceptable, that INDER should have identified and substantiated the zones of the parcels that formed part of the Natural Heritage of the State, under what regulations and for what reasons it is considered so; and by not doing so, it is acting in violation of the constitutional principles of legality, prohibition of administrative arbitrariness, due process, right of defense, and right to the inviolability of private property. And it is not acceptable because the reason that causes the nullity of article No. 11 of session No. 12-05 of April 4, 2005, technically is not whether or not part of the Natural Heritage of the State was titled, but rather because of the omission incurred by Mr. [Name 022] in not providing the requirements demanded by the applicable legal order, that is, the Regulation for the Titling of Lands in Forest Reserves.” —the highlighting and underlining are from the appeal—. It comments, the contested resolution attempts to hold that the nullity is due to Mr. [Name 022]’s non-compliance with requirements —it continues with the contradiction—, but furthermore, the Court affirmed that the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves was declared unconstitutional by vote no. 2063-2007 issued by the Constitutional Chamber, and that constituted an additional reason to decree the absolute nullity of the administrative act under analysis. The cassation appellant argues, the challenged judgment pointed out, the foregoing is a discussion that should be considered overcome, because “with what was resolved by the Constitutional Chamber in vote 2063-2007, of 14:40 hours on February 14, 2007, in which the declaration of unconstitutionality of said Regulation was ordered with declaratory and retroactive effects to its date of issuance, so that all acts issued based on that normative instrument become absolutely null as a matter of law, in accordance with the scope of article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction, because the agreement lacks normative foundation (Principle of legality), among them, of course, article 11, taken in session 012-05 of April 4, 2005.” It notes, the judgment continues with strong and significant contradictions in its reasoning, because it holds that the absolute nullity decreed lies in non-compliance with the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, but almost immediately says that all acts issued based on that normative instrument —including article 11, taken in session 012-05 of April 4, 2005— become absolutely null, by virtue of the declaration of unconstitutionality by vote 2063-2007. So it asks, is the nullity declared in the judgment due to the alleged public domain nature of the asset, or due to non-compliance with requirements of the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, or due to the derivation from vote 2063-2007 of the Constitutional Chamber? Therefore, it considers, the contested resolution is contradictory, because the Court indicates that the cited Regulation had no validity; and on the other hand, endowing it with validity, accuses Mr. [Name 022] of having failed to comply with it. It further says, the requirement not met by Mr. [Name 022], regarding the non-presentation of a land-use study, does not derive from the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, but rather from article 58 of the Regulation to the Law on Use, Management and Conservation of Soils, Executive Decree no. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDAMOPT, which remains in force. It states, this is one more contradiction of the challenged ruling. For the foregoing, it considers, the reasoning of the judgment does not exist, as it is extremely confusing and contradictory. In its judgment, the challenged decision contains the defect regulated in canon 137.1, subsection d) of the CPCA, so that precepts 57 and 82, both of the cited code and numeral 61.2.3 of the Civil Procedural Code, Law 9342, were violated.

V.- In order to resolve the charge, it is appropriate to bear in mind precept 57 of the Contentious Administrative Procedural Code (hereinafter CPCA), which enshrines the obligation to properly provide reasoning (motivar) for judicial decisions. The guarantee of the citizens to the reasoning of the judgment is enshrined in that norm, unavoidable in a State of Law, as a direct expression of the concept of justice in a democracy; that is, subject to the Constitution and to the law (Constitutional canon 154), based on objective and clear judgments, which in turn provide transparency to the decision, conviction to the parties, and sufficient criteria to the disagreeing party (see, in that sense, resolution no. 1292-F-S1-2012 of 9 hours 55 minutes of October 11, 2012, of this Chamber). Therefore, the dual purpose that this formal element serves has been highlighted: a) as a tool aimed at strengthening the prohibition of arbitrariness, to the extent that it enables a control of the impartiality of the person administering justice; and b) for the exercise of the right of defense, since it allows the parties to challenge those arguments contained in the judgment that they consider unfounded or erroneous. In this way, pursuant to the provisions of cited article 57 of the CPCA, in harmony with numeral 119 of that same Code, reasoning implies that, in their judgment, the judges must set forth “the analysis they carried out of the factual and legal issues that were the subject of the debate, and based on this, what the reason is why they adopted one solution to the detriment of another” (First Chamber, resolution no. 1256-F-S1-2011 of 14 hours 40 minutes of September 26, 2011). From that perspective, one of the grounds for challenging a judgment before this Chamber is the defect of lack of reasoning, contemplated in canon 137, subsection 1), sub-subsection d), ibidem. This arises not only when the factual and legal reasons used by the Court to adopt its decision are omitted from the judgment, but also when their development is extremely confused, contradictory, or prevents clarity regarding such reasoning, to such a degree that it renders the guarantee to the reasoning of the judgment nugatory, derived —as has been said— from the correlated rights of defense, due process, and effective judicial protection. It is worth noting, of course, that through this route it is not possible to question the legal foundations of the judgment, nor the application of the law or the erroneous assessment of the evidence carried out by the Court, for which the CPCA establishes its own grounds (article 138). Nor is it a matter of determining whether the judge ruled on each and every one of the allegations put forward by the parties; but rather that the judgment contains an analysis of the incidents and substantive issues raised in the proceeding, according to the facts and the law applicable to the specific case, which served as support for the decision taken. (On this point, see resolutions no. 126-F-S1-2009 of 15 hours 40 minutes of February 5, 2009; 1331-F-S1-2010 of 14 hours of October 28, 2010; and 648-F-S1-2012 of 16 hours 10 minutes of May 23, 2012, of this Chamber).

VI.- In the specific case under study, the appellant alleges as a first contradiction, the relevance that determining the nature and characteristics of the land in dispute has for the case. In recital I of the challenged ruling, where the expert evidence—Forestry Engineer—requested by the appellant company to determine technical aspects, such as the nature and characteristics of the land use of the parcel in litigation was rejected, the contested ruling textually stated: “In the specific case, the Court considers that the point to be clarified does not lie in the nature or the characteristics of the land use of parcel No. 930350 of the Puriscal-Parrita Titling Project and which gave rise to property of the San José Registry, No.

566948-000; but rather whether Mr. [Name 022] did or did not comply with the requirements that, at the time of filing the titling application, namely on November 3, 2004, the applicable regulations demanded of him, such that for evidentiary purposes, the evidence offered as evidence for better provision is irrelevant, which is why it is disallowed.” And then, in Considerando V, it rejected the statute of limitations defense, holding: “With respect to the exception, it suffices to note that public domain assets enjoy special protection and, under the law, such protection renders them imprescriptible, meaning the State does not lose said right merely by the passage of time.” This Chamber observes, the challenged judgment states on the one hand that determining the nature of the property under analysis is not relevant to the specific case. However, it rejected the statute of limitations defense precisely because it held that the asset in dispute forms part of the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Therefore, this jurisdictional body finds the contested ruling to be confusing and contradictory, because it completely lacks logic to maintain on the one hand that determining the nature of the land is of no importance, when it is precisely because of the nature of the land that the statute of limitations defense was rejected. And so, from a legal logic standpoint, this Chamber holds that if a circumstance is the basis for the decision, it is clearly important. Consequently, this Chamber holds that the challenged judgment is confusing and contradictory regarding this point.

VII.- Furthermore, another error found in the ruling contested by the appellant, and which this Chamber shares, refers to the lack of clarity regarding the ground for nullity of the challenged act. This Chamber observes that, on the one hand, the challenged ruling states that the nullity of the act occurs due to the lack of requirements in the titling application for the parcel submitted by Mr. [Name 022]. Thus, in Considerando I, it states: “In the specific case, the Tribunal finds that the point to be elucidated does not lie in the nature or characteristics of the land use (uso de suelo) of parcel No. 930350 of the Puriscal-Parrita Titling Project, which originated property of the Partido de San José, No. 566948-000; but rather whether Mr. [Name 022] did or did not comply with the requirements that, at the time of filing the titling application, namely on November 3, 2004, the applicable regulations demanded of him, such that for evidentiary purposes, the evidence offered as evidence for better provision is irrelevant, which is why it is disallowed.” – the highlighting is not from the original –. This view is reiterated in Considerando VI, when the Tribunal indicates that the cause of nullity of Article 11 of Session No. 12-05 of April 4, 2005, is the omission in complying with the requirements demanded by the Regulation for the Titling of Lands in Forest Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Forestales), as follows: “… the cause of nullity of Article No. 11 of Session No. 12-05 of April 4, 2005, is technically not whether or not part of the State’s Natural Heritage was titled, but rather the omission incurred by Mr. [Name 022] in failing to provide the requirements demanded by the applicable legal framework, that is, the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales).” – the highlighting is from the original –. However, this Chamber observes that the challenged decision, after indicating that the cause of nullity is the applicant’s failure to present requirements, concludes that all discussion regarding the foregoing was superseded by the constitutional ruling, which declared the aforementioned Regulation unconstitutional, and therefore, all acts issued based on that norm become null. Thus, the contested judgment stated: “But moreover, that situation was superseded by what was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in ruling 2063-2007, at 2:40 p.m. on February 14, 2007, which ordered the declaration of unconstitutionality of the indicated Regulation with declaratory and retroactive effects to its date of issuance, meaning that all acts issued based on that normative instrument become absolutely null and void as a matter of law, in accordance with the scope of Article 88 of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), because the agreement lacks a normative basis (Principle of Legality), including of course Article 11, adopted in session 012-05 of April 4, 2005.” Consequently, for this Collegiate Body, this is extremely confusing for the parties, violating due process and the right of defense, since there is no clarity as to the basis of the decision, undermining the possibility for the losing party to clearly know the reasons the Tribunal had to uphold the filed lesividad action, and, where appropriate, to have the possibility to argue what it deemed pertinent.

VIII.- In summary, as the appellant sets forth, this Chamber finds it contradictory when, on the one hand, the challenged judgment indicates it was not relevant to determine the nature of the asset in dispute, when that is what underpins the rejection of a substantive defense. And although the Tribunal points to three pillars for declaring the nullity of the challenged Administrative act, in this Chamber’s opinion, there is also no clarity as to whether the ground for nullity of the act is the failure to comply with the requirements of the Regulation for the Titling of Lands in Forest Reserves —which, according to the Constitutional Chamber’s ruling, had been removed from the legal framework applicable to the case under examination, having been declared unconstitutional from its effective date—; or rather, the unviability of Article 11 of session 012-05 of April 4, 2005, due to the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves having been declared unconstitutional through Constitutional Chamber ruling No. 2063 at 2:40 p.m. on February 14, 2007; because it was on the basis of that Regulation that Mr. [Name 022] titled the parcel in dispute. Consequently, this decision-making Body holds that the development of the challenged ruling is extremely confusing and contradictory and prevents clarity as to the reasoning that led the Tribunal to uphold the lesividad process on the merits, to such a degree that it renders nugatory the guarantee of proper reasoning of the judgment, derived —as has been stated— from the interrelated rights of defense, due process, and effective judicial protection.

IX.- By virtue of what has been reasoned and set forth, it is appropriate to uphold the appeal and vacate the contested judgment on procedural grounds. Consequently, the challenged judgment will be annulled and the matter remanded so that the Tribunal of origin may issue a decision in accordance with law (canon 150.1 CPCA). As it is unnecessary, the remaining grounds of the appeal are not addressed.

POR TANTO

The appeal is granted. The appealed judgment is vacated. The matter is remanded to the Tribunal of origin to issue a judgment in accordance with law. ipreinfalk