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Res. 02605-2022 Sala Primera de la Corte — Competence conflict over tree felling in a stream protection zoneConflicto de competencia sobre derribo de árbol en área de protección de quebrada

court decision Sala Primera de la Corte 29/11/2022 Topic: water-law

Summary

English
The First Chamber resolves a competence conflict between the Agrarian Court and the Civil and Labor Court of Cañas regarding an action for tree felling of a Guanacaste tree. The petitioner sought to cut and use the wood to build his home on a 507 m² property in Las Juntas de Abangares, Guanacaste. The Ministry of Environment and Energy had denied the felling permit because the tree was located 12 meters from a stream, within the protection zone established in Articles 33 and 34 of the Forestry Law. The Chamber determines that, since it is a protection area that is part of public domain under state custody, competence does not belong to agrarian or civil jurisdiction, but to the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, pursuant to Article 110 of the Organic Law of the Judiciary.
Español
La Sala Primera resuelve un conflicto de competencia entre el Tribunal Agrario y el Juzgado Civil y Trabajo de Cañas respecto a un interdicto de derribo de un árbol de Guanacaste. El solicitante pretendía cortar y aprovechar la madera para construir su vivienda en un terreno de 507 m² en Las Juntas de Abangares, Guanacaste. El Ministerio de Ambiente y Energía había denegado el permiso de corta por ubicarse el árbol a 12 metros de una quebrada, dentro del área de protección establecida en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. La Sala determina que, al tratarse de un área de protección que forma parte del dominio público bajo tutela estatal, la competencia no corresponde a la jurisdicción agraria ni civil, sino al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conforme al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Key excerpt

Español (source)
De conformidad con dicha normativa, artículo 33: las franjas de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado, son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público, sobre el cual ejerce tutela el Estado. Al considerarse que el área que la parte promovente pretende hacer uso, eventualmente forma parte de la franja considerara como área de protección, resulta competente para conocer de este asunto, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, específicamente del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (art. 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
English (translation)
Pursuant to said regulations, Article 33: strips of 15 meters in rural areas and 10 meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams or creeks, if the land is flat, and 50 horizontal meters, if the land is steep, are protection areas and consequently form part of the public domain, over which the State exercises guardianship. Considering that the area the petitioner intends to use possibly forms part of the strip considered a protection area, the Contentious Administrative Jurisdiction, specifically the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, is competent to hear this matter (Art. 110 of the Organic Law of the Judiciary).

Outcome

Conflict resolved

English
The First Chamber declares that competence to hear the tree felling action in a protection zone lies with the Contentious Administrative and Civil Treasury Court.
Español
La Sala Primera declara que la competencia para conocer el interdicto de derribo de un árbol en área de protección corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

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Keywords

tree felling actionprotection zoneForestry Lawjurisdictional competencepublic domainContentious Administrative Courtcompetence conflictGuanacaste treefelling permitFirst Chamberinterdicto de derriboárea de protecciónLey Forestalcompetencia jurisdiccionaldominio públicoJuzgado Contencioso Administrativoconflicto de competenciaGuanacaste (árbol)SETENApermiso de cortaSala Primera
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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 02605 - 2022

Fecha de la Resolución: 29 de Noviembre del 2022 a las 11:56

Expediente: 21-000014-0387-AG

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: Interdicto de derribo

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Conflicto de competencias

Subtemas:

Bien demanial.

Se pretende el derribo y aprovechamiento de un árbol de especie “Guanacaste”, situado en un área de protección de quebrada a una distancia de 12 metros (artículos 33 y 34 Ley Forestal). Según el numeral 33, las franjas de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado, son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público, sobre el cual ejerce tutela el Estado. Al considerarse que el área que la parte promovente pretende hacer uso, eventualmente forma parte de la franja considerara como área de protección, resulta competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa, específicamente, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (canon 110 Ley Orgánica del Poder Judicial) (voto 2605-C-2022).

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

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Exp 21-000014-0387-AG

Res. 002605-C-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cincuenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidos .

 En proceso sumario de derribo interpuesto por VIRGILIO ANGEL SOTO VEGA, quien se representa a sí mismo; el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José, declaró la incompetencia por razón de la materia para conocer el presente asunto, por lo que remitió los autos al Juzgado Civil y Trabajo de Cañas. Esta última jurisdicción disintió de lo resuelto, por lo que se remitió el asunto en conflicto ante esta Sala.

CONSIDERANDO

          I.- La parte actora interpuso proceso sumario de derribo, donde solicita: “Por lo antes expuesto y atendiendo a la recomendación del administrado, en el aparte tercero de la resolución, solicito ante ese Juzgado la valoración y resolución para cortar y aprovechar la madera para construir mi humilde casa, por medio de interdicto de derribo”. Mediante resolución Nro. 145-C-21 de las trece horas cincuenta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José declaró la incompetencia señalando: “…la Jurisdicción Agraria es competente para conocer de los procesos interdictales, cuando los mismos se refieran a fundos dedicados a las actividades agrarias (artículos 1 y 2 inciso b), d) y 4 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En el presente caso, se pretende el derribo de un árbol ubicado en un terreno para construir. No se trata de un fundo agrario, ni se ejercitan actividades agrarias, además de la escasa dimensión del terreno (507 metros cuadrados), está ubicado en Las Juntas de Abangares, Guanacaste”. Por su parte, el Juzgado Civil y Trabajo de Cañas indicó: “no se comparte este criterio de incompetencia utilizado por el Juzgado Agrario por cuanto independientemente de la medida del lote en el cual se encuentra el árbol o tronco de árbol, sobre el que el solicitante pide permiso de cortar y aprovechar la madera; nos encontramos frente a un asunto de importancia ambiental, que resulta a pesar de la medida de terreno, indiscutiblemente agrario. Véase que el solicitante aporta la resolución administrativa número AT-AT01-PAF-PP-0001-2021 de fecha 20-01-2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, mediante la cual en esa sede, se resuelve negativamente su petición de corta y aprovechamiento de madera (actividades agrarias, no civiles), y precisamente el argumento de esa entidad para denegar el permiso solicitado por el promovente de la gestión, es que el árbol sobre el cual se tramita permiso de corta y aprovechamiento de madera, se encuentra dentro de un área de protección definido en el artículo 33 y 34 de la Ley Forestal. Incluso se lee en la resolución administrativa que el actor agrega a su escrito que " hay una cercanía entre el árbol y un cuerpo de agua". –

 II.- En el caso de estudio, se pretende el derribo y aprovechamiento de un árbol de especie “Guanacaste” el cual se ubica en una propiedad en Santa Lucía, Las Juntas de Abangares, Guanacaste. Según indica la Resolución para Permiso de Corta de Árboles en Áreas de Uso Agropecuario sin Bosque bajo modalidad de permiso pequeño”, Nro. AT-AT01-PAF-PP-0001-2021, del Sistema Nacional de Conservación, dicho árbol se sitúa dentro de un área de protección de quebrada a una distancia de 12 metros (Ley Forestal Nro. 7575, artículos 33 y 34). De conformidad con dicha normativa, artículo 33: las franjas de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado, son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público, sobre el cual ejerce tutela el Estado. Al considerarse que el área que la parte promovente pretende hacer uso, eventualmente forma parte de la franja considerara como área de protección, resulta competente para conocer de este asunto, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, específicamente del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (art. 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

POR TANTO

 Se declara que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. JSANCHEZ

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	

 

	

Ana Isabel Vargas Vargas

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 LHJ0EOCCRAE61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:52:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
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First Chamber of the Supreme Court

Resolution No. 02605 - 2022

Date of Resolution: November 29, 2022 at 11:56

Expediente: 21-000014-0387-AG

Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Type of matter: Interdict of demolition (Interdicto de derribo)

Analyzed by: FIRST CHAMBER

Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Conflict of jurisdiction

Subtopics:

Public domain property (Bien demanial).

The demolition and use of a "Guanacaste" tree species is sought, located in a stream protection area (área de protección) at a distance of 12 meters (articles 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal)). According to numeral 33, strips of 15 meters in rural zones and 10 meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and of 50 horizontal meters, if the land is broken, are protection areas (áreas de protección) and consequently form part of the public domain, over which the State exercises guardianship. Considering that the area the moving party seeks to use potentially forms part of the strip considered a protection area (área de protección), the Administrative Litigation Jurisdiction is competent, specifically, the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (canon 110 Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial)) (vote 2605-C-2022).

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution

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Exp 21-000014-0387-AG

Res. 002605-C-S1-2022

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours fifty-six minutes on the twenty-ninth of November two thousand twenty-two.

In summary process of demolition (derribo) filed by VIRGILIO ANGEL SOTO VEGA, who represents himself; the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José declared a lack of jurisdiction by reason of the subject matter to hear the present matter, and therefore remitted the proceedings to the Civil and Labor Court of Cañas. This latter jurisdiction disagreed with what was resolved, and therefore the matter was remitted in conflict to this Chamber.

CONSIDERING

I.- The plaintiff filed a summary process of demolition (derribo), wherein he requests: "For the foregoing reasons and in response to the recommendation of the administered party, in the third part of the resolution, I request before this Court the assessment and resolution to cut and use the wood to build my humble house, by means of an interdict of demolition (interdicto de derribo).” By resolution No. 145-C-21 of thirteen hours fifty minutes on February eighteen, two thousand twenty-one, the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José declared lack of jurisdiction, stating: “…the Agrarian Jurisdiction is competent to hear interdictal processes when they refer to lands dedicated to agrarian activities (articles 1 and 2 subsections b), d) and 4 of the Law of Agrarian Jurisdiction). In the present case, the demolition (derribo) of a tree located on a piece of land for construction is sought. It is not an agrarian land, nor are agrarian activities carried out; in addition to the small size of the land (507 square meters), it is located in Las Juntas de Abangares, Guanacaste.” For its part, the Civil and Labor Court of Cañas indicated: “this criterion of lack of jurisdiction used by the Agrarian Court is not shared, given that regardless of the size of the lot in which the tree or tree trunk is located, regarding which the applicant requests permission to cut and use the wood; we are faced with a matter of environmental importance, which is, despite the size of the land, indisputably agrarian. Note that the applicant provides administrative resolution number AT-AT01-PAF-PP-0001-2021 dated 20-01-2021 from the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, by which in that venue, his petition for cutting and use of wood (agrarian activities, not civil) is resolved negatively, and precisely the argument of that entity to deny the permit requested by the petitioner is that the tree for which the cutting and wood use permit is being processed is located within a protection area (área de protección) defined in article 33 and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal). It is even read in the administrative resolution that the plaintiff adds to his brief that 'there is proximity between the tree and a body of water'.” –

II.- In the case under study, the demolition (derribo) and use of a "Guanacaste" tree species is sought, which is located on a property in Santa Lucía, Las Juntas de Abangares, Guanacaste. According to the "Resolution for Tree Cutting Permit in Areas of Agricultural Use without Forest under small permit modality", No. AT-AT01-PAF-PP-0001-2021, from the National System of Conservation (Sistema Nacional de Conservación), said tree is situated within a stream protection area (área de protección) at a distance of 12 meters (Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, articles 33 and 34). In accordance with said regulation, article 33: strips of 15 meters in rural zones and of 10 meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and of 50 horizontal meters, if the land is broken, are protection areas (áreas de protección) and consequently form part of the public domain, over which the State exercises guardianship. Considering that the area the moving party seeks to use potentially forms part of the strip considered a protection area (área de protección), the Administrative Litigation Jurisdiction is competent to hear this matter, specifically the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (art. 110 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial)).

THEREFORE

It is declared that the jurisdiction over the present process corresponds to the Administrative Litigation and Civil Treasury Court. JSANCHEZ

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel Vargas Vargas

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LHJ0EOCCRAE61

Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected]

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:52:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República