Res. 02528-2022 Sala Primera de la Corte — Partial annulment over contradictions in compensation for plot in Golfo Dulce Forest ReserveAnulación parcial por contradicciones en indemnización de parcela en Reserva Forestal Golfo Dulce

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 02528 - 2022

Fecha de la Resolución: 29 de Noviembre del 2022 a las 09:22

Expediente: 15-008145-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución



Exp: 15-008145-1027-CA

 

Res. 002528-F-S1-2022

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintidos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidos .

 Proceso de conocimiento establecido ante la sección octava del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los jueces Laura García Carballo, Rosa Cortés Morales y Jonatán Canales Hernández. Promovido por Dedrin Ortiz Beita y Adelia Valverde Vargas contra el Estado, el Inder y el Sinac, representados por Susana Fallas Cubero, Nathanael Barrantes Azofeifa y Gidgett Ramírez Hernández respectivamente. Las tres partes accionantes, impugnaron ante esta Sala, la resolución no. 30-2018 de las 13 horas del 4 de abril de 2018, emitida por el Tribunal de referencia.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

I.- A la luz de los hechos que se tuvieron por demostrados el 20 de noviembre de 1974, la Compañía Osa Productos Forestales Sociedad Anónima (en adelante Osa Productos) y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), establecieron un convenio, a fin de ofrecer una solución justa y adecuada a los conflictos existentes entre campesinos y ocupantes de las parcelas ubicadas dentro de los inmuebles propiedad de Osa Productos. La idea, era dotar a aquellos ocupantes que calificaran como poseedores en precario de tierras económicamente explotables, de reconocer el justo valor de las mejoras a quienes no alcanzaran esa calificación y de abrir nuevas fuentes de trabajo para los propietarios establecidos en la región y sus familias. Esa calificación, (poseedores en precario), la alcanzarían aquellos agricultores carentes de tierras propias, inscritas o no inscritas, que, a la fecha de promoverse el conflicto ante el ITCO, demuestren haber realizado actos de posesión estables y efectivos como dueños de forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de un año; todo ello con base en los censos que llevara a cabo el ITCO. Para el 28 de abril de 1978, mediante Decreto Ejecutivo no. 8494, se crea la Reserva Forestal de Golfo Dulce, cuya área comprendería un total de 84538 hectáreas con 1875 metros cuadrados; declarándose inalienables los terrenos nacionales que se encuentren dentro de esa delimitación y con la expresa prohibición de tala de árboles, caza y captura de animales y en general cualquier tipo de actividad agrícola, pecuaria, industrial, comercial o de explotación. Se dispuso, las propiedades inscritas, con posesión decenal o precaria que estuvieran dentro de los límites de la Reserva, quedarían automáticamente sometidas al Régimen Forestal. Asimismo, se determinó que la Dirección General Forestal, gestionaría la compra directa o expropiación de los terrenos reducidos a dominio particular que se encontraran en la demarcación de la Reserva y que el reasentamiento de los ocupantes con más de 10 años de poseer terrenos dentro de la Reserva, se haría con la intervención del ITCO. Posteriormente, por medio del Decreto Ejecutivo no. 10142-A, se excluyó de la Reserva Forestal de Golfo Dulce una superficie aproximada a las 84.538 hectáreas correspondientes a los terrenos con aptitud agraria que quedaron comprendidos dentro de esa reserva. Así, mediante Decreto no. 10.088-G-H posteriormente reformado mediante el decreto 10244, se dispuso la expropiación de las fincas, con el objeto de ejecutar el plan del Gobierno para llevar a cabo el programa de asentamientos campesinos y con la conformidad de las empresas “Osa Productos Forestales” cuyo nombre cambió a “Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima”; se procedió a expropiar sus fincas, las cuales fueron reunidas y terminaron integrando una sola unidad agrícola forestal donde se conformó la matrícula de folio real  no. 39.334-000 y en la que  se crea el Asentamiento Campesino Osa. Con base en el anterior recuento, es que la Junta Directiva del ITCO, acordó la adjudicación de los lotes en diversos proyectos entre los cuales se encuentra el Proyecto de Osa Forestal; “por reunir los adjudicatarios las condiciones y requisitos legales para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio…”. Así por escritura pública expedida en el año 1980, consta el ITCO como propietario registral de la finca 39.334 y en ese mismo acto se segregaron y traspasaron lotes que son terrenos para la agricultura a una serie de campesinos y se consigna que las parcelas quedan automáticamente sometidas al Régimen Forestal.  En el listado de los beneficiados, no consta el nombre del señor Dedrin Ortiz Beita y tampoco el número de su parcela. Lo que consta es que, en el mes de setiembre de 1996, el MINAE otorgó el visado no. 153596 en el plano presentado por dicho señor, con base en la ubicación que aparece en el plano, al inmueble que se ubica en la Reserva del Golfo Dulce; por lo que, el Catastro Nacional procede a inscribirlo bajo el numero 355887-96. Al existir una supuesta interrupción en el proceso de titulación e incumplimientos de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 8494-A, los afiliados al Sindicato SIPRIACO (Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa) se motivan a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MINAE). Así, en el año 1997 por resolución no. 2456-97 de la Sala Constitucional, se conoce el citado recurso. Acusaron, la situación de sus miembros es crítica, porque no se les permite llevar a cabo labores agrícolas, comerciales, industriales o pecuarias en sus parcelas, se les ha limitado sus facultades y no se les ha expropiado según exige la ley. Esa Sala verificó que las autoridades administrativas recurridas no habían procedido a elaborar el censo que definiría quienes eran las personas propietarias o poseedoras de esos terrenos; sin consolidar la situación de los recurrentes y del Estado. En ese tanto, se declaró con lugar el recurso y se condenó al Estado a la elaboración del censo e iniciar con el trámite de expropiación. En cumplimiento de esa orden judicial, el MINAE, remitió a esa Sala el resultado del censo parcial realizado a 659 ocupantes donde se incluye a los miembros del SIPRAICO y donde se incluye el nombre del señor Dedrin Ortiz Beita, sin especificación alguna de número de plano, área o localización. Consta que, don Dedrin firmó un contrato con FONAFIFO, para el pago de servicios ambientales, modalidad de protección del bosque; donde se compromete a ejecutar un proyecto de conservación, en el área que ejerce como poseedor y adjudicatario del IDA inmersa dentro de la finca no. 39334-000. Se obligó a que a cambio de ¢87.000,00 por hectárea, debería de proteger el bosque, la biodiversidad, la belleza escénica natural, el agua, las cuencas y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, se establecieron los procedimientos respectivos para la titulación de tierras. El 25 de noviembre de 2005, el jefe de la Oficina Subregional de Osa, informó al señor Dedrin Ortiz Beita, que aparece registrado como beneficiario del IDA, en calidad de ocupante por más de 33 años de la parcela no. 185, sector 7 del Asentamiento Campesino de Osa. A su vez, don Dedrin, informa que adquirió su finca del señor Pedro Nolasco García en el año 1971 y que ha ejercido por más de 46 años el inmueble de forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida. De diversos estudios realizados, se extrajo que algunas zonas de la Reserva Forestal Golfo Dulce, se encontraba afectadas en forma crítica por problemas sociales y económicos. Además, se determinó, que era MINAE y no el IDA, la instancia competente para resolver el tema del otorgamiento de tierras en la zona. De hecho, la Procuraduría, reiteró que la citada reserva constituye patrimonio natural del Estado y que por lo tanto sería el MINAE (según lo dicho por la Sala Constitucional) el encargado de iniciar el proceso de compra o de expropiación, ofrecer a los propietarios someterse voluntariamente al régimen forestal o diseñar un plan de explotación de las tierras mientras durara el trámite.  Se observaron, incumplimientos por parte del IDA en cuanto a situaciones relacionadas con invasión de áreas de protección y construcciones en los asentamientos, donde no se brindó la protección efectiva de los recursos naturales al cambiar el uso de suelo en las áreas de protección de las reservas. Además se detectó una negativa del IDA de traspasar las fincas al MINAE y la existencia de áreas pertenecientes a la reserva forestal que habían sido parceladas y adjudicadas a pesar de la imposibilidad legal y técnica. Ante las situaciones presentadas, don Dedrin entre otros recurrentes, acudieron nuevamente a la Sala Constitucional en contra del IDA, su Junta Administrativa y la Presidencia Ejecutiva; manifestando que se le ordene a titular las parcelas que ocupan, pues al momento cuando estos le fueron expropiados a Osa Productos Forestales; no existía pronunciamiento alguno en torno a la imposibilidad para titular. Esa Sala estimó, que existe una imposibilidad material de los recurridos para titular los terrenos dentro de la reserva de carácter forestal por resultar tal proceder inconstitucional; de ahí que declarara improcedente el recurso sin perjuicio de que los recurrentes puedan iniciar en contra de los recurridos, las acciones que estimen proceden en la vía ordinaria. Para el 19 de diciembre de 2007, la Junta Directiva del IDA adoptó el acuerdo no. 35 en el que se revoca el acuerdo no. 39 del año 2005, donde expresamente indicó: “Con fundamento en lo expuesto en el oficio DAJ-1013-07, suscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos en el cual indica que la afectación a Reserva Forestal de los terrenos que se encuentran inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hace que su afectación a Patrimonio Natural sea automática, estándole vedado otorgar títulos de propiedad a particulares…”. Por oficio OSO-278-2008, emitido por la Oficina Regional de Osa, se informó a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el nombre de las personas que acudieron a esa oficina a solicitar la titulación al amparo del acuerdo de la Junta Directiva no. 39, pero que no se generaron adjudicaciones debido a su derogatoria; entre ellos se encontraba la solicitud de don Dedrin y de su señora esposa, doña Adelia Valverde Vargas. Sin embargo, de diversos estudios se extrae que esta pareja no figura en las listas de los terrenos pagados dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce.  El señor Ortiz Beita, en forma conjunta formula un nuevo recurso de amparo donde se refieren al posible quebranto del principio de intangibilidad de los actos propios. Esa Sala, señaló que, si los amparados son beneficiarios del IDA o si tiene algún derecho de ocupación o propiedad con respecto a alguna parcela en el Asentamiento Campesino Osa derivado de un acto dictado directamente de la Junta Directiva o de la Oficina Regional del Instituto recurrido, deberá ser alegado en la vía ordinaria. No se acreditó la existencia de daño alguno causado a don Dedrin y a doña Adelia. En el marco de todo lo comentado, don Dedrin y su esposa doña Adelia, optan por acudir a la sede contenciosa en contra del Estado, del INDER y del SINAC, efectuando un reclamo de titulación o bien ser indemnizados al estimar estos que ostentan un derecho de posesión sobre la parcela no. 185, sector 7 del Asentamiento Campesino Osa que se encuentra comprendido en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Exigen en lo de interés a este recurso:  la nulidad del acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA no. 35 del 10 de noviembre de 2007, así como del acuerdo no. XXXIX (39) de la sesión no. 44-05 y el procedimiento administrativo creado en el año 2005. Pide, se deje sin efecto el proceso sumario administrativo para la entrega de escrituras en la Reserva Forestal Golfo Dulce, se le entreguen las escrituras como usucapiente y no sujeto a ninguna limitación de propiedad. Se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios y subsidiariamente al SINAC y al INDER al tenerlos prácticamente encarcelados con la prohibición y uso en el ejercicio de sus derechos desde el año 1979; además por el hecho de que no recibió incentivos forestales. Sumado a ello se les condene por el daño moral ocasionado y las costas. Las tres partes accionadas contestaron negativamente la demanda. Opusieron en común, las excepciones de falta de derecho, cosa juzgada constitucional y prescripción. El INDER y el SINAC formularon además la de caducidad, falta de legitimación activa, pasiva y de interés. El Tribunal al resolver por el fondo, dio inicio con un marco histórico relativo a las condiciones geográficas, sociales, económicas, ambientales e institucionales de la zona de Golfito y Osa.  Acto seguido, ofreció un amplio análisis en torno a la figura de la cosa juzgada constitucional, resaltando los pronunciamientos más relevantes en ese tema. Hizo ver que, la Sala Constitucional emitió el voto de mayoría no. 2014-12825 de las 15:05 horas del 6 de agosto de 2014 donde se introduce la categoría procesal de la cosa juzgada constitucional en contraposición con la ordinaria, y, donde se dice que tiene unos alcances muchos mas amplios que la simple coincidencia de sujeto, objeto y causa, pues su vinculatoriedad se extiende a la parte dispositiva y considerativa a los razonamiento jurídicos y presupuestos fácticos de la resolución; no siendo posible que ningún órgano jurisdiccional dicte un nuevo fallo sobre el mismo asunto.   En ese tanto, revisando las pretensiones de las partes accionantes, estimó que esos ruegos anulatorios numerados del 1 al 8 debían de ser rechazadas en razón de la excepción de la cosa juzgada constitucional interpuesta. Ello por cuanto ya la Sala Constitucional, al resolver los recursos planteados, emitió criterio sobre los aspectos contenidos en las pretensiones de cita, tales como la improcedencia de tener que acudir al proceso de lesividad ni la generación de derecho subjetivo alguno a favor de ningún interesado.  En lo que atañe a la excepción de prescripción y caducidad, explicaron los jueces que, con base en lo alegado por las accionantes, el plazo aplicable para reclamar es el estipulado en el numeral 868 del Código Civil y que para el reconocimiento de daños y perjuicios el punto de partida para el cálculo del plazo es del 1 de junio de 1968, fecha cuando se emitió el Decreto no. 8994-A donde se crea la Reserva Forestal de Golfo Dulce. Al respecto, explicaron los jueces, que, en principio según lo pretendido por los actores, el plazo prescriptivo no sería el decenal el aplicable sino el de 4 años previsto en el 198 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, apuntaron que, como lo que se está endilgando a los demandados es la responsabilidad de una conducta omisiva, relacionada con la obligación que establece el Decreto Ejecutivo 8494-A de indemnizar los terrenos reducidos a dominio particular que se encontraban dentro de la demarcación de esa reserva; la norma que corresponde aplicar es el artículo 40 párrafo primero del CPCA. Ello significa, que no opera la prescripción mientras los efectos de esa omisión se perpetúen en el tiempo. En ese tanto, al no acreditarse el cumplimiento de esas obligaciones, la omisión continua y la prescripción no podría operar. Igual suerte corre la caducidad. Ahora bien, en lo tocante al reclamo de titulación e indemnización iniciaron los jueces con un marco conceptual sobre la figura de la posesión. Luego, tiene por acreditada la posesión de don Dedrin de la parcela no. 185, sector 7. Sin embargo, explicaron, el actor pide que se titule a su nombre un terreno inmerso en una Reserva Forestal, zona que desde su creación lo definió como inalienable, lo que significa que el bien no puede ser transmitido o cedido porque existe un impedimento legal para hacerlo; de tal forma al estar los terrenos que se exigen se titulen en esa condición la pretensión de que puedan inscribirse por información posesoria, debe denegarse. En cuanto a la indemnización, dijeron quienes juzgaron que aún y cuando don Dedrin, no cumplió con el plazo decenal de posesión, tenía derecho a efectuar su reclamo indemnizatorio, el cual se le reconoció, pero a determinar mediante auxilio pericial en fase de ejecución de sentencia. Sobre el daño moral, los jueces no detectaron motivos que justificaran su reconocimiento. En suma, se acogió parcialmente la excepción de cosa juzgada constitucional respecto de las peticiones numeradas del 1 al 8 y se rechaza respecto a las restantes. Acoge la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por el INDER, se rechaza respecto del SINAC. Se acoge el daño material al ser competente el MINAE al pago de las indemnizaciones correspondientes, del valor fijado a la parcela no.185, sector 7 del Asentamiento Campesino Osa; además del pago de costas. Se rechaza la excepción de interés actual.  Luego de lo resuelto, la representación del SINAC y del Estado plantearon solicitud de aclaración y adición en el sentido de que los jueces tenían que tomar en consideración que la Dirección Forestal en la actualidad no forma parte de la estructura del MINAE, integrando en la actualidad sus competencias el SINAC como órgano desconcentrado que integra la materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, en apoyo de lo manifestado en los numerales 6 y 26 del Reglamento Orgánico. Decreto Ejecutivo no. 35669 del 4 de setiembre de 2009, en relación con el numeral 22 de la Ley de Biodiversidad no. 7788 del 23 de abril de 1998. Al resolver el Tribunal, hizo ver que la condenatoria al MINAE, se hizo en procura de no desobedecer lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución no. 2456-97 del 2 de mayo de 1997, la cual produjo cosa juzgada. Sin embargo, con fundamento en las reformas legales apuntadas, le da la razón al SINAC y al Estado y procede a corregir el error mencionado por lo que ordena eliminar la condenatoria a la Dirección General de Áreas de Conservación quedando en lo literal de la siguiente manera: “Se acoge parcialmente la excepción de cosa juzgada constitucional respecto de las pretensiones, 1 a 8 y se rechaza respecto de las restantes. Por haberse acogido parcialmente la excepción de cosa juzgada constitucional se omite pronunciamiento respecto de la nulidad del acto administrativo cuestionado y se rechaza la excepción de caducidad. Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por el INDER, se rechaza respecto del SINAC. Se rechaza de forma parcial la excepción de falta de derecho alegada por el Estado y el SINAC, respecto de la pretensión indemnizatoria, se acoge respecto del reclamo del daño material ya que le compete al MINAE a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación el pago de la indemnización correspondiente. Se rechaza la excepción de falta de derecho actual. Se declara parcialmente con lugar, entendiéndose denegada en lo no concedido, en consecuencia, se condena al Ministerio de Ambiente y Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a indemnizar al señor Dedrin Ortiz Beita y a la señora Adelia Valverde Vargas el valor fijado mediante auxilio pericial en fase de ejecución de sentencia de la parcela no. 185, sector 7 del Asentamiento Campesino de Osa (…). Una vez indemnizado el lote, el actor pierde todo derecho de posesión sobre el bien. Se rechaza el pago del daño moral y material reclamado. Son las costas a cargo de los demandados vencidos. Respecto del INDER se resuelve sin especial condenatoria en costas. Inconformes las tres partes accionadas recurren.

 

RECURSO DE CASACIÓN DEL INDER.

II.- El INDER formuló un amplio recurso. Sin embargo, en concreto, puede extraerse de su exposición, que la inconformidad gira en torno a un tema específico; sea la condena en costas. Por la forma como será resuelto este recurso, se abordarán únicamente dos de los cuatro agravios esbozados.  En el primero de tipo adjetivo, el casacionista aduce, existe una falta de motivación, en virtud de que no existe abundamiento de razones que den sustento a la decisión de declarar el asunto sin especial condenatoria en costas. Al respecto, debe indicarse que esta Sala ha referido, que el vicio alegado ocurre cuando el desarrollo del fallo es confuso o contradictorio, de forma que impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron de la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que llevaría a una vulneración del debido proceso. En la especie, esa ausencia de motivación no se observa. Claramente el Tribunal, aunque de manera muy escueta, explicó la razón por la cual resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas; exponiendo que, cuando el actor interpuso el proceso contra el INDER, pretendía la anulación del acuerdo dictado por la Junta Directiva de esa institución y que éste a su vez anuló el procedimiento de titulación. En ese tanto, se reitera, aún y cuando la motivación no fue la más extensa, el Tribunal sí explicó sus razones. Ahora bien, en lo que atañe al cargo de fondo, desde su perspectiva, al haber acogido el Tribunal la excepción de cosa juzgada constitucional, en lo concerniente a las pretensiones que vinculan al INDER, las partes actoras debían de ser consideradas vencidas en juicio; y, en razón de ello, debió de condenárseles al pago de costas a favor de ese instituto; de ahí que alegue quebranto del numeral 193 del CPCA. Al respecto debe indicar esta Cámara que el cargo tiene cabida, por las razones que se esbozarán. Esta Sala en reiterados precedentes, ha indicado que el numeral 193 del CPCA, establece el principio general, según el cual, las costas se imponen al vencido por el hecho de serlo y solo por vía de excepción en los casos previstos por el legislador es posible su dispensa. Ese pronunciamiento sobre costas, debe hacerse de oficio condenando al vencido a su pago. Por consiguiente, la condenatoria en principio se impone al perdidoso por el hecho de serlo. En la especie, expone el INDER, los actores resultaron perdidosos en lo concerniente a las pretensiones que le vinculaban; sean las numeradas que van del 1 al 8, así como la número 9, relacionada con el ruego de titulación de los terrenos. A la luz de lo resuelto en la resolución controvertida, en efecto, se advierte que las pretensiones que se plantearon contra el INDER, fueron rechazadas cuando fue acogida la excepción de cosa juzgada constitucional y la número nueve relativa a la titulación, fue denegada, toda vez que los terrenos forman parte del patrimonio natural del Estado; resultando éstos inembargables, inalienables e imprescriptibles. De ahí que la posesión por parte de particulares, no podría generar ni derecho alguno a su favor, ni podría adquirirse por una acción reivindicatoria dada su imprescriptibilidad. Bajo este escenario, es claro que no es dable aceptar la postura del Tribunal, de que existía suficiente motivo para litigar, toda vez que contra sus pretensiones fue acogida una excepción de cosa juzgada; al existir ya, un pronunciamiento constitucional que claramente daba una línea en torno al acuerdo en cuestión. Sumado a ello, era evidente, que, al pertenecer esos terrenos al patrimonio natural del Estado, no era viable pretender una titulación sobre estos. No obstante, el motivo que tiene más peso para conceder la razón al INDER en sus apreciaciones, es que fue acogida la excepción de falta de legitimación pasiva alegada en su momento; lo que significa que esa institución no debió ser parte accionada en esta litis y aun así las partes lo demandaron. Todo ello, deja claro que las partes accionantes carecían de razones de hecho y derecho para traer al INDER a litigar en un proceso que por las razones dichas; no era posible que prosperara. En esa línea, resulta patente que los actores fueron vencidos en la acción que plantearon y por ello, se justifica la orden de que sufraguen los costos del proceso en los que hubiese incurrido el INDER al litigar en esta contienda. Así, el recurso debe acogerse parcialmente, por ello, corresponde, rechazar de plano por el fondo el primer cargo de tipo procesal y acoger el segundo.

RECURSO DE CASACIÓN DEL SINAC

III.-Plantea un total de seis censuras. Cuatro de tipo sustancial. Dos de tipo adjetivo. Por una cuestión de orden se iniciará con los reclamos procesales. En el primero de esa clase, alega quebranto del numeral 137.h del CPCA, por transgresión de normas cuya inobservancia es sancionada con nulidad absoluta. Explica, uno de los aspectos relevantes para la integración de la litis es que la eventual sentencia se emita de forma útil y eficaz y que ésta no resulte inejecutable por no ser oponible a aquél que no participó del proceso. Al respecto, cita el oficio no. IRT-0152-2018 del 27 de febrero de 2018 suscrito por Jimmy Garita Hernández, Jefe de Información y Registros de Tierras del INDER, donde se informa de un traslape parcial del plano 355887-1996 con respecto a los predios del sector 7 numerados 152, 175, 183, 185 y 187. En lo tocante a esa información, expresa, el Tribunal omite referirse a esos datos conllevando un yerro porque no hay referencia alguna a la posesión que eventualmente exista respecto de terceros a quienes podría afectar lo resuelto en sentencia; toda vez que podría generarse duda respecto a que si otros ocupantes les asistiesen un mejor derecho frente a los actores. Tratándose de bienes demaniales expresa, lo correcto es que se revise ese aspecto, en virtud de que se está imponiendo la realización de un pago con carácter indemnizatorio. En el segundo cargo, de índole procesal, acusa, violación al debido proceso en virtud de inobservancia de las reglas relativas a la redacción de la sentencia. Refiere el Tribunal tiene por no demostrada, la existencia de los daños que se reclaman, sin embargo, de forma contradictoria en el dispositivo se le condena al reconocimiento de un daño material a favor de los actores.

RECURSO DE CASACIÓN DEL ESTADO

IV.- En su recurso, el Estado formula un total de 6 censuras. Cuatro de ellas de índole procesal. Las dos restantes por motivos de fondo. En lo tocante a las censuras de tipo procesal, se analizarán únicamente las que a continuación se sintetizarán.  En el primer agravio, acusa quebranto al principio de seguridad jurídica. Explica, los actores pretenden el otorgamiento de un título de propiedad sobre la parcela no. 185 del Asentamiento Campesino Osa Forestal, según ellos descrita en el plano no. P-355887 y en su defecto el pago del valor del terreno comprendido en ese plano, Sin embargo, apunta, del oficio no. IRT-152-2018 emitido por el INDER da cuenta de que se traslapan parcialmente en el citado plano las parcelas no. 152, 175, 183 y 187 que fueron censadas a nombre de otras personas. En el croquis adjuntado a ese oficio, refiere, se muestra cómo el plano excede el área correspondiente a la parcela no. 185; sobreponiéndose parcialmente a las parcelas antes mencionadas. Dicha situación, asegura, se la hizo ver esta representación al Tribunal; sin embargo, se ignora por parte de los jueces esa circunstancia. Desde su perspectiva, del croquis y del censo realizado en el año 1993, se evidencia que algunas partes del terreno pretendido por los actores han sido objeto de ocupación por otras personas a quienes la sentencia podría afectar en dos sentidos. En primer lugar, porque en la sentencia se declara al actor poseedor desde el año 1971 del terreno descrito en el plano no. P-355887, el cual comprende terrenos censados en el año 1993 a nombre de Flor Emilia Pérez Jiménez (parcela 152), Eleuterio Blanco Carranza y Feliciana Navas Beita (parcela no.175), Marlene Porras Villalobos y Didier Campos Varela (parcela no 183) y Hermógenes Herrera Rodríguez y Hugo Hernández Rodríguez (parcela no.187) y en segundo lugar porque la sentencia determina que el terreno en disputa es patrimonio natural del Estado. En conclusión, sostiene, la sentencia no puede afectar a quien no ha sido parte, pues para que esta tenga validez debe existir la intervención de los ocupantes de las parcelas que recaen en el plano del actor; dado que lo decidido incide sobre la esfera jurídica de estos. La segunda inconformidad está subdividida, por cuanto refiere existen en el fallo diversos aspectos que lo tornan contradictorio; en lo de interés a este recurso corresponde revisar las siguientes:  c) Refiere, se tiene por no probada la existencia de daños, pero se termina condenando a los accionados al pago de una indemnización, e) otro aspecto que califica de confuso, es que el Tribunal no tuvo por demostrado que don Dedrin, explotara el inmueble que posee, con un fin distinto a la protección del bosque (hecho no probado no. 2. No obstante, tiene por demostrado (hecho probado no. 2) a la luz de un oficio emitido por el Área de Conservación de Osa, que en los libros de actas donde se registran los permisionarios para aprovechamiento forestal en las modalidades de: madera caída, inventario forestal, certificado de origen, el actor aparece registrado como permisionario en los años 1996, 1997 y 2000,

V.-Ambas partes recurrentes, plantearon censuras de naturaleza sustancial, no obstante, por la forma por cómo será resuelto el presente asunto se abordarán únicamente los argumentos de ambas partes de corte adjetivo que sean atinentes al recurso y a la forma como se resolverá. Si se observa con detenimiento la síntesis que esta Sala hace de los reclamos propuestos tanto por el SINAC cuanto por el Estado; puede determinarse con claridad que una y otra  parte, coinciden en que el fallo controvertido adolece de un vicio en la fundamentación por contradicciones graves en su sustanciación. Esta Cámara luego de una revisión minuciosa en un asunto de alta complejidad como el presente, logra determinar que los reproches planteados tienen cabida y procede su análisis por el fondo y su correspondiente resolución. Esta Cámara, en reiterados precedentes ha dicho que la falta de motivación, como agravio susceptible de ser revisado mediante el recurso extraordinario de casación en los términos del canon 137 inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo, surge cuando la motivación del fallo es omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto el desarrollo (contenido en la misma) resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el iter procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. La falta de motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes (principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el 155 del Código Procesal Civil). No se trata de determinar si el juzgador se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que el fallo cuente con fundamentos suficientes y claros sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. En la especie, observa esta Sala que los jueces si bien expusieron de forma amplia las razones por las cuales procedía en su criterio el reconocimiento de una indemnización a los actores; lo cierto es que si evidencian contradicciones graves entre lo consignado en los hechos que se tuvieron por no demostrados y lo que al final de cuentas resuelven los jueces. Ello específicamente en lo que concierne a reconocimiento de los daños. En efecto, el Tribunal en el hecho no probado número 3, claramente expresa no haber tenido por demostrado que se hubiesen causado  los daños que reclaman los actores; no obstante, en el dispositivo del fallo se conceden como si se hubiera tenido por constatada su existencia. Otro aspecto que advierte el Estado, es que tampoco el Tribunal tuvo por demostrado en el punto de ese acápite, que don Dedrin, explotara el inmueble que posee con un fin distinto a la protección del bosque; no obstante si se remite a la lectura del hecho demostrado no. 48, los jueces consignan que está verificado, que dicho señor aparecía en los libros como permisionario de aprovechamiento forestal en las modalidades de: caída, inventario forestal y certificado de origen. A esta Sala no le cabe la menor duda, que tales divergencias afectan el derecho de defensa de las partes a la luz de lo que prevé el numeral 137.b y el 220 del CPCA que remite al numeral 69.2.3 del nuevo Código Procesal Civil. Ello toda vez que, si bien cuentan los objetantes con un dispositivo que les impone una condena, así como las  razones que se tuvieron para imponerla; lo cierto es que se advierte el contrasentido que existe con lo que los jueces tuvieron por demostrado en el proceso. No existe una coincidencia entre lo que no se tuvo por acreditado y lo que al final se otorgó; lo que claramente confunde al lector y por ende vicia gravemente la fundamentación de la sentencia. Así, corresponde imponer la orden de nulidad en el citado aspecto controvertido. En ese marco, es lo procedente, acoger los recursos planteados en cuanto a las censuras aquí resueltas. Por innecesario y por la forma que este recurso se está resolviendo, se omite pronunciamiento en cuanto al resto de las inconformidades planteadas.

VI.-SOBRE LA POSIBLE DEFICIENCIA EN LA COMPOSICIÓN DE LA LITIS: Tanto el Estado cuanto el SINAC, advierten de un posible quebranto a los numerales 106 del anterior CPC y del 71.1, 2 y 138.d del CPCA; en el tanto aseguran podrían existir terceros interesados en el reclamo planteado por el actor, lo que implicaría decidir sobre la correcta integración de la litis. Los quejosos aseguran tal circunstancia, de la información que consta en el escrito emitido por el INDER de fecha 14 de marzo de 2018 y que se encuentra visible en el escritorio virtual, donde en el punto no. 2.d hace ver al Tribunal que luego de los estudios topográficos realizados se evidencia un traslape parcial del plano aportado por el actor con respecto a los predios no. 152, 175, 183, 185 y 187. Tal situación es reiterada por el Estado en el escrito que tiene la misma data y que es visible también en los archivos digitales, donde en el punto 2, reitera a los jueces la superposición parcial que existe del terreno en disputa con otras parcelas. Así, por la forma como será resuelto este asunto, lo correspondiente en cuanto a este reclamo, es advertir nuevamente al Tribunal sobre el punto en concreto, a fin de que a la luz de la prueba que consta en autos, resuelva conforme a derecho el punto referido a una eventual necesidad de integrar correctamente la litis. 

VII.-En consecuencia, corresponde entonces declarar con lugar los recursos planteados por el INDER, el SINAC y el Estado. Se casa la sentencia de forma parcial. Resolviendo por el fondo, se anula la decisión de declarar el asunto sin especial condenatoria en costas con respecto al INDER y en su lugar, condenar al actor al pago de los estipendios por costas en cuanto a esa parte, por verificarse la ausencia de motivos suficientes para litigar en contra de ese instituto. Por otra parte, en razón de los vicios en la fundamentación detectados, corresponde anular únicamente lo resuelto por el Tribunal en cuanto a la indemnización otorgada a los accionantes y la condena en costas impuesta al Estado y al SINAC; en su lugar reenvíese el asunto para sean resueltas conforme a derecho las incorrecciones aquí observadas, así como la valoración de una eventual integración de la litis. Al no existir objeción en cuanto a lo resuelto respecto de las pretensiones numeradas del 1al 9 así como de las excepciones planteadas; lo resuelto debe mantenerse. Por innecesario se omite pronunciamiento en torno al resto de los agravios planteados por el INDER, SINAC y el Estado. 

 

POR TANTO

 Se declaran con lugar los recursos planteados por el INDER, el SINAC y el Estado. Se casa la sentencia de forma parcial. Resolviendo por el fondo, se anula la decisión de declarar el asunto sin especial condenatoria en costas, con respecto al INDER, y en su lugar, condenar al actor al pago de los estipendios por costas, por verificarse la ausencia de motivos suficientes para litigar en contra de ese Instituto en esta litis. Por vicios en la fundamentación, corresponde anular únicamente lo resuelto por el Tribunal en cuanto a la indemnización otorgada a los accionantes y la condena en costas impuesta al Estado y al SINAC; en su lugar reenvíese el asunto para sean resueltas conforme a derecho las incorrecciones aquí observadas, así como la valoración de una eventual integración de la litis.   Se mantiene lo resuelto por el Tribunal en lo tocante a las pretensiones numeradas del 1 al 9 inclusive y en lo tocante a las excepciones opuestas. Por innecesario se omite pronunciamiento en torno al resto de los agravios planteados por el INDER, SINAC y el Estado; en sus respectivos recursos. LTREJOSA

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	

 

	

Ana Isabel Vargas Vargas

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 RPDE1W6KLAK61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:49:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Resolution No. 02528 - 2022

Date of Resolution: November 29, 2022 at 09:22

Case File: 15-008145-1027-CA

Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Analyzed by: SALA PRIMERA

Text of the resolution



Exp: 15-008145-1027-CA

Res. 002528-F-S1-2022

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-two minutes on the twenty-ninth of November of two thousand twenty-two.

Ordinary proceeding filed before the eighth section of the Tribunal Contencioso Administrativo, composed of judges Laura García Carballo, Rosa Cortés Morales, and Jonatán Canales Hernández. Brought by Dedrin Ortiz Beita and Adelia Valverde Vargas against the State, INDER, and SINAC, represented by Susana Fallas Cubero, Nathanael Barrantes Azofeifa, and Gidgett Ramírez Hernández, respectively. All three defendant parties appealed to this Chamber against ruling no. 30-2018 of 1:00 p.m. on April 4, 2018, issued by the aforementioned Court.

Justice Rivas Loáiciga drafts

I.- In light of the facts that were held as proven, on November 20, 1974, Compañía Osa Productos Forestales Sociedad Anónima (hereinafter Osa Productos) and the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) established an agreement to offer a just and adequate solution to the existing conflicts between farmers and occupants of the plots located within the properties owned by Osa Productos. The idea was to provide those occupants who qualified as precarious possessors (poseedores en precario) of economically exploitable lands, to recognize the fair value of improvements to those who did not meet that qualification, and to open new sources of work for established owners in the region and their families. That qualification (precarious possessors (poseedores en precario)) would be attained by those farmers lacking their own land, registered or unregistered, who, at the date the conflict was brought before ITCO, demonstrate having performed stable and effective acts of possession as owners in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner for more than one year; all based on the censuses conducted by ITCO. By April 28, 1978, through Decreto Ejecutivo no. 8494, the Reserva Forestal de Golfo Dulce was created, whose area would comprise a total of 84,538 hectares and 1,875 square meters; the national lands within that delimitation were declared inalienable, with the express prohibition of tree felling, hunting and capture of animals, and in general any type of agricultural, livestock, industrial, commercial, or exploitation activity. It was ordered that registered properties with ten-year or precarious possession (posesión decenal o precaria) within the limits of the Reserve would automatically be subject to the Forest Regime (Régimen Forestal). Likewise, it was determined that the Dirección General Forestal would manage the direct purchase or expropriation of the lands reduced to private domain that were within the Reserve's demarcation, and that the resettlement of occupants with more than 10 years of possessing lands within the Reserve would be done with the intervention of ITCO. Subsequently, by means of Decreto Ejecutivo no. 10142-A, an approximate surface area of 84,538 hectares corresponding to lands with agricultural suitability that were encompassed within the Reserva Forestal de Golfo Dulce was excluded from that reserve. Thus, by Decreto no. 10.088-G-H, later amended by Decreto 10244, the expropriation of the farms was ordered for the purpose of executing the Government's plan to carry out the peasant settlement (asentamientos campesinos) program, and with the agreement of the companies "Osa Productos Forestales" whose name changed to "Agroindustrial Rincón Sociedad Anónima," their farms were expropriated, which were consolidated and ended up forming a single agricultural-forestry unit where the registered folio real no. 39,334-000 was constituted and in which the Asentamiento Campesino Osa was created. Based on the foregoing account, ITCO's Board of Directors agreed to the allocation of lots in various projects, among which is the Osa Forestal Project; "because the allottees meet the legal conditions and requirements to be issued the corresponding supplemental certificate of title (título supletorio de dominio)…". Thus, by public deed issued in 1980, ITCO is recorded as the registered owner of farm 39,334, and in that same act, lots that are lands for agriculture were segregated and transferred to a series of farmers, and it is stated that the plots are automatically subject to the Forest Regime (Régimen Forestal). In the list of beneficiaries, the name of Mr. Dedrin Ortiz Beita does not appear, nor his plot number. What is evident is that, in September 1996, MINAE granted visa no. 153596 on the plan submitted by said gentleman, based on the location appearing on the plan, to the property located in the Golfo Dulce Reserve; therefore, the Catastro Nacional proceeded to register it under number 355887-96. Given an alleged interruption in the titling process and non-compliance with the provisions of Decreto Ejecutivo 8494-A, the affiliates of the union SIPRIACO (Sindicato de Productores Independientes del Cantón de Osa) were motivated to file an amparo appeal before the Sala Constitucional against the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (MINAE). Thus, in 1997, by resolution no. 2456-97 of the Sala Constitucional, said appeal was heard. They alleged that their members' situation was critical because they were not allowed to carry out agricultural, commercial, industrial, or livestock activities on their plots, their rights had been limited, and they had not been expropriated as required by law. That Chamber verified that the administrative authorities appealed had not proceeded to prepare the census that would define who were the owners or possessors of those lands; without consolidating the situation of the appellants and the State. Therefore, the appeal was granted, and the State was ordered to prepare the census and begin the expropriation process. In compliance with that court order, MINAE sent to that Chamber the result of the partial census conducted on 659 occupants, which includes the members of SIPRAICO and where the name of Mr. Dedrin Ortiz Beita is included, without any specification of plan number, area, or location. It is recorded that Mr. Dedrin signed a contract with FONAFIFO for the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales), forest protection modality; where he committed to executing a conservation project in the area he holds as a possessor and IDA allottee within farm no. 39334-000. He obligated himself that, in exchange for ₡87,000.00 per hectare, he would protect the forest, biodiversity, natural scenic beauty, water, watersheds, and avoid greenhouse gas emissions. Subsequently, the respective procedures for land titling were established. On November 25, 2005, the head of the Osa Subregional Office informed Mr. Dedrin Ortiz Beita that he appears registered as a beneficiary of IDA, in the capacity of occupant for more than 33 years of plot no. 185, sector 7 of the Asentamiento Campesino de Osa. In turn, Mr. Dedrin reports that he acquired his farm from Mr. Pedro Nolasco García in 1971 and that he has exercised the property for more than 46 years in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner. From various studies conducted, it was found that some areas of the Reserva Forestal Golfo Dulce were critically affected by social and economic problems. Furthermore, it was determined that MINAE, and not IDA, was the competent body to resolve the issue of granting land in the area. In fact, the Procuraduría reiterated that the cited reserve constitutes natural heritage (patrimonio natural) of the State and that therefore MINAE (according to what was stated by the Sala Constitucional) would be responsible for initiating the purchase or expropriation process, offering owners to voluntarily submit to the forest regime (régimen forestal), or designing a land exploitation plan while the procedure lasted. Non-compliance by IDA was observed regarding situations related to the invasion of protection areas and constructions in the settlements, where effective protection of natural resources was not provided by changing land use (cambio de uso del suelo) in the protection areas of the reserves. Additionally, a refusal by IDA to transfer the farms to MINAE was detected, and the existence of areas belonging to the forest reserve that had been parceled out and allotted despite the legal and technical impossibility. Given the situations presented, Mr. Dedrin, among other appellants, again appealed to the Sala Constitucional against IDA, its Administrative Board, and the Executive Presidency; stating that they be ordered to title the plots they occupy, since at the time they were expropriated from Osa Productos Forestales, there was no pronouncement regarding the impossibility of titling. That Chamber considered that there is a material impossibility for the respondents to title lands within the forest reserve because such a procedure would be unconstitutional; hence it declared the appeal improper without prejudice to the appellants being able to initiate in ordinary jurisdiction the actions they deem appropriate against the respondents. By December 19, 2007, the IDA Board of Directors adopted agreement no. 35, which revoked agreement no. 39 of 2005, where it expressly stated: "Based on what is set forth in official letter DAJ-1013-07, signed by the Legal Affairs Directorate, which indicates that the Forest Reserve designation (afectación a Reserva Forestal) of the lands registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario automatically designates them as Natural Heritage (Patrimonio Natural), making it prohibited to grant property titles to individuals…". By official letter OSO-278-2008, issued by the Regional Office of Osa, the Legal Affairs Directorate was informed of the names of the persons who came to that office to request titling under Board of Directors agreement no. 39, but for which allotments were not generated due to its repeal; among them was the request of Mr. Dedrin and his wife, Mrs. Adelia Valverde Vargas. However, from various studies, it is gleaned that this couple does not appear on the lists of lands paid for within the Reserva Forestal Golfo Dulce. Mr. Ortiz Beita, jointly, filed a new amparo appeal where they referred to the possible violation of the principle of intangibility of one's own acts. That Chamber noted that if the protected parties are IDA beneficiaries or have any right of occupation or property regarding any plot in the Asentamiento Campesino Osa derived from an act directly issued by the Board of Directors or the Regional Office of the defendant Institute, it must be claimed in the ordinary courts. The existence of any damage caused to Mr. Dedrin and Mrs. Adelia was not proven. Within the framework of all that has been commented on, Mr. Dedrin and his wife Mrs. Adelia chose to appear before the contentious-administrative venue against the State, INDER, and SINAC, filing a claim for titling or to be compensated, as they consider they hold a right of possession (posesión) over plot no. 185, sector 7 of the Asentamiento Campesino Osa, which is encompassed within the Reserva Forestal Golfo Dulce. They demand, in matters of interest to this appeal: the annulment of the agreement taken by the IDA Board of Directors no. 35 of November 10, 2007, as well as agreement no. XXXIX (39) of session no. 44-05 and the administrative procedure created in 2005. They request that the summary administrative process for the delivery of deeds in the Reserva Forestal Golfo Dulce be set aside, that the deeds be delivered to them as a usucapient (usucapiente) and not subject to any property limitation. The State be ordered to pay damages and losses, and subsidiarily, SINAC and INDER, for having them practically imprisoned with the prohibition and use in the exercise of their rights since 1979; also for the fact that they did not receive forestry incentives. In addition, they be ordered to pay for the moral damages (daño moral) caused and costs. The three defendant parties answered the complaint in the negative. They jointly raised the defenses of lack of right, constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), and statute of limitations (prescripción). INDER and SINAC also raised the defenses of lapse (caducidad), lack of active and passive standing (legitimación activa, pasiva), and lack of interest. The Court, in its ruling on the merits, began with a historical framework regarding the geographical, social, economic, environmental, and institutional conditions of the Golfito and Osa area. It then offered a broad analysis of the concept of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), highlighting the most relevant pronouncements on that subject. It noted that the Sala Constitucional issued majority vote no. 2014-12825 of 3:05 p.m. on August 6, 2014, which introduces the procedural category of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) in contrast to the ordinary, and which states that it has much broader scopes than simply matching subject, object, and cause, because its binding nature extends to the operative part and the reasoning part, to the legal reasoning and factual assumptions of the resolution; making it impossible for any jurisdictional body to issue a new ruling on the same matter. Therefore, reviewing the claims of the plaintiffs, it considered that those annulment pleas numbered 1 through 8 had to be rejected due to the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) interposed. This is because the Sala Constitucional, when resolving the appeals filed, already issued a criterion on the aspects contained in the aforementioned claims, such as the impropriety of having to resort to a lesividad (lesividad) process or the generation of any subjective right in favor of any interested party. Regarding the defenses of statute of limitations (prescripción) and lapse (caducidad), the judges explained that, based on what was alleged by the plaintiffs, the applicable period to claim is that stipulated in numeral 868 of the Civil Code and that for the recognition of damages and losses, the starting point for calculating the period is June 1, 1968, the date when Decreto no. 8994-A was issued creating the Reserva Forestal de Golfo Dulce. In this regard, the judges explained that, in principle, according to what the plaintiffs sought, the applicable statute of limitations period would not be the ten-year one, but the 4-year period provided in Article 198 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). However, they noted that, as what is being attributed to the defendants is the responsibility for an omission, related to the obligation established by Decreto Ejecutivo 8494-A to compensate for lands reduced to private domain that were within the demarcation of that reserve, the applicable norm is Article 40, first paragraph, of the CPCA. This means that the statute of limitations (prescripción) does not operate as long as the effects of that omission are perpetuated in time. Therefore, as the fulfillment of those obligations was not proven, the omission continues, and the statute of limitations (prescripción) could not operate. The same fate applies to lapse (caducidad). Now, regarding the claim for titling and compensation, the judges began with a conceptual framework of the concept of possession (posesión). Then, they considered the possession (posesión) of Mr. Dedrin of plot no. 185, sector 7, as proven. However, they explained, the plaintiff requests that land immersed in a Forest Reserve (Reserva Forestal) be titled in his name, a zone that since its creation was defined as inalienable, which means the property cannot be transmitted or transferred because there is a legal impediment to do so; thus, since the lands demanded to be titled are in that condition, the claim that they can be registered by possessory information (información posesoria) must be denied. As for compensation, those who judged stated that even though Mr. Dedrin did not meet the ten-year possession (posesión) period, he had the right to make his compensation claim, which was recognized, but to be determined through expert assistance in the sentence execution phase. Regarding moral damages (daño moral), the judges did not detect reasons that would justify its recognition. In summary, the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) was partially upheld with respect to petitions numbered 1 through 8 and rejected regarding the remaining ones. The defense of lack of passive standing (legitimación pasiva) alleged by INDER is upheld, and it is rejected regarding SINAC. Material damage (daño material) is upheld, with MINAE being responsible for the payment of the corresponding compensation, of the value set for plot no. 185, sector 7 of the Asentamiento Campesino Osa; in addition to the payment of costs. The defense of current interest is rejected. After the ruling, the representation of SINAC and the State filed a request for clarification and addition in the sense that the judges had to take into consideration that the Forestry Directorate is currently not part of MINAE's structure, its competencies currently being integrated by SINAC as a deconcentrated body that encompasses forestry, wildlife, and protected areas, in support of what is stated in numerals 6 and 26 of the Organic Regulation. Decreto Ejecutivo no. 35669 of September 4, 2009, in relation to numeral 22 of the Ley de Biodiversidad no. 7788 of April 23, 1998. When resolving, the Court noted that the ruling against MINAE was made in an effort not to disobey what was ordered by the Sala Constitucional in resolution no. 2456-97 of May 2, 1997, which produced res judicata (cosa juzgada). However, based on the legal reforms noted, it found in favor of SINAC and the State and proceeded to correct the mentioned error, ordering the elimination of the ruling against the Dirección General de Áreas de Conservación, leaving it literally as follows: "The defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) is partially upheld regarding claims 1 through 8 and rejected regarding the remaining ones. Because the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) has been partially upheld, a ruling regarding the annulment of the challenged administrative act is omitted, and the defense of lapse (caducidad) is rejected. The defense of lack of passive standing (legitimación pasiva) alleged by INDER is upheld, and it is rejected regarding SINAC. The defense of lack of right alleged by the State and SINAC is partially rejected regarding the compensation claim, and it is upheld regarding the claim for material damage (daño material) since MINAE, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, is responsible for the payment of the corresponding compensation. The defense of lack of current right is rejected. It is partially granted, being understood as denied in what was not granted, consequently, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is ordered to compensate Mr. Dedrin Ortiz Beita and Mrs. Adelia Valverde Vargas the value set through expert assistance in the sentence execution phase of plot no. 185, sector 7 of the Asentamiento Campesino de Osa (…). Once the lot is compensated, the plaintiff loses all rights of possession (posesión) over the property. The payment of the claimed moral damages (daño moral) and material damages (daño material) is rejected. Costs are to be borne by the losing defendants. Regarding INDER, the matter is resolved without a special ruling on costs. Dissatisfied, all three defendant parties appeal.

RECURSO DE CASACIÓN OF INDER.

II.- INDER formulated a comprehensive appeal. However, specifically, it can be extracted from its exposition that the disagreement revolves around a specific topic; that is, the ruling on costs. Due to the manner in which this appeal will be resolved, only two of the four grievances outlined will be addressed. In the first, of adjective nature, the appellant argues there is a lack of reasoning, by virtue of there being no abundance of reasons that support the decision to declare the matter without a special ruling on costs. In this regard, it must be indicated that this Chamber has stated that the alleged defect occurs when the development of the ruling is confusing or contradictory, in such a way as to prevent clarity regarding the reasoning that derived from the decision adopted in the operative part of the judgment, which would lead to a violation of due process. In the present case, that absence of reasoning is not observed. The Court clearly, although very succinctly, explained the reason why it resolves the matter without a special ruling on costs; stating that, when the plaintiff brought the process against INDER, they were seeking the annulment of the agreement dictated by the Board of Directors of that institution, which in turn annulled the titling procedure. Therefore, it is reiterated, even though the reasoning was not the most extensive, the Court did explain its reasons. Now, regarding the substantive claim, from its perspective, as the Court upheld the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) concerning the claims linking INDER, the plaintiffs should have been considered defeated in the lawsuit; and, because of that, they should have been ordered to pay costs in favor of that institute; hence it alleges a violation of numeral 193 of the CPCA. In this regard, this Chamber must indicate that the claim is valid, for the reasons that will be outlined. This Chamber, in repeated precedents, has indicated that numeral 193 of the CPCA establishes the general principle according to which costs are imposed on the losing party for the fact of being so, and only by way of exception in cases provided for by the legislator is their dispensation possible. That ruling on costs must be made ex officio, condemning the losing party to pay them. Consequently, the ruling in principle is imposed on the losing party for the fact of being so. In the specific case, INDER explains, the plaintiffs were defeated regarding the claims that linked them; namely, those numbered from 1 to 8, as well as number 9, related to the plea for the titling of the lands. In light of what was resolved in the contested ruling, it is indeed noted that the claims brought against INDER were rejected when the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) was upheld, and number nine relating to titling was denied, since the lands form part of the State's natural heritage (patrimonio natural); being therefore unseizable (inembargables), inalienable (inalienables), and imprescriptible (imprescriptibles). Hence, possession by private individuals could not generate any right in their favor, nor could it be acquired through a revendication action given its imprescriptibility (imprescriptibilidad). Under this scenario, it is clear that the Court's position that there was sufficient reason to litigate cannot be accepted, since a defense of res judicata (cosa juzgada) was upheld against their claims; there already being a constitutional pronouncement that clearly provided a guideline regarding the agreement in question. In addition, it was evident that, as those lands belong to the State's natural heritage (patrimonio natural), it was not viable to seek titling over them. However, the reason that carries the most weight to grant INDER's point is that the defense of lack of passive standing (legitimación pasiva) raised at the time was upheld; which means that this institution should not have been a defendant in this litigation and yet the parties sued it. All of this makes it clear that the plaintiffs lacked factual and legal reasons to bring INDER into litigation in a process that, for the reasons stated, could not succeed. In this line, it is evident that the plaintiffs were defeated in the action they brought, and therefore, the order for them to bear the costs of the process that INDER would have incurred in litigating this dispute is justified. Thus, the appeal must be partially granted; therefore, it is appropriate to outright deny on the merits the first procedural claim and uphold the second.

RECURSO DE CASACIÓN OF SINAC

III.- It raises a total of six censures. Four of a substantial nature. Two of an adjective nature. For the sake of order, we will begin with the procedural claims. In the first of this type, it alleges a violation of numeral 137.h of the CPCA, due to the transgression of norms whose non-observance is punishable by absolute nullity. It explains that one of the relevant aspects for the integration of the litigation is that the eventual judgment is issued in a useful and effective manner and that it does not turn out to be unenforceable because it is not opposable against someone who did not participate in the process. In that regard, it cites official letter no. IRT-0152-2018 of February 27, 2018, signed by Jimmy Garita Hernández, Head of Land Information and Registries of INDER, which reports a partial overlap of plan 355887-1996 with respect to sector 7 properties numbered 152, 175, 183, 185, and 187. Regarding that information, it states that the Court omits referring to that data, leading to an error because there is no reference whatsoever to the possession (posesión) that might exist regarding third parties who could be affected by what was resolved in the judgment; as doubt could arise as to whether other occupants might have a better right over the plaintiffs. It states that, dealing with public domain assets (bienes demaniales), the correct approach is to review that aspect, given that a payment of a compensatory nature is being imposed. In the second claim, of a procedural nature, it accuses a violation of due process by virtue of non-observance of the rules relating to the drafting of the sentence. It asserts the Court holds as not proven the existence of the damages claimed; however, contradictorily, in the operative part, it is ordered to recognize material damage (daño material) in favor of the plaintiffs.

RECURSO DE CASACIÓN OF THE STATE

IV.- In its appeal, the State formulates a total of 6 censures. Four of them of a procedural nature. The remaining two on substantive grounds. Regarding the procedural censures, only those synthesized below will be analyzed. In the first grievance, it accuses a violation of the principle of legal certainty. It explains that the plaintiffs seek the granting of a property title over plot no. 185 of the Asentamiento Campesino Osa Forestal, as they describe it in plan no. P-355887, and failing that, the payment of the value of the land encompassed in that plan. However, it points out that official letter no. IRT-152-2018 issued by INDER reports that plots no. 152, 175, 183, and 187, which were censused in the name of other persons, partially overlap in the cited plan. In the sketch attached to that official letter, it argues, it is shown how the plan exceeds the area corresponding to plot no. 185; partially overlapping the previously mentioned plots. This situation, it assures, was pointed out by this representation to the Court; however, that circumstance is ignored by the judges. From its perspective, from the sketch and the census conducted in 1993, it is evident that some parts of the land sought by the plaintiffs have been subject to occupation by other persons whom the judgment could affect in two ways. First, because the judgment declares the plaintiff as possessor (poseedor) since 1971 of the land described in plan no. P-355887, which comprises lands censused in 1993 in the name of Flor Emilia Pérez Jiménez (plot 152), Eleuterio Blanco Carranza and Feliciana Navas Beita (plot no. 175), Marlene Porras Villalobos and Didier Campos Varela (plot no. 183), and Hermógenes Herrera Rodríguez and Hugo Hernández Rodríguez (plot no. 187); and second, because the judgment determines that the disputed land is State natural heritage (patrimonio natural). In conclusion, it maintains that the judgment cannot affect someone who has not been a party, as for it to be valid, the intervention of the occupants of the plots falling within the plaintiff's plan must exist; given that the decision impacts their legal sphere. The second disagreement is subdivided, as it refers to various aspects in the ruling that make it contradictory; in matters of interest to this appeal, the following must be reviewed: c) It states that the existence of damages is held as not proven, but it ends up condemning the defendants to the payment of compensation; e) another aspect it describes as confusing is that the Court did not hold as proven that Mr. Dedrin exploited the property he possesses for a purpose other than forest protection (unproven fact no. 2). However, it holds as proven (proven fact no. 2), in light of an official letter issued by the Área de Conservación de Osa, that in the minute books where permitholders for forest use (aprovechamiento forestal) are registered in the modalities of: fallen timber, forest inventory, certificate of origin, the plaintiff appears registered as a permitholder in the years 1996, 1997, and 2000.

V.- Both appealing parties raised censures of a substantial nature; however, due to the manner in which this matter will be resolved, only the adjective arguments from both parties that are pertinent to the appeal and the way it will be resolved will be addressed.

If the summary that this Chamber makes of the claims raised by both SINAC and the State is carefully observed, it can be clearly determined that both parties agree that the contested judgment suffers from a defect in its reasoning due to serious contradictions in its substantiation. This Chamber, after a meticulous review in a matter of high complexity such as the present one, is able to determine that the objections raised have merit and it is appropriate to analyze them on the merits and issue the corresponding resolution. This Chamber, in repeated precedents, has stated that the lack of reasoning, as an injury subject to review through the extraordinary cassation appeal under the terms of canon 137, subsection d) of the Contentious Administrative Procedure Code, arises when the judgment’s reasoning is omitted, either because it is totally absent, or because the development (contained therein) is extremely confusing or contradictory, in such a way that it prevents clarity as to the reasoning that led to the decision adopted in the operative part of the judgment, which would violate the procedural rights of the parties, in particular, due process. Likewise, it must be borne in mind that this is a ground of a procedural nature, which implies that it pertains to potential non-compliance with the adjective provisions that regulate the procedural iter or the judgment, as well as the legal relationship that binds the parties and the judge within the framework of a judicial process, and from which rights and obligations derive. Thus, this ground should not be confused with a mechanism to enter into a discussion of the application of the law or the assessment of the evidence carried out by the lower court (A quo) in the recital part of the judgment, for which the procedural Code establishes independent grounds (article 138), since otherwise the specific cassation ground would be denaturalized. The lack of reasoning as a ground for quashing the judgment, in the terms that have been discussed, occurs when the rule that provides for the judge’s duty to analyze the procedural incidents and substantive issues raised by the parties is violated (a principle of procedural law, integral to due process, and which, moreover, is materialized in ordinals 119 and 122, subsection m) of the Contentious Administrative Procedure Code, as well as 155 of the Civil Procedure Code). It is not a matter of determining whether the judge ruled on all the claims incorporated into the process by the parties, but on the contrary, that the judgment has sufficient and clear grounds upon which the corresponding decision was adopted. In the specific case, this Chamber observes that although the judges broadly set forth the reasons why, in their opinion, the recognition of compensation to the plaintiffs was appropriate, the truth is that serious contradictions are evident between what was stated in the facts that were held not proven and what the judges ultimately resolve. This specifically concerns the recognition of damages. In effect, the Tribunal, in unproven fact number 3, clearly states that it did not hold it proven that the damages claimed by the plaintiffs had been caused; nevertheless, in the operative part of the judgment they are granted as if their existence had been verified. Another aspect that the State points out is that the Tribunal also did not hold it proven in that section that Mr. Dedrin exploited the property he possesses for a purpose other than forest protection; however, if one refers to the reading of proven fact no. 48, the judges state that it is verified that said gentleman appeared in the books as a permit holder for forest use (aprovechamiento forestal) in the modalities of: fallen timber, forest inventory, and certificate of origin. This Chamber has no doubt whatsoever that such divergences affect the right of defense of the parties in light of what is provided for in numeral 137.b and 220 of the CPCA, which refers to numeral 69.2.3 of the new Civil Procedure Code. This is because, although the objectors have an operative part that imposes a condemnation on them, as well as the reasons that were held for imposing it, the truth is that the contradiction that exists with what the judges held as proven in the process is apparent. There is no coincidence between what was not held as accredited and what was ultimately granted, which clearly confuses the reader and therefore seriously vitiates the reasoning of the judgment. Thus, it is appropriate to impose the order of nullity on the cited disputed aspect. Within this framework, it is appropriate to grant the appeals filed with respect to the objections resolved here. As it is unnecessary and due to the manner in which this appeal is being resolved, a ruling is omitted regarding the rest of the disagreements raised.

VI.- ON THE POSSIBLE DEFICIENCY IN THE COMPOSITION OF THE LITIS: Both the State and SINAC warn of a possible breach of numerals 106 of the former CPC and 71.1, 2, and 138.d of the CPCA, insofar as they assert that there could be interested third parties in the claim raised by the plaintiff, which would imply deciding on the correct integration of the litis. The complainants base this circumstance on the information contained in the brief issued by INDER dated March 14, 2018, which is visible in the virtual desktop, where in point no. 2.d it makes the Tribunal aware that after the topographic studies carried out, a partial overlap is evident between the map provided by the plaintiff and properties no. 152, 175, 183, 185, and 187. This situation is reiterated by the State in the brief bearing the same date and which is also visible in the digital files, where in point 2, it reiterates to the judges the partial overlap that exists between the disputed land and other parcels. Thus, given the manner in which this matter will be resolved, what is appropriate regarding this claim is to again alert the Tribunal to the specific point, so that in light of the evidence contained in the case file, it resolves in accordance with the law the point referring to a possible need to correctly integrate the litis.

VII.- Consequently, it is therefore appropriate to grant the appeals filed by INDER, SINAC, and the State. The judgment is partially quashed. Resolving on the merits, the decision to declare the matter without special condemnation for costs with respect to INDER is annulled, and in its place, the plaintiff is condemned to pay the cost stipends with regard to that party, since the absence of sufficient grounds to litigate against that institute is verified. On the other hand, due to the defects in the reasoning detected, it is appropriate to annul only the Tribunal’s resolution regarding the compensation granted to the plaintiffs and the condemnation for costs imposed on the State and SINAC; in its place, the matter is remanded so that the incorrect aspects observed here, as well as the assessment of a possible integration of the litis, are resolved in accordance with the law. Since there is no objection to what was resolved regarding claims numbered 1 through 9 as well as the exceptions raised, what was resolved shall be upheld. As it is unnecessary, a ruling is omitted regarding the rest of the grievances raised by INDER, SINAC, and the State.

POR TANTO

The appeals filed by INDER, SINAC, and the State are granted. The judgment is partially quashed. Resolving on the merits, the decision to declare the matter without special condemnation for costs with respect to INDER is annulled, and in its place, the plaintiff is condemned to pay the cost stipends, since the absence of sufficient grounds to litigate against that Institute in this litis is verified. Due to defects in the reasoning, it is appropriate to annul only the Tribunal’s resolution regarding the compensation granted to the plaintiffs and the condemnation for costs imposed on the State and SINAC; in its place, the matter is remanded so that the incorrect aspects observed here, as well as the assessment of a possible integration of the litis, are resolved in accordance with the law. The Tribunal’s resolution regarding claims numbered 1 through 9 inclusive and regarding the exceptions raised is upheld. As it is unnecessary, a ruling is omitted regarding the rest of the grievances raised by INDER, SINAC, and the State in their respective appeals. LTREJOSA

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

Ana Isabel Vargas Vargas

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



RPDE1W6KLAK61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:49:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República