Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El numeral primero de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) establece: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. De conformidad con lo anterior, al estarse discutiendo sobre la posesión de bienes de dominio público, es claro que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, en concordancia con lo establecido en el ordinal 108 de la Ley de Biodiversidad, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, así como lo preceptuado en el canon 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
English (translation)The first article of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone states: "The maritime-terrestrial zone forms part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law." Now, Article 108 of the Biodiversity Law (Law 7788) establishes: "Jurisdictional competence: In biodiversity matters and as long as there is no environmental jurisdiction, any controversy shall be the exclusive competence of the Contentious-Administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes arising between private parties, where neither an administrative act nor a public domain matter is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction." In accordance with the foregoing, since the dispute concerns possession of public domain property, it is clear that the case falls under the Contentious-Administrative jurisdiction, in harmony with Article 108 of the Biodiversity Law, extended to any matter in which the State has a direct interest, as well as the provisions of canon 2 of the Contentious-Administrative Procedure Code.
Jurisdiction declared
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 02691 - 2022 Fecha de la Resolución: 22 de Diciembre del 2022 a las 09:36 Expediente: 15-000184-0182-CI Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 15-000184-0182-CI Res. Nº 002691-C-S1-2022 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del veintidos de diciembre de dos mil veintidos . En proceso ordinario establecido por MONTE CASTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por la licenciada Ileana Navarro Castro, contra ENNY CLARISSA CASTILLO CUBILLO, representada por el licenciado Rodrigo José Carranza Zúñiga, el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, de oficio declaró su falta de competencia en razón de la materia, ordenando su envío al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La parte actora apeló de lo resuelto, por lo que se envió en consulta ante esta Sala. CONSIDERANDO I.- La parte actora interpuso el proceso ordinario civil, para que se declare: “1.- Que la sentencia número 219-2014 de las 10.54 horas del 25 de setiembre de 2014, dictada por el Juez Agrario de Santa Cruz, en el proceso interdictal número 14-000023-0391-AG, es absolutamente nula, por que dicho Juez carecía de competencia por razón de la materia para dictarla, ya que los hechos en que se sustenta el interdicto son de naturaleza o materia civil y no agraria. 2.- Que la demandada, sin ser socia de Monte Castillo S.A., ha sido ocupante por consentimiento y mera tolerancia del terreno que esta sociedad posee en Playa Lagarto de Cuajiniquil de Santa Cruz, con una medida d e3 hectáreas, 9369 metros y 52 decímetros cuadrados, en razón de haberla ocupado antes y después de la muerte de José Joaquín Castillo Hidalgo por el grado de consanguinidad de quien fuere su padre y Presidente de la sociedad y por el consentimiento de los socios, que son sus hermanos de padre, y por lo tanto no tiene ningún derecho de posesión que reclamar ni tampoco a ocuparla y poseerla. 3.-Que los hechos que se describen en el proceso interdictal número 14-000023-0391-AG como despojante de la posesión, así como la naturaleza real del terreno que es posesión legitima de Monte Castillo S.A. en Playa Lagarto de Cuajiniquil de Santa Cruz, no son de naturaleza agraria, por lo que el juez Agrario debió haberse declarado incompetente por la materia para conocer y fallar dicho interdicto, por tratarse de materia improrrogable. 4.- Que la demandada sabía y conocía que los presuntos hechos perturbadores de una posesión tolerada y consentida por la legítima propietaria en el terreno ubicado en Playa Lagarto de Cuajiniquil de Santa Cruz, no constituían posesión agraria, y con tal conocimiento, de mala fe, procedió a interponer el proceso interdictal para alegar un despojo de posesión que nunca ha tenido desde el año 2008 en adelante. 6.- Que la demandada debe pagar los daños y perjuicios que se le causen a la sociedad actora, con motivo del fallo dictado en el proceso interdictal número 14-000023-0391-AG, en caso de que dicha sentencia sea ejecutada, y los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. 7.- Que la demandada debe pagar ambas costas de este juicio, ya que por haber litigado de mala fe en el proceso interdictal, ha promovido la presentación de esta demanda ordinaria, a fin de que se declare el legítimo derecho de posesión y ocupación de la actora Monte Castillo S.A.”. II.- El Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, mediante resolución N° 164-2021 de las 09 horas 22 minutos del 10 de agoto de 2021, declaró de oficio su falta de competencia en razón de la materia, indicó “Revisado el escrito de demanda, propiamente los hechos planteados (ver 4, 6, 7, 13 y 17), así como la pretensión de este litigio, resulta indudable de que la empresa demandante en lo medular, reclama un terreno sin inscribir que se encuentra localizado en la zona marítimo terrestre, propiamente en Playa Lagarto de Cuajiniquil de Santa Cruz, lo que a todas luces revela que parte de lo discutido, tiene que ver con un terreno con características de demanialidad y, por ende, antes esa condición, es irrefutable la existencia de un interés estatal”, ordenando su envío al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La parte actora disintió de lo resuelto, indicó “En este proceso ordinario, las pretensiones de la demanda están dirigidas a la nulidad del proceso interdictal de amparo de posesión, y no sobre las posesión de un terreno ubicado en la zona marítimo terrestre. El interdicto versó sobre el cambio de llavines y el ingreso a una vivienda construida en la milla marítima. El juzgado agrario de oficio debió declararse incompetente y no lo hizo, siendo el interdicto de naturaleza civil y no agraria, porque no hubo actos de naturaleza agraria”. En consecuencia, se remitió el asunto en consulta ante esta Sala. III.- En el presente proceso se pretende la nulidad de la resolución 219-2014, dictada por el Juez Agrario de Santa Cruz, en el proceso interdictal número 14-000023-0391-AG, que la demandada no tiene derecho de posesión agraria sobre el inmueble, el legítimo derecho de posesión y ocupación de la actora sobre un inmueble que se encuentra en la Zona Marítimo Terrestres, el pago de daños y perjuicios en caso de ejecutarse el fallo del proceso interdictal, así como ambas costas del proceso. El numeral primero de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) establece: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. De conformidad con lo anterior, al estarse discutiendo sobre la posesión de bienes de dominio público, es claro que el conocimiento del proceso corresponde a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, en concordancia con lo establecido en el ordinal 108 de la Ley de Biodiversidad, extensiva a cualquier asunto en los que el Estado tenga interés directo, así como lo preceptuado en el canon 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Consecuentemente, se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde de conformidad con el artículo 43 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se deberán también conocer las demás pretensiones conexas. POR TANTO Se declara que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jessica Alejandra Jiménez Ramírez Ana Isabel Vargas Vargas Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- XOSLTUTPLA861 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 16:53:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**First Chamber of the Supreme Court** **Resolution No. 02691 - 2022** **Date of Resolution:** December 22, 2022, at 09:36 **Expediente:** 15-000184-0182-CI **Drafted by:** Luis Guillermo Rivas Loáiciga **Reviewed by:** SALA PRIMERA **Text of the resolution** Exp. 15-000184-0182-CI Res. No. 002691-C-S1-2022 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-six minutes of the twenty-second of December of two thousand twenty-two. In an ordinary proceeding brought by MONTE CASTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by licensed attorney Ileana Navarro Castro, against ENNY CLARISSA CASTILLO CUBILLO, represented by licensed attorney Rodrigo José Carranza Zúñiga, the Collegiate Court of First Instance for Civil Matters of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, on its own motion, declared its lack of jurisdiction based on subject matter, ordering the case to be sent to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. The plaintiff appealed this decision, and it was therefore submitted for consultation before this Chamber. CONSIDERING I.- The plaintiff filed the ordinary civil proceeding, seeking a declaration that: “1.- That judgment number 219-2014 at 10:54 hours of September 25, 2014, issued by the Agricultural Judge of Santa Cruz, in the possessory interdict proceeding number 14-000023-0391-AG, is absolutely null, because said Judge lacked jurisdiction based on subject matter to issue it, since the facts on which the interdict is based are of a civil, not agricultural, nature or subject matter. 2.- That the defendant, without being a member of Monte Castillo S.A., has been an occupant by consent and mere tolerance of the land that this company possesses in Playa Lagarto, Cuajiniquil, Santa Cruz, with an area of 3 hectares, 9369 square meters and 52 square decimeters, by reason of having occupied it before and after the death of José Joaquín Castillo Hidalgo due to the degree of consanguinity to her father and President of the company and with the consent of the members, who are her paternal siblings, and therefore has no right of possession to claim nor to occupy and possess it. 3.- That the facts described in the possessory interdict proceeding number 14-000023-0391-AG as dispossession of possession, as well as the real nature of the land that is the legitimate possession of Monte Castillo S.A. in Playa Lagarto, Cuajiniquil, Santa Cruz, are not of an agricultural nature, so the Agricultural Judge should have declared himself incompetent based on subject matter to hear and decide said interdict, as it concerns a non-extendable subject matter. 4.- That the defendant knew and was aware that the alleged disturbing acts of a tolerated and consented possession by the legitimate owner of the land located in Playa Lagarto, Cuajiniquil, Santa Cruz, did not constitute agricultural possession, and with such knowledge, in bad faith, proceeded to file the possessory interdict proceeding to claim a dispossession of possession she has never had since 2008 onwards. 6.- That the defendant must pay the damages (daños y perjuicios) caused to the plaintiff company, arising from the judgment issued in the possessory interdict proceeding number 14-000023-0391-AG, should said judgment be executed, and which shall be liquidated during the execution of judgment. 7.- That the defendant must pay all costs of this lawsuit, since by litigating in bad faith in the possessory interdict proceeding, she has promoted the filing of this ordinary complaint, in order to have the legitimate right of possession and occupation of the plaintiff Monte Castillo S.A. declared.". II.- The Collegiate Court of First Instance for Civil Matters of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, by means of resolution No. 164-2021 at 09 hours 22 minutes of August 10, 2021, declared on its own motion its lack of jurisdiction based on subject matter, stating: “Upon review of the complaint, specifically the facts set forth (see 4, 6, 7, 13 and 17), as well as the claim of this litigation, it is undoubtable that the plaintiff company, at its core, claims an unregistered land located in the maritime-terrestrial zone, specifically in Playa Lagarto, Cuajiniquil, Santa Cruz, which clearly reveals that part of what is discussed has to do with a land with characteristics of public domain status (demanialidad) and, thus, given that condition, the existence of a state interest is irrefutable,” ordering its referral to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. The plaintiff disagreed with this ruling, stating: “In this ordinary proceeding, the claims of the complaint are directed at the nullity of the possessory interdict proceeding for protection of possession, and not concerning the possession of a land located in the maritime-terrestrial zone. The interdict concerned the changing of locks and entry into a dwelling built within the maritime mile. The agricultural court should have, on its own motion, declared itself incompetent and did not, as the interdict was of a civil nature and not agricultural, because there were no acts of an agricultural nature.” Consequently, the matter was submitted for consultation before this Chamber. III.- In the present proceeding, what is sought is the nullity of resolution 219-2014, issued by the Agricultural Judge of Santa Cruz, in the possessory interdict proceeding number 14-000023-0391-AG, that the defendant has no right of agricultural possession over the property, the legitimate right of possession and occupation of the plaintiff over a property located in the Maritime-Terrestrial Zone, the payment of damages (daños y perjuicios) should the judgment in the possessory interdict proceeding be executed, as well as all costs of the proceeding. Article 1 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone establishes: “The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national patrimony, belongs to the State and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.” Furthermore, article 108 of the Biodiversity Law (Ley 7788) establishes: “Jurisdictional competence In matters of biodiversity and as long as an environmental jurisdiction does not exist, all controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, controversies that arise between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agricultural jurisdiction.” In accordance with the above, as what is being discussed is the possession of public domain property, it is clear that the hearing of the proceeding corresponds to the Contentious-Administrative jurisdiction, in accordance with the provisions of article 108 of the Biodiversity Law, extensive to any matter in which the State has a direct interest, as well as the provisions of canon 2 of the Contentious-Administrative Procedure Code. Consequently, it is declared that the hearing of the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, where, in accordance with article 43 of the Contentious-Administrative Procedure Code, all other related claims must also be heard. THEREFORE It is declared that the hearing of the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jessica Alejandra Jiménez Ramírez Ana Isabel Vargas Vargas Digitally Signed Document -- Verification code -- XOSLTUTPLA861 Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 16:53:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República