Res. 00015-2023 Sala Primera de la Corte — First Chamber annuls ARESEP tariff resolution dimensioning for lack of reasoning and orders refund of differences to aquaculture companySala Primera anula dimensionamiento de resolución tarifaria de ARESEP por falta de motivación y ordena devolución de diferencias a empresa de piscicultura

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00015 - 2023

Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2023 a las 09:28

Expediente: 15-009776-1027-CA

Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 15-009776-1027-CA

Res. Nº 000015-S1-2023

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veintiocho minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitres .

Proceso de conocimiento establecido por AQUACORPORACIÓN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado especial judicial, Licenciado Julio Fonseca Pion; contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (en adelante ARESEP), representada por su apoderado general judicial, Licenciado Luis Daniel Chacón Solórzano y su apoderado especial judicial Licenciado Víctor Barquero Rojas, y contra el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (en lo sucesivo SENARA), representado por su apoderado especial judicial, Licenciado Enmanuel López Vargas. El codemandado SENARA, plantea Recurso de Casación contra la Sentencia N° 58-2019-V de las 16 horas del 16 de julio de 2019, dictada por la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Redacta la Magistrada Rojas Morales:

CONSIDERANDO

 I.- La empresa Aquacorporación Internacional S.A. formuló demanda de conocimiento contra la ARESEP y el SENARA, en la que solicita que se declare: "…Que los siguientes actos administrativos de ARESEP, son absolutamente nulos: a) El dimensionamiento realizado en la resolución RJD-153-2014. b) Las resoluciones RJD-106-2014 y RJD-061-2015. c) La resolución RIA-009-2015. d) Todo otro acto que por conexidad, dependa o sea consecuencia de los anteriores. / 2.- Que los incrementos de tarifa cobrados por SENARA desde el año dos mil doce y hasta esta fecha para el Distrito de Riego Arenal Tempisque, se basaron en una actuación absolutamente nula de ARESEP y deben ser reintegrados a la actora. / 3.- Que, como requisito previo para cualquier nueva fijación tarifaria para el Distrito de Riego Arenal Tempisque, SENARA debe cumplir con el mandato que le impuso la Contraloría General de la República en el oficio número D/-AA-3060 del 30 de setiembre del 2002. / 4.- Que, en cualquier modelo regulatorio y nueva fijación tarifaria que se haga para el Distrito de Riego Arenal Tempisque, deberá diferenciarse entre aquellas actividades que impliquen un uso no consuntivo del agua, frente a las que si consuman el recurso hídrico. / 5.- Que en cualquier modelo regulatorio y nueva fijación tarifaria que se haga para el Distrito de Riego Arenal Tempisque, deberá tomarse en consideración las transferencias que SENARA recibe del Estado. / 6.- Que cualquier modelo regulatorio y nueva fijación tarifaria que se haga para el Distrito de Riego Arenal Tempisque, deberá basarse solamente en los costos de administración y mantenimiento de caminos y canales, y nunca en el agua. / 7.- Que las codemandadas deben pagar ambas costas de este proceso...”. La ARESEP contestó negativamente la demanda y opuso las defensas de falta de derecho y falta de interés actual. El SENARA también contestó negativamente la demanda y opuso las defensas de falta de derecho y de legitimación pasiva, así como la defensa de caducidad de la acción, la cual se reservó para ser conocida al resolver el fondo. La audiencia preliminar se llevó a cabo el 12 de setiembre de 2017. La audiencia de juicio oral y público se llevó a cabo el 21 de mayo de 2019. El Tribunal Contencioso, en los hechos probados de la sentencia impugnada, tuvo por acreditado que en la resolución RIA-002-2014 del 07 de mayo de 2014, la Intendencia de Agua resolvió fijar las tarifas para los servicios de riego y piscicultura brindados por el SENARA en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (en adelante DRAT), sin embargo, fue corregida por esa Intendencia mediante resolución N°RIA-006-2014 del 07 de mayo de 2014. El 22 de mayo de 2014, Aquacorporación Internacional S.A. presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicha resolución. Con la resolución RJD-106-2014 del 30 de septiembre de 2014, la Junta Directiva de la ARESEP aprobó el modelo regulatorio para las tarifas de suministro de agua en el DRAT por parte del SENARA e indicó que las fórmulas establecidas en el modelo tomaron en cuenta "las necesidades de efectivo del SENARA, para la operación, mantenimiento, administración y desarrollo del servicio de suministro de agua en el DRAT con la estructura tarifaria más adecuada para obtener esos recursos, de acuerdo a los volúmenes de agua relativos a los usos consuntivo y no consuntivo del agua que están facturados a las actividades hidroproduct¡vas". El 22 de octubre de 2014 la actora planteó un recurso de reposición contra dicha resolución. Mediante la resolución N°RJD-153-2014 del 13 de noviembre de 2014, la ARESEP acogió el recurso de apelación presentado por la aquí actora contra la resolución N°RIA-002-2014. La anulación obedeció a vicios en el motivo y en el contenido. En ese acto, se ordenó a la Intendencia de Agua el inicio de un procedimiento de fijación tarifaria, aplicando el modelo vigente, y los efectos anulatorios fueron dimensionados en el sentido de mantener vigentes las tarifas fijadas, según los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 229 de la Ley General de la Administración Pública (en lo sucesivo LGAP) y 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). Mediante el oficio N°0983-IA-2014/87884, del 28 de noviembre de 2014, el Intendente de Aguas solicitó al SENARA información de carácter técnico. Mediante Oficio N°GG-061-15 del 30 de enero de 2015, la Subgerencia del SENARA, respondió dicho requerimiento e indicó que en los anexos 6 y 7 aportaría la información solicitada sobre la piscicultura. En el anexo 6, acerca de los caudales facturados, indicó que se hizo una proyección para el periodo 2016-2020, tomando los promedios mensuales del período 2012-2014. En el anexo 7 se expuso la metodología para la determinación del recambio del agua en el DRAT y los valores de recambio de agua para cada uno de los abonados en los últimos años. Se explicó el recambio de agua como intrínseco a la actividad piscícola, y su cuantificación: "Si un estanque se llena en un día se tendrá un recambio del 100%, que es el ideal, si se llena en dos días, el recambio es del 50% y así sucesivamente. Su instrumentación se basa en los caudales entregados a la piscicultura, conociendo el espejo de agua y la profundidad de los estanques.". Se estimó un promedio de recambio, en los períodos 2006-2010. Además, se presentaron los estudios contables del SENARA. Mediante la resolución RJD-153-2014 del 13 de noviembre de 2014, emitida por la Junta Directiva de la ARESEP, ese ente hizo un estudio del oficio N°526-IA-2015, en el que se aplicó el modelo tarifario aprobado. Para la determinación de la tarifa fueron considerados los requerimientos del recurso hídrico según cada actividad y, en el caso de la piscicultura, el consumo se estimó con base en los caudales y volúmenes facturados esa actividad en los años 2012, 2013 y 2014, y una estimación para los próximos cinco años. Para la determinación de la tarifa, SENARA suministró a la ARESEP la siguiente información: Balance Hídrico del DRAT, Incluyendo las Demandas Estimadas del Canal del Sur Tramo II, certificación sobre saldos de estados financieros del DRAT, Metodología para la determinación del agua en el DRAT y valores de recambio de agua para cada uno de los abonados piscícolas en los últimos años, propuesta de financiamiento de la red secundaria del canal del sur, detalle de las inversiones realizadas en el 2014, solicitud de elaboración del plan quinquenal de inversión ambiental para el DRAT y, para incluir en el sistema de información geográfica, información sobre caminos, cálculo de asignación de gastos para el año 2015, liquidaciones presupuestarias del 2012 al 2014, historial de proyectos ejecutados en el distrito de riego Arenal-Tempisque entre el año 2011 y el 2015. En el oficio 526-IA-2015 del 08 de mayo de 2015, dirigido a la Intendencia de Agua, el SENARA comunicó un estudio tarifario de oficio, aplicando el modelo regulatorio aprobado por la ARESEP en la resolución RJD-106-2014. En este obtuvo una tarifa unitaria de 2.44 colones por metro cúbico. Para determinar las tarifas utilizó la siguiente fórmula: necesidad de efectivo para la operación, mantenimiento administración y desarrollo del DRAT, egresos de operación y mantenimiento, egresos asociados a la inversión y canon de regulación de la ARESEP. También se consideró la cantidad de usuarios y el área de cobertura, así como el volumen del agua facturada. Según dicho estudio, la tarifa obtenida responde a las necesidades de efectivo y los costos medios, obtenidos para el período 2015-2019 para atender las necesidades de la operación del Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT). Según ese estudio, el incremento tarifario sería gradual, y al finalizar los cinco años, en la actividad de piscicultura el aumento sería del 32%. También se determinó que la infraestructura de riego, así como los caminos, requieren de una cuantiosa inversión para estar en óptimo funcionamiento y que la principal limitación para aplicar el modelo, es que el distrito de riego no cuenta con un sistema de medición, por lo que las tarifas se fijaron con base en consumos teóricos por tipo de cultivo, y en el caso de la piscicultura, se hizo un estimado por año de 504.638.250 metros cúbicos, con una tasa de recambio del 20%. Se obtuvo una tarifa media total, en donde el volumen facturado de agua para riego se calculó con base en coeficientes de cultivo de la FAO y para la piscicultura, según la medición de agua entregada por el DRAT, al cual se le aplicaría el factor de recambio de agua para la actividad. En ese mismo estudio la ARESEP ordenó al SENARA aportar el plan para la compra e instalación de equipos de medición. En resolución N° RJD-061-2015 del 16 de abril de 2015, la ARESEP declaró sin lugar el recurso de apelación formulado contra la resolución 106-2014 (modelo regulatorio de tarifas). Mediante la resolución RIA-009-2015 del 08 de setiembre de 2015, la ARESEP estableció la tarifa para el servicio de suministro de agua, la cual entró a regir el primero de enero de 2016 y finalizaría en diciembre de 2020, estableciendo un consumo de agua para la piscicultura de 15,43%. También ordenó al SENARA presentar, en un plazo de tres meses, "un modelo estadístico para mejorar la estimación del agua utilizada en piscicultura, con variables externas y poder realizar pronósticos más precisos.". La Sección Quinta del Tribunal Contencioso, integrada por el Juez Juan Luis Gusti Soto, las juezas Ileana Sánchez Navarro y Marianella Álvarez Molina; dictó la Sentencia N° 58-2019-V de las 16 horas del 16 de julio de 2019, y determinó:"... Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, interés actual y caducidad. Se rechaza parcialmente la defensa de falta de derecho, respecto del dimensionamiento contenido en la resolución emitida por la Junta Directiva de la ARESEP N°RDJ-153-2014, de nueve de julio del dos mil catorce. También procede su rechazo en relación con las diferencias de tarifas surgidas con ocasión de la aplicación del dimensionamiento cuya nulidad ahora se declara. Se rechaza además dicha defensa, respecto de las diferencias que puedan surgir entre las tarifas efectivamente cobradas con fundamento en la estimación de consumo de agua de la actora, y el efectivamente realizado, según la prueba que ésta aporte en la etapa de ejecución de sentencia. Se admite la defensa respecto de las pretensiones restantes. Se acoge parcialmente la demanda de AQUACORPORACIÓN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS y el SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO únicamente sobre los extremos que se dirán, en lo demás debe entenderse como denegada. Se declara la nulidad absoluta del dimensionamiento contenido en la resolución emitida por la Junta Directiva de la ARESEP N°RDJ-153-2014, de nueve de julio del dos mil catorce. En consecuencia, las tarifas que correspondería aplicar para ese periodo son las fijadas anteriormente por la Contraloría General de la República, las cuales serán fijadas en la fase de ejecución de sentencia. En caso de que resulte alguna diferencia a favor de la accionante, está deberá reconocerse en forma solidaria por las codemandas. Sobre el monto que resulte se reconocen intereses legales desde que cada diferencia en la tarifa fue cancelada por la actora, hasta el efectivo pago. Se ordena a las codemandadas restituir los incrementos en la tarifa por el serv¡cio de suministro de agua prestado a la empresa actora, que se hubiesen derivado de la inexactitud de las tarifas, incrementos que deberán acreditar el demandante en la fase de ejecución de sentencia. Sobre los incrementos efectivamente pagados se reconocen intereses legales desde que cada uno de ellos fue cancelado por la actora y hasta su efectivo pago. Se rechaza la demanda en lo demás. Son ambas costas de esta acción a cargo de las codemandadas…”. Inconforme con lo resuelto, la parte codemandada SENARA, presentó recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala.         

RECURSO POR VIOLACIÓN A NORMAS SUSTANTIVAS.

 II.- La redacción del recurso de casación es confusa, sin embargo, en un esfuerzo interpretativo, esta Sala logra entender que se plantean cuatro agravios de índole sustantivo. Primero: Acusa, desaplicación de los artículos 3 inciso b) y 31 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), por cuanto, la sentencia ordenó la devolución de diferencias tarifarias cobradas a la actora durante el plazo de vigencia de la resolución N° R-DJ-153-2014 del 13 de noviembre de 2014, sumas que no se conocen a ciencia cierta, pues, no se logró acreditar el monto exacto. Reprocha, lo ordenado por el Tribunal contradice el espíritu de las normas citadas, toda vez que solicita devolver sumas cobradas por SENARA que únicamente cubrían la estructura de costos, es decir, dichas sumas fueron utilizadas para cubrir salarios, gastos de operación, inversión, sostenibilidad ambiental, entre otros; y no toma en cuenta que lo cobrado por SENARA obedece a servicios recibidos, a satisfacción, por la actora. Arguye, la sentencia ordena la devolución de posibles diferencias tarifarias entre lo pagado por la actora y las tarifas fijadas, anteriormente, por la Contraloría General de la República (en adelante CGR), a pesar de que la imposición de esta tarifa no fue alegada por la actora. Agrega, no hay un hecho probado que acredite la existencia de diferencias tarifarias favorables a la actora, por lo que el fallo impugnado incurre en incongruencia por ultra petita. Segundo: Reprocha, falta de motivación y desaplicación de los artículos 4 y 9 de la Ley de la ARESEP (N° 7593) y del ordinal 4 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), debido a que el Tribunal concluye que el dimensionamiento dado a la resolución R-DJ-153-2014 es nulo por falta de motivación, sin embargo, ello es contrario a los objetivos y potestades de la ARESEP, dispuestos en la ley N°7593 y tal conclusión es contraria a la prueba que consta en autos. Alega, la sentencia no hace un análisis claro y congruente de por qué considera que la resolución administrativa anulada no contiene la debida motivación, lo que impide un correcto ejercicio de su derecho de defensa. Arguye, el SENARA, presta un servicio público bajo el principio de continuidad y, para ello, debe aplicarse una tarifa, según el artículo 4 y 9 de la Ley N° 7593, de manera que la sentencia debió aplicar la resolución RIA-006-2014 (anterior resolución tarifaria) hasta tanto la intendencia de Agua procediera a fijar una nueva tarifa, so pena de que el servicio público brindado por el SENARA fuera suspendido, de conformidad con las normas jurídicas vigentes. Alega, el acto administrativo contiene una motivación “in aliunde”, aspecto que no fue analizado por el Tribunal, pues, dicha resolución administrativa menciona la existencia del informe o dictamen 188-AJD-2008 del 12 de junio de 2008, que desarrolla el tema del dimensionamiento de resoluciones de la ARESEP e incluso transcribe parte del dictamen, por lo que es incorrecta la decisión de anular dicha resolución por ausencia de motivación. Explica, al anular lo actuado, propiciaría que se preste un servicio público sin que existan tarifas vigentes, lo que es contrario a los artículos 4 inciso d) y 9 de la Ley N° 7593. Aduce, la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene como objeto tutelar situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública, no así para ejercer un control de oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas, por lo que el ejercicio del control de legalidad permitiría concluir que el acto administrativo anulado, sí tiene una adecuada motivación legal que, incluso, fue citada en la sentencia. Tercero: Acusa, desaplicación de los artículos 8 y 9 de la ley N° 7593 y 190 de la LGAP por ausencia de nexo causal entre el acto administrativo anulado y el SENARA, ya que, la sentencia impugnada ordena la nulidad de la resolución RJD-153-2014 y la obligación solidaria de ambos demandados de devolver - en caso de que existan - diferencias tarifarias a favor del actor. Señala, en el hecho probado N° 6 consta que la resolución administrativa anulada es producto de la interposición de un recurso administrativo de apelación planteado por la actora, por lo que, de oficio, la ARESEP dispuso el dimensionamiento discutido en el presente proceso, así como el dictado de la resolución RJD-153-2014 del 13 de noviembre de 2014. Agrega, el SENARA no emitió acto alguno, sino que en acatamiento del artículo 6 de la Ley N° 7593, aplicó lo dispuesto por la ARESEP, cobrando el servicio público prestado a la actora. Diserta, en el supuesto de que la resolución administrativa realmente sea nula, la sentencia no indica cuál es el nexo causal que obliga al SENARA a responder solidariamente con la ARESEP por un acto emitido por ésta última, incluso, desaplica el artículo 8 de la Ley N° 7593 que estipula que la ARESEP es la única responsable por sus actos, en materia de regulación tarifaria. Agrega, la falta de motivación de la sentencia también se manifiesta en cuanto al daño a resarcir y la inexistente vinculación con el SENARA, ya que, el artículo 196 de la LGAP dispone que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo, sin embargo, la parte actora no logró acreditar cuantitativamente el daño sufrido y tampoco se analiza en la sentencia por qué se ha individualizado la obligación de resarcimiento a cargo de ambos demandados. Cuarto: Alega, incongruencia respecto a la condenatoria en costas, por cuanto la sentencia determinó que la parte accionada tuvo motivo suficiente para litigar y ha resultado vencedora en algunos extremos; pero, contrario a lo indicado y a lo dispuesto por el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), ordenó condenar en costas a los demandados, por lo que solicita se anule y se ordene exonerar del pago de las costas al SENARA.

 III.- El Tribunal, al dictar la sentencia combatida, indicó: “…1.- Sobre la nulidad absoluta del dimensionamiento contenido en la resolución emitida por la Junta Directiva de la ARESEP N°RDJ-153-2014, de nueve de julio del dos mil catorce: (…) Una vez examinada por parte de este Tribunal la resolución N°RDJ-153-2014, este Órgano decisor aprecia que en efecto, tal y como lo afirma la representación del demandante, la Junta Directiva de la ARESEP anuló la Resolución RIA-002-2014, mediante la cual había resuelto fijar las tarifas para los servicios de riego y piscicultura brindados en el DRAT por SENARA. Lo anterior por utilizar un modelo tarifario que había sido anulado y que ya no se encontraba vigente. Además se observa que los efectos de la anulación fueron dimensionados, manteniendo las tarifas establecidas en la RIA-006-2014, que era una (sic) acto conexo de la primera. Sin embargo, si bien es cierto para fundamentar esa conducta -el dimensionamiento-, fueron citadas por la Administración concernida una serie de disposiciones normativas (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, 229 de ésta última, así como el numeral 131 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo cierto es que este Órgano decisor estima que dicha motivación resulta insuficiente, pues no basta, para fundamentar adecuadamente, una enunciación normativa, ya que ésta debe ir acompañada del sustento fáctico que la operativiza. Luego, la Administración, para justificar el dimensionamiento debió, además de enlistar el sustento jurídico, indicar de forma expresa las razones de interés social, la afectación a la seguridad jurídica que según afirmó, la llevaron a mantener la vigencia de las tarifas que habían sido fijadas en desapego del ordenamiento jurídico. Por otra parte, si bien es cierto que consta en autos que de forma inmediata, y durante el año siguiente a que se dictó el acto anulatorio, se procedió a una nueva fijación tarifaria, lo cierto es que en la resolución que ahora se analiza, no fue establecido ningún plazo para cumplir lo ordenado, indicándose únicamente que ello debía hacerse de inmediato, con lo cual dejó vigentes una tarifa establecida sobre la base de un modelo anulado, por un período indeterminado. En consecuencia, este Tribunal estima que lleva razón la parte actora en cuanto alega la nulidad absoluta del dimensionamiento contenido en la resolución emitida por la Junta Directiva de la ARESEP N°RDJ-153-2014, de nueve de julio del dos mil catorce. De este modo, lo procedente será declarar la nulidad de ese dimensionamiento. En consecuencia, las tarifas que correspondería aplicar para ese período son las fijadas anteriormente por la Contraloría General de la República. Por consiguiente, y en aplicación del numeral 122 m iii, del Código Procesal Contencioso Administrativo, en la fase de ejecución de sentencia, deberán determinarse las diferencias, si es que éstas se produjeron, entre las tarifas cobradas con fundamento las resoluciones RIA-002-2014 y RIA-006-2014, y las anteriormente fijadas por la Contraloría General de la República. Sobre el monto que resulte se reconocen intereses legales desde que cada diferencia en la tarifa fue cancelada por la actora, hasta el efectivo pago…”.

 IV.- En vista de que todos los agravios están estrechamente relacionados y con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, esta Cámara procede a resolver los motivos sustantivos de manera conjunta. Deben rechazarse los agravios primero, segundo y tercero, planteados por la casacionista. Los tres agravios se refieren a la nulidad absoluta del dimensionamiento contenido en la resolución N°RDJ-153-2014 del 13 de noviembre de 2014. Para esta Cámara es necesario indicar que la técnica empleada por el casacionista no es la adecuada, pues, la exposición de sus agravios es confusa. Relata diversas disconformidades en torno a la sentencia, pero, no lleva un hilo conductor respecto a los vicios específicos de la sentencia. Reiteradamente, esta Sala ha señalado que no basta, en esta instancia procesal, indicar una serie de disconformidades argumentativas en torno al desacuerdo con el fallo impugnado, sino que se debe establecer, de manera certera, en qué consisten los yerros en que incurre la sentencia, precisando de qué manera el proceder del Tribunal violenta alguna norma procesal o sustantiva, vinculando su reproche con los fundamentos del fallo. En todo caso, en cuanto a los alegatos que esta Sala logró descifrar, se deben rechazar el primer y segundo agravio, ya que no existe el vicio de incongruencia en la condenatoria al reintegro de diferencias de tarifas pagadas de más por la actora, ya que, este extremo fue solicitado en la pretensión N° 2 de la demanda. Tampoco existe una falta de motivación de la sentencia impugnada, pues, en ella se determinó que al fundamentar el acto administrativo, fueron citadas una serie de disposiciones normativas, sin embargo, ello no basta, pues, la resolución administrativa omitió indicar el sustento fáctico que la operativizara y omitió indicar las razones de interés social y la afectación a la seguridad jurídica que la llevaron a mantener la vigencia de las tarifas que habían sido fijadas en desapego del ordenamiento jurídico. La sentencia también hizo ver que la resolución administrativa anulada, tampoco estableció plazo para cumplir lo ordenado, solo indicó que debía hacerse de inmediato, con lo cual dejó vigente una tarifa establecida sobre la base de un modelo anulado, por un período indeterminado. Todas estas falencias de la resolución administrativa, que se indicaron en el fallo impugnado, no fueron desvirtuadas por la casacionista en su recurso, por lo que el agravio se torna inútil para sus fines, pues, la sentencia sí tiene la correspondiente motivación. Tampoco existe desaplicación de los artículos 3 inciso b) y 31 de la Ley N° 7593, ya que el Tribunal tiene claro que las tarifas que se cobraron a la actora se fijaron bajo el principio de servicio al costo, pero, ante las falencias y vicios de la resolución administrativa que las fijó, dicho Tribunal se vio en la obligación de anularla y ordenar la aplicación de las regulaciones tarifarias anteriores (fijadas por la CGR), que sí fueron establecidas conforme a la ley para el suministro de los servicios que requiere la actora. La casacionista no demuestra vicio alguno de esa tarifa anterior, por lo que será sobre dicha base que se deberá calcular el monto que la actora debió pagar por el servicio recibido y, a partir de ello, determinar si existe alguna diferencia respecto a las sumas que la actora, en su momento, erogó por tal concepto. Por otra parte, es verdad que la sentencia no determinó el monto exacto de las diferencias que puedan existir a favor de la empresa actora, sin embargo, esto tampoco genera vicio alguno, ya que con claridad indicó que estas se determinarán en etapa de ejecución de sentencia según el artículo 122 inciso m) iii) del CPCA. Tampoco existe violación a los artículos 4, 6, 8 y 9 de la Ley N° 7593, ya que, la sentencia no ha tomado decisión alguna que vaya en contra de la fijación y cobro de tarifas, pero, no puede convalidar un acto administrativo que no cumple con un elemento esencial como lo es el motivo, por ello, en virtud de la nulidad dictada, la sentencia determinó que las tarifas que se deben aplicar para ese período son las fijadas anteriormente por la CGR, es decir, de ningún modo se ha ordenado dejar de cobrar a la actora por el servicio brindado. Por otra parte, el recurso de casación tampoco cuestiona la tarifa de la CGR, ni indica vicio alguno en tal decreto tarifario. En cuanto al agravio tercero, no es de recibo el alegato de que no existe nexo causal respecto al SENARA, pues, si bien, la normativa que invoca establece que la ARESEP es la autoridad responsable de la regulación de tarifas, lo cierto es que estas normas solamente pertenecen a la Ley de la ARESEP y, por ende, solo regulan la actividad de dicha autoridad. No obstante, en la especie se ha acreditado que el SENARA fue quien brindó el servicio público y se encargó del cobro o recaudación de los pagos erogados por la empresa actora, por lo que la sentencia estableció con claridad la participación activa del casacionista respecto a los hechos demandados y que justifican su legitimación pasiva y la condena solidaria establecida en la sentencia: ”…Ahora bien, la prestación de dicho servicio público de suministro de agua para riego y avenamiento está a cargo del SENARA. Del estudio de su ley de creación, tanto de la exposición de motivos como de su articulado, el Tribunal estima que, contrario a lo manifestado por el representante de la parte actora, el SENARA, ostenta competencias que van más allá de la construcción y mantenimiento de canales de riego, pues sus funciones comprenden el adecuado funcionamiento de los distritos de riego y el fortalecimiento de su actividad productiva, y abarcan conductas tendientes a la protección del recurso hídrico, su uso racional, su buen aprovechamiento y su distribución justa, de modo que a tenor de los artículos 2 y 3 de la Ley de su creación, N°6877 de 18 de julio de 1983- SENARA tiene facultades de captación, aprovechamiento, entrega o suministro, manejo y administración de las aguas. De este modo, el SENARA sí tiene la función de proveer agua, tal y como expresamente señala el artículo 1 del Reglamento de Servicios de Riego para los Distritos, pero además, el establecimiento de políticas para garantizar su disponibilidad y el uso racional del recurso. Luego, al constituir la actividad del SENARA la prestación de un servicio público, por el cual se debe pagar un precio público, cuya tarifa no solamente debe ser fijada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, sino que debe responder a los principios y normas que regulan la fijación de este tipo de tarifas -precios públicos encontramos la máxima conocida como principio de servicio al costo, que, en lo esencial, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N°7593, implica que el establecimiento de un precio público debe hacerse con base en una estructura de costos…”. Tal fundamentación de la sentencia tampoco fue desvirtuada por el casacionista, toda vez que la normativa atinente al SENARA sí establece su participación activa en el servicio público que es objeto de análisis en el presente proceso. Por tal motivo, los tres agravios deberán ser rechazados.

 V.- Finalmente, respecto al cuarto agravio sustantivo, la entidad casacionista alega incongruencia al resolver sobre las costas. Este Colegio considera que no existe el vicio de incongruencia en sentido técnico jurídico, sino una indebida aplicación del numeral 193 del CPCA, el cual acusa vulnerado. Al resolver sobre las costas, la sentencia indicó: “…La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, este Órgano concluye que la parte accionada tuvo motivo suficiente para litigar, y ha resultado vencedora en algunos de los extremos demandados, por lo que se establece que las costas de este asunto son a cargo de la parte accionada…”. Para esta Sala es evidente el error en la decisión final, por cuanto, la sentencia tuvo por acreditado que la parte accionada tuvo motivo suficiente para litigar y que existió vencimiento recíproco entre las partes, es decir, el Tribunal tenía el convencimiento de que eran causales de exoneración de las costas a favor de las demandadas, por lo que la condena en costas es incoherente con la propia fundamentación de la sentencia. Existen abundantes pronunciamientos de esta Sala que indican la procedencia de dicha causal de exoneración de costas, dispuestas en el numeral 193 del CPCA y en el artículo 73.2 incisos 1 y 3 del CPC, por remisión del artículo 220 del CPCA, por lo que debe acogerse este último agravio y declararse la exoneración de costas únicamente a favor del SENARA, ya que, la ARESEP no interpuso recurso alguno contra tal decisión del Tribunal, por lo que se conformó con lo resuelto en sentencia.

 VI.- En mérito de lo expuesto, procederá declarar parcialmente con lugar el recurso planteado. Se casará parcialmente la sentencia impugnada solo en lo que se dirá. Fallando por el fondo, por existir motivo suficiente para litigar y vencimiento recíproco, se exonerará del pago de costas únicamente al SENARA, por ser el único demandado en interponer recurso de casación contra tal condenatoria. En lo demás, se mantendrá incólume la sentencia.

POR TANTO

 Se declara parcialmente con lugar el recurso planteado. Se casa parcialmente la sentencia impugnada solo en lo que se dirá. Fallando por el fondo, se exonera del pago de costas únicamente al SENARA. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia.

 

 

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	

 

	

Ana Isabel Vargas Vargas

 

 

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Sala Primera de la Corte**

**Resolution No. 00015 - 2023**

**Date of Resolution:** January 19, 2023 at 09:28

**Case File:** 15-009776-1027-CA

**Drafted by:** Iris Rocío Rojas Morales

**Reviewed by:** SALA PRIMERA

**Text of the resolution**



Exp. 15-009776-1027-CA

Res. No. 000015-S1-2023

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-eight minutes on the nineteenth of January, two thousand twenty-three.

Ordinary proceeding established by AQUACORPORACIÓN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its special judicial attorney-in-fact, Licenciado Julio Fonseca Pion; against the AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (hereinafter ARESEP), represented by its general judicial attorney-in-fact, Licenciado Luis Daniel Chacón Solórzano and its special judicial attorney-in-fact Licenciado Víctor Barquero Rojas, and against the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO (hereinafter SENARA), represented by its special judicial attorney-in-fact, Licenciado Enmanuel López Vargas. The co-defendant SENARA files a Cassation Appeal against Judgment No. 58-2019-V of 16 hours on July 16, 2019, issued by the Fifth Section of the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal.

Judge Rojas Morales drafts:

**CONSIDERING**

I.- The company Aquacorporación Internacional S.A. filed an ordinary lawsuit against ARESEP and SENARA, requesting that the following be declared: "...That the following administrative acts of ARESEP are absolutely null: a) The dimensioning (dimensionamiento) carried out in resolution RJD-153-2014. b) Resolutions RJD-106-2014 and RJD-061-2015. c) Resolution RIA-009-2015. d) Any other act that, by connection, depends on or is a consequence of the foregoing. / 2.- That the tariff increases collected by SENARA from the year two thousand twelve to this date for the Arenal Tempisque Irrigation District (Distrito de Riego Arenal Tempisque) were based on an absolutely null action by ARESEP and must be reimbursed to the plaintiff. / 3.- That, as a prerequisite for any new tariff setting for the Arenal Tempisque Irrigation District, SENARA must comply with the mandate imposed by the Contraloría General de la República in official letter number D/-AA-3060 of September 30, 2002. / 4.- That, in any regulatory model and new tariff setting carried out for the Arenal Tempisque Irrigation District, a distinction must be made between those activities involving a non-consumptive use of water and those that consume the water resource. / 5.- That in any regulatory model and new tariff setting carried out for the Arenal Tempisque Irrigation District, the transfers that SENARA receives from the State must be taken into consideration. / 6.- That any regulatory model and new tariff setting carried out for the Arenal Tempisque Irrigation District must be based solely on the costs of administration and maintenance of roads and canals, and never on water. / 7.- That the co-defendants must pay both sets of costs of this proceeding...". ARESEP answered the lawsuit negatively and raised the defenses of lack of right and lack of current interest. SENARA also answered the lawsuit negatively and raised the defenses of lack of right and lack of passive standing, as well as the defense of expiration of the action, which it reserved to be heard when deciding on the merits. The preliminary hearing was held on September 12, 2017. The oral and public trial hearing was held on May 21, 2019. The Contentious Tribunal, in the proven facts of the appealed judgment, deemed it accredited that in resolution RIA-002-2014 of May 7, 2014, the Intendencia de Agua resolved to set the tariffs for the irrigation and fish farming (piscicultura) services provided by SENARA in the Arenal Tempisque Irrigation District (hereinafter DRAT), however, it was corrected by that Intendencia through resolution No. RIA-006-2014 of May 7, 2014. On May 22, 2014, Aquacorporación Internacional S.A. filed an appeal for revocation with a subsidiary appeal against said resolution. With resolution RJD-106-2014 of September 30, 2014, the ARESEP Board of Directors approved the regulatory model for the water supply tariffs in the DRAT by SENARA and indicated that the formulas established in the model took into account "the cash needs of SENARA for the operation, maintenance, administration, and development of the water supply service in the DRAT with the most appropriate tariff structure to obtain those resources, according to the water volumes related to the consumptive and non-consumptive uses of water that are billed to hydroproductive activities". On October 22, 2014, the plaintiff filed a motion for reconsideration against said resolution. Through resolution No. RJD-153-2014 of November 13, 2014, ARESEP granted the appeal filed by the plaintiff here against resolution No. RIA-002-2014. The annulment was due to defects in the grounds (motivo) and content. In that act, the Intendencia de Agua was ordered to initiate a tariff-setting proceeding, applying the current model, and the annulment effects were dimensioned (dimensionados) in the sense of keeping the set tariffs in force, according to articles 11 of the Political Constitution (Constitución Política), 11 and 229 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP), and 131 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA). Through official letter No. 0983-IA-2014/87884 of November 28, 2014, the Water Intendente requested technical information from SENARA. Through Official Letter No. GG-061-15 of January 30, 2015, the SENARA Sub-Management responded to said requirement and indicated that in Annexes (Anexo) 6 and 7 it would provide the requested information on fish farming. In Annex 6, regarding the billed flows, it indicated that a projection was made for the 2016-2020 period, taking the monthly averages from the 2012-2014 period. In Annex 7, the methodology for determining water exchange (recambio del agua) in the DRAT and the water exchange values for each of the subscribers in recent years were set out. Water exchange was explained as intrinsic to the fish-farming activity, and its quantification: "If a pond is filled in one day, there will be a 100% exchange, which is the ideal; if it is filled in two days, the exchange is 50%, and so on. Its instrumentation is based on the flow rates delivered to fish farming, knowing the water surface area and the depth of the ponds." An average exchange rate was estimated for the periods 2006-2010. Furthermore, SENARA's accounting studies were presented. Through resolution RJD-153-2014 of November 13, 2014, issued by the ARESEP Board of Directors, that entity conducted a study of official letter No. 526-IA-2015, in which the approved tariff model was applied. For determining the tariff, the requirements of the water resource according to each activity were considered, and in the case of fish farming, consumption was estimated based on the flow rates and volumes billed for this activity in the years 2012, 2013, and 2014, and an estimate for the next five years. For determining the tariff, SENARA supplied ARESEP with the following information: Water Balance (Balance Hídrico) of the DRAT, including the Estimated Demands of the South Canal (Canal del Sur) Section II, certification on balances of financial statements of the DRAT, Methodology for determining water in the DRAT and water exchange values for each of the fish-farming subscribers in recent years, financing proposal for the secondary network of the South Canal, detail of investments made in 2014, request for the preparation of the five-year environmental investment plan for the DRAT, and, to include in the geographic information system, information on roads, calculation of expense allocation for the year 2015, budget liquidations from 2012 to 2014, history of projects executed in the Arenal-Tempisque irrigation district between 2011 and 2015. In official letter 526-IA-2015 of May 8, 2015, addressed to the Intendencia de Agua, SENARA communicated an ex officio tariff study, applying the regulatory model approved by ARESEP in resolution RJD-106-2014. In it, it obtained a unit tariff of 2.44 colones per cubic meter. To determine the tariffs, it used the following formula: cash requirement for the operation, maintenance, administration, and development of the DRAT, operation and maintenance expenses, expenses associated with investment, and ARESEP regulation canon. The number of users and the coverage area were also considered, as well as the volume of billed water. According to said study, the tariff obtained responds to the cash needs and average costs obtained for the 2015-2019 period to meet the operation needs of the Arenal-Tempisque Irrigation District (DRAT). According to that study, the tariff increase would be gradual, and at the end of the five years, in the fish-farming activity, the increase would be 32%. It was also determined that the irrigation infrastructure, as well as the roads, require substantial investment to be in optimal operating condition, and that the main limitation to applying the model is that the irrigation district does not have a measurement system, so the tariffs were set based on theoretical consumption by type of crop, and in the case of fish farming, an annual estimate of 504,638,250 cubic meters was made, with an exchange rate of 20%. A total average tariff was obtained, where the billed volume of water for irrigation was calculated based on FAO crop coefficients, and for fish farming, according to the measurement of water delivered by the DRAT, to which the water exchange factor for the activity would be applied. In that same study, ARESEP ordered SENARA to provide the plan for the purchase and installation of measurement equipment. In resolution No. RJD-061-2015 of April 16, 2015, ARESEP declared the appeal filed against resolution 106-2014 (regulatory tariff model) without merit. Through resolution RIA-009-2015 of September 8, 2015, ARESEP established the tariff for the water supply service, which came into effect on January 1, 2016, and would end in December 2020, establishing water consumption for fish farming at 15.43%. It also ordered SENARA to present, within a three-month period, "a statistical model to improve the estimation of water used in fish farming, with external variables, to be able to make more accurate forecasts." The Fifth Section of the Contentious Tribunal, composed of Judge Juan Luis Gusti Soto, Judges Ileana Sánchez Navarro and Marianella Álvarez Molina, issued Judgment No. 58-2019-V at 4:00 p.m. on July 16, 2019, and determined: "... The defenses of lack of active and passive standing, current interest, and expiration are rejected. The defense of lack of right is partially rejected regarding the dimensioning (dimensionamiento) contained in the resolution issued by the ARESEP Board of Directors No. RDJ-153-2014, of July nine, two thousand fourteen. Its rejection also proceeds in relation to the tariff differences arising from the application of the dimensioning (dimensionamiento) whose nullity is now declared. Said defense is also rejected regarding the differences that may arise between the tariffs actually collected based on the plaintiff's water consumption estimate, and that actually consumed, according to the evidence it provides in the judgment execution stage. The defense is admitted regarding the remaining claims. The lawsuit of AQUACORPORACIÓN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA against the AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS and the SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO is partially granted only on the points that will be stated; otherwise, it must be understood as denied. The absolute nullity of the dimensioning (dimensionamiento) contained in the resolution issued by the ARESEP Board of Directors No. RDJ-153-2014, of July nine, two thousand fourteen, is declared. Consequently, the tariffs that would correspond to apply for that period are those previously set by the Contraloría General de la República, which will be fixed in the judgment execution phase. In the event that any difference results in favor of the plaintiff, it must be recognized jointly and severally by the co-defendants. On the resulting amount, legal interest is recognized from the time each tariff difference was paid by the plaintiff until effective payment. The co-defendants are ordered to restitute the tariff increases for the water supply service provided to the plaintiff company, which may have derived from the inaccuracy of the tariffs, increases that the plaintiff must prove in the judgment execution phase. On the increases effectively paid, legal interest is recognized from the time each one was paid by the plaintiff until its effective payment. The lawsuit is denied in all other respects. Both sets of costs of this action are borne by the co-defendants...".

Dissatisfied with the ruling, the co-defendant SENARA filed a cassation appeal, which was admitted by this Chamber.

**APPEAL FOR VIOLATION OF SUBSTANTIVE RULES.**

II.- The wording of the cassation appeal is confusing; however, in an interpretive effort, this Chamber understands that four substantive grievances are raised. First: It alleges misapplication of articles 3 subsection b) and 31 of Law No. 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), in that the judgment ordered the refund of tariff differences collected from the plaintiff during the effective term of resolution No. R-DJ-153-2014 of November 13, 2014, sums that are not known with certainty, because the exact amount could not be proven. It criticizes that what was ordered by the Tribunal contradicts the spirit of the cited rules, since it requests the refund of sums collected by SENARA that only covered the cost structure, that is, said sums were used to cover salaries, operating expenses, investment, environmental sustainability, among others; and it does not take into account that what was collected by SENARA corresponds to services received, to the satisfaction of the plaintiff. It argues that the judgment orders the refund of possible tariff differences between what was paid by the plaintiff and the tariffs previously set by the Contraloría General de la República (hereinafter CGR), even though the imposition of this tariff was not alleged by the plaintiff. It adds that there is no proven fact that accredits the existence of tariff differences in favor of the plaintiff, so the appealed ruling incurs in incongruity due to ultra petita. Second: It criticizes a lack of reasoning (falta de motivación) and misapplication of articles 4 and 9 of the ARESEP Law (No. 7593) and of article 4 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP), because the Tribunal concludes that the dimensioning (dimensionamiento) given to resolution R-DJ-153-2014 is null due to lack of reasoning (falta de motivación); however, this is contrary to the objectives and powers of ARESEP, set forth in Law No. 7593, and such a conclusion is contrary to the evidence in the record. It alleges that the judgment does not make a clear and consistent analysis of why it considers that the annulled administrative resolution does not contain proper reasoning, which prevents the correct exercise of its right to defense. It argues that SENARA provides a public service under the principle of continuity and, for this, a tariff must be applied, according to articles 4 and 9 of Law No. 7593, so the judgment should have applied resolution RIA-006-2014 (the previous tariff resolution) until the Intendencia de Agua proceeded to set a new tariff, under penalty of the public service provided by SENARA being suspended, in accordance with the current legal norms. It alleges that the administrative act contains "in aliunde" reasoning, an aspect that was not analyzed by the Tribunal, since said administrative resolution mentions the existence of report or opinion 188-AJD-2008 of June 12, 2008, which develops the issue of the dimensioning (dimensionamiento) of ARESEP resolutions and even transcribes part of the opinion, so the decision to annul said resolution due to an absence of reasoning is incorrect. It explains that annulling what was done would lead to a public service being provided without current tariffs, which is contrary to articles 4 subsection d) and 9 of Law No. 7593. It contends that the purpose of the Contentious Administrative Jurisdiction is to protect the legal situations of any person and to guarantee or restore the legality of any conduct of the Public Administration, but not to exert control over the timeliness or convenience of administrative decisions, so the exercise of legality control would allow concluding that the annulled administrative act does have adequate legal reasoning which, in fact, was cited in the judgment. Third: It alleges misapplication of articles 8 and 9 of Law No. 7593 and 190 of the LGAP due to an absence of causal link between the annulled administrative act and SENARA, since the appealed judgment orders the nullity of resolution RJD-153-2014 and the joint and several obligation of both defendants to refund – if they exist – tariff differences in favor of the plaintiff. It points out that Proven Fact No. 6 states that the annulled administrative resolution is the product of the filing of an administrative appeal by the plaintiff, whereby, ex officio, ARESEP ordered the dimensioning (dimensionamiento) discussed in this proceeding, as well as the issuance of resolution RJD-153-2014 of November 13, 2014. It adds that SENARA did not issue any act but rather, in compliance with article 6 of Law No. 7593, applied what was ordered by ARESEP, charging for the public service provided to the plaintiff. It expounds that, supposing the administrative resolution is truly null, the judgment does not indicate what causal link obliges SENARA to be jointly and severally liable with ARESEP for an act issued by the latter, and even misapplies article 8 of Law No. 7593, which stipulates that ARESEP is solely responsible for its acts in matters of tariff regulation. It adds that the lack of reasoning (falta de motivación) of the judgment also manifests itself regarding the damage to be compensated and the non-existent link with SENARA, since article 196 of the LGAP provides that the alleged damage must be effective, evaluable, and individualizable in relation to a person or group; however, the plaintiff failed to quantitatively prove the damage suffered, and the judgment also does not analyze why the obligation to compensate has been individualized to both defendants. Fourth: It alleges incongruity regarding the condemnation of costs, because the judgment determined that the defendant party had sufficient reason to litigate and has been successful on some points; but, contrary to what was stated and to the provisions of article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA), it ordered the defendants to be condemned in costs, so it requests that this be annulled and that SENARA be ordered exempt from paying costs.

III.- The Tribunal, in issuing the contested judgment, stated: "...1.- On the absolute nullity of the dimensioning (dimensionamiento) contained in the resolution issued by the ARESEP Board of Directors No. RDJ-153-2014, of July nine, two thousand fourteen: (...) Once this Tribunal examined resolution No. RDJ-153-2014, this Decision-making Body appreciates that indeed, as the plaintiff's representative affirms, the ARESEP Board of Directors annulled Resolution RIA-002-2014, by which it had resolved to set the tariffs for the irrigation and fish farming (piscicultura) services provided in the DRAT by SENARA. The foregoing because it used a tariff model that had been annulled and was no longer in force. Furthermore, it is observed that the effects of the annulment were dimensioned (dimensionados), maintaining the tariffs established in RIA-006-2014, which was an act connected to the first. However, although it is true that to support that conduct - the dimensioning (dimensionamiento) - the concerned Administration cited a series of normative provisions (articles 11 of the Political Constitution (Constitución Política) and of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), 229 of the latter, as well as article 131 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo)), the truth is that this Decision-making Body considers that said reasoning is insufficient, since a normative statement is not enough to adequately ground it, as it must be accompanied by the factual basis that operationalizes it. Therefore, the Administration, to justify the dimensioning (dimensionamiento), should have, in addition to listing the legal basis, expressly indicated the reasons of social interest and the impact on legal certainty that, according to its assertion, led it to maintain the validity of the tariffs that had been set in disregard of the legal system. Furthermore, although it is true that the record shows that immediately, and during the year following the issuance of the annulment act, a new tariff setting was carried out, the truth is that the resolution now analyzed did not establish any deadline to comply with what was ordered, stating only that it had to be done immediately, thereby leaving in force a tariff established on the basis of an annulled model, for an indeterminate period. Consequently, this Tribunal considers that the plaintiff is correct in alleging the absolute nullity of the dimensioning (dimensionamiento) contained in the resolution issued by the ARESEP Board of Directors No. RDJ-153-2014, of July nine, two thousand fourteen. In this way, what is applicable will be to declare the nullity of that dimensioning (dimensionamiento). Consequently, the tariffs that would correspond to apply for that period are those previously set by the Contraloría General de la República. Therefore, and in application of article 122 m) iii of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in the judgment execution phase, the differences must be determined, if they occurred, between the tariffs collected based on resolutions RIA-002-2014 and RIA-006-2014, and those previously set by the Contraloría General de la República. On the resulting amount, legal interest is recognized from the time each tariff difference was paid by the plaintiff until effective payment...".

IV.- Given that all the grievances are closely related and in order to avoid unnecessary reiterations, this Chamber proceeds to resolve the substantive grounds jointly. The first, second, and third grievances raised by the appellant must be rejected. The three grievances refer to the absolute nullity of the dimensioning (dimensionamiento) contained in resolution No. RDJ-153-2014 of November 13, 2014. For this Chamber, it is necessary to indicate that the technique employed by the appellant is not adequate, as the exposition of its grievances is confusing. It recounts various discrepancies regarding the judgment but does not follow a common thread regarding the specific defects of the judgment. Repeatedly, this Chamber has pointed out that it is not enough, in this procedural instance, to indicate a series of argumentative discrepancies regarding disagreement with the appealed ruling; rather, it must be established, with certainty, what the errors incurred by the judgment consist of, specifying how the Tribunal's proceeding violates any procedural or substantive rule, linking its criticism with the foundations of the ruling. In any case, regarding the arguments that this Chamber managed to decipher, the first and second grievances must be rejected, since the defect of incongruity does not exist in the condemnation to reimburse tariff differences overpaid by the plaintiff, because this point was requested in claim No. 2 of the lawsuit. Nor is there a lack of reasoning (falta de motivación) in the appealed judgment, for it determined that in justifying the administrative act, a series of normative provisions were cited; however, this is not sufficient, because the administrative resolution omitted to indicate the factual basis that operationalized it and omitted to indicate the reasons of social interest and the impact on legal certainty that led it to maintain the validity of the tariffs that had been set in disregard of the legal system. The judgment also noted that the annulled administrative resolution also did not establish a deadline to comply with what was ordered, only stating it had to be done immediately, thereby leaving in force a tariff established on the basis of an annulled model, for an indeterminate period. All these shortcomings of the administrative resolution, which were indicated in the appealed ruling, were not refuted by the appellant in its appeal, so the grievance becomes useless for its purposes, as the judgment does indeed have the corresponding reasoning. Nor is there misapplication of articles 3 subsection b) and 31 of Law No. 7593, since the Tribunal is clear that the tariffs collected from the plaintiff were set under the principle of cost-of-service, but, given the shortcomings and defects of the administrative resolution that set them, said Tribunal was obliged to annul it and order the application of the previous tariff regulations (set by the CGR), which were indeed established in accordance with the law for the provision of the services required by the plaintiff. The appellant does not demonstrate any defect in that previous tariff, so it will be on that basis that the amount the plaintiff should have paid for the service received must be calculated, and, from there, determine if there is any difference with respect to the sums that the plaintiff, at the time, disbursed for such concept. Furthermore, it is true that the judgment did not determine the exact amount of the differences that may exist in favor of the plaintiff company; however, this does not generate any defect either, as it clearly indicated that these will be determined in the judgment execution stage according to article 122 subsection m) iii) of the CPCA. Nor is there a violation of articles 4, 6, 8, and 9 of Law No. 7593, since the judgment has not made any decision that goes against the setting and collection of tariffs, but it cannot validate an administrative act that does not comply with an essential element such as the grounds (motivo); therefore, by virtue of the nullity ordered, the judgment determined that the tariffs to be applied for that period are those previously set by the CGR, that is, in no way has it been ordered that the plaintiff cease to be charged for the service provided. Furthermore, the cassation appeal does not question the CGR tariff or indicate any defect in such a tariff decree. Regarding the third grievance, the claim that there is no causal link concerning SENARA is not accepted, for although the invoked regulations establish that ARESEP is the authority responsible for regulating tariffs, the truth is that these rules only belong to the ARESEP Law and, therefore, only regulate the activity of said authority. However, in the case at hand, it has been proven that SENARA was the entity that provided the public service and was in charge of collecting or receiving the payments disbursed by the plaintiff company, so the judgment clearly established the appellant's active participation regarding the facts claimed which justifies its passive standing and the joint and several condemnation established in the judgment: "... Now, the provision of said public service of water supply for irrigation and drainage is the responsibility of SENARA. From the study of its law of creation, both from its statement of purpose and its articles, the Tribunal considers that, contrary to what was expressed by the plaintiff's representative, SENARA holds competencies that go beyond the construction and maintenance of irrigation canals, as its functions include the proper functioning of the irrigation districts and the strengthening of their productive activity, and encompass actions aimed at the protection of the water resource, its rational use, its good utilization, and its fair distribution, so that pursuant to articles 2 and 3 of its Creation Law, No. 6877 of July 18, 1983- SENARA has powers of capture, utilization, delivery or supply, management, and administration of waters. In this way, SENARA does have the function of providing water, as expressly stated in article 1 of the Reglamento de Servicios de Riego para los Distritos, but also, the establishment of policies to guarantee its availability and the rational use of the resource. Therefore, as SENARA's activity constitutes the provision of a public service for which a public price must be paid, whose tariff must not only be set by the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos but must also respond to the principles and rules that regulate the setting of this type of tariffs - public prices - we find the maxim known as the cost-of-service principle, which, in essence, according to article 3 of Law No. 7593, implies that the establishment of a public price must be done based on a cost structure...".

The reasoning of the judgment was also not rebutted by the appellant, since the regulations pertaining to SENARA do establish its active participation in the public service that is the subject of analysis in this proceeding. For this reason, all three grievances must be rejected.

V.- Finally, regarding the fourth substantive grievance, the appellant entity alleges inconsistency in the resolution on costs. This Court considers that there is no defect of inconsistency in the technical-legal sense, but rather an improper application of Article 193 of the CPCA, which it claims has been violated. In resolving the costs, the judgment stated: “…The waiver of this award is only viable when there was, in the Court’s opinion, sufficient reason to litigate or else when the judgment is rendered based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the instant case, this Body concludes that the defendant party had sufficient reason to litigate, and has been the prevailing party on some of the claims sought; therefore, it is established that the costs of this matter are to be borne by the defendant party…”. For this Division, the error in the final decision is evident, since the judgment deemed it proven that the defendant party had sufficient reason to litigate and that there was mutual prevailing between the parties; that is, the Court was convinced that these were grounds for exemption from costs in favor of the defendants, and therefore the award of costs is inconsistent with the judgment’s own reasoning. There are numerous pronouncements by this Division indicating the applicability of said ground for exemption from costs, set forth in Article 193 of the CPCA and in Article 73.2 subsections 1 and 3 of the CPC, by referral from Article 220 of the CPCA; therefore, this last grievance must be upheld and the exemption from costs be declared only in favor of SENARA, since ARESEP did not file any appeal against that decision of the Court, thereby having acquiesced to what was decided in the judgment.

VI.- Pursuant to the foregoing, the appeal filed shall be partially upheld. The contested judgment will be partially overturned only as set forth below. Ruling on the merits, because there was sufficient reason to litigate and mutual prevailing, only SENARA shall be exempted from the payment of costs, as it is the only defendant filing an appeal against that award. In all other respects, the judgment shall remain intact.

THEREFORE

The appeal filed is partially upheld. The contested judgment is partially overturned only as set forth below. Ruling on the merits, only SENARA is exempted from the payment of costs. In all other respects, the judgment remains intact.






	
Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	
 


Rocío Rojas Morales

	
 

	
Damaris Vargas Vásquez



Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	
 

	
Ana Isabel Vargas Vargas

 

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