Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se declara el acto AJDIP/290-2017 del 13 de julio de 2017, emitido por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, contrario al ordenamiento jurídico, y por ende se declara su nulidad absoluta. Se declara a la especie Sphyrna como vida silvestre, en peligro de extinción de acuerdo a los criterios técnicos científicos, y por disposición legal, de dominio público. Se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación incorporar a las especies de tiburón martillo Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena en la lista de especies en peligro de extinción dadas las condiciones actuales señaladas por la ciencia y la técnica. Se ordena a SINAC, INCOPESCA y al Estado adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para erradicar la captura, retención, comercialización y descarga de las especies antes mencionadas.
English (translation)Administrative act AJDIP/290-2017 of July 13, 2017, issued by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, is declared contrary to the legal system, and therefore its absolute nullity is declared. The Sphyrna species is declared as endangered wildlife, according to technical scientific criteria, and by legal provision, public domain. The National System of Conservation Areas is ordered to include the hammerhead shark species Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, and Shyrna Zygaena in the list of endangered species given the current conditions indicated by science and technology. SINAC, INCOPESCA, and the State are ordered to adopt all necessary and appropriate measures to eradicate the capture, retention, commercialization, and landing of the aforementioned species.
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Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00912 - 2023 Fecha de la Resolución: 21 de Junio del 2023 a las 09:34 Expediente: 17-008322-1027-CA Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: SALA PRIMERA Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Ofrecimiento de prueba. Posibilidad de aportar prueba durante la tramitación del recurso de casación (numeral 145 Código Procesal Contencioso Administrativo). Dicha facultad no es irrestricta, pues este ordinal establece limitaciones o requisitos para que esta Cámara pueda entrar a valorar su admisión. Resulta necesario que quien la aporta: 1. Jure que no la conocía con anterioridad. 2. Se trate de hechos nuevos. 3.- Posteriores al dictado de la sentencia recurrida. En el presente caso, se incumplen los tres requisitos; por lo que se rechaza la prueba aportada (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Incongruencia Subtemas: Concepto y alcance. Análisis sobre el vicio procesal de incongruencia: infra, ultra o extra petita o bien por contener disposiciones contradictorias en la parte dispositiva del fallo; sin que se pueda pretender discutir las consideraciones del Tribunal. En la parte dispositiva del fallo impugnado, se declaró sin lugar la acción en todos sus extremos. Por ende, sí se pronunció sobre las pretensiones de la demanda, es decir, las rechazó. No se puede hablar de incongruencia cuando lo decidido por el Tribunal es insatisfactorio a los intereses de una de las partes. El rechazo total de la acción evidencia la decisión contundente de los juzgadores en señalar, en su criterio, que el actor no lleva razón con lo pretendido (voto 912-F-2023). ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Formalidades del recurso. Las causales de orden procesal solo pueden alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la norma procesal. Además, existe la necesidad de haber gestionado ante el órgano jurisdiccional pertinente la rectificación del vicio, en los casos en que sea posible (artículo 137.2 Código Procesal Contencioso Administrativo). Por ende, quien la alega, está en la obligación de explicar en qué consiste el perjuicio con dicha inobservancia (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Casación por razones procesales. Tema: Debido proceso Subtemas: Derecho de defensa. La denegación de prueba admisible es una situación plausible de ser un vicio del fallo, cuando genere indefensión a la parte. Es deber del recurrente justificar la incidencia directa que el medio probatorio tiene sobre el marco fáctico que sustentó una aplicación normativa perjudicial a sus intereses. Ver resolución 2047-2020 de la Sala Primera. Por otro lado, en cuanto a la falta de fundamentación alegada, aún y cuando podría considerarse lacónica, explica las razones por las cuales el Tribunal rechaza la aplicación de un fallo de esta Cámara, con lo cual no se puede afirmar haya una carencia de fundamento. Por otro lado, afirmar que no se haya tenido por probado algo, no es sinónimo de una falta de motivación; por lo que se deniega el reparo (voto 912-F-2023). ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Acto administrativo Subtemas: Concepto y alcance. El acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de la función administrativa, el cual produce efectos jurídicos concretos o generales, de naturaleza normativa o no, de modo directo o indirecto, en uso de sus potestades (voto 912-F-2023). ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Acto administrativo Subtemas: Validez. Tema: Elemento del acto administrativo Subtemas: Sujeto. El acto administrativo se estima válido en el tanto sea acorde con el ordenamiento jurídico (artículo 128 Ley General de la Administración Pública). Además, se exige sea dictado por el órgano o ente competente y se cumplan todos los requisitos y trámites legales exigidos (numeral 129 ibidem) (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Elemento del acto administrativo Subtemas: Concepto y alcance. Los actos administrativos se clasifican en dos grupos: formales y materiales. Los primeros están dirigidos al ejercicio de la potestad que autoriza la conducta pública, consistentes en el procedimiento, la forma (manera cómo se exterioriza) y el sujeto (competencia). Los segundos están vinculados con el fin del acto y enmarcan la actividad que pretende realizar la Administración; lo constituyen el motivo, el contenido y el fin. Ver las resoluciones 804-2008, 771-2015, 1119-2015, 1242-2020 y 2356-2020 de la Sala Primera (voto 912-F-2023). ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Nulidad Subtemas: Nulidad absoluta. Nulidad relativa. La invalidez puede manifestarse mediante dos tipos de nulidades, a saber: absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida (mandato 165 Ley General de la Administración Pública). La absoluta se configura cuando falten totalmente uno o varios de los elementos constitutivos del acto, real o jurídicamente (canon 166 ibídem), mientras que la relativa, cuando sea imperfecto uno de esos elementos, salvo que dicho vicio impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta (numeral 167 ibídem). El precepto 182 prescribe la ineludible obligación del juez de declarar, de oficio, la invalidez del acto cuando se presente un vicio relacionado con el sujeto. Según el numeral 169, no se puede presumir legítimo un acto absolutamente nulo, ni tampoco es factible ordenar su ejecución (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Elemento del acto administrativo Subtemas: Sujeto. El acto debe dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia (cardinal 129 Ley General de la Administración Pública) (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Elemento del acto administrativo Subtemas: Motivo motivación. El motivo debe existir y ser legítimo (artículo 133 Ley General de la Administración Pública). Se considera que tal elemento se encuentra ausente, cuando los hechos que se invocan como antecedentes y que vienen a justificar la emisión del acto son falsos, inciertos o inexistentes, lo que produce su nulidad absoluta (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Elemento del acto administrativo Subtemas: Contenido. El contenido constituye el efecto del acto administrativo como resultado jurídico inmediato. En otras palabras, es lo que se declara, dispone, ordena, certifica o juzga; el cual queda delimitado por las personas, cosas o conductas a que se refiere (numeral 132 Ley General de la Administración Pública) (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Elemento del acto administrativo Subtemas: Fin. El fin refleja el resultado objetivo que busca el acto administrativo, de tal suerte que se encuentra determinado para su realización por el motivo y el contenido (voto 912-F-2023). ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Animal Subtemas: Vida silvestre. Tema: Bien demanial Subtemas: Flora y fauna. Tema: Patrimonio natural del Estado Subtemas: Concepto y alcance. Si el tiburón martillo es una especie que vive en condiciones naturales y no requiere el cuidado del ser humano para su supervivencia, cumple con los elementos que lo conceptualizan como vida silvestre. La Ley de Conservación de Vida Silvestre declara de dominio público la fauna silvestre y establece que esta forma parte del patrimonio natural. El tiburón martillo es parte de la biodiversidad del país y, por ende, un sujeto de derecho que debe ser protegido por sí mismo, lo cual trae implicaciones y responsabilidades para la administración pública a fin de garantizar la protección eficaz de la naturaleza. El Estado debe dar prioridad a las especies en peligro de extinción. De acuerdo con el marco normativo y la prueba examinada, queda demostrado para esta Sala el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el tiburón martillo. No solo forma parte de la Lista Roja establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como población en grado crítico, sino que de los informes de los Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) estudiados, incluso el del año 2020, se corrobora una disminución en Costa Rica de su cantidad presentes en aguas nacionales. La pesca dirigida e incidental ha actuado en detrimento de la especie, dándose como constante año tras año una situación más comprometedora de su conservación. Las vedas temporales o la prohibición en el santuario del Golfo Dulce, han sido insuficientes para evitar su pesca incidental, pues aún con tales prohibiciones, una embarcación puede capturarlos vivos, dejárselos y aducir que llegaron muertos al barco, así evita retornarlo a las aguas. Ello ha tenido repercusiones devastadoras en la población neonata y jóvenes sin madurez sexual, lo que ha generado un menoscabo en su repoblación. En todos los dictámenes estudiados se recomienda la implementación de acciones encaminadas a la protección de la especie. Dicha reducción de la población ha llevado a la especie a categorizarse en peligro crítico al borde casi de su extinción, así lo establece la Lista Roja y el DENP 2020. En reiteradas ocasiones, la recomendación de los expertos es que se prohíba su comercio internacional. Aún y cuando se reconoce la existencia de algunos esfuerzos del Estado, del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para tener mejores datos de trazabilidad sobre esta especie, lo cierto es que las recomendaciones dadas en los DENP están lejos de cumplirse a cabalidad. Se torna relevante generar una protección especial a las tres especies de Sphyrna presentes en Costa Rica. Así, dado que la propia Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (conocida como CITES) prevé que Costa Rica puede proteger de mayor manera a las especies que se encuentran en el apéndice II, conforme lo dispone el artículo II.2 y el artículo 14 de dicha Convención, siendo además que la propia Ley de Conservación de la Vida Silvestre (canon 75) obliga a que cuando se evidencie el detrimento en una población de fauna silvestre, se debe dar su protección; considera esta Cámara que en este proceso se cuenta con suficiente prueba técnico-científica para confirmar que el tiburón martillo se encuentra de estado crítico y vulnerable. Dicha condición no solo los DENP y los testigos lo comprueban, el propio decreto ejecutivo 41056 que es la declaratoria de Santuario del Golfo Dulce, refiere y es parte de su motivación, la delicada situación de la especie Sphyrna, a tal grado, que el Ministerio de Ambiente y Energía como autoridad de protección de la vida silvestre, considera necesario su resguardo. Atendiendo a los principios preventivo, precautorio e indubio pro natura, se torna necesaria y obligatoria para esta Sala la declaración del tiburón martillo, en las tres especies presentes en Costa Rica (Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena) en calidad de peligro de extinción conforme a los estudios técnicos científicos que respaldan la decisión y como de dominio público. Se le ordena al SINAC, INCOPESCA y al Estado que emita los actos administrativos necesarios e indispensables para erradicar de manera total su extracción de las aguas nacionales, prohibiéndose su captura incluso de modo incidental; debiendo ejercer las autoridades correspondientes los ejercicios necesarios, tanto en aguas territoriales, en tierra y en puertos, para verificar que no se ejerza la sustracción de esta especie (Artículos 7 Constitución Política; I, II.2.a y b y 4, IV.1 y 2.a, b y c, VII.1 y XIV.1.a Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (conocida como CITES) (Ley 5605); 2.5, 6 y 7, 32 y 40 Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 8436); 5.ñ Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Ley 7384), 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 71 y 75 Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317), reformada por la Ley 9106; 5, 7, 11, 55, 56.1 y 109 Ley de Biodiversidad; 6 Ley General de la Administración Pública (Ley 6227); decretos ejecutivos 40379, denominado: “Reforma Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES); Decreto Ejecutivo 39489, denominado: “Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES)”; 3, 4.16 y 19 y 6 Decreto Ejecutivo 40548, denominado “Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre”; Decreto Ejecutivo 41056, denominado “Declaración de Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce”). Ver resoluciones 1327-2016 y 2005-2020 de la Sala Primera, 17397-2019 y 22070-2022 de la Sala Constitucional (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Principio preventivo Subtemas: Concepto y alcance. El criterio preventivo reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas (artículo 11.1 Ley de Biodiversidad) (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Principio precautorio o de evitación prudente Subtemas: Concepto y alcance. El criterio precautorio o indubio pro-natura dispone que, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección (artículo 11.1 Ley de Biodiversidad) (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Principio de interés público ambiental Subtemas: Concepto y alcance. El criterio de interés público ambiental supone que el uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida (artículo 11.1 Ley de Biodiversidad) (voto 912-F-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Prueba Subtemas: Norma técnica. La lista roja (creada para evidenciar dónde y cuáles son las acciones que necesitan llevarse a cabo para salvar la naturaleza de su extinción), al tratarse de un componente estatuido por el propio ordenamiento jurídico, no se torna necesario traerlo a este proceso como prueba para mejor resolver, ya que se trata de una norma técnica, cuya consulta es pública y ubicable en el propio sitio web de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Forma parte de esta lista las tres especies de tiburón martillo -Sphyrna- presentes en Costa Rica, las cuales están categorizadas como animales cuya población está en decrecimiento y en estatus o categoría de “peligro crítico” de extinción (voto 912-F-2023). ... Ver más Texto de la resolución Exp. 17-008322-1027-CA Res. 000912-F-S1-2023 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cuatro minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitres . Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por WALTER BRENES SOTO, quien se representa a sí mismo; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA, el ESTADO y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Participan como coadyuvantes pasivos: la Asociación Cámara Nacional de la Industria Palangrera representada por Marco Seas Sosa, Inversiones Cruz S.A., y Samlley Development S.A., ambas representadas por José Enrique Cruz Zeledón. Figuran como apoderados especiales judiciales, por INCOPESCA el licenciado Heiner Méndez Barrientos; por el SINAC la abogada Maureen Solís Retana; por la Asociación la letrada María José Peralta Salas; y, las dos sociedades anónimas, por el jurista Rafael Brooks McKenzie. Participa como procuradora Heilyn Sáenz Calderón. Redacta la magistrada Vargas Vásquez; y, CONSIDERANDO I. El 7 de junio de 2018, el señor Walter Brenes Soto, presentó demanda contenciosa contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (en adelante INCOPESCA), el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (por sus siglas SINAC). Participan como coadyuvantes pasivos la Asociación Cámara Nacional de la Industria Palangrera (en lo sucesivo la Asociación), Inversiones Cruz S.A., y Samlley Development S.A., acción presentada con el fin de resguardar la fauna silvestre, en específico las tres especies de Tiburón Martillo presentes en Costa Rica. En lo medular indicó, el 30 de octubre de 1974, mediante Ley 5605, Costa Rica ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (conocida como CITES). El 14 de marzo de 2013, durante una de las denominadas Conferencia de las Partes (CoP) de CITES, el Tiburón Cachona o Martillo Común (especie Sphyrna Lewini), fue incluido bajo el Apéndice II de CITES, además de dos especies más de tiburón martillo por su gran parecido físico y dificultad de diferenciarlas del martillo común, concretamente el tiburón martillo gigante (especie Sphyrna Mokarran) y el tiburón martillo liso (especie Shyrna Zygaena). Esta disposición entró en vigor el 14 de septiembre de 2014 para los Estados Parte de CITES. El 8 de septiembre de 2014, la Contraloría General de la República (CGR), mediante informe DFOE-AE-IF-09-2014, constató la importancia del monitoreo sistemático para la evaluación del estado de las especies en peligro de extinción. Ni el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ni el SINAC, cuentan con programas específicos de desarrollo, control, conservación y protección para las especies CITES, con lo cual tampoco para las tres especies de tiburón martillo que hay en Costa Rica. El 20 de agosto de 2015, el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas CITES de Costa Rica, emitió el Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) para el Tiburón Común (Sphyrna Lewini) y las dos especies semejantes ya referidas. El 10 de agosto de 2016, mediante oficio SINAC-SE-CUS-362, como Autoridad Administrativa CITES solicitó al coordinador del Consejo, la aprobación para permitir la exportación de aleta de tiburón. El 17 de marzo de 2017, la Comisión de Expertos No Permanente, asociada al Consejo, emitió el DENP para las especies de tiburón martillo presentes en Costa Rica y que están incluidas en el apéndice II de la CITES. Dijo, el tiburón martillo es Vida-Fauna-Silvestre, las tres especies de género Sphyrna están en peligro de extinción. Según datos de INCOPESCA, durante el año 2015 y 2016, se ha estado permitiendo la extracción de aletas de las tres especies de tiburón martillo. El 3 de julio de 2017, el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, emitió la resolución AJDIP/290-2017, en donde declaró de interés pesquero y comercial al tiburón cachona o martillo común, al tiburón gigante y al tiburón martillo liso. Resolución publicada en el Diario Oficial el 16 de agosto de 2017. El 12 de septiembre de 2017, el SINAC emitió el acto R-SINAC-CONAC-092-2017, relativo al Listado de Especies de Fauna Silvestre en peligro de extinción en Costa Rica, en la cual no se incluye a ninguna de las tres especies de tiburón martillo. Agregó, no ha habido un pronunciamiento del Estado ni del SINAC, para declarar las tres especies de tiburón martillo como parte de la Vida Silvestre, tampoco lo reconocen como fauna o animal silvestre, no han hecho la declaratoria de especie en peligro de extinción. De esta manera, los codemandados no han adoptado medidas para restringir la captura, retención, comercialización ni descarga del Tiburón Martillo en los puertos pesqueros y comerciales de Costa Rica, no hay planificación, desarrollo, control ni conservación del tiburón martillo. Con base en esta relación de hechos y lo acordado en audiencia preliminar, en lo de interés peticionó se declare: 1- Disconforme, y, por ende, se anule la resolución AJDIP/290-2017 emitida por INCOPESCA el 13 de julio de 2017, en lo que se refiere y relaciona con la determinación de interés pesquero declarada sobre las poblaciones de tiburón martillo en sus tres especies. 2- Se ordene al SINAC, incorporar en el listado de especies de Fauna Silvestre en peligro de extinción a las poblaciones de tiburón martillo en sus tres especies. 3- Los codemandados establezcan al tiburón martillo en sus tres especies como vida silvestre - fauna silvestre – animal silvestre en peligro de extinción. 4- Se ordene a los codemandados la adopción de medidas necesarias y apropiadas para restringir la captura, retención, comercialización y descarga del tiburón martillo en sus tres especies en los puertos pesqueros y comerciales de Costa Rica. 5- El SINAC es el competente para ejercer la planificación, desarrollo, control y conservación del tiburón martillo en sus tres especies. 6- Debe el MINAE y el SINAC nombrar los suficientes y necesarios inspectores de vida silvestre para que trabajen en actividades de manejo, control y protección asociadas al tiburón martillo en sus tres especies. 7- Se ordene a INCOPESCA abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar la situación jurídica actual y futura -fauna o animal silvestre en peligro de extinción- del tiburón martillo en sus tres especies. 8- Las costas a cargo de los codemandados. Estos contestaron de manera negativa la demandada y opusieron las siguientes excepciones: SINAC, falta de derecho; INCOPESCA, falta de legitimación activa y pasiva; y, el Estado, falta de derecho. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, en resolución número 38-2021 de las 8 horas del 13 de abril de 2021, rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva. Acogió la falta de derecho. Declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. Mantuvo la vigencia de la medida cautelar de la resolución oral número 180-2018-I de las 16 horas 15 minutos del 18 de mayo de 2018, del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hasta que adquiera firmeza la resolución. Exoneró al actor del pago de las costas personales y procesales; y en cuanto a las coadyuvancias, omitió pronunciamiento sobre ese aspecto. Indicó, deben tomar nota los codemandados de lo indicado por el Tribunal en el último considerando. Inconforme el actor, presentó recurso de casación. II. De previo. Conferida la audiencia respectiva, el apoderado de la Cámara Nacional de Palangre solicitó se admita como prueba para mejor resolver el documento denominado “Declaración sobre la liberación voluntaria del tiburón martillo por parte del sector pesquero palangrero costarricense para propiciar la pesca responsable”. El documento que aporta se trata del acto administrativo emitido por el INCOPESCA AJDIP/143-2020 del 10 de julio de 2020. Sobre el particular, se le indica, el numeral 145 del Código Procesal Contencioso Administrativo, dispone la posibilidad de aportar este tipo de prueba durante la tramitación del recurso de casación. Pero dicha facultad no es irrestricta, pues ese propio ordinal establece limitaciones o requisitos para que esta Cámara pueda entrar a valorar su admisión. En este sentido se torna necesario que quien la aporta: 1- jure que no la conocía con anterioridad; 2- se trate sobre hechos nuevos y; 3- posteriores al dictado de la sentencia recurrida. En el presente caso, no se cumple con ninguno de los tres requisitos; véase que no existe la juramentación sobre que no conocía el documento en cuestión, pues solo indica que tuvo acceso a ella en esta etapa procesal, esto aún y cuando el documento en cuestión trata de una declaración libre del sector palangrero costarricense, al cual representa la Cámara gestionante. Tampoco se trata de un hecho nuevo y ocurrido con posterioridad a la sentencia que se impugna, pues el fallo referido data del 13 de abril de 2021, mientras que el acuerdo tiene fecha del 10 de julio de 2020, casi un año antes. Así las cosas, se rechazará la prueba aportada. Casación por razones procesales III. De este tipo aduce los siguientes dos motivos. Primero, acusa falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados en sentencia, en el tanto el Tribunal nunca tuvo por demostrado o indemostrado si el tiburón martillo es un animal de vida silvestre en peligro de extinción. Por ello no se cumple con lo dispuesto en el ordinal 61.2 del Código Procesal Civil (CPC), de aplicación supletoria por así permitirlo el ordinal 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Aquél establece la obligación de que la sentencia resuelva sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido sometidos a debate, sin que se pueda conceder más de lo pedido ni comprender otras cuestiones que las debatidas; debiendo en la parte considerativa establecer de manera clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos probados y no probados. En el fallo cuestionado, solo se menciona que el tiburón martillo se encuentra en el listado de especies con población reducida por pertenecer al Anexo II de la CITES, punto que nunca fue controvertido en el proceso. Durante todo el debate, se ha expuesto sobre la vulnerabilidad de la especie y que esta se encuentra en peligro de extinción, pero el Tribunal omite pronunciamiento al respecto. IV. De la redacción del reparo, se evidencia que lo alegado es el vicio de incongruencia, por lo cual será analizado desde esta perspectiva. La incongruencia puede presentarse cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (infra petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, por contener disposiciones contradictorias. Para que esta figura proceda, la disonancia explicada, debe darse en la parte dispositiva del fallo, pues con base en el defecto de la incongruencia, no se puede pretender discutir las consideraciones que haya tenido el Tribunal, para tomar su decisión. El artículo 137 inciso 2) del CPCA establece, que las causales de orden procesal solo pueden alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la norma procesal; además dispone, la necesidad de haber gestionado ante el órgano jurisdiccional pertinente la rectificación del vicio, en los casos en que sea posible. Lo anterior debe entenderse, en el sentido de que quien la alega, está en la obligación de explicar en qué consiste el perjuicio con dicha inobservancia. En el caso de estudio, efectivamente el actor en su demanda -pretensiones 2 y 3- solicitó se establezca e incorpore al tiburón martillo como población en peligro de extinción. Sin embargo, también es cierto, en la parte dispositiva del fallo impugnado, se declaró sin lugar la acción en todos sus extremos, con lo cual el Tribunal sí se pronunció sobre tales puntos. Es decir, se rechazó la solicitud hecha por el accionante en su petitoria, con lo cual debe entender denegada la pretensión sobre la declaratoria de vida silvestre y en peligro de extinción de la especie del tiburón martillo. No se puede hablar de incongruencia, cuando lo decidido por el Tribunal no es satisfactorio a los intereses de una de las partes. El rechazo total de la acción evidencia la decisión contundente por parte de los juzgadores en señalar que, en su criterio, el actor no lleva razón con lo pretendido. Así las cosas, su reparo deberá ser denegado. V. En el segundo agravio el recurrente reclama falta de motivación, en el tanto la sentencia no desarrolla un razonamiento lógico y justificado que fundamente debidamente su decisión. Hace referencia, en primer lugar, a la resolución de las 9 horas 33 minutos del 26 de marzo de 2021. Señala, una vez celebrado el juicio oral y público, solicitó la reapertura del debate por enterarse en ese momento que el SINAC había creado una lista de especies marino-costeras en peligro de extinción, en donde se incluyó las tres especies del tiburón martillo. Dicho documento se convirtió en una prueba necesaria para resolver el asunto, sin embargo, el juez ponente decidió rechazarla sin ahondar en análisis. Aún y cuando se trate de una facultad del juez, esto no implica que esté exento de motivar su criterio, debe explicar por qué así lo consideró. En segundo lugar, dice, en resolución de las 10 horas 43 minutos del 6 de abril de 2021, el Tribunal decidió hacer una reapertura a juicio para analizar la sentencia 2005-F-S1-2020 de las 10 horas 30 minutos del 18 de junio de 2020 emitida por la Sala Primera, en relación con la pretensión quinta de la demanda. Resolvió, que dicho fallo, era inocuo para determinar la validez o invalidez del acto AJDIP/290-2017, sin que hiciera referencia a las implicaciones relacionadas con la pretensión quinta. Tercero, agrega, no hubo motivación respecto de la pretensión tercera, en el tanto no declaró al tiburón martillo animal de vida silvestre en peligro de extinción. En este sentido el Tribunal ignora por completo referirse a dicha condición. VI. De la redacción de la primera inconformidad planteada se extrae que, además de la falta de motivación alegada, invoca un desconcierto por denegación de prueba admisible. Sobre esta figura en procesos contenciosos administrativos, ha dicho esta Cámara (consúltese resolución número 2047-F-S1-2020 de las 16 horas del 30 de junio de 2020), que tal situación es plausible de ser un vicio del fallo, cuando dicha inadmisión genere indefensión a la parte. Lo anterior implica, el recurrente debe justificar la incidencia directa que el medio probatorio tiene sobre el marco fáctico que sustentó una aplicación normativa perjudicial a sus intereses. A estos argumentos ha de agregarse que el artículo 137 inciso 2) del CPCA, establece que cuando se alegue una violación de índole procesal, se hace necesario que la parte que considera vulnerado su derecho haya gestionado ante el órgano jurisdiccional correspondiente la rectificación del vicio, cuando este sea posible. En el caso de estudio, revisado el expediente, se evidencia documento del 19 de marzo de 2021, en donde el actor solicitó la aplicación del supuesto establecido en el numeral 110 ídem, con el fin de que el Tribunal recibiera y ampliara las pruebas incorporadas, por considerarlas absolutamente necesarias para el dictado de la sentencia. En virtud de ello, el Tribunal mediante resolución de las 9 horas 33 minutos del 26 de marzo de 2021, rechazó la gestión por considerar que tanto reabrir el debate como admitir prueba para mejor resolver, es una facultad del juzgador aplicable cuando a su criterio son necesarios, “situación que en el presente caso no se da”. Esta decisión no fue recurrida por la parte actora, con lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral referido, el momento procesal para hacer el respectivo reclamo precluyó, con lo cual carece la Sala de competencia para conocerlo. VII. Sobre el segundo punto planteado, en considerando XV del fallo cuestionado, el Tribunal señaló que lo resuelto por la Sala Primera en resolución 2005-2020 carecía de relevancia para la resolución de este asunto, en virtud de que la asignación de la competencia para determinar la lista de especies pesqueras no proviene de una norma reglamentaria, sino está subordinada a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Aún y cuando esta motivación podría considerarse lacónica, explica las razones por las cuales el Tribunal rechaza la aplicación del fallo referido de esta Cámara, con lo cual no se puede afirmar haya una carencia de fundamento. VIII. En la tercera línea de su argumentación, esta no puede entenderse como un agravio que se baste a sí mismo, en el tanto, afirmar que no se haya tenido por probado algo, no es sinónimo de una falta de motivación. Conforme a lo expuesto el reparo en su totalidad deberá ser denegado. Casación por razones sustantivas IX. De este tipo aduce los siguientes tres motivos. Primero, afirma existe una contradicción entre el cuadro fáctico y la prueba aportada. Se refiere al segundo hecho tenido por probado y al segundo no probado. Aquel dice que el Estado ha realizado actividades de protección; el segundo, que no se acredita inexistencia de acciones efectivas de protección. No entendió el Tribunal, la demanda ambiental presentada, refiere que los codemandados no han realizado las acciones pertinentes conforme lo establece el principio precautorio y el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, para la protección del tiburón martillo, ergo, la existencia de medidas no es suficiente para la protección de la especie. El reconocimiento por parte del Tribunal sobre la existencia de vedas como medida preventiva, contraviene los DENP, en donde se señala la existencia de la extracción del tiburón martillo e incluso hace recomendaciones para evitarla. Dicho documento en el punto 2, página 17, indica que aún y cuando se han ubicado zonas y épocas de reproducción, no se ha implementado vedas estacionales para proteger la especie, esto a excepción de ciertas áreas del Golfo Dulce. En el punto 5, página 18, recomienda a INCOPESCA declarar vedas para su protección, incluyendo el no uso de líneas de fondo, por ser estas muy efectivas para la pesca de martillos jóvenes y preadultos. En todo caso agrega, las codemandas no demostraron la existencia de vedas estacionales; incluso, reconocieron que no se ha implementado los observadores a bordo de los barcos pesqueros, situación clave para la protección del tiburón. También dijeron los juzgadores, que otra medida para la protección del tiburón martillo es la creación de zonas de exclusión para la pesca, y hace referencia al Santuario del Golfo Dulce, el cual presenta el problema de que ahí, no está del todo excluida dicha actividad, de forma tal que el tiburón martillo es atrapado cuando se pescan otro tipo de animales. Esto quedó demostrado con el testimonio de José Miguel Carvajal, quien dijo que, a pesar de no estar permitida la pesca directa del tiburón martillo dentro de la zona del Santuario, sí se permite la de otras especies, por lo cual, sí se da la pesca incidental de esta especie en la zona de protección, lo que hace la medida ineficaz. Ahora bien, en el hecho no probado número 2, dijo el Tribunal, no hay inexistencia de acciones efectivas para la preservación del tiburón martillo. Pierden de vista los juzgadores, que la demanda va dirigida a acusar omisiones de parte de las instituciones vinculadas a la protección, mitigación, a restringir la captura, retención y comercialización de este animal, tan es así, que ni siquiera se cuenta con estudios poblacionales de su especie y no hay un control ni registro adecuado sobre sus capturas. Así, conforme a la inversión en la carga de la prueba en materia ambiental, regulada en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, correspondía a los codemandados acreditar las acciones tomadas para la protección efectiva. Se ha demostrado en este proceso con el documento DENP 2018, que la caza de esta especie se ha reducido en virtud de que la población ha mermado, debido al aumento descontrolado de su pesca, pero no por una protección efectiva nacida de acciones estatales. Insiste, los DENP de los años 2015, 2017 y 2018, han realizado recomendaciones a INCOPESCA en conjunto con las demás instituciones, ninguna de las cuales se ha ejecutado. Sobre el hecho no probado primero, señala, para el Tribunal el nombramiento de más inspectores de pesca no implica un mejoramiento de la conservación de las especies del tiburón martillo. Sin embargo, los DENP, que son dictámenes de carácter técnico refieren la necesidad de una mayor protección. El DENP del 2015, en su recomendación número 5 señala que INCOPESCA debe iniciar el programa de observadores a bordo de embarcaciones y también en los puertos de descarga para verificar los datos recopilados por los “FIADs”. El del año 2017, en la recomendación 12 indica que INCOPESCA debe continuar con los esfuerzos para implementar el programa de observadores para cumplir con las regulaciones nacionales internacionales. El del año 2018, dice en la recomendación 3 que el Gobierno de Costa Rica debe continuar con los esfuerzos para implementar el programa observadores a bordo para recopilar información que contribuya a las evaluaciones pesqueras de los tiburones del género Sphyrna. De lo anterior se evidencia, que desde el año 2015 se ha venido recomendando el programa de observadores, con el fin de llevar un control y un cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales y, en consecuencia, una mayor protección del tiburón martillo. Estos dictámenes, reitera, son de carácter técnico y científico, de allí, es contradictorio que el Tribunal no tenga por demostradas las falencias en las que han incurrido los demandados, ya que nunca se han implementado las recomendaciones. Segundo, acusa indebida valoración y preterición probatoria. Señala, cuando se resuelve sobre materia ambiental, en aplicación del principio precautorio se da una inversión de la carga de la prueba, artículo 109 de la Ley de Biodiversidad. En este sentido, para el Tribunal no se demostró que la inclusión del tiburón martillo dentro de la lista de especies pesqueras implique una desprotección absoluta de la especie; así razonó: “la parte actora no hizo llegar al proceso a pesar que ostentaba la carga probatoria para fundamentar sus pretensiones […] prueba suficiente en el sentido que las políticas públicas o las prácticas administrativas del Estado y sus instituciones, desprotejan o ayuden a la pesca excesiva y contraria a la sostenibilidad de los ecosistemas, no teniéndose por probado de esa forma la violación de las normas comentadas en este considerando.”. Se ha impuesto la carga de la prueba al accionante sin considerar la naturaleza de lo debatido y las circunstancias del caso, es decir, los codemandados estaban en la obligación de demostrar la existencia de medidas administrativas y políticas públicas que efectivamente protejan al tiburón martillo. La mera existencia formal no implica protección efectiva, esta debe extenderse al plano material, es decir, se torna necesario que las acciones realizadas por la Administración resulten suficientes y efectivas para la protección de la especie. Asimismo, agrega, en casos como el de estudio, se debe aplicar la premisa de que la cosa habla por sí misma: “res ipsa loquitur”; se utiliza para aquellos casos en los cuales no se puede probar cuál fue el hecho generador del daño, pero debido a las circunstancias en las que ha ocurrido, se infiere que ha sido producto de la negligencia o acción determinada de un sujeto. En este sentido, el acto AJDIP/290-2017 por sí mismo tiene como consecuencia lógica una desprotección de las especies Sphyrna, al legitimar la explotación comercial de una especie de vida silvestre en peligro de extinción. En esta línea de pensamiento, refiere, el Tribunal no tomó en cuenta la Lista Roja de la UICN, en donde se establece al tiburón martillo como una especie en peligro de extinción. Alega, siguiendo esta práctica errada en el tratamiento de la prueba, no valoró el Tribunal de manera debida los DENP, los cuales son documentos técnicos elaborados por la Comisión de Expertos No Permanente, asociada al Consejo de Representantes de Autoridades Científicas de la Convención Sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de Costa Rica (CRACCITES-Costa Rica), que en el caso de las tres especies de tiburón martillo de Costa Rica, están incluidas bajo el Apéndice II de CITES. Reitera lo ya dicho sobre los dictámenes de los años 2015, 2017 y 2018. Manifiesta, en estos documentos se insiste que no es posible la extracción del tiburón martillo para su comercio internacional debido a lo amenazada que está la especie. En estos documentos se determina la susceptibilidad comercial que tiene este animal, así como las deficiencias y falta de control de las autoridades para protegerlo. Pero, el Tribunal no valoró de manera debida estos documentos, y no tomó en cuenta que tienen un contenido técnico, lo que lo llevaría a concluir la desprotección de la especie. Transcribe una parte de la página 66 del DENP 2015, de donde dice, se evidencia la delicada situación por falta de controles en las capturas del tiburón martillo. Asimismo, señala la escasez de insumos para que los inspectores de INCOPESCA u otros funcionarios realicen los trabajos regulatorios. No obstante, según los juzgadores, los codemandados protegen adecuadamente la especie por el solo hecho de crear zonas de exclusión, en las cuales como se indicó, se termina pescando tiburón martillo cuando se cazan otras especies. Tampoco es suficiente como lo dice el Tribunal, la revisión que se hace de las embarcaciones, pues la falta de inspectores produce que no sea una medida funcional para detectar la extracción de este animal. Ninguna de estas disposiciones ha cercenado el decrecimiento en la especie (página 67), en donde se expone que ha habido una evidente reducción de efectivos poblacionales, en virtud de la presión pesquera, la cual es responsable de dicha reducción. El Estado ni siquiera ha tenido el cuidado de determinar la incidencia de esa pesca en la población total de tiburón martillo. En el DENP 2017, en página 37 del dictamen se indican las amenazas directas e indirectas a la población, por falta de monitoreo, control y vigilancia, además de falta de coordinación estratégica y priorización de estudios a nivel regional para la especie. También resalta la existencia de pesca y comercialización ilegal, desconocimiento del índice de explotación, captura de neonatos y juveniles en zonas de reclutamiento. Aun así, el Tribunal señala que el tiburón martillo tiene una debida protección. En ese documento se recomendó al SINAC como Servicio Nacional de Guardacostas, el deber de mejorar el control y vigilar las áreas marinas protegidas, así como las zonas costeras, todo con el fin de reducir la pesca ilegal, el deber de mejorar la recolección de prueba y la presentación de denuncias ante las instancias judiciales. DENP 2018, en este se establece que la especie se encuentra en riesgo ecológico alto, por lo que deben tenerse los cuidados especiales en su explotación y protección. El Tribunal desconoce la condición crítica que se le da a la especie en este informe, con lo cual es contradictorio mantener un acto administrativo que la declara de interés pesquero y comercial. Agrega, indebida valoración del testigo José Miguel Carvajal: Este evidenció las deficiencias en las que ha incurrido el INCOPESCA para ejercer un control sobre las especies de tiburón martillo. Informó que en las embarcaciones no hay observadores, aún y cuando existe una recomendación del DENP del 2015, además, indicó que existe un plan piloto que no ha sido ejecutado, siendo un programa importante. También acreditó que no existía un registro de captura del tiburón martillo en los muelles, toda vez que los registros dependen de los propios pescadores, es decir, no hay fiscalización sobre la veracidad del contenido. También dijo, que sí hay pesca del tiburón martillo en el Golfo Dulce, a pesar de ser esta una zona de protección especial, toda vez que, si bien está prohibida su pesca directa, igualmente se produce una pesca incidental sobre la especie. No obstante, el Tribunal de este testimonio no extrae la falta de protección. Sobre la indebida valoración del testigo Carlos Mario Orrego: Este afirmó que el tiburón martillo se encuentra en peligro de extinción, conforme la Lista Roja de UICN, vinculante para la elaboración de las listas de especies en dicha condición que realiza el SINAC. Asimismo, afirmó que para el año 2017 no se incluyeron en general especies marino-costeras, razón por la cual en un inicio el tiburón martillo no formaba parte de la lista. Es por ello, dijo el deponente, el SINAC se encuentra trabajando en una lista de especies marinas con poblaciones reducidas y en peligro de extinción que incluiría al tiburón martillo como especie en peligro crítico de extinción. También dijo que la pesca de esta especie se debería limitar por la condición crítica en que se encuentra. Sin embargo, el Tribunal con todo y esta declaración del funcionario del SINAC, resolvió que no había necesidad de declarar al tiburón martillo en peligro de extinción. Tercero, en su criterio conforme a los conceptos establecidos en el artículo 1 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, el tiburón martillo entra dentro del concepto de vida silvestre, sin que sea posible calificarlo como de interés pesquero. Por otra parte, conforme los numerales 14 y 61 ídem, así como el canon 6 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, de ellas se extrae la obligación que tiene el Estado de proteger las especies en condición de vulnerabilidad, situación en la que se encuentra el tiburón martillo. Agrega, hay una disonancia entre la resolución R-SINAC-CONAC-092-2017 en relación con el Listado de Especies de Fauna Silvestre en peligro de extinción en Costa Rica, ya que, no se incluyó al tiburón martillo en esa tabla, a pesar de ser reconocido internacionalmente como una especie en peligro de extinción en la Lista Roja de UICN. Es en este punto donde el Tribunal yerra y se contradice en su argumento, pues primero afirma que el tiburón martillo es de interés pesquero, razón por la cual no puede ser vida silvestre, pero a continuación dice que en todo caso las especies de tiburón martillo pueden ser vida silvestre y al mismo tiempo declaradas de interés pesquero; contrariando toda la normativa citada y la prueba referida. En su sentencia, el Tribunal no desarrolla razones de por qué tiburón martillo no puede ser considerado vida silvestre en peligro de extinción, solo refiere que la especie Sphyrna es población reducida y amenazada. Señala el casacionista, no necesariamente por el hecho de que especie se encuentre en el apéndice II de CITES, significa que deba permitirse su comercialización, ya que CITES en el artículo 14 otorga la posibilidad de ejercer controles domésticos más fuertes. Así, si las tres especies de tiburón martillo se encuentran dentro de la Lista Roja de la UICN, del cual el MINAE es parte, en concordancia con el ordinal 6 del Reglamento referido, existe un deber del Estado y del SINAC en incluir a esas especies como en estado de peligro de extinción. Indica, si bien es cierto que en el Apéndice II de CITES se encuentran aquellas especies que no están en peligro de extinción, debido a su comercialización pueden llegar a calificar como especies amenazadas. Lo anterior no justifica las omisiones de la Administración referidas con anterioridad, y debe otorgar una mayor protección a la especie. Agrega, el Departamento de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del SINAC, ha intentado imponer la mejor ciencia para aclarar este problema, así el 10 de diciembre de 2018, mediante oficio SINAC-SE-CISBSE-647, visible en la contestación a la demanda, que es una misiva dirigida a la Asesora Legal de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, informe técnico ampliado sobre este proceso, en donde la Coordinadora de Vida Silvestre de ese Departamento y la Autoridad Administrativa CITES/SINAC, así como el asesor del Ministerio de Aguas y Mares, refirieron: “Basado en el contexto y revisión de la literatura científica anterior sobre el estatus poblacionales de tiburón martillo, especie migratoria del Pacífico Oriental, incluida en el Apéndice II de CITES, CMS, UICN, LCVS N 7317, RLCVS No 40548, Resolución SINAC-DE-092-2017 (Listado de especies de fauna silvestre con población reducida o amenazada) y su gran rol como depredador e indicador de la salud de los océanos realizado por funcionarios del MINAE/SINAC, recomienda que las tres especies de tiburón martillo (género Sphyrna), consideradas en este contencioso sean manejadas como vida silvestre y reguladas a través de la Ley de Conservación de Vida Silvestre No 7317 y su Reglamento No 40548”. El 9 de julio de 2019, mediante oficio SINAC-SE-CUSBSE-303, la Jefe del Departamento remitió a la Directora Ejecutiva lo indicado en el inciso 1 del acuerdo número 46 de la Sesión Ordinaria número 08-2017 del CONAC y lo instruido en el oficio SINAC-CONAC-SA-321-2017, la lista de especies marino-costeras en peligro de extinción y amenazadas para que sea considerado en la CONAC, en donde se incluyen las tres especies de tiburón martillo. El acuerdo 8 de la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Áreas de Conservación CONAC del 12 de enero de 2021, acordó declararlas en esa condición. Entonces, señala el casacionista, al permitirse la extracción sin control de las especies de tiburón bajo amenaza de extinción o poblaciones reducidas por parte de INCOPESCA, es evidente que no se han tomado las medidas apropiadas para mitigación, control, restauración y recuperación del tiburón martillo, especie en peligro crítico de extinción bajo los parámetros de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, lo contrario es una conculcación al principio de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como criterio preventivo y precautorio, artículos 11 y 109 de la Ley de Biodiversidad. El Tribunal se ha apartado de toda esta normativa, e incluso se atreve a decir que la Ley de Pesca protege al tiburón martillo. En otro orden de ideas, dice, el voto 2307 de las 9 horas 05 minutos del 20 de febrero de 2015 emitido por la Sala Constitucional, señala expresamente que una especie puede ser especialmente protegida; sin embargo, el Tribunal omitió pronunciarse al respecto. También señala indebida aplicación de la Ley de Pesca y el interés pesquero declarado sobre el tiburón martillo; esto en el tanto, con esta normativa se regula la actividad pesquera, pero no se establece ninguna protección especial sobre las especies amenazadas, esa ley solo se puede aplicar sobre las especies marinas susceptibles de ser explotadas comercialmente y no sobre las que se encuentran en grado de vulnerabilidad. Mediante resolución administrativa AJDIP/290-2017, INCOPESCA declaró las tres especies de tiburón martillo de interés pesquero y comercial, por eso la pretensión principal es la nulidad de dicho acto, debido a su disconformidad con la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley de Biodiversidad y las Convenciones Internacionales referidas, así como los principios que rigen la materia ambiental. El Tribunal considera de utilización la Ley de Pesca, y se basa en la sentencia de la Sala Constitucional citada, para justificar la legalidad del acuerdo, aplicando un criterio de competencia a favor del SINAC y no la condición crítica de las especies Sphyrna. Para los juzgadores, el acto en cuestión no vulnera ninguna Convención, porque no se regula la exportación ni introducción del tiburón martillo en el territorio nacional, porque CITES solo regula el comercio internacional y la internalización de los Estados Parte. Además, en criterio de los juzgadores, como el tiburón martillo fue declarado de interés pesquero o acuícola por INCOPESCA, esto lo excluye de la aplicación del artículo 1 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Se ha dejado de lado que este proceso gira en torno a que esa declaratoria es ilegal. Además, yerra al aplicar el ordinal 40 de la Ley de Pesca al caso concreto, pues esta norma se refiere a la explotación comercial del tiburón genérico, aun así, ese artículo indica que el Estado, debe determinar las especies de tiburón carentes de valor comercial, es decir, solo se puede aplicar a especies de tiburón susceptibles de explotación comercial y no de las que por su condición especial como el tiburón martillo se encuentra en estado de vulnerabilidad. Finalmente, refiere la nulidad absoluta del acto AJDIP/290-2017 derivado del Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG. Señala que esta Sala emitió el voto número 2005-2020, en donde declaró la nulidad absoluta de ese decreto ejecutivo y de todos sus actos conexos. Esa norma le daba a INCOPESCA la competencia como autoridad científica ante el CITES y con base en este decreto emitió la resolución que se impugna. El acto que se reputa nulo tiene fundamento principal en la competencia que le otorgó dicho decreto y atendiendo a su condición de autoridad científica. Es así como crea la lista de especies pesqueras y acuícolas consideradas de interés comercial, de manera tal que incluye al tiburón martillo. Entonces, el fundamento jurídico del acto AJDIP/290-2017 es el decreto anulado, con lo cual lo convierte en un acto conexo al decreto anulado y, por lo tanto, también debe declararse nulo. Pero el Tribunal no consideró que estuvieran relacionados, simplemente la consideró inocua para la validez o invalidez del acto. Pierde de vista el Tribunal que el fundamento del acto que se impugna es el decreto anulado y que la lista en donde se incluye al tiburón martillo se hace en condición de autoridad científica, competencia que no tiene. Así, existe un motivo de invalidez de un elemento material del acto, su contenido, según lo disponen los numerales 158 y 159 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se produce su nulidad sobrevenida. X. En atención a un razonamiento lógico jurídico, esta Cámara divide los agravios expuestos en tres temas, al estar íntimamente relacionados entre sí: Primero, la trascendencia e implicaciones que podría tener al caso el voto de esta Cámara 2005-2020, en relación con la validez del acto AJDIP/290-2017 del INCOPESCA. Segundo, relativo a la facultad del INCOPESCA para declarar de interés pesquero al tiburón martillo para su comercio nacional. Tercero, el análisis correspondiente a la condición del género animal Sphyrna en las tres especies presentes en Costa Rica: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena, como vida silvestre y animal en peligro de extinción. XI. Relativo al primer punto, consideró el Tribunal, el hecho de que el Decreto Ejecutivo N° 40379-MINAE-MAG denominado “Reforma Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES)”, haya sido anulado por sentencia firme, lo cual acaeció con el voto N° 2005-2020 de 18 de junio de 2020 a las 10:30 horas, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dejándose sin efecto la designación del INCOPESCA como Autoridad Científica para los efectos de la CITES, es completamente inocua para la validez o invalidez del acto AJDIP/290-2017, porque la asignación de la competencia para determinar la lista de especies pesqueras, no proviene de una norma reglamentaria subordinada a la ley ordinaria, sino de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. En esa sentencia esta Sala dispuso “[…] la disconformidad con el Ordenamiento Jurídico del acto administrativo de alcance general, de contenido normativo, correspondiente al Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG denominado “Reforma Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES)” del 28 de abril de 2016 y de todos los actos y actuaciones conexas. La nulidad dispuesta surtirá efectos erga omnes, salvo eventuales derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas […]”. XII. Previo a hacer el estudio correspondiente sobre el contenido del acto impugnado, con el fin de tener más claros los conocimientos y conceptos que se vinculan al caso de estudio, se torna relevante primero hacer referencia a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Ley 5605, de la cual Costa Rica es parte. Esta señala en una de sus consideraciones, el objetivo de reconocer “que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional”; y en concordancia con el artículo VII apartado 1, que establece: “Las disposiciones de los artículos II, IV y V no se aplican al tránsito o trasbordo de especímenes a través, o en el territorio de una Parte mientras los especímenes permanecen bajo control aduanal.”. De lo anterior, se extrae con claridad, CITES efectivamente regula el comercio internacional de especies. Es así como el artículo I define que cuando en la Convención se hace referencia a “comercio”, este significa la “exportación, reexportación, importación e introducción procedente del mar”. Por otro lado, en lo que al caso interesa, ha de aclararse que la Convención establece tres apéndices mediante los cuales se categorizan las especies de flora y fauna, atendiendo a su grado de vulnerabilidad: I. las especies en peligro de extinción, II. las especies que puedan llegar a estar en ese riesgo si su comercio no es regulado y III. las especies que cualquiera de las naciones parte manifiesten sometidas a reglamentación interna para prevenir o restringir su explotación, para lo cual requiera la cooperación, de las otras partes, en el control de su comercio. En este sentido, respecto a lo que es discusión en esta litis, el artículo II de la Convención señala: “[…] 2º.- El Apéndice II incluirá: a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia; y / b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación a fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo. […] 4º.- Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II, y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.”. Vale acotar que la especie Sphyrnidae, que corresponde al tiburón martillo, en sus tres especímenes presentes en Costa Rica: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Sphyrna Zygaena, se encuentran ubicadas en dicho apéndice II. El artículo IV de CITES establece la Reglamentación del Comercio de Especímenes de Especies Incluidas en el Apéndice II, en donde se disponen las reglas a seguir. En lo de interés ese precepto establece: “1. Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice II se realizará de conformidad con las disposiciones del presente artículo. / 2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en la Apéndice II requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos: a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie; / b) que una Autoridad Administrativa el Estado de exportación haya verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora; y / c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y trasportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. […]”. Así de los articulados transcritos, se evidencia que la Convención exige para poder comerciar con las especies establecidas en el Apéndice II, hacerlo conforme a las reglas que allí mismo se establecen; es decir, la Convención prohíbe expresamente comerciar especímenes que se encuentren en la lista de dicho apéndice, excepto que se sigan las reglas dispuestas en CITES para hacerlo. Por ello impone requisitos para ese comercio de especies, uno de los cuales (ineludible), radica en que una Autoridad Científica haya manifestado previamente que, la exportación de ese tipo de animales no perjudica la supervivencia de la especie. En el artículo XIV, la Convención establece el Efecto sobre la Legislación Nacional y Convenciones Internacionales, en ese sentido en lo de interés indica: “1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno el derecho de las Partes de adoptar: a) medidas internas más estrictas respecto de las condiciones de comercio, captura, posesión o transporte de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II, y III o prohibirlos enteramente; o b) medidas internas que restrinjan o prohíban el comercio, la captura, las posesión o el transporte de especies no incluidas en los Apéndices I, II o III. […]”. Todos los destacados son propios. XIII. Sobre el acto AJDIP/290-2017. Para resolver lo que corresponda, se hace indispensable establecer el contenido del acto impugnado. Esta Cámara no encontró el documento respectivo en el expediente judicial, pero es visible en el Diario Oficial, La Gaceta número 154 del 16 de agosto de 2017. Consiste en un acuerdo del INCOPESCA, denominado “Lista de especies de interés pesquero y acuícola, que se encuentren en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES”. Ya el título del documento evidencia que se trata de la declaratoria de interés pesquero y comercial de acuerdo con los parámetros establecidos en CITES, es decir refiere, al comercio internacional de las especies que allí se enlistan. Dicho acto en lo substancial señala: “I.- Que el Poder Ejecutivo […] ejerciendo sus Potestades Reglamentarias, de Rectoría y su concomitante Prerrogativa de Modificación, procedió a emitir el Decreto Ejecutivo N°40379-MINAE-MAG […] reformando el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 39489-MINAE, sobre la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES). / II.-Que mediante el Decreto Ejecutivo en referencia [40379-MINAE-MAG] considerativa anterior, el Poder Ejecutivo, en coordinación inter institucional entre las carteras ministeriales de Ambiente y Energía y Agricultura y Ganadería, formalmente procedieron a definir nuevas Autoridades Administrativas y Científicas CITES, en los términos que se indicarán, debiéndose por la imperatividad normativa de las normas transitorias que lo contienen, regular la actividad de la nueva Autoridad Administrativa que recaerá, como competencia material y funcional en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la nueva Autoridad Científica, designándose al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), en este caso, únicamente para especies pesqueras y acuícolas consideradas de interés comercial, tal y como lo establece el artículo 2 [del Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG]: "Desígnese al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) como la Autoridad Científica, de conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convención CITES), ratificada mediante Ley N° 5605, el artículo 1 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317, así como las Leyes N° 7384 y N° 8436, únicamente en relación con aquellas especies de interés pesquero y acuícola, que se encuentren en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES. El INCOPESCA deberá definir a lo interno de su organización, la dependencia o instancia competente que se encargará de ejercer las funciones de la Autoridad Científica..."; a su vez, definirá los canales de comunicación y los mecanismos de coordinación que se establecerán con la Autoridad Administrativa. / III.-De conformidad con el Transitorio III, de la normativa en cita, se estableció explícitamente por el Poder Ejecutivo: "Corresponderá al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura establecer mediante acuerdo ejecutivo, las funciones como nueva autoridad científica CITES-Costa Rica, la dependencia y/o persona que ostentará dicha designación y su plazo, la coordinación con la Autoridad Administrativa y otras instituciones públicas o de la academia, cuando lo considere necesario para la elaboración de sus recomendaciones y el listado de especies pesqueras y acuícolas consideradas de interés comercial, entre otras, dentro de los siguientes treinta días posteriores a la publicación del presente decreto.". / IV.-Que el INCOPESCA debe entonces avocarse a dar fiel y exacto cumplimiento al mandato del Poder Ejecutivo [establecido en el Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG] (Transitorio III) y para ello, determina la siguiente lista como Autoridad Científica Cites Costa Rica, por lo que la Junta Directiva, Por tanto, ACUERDA: / 1º-Aprobar la siguiente lista como Autoridad Científica Cites Costa Rica, únicamente en relación con aquellas especies de interés pesquero y acuícola, que se encuentren en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES. [En esta lista se encuentran las tres especies de tiburón martillo presentes en Costa Rica: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Sphyrna Zygaena]. / 2º-La Lista de Especies Pesqueras y Acuícolas de Interés Pesquero que antecede, no implica un "numerus clausus."; sino por el contrario, un "numerus apertus.", por cuanto dependiendo de la especie fáctico jurídico de que se trate, así podrán ingresar especies no contempladas originalmente o salir alguna de esta lista. / 3º-Para el caso de algunos mamíferos, tortugas y aves marinas, que no necesariamente son de interés pesquero, pero interactúan con otras especies de interés pesquero comercial, las gestiones para su conservación deben realizarse de manera conjunta entre el INCOPESCA y el MINAE. / 4º-Acuerdo Firme. / 5º-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”. Los destacados son propios. XIV. Ahora bien, esta Cámara en resolución 2005-2020 de las 10 horas 30 minutos del 18 de junio de 2020, hizo referencia a la ratificación de Costa Rica -Ley 5605- y su adhesión a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES. En donde como ya se explicó supra, el país se comprometió a proteger: 1) las especies en peligro de extinción, 2) las especies que puedan llegar a estar en ese riesgo si su comercio no es regulado, y 3) las especies que cualquiera de las partes (en este caso Costa Rica) manifieste sometida a reglamentación interna para prevenir o restringir su explotación, para lo cual requiera la cooperación, de las otras partes, en el control de su comercio. Este fallo de la Sala hace un repaso por el contenido del Decreto Ejecutivo 39489-MINAE, con lo cual colige que este tiene una clara vocación normativa, en tanto desarrolla, complementa y dispone las condiciones indispensables para la ejecución de la ley que aprobó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES. Además, sus regulaciones también denotan su alcance general -y no interno- pues propenden a surtir efectos sobre cualquier sujeto que procurase importar, exportar o reexportar especies contenidas en los apéndices de la CITES, en tanto le exige la obtención de permisos o certificados a cargo de las dos autoridades: administrativa y científica. Además, vale mencionar, que el fallo de esta Cámara presta especial atención a que en ese Reglamento fueron designadas dentro de las autoridades científicas, entidades públicas y privadas con funciones técnicas en el otorgamiento de los permisos de importación, exportación y reexportación de las especies tuteladas por la Convención. Así las cosas, para esta Sala, el estatus de este decreto ejecutivo es coincidente con el de reglamento ejecutivo. Así, en virtud de que el Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG (impugnado en ese proceso) lo que hace es modificar su antecedente, es decir, el 39489-MINAE, comparte la naturaleza de este, aplicándose el principio de que lo accesorio sigue a lo principal. En resumen, dice el voto de la Sala, los Decretos 39489-MINAE y 40379-MINAE-MAG, tienen estatus de reglamentos ejecutivos. En virtud de lo anterior, consideró esta Cámara en su resolución, que la reforma dispuesta por el reglamento ejecutivo no. 40379-MINAE-MAG, para ser válida, debió cumplir con el trámite de audiencia dispuesto por el numeral 361 LGAP. Al no constatarse, su emisión adolece de un requisito sustancial que genera su invalidez. En virtud de ello, anuló la sentencia del Tribunal y dispuso la disconformidad con el ordenamiento jurídico del acto administrativo de alcance general, de contenido normativo correspondiente al Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG denominado “Reforma Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES)” del 28 de abril de 2016 y de todos los actos y actuaciones conexas. XV. Sobre los elementos del acto administrativo. En diversas ocasiones esta Cámara ha indicado, se concibe al acto como una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de la función administrativa, el cual produce efectos jurídicos concretos o generales, de naturaleza normativa o no, de modo directo o indirecto, en uso de sus potestades. Se estima válido en el tanto sea acorde al ordenamiento jurídico (artículo 128 LGAP). Además, se exige, sea dictado por el órgano o ente competente y se cumplan todos los requisitos y trámites legales exigidos (numeral 129 ibidem). Se clasifican estos últimos en dos grupos: formales y materiales. Los primeros están dirigidos al ejercicio de la potestad que autoriza la conducta pública, consistentes en el procedimiento, la forma (manera cómo se exterioriza) y el sujeto (competencia). Por otra parte, los materiales están vinculados con el fin del acto y enmarcan la actividad que pretende realizar la Administración; lo constituyen el motivo, el contenido y el fin. Ahora bien, respecto de su validez, resulta indispensable recalcar que el canon 166 de aquella ley, impone la procedencia de la nulidad absoluta cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos o bien cuando la imperfección de al menos uno impida la satisfacción del fin público. Ante tal situación, incluso, la Administración deberá anular de oficio el acto que contenga uno de estos vicios. El numeral 169 ibidem establece que, no se puede presumir legítimo un acto absolutamente nulo, ni tampoco es factible ordenar su ejecución. En este sentido sobre el régimen de nulidades de los actos administrativos el ordinal 158 de la LGAP establece: “1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. […]”. La invalidez puede manifestarse mediante dos tipos de nulidades, a saber: absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida (mandato 165 de la LGAP). La absoluta se configura cuando falten totalmente uno o varios de los elementos constitutivos del acto, real o jurídicamente (canon 166 ibidem), mientras que la relativa, cuando sea imperfecto uno de esos elementos, salvo que dicho vicio impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta (numeral 167 de la referida Ley). Aunado a lo anterior, se agrega, el precepto 182 de la LGAP prescribe la ineludible obligación del juez de declarar, de oficio, la invalidez de un acto cuando se presente un vicio relacionado con el sujeto. Reza la norma indicada: “El juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo que se trate de infracciones sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o a la forma, casos en los cuales deberá hacerlo. / Para efectos de este artículo, el sujeto se entenderá como elemento comprensivo de la existencia del ente y su capacidad, de la existencia del órgano y su competencia, de los requisitos necesarios para el ejercicio de ésta y de la regular investidura del servidor público. / El juez podrá controlar de oficio la existencia de todos los extremos dichos en relación con el sujeto del acto, con la excepción contenida en el párrafo siguiente. / La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de oficio.”. De la lectura anterior se desprende del párrafo segundo, que entre los aspectos que comprenden la noción de sujeto para la aplicación de la norma, se encuentra la competencia y los requisitos necesarios para su ejercicio. Al respecto, la disposición 129 ya referida, indica que el acto “deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia”. Ahora bien, de los elementos materiales, al tenor del canon 133 de la LGAP, el motivo debe existir y ser legítimo. Se considera que tal elemento se encuentra ausente, cuando los hechos que se invocan como antecedentes y que vienen a justificar la emisión del acto son falsos, inciertos o inexistentes, lo que produce su nulidad absoluta. El contenido por su parte constituye el efecto del acto administrativo como resultado jurídico inmediato, en otras palabras, es lo que se declara, dispone, ordena, certifica o juzga; el cual queda delimitado por las personas, cosas o conductas a que se refiere. Sobre dicho elemento, el artículo 132 de la LGAP establece lo siguiente: “1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo”. Por último, el fin refleja el resultado objetivo que busca el acto administrativo, de tal suerte que, se encuentra determinado para su realización por el motivo y el contenido. Sobre los diferentes aspectos indicados supra, se pueden consultar de esta Cámara las resoluciones números: 2356-F-S1-2020 de las 9 horas 05 minutos del 24 de septiembre de 2020; 1242-F-S1-2020 de las 13 horas 50 minutos del 31 de marzo de 2020; 1119-F-S1-2015 de las 9 horas 10 minutos del 18 de septiembre de 2015; 771-F-S1-2015 de las 10 horas 45 minutos del 9 de julio de 2015; y, 804-F-S1-2008 de las 9 horas 30 minutos del 4 de diciembre de 2008. XVI. En el caso de estudio, en primer lugar, no se puede obviar que el acto AJDIP/290-2017 denominado Lista de especies de interés pesquero y acuícola, que se encuentren en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES, tiene como fundamento la disposición comercial de estas especies conforme a dicha Convención. En otras palabras, según se vio, el INCOPESCA asume su rol como autoridad científica CITES (comercio internacional) para enlistar las especies de interés pesquero y comercial, conforme se lo otorgó el Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG (anulado por esta Sala). Así, en virtud de dicha potestad, incluyó a las tres especies de tiburón martillo presentes en Costa Rica Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena y las declaró de interés pesquero y acuícola conforme a CITES. Es evidente que el acto administrativo cuestionado en este proceso es conexo al Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG, anulado por esta Sala; y que corre su misma suerte por orden del propio voto 2005-2020. Ante este panorama, se evidencia que acto AJDIP/290-2017, padece dos vicios en sus elementos. El primero relativo al sujeto, pues el decreto anulado es el que le dio la competencia a INCOPESCA como autoridad científica de CITES, para poder llevar a cabo la lista que creó en el acto cuestionado; al perderla, no tiene INCOPESCA la facultad para determinar el interés comercial y pesquero sobre las especies en los anexos de CITES. En segundo lugar, se evidencia una falencia en el contenido del acto, en el tanto lo que declara, dispone y ordena no resulta posible ni lícito, ya que se torna imposible para INCOPESCA determinar cuáles especies incluidas en los apéndices CITES, pueden ser comercializadas internacionalmente. Así, al amparo de los numerales 129, 132, 165, 166 y 182 todos de la Ley General de la Administración Pública, se deberá declarar el acto AJDIP/290-2017 contrario al ordenamiento jurídico y por tanto nulo. En virtud de lo anterior, el reparo deberá acogerse. XVII. Relativo al segundo tema abordado en el recurso, relacionado con la facultad del INCOPESCA para declarar al tiburón martillo como animal de interés pesquero y comercial, el Tribunal razonó, que el tratado CITES, no regula el comercio interno de las especies, ni prohíbe su caza o pesca. De tal manera que ese Convenio, no prohíbe un acto administrativo de alcance general como lo es el acto AJDIP/290-2017 del INCOPESCA, el cual se limita a declarar de interés pesquero a las tres especies de tiburón martillo (que al mismo tiempo están en la lista del Anexo II de la CITES), pero no regula la exportación, ni su introducción en el territorio nacional. De esa forma, para el Tribunal, la resolución del INCOPESCA, como Autoridad Científica Nacional CITES no puede por sí misma, vulnerar la Convención, porque atañen a temas diferentes. Agrega el Tribunal, a partir de la reforma practicada a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, por la Ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012, se consagra a la vida silvestre como parte del demanio público, y se excluye a las especies de interés pesquero o acuícola, las cuales se regularán bajo la Ley de Pesca y la Ley creadora del INCOPESCA. A partir de allí, considera válido el Tribunal, que INCOPESCA realice listas de especies de interés pesquero (que implica que pueden ser utilizadas con fines comerciales). Razonan las personas juzgadoras de instancia, incluso la competencia del INCOPESCA para declarar especies de interés pesquero, ha sido validada por un precedente de la Sala Constitucional (del cual transcribe una parte, pero no indica los datos de la resolución). Para el Tribunal, el interés pesquero del tiburón no depende de una norma de rango infra legal, sino directamente de la Ley de Pesca, que en el artículo 40 concede a INCOPESCA el control sobre las embarcaciones nacionales y extranjeras que se dediquen a la caza del tiburón. Es por lo que concluyeron, el hecho que INCOPESCA establezca que el tiburón martillo sea clasificado dentro de las especies de interés pesquero, no contraría la CITES, la Ley de Conservación de Vida Silvestre ni la Ley de Pesca y Acuicultura. XVIII. No comparte esta Cámara el criterio del Tribunal conforme se expondrá a continuación. Lo resuelto por el Tribunal, omite señalar que la decisión tomada por el INCOPESCA en el acto AJDIP/290-2017 está vinculada con la comercialización internacional del tiburón martillo, conforme las regulaciones de la CITES; tal y como se expuso en el considerando trasanterior. Ya se explicó que dicho acto tiene su base en el Decreto Ejecutivo 40379-MINAE-MAG (anulado por esta Sala), decreto ejecutivo que nació como una “Reforma Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES)”. De tal manera, no se puede eludir, que con el acto AJDIP/290-2017 (anulado en esta resolución), INCOPESCA actuando como la autoridad científica decreta al tiburón martillo como sujeto de comercio internacional con base en la CITES (comercio internacional) y al mismo tiempo le da un estatus de animal de interés pesquero. Es decir, lo pretendido por la Administración con esta serie de reformas, es regular como ya se dijo, el comercio internacional del tiburón martillo y no su pesca doméstica para comercio nacional, pues todo el fundamento utilizado por INCOPESCA radica en su condición de autoridad científica conforme a CITES. De tal manera, véase que, conforme a las reglas referidas supra, para poder declarar al tiburón martillo como de interés pesquero y comercial al amparo de la CITES, es decir, para su exportación, como lo hizo INCOPESCA, primero debe cumplir cada uno de los requisitos establecidos en los artículos II y IV de la Convención. Además, como ya se dijo de previo, INCOPESCA no es la autoridad científica que pueda determinar tal condición comercial de la especie Sphyrna conforme a la CITES. Ahora bien, para el Tribunal el INCOPESCA tiene competencia para determinar las especies de interés pesquero y comercial a nivel nacional, así como una anuencia legal para la pesca del tiburón martillo. Afirmación que tampoco comparte esta Cámara en los términos absolutos como lo hace el Tribunal. En ese sentido, véase que la Ley de Pesca y Acuicultura, número 8436, fue creada para regular dichas actividades dentro de aguas territoriales; así se desprende de las definiciones del numeral 2, en donde indica: “[…] 5. Aguas continentales e insulares: Aguas que conforman los lagos, las lagunas, los embalses o ríos, dentro del territorio nacional continental o insular. / 6. Aguas jurisdiccionales o patrimoniales: Todas las aguas donde ejerce la soberanía, el control, la administración y la vigilancia el Estado costarricense, el cual ejerce, además, la jurisdicción en el mar hasta las 200 millas marítimas. / 7. Aguas marinas interiores: Aguas marinas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial y hasta donde el agua marina puede ingresar, tales como dársenas (puertos), manglares, esteros, lagunas costeras, golfos, bahías, desembocaduras o deltas comunicados permanente e intermitentemente con el mar, siempre que sean accesibles o navegables para buques de navegación marítima. […]”. Ahora bien, el canon 32 ídem señala: “La pesca es el acto de extraer, capturar y colectar los recursos acuáticos pesqueros, en cualquier etapa de su desarrollo, en su medio natural de vida, sea continental o marino, así como los actos previos o posteriores relacionados con ella. / El acto de pescar deberá realizarse en forma responsable para asegurar la conservación y gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos, con el fin de evitar la explotación excesiva y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y el sistema ecológico.”. De lo cual se evidencia el deber del Instituto por asegurar la conservación de especies marinas. Ahora bien, el canon 40 de ese cuerpo normativo, dispone: “El INCOPESCA ejercerá el control sobre las embarcaciones nacionales y extranjeras que se dediquen a la pesca del tiburón y podrá coordinar con las autoridades competentes la realización de los operativos. / Solo se permitirá la pesca del tiburón cuando las especies se desembarquen en los sitios de descargue con las respectivas aletas adheridas al vástago. […] Asimismo, el INCOPESCA ejercerá el control en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, sobre aquellas embarcaciones nacionales o extranjeras, a efectos de determinar que los tiburones capturados conserven sus respectivas aletas. / El Poder Ejecutivo, en coordinación con el INCOPESCA determinará, por medio del Reglamento de esta Ley, las especies de tiburón carentes de valor comercial y establecerá su aprovechamiento para otros fines de la actividad pesquera.”. Todos los anteriores destacados son suplidos. De las referencias normativas señaladas, no se puede extraer una autorización legal indiscriminada sobre tiburón martillo, ni tampoco respecto de cualquier otro tipo de tiburón, puesto que, la propia ley, como se ha visto, establece la obligación del INCOPESCA a establecer la pesca de forma responsable, tomando en cuenta la conservación y gestión efectiva de los recursos naturales. Por otro lado, en abono a la tesis que aquí se plantea, es importante mencionar que la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, número 7384, en el numeral 5 inciso ñ), establece: “El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: […] ñ) Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Para tales efectos, previamente se oirá a la Comisión Asesora de Mercadeo que se designa en el artículo 26 de esta Ley.”. Ello quiere decir, que INCOPESCA para poder establecer el interés pesquero y comercial de una especie a nivel nacional, no está exento de cumplir con algunos requerimientos, como los que impone el ordinal señalado en concordancia con los artículos referidos de la Ley de Pesca y Acuicultura. Por ello, no es aceptable mantener la manifestación hecha en el acto AJDIP/290-2017, y entender que se establece la condición de interés pesquero del tiburón martillo para comercio nacional, como lo hizo el Tribunal, ya que no es posible reconocer una capacidad irrestricta a favor del INCOPESCA para realizar listas, sin cumplir con las exigencias legales referidas. En todo caso, tampoco del motivo o contenido del acto se logra extraer que el comercio doméstico del tiburón martillo, sea el fin que persigue. Si esta fuese la intención de ese Instituto se hace necesario que emita el acto administrativo correspondiente, en cumplimiento cabal de los elementos necesarios para su validez. Dado que el acto en cuestión, como ya se dijo, no refleja el interés en su declaratoria relacionado con el comercio doméstico del tiburón martillo, sino por el contrario se refiere a la exportación de este, no hay posibilidad de validar la tesis esbozada por el Tribunal. Así las cosas, siendo que la decisión tomada por INCOPESCA está dirigida a la explotación de la especie Sphyrna para comercialización internacional, como se explicó supra, la cual tiene regulación especial por convenio internacional, de rango superior a la Ley de Pesca, conforme el artículo 7 de la Constitución Política y numeral 6 de la LGAP, no puede tenerse como válida la declaración de interés pesquero del tiburón martillo en los términos que se hizo en la resolución AJDIP/290-2017, al que de manera errada el Tribunal le da un alcance y fin para el cual no fue creado. Según lo expuesto, este reparo deberá acogerse. XIX. Establecido lo anterior, resta resolver el tercer tema, el cual radica en si es posible definir al tiburón martillo como vida silvestre y en peligro de extinción. Sobre el particular, rechaza rotundamente el Tribunal tal reconocimiento, de conformidad con el numeral 3 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, por cuanto el ordinal 1 de ese cuerpo normativo, señala de manera expresa que no se aplica a las especies de interés pesquero o acuícola, por lo que declara que el animal en cuestión puede ser objeto de pesca y comercialización por particulares. Agrega, si bien es cierto las tres especies de tiburón martillo, son obviamente de vida silvestre y de población reducida (al pertenecer al Anexo II de la CITES), esa declaración sería inocua para su protección efectiva, habida cuenta que la Ley de Conservación de Vida Silvestre, permite que, al mismo tiempo de ser declarada de población reducida, una especie pueda también ser declarada de interés pesquero y como tal, explotada comercialmente. Tampoco la CITES prohíbe la explotación de ninguna especie de las integrantes del Anexo II, sino que regula en mayor o menor grado, su comercio entre países y la internación de esas especies en el territorio de los países miembros. De la misma forma, dicen los jueces, la inclusión de las especies de tiburón martillo, está precedida incluso en los Dictámenes de Extracción No Perjudicial de los años 2015 y 2017, que, si bien establecen medidas de salvaguarda para esas especies, no impiden su extracción ni comercialización a nivel interno. De esta suerte, dice el Tribunal, la resolución AJDIP/290-2017 es un acto administrativo conforme a lo previsto en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Agregan, no se demuestra que la protección ejercida por el SINAC implique una mejor que la llevada a cabo por el INCOPESCA. Finalmente, el Tribunal rechaza lo relativo a la adopción de las medidas necesarias y apropiadas para restringir la captura, retención, comercialización y descarga del tiburón martillo, en los puertos pesqueros y comerciales de Costa Rica, porque no se probó que no se tomaran acciones efectivas para la protección de esas especies. También se debe desestimar la pretensión relativa para que se ordene al MINAE nombrar los suficientes y necesarios inspectores de vida silvestre para que trabajen en actividades de manejo, control y protección asociadas al tiburón martillo, por cuanto no se prueba razonablemente que el nombramiento de esos inspectores mejore el cumplimiento de los deberes públicos. Igualmente afirma el Tribunal, respecto de que se ordene al INCOPESCA abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar la situación jurídica actual y futura -fauna o animal silvestre en peligro de extinción- del tiburón martillo, por cuanto no se demostró que dicha entidad, haya incumplido con el ordenamiento o con sus acciones y omisiones haya perjudicado la conservación de la especie. XX. A continuación se hará referencia a la normativa que es aplicable al caso, advirtiéndose con antelación que los destacados que se señalen son suplidos. La Ley de Conservación de Vida Silvestre, número 7317, (en adelante LCVS), reformada por la Ley 9106 del 20 de diciembre de 2012; en el artículo 1, en lo de interés señala: “La presente ley tiene como finalidad establecer las regulaciones sobre la vida silvestre. La vida silvestre está conformada por el conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el territorio continental como insular, en el mar territorial, las aguas interiores, la zona económica exclusiva y las aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia. Los organismos exóticos declarados como silvestres por el país de origen, los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos y derivados son considerados vida silvestre y regulados por ley. La vida silvestre únicamente puede ser objeto de apropiación particular y de comercio, mediante las disposiciones contenidas en los tratados públicos, los convenios internacionales, esta ley y su reglamento. […] La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación específica se establecen en la Ley N° 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N°. 8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde a INCOPESCA; asimismo, no aplicará a las especies forestales, los viveros, los procesos de reforestación, el manejo y la conservación de bosques y los sistemas agroforestales, cuya regulación específica se establece en la Ley Forestal, N° 7575, de 13 de febrero de 1996, y sus reformas. […]”. Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el ordinal 2 ídem al definir: “[…] Fauna silvestre: la fauna silvestre está constituida por los animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales o que hayan sido extraídos de sus medios naturales o reproducidos ex situ con cualquier fin en el territorio nacional, sea este continental o insular, en el mar territorial, en aguas interiores, zona económica exclusiva o aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia; así como aquellos animales exóticos, vertebrados e invertebrados, declarados como silvestres por el país de origen; incluye también los animales criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres. La clasificación taxonómica de las especies se establecerá en el reglamento de esta ley. […]”. De estas disposiciones positivas se puede deducir con facilidad, que, si el tiburón martillo es una especie que vive en condiciones naturales y no requiere el cuidado del ser humano para su supervivencia, cumple con los elementos que lo conceptualizan como vida silvestre. El propio artículo no descarta que la vida silvestre pueda ser objeto de apropiación particular, siempre y cuando se cumplan los requisitos y ordenanzas que establezca todo el ordenamiento jurídico. En otras palabras, conforme al artículo 1 citado, la propia ley categoriza al tiburón martillo como vida silvestre; y en el orden de ideas que se han venido planteando en esta resolución, ha de señalarse que ninguna institución, ni persona puede disponer de estos seres en el tanto no se cumplan las exigencias reglamentarias, legales y supralegales que los protegen y regulan. Ahora bien, la excepción establecida en ese precepto no aplica a la especie Sphyrna, pues como ya se estableció en este fallo, el acto administrativo que la declaraba de interés pesquero fue anulado, y además se estableció que dicha manifestación de voluntad administrativa, bajo los parámetros que fue hecha, no cumple con los lineamientos o requisitos mínimos legales para poder considerar que INCOPESCA hizo una declaratoria de interés pesquero para el comercio nacional del tiburón martillo. Como se dijo anteriormente, hacerlo, es darle al acto administrativo un alcance y fin que no tiene. Con lo cual, no está dentro de la excepción estipulada en artículo 1 de la LCVS, y por ende esta normativa se debe aplicar al caso de estudio. Por su parte el cardinal 3 de ese cuerpo legal declara de dominio público la fauna silvestre y establece que esta forma parte del patrimonio nacional. Sobre lo preceptuado en dicho ordinal, esta Sala ha sido del criterio (consúltese voto número 1327-F-S1-2016 de las 15 horas del 7 de diciembre de 2016) que aún y cuando tradicionalmente la noción de dominio público se ha desarrollado respecto a bienes inmuebles; nada obsta para que se aplique a bienes de otra naturaleza, como lo son la flora y la fauna de la Nación. Esto siempre y cuando exista una afectación por disposición normativa, como lo es el caso del ordinal 3 de la LCVS, donde se vincula al dominio público la fauna silvestre. Así, considera esta Sala, se conceptualizan como cosas sin pertenencia a nadie, fuera del comercio de las personas y que se encuentran al servicio de la colectividad. En consecuencia, tampoco pertenecen al Estado, si no que su papel es el de administrarlos y tutelarlos, porque su esencia es el destino público. De esta manera se supera la visión antropocéntrica de la naturaleza para pasar a un estadio más evolucionado constituido por un criterio ecocéntrico, biocéntrico o geocéntrico. En concordancia con esta posición, se trae a colación lo dispuesto en el precepto 4 de la LCVS, el cual señala: “La producción, manejo, extracción, comercialización, industrialización y uso del material genético de la flora y la fauna silvestres, sus partes, productos y subproductos, se declaran de interés público y patrimonio nacional. / Corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, el ejercicio de las actividades señaladas en el párrafo anterior; […]”. Lo que se complementa con el artículo 6, en donde se dispone al SINAC (dependencia del MINAE), como órgano competente en materia de planificación, desarrollo y control de la vida silvestre. Por su parte el artículo 18, establece: “El Estado, por medio del SINAC, regulará el comercio y el tráfico de vida silvestre, sus partes, productos y derivados, siempre y cuando las partes, los productos o los derivados no se relacionen con recursos genéticos y bioquímicos de la vida silvestre, los cuales serán regulados por la Ley de Biodiversidad, N.º 7788. Se prohíbe la exportación, la importación y el tráfico de cualquier especie de vida silvestre incluida en las listas del SINAC como en vías de extinción o poblaciones reducidas, salvo que provenga de un sitio de manejo de vida silvestre autorizado. Se exceptúan aquellos organismos importados que tengan los permisos del país de origen.”. De este postulado es claro que existe una prohibición legal expresa para el comercio en general de animales en vía de extinción. Ahora bien, el Capítulo IX de la Ley, se refiere a Importación, exportación y tránsito de especies silvestres incluidas en Cites. En este sentido el artículo 71 declara al SINAC como la autoridad administrativa frente a la CITES. El cardinal 75 preceptúa: “No se permitirá la importación o la exportación de la fauna o la flora comprendida en los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, cuando la autoridad científica compruebe que esa importación o exportación se efectúa en detrimento de la flora y de la fauna silvestres nacionales. Los permisos de exportación únicamente se extenderán para las especies incluidas en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), siempre y cuando fueran animales o plantas reproducidos artificialmente o con fines científicos o culturales. […]”. De esta norma se extrae con total claridad, que la exportación de fauna comprendida en el apéndice II de la CITES está expresamente prohibida, a menos, que la autoridad científica señale que dicha exportación no repercute negativamente de la fauna silvestre nacional. Por otro lado, la Ley de Biodiversidad, número 7788, también de aplicación al caso de estudio, en el canon 5 dispone: “Marco de interpretación. Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de esta ley.”. En el ordinal 7 se define biodiversidad como: “Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los ecosistemas de los que forma parte.”. Es decir, el tiburón martillo es parte de la biodiversidad del país y, por ende, un sujeto de derecho que debe ser protegido por sí mismo, lo cual trae implicaciones y responsabilidades para la administración pública a fin de garantizar la protección eficaz de la naturaleza. En este sentido, los principios generales que sustentan esta ley se encuentran enunciados en el cardinal 9, de donde toma relevancia destacar el respeto a la vida en todas sus formas, pues todos los seres vivos tienen derecho a la vida, independientemente del valor económico, actual o potencial. Se enfatiza en el artículo 11 los criterios para la aplicación de esa normativa, entre ellos, el criterio preventivo, conforme al, cual se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas; el criterio precautorio o indubio pro-natura, conforme al cual, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Por su parte, el criterio de interés público ambiental supone que el uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, cuando se trata del estudio sobre la situación de la especie Sphyrna, al tomar la decisión la autoridad judicial, no puede perder de vista y está obligada a hacer el análisis relativo a anticipar y prevenir la amenaza o pérdida de esta especie y sus implicaciones para el planeta. Sobre las especies en peligro de extinción, señala el cardinal 55 de la ley que el Estado debe dar prioridad a las especies en peligro de extinción, tomando en cuenta: 1.- Las listas nacionales, las listas rojas internacionales y los convenios internacionales como CITES, sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. […]”. Agrega el ordinal 56: “Conservación de especies in situ. Serán objeto prioritario de conservación in situ: 1.- Especies, poblaciones, razas o variedades, con poblaciones reducidas o en peligro de extinción. […]”. La conservación in situ, la define el ordinal 7.8 de ese cuerpo normativo, como el mantenimiento de los elementos de la biodiversidad dentro de ecosistemas y hábitat naturales. Finalmente, señala el precepto 109: “La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber ocasionado daño ambiental.”. Ahora bien, el Decreto Ejecutivo 40548-MINAE, que es el Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en el ordinal 3 indica que el manejo de la vida silvestre debe hacerse basado en el conocimiento técnico y científico, y en aplicación de los criterios preventivo, precautorio o in dubio pro-natura. El artículo 4 define: “[…] 16. Especie amenazadas o con poblaciones reducidas: Especie o subespecie de fauna o flora silvestres, o sus poblaciones, que tiene probabilidades de convertirse en una especie en peligro de extinción en el futuro previsible, en todas sus áreas de distribución o parte de ellas, si los factores que causan su disminución numérica o la degradación de su hábitat continúan presentándose, o muy diseminada en áreas de distribución más extensas, y está en posibilidades reales o potenciales de verse sujeta a una disminución y posible peligro de extinción. […] 19. Especie en vías o peligro de extinción: Especie de fauna o flora silvestre con poblaciones reducidas a un nivel crítico o que su hábitat ha sido reducido a tal punto que afecta su viabilidad genética en el largo plazo, la cual ha sido incluida en la lista oficializada por el MINAE o mediante resolución fundamentada en criterios técnicos, en listas rojas internacionales o en los convenios internacionales. […]”. Asimismo, indica el precepto 6: “Especies de vida silvestre en vías o peligro de extinción y con poblaciones reducidas o amenazadas en veda. Para los efectos del artículo 14 de la LCVS y de este Reglamento, se consideran especies de vida silvestre en peligro de extinción, con poblaciones reducidas o amenazadas, las incluidas en los taxones que se oficializarán vía resolución administrativa, el cual será revisado por el SINAC cada cuatro años. Asimismo, el SINAC, con apoyo de la CONAVIS, establecerá el Protocolo con los mecanismos y procedimientos para la revisión de las listas. / Se consideran parte de estas listas, los individuos de aquellas especies que se encuentren dentro de los límites del Estado costarricense y que están incluidas en los apéndices de CITES, la CMS y la Lista Roja de la UICN. También aquellas que sean incorporadas por el SINAC-MINAE mediante resolución administrativa fundamentada en criterios técnicos, la cual será publicada en el Diario Oficial La Gaceta.”. Ahora bien, importa traer a colación, el Decreto Ejecutivo número 41056-MINAE del 9 de mayo de 2018, denominado Declaración de Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce. En cuya parte considerativa se dispuso: “IV.-Que el tiburón martillo (Sphyrna Lewini) es un depredador tope del ecosistema donde habita, y es vital para el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas marinos. Las crías de Sphyrna Lewini nacen y habitan los primeros años de sus vidas en humedales, bahías, esteros, bocas de río. Al alcanzar la madurez sexual inician grandes migraciones en aguas oceánicas. En Costa Rica las mayores congregaciones de esta especie se reportan en el Parque Nacional Isla del Coco. / V.-Que el Golfo Dulce es considerada un área de crianza para el Sphyrna Lewini, de importancia para todo el Pacífico Este Tropical y su abundancia en esta zona es significativamente mayor respecto a otras zonas del Pacífico costarricense. / VI. -Que el ciclo de vida transitorio entre hábitats costeros como humedales y hábitats oceánicos hace que el Sphyrna Lewini sea una de las especies más afectada por la sobrepesca, contaminación y degradación de hábitat. En el Golfo Dulce los juveniles y crías de esta especie son particularmente vulnerables a la pesca incidental con línea de fondo. / VII.-Que estudios realizados han (sic) determinaron que la población del Pacífico Este Tropical ha tenido declives significativos y es una de las más amenazadas en el mundo; además, reportaron que en la Isla del Coco en los últimos 21 años la abundancia de Sphyrna Lewini ha disminuido en un 45%. / VIII.-Que estudios realizados por Zanella & López 2015 y López & Zanella 2015, Sphyrna Lewini es la especie de tiburón más abundante y constante a lo largo del año en la pesca artesanal con línea de fondo de Golfo Dulce. En dicha área, las capturas son dominadas por los juveniles y crías (talla media 74.3±17.4cm). Además, su abundancia relativa en Golfo Dulce es significativamente mayor respecto a otras zonas del Pacífico de Costa Rica. / IX.-Que Sphyrna Lewini es una especie particularmente vulnerable a la pesca, se demostró que en las líneas de fondo de Golfo Dulce posee una sobrevivencia menor al 15%. (López & Zanella 2015). / X.-Que el Tiburón Martillo, Sphyrna Lewini, es una especie incluida en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como especie Amenazada, en peligro desde el año 2008. Además, en el 2013 durante la Conferencia de las Partes número 16 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se introdujo esta especie en el Apéndice II. Asimismo, desde el 2014 forma parte del Apéndice II de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS). […]”. De tal documento se extrae con total facilidad el estado de vulnerabilidad de la especie Sphyrna. También se torna relevante traer a colación la resolución R-SINAC-CONAC-092-2017 emitida por el SINAC el 12 de septiembre de 2017, en donde se establece la Lista Oficial de Especies en peligro de extinción y con poblaciones reducidas y amenazadas, entre las cuales no aparece el tiburón martillo, ni ninguna especie marítima. Importa evidenciar, en la parte considerativa, el fundamento empleado para hacer la declaratoria y elaboración de la lista en cuestión, se utiliza como base la Lista Roja de la UICN. Con lo cual, finalmente, se torna importante mencionar, que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, es miembro la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN o bien IUCN por sus siglas en inglés), así lo han señalado los diversos cuerpos normativos citados, pero también se extrae de la propia página web del organismo, la que se puede consultar en esta dirección: https://www.iucn.org/es/nuestro-trabajo/regiones/mexico-central-america-and-caribbean/asociados-y-donantes/asociados-y-donantes (revisada para los efectos el 1 de septiembre de 2022). Esta contiene la denominada Lista Roja, la cual, como lo señalan los numerales 55 de la Ley de Biodiversidad, 4.19 y 6 del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, debe ser tomada en cuenta como insumo para la declaratoria de las especies en peligro de extinción en el país. En este entendido, al tratarse de un componente estatuido por el propio ordenamiento jurídico, no se torna necesario traerlo a este proceso como prueba para mejor resolver, ya que se trata de una norma técnica, cuya consulta es pública y ubicable en el propio sitio web de la UICN. Esta aclaración es relevante, en virtud de que, en audiencia preliminar, minuto 46:06, el Juez Tramitador se refirió a una prueba aportada por el actor, consistente en un texto de larga extensión, relacionado con la Lista Roja, pero que no fue admitido por haberse aportado en idioma inglés. No obstante, en este caso, no se está acudiendo a dicho texto, sino propiamente a la Lista Roja establecida por la UICN. Esta Organización, indica que la denominada Lista Roja está creada para evidenciar “dónde y cuáles son las acciones que necesitan llevarse a cabo para salvar a los ladrillos constructores de la naturaleza de la extinción. Al brindar una gran cantidad de información útil sobre las especies, permite tomar en cuenta necesidades de biodiversidad en los procesos de toma de decisiones. / La Lista Roja de UICN es utilizada para informar decisiones tomadas por Acuerdos Ambientales Multilaterales. Con frecuencia se utiliza como una guía para revisar los anexos de algunos acuerdos internacionales importantes, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS, por sus siglas en inglés). / Los datos de la Lista Roja de UICN se utilizan para calcular el Índice de Lista Roja (ILR), que es uno de los indicadores de biodiversidad usados por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para monitorizar el progreso para alcanzar los objetivos dispuestos en el Plan Estratégico para Biodiversidad 2011-2020. / La Lista Roja de UICN también brinda datos para los indicadores necesitados para medir el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 15. / Las evaluaciones de Lista Roja de UICN de especies de agua dulce también han contribuido al Convenio de Ramsar seleccionando sitios que son importantes para biodiversidad de agua dulce. / La Lista Roja de UICN contribuye al funcionamiento de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés) para fortalecer la interface ciencia-políticas de servicios de biodiversidad y ecosistemas para mejorar la toma de decisiones.”. Lo anterior, se puede consultar en la dirección https://www.iucnredlist.org/es/about/uses (revisada el 2 de septiembre de 2022). Ahora bien, al cotejar la Lista Roja, específicamente por la especie Sphyrna, esta evidencia que los especímenes: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, Sphyrna Zygaena, las tres presentes en Costa Rica forman parte de dicha lista y están categorizados como animales cuya población está en decrecimiento, y en estatus o categoría de “peligro crítico”, a un peldaño de su extinción. Consultada el 2 de septiembre de 2022. (https://www.iucnredlist.org/es/search/list?query=shyrna&searchType=species). En esta línea de pensamiento, se torna relevante traer a colación la resolución número 2022022070 de las 9 horas 20 minutos del 23 de septiembre de 2022 emitida por la Sala Constitucional, en donde reitera sus criterios del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como un reconocimiento constitucional y convencional. Se trata de una protección que requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, por lo que tanto el Estado como la ciudadanía deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este fallo, este alto Tribunal basa su argumentación en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se reconoció la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en el tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, en dicha opinión se dispuso el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. Señala el Tribunal Constitucional, que la Asamblea General de las Naciones Unidas en A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, consignó que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, porque brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos. En derecho comparado, la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de México, en ejecutoria número 54/2021 del 9 de febrero de 2022, afirmó sobre el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano como un derecho humano (párrafo 155), de lo cual sostuvo que este derecho también trata de la protección a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma (párrafo 157). En el apartado 165 determina ese alto tribunal mexicano, el derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión: la primera, objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano; y la segunda, subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona. En adición a lo anterior, también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en voto número 2019-017397 de las 12 horas 54 minutos del 11 de septiembre de 2019, hizo referencia a la importancia del principio de no regresión en materia ambiental, indicó que este se deriva del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna. Se trata de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, acudiendo a la ciencia y a la técnica, de la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. Dice el tribunal constitucional, existe relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos y científicos. Conforme a los Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable, aprobados en al XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2018, aprobado por la Corte Plena en la Sesión número 28-2020 del 25 de mayo de 2020, artículo XIX; importa rescatar la necesidad de que el operador de justicia, al resolver los conflictos no pueda obviar los parámetros que allí se establecen. En este sentido, el propio principio 1 dispone la interdependencia de las especies como la base de protección de la vida en todas sus formas. El principio 6, señala que se considerará a la naturaleza en todas sus dimensiones, lo que significa, que forma parte de esta el patrimonio ambiental, natural y ecológico que comprende, sobre la cual se exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Asimismo, el principio 32 de interpretación teleológica o finalista, en donde se exige una protección amplia y efectiva. Con más impacto, el principio 38, ordena que cada Estado, entidad pública o privada y los particulares, tienen obligación de cuidar y promover el bienestar de la naturaleza, independientemente de su valor para los seres humanos, al igual que de imponer limitaciones a su uso y explotación. Lo que se complementa con el principio 39, sobre el derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza, el cual predica que cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas; afirma que la naturaleza tiene un derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar. De igual manera el principio 40 que establece la sostenibilidad de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural. El 78 dispone que las normas ambientales están destinadas a obtener el bien común de toda la humanidad. Lo que está enlazado con el principio 79, que establece al medio ambiente como patrimonio común de todos los habitantes de la Tierra. Todos esos principios están basados en instrumentos internacionales de derechos humanos ambientales, catalogados por la jurisprudencia constitucional como supraconstitucionales, en tanto otorguen mayores derechos que la propia Constitución Política. Todos ellos constituyen un marco referencial para el abordaje y solución de controversias ambientales como la presente. XXI. En los agravios también se acusa la existencia de prueba que se aduce fue mal valorada. Sobre los Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP) para el tiburón martillo, elaborados por la Comisión de Expertos no Permanente, asociada al Consejo de Representantes de Autoridades Científicas CITES de Costa Rica (este último conocido como CRACCITES) y que consiste en un documento de carácter técnico, reconocido por la CITES como instrumento a través del cual los países Parte basan la decisión de exportar, no exportar o condicionar la comercialización de los productos o subproductos de especies incluidas en el Apéndice II de la CITES (véase imágenes 162 y 168 del documento de demanda de medida cautelar). Estos se elaboran cada cierto tiempo, y para llevarlos a cabo se realizan talleres y actividades de participación con todos los sectores involucrados al tema de estudio. En Costa Rica la especie Sphyrna está presente en sus aguas, y en relación con ésta, se cuenta en este proceso con los DENP 2015, 2017, 2018 y 2020, en ellos se establece la condición de la especie y cada dictamen determina si la comercialización internacional del tiburón martillo es favorable o, por el contrario, negativa. En la DENP 2015, visible en documento de la medida cautelar, a partir de la imagen 83, en lo de interés señala, las especies Sphyrnidae, se distinguen de otros tiburones por la estructura de su cabeza en forma de “martillo”. El Sphyrna Lewini, tiene características particulares como una hendidura central en el margen anterior de la cabeza y dos hendiduras laterales a cada lado que aparenta una cabeza “abollada”. La boca es amplia y arqueada y el margen posterior de la cabeza está ligeramente arrastrado hacia atrás. Tiene una gran aleta dorsal y aletas dorsal secundaria y pélvica menores. El Sphyrna mocarra, se distingue por tener un mayor tamaño, llega a medir 6 metros de longitud corporal, su cabeza tiene un nudo en el centro. El Sphyrna Zygaena, también es de gran envergadura, llegando a una máxima longitud de 5 metros, su cabeza es aplanada y con borde liso. Las autoridades científicas informan en ese dictamen que, a pesar de estas características morfológicas, las tres especies del género Sphyrna no han sido reconocidas como tal por las estadísticas pesqueras, por lo que no existen registros históricos pro-especie, complicando el adecuado registro de las capturas y usos específicos por especie; por lo que mucha de la información disponible para tiburones martillo incluye datos combinados de las tres especies. (Imagen 94 documento de demanda cautelar). Sobre las principales artes de pesca utilizadas para capturar la especie (imagen 114 del mismo documento), se realiza principalmente empleando el palangre por parte de la flota de escala mediana y avanzada, así como redes de enmalle por la flota artesanal. Debido a que las hembras utilizan bahías y estuarios para parir, los neonatos y juveniles son particularmente susceptibles al efecto de la pesca artesanal. Señala el dictamen que en el período 2002-2014 Costa Rica exportó casi 45 toneladas de carne de tiburón, con un valor de más de $8.000.000,00; y que, durante ese mismo período, se exportaron 445 toneladas de aletas, con un valor de más de $9.000.000,00. Se calcula que el valor del kilo de carne de tiburón oscila entre $0.73 y $3.5; mientras que el valor de la aleta osciló entre los $3.74 y $97; datos que incluyen la carne y aletas de la especie del tiburón martillo. (Imagen 129). Finalmente, se obtiene un dictamen negativo para la exportación de carne, aletas u otros productos de especies del género Sphyrna en Costa Rica, debido, entre muchos argumentos, que existe evidencia que confirma una reducción notable de la población, debido a la captura comercial, lo que demuestra la presión pesquera como responsable por este acontecimiento. También, el gran valor comercial de las aletas. Refiere el estudio científico que, el argumento de que la pesca de tiburón martillo es incidental no es apoyado por las autoridades científicas -INCOPESCA se apartó de este criterio- ya que los lugares, carnada y procedimientos se aplican al hábitat del tiburón martillo, lo que evidencia la intención de su caza. El hecho de que las capturas de este tipo de animal sea una fracción del 5% en relación con las otras especies de tiburones, no refleja la incidentalidad, sino la baja abundancia provocada por la sobrepesca. DENP 2017, visible a imagen 162 de ese mismo documento; señala en el punto de Descripción de la pesca, datos de desembarque y monitoreo (imagen 181), que la captura del tiburón martillo puede ser dirigida o incidental, en algunos casos, los palangres utilizan un reinal de acero que impide que el tiburón corte la línea cuando queda atrapado. Evidencia también, que en el humedal Térraba-Sierpe, la descarga de flota artesanal durante el período 2013 a 2015, el Sphyrna Lewini constituyó el 25% para redes de enmalle y de la pesca con palangre un 13.4% de la captura total. En julio representó un 69% de la captura, mientras que en agosto el 97%. Señala el documento (imagen 182), la talla media de los individuos capturados demuestra que se trata de animales inmaduros. De acuerdo con los volúmenes de desembarque de tiburones de la flota nacional en los meses de marzo y mayo de los años 2010 a 2015, se observa un aumento porcentual de descarga de tiburones martillo con respecto a otras especies de tiburón de donde, destaca, se observa un aumento en el número de tiburones martillo neonatos y juveniles. (Imagen 186). Ahora bien, señala dicho informe (imagen 198), el tiburón martillo representa un 0.5% de la pesca total nacional, por lo que de recomendarse que no se permita su exportación, el impacto económico no sería substancial sobre le ingreso de los pescadores; para el sector de la pesca artesanal su importancia es aún menor, pues la pesca dirigida a los juveniles solo se da en la comunidad de Tárcoles durante la época de desove. Estos datos son relevantes en la medida de que la variable ambiental debe considerarse en íntima relación con la social y económica. Dentro de las amenazas el informe cita causas directas e indirectas. En las directas a la población que señala el informe están: captura de neonatos y juveniles, pesca y comercialización ilegal, falta de monitoreo, control y vigilancia. Respecto de las amenazas indirectas, se encuentran: destrucción del hábitat. También señala que el país ha ejercido acciones conforme a recomendaciones del DENP 2015, que se han implementado, como crear un sistema de inspección de solicitudes de exportación, medidas para el ordenamiento del tiburón, realización de muestreos biológicos pesqueros, uso de formularios de inspección de desembarques, plan piloto de observadores a bordo, deber de capitanes de completar formularios de Registros, instalación de balizas para seguimiento satelital de las embarcaciones, capacitación sobre las medidas que se están tomando y se realizan acciones para cumplir con el Plan de Acción Nacional para la Ordenación y Conservación del Tiburones en Costa Rica. (Imágenes 200 y 201). El dictamen realiza una serie de recomendaciones entre las que importa destacar: que se establezcan estrategias de manejo de los calderos de pesca, en especial en Tárcoles, Térraba-Sierpe y Golfo Dulce, porque son áreas identificadas como de crianza de neonatos y juveniles de tiburón martillo; coordinación entre las instituciones; gestiones de financiamiento y recurso humano para establecer una metodología de muestreo; reactivar la Comisión del Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones; implementar el programa de observadores; incentivar la búsqueda e implementación de medidas que reduzcan la captura dirigida e incidental de especies de tiburón martillo en todas las pesquerías de Costa Rica. Determinó nuevamente un dictamen negativo (imágenes 204 y 205). DENP 2018-2019, visible en carpeta de legajo de ejecución, documento del 9 de julio de 2019, señala en el apartado 3 que, en Costa Rica, el INCOPESCA ha venido realizando un monitoreo biológico pesquero desde julio de 2015 hasta ese momento, para lo cual se han ejecutado muestreos biológicos pesqueros a los desembarques de las flotas de mediana y avanzada escala, en las principales comunidades pesqueras de Cuajiniquil, Puntarenas, Quepos y Golfito. Los muestreos a la flota palangrera son complementados con el uso de los Formularios de Inspección de Desembarques (FID), el cual fue homologado y estandarizado para los países miembros de OSPESCA. Esto fue fundamental para la preparación del DENP para el género Sphyrna en el 2018. Además, agrega el informe técnico, de los datos del estudio se evidenció que de la especie Sphyrna Lewini, el 81.9% de los individuos cazados, no habían alcanzado la talla de primera madurez sexual. En el apartado 4 del documento (imagen 19) se evidencian acciones realizadas por Costa Rica para el mejoramiento, dentro de las cuales señala: programa piloto para el muestreo biológico y pesquero para tiburones en Centroamérica; integración de las estadísticas de pesca marina del INCOPESCA, para las flotas de pequeña, mediana y avanzada escala; establecimiento de un programa de grandes pelágicos en el INCOPESCA. Finalmente, ese Dictamen también fue negativo para el comercio internacional del tiburón martillo, porque concluyó que las capturas han venido decreciendo; pero hay un alto porcentaje de tiburones martillo que se desembarcan y que no han alcanzado la talla de primera madurez sexual. Además, aún y cuando se han ubicado las zonas y épocas de reproducción, no se han implementado vedas estacionales para proteger a estas especies, a excepción del Golfo Dulce. E indica que, al realizar la Evaluación de Riesgo Ecológico para las especies de martillo, estas en especial Sphyrna Lewini está en un riesgo alto, por lo que no es adecuado promover la exportación de esta especie. Agrega, “se considera que el comercio internacional de este recurso podría ser perjudicial para la supervivencia de la especie Sphyrna”. Dentro de las recomendaciones que se hacen en el informe técnico está el ejercer más controles, pero indica el punto 7: “El INCOPESCA debe inventariar las aletas de tiburón martillo que se encuentren almacenadas y llevar un control de la comercialización a nivel nacional.”. En el informe DENP 2020-2021, traído por esta Sala como prueba para mejor resolver, el cual se puso en conocimiento de las partes en auto de las 9 horas 16 minutos del 7 de septiembre de 2022, que se reporta como el más reciente en su género, relacionado con la especie Sphyrna, se reportan datos relevantes. Se reiteran las resoluciones tomadas en el informe anterior (2018), pero se agrega de interés para este caso: “5. Que no se ha dado una prohibición del uso de línea de fondo en las zonas en las que se han encontrado juveniles y preadultos de tiburón martillo. / 6. Que Lista Roja de la IUCN está conformada por las siguientes 7 categorías: Datos insuficientes, Preocupación menor, Casi amenazado, vulnerable, en peligro, en peligro crítico, Extinto. En el caso del tiburón martillo Sphyrna Lewini, esta especie ha sido categorizada en la categoría de en peligro crítico, faltando solo una para pasar a extinto, siendo la única especie de tiburón que se desembarca a nivel nacional que ha alcanzado esa categoría, lo cual demuestra la necesidad de conservar la especie, no propiciando su captura y comercialización. / 7. Que en vista de todo lo anterior, es importante no promover las descargas ni exportaciones de esta especie.”. Con lo cual emite un dictamen negativo. Se insiste en dicho documento, Costa Rica debe llevar a cabo las recomendaciones hechas en los DENP anteriores relativas a programas de monitoreo, relleno de formularios, muestreos biológicos, implementar el programa de observadores a bordo y aprobar el Programa de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones Martillo. XXII. La anterior prueba documental, deber ser analizada en forma integral con el resto del elenco probatorio, en especial, con lo expuesto por los testigos José Miguel Carvajal y Carlos Mario Orrego. El señor José Miguel Carvajal, quien es funcionario del Departamento de Investigación del INCOPESCA, biólogo de profesión y especialista en pesquería; señaló haber trabajado en los programas de tiburones dentro de la Comisión del Plan de Acción de Tiburones. Refirió que los dictámenes negativos 2015 y 2017, significa que no se puede exportar el tiburón martillo. Afirmó que existen inspecciones de los guardacostas en altamar, además los funcionarios de INCOPESCA en los diferentes puertos de desembarque, documentan todo el producto capturado. Explicó que las especies de interés pesquero son aquellas que por algún motivo los pescadores puedan capturar ya sea de manera dirigida o incidental. Aclaró que la pesca incidental es una captura en donde difiere del objetivo principal, otras especies van a quedar atrapadas en los diferentes artes de pesca. Afirmó, todas las especies son vida silvestre, sin importar que se declaren de interés pesquero. Mencionó como actividades llevadas a cabo por INCOPESCA y otras instituciones para control de la caza del tiburón martillo: hojas de trasbordo, guardacostas que revisan en altamar, registros del capitán, formularios de inspección de desembarque, en estos el capitán tiene que poner las diferentes especies de tiburón que pescaron. Una vez hecho el desembarque, dijo, el funcionario consigna con el capitán si se cumplió la ley. También afirmó, que en la pesca con la palangre no hay manera de excluir al tiburón martillo de esa pesquería, porque puede quedar capturado de manera incidental; también dijo que en Costa Rica hay vedas, zonas de exclusión y un santuario en el Golfo Dulce. No obstante, manifestó, que al haber un dictamen negativo para la exportación de tiburón martillo, se presenta la problemática al colectar información, porque los animales no se traen a puerto, pudiendo existir un comercio ilegal. Eso se da porque no se tiene información suficiente para elaborar la documentación biológica pesquera de la especie. Aun y cuando afirmó que los guardacostas se encargan de revisar las embarcaciones en altamar, confirmó, que no existe un programa de observadores a bordo, pues nunca se ha podido implementar por ser oneroso; de tal manera no hay forma de verificar si lo que se indica en los formularios llenados por las embarcaciones es cierta. Aduce, confían en lo que indique el capitán. Además, dijo que tampoco el sistema satelital puede indicar si se pescaron tiburones, dado que este lo que hace es seguir la ubicación de los grandes navíos. Por eso confían en los formularios de inspección de desembarque, los cuales completa el inspector. Calcula que hay 20 funcionarios en total que realizan ese trabajo en aproximadamente 15 puertos de descarga; y que hay más de 200 a 300 embarcaciones en Costa Rica, pero como no llegan todas juntas a puerto, a los inspectores les da tiempo de revisarlas. Refirió, hay un plan para mejorar la recolección de información. Aclaró, el proyecto de observadores a bordo no significa que deba haber un funcionario de INCOPESCA en todos los barcos, sino en un porcentaje de navíos; no se está practicando porque hay problemas de logística con los funcionarios, pero tampoco se ha podido implementar la puesta de cámaras en las embarcaciones. Afirmó el testigo que, en el propio santuario del Golfo Dulce, aunque es prohibido pescar tiburón martillo, a veces “caen” de manera incidental, porque la pesca en general no es prohibida solo la del tiburón martillo. Aclaró, en esta pesca incidental, el tiburón puede llegar a la embarcación vivo o muerto, si está vivo el pescador tiene la obligación de devolverlo al mar. Ahora bien, el testigo Carlos Mario Orrego, funcionario del MINAE y del SINAC, destacado en el programa de vida silvestre, representante ante CITES, dijo que están obligados a generar las listas de peligro de extinción con períodos de cada tres años. Los listados son dinámicos, es decir una especie puede entrar en la lista, pero al recuperarse podría salir al no estar en peligro de extinción. Afirmó, el tiburón martillo no puede exportarse porque los DENP son negativos. Manifestó que el santuario del Golfo Dulce nació con el fin de que el tiburón martillo llegue hasta su adultez sexual, para así mantener la especie. Sobre la resolución R-SINAC-CONAC-092-2017, en donde se enlistan las especies en peligro de extinción, señaló que les ha quedado pendiente llevar a cabo la lista sobre los animales marinos. Agregó, que, si se logra demostrar científicamente que Sphyrna está amenazado en condición crítica, el país puede moverlo y declararlo en peligro de extinción. En este sentido, mencionó, las decisiones del SINAC, se amparan en los criterios técnicos que realizan diversas organizaciones, de donde resalta la importancia de la Lista Roja emitida por la UICN, la cual consideró importante porque genera un estatus de la flora y fauna de todo el mundo. Incluso afirmó, lo que se diga en esa Lista Roja de la UICN es vinculante para el MINAE. Por ello, dijo, están trabajando en los grupos que quedaron pendientes, como las especies marinas las cuales no se integraron al listado de peligro de extinción. Reconoció que la UICN, enlistó al tiburón martillo en peligro crítico de extinción; asimismo, que el stock de la población está afectado debido a la pesca incidental, pérdida de hábitat y contaminación, lo que ha generado la reducción de la población. Refirió, el tiburón martillo tiene una gran presión en pesquerías, razón por la cual preocupa a todos los países la conservación de la especie. XXIII. De acuerdo con el marco normativo referido y la prueba señalada supra, queda demostrado para esta Sala el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el tiburón martillo. No solo, forma parte de la Lista Roja establecida por la UICN, como población en grado crítico, sino que de los informes DENP estudiados, incluso el del año 2020, se corrobora una disminución en Costa Rica de la cantidad de tiburones martillo presentes en aguas nacionales. Conforme a las propias situaciones evidenciadas en los dictámenes y lo dicho por los testigos, es claro que la pesca dirigida e incidental ha actuado en detrimento de la especie, dándose como constante año tras año una situación más comprometedora de su conservación. Importa hacer referencia, las vedas temporales o la prohibición en el santuario del Golfo Dulce, no han sido suficientes para evitar la pesca incidental de este animal, pues aún con tales prohibiciones, una embarcación puede capturar tiburones martillo vivos, dejárselos y aducir que llegó muerto al barco, así evita retornarlo a las aguas. Ello como se vio en los Dictámenes, ha tenido repercusiones devastadoras en la población joven de esta especie, lo que ha generado un menoscabo en su repoblación. En todos los Dictámenes estudiados las autoridades científicas han recomendado se implementen acciones encaminadas a la protección de la especie, en virtud de la disminución en la cantidad de ejemplares presentes en Costa Rica, víctimas de los pescadores que indiscriminadamente cazan neonatos y jóvenes sin madurez sexual. De la prueba, es contundente para esta Sala, la reducción de la población ha llevado a la especie al borde casi de su extinción, así lo establece la Lista Roja y es adoptado en el DENP 2020, en donde se señala que el tiburón martillo Sphyrna Lewini, está en una condición tan frágil, que se ha categorizado en peligro crítico, faltando solo un peldaño para pasar a extinto. Es por lo que, una y otra vez, la recomendación de los expertos es que se prohíba el comercio internacional del tiburón martillo. Aún y cuando se reconoce la existencia de algunos esfuerzos por parte del Estado, INCOPESCA y el SINAC para tener mejores datos de trazabilidad sobre esta especie, lo cierto es que las recomendaciones dadas en los DENP están lejos de cumplirse a cabalidad. Es por lo que, se torna relevante generar una protección especial a las tres especies de Sphyrna presentes en Costa Rica. Así, dado que la propia CITES prevé que Costa Rica puede proteger de mayor manera a las especies que se encuentran en el apéndice II, conforme lo dispone el artículo II inciso 2) y el artículo 14 de dicha Convención, siendo además que, la propia Ley de Conservación de la Vida Silvestre en su canon 75, obliga a que cuando se evidencie el detrimento en una población de fauna silvestre, se debe dar su protección; considera esta Cámara, que en este proceso se cuenta con suficiente prueba técnico-científica, con la cual se confirma que el tiburón martillo se encuentra de estado crítico y vulnerable. Dicha condición no solo los DENP y los testigos lo comprueban, el propio decreto ejecutivo 41056-MINAE que es la declaratoria de Santuario del Golfo Dulce, refiere y es parte de su motivación, la delicada situación de la especie Sphyrna, a tal grado, que el MINAE como autoridad de protección de la vida silvestre, considera necesario su resguardo. En esta línea de pensamiento, atendiendo a los principios preventivo, precautorio e indubio pro natura, estipulados en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y canon 3 del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; además conforme con los ordinales 18 de la LCVS, 55 y 56 de la Ley de Biodiversidad, se torna necesaria y obligatoria para esta Sala, la declaración del tiburón martillo, en las tres especies presentes en Costa Rica Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena, en calidad de peligro de extinción conforme a los estudios técnicos científicos referidos que respaldan la decisión, y como de dominio público conforme a los preceptos 3 y 4 de la LCVS. En este sentido se le ordena al SINAC, INCOPESCA y al Estado, que emita los actos administrativos necesarios e indispensables para erradicar de manera total la extracción del tiburón martillo de las aguas nacionales, prohibiéndose su captura incluso de modo incidental; debiendo ejercer las autoridades correspondientes los ejercicios necesarios, tanto en aguas territoriales, en tierra y en puertos, para verificar que no se ejerza la sustracción de esta especie Sphyrna. Así las cosas, este reparo deberá acogerse. XXIV. De acuerdo con lo estipulado en el numeral 150.2 del CPCA, se torna indispensable atender las defensas de la parte contraria a la recurrente, que por haber resultado victoriosa no pudo interponer recurso de casación. Estado. Adujo una falta de derecho, bajo el criterio de que si Costa Rica fue impulsora de incorporar al tiburón martillo dentro del apéndice II de CITES, es porque la considera una especie silvestre, con algún grado de amenaza, por lo cual se debe proteger y controlar su comercio, pero no prohibir su pesca. Afirmó, se ha tratado de ir cumpliendo las recomendaciones de los DENP, los cuales prohíben la exportación de la especie, ya que cuantificar su vulnerabilidad es una tarea complicada por su naturaleza migratoria. Señaló una serie de acciones de vieja data (2003, 2010 y 2012), que Costa Rica ha llevado a cabo para proteger al tiburón martillo y que desde el 2015 se ha implementado un plan piloto de observadores a bordo, junto con las balizas para el seguimiento satelital. Ahora bien, agregó, conforme al artículo 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura, la definición allí dada hace que el tiburón martillo sea considerado un recurso marino pesquero. Sostiene la representación estatal que el voto 2307-2015 de la Sala Constitucional, ordenó al INCOPESCA crear la lista de especies pesqueras. También sustento de su alegato es que la carne de tiburón martillo es consumible a nivel nacional y que la exportación de aletas es prohibida. Finalmente dice sobre la resolución de esta Cámara 2005-2020, anuló el decreto ejecutivo por falta de audiencia, pero esto no afecta la competencia para emitir la decisión que contiene el acto AJDIP/290-2017. XXV. Sobre esos aspectos señalados, según se ha indicado a lo largo de este fallo, se comprobó que las recomendaciones de los DENP no se han cumplido. Incluso el testigo José Miguel Carvajal, funcionario de INCOPESCA, reconoció que no se ha implementado el plan de observadores a bordo y este mismo dejó plasmada en su declaración la debilidad de la información que se recopila de los buques en el tanto no hay manera de comprobar la veracidad de lo que diga el capitán. Lo mismo sucede con las balizas para el seguimiento satelital, acción sobre la cual se comprobó que sirve para determinar el lugar donde se encuentra la embarcación, pero que de esta no es posible extraer si un buque caza o no tiburón martillo. Asimismo, de lo dicho por este testigo y el DENP 2017, se corroboró la existencia de pesca ilegal en Costa Rica. Todo lo cual evidencia que la representación estatal, no tiene una noción clara de la situación real de la especie Sphyrna en el país, pues ni siquiera el hecho de que sea una especie migratoria, exime a Cosa Rica de llevar a cabo los controles a los cuales se ha comprometido por medio de acuerdos internacionales, para hacer el trabajo de investigación y estudio a nivel país, luego regional Centroamericano y finalmente, hacer los trabajos o talleres de estudio con las demás organizaciones internacionales encargadas de recopilar la información, con el fin de que de esta manera se determine la situación global del tiburón martillo. En otro orden de ideas, no se comparte la afirmación hecha por el Estado sobre que el artículo 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura establezca al tiburón martillo como recurso marino, ello en virtud de que ese ordinal dispone que esa declaración solo se puede hacer sobre especies susceptibles de ser extraídas de manera sustentable; lo que, como se ha dejado sentado en este fallo, no sucede con el tiburón martillo, el cual según la Lista Roja de la UICN se encuentra en grado crítico y a un paso de quedar extinto. El fallo de la Sala Constitucional, no se refiere a que el INCOPESCA deba sustraerse de los requerimiento legales necesarios para determinar la aptitud pesquera de una especie, con lo cual, como se indicó en considerandos anteriores, se hace necesario que esta manifestación de voluntad se haga al amparo de los ordinales 128 y siguientes de la LGAP. Sobre el consumo nacional de carne de tiburón, aún y cuando tal afirmación sea cierta, ello no elimina que el acto AJDIP/290-2017 no tiene la motivación correcta para poder tener acreditada una declaración de interés pesquero para consumo nacional, ya que dicho acto fue creado para permitir la exportación de carne de tiburón martillo, aún en contra de lo dispuesto en los DENP 2015, 2017, 2018 y 2020, así se extrae de sus consideraciones. Con lo cual, mantiene esta Sala lo dispuesto respecto de que el acto impugnado evidencia una conexidad con el decreto ejecutivo anulado en resolución de esta Cámara 2005-2020, tal y como se explicó en considerandos anteriores y la existencia de las falencias en los elementos del acto. XXVI. El INCOPESCA basó su oposición en idénticos términos que el Estado, así que se remite a lo ya dicho. XXVII. El SINAC adujo una falta de derecho, en virtud de que el tiburón martillo es un animal de vida silvestre pero no en peligro de extinción, es una especie con población reducida y amenazada, con lo cual para sacarla del apéndice II y pasarla al I que son los animales en extinción, se requieren estudios técnicos y legales que justifiquen su cambio; debiéndose cumplir con un procedimiento para someterlo a la reunión periódica de CITES. En criterio de SINAC, el numeral 40 de la Ley de Pesca y Acuicultora regula la captura, retención, comercialización y descarga del tiburón, con lo cual para poder gestionar el SINAC la planificación, control y conservación de la especie Sphyrna, primero INCOPESCA debe sacarlo del interés pesquero. Afirmó que con el acto R-SINAC-CONAC-092-2017 se creó la lista de especies en peligro de extinción y que se debe esperar a que se haga una nueva, pero que mediante oficio SINAC-CUSBSE-342-17 se opuso a que el acto AJDP/290-2017 incluyera algunas especies marinas como de interés pesquero. Además, reconoció que la Lista Roja contempla al Sphyrna en peligro de extinción. XXVIII. Por las razones ya apuntadas a lo largo de esta resolución, se rechazan los argumentos esgrimidos por el SINAC. Como ya se expuso, la propia CITES permite que cada país dé una protección mayor a una especie que considera en estado de vulnerabilidad y así lo requiera. En este sentido el propio testigo del SINAC, el señor Carlos Mario Orrego, explicó en su comparecencia que Costa Rica tiene al almendro como una especie en peligro de extinción, aún y cuando no se encuentre en el apéndice I de la CITES; esta valoración se hizo en asocio a que este árbol es el utilizado por las lapas para su supervivencia, por esa razón, aún y cuando en el ámbito internacional no se le considere una especie vulnerada, Costa Rica la categorizó como en peligro de extinción, con lo cual se prohibió su total comercialización. Igual situación, considera esta Cámara, puede darse con el tiburón martillo, al cual se le puede brindar una mayor protección si así lo requiere, lo que ha quedado plenamente demostrado en este proceso. Sobre el tema de la declaratoria de interés pesquero hecha por INCOPESCA, se remite a lo ya expuesto recalcándose que se trata de un acto irregular y por tanto nulo. Relativo al artículo 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura, se reitera que no es posible hacer una interpretación de esta norma como si se tratase de una autorización legal irrestricta a favor de la caza de los tiburones y su comercio. Como se explicó supra, la propia norma dispone el cumplimiento de requisitos mínimos para poder declarar el interés pesquero de los diferentes tipos de tiburón; es decir, se requiere un acto debidamente motivado que así lo exponga. Llama la atención de esta Cámara, que aun sabiendo el SINAC que Sphyrna fue declarado en peligro de extinción por la UICN, y se encuentra en la Lista Roja en tal categoría, no solo no incluyera a ninguna especie marina en la lista elaborada en la R-SINAC-CONAC-092-2017, sino que a la fecha en que se discute este asunto en sede casacional, no haya hecho los esfuerzos debidos para crear la lista de especies en peligro de extinción en donde se incluyeran especies marinas y en específico al tiburón martillo. Ello en detrimento de los principios precautorio y preventivo establecidos en la Ley de Biodiversidad ya referidos cuando se trata del estudio de la vida silvestre; en especial los principios de no regresión y de progresividad ambiental. Por el contrario, el SINAC actúa contrariando esos postulados, ya que su defensa en este proceso radica básicamente en que si el INCOPESCA lo incluyó como de interés pesquero, no pueden hacer nada. Esa posición no se ajusta a la normativa ambiental, pues, junto con el MINAE, por disposición de la Ley de Biodiversidad y la LCVS, son los llamados a proteger y velar por la conservación de la vida silvestre en Costa Rica, por lo cual tienen una obligación y una responsabilidad de responder en los términos que les señala la ley y que se ha dejado claramente plasmado en esta resolución. Es así como no justifica esta Sala, la inacción que ha tenido frente a una especie como el Sphyrna, el cual está catalogado casi al punto de la extinción. XXIX. La Cámara Nacional de la Industria Palangrera alegó, la CITES tiene que ver con la comercialización de las especies silvestres, pero no tiene ninguna especificación de carácter técnico sobre la extracción de estas. Lo preponderante es que la extracción no ponga en peligro a la especie, por ello se debe acudir a la norma nacional sobre pesca. Una especie silvestre puede ser al mismo tiempo de interés pesquero, lo que, además, significa que al dársele esa categoría obtiene una mayor protección por parte de INCOPESCA, ya que así puede regular la pesca inevitable de la especie. Dijo que el tiburón martillo tiene protección en el país, dado que solo se da por captura incidental. XXX. Los argumentos de dicha Cámara no son compartidos por la Sala. Conforme a la prueba aportada, en especial la testimonial y los DENP, se genera pesca dirigida y pesca incidental, tan es así que el Santuario del Golfo Dulce se creó para establecer una veda del tiburón martillo en ese sitio, pero como se permite la caza de otras especies, aún en el santuario se da la pesca de la especie de manera incidental. Además, como se ha indicado reiteradamente en esta resolución, de la prueba traída a estrados, se confirma el grado de desprotección que ha tenido en específico el Sphyrna, lo que ha generado una disminución en la población, dado que los pescadores atrapan jóvenes que no han llegado a su madurez sexual. De tal manera, la afirmación de que su declaratoria de interés pesquero le genera una mayor protección carece de toda prueba que la respalde. XXXI. Las sociedades coadyuvantes indicaron que el tiburón martillo es una especie de vida silvestre, pero no está en peligro de extinción; además afirman ciertas las acciones que llevan las instituciones del Estado para protegerlo. En ese sentido, señalan, no hay una indicación clara de la disconformidad del acto administrativo impugnado. XXXII. Por las mismas razones ya expuestas, no comparte esta Sala las aseveraciones hechas por las sociedades coadyuvantes, pues ha quedado ampliamente acreditada la ilegalidad del acto administrativo AJDIP/290-2017; así como el estado crítico de la especie Sphyrna. XXXIII. En virtud de lo analizado, se rechazará la prueba aportada para mejor resolver por la Cámara Nacional de Palangre. Se declarará parcialmente con lugar el recurso interpuesto por Walter Brenes Soto. Se casará la sentencia del Tribunal, solo en cuanto acogió en su totalidad la excepción de falta de derecho y en virtud de ello declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. En consecuencia, fallando por el fondo, se rechazará de manera parcial la defensa de falta de derecho aducida por las partes. Se declarará el acto AJDIP/290-2017 del 13 de julio de 2017, emitido por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, contrario al ordenamiento jurídico, y por ende se declarará su nulidad absoluta. Se declarará a la especie Sphyrna como vida silvestre, en peligro de extinción según los criterios técnicos científicos, y por disposición legal, de dominio público. Se ordenará al Sistema Nacional de Áreas de Conservación incorporar al Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena en la lista de especies en peligro de extinción, dadas las condiciones actuales señaladas por la ciencia y la técnica. Se ordenará a SINAC, INCOPESCA y al Estado adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para erradicar la captura, retención, comercialización y descarga de las especies antes mencionadas. En lo demás se mantendrá incólume la sentencia del Tribunal. POR TANTO Se rechaza la prueba aportada para mejor resolver. Se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto por Walter Brenes Soto. Se casa la sentencia del Tribunal, solo en cuanto acogió en su totalidad la excepción de falta de derecho y en virtud de ello declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. En consecuencia, fallando por el fondo, se rechaza de manera parcial la defensa de falta de derecho aducida por las partes. Se declara el acto AJDIP/290-2017 del 13 de julio de 2017, emitido por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, contrario al ordenamiento jurídico, y por ende se declara su nulidad absoluta. Se declara a la especie Sphyrna como vida silvestre, en peligro de extinción de acuerdo a los criterios técnicos científicos, y por disposición legal, de dominio público. Se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación incorporar a las especies de tiburón martillo Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran y Shyrna Zygaena en la lista de especies en peligro de extinción dadas las condiciones actuales señaladas por la ciencia y la técnica. Se ordena a SINAC, INCOPESCA y al Estado adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para erradicar la captura, retención, comercialización y descarga de las especies antes mencionadas. En lo demás se mantiene incólume la sentencia del Tribunal.AMV Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Ana Isabel Vargas Vargas Jessica Alejandra Jiménez Ramírez Germán Jesús Serrano García Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- CV43UFOA31WC61 1 Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:01:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Primera de la Corte Ruling No. 00912 - 2023 Date of Ruling: June 21, 2023, at 09:34 a.m. Case File: 17-008322-1027-CA Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez Type of Case: Ordinary Proceeding Analyzed by: SALA PRIMERA Related Judgments Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics: Offering of evidence. Possibility of providing evidence during the processing of the cassation appeal (numeral 145 of the Administrative Litigation Procedural Code). This power is not unrestricted, as this article establishes limitations or requirements for this Chamber to assess its admission. It is necessary that the party providing it: 1. Swears that they were not previously aware of it. 2. That it concerns new facts. 3. Subsequent to the issuance of the appealed judgment. In the present case, the three requirements are not met; therefore, the evidence provided is rejected (ruling 912-F-2023). ... 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It is considered that such element is absent when the facts invoked as antecedents and that justify the issuance of the act are false, uncertain, or non-existent, which produces its absolute nullity (ruling 912-F-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Element of the administrative act Subtopics: Content. The content constitutes the effect of the administrative act as the immediate legal result. In other words, it is what is declared, disposed, ordered, certified, or judged; which is delimited by the persons, things, or conducts to which it refers (numeral 132 of the General Public Administration Act) (ruling 912-F-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Element of the administrative act Subtopics: Purpose. The purpose reflects the objective result sought by the administrative act, so that it is determined for its realization by the motive and the content (ruling 912-F-2023). ... See more Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Animal Subtopics: Wildlife. Topic: Public domain property Subtopics: Flora and fauna. Topic: Natural heritage of the State Subtopics: Concept and scope. If the hammerhead shark is a species that lives in natural conditions and does not require human care for its survival, it meets the elements that conceptualize it as wildlife. The Wildlife Conservation Law declares wildlife to be in the public domain and establishes that it forms part of the natural heritage. The hammerhead shark is part of the country's biodiversity and, therefore, a subject of rights that must be protected for its own sake, which brings implications and responsibilities for the public administration in order to guarantee the effective protection of nature. The State must give priority to species in danger of extinction. According to the regulatory framework and the evidence examined, the state of vulnerability in which the hammerhead shark finds itself is proven to this Chamber. Not only is it part of the Red List established by the International Union for Conservation of Nature, as a critically endangered population, but from the studied Non-Detriment Finding (Dictamen de Extracción No Perjudicial, DENP) reports, including the one from 2020, a decrease in its numbers in Costa Rican national waters is confirmed. Directed and incidental fishing has acted to the detriment of the species, with a year-after-year constant of a more compromising situation for its conservation. The temporary closures or the prohibition in the Golfo Dulce sanctuary have been insufficient to prevent its incidental fishing, since even with such prohibitions, a vessel can capture them alive, keep them, and claim they arrived dead on the boat, thus avoiding returning them to the waters. This has had devastating repercussions on the neonate and young population without sexual maturity, which has generated a decline in its repopulation. All the studied opinions recommend the implementation of actions aimed at protecting the species. Said reduction in the population has led the species to be categorized as critically endangered, almost on the verge of extinction, as established by the Red List and the DENP 2020. On repeated occasions, the recommendation of experts is that its international trade be prohibited. Even though some efforts by the State, the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) are recognized to have better traceability data on this species, the truth is that the recommendations given in the DENPs are far from being fully complied with. It becomes relevant to generate special protection for the three Sphyrna species present in Costa Rica. Thus, given that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora itself (known as CITES) provides that Costa Rica can further protect the species found in Appendix II, as provided in Article II.2 and Article 14 of said Convention, and also that the Wildlife Conservation Law itself (canon 75) obliges that when the detriment to a wildlife population is evidenced, its protection must be provided; this Chamber considers that in this process there is sufficient technical-scientific evidence to confirm that the hammerhead shark is in a critical and vulnerable state. Not only do the DENPs and the witnesses prove this condition, but the executive decree 41056, which is the declaration of the Golfo Dulce Sanctuary for the Hammerhead Shark, refers to and is part of its motivation, the delicate situation of the Sphyrna species, to such an extent that the Ministry of Environment and Energy, as the wildlife protection authority, considers its protection necessary. In accordance with the preventive, precautionary, and in dubio pro natura principles, it becomes necessary and obligatory for this Chamber to declare the hammerhead shark, in the three species present in Costa Rica (Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, and Shyrna Zygaena), as being in danger of extinction according to the technical-scientific studies that support the decision, and as public domain. SINAC, INCOPESCA, and the State are ordered to issue the necessary and indispensable administrative acts to totally eradicate its extraction from national waters, prohibiting its capture even incidentally; the corresponding authorities must carry out the necessary enforcement actions, both in territorial waters, on land, and in ports, to verify that the harvesting of this species is not carried out (Articles 7 of the Political Constitution; I, II.2.a and b and 4, IV.1 and 2.a, b and c, VII.1 and XIV.1.a of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (known as CITES) (Law 5605); 2.5, 6 and 7, 32 and 40 of the Fisheries and Aquaculture Law (Law 8436); 5.ñ of the Law Creating the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Law 7384); 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 71 and 75 of the Wildlife Conservation Law (Law 7317), amended by Law 9106; 5, 7, 11, 55, 56.1 and 109 of the Biodiversity Law; 6 of the General Public Administration Act (Law 6227); executive decrees 40379, named: “Amendments to the Regulation of the Administrative Authority and Scientific Authorities of the International Convention for Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)”; Executive Decree 39489, named: “Regulation of the Administrative Authority and Scientific Authorities of the International Convention for Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)”; 3, 4.16 and 19 and 6 of Executive Decree 40548, named “Regulation to the Wildlife Conservation Law”; Executive Decree 41056, named “Declaration of the Golfo Dulce Sanctuary for the Hammerhead Shark”). See rulings 1327-2016 and 2005-2020 of the First Chamber, 17397-2019 and 22070-2022 of the Constitutional Chamber (ruling 912-F-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Preventive principle Subtopics: Concept and scope. The preventive criterion recognizes that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats (article 11.1 of the Biodiversity Law) (ruling 912-F-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Precautionary principle or in dubio pro natura Subtopics: Concept and scope. The precautionary criterion or in dubio pro natura provides that, when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures (article 11.1 of the Biodiversity Law) (ruling 912-F-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Principle of environmental public interest Subtopics: Concept and scope. The criterion of environmental public interest assumes that the use of biodiversity elements must guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of health, and the improvement of quality of life (article 11.1 of the Biodiversity Law) (ruling 912-F-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Evidence Subtopics: Technical standard. The red list (created to show where and what actions need to be taken to save nature from extinction), as it is a component established by the legal system itself, it is not necessary to bring it to this process as evidence for a better ruling, since it is a technical standard, whose consultation is public and locatable on the website of the International Union for Conservation of Nature itself. The three species of hammerhead shark -Sphyrna- present in Costa Rica are part of this list, which are categorized as animals whose population is decreasing and in a "critically endangered" status or category of extinction (ruling 912-F-2023). ... See more Text of the ruling Exp. 17-008322-1027-CA Res. 000912-F-S1-2023 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-four hours on the twenty-first of June, two thousand twenty-three. Ordinary proceeding established in the Administrative and Civil Treasury Tribunal by WALTER BRENES SOTO, who represents himself; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA, the STATE, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Participating as passive coadjuvants: the Cámara Nacional de la Industria Palangrera Association represented by Marco Seas Sosa, Inversiones Cruz S.A., and Samlley Development S.A., both represented by José Enrique Cruz Zeledón. Appearing as special judicial attorneys, for INCOPESCA, attorney Heiner Méndez Barrientos; for SINAC, lawyer Maureen Solís Retana; for the Association, attorney María José Peralta Salas; and for the two corporations, jurist Rafael Brooks McKenzie. Participating as representative of the State, Heilyn Sáenz Calderón. Magistrate Vargas Vásquez delivers the opinion; and, CONSIDERING I. On June 7, 2018, Mr. Walter Brenes Soto filed an administrative litigation lawsuit against the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (hereinafter INCOPESCA), the State, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC). Participating as passive coadjuvants are the Cámara Nacional de la Industria Palangrera Association (hereinafter the Association), Inversiones Cruz S.A., and Samlley Development S.A., an action filed with the purpose of protecting wildlife, specifically the three species of Hammerhead Shark present in Costa Rica. He essentially indicated that, on October 30, 1974, through Law 5605, Costa Rica ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (known as CITES). On March 14, 2013, during one of the so-called Conferences of the Parties (CoP) of CITES, the Scalloped Hammerhead or Common Hammerhead Shark (species Sphyrna Lewini) was included under Appendix II of CITES, in addition to two more species of hammerhead shark due to their great physical resemblance and difficulty in differentiating them from the common hammerhead, specifically the great hammerhead shark (species Sphyrna Mokarran) and the smooth hammerhead shark (species Shyrna Zygaena). This provision entered into force on September 14, 2014, for the CITES States Parties. On September 8, 2014, the Comptroller General of the Republic (CGR), through report DFOE-AE-IF-09-2014, confirmed the importance of systematic monitoring for the evaluation of the status of endangered species. Neither the Ministry of Environment and Energy (MINAE) nor SINAC have specific development, control, conservation, and protection programs for CITES species, and therefore, neither for the three species of hammerhead shark found in Costa Rica. On August 20, 2015, the Council of Representatives of CITES Scientific Authorities of Costa Rica issued the Non-Detriment Finding (Dictamen de Extracción No Perjudicial, DENP) for the Scalloped Hammerhead (Sphyrna Lewini) and the two similar species already mentioned. On August 10, 2016, by official communication SINAC-SE-CUS-362, as the CITES Administrative Authority, it requested the Council coordinator's approval to allow the export of shark fins. On March 17, 2017, the Non-Permanent Commission of Experts, associated with the Council, issued the DENP for the hammerhead shark species present in Costa Rica that are included in Appendix II of CITES. He said, the hammerhead shark is Wildlife-Fauna-Wildlife, the three species of the genus Sphyrna are in danger of extinction. According to data from INCOPESCA, during 2015 and 2016, the extraction of fins from the three species of hammerhead shark was being permitted. On July 3, 2017, the Executive President of INCOPESCA issued ruling AJDIP/290-2017, wherein it declared the scalloped or common hammerhead shark, the great hammerhead shark, and the smooth hammerhead shark to be of fishing and commercial interest. Ruling published in the Official Gazette on August 16, 2017. On September 12, 2017, SINAC issued act R-SINAC-CONAC-092-2017, regarding the List of Endangered Wildlife Species in Costa Rica, in which none of the three species of hammerhead shark are included. He added, there has been no pronouncement from the State or SINAC to declare the three species of hammerhead shark as part of Wildlife, nor do they recognize it as wildlife or wild animal, nor have they made the declaration of an endangered species. In this manner, the co-defendants have not adopted measures to restrict the capture, retention, commercialization, or landing of the Hammerhead Shark in the fishing and commercial ports of Costa Rica; there is no planning, development, control, or conservation of the hammerhead shark. Based on this statement of facts and what was agreed upon in the preliminary hearing, he, in what is of interest, petitioned to declare: 1- The ruling AJDIP/290-2017 issued by INCOPESCA on July 13, 2017, to be non-conforming, and therefore annulled, concerning what refers to and is related to the determination of fishing interest declared over the populations of hammerhead shark in its three species. 2- SINAC be ordered to incorporate the populations of hammerhead shark in its three species into the list of endangered Wildlife species. 3- The co-defendants establish the hammerhead shark in its three species as wildlife - wildlife - wild animal in danger of extinction. 4- The co-defendants be ordered to adopt the necessary and appropriate measures to restrict the capture, retention, commercialization, and landing of the hammerhead shark in its three species in the fishing and commercial ports of Costa Rica. 5- SINAC is the competent authority to exercise the planning, development, control, and conservation of the hammerhead shark in its three species. 6- MINAE and SINAC must appoint sufficient and necessary wildlife inspectors to work on management, control, and protection activities associated with the hammerhead shark in its three species. 7- INCOPESCA be ordered to refrain from adopting and executing any conduct that could harm the current and future legal situation -wildlife or wild animal in danger of extinction- of the hammerhead shark in its three species. 8- Costs to be borne by the co-defendants. They answered the lawsuit negatively and raised the following exceptions: SINAC, lack of right; INCOPESCA, lack of active and passive standing; and the State, lack of right. The Administrative and Civil Treasury Tribunal, Eighth Section, in ruling number 38-2021 at 8:00 a.m. on April 13, 2021, rejected the exceptions of lack of active and passive standing. It upheld the lack of right. It declared the lawsuit dismissed in all its aspects. It maintained the validity of the interim measure (medida cautelar) of oral ruling number 180-2018-I at 4:15 p.m. on May 18, 2018, from the Administrative Litigation Court of Appeals until the ruling becomes final. It exempted the plaintiff from paying personal and procedural costs; and regarding the coadjuvancies, it omitted a pronouncement on that aspect. It indicated that the co-defendants must take note of what was indicated by the Tribunal in the last considering. Disagreeing, the plaintiff filed a cassation appeal. II. Preliminarily. Once the respective hearing was granted, the representative of the Cámara Nacional de Palangre requested that the document called "Declaration on the voluntary release of the hammerhead shark by the Costa Rican longline fishing sector to promote responsible fishing" be admitted as evidence for a better ruling. The document provided is the administrative act issued by INCOPESCA, AJDIP/143-2020, dated July 10, 2020. In this regard, it is noted that numeral 145 of the Administrative Litigation Procedural Code provides for the possibility of providing this type of evidence during the processing of the cassation appeal. But this power is not unrestricted, as that same article establishes limitations or requirements for this Chamber to assess its admission. In this sense, it is necessary that the party providing it: 1- swears that they were not previously aware of it; 2- that it concerns new facts and; 3- subsequent to the issuance of the appealed judgment. In the present case, none of the three requirements are met; note that there is no sworn statement (juramentación) that they did not know the document in question, as they only indicate they had access to it at this procedural stage, this even though the document in question is a free declaration from the Costa Rican longline sector, which the managing Chamber represents. Nor is it a new fact occurring after the judgment being challenged, since the referred judgment dates from April 13, 2021, while the agreement is dated July 10, 2020, almost a year earlier. In light of this, the evidence provided will be rejected. Cassation on procedural grounds III. Of this type, the following two grounds are alleged. First, it accuses a lack of clear and precise determination of the facts accredited in the judgment, insofar as the Court never deemed as proven or unproven whether the hammerhead shark is a wild animal in danger of extinction. Therefore, what is provided in ordinal 61.2 of the Civil Procedural Code (CPC), applicable supplementarily as permitted by ordinal 220 of the Administrative Litigation Procedural Code (CPCA), is not met. That establishes the obligation for the judgment to resolve all and each of the points that have been submitted for debate, without being able to grant more than what was requested or include other issues than those debated; having to establish in the considering part clearly, precisely, and in chronological order the proven and unproven facts. In the questioned judgment, it is only mentioned that the hammerhead shark is on the list of species with a reduced population for belonging to Annex II of CITES, a point that was never controversial in the process. Throughout the entire debate, the vulnerability of the species and that it is in danger of extinction has been set forth, but the Court omits a pronouncement in this regard. IV. From the wording of the objection, it is evident that what is alleged is the defect of incongruence, therefore it will be analyzed from this perspective. Incongruence can occur when a pronouncement on some point submitted for debate is omitted (infra petita), more is granted than what was requested (ultra petita), what is resolved does not correspond with what was requested (extra petita), or by containing contradictory provisions. For this concept to proceed, the explained dissonance must occur in the operative part of the judgment, since based on the defect of incongruence, one cannot seek to discuss the considerations that the Court may have had to make its decision. Article 137, subsection 2) of the CPCA establishes that grounds of a procedural nature can only be alleged by the party who has been harmed by the non-observance of the procedural rule; it also provides for the need to have sought rectification of the defect before the pertinent jurisdictional body, in cases where it is possible. The foregoing must be understood in the sense that whoever alleges it is obliged to explain what the harm caused by said non-observance consists of. In the case under study, the plaintiff in his lawsuit -claims 2 and 3- effectively requested that the hammerhead shark be established and incorporated as a population in danger of extinction. However, it is also true that in the operative part of the challenged judgment, the action was dismissed in all its aspects, whereby the Court did rule on such points. That is, the request made by the plaintiff in his petition was rejected, and therefore the claim regarding the declaration of the hammerhead shark species as wildlife and endangered must be understood as denied. One cannot speak of inconsistency when the Court's decision is not satisfactory to the interests of one of the parties. The total rejection of the action demonstrates the decisive decision by the judges in stating that, in their view, the plaintiff is not correct in what was sought. Thus, his objection must be denied. V. In the second grievance, the appellant claims a lack of reasoning, insofar as the judgment does not develop a logical and justified rationale that duly supports its decision. He refers, first, to the decision issued at 9:33 a.m. on March 26, 2021. He indicates that, once the oral and public trial was held, he requested the reopening of the proceedings because he learned at that moment that SINAC had created a list of endangered marine-coastal species, which included the three species of hammerhead shark. Said document became necessary evidence to resolve the matter; however, the presiding judge decided to reject it without delving into an analysis. Even though this is a power of the judge, this does not imply that he is exempt from stating the reasons for his decision; he must explain why he so considered. Secondly, he says, in the decision issued at 10:43 a.m. on April 6, 2021, the Court decided to reopen the trial to analyze judgment 2005-F-S1-2020 issued at 10:30 a.m. on June 18, 2020, by the First Chamber, in relation to the fifth claim of the lawsuit. It decided that said ruling was innocuous for determining the validity or invalidity of act AJDIP/290-2017, without making any reference to the implications related to the fifth claim. Third, he adds, there was no reasoning regarding the third claim, insofar as it did not declare the hammerhead shark to be an endangered wildlife animal. In this regard, the Court completely ignores referring to said condition. VI. From the wording of the first objection raised, it is clear that, in addition to the alleged lack of reasoning, he claims disagreement due to the denial of admissible evidence. Regarding this concept in administrative contentious proceedings, this Chamber has stated (see decision number 2047-F-S1-2020 issued at 4:00 p.m. on June 30, 2020) that such a situation can be considered a defect in the ruling when said inadmissibility causes defenselessness to the party. The foregoing implies that the appellant must justify the direct impact that the evidentiary means has on the factual framework that supported a regulatory application detrimental to his interests. To these arguments, it must be added that Article 137, subsection 2) of the CPCA establishes that when a procedural violation is alleged, it is necessary that the party who considers their right violated has requested the corresponding jurisdictional body to rectify the defect, when this is possible. In the case under study, upon reviewing the case file, a document dated March 19, 2021, is evident, in which the plaintiff requested the application of the provision established in numeral 110 of the same code, so that the Court would receive and expand on the evidence submitted, considering it absolutely necessary for the issuance of the judgment. By virtue of this, the Court, through a decision issued at 9:33 a.m. on March 26, 2021, rejected the request, considering that both reopening the proceedings and admitting evidence for a better decision is a power of the judge applicable when, in their judgment, it is necessary, "a situation that does not occur in the present case." This decision was not appealed by the plaintiff, and therefore, in accordance with the provisions of the referred numeral, the procedural moment to make the respective claim has expired, and thus the Chamber lacks jurisdiction to hear it. VII. Regarding the second point raised, in Considerando XV of the contested ruling, the Court indicated that what was decided by the First Chamber in decision 2005-2020 lacked relevance for the resolution of this matter, since the assignment of competence to determine the list of fishing species does not stem from a regulatory norm but is subordinated to the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre). Even though this reasoning could be considered laconic, it explains the reasons why the Court rejects the application of the referred ruling of this Chamber, and therefore it cannot be affirmed that there is a lack of foundation. VIII. In the third line of his argumentation, this cannot be understood as a grievance that stands on its own, since affirming that something was not deemed proven is not synonymous with a lack of reasoning. As stated above, the objection in its entirety must be denied. Cassation on Substantive Grounds IX. Regarding this type, he asserts the following three grounds. First, he affirms there is a contradiction between the factual picture and the evidence provided. He refers to the second fact deemed proven and the second fact deemed not proven. The former states that the State has carried out protection activities; the latter, that the non-existence of effective protection actions is not accredited. The Court did not understand that the environmental lawsuit filed states that the co-defendants have not carried out the pertinent actions in accordance with the precautionary principle and Article 109 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), for the protection of the hammerhead shark, ergo, the existence of measures is not sufficient for the protection of the species. The Court's acknowledgment of the existence of closed seasons (vedas) as a preventive measure contradicts the DENP, which indicates the existence of hammerhead shark extraction and even makes recommendations to avoid it. Said document, at point 2, page 17, indicates that even though reproduction zones and seasons have been identified, seasonal closed seasons (vedas estacionales) have not been implemented to protect the species, with the exception of certain areas of Golfo Dulce. At point 5, page 18, it recommends that INCOPESCA declare closed seasons for its protection, including the non-use of bottom longlines, as these are very effective for fishing juvenile and pre-adult hammerheads. In any case, he adds, the co-defendants did not demonstrate the existence of seasonal closed seasons; they even acknowledged that observer programs on board fishing vessels have not been implemented, a key situation for the protection of the shark. The judges also stated that another measure for the protection of the hammerhead shark is the creation of fishing exclusion zones, and they refer to the Golfo Dulce Sanctuary, which presents the problem that fishing activity is not entirely excluded there, such that the hammerhead shark is caught when fishing for other types of animals. This was demonstrated with the testimony of José Miguel Carvajal, who stated that, although direct fishing of the hammerhead shark is not permitted within the Sanctuary zone, fishing for other species is allowed, therefore, incidental fishing of this species does occur in the protection zone, which makes the measure ineffective. Now, regarding unproven fact number 2, the Court stated that there is no absence of effective actions for the preservation of the hammerhead shark. The judges lose sight of the fact that the lawsuit is aimed at accusing omissions on the part of the institutions linked to the protection, mitigation, and restriction of the capture, retention, and commercialization of this animal; so much so that there are not even population studies of this species and there is no adequate control or record of its captures. Thus, in accordance with the reversal of the burden of proof in environmental matters, regulated in Article 109 of the Biodiversity Law, it was incumbent upon the co-defendants to prove the actions taken for effective protection. It has been demonstrated in this proceeding with the document DENP 2018 that the hunting of this species has been reduced by virtue of the fact that the population has diminished due to the uncontrolled increase in its fishing, but not due to effective protection arising from state actions. He insists that the DENP from the years 2015, 2017, and 2018 have made recommendations to INCOPESCA in conjunction with the other institutions, none of which have been implemented. Regarding the first unproven fact, he states that for the Court, the appointment of more fishing inspectors does not imply an improvement in the conservation of the hammerhead shark species. However, the DENP, which are technical opinions, refer to the need for greater protection. The 2015 DENP, in its recommendation number 5, indicates that INCOPESCA must initiate the observer program on board vessels and also at landing ports to verify the data collected by the "FIADs." The 2017 DENP, in recommendation 12, indicates that INCOPESCA must continue efforts to implement the observer program to comply with national and international regulations. The 2018 DENP, in recommendation 3, states that the Government of Costa Rica must continue efforts to implement the on-board observer program to collect information that contributes to the fisheries assessments of sharks of the genus Sphyrna. From the above, it is evident that since 2015, an observer program has been continuously recommended in order to maintain control and compliance with national and international regulations and, consequently, greater protection for the hammerhead shark. These opinions, he reiterates, are of a technical and scientific nature, and therefore it is contradictory that the Court does not deem the shortcomings incurred by the defendants as proven, since the recommendations have never been implemented. Secondly, he complains of improper valuation and omission of evidence. He points out that when resolving environmental matters, in application of the precautionary principle, there is a reversal of the burden of proof, Article 109 of the Biodiversity Law. In this sense, for the Court, it was not demonstrated that the inclusion of the hammerhead shark on the list of fishing species implies absolute lack of protection for the species; it reasoned as follows: "the plaintiff did not bring to the proceeding, despite bearing the evidentiary burden to support their claims [...] sufficient evidence in the sense that public policies or administrative practices of the State and its institutions fail to protect or facilitate excessive fishing contrary to the sustainability of ecosystems, thus not deeming proven the violation of the norms discussed in this Considerando." The burden of proof has been imposed on the plaintiff without considering the nature of what is debated and the circumstances of the case; that is, the co-defendants were obligated to demonstrate the existence of administrative measures and public policies that effectively protect the hammerhead shark. Mere formal existence does not imply effective protection; this must extend to the material realm, meaning it is necessary that the actions carried out by the Administration are sufficient and effective for the protection of the species. Likewise, he adds, in cases such as the one under study, the premise that the thing speaks for itself: "res ipsa loquitur" must be applied; it is used for cases in which it cannot be proven what the generating fact of the damage was, but due to the circumstances in which it occurred, it is inferred that it was the product of the negligence or specific action of a subject. In this sense, act AJDIP/290-2017 logically results in a lack of protection of the Sphyrna species by legitimizing the commercial exploitation of an endangered wildlife species. Along this line of thought, he states that the Court did not take into account the IUCN Red List, which lists the hammerhead shark as an endangered species. He alleges that, following this erroneous practice in the treatment of evidence, the Court did not duly value the DENP, which are technical documents prepared by the Non-Permanent Expert Commission associated with the Council of Representatives of Scientific Authorities of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora of Costa Rica (CRACCITES-Costa Rica), and which, in the case of the three species of hammerhead shark of Costa Rica, are included under CITES Appendix II. He reiterates what was already said about the opinions from the years 2015, 2017, and 2018. He states that these documents insist that the extraction of the hammerhead shark for international trade is not possible due to how threatened the species is. These documents determine the commercial susceptibility of this animal, as well as the deficiencies and lack of control by the authorities to protect it. However, the Court did not duly value these documents, and did not take into account that they have technical content, which would lead it to conclude the lack of protection of the species. He transcribes a part of page 66 of the 2015 DENP, from which, he says, the delicate situation due to the lack of controls on hammerhead shark captures is evident. Likewise, he points out the scarcity of inputs for INCOPESCA inspectors or other officials to carry out regulatory work. Nevertheless, according to the judges, the co-defendants adequately protect the species merely by creating exclusion zones, in which, as indicated, hammerhead sharks end up being caught when other species are hunted. Nor is the review of vessels sufficient, as the Court states, since the lack of inspectors results in it not being a functional measure to detect the extraction of this animal. None of these provisions have curtailed the decrease in the species (page 67), where it is stated that there has been an evident reduction in population numbers due to fishing pressure, which is responsible for said reduction. The State has not even taken care to determine the incidence of that fishing on the total hammerhead shark population. In the 2017 DENP, on page 37 of the opinion, direct and indirect threats to the population are indicated due to a lack of monitoring, control, and surveillance, in addition to a lack of strategic coordination and prioritization of regional studies for the species. It also highlights the existence of illegal fishing and commercialization, lack of knowledge of the exploitation rate, and the capture of neonates and juveniles in recruitment zones. Even so, the Court states that the hammerhead shark has due protection. That document recommended that SINAC, as the National Coast Guard Service, has the duty to improve control and monitor protected marine areas, as well as coastal zones, all with the aim of reducing illegal fishing, and the duty to improve evidence collection and the filing of complaints before judicial authorities. 2018 DENP, this establishes that the species is at high ecological risk, which is why special care must be taken in its exploitation and protection. The Court ignores the critical condition given to the species in this report, and therefore it is contradictory to maintain an administrative act that declares it of fishing and commercial interest. He adds, improper valuation of witness José Miguel Carvajal: He demonstrated the deficiencies that INCOPESCA has incurred in exercising control over the hammerhead shark species. He reported that there are no observers on the vessels, even though there is a recommendation from the 2015 DENP, and he also indicated that a pilot plan exists that has not been executed, despite being an important program. He also testified that there was no record of hammerhead shark captures at the docks, since the records depend on the fishermen themselves, meaning there is no oversight regarding the veracity of the content. He also stated that there is hammerhead shark fishing in Golfo Dulce, despite this being a special protection zone, since, although direct fishing is prohibited, incidental fishing of the species still occurs. However, the Court does not extract the lack of protection from this testimony. Regarding the improper valuation of witness Carlos Mario Orrego: He affirmed that the hammerhead shark is endangered, according to the IUCN Red List, which is binding for the preparation of lists of species in that condition carried out by SINAC. Likewise, he affirmed that by 2017, marine-coastal species in general were not included, which is why initially the hammerhead shark was not part of the list. That is why, the deponent said, SINAC is working on a list of marine species with reduced populations and in danger of extinction that would include the hammerhead shark as a critically endangered species. He also said that fishing of this species should be limited due to the critical condition it is in. However, the Court, with all this statement from the SINAC official, decided that there was no need to declare the hammerhead shark as endangered. Third, in his opinion, according to the concepts established in Article 1 of the Wildlife Conservation Law, the hammerhead shark falls within the concept of wildlife, without it being possible to classify it as of fishing interest. On the other hand, according to numerals 14 and 61 of the same law, as well as canon 6 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law (Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre), the obligation of the State to protect species in a condition of vulnerability is derived from them, a situation in which the hammerhead shark finds itself. He adds, there is a dissonance between decision R-SINAC-CONAC-092-2017 in relation to the List of Endangered Wildlife Species in Costa Rica, since the hammerhead shark was not included in that table, despite being internationally recognized as an endangered species on the IUCN Red List. It is at this point where the Court errs and contradicts itself in its argument, for it first affirms that the hammerhead shark is of fishing interest, which is why it cannot be wildlife, but then it says that in any case, the hammerhead shark species can be wildlife and at the same time declared of fishing interest, contradicting all the cited regulations and the referenced evidence. In its judgment, the Court does not develop reasons for why the hammerhead shark cannot be considered endangered wildlife; it only states that the Sphyrna species has a reduced and threatened population. The appellant indicates that the mere fact that the species is in CITES Appendix II does not necessarily mean that its commercialization must be allowed, since CITES, in Article 14, grants the possibility of exercising stronger domestic controls. Thus, if the three species of hammerhead shark are on the IUCN Red List, of which MINAE is a member, in accordance with the referred article 6 of the Regulation, there is a duty of the State and of SINAC to include these species as being in danger of extinction. He indicates that, while it is true that CITES Appendix II includes those species that are not endangered but due to their commercialization may come to qualify as threatened species, this does not justify the Administration's omissions referred to previously, and must grant greater protection to the species. He adds that the Department of Conservation and Sustainable Use of Biodiversity and Ecosystem Services of SINAC has attempted to impose the best science to clarify this problem; thus, on December 10, 2018, through official letter SINAC-SE-CISBSE-647, visible in the response to the lawsuit, which is a missive addressed to the Legal Advisor of the Executive Secretariat of SINAC, an expanded technical report on this process, in which the Wildlife Coordinator of that Department and the CITES/SINAC Administrative Authority, as well as the advisor of the Ministry of Water and Seas, stated: "Based on the context and review of the previous scientific literature on the population status of hammerhead sharks, a migratory species of the Eastern Pacific, included in CITES Appendix II, CMS, IUCN, Wildlife Conservation Law No. 7317, Regulation to the Wildlife Conservation Law No. 40548, Resolution SINAC-DE-092-2017 (List of wildlife species with reduced or threatened populations) and their great role as predators and indicators of ocean health carried out by MINAE/SINAC officials, it is recommended that the three species of hammerhead shark (genus Sphyrna) considered in this contentious proceeding be managed as wildlife and regulated through the Wildlife Conservation Law No. 7317 and its Regulation No. 40548." On July 9, 2019, through official letter SINAC-SE-CUSBSE-303, the Head of the Department forwarded to the Executive Director what was indicated in item 1 of agreement number 46 of Ordinary Session number 08-2017 of CONAC and what was instructed in official letter SINAC-CONAC-SA-321-2017, the list of endangered and threatened marine-coastal species to be considered in CONAC, which includes the three species of hammerhead shark. Agreement 8 of the Ordinary Session of the National Council of Conservation Areas (CONAC) of January 12, 2021, agreed to declare them in that condition. Therefore, the appellant states, by allowing the uncontrolled extraction of hammerhead shark species under threat of extinction or reduced populations by INCOPESCA, it is evident that appropriate measures for mitigation, control, restoration, and recovery of the hammerhead shark have not been taken, a critically endangered species under the parameters of the Wildlife Conservation Law; the contrary is a violation of the principle of a healthy and ecologically balanced environment, as well as the preventive and precautionary principle, Articles 11 and 109 of the Biodiversity Law. The Court has departed from all these regulations, and even goes so far as to say that the Fisheries Law (Ley de Pesca) protects the hammerhead shark. In another line of thought, he says, vote 2307 issued at 9:05 a.m. on February 20, 2015, by the Constitutional Chamber, expressly states that a species can be specially protected; however, the Court omitted to rule on this. He also indicates improper application of the Fisheries Law and the fishing interest declared over the hammerhead shark; this insofar as this norm regulates fishing activity, but it does not establish any special protection for threatened species; that law can only be applied to marine species susceptible to commercial exploitation and not to those that are in a state of vulnerability. Through administrative decision AJDIP/290-2017, INCOPESCA declared the three species of hammerhead shark of fishing and commercial interest, which is why the principal claim is the nullity of said act, due to its non-conformity with the Wildlife Conservation Law, the Biodiversity Law, and the referred international conventions, as well as the principles governing environmental matters. The Court considers the Fisheries Law applicable, and relies on the cited Constitutional Chamber judgment to justify the legality of the agreement, applying a criterion of competence in favor of SINAC and not the critical condition of the Sphyrna species. For the judges, the act in question does not violate any Convention, because neither the export nor the introduction of the hammerhead shark into the national territory is regulated, because CITES only regulates international trade and the internalization of the State Parties. Furthermore, in the judges' opinion, as the hammerhead shark was declared of fishing or aquaculture interest by INCOPESCA, this excludes it from the application of Article 1 of the Wildlife Conservation Law. It has been overlooked that this proceeding revolves around the fact that this declaration is illegal. Moreover, it errs in applying article 40 of the Fisheries Law to the specific case, because this norm refers to the commercial exploitation of the generic shark; even so, that article indicates that the State must determine the species of shark lacking commercial value, meaning it can only be applied to shark species susceptible to commercial exploitation and not to those that, due to their special condition like the hammerhead shark, are in a state of vulnerability. Finally, he refers to the absolute nullity of act AJDIP/290-2017 derived from Executive Decree 40379-MINAE-MAG. He indicates that this Chamber issued vote number 2005-2020, in which it declared the absolute nullity of that executive decree and all its related acts. That norm gave INCOPESCA the competence as the scientific authority before CITES, and based on this decree, it issued the decision being challenged. The act deemed null has its principal basis in the competence granted by said decree and in view of its status as scientific authority. It is thus that it creates the list of fishing and aquaculture species considered of commercial interest, in a manner that includes the hammerhead shark. Therefore, the legal basis of act AJDIP/290-2017 is the annulled decree, which makes it an act related to the annulled decree and, therefore, must also be declared null. But the Court did not consider them to be related; it simply considered it innocuous for the validity or invalidity of the act. The Court loses sight of the fact that the basis of the challenged act is the annulled decree and that the list which includes the hammerhead shark is made under the status of scientific authority, a competence it does not have. Thus, there is a ground for invalidity of a material element of the act, its content; according to the provisions of numerals 158 and 159 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), its supervening nullity occurs. X. Following a logical legal reasoning, this Chamber divides the grievances raised into three closely interrelated topics: First, the significance and implications that vote 2005-2020 of this Chamber could have on the case, in relation to the validity of act AJDIP/290-2017 of INCOPESCA. Second, regarding the power of INCOPESCA to declare the hammerhead shark of fishing interest for domestic trade. Third, the corresponding analysis of the condition of the animal genus Sphyrna in the three species present in Costa Rica: Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, and Shyrna zygaena, as wildlife and an endangered animal. XI. Regarding the first point, the Court considered that the fact that Executive Decree No. 40379-MINAE-MAG called "Reform Regulation of the Administrative Authority and Scientific Authorities of the International Convention for Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)" was annulled by final judgment, which occurred with vote No. 2005-2020 of June 18, 2020, at 10:30 a.m., of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, rendering the designation of INCOPESCA as Scientific Authority for CITES purposes without effect, is completely innocuous for the validity or invalidity of act AJDIP/290-2017, because the assignment of competence to determine the list of fishing species does not stem from a regulatory norm subordinated to ordinary law, but from the Wildlife Conservation Law. In that judgment, this Chamber ordered "[…] the non-conformity with the Legal Order of the administrative act of general scope, with normative content, corresponding to Executive Decree 40379-MINAE-MAG called "Reform Regulation of the Administrative Authority and Scientific Authorities of the International Convention for Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)" of April 28, 2016, and of all related acts and actions. The ordered nullity shall have effects erga omnes, except for eventual rights acquired in good faith and consolidated legal situations […]." XII. Prior to undertaking the corresponding study on the content of the challenged act, in order to have a clearer understanding of the knowledge and concepts linked to the case under study, it becomes relevant first to refer to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Law 5605, to which Costa Rica is a Party. This states, in one of its Considerandos, the objective of recognizing "that international cooperation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against their excessive exploitation through international trade"; and in accordance with Article VII, paragraph 1, which establishes: "The provisions of Articles II, IV and V shall not apply to the transit or transshipment of specimens through, or in the territory of a Party while the specimens remain under customs control." From the above, it is clearly inferred that CITES effectively regulates international trade in species. Thus, Article I defines that when the Convention refers to "trade," this means "export, re-export, import, and introduction from the sea." Moreover, as far as is relevant to the case, it must be clarified that the Convention establishes three appendices by which flora and fauna species are categorized, according to their degree of vulnerability: I. Species in danger of extinction, II. species that could become at such risk if their trade is not regulated, and III. species that any of the party nations declare subject to internal regulation to prevent or restrict their exploitation, for which the cooperation of the other parties is required in controlling their trade. In this regard, as to what is under discussion in this litigation, Article II of the Convention states: “[…] 2. Appendix II shall include: a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and b) other species not affected by trade, which must also be subject to regulation in order to permit effective control of trade in the species referred to in subparagraph (a) of this paragraph. […] 4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance with the provisions of the present Convention.” It is worth noting that the species Sphyrnidae, corresponding to the hammerhead shark, in its three specimens present in Costa Rica: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran and Sphyrna Zygaena, are located in said Appendix II. Article IV of CITES establishes the Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix II, setting forth the rules to be followed. In what is of interest, that provision states: “1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance with the provisions of this Article. / 2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of an export permit, which shall only be granted once the following requirements have been met: a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species; / b) a Management Authority of the State of export has verified that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of its fauna and flora; and / c) a Management Authority of the State of export has verified that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment. […]” Thus, from the transcribed articles, it is evident that the Convention requires, in order to trade species listed in Appendix II, that it be done in accordance with the rules established therein; that is, the Convention expressly prohibits trading specimens that are on the list of said appendix, except if the rules set forth in CITES for doing so are followed. Therefore, it imposes requirements for that trade in species, one of which (unavoidable) is that a Scientific Authority has previously advised that the export of such animals is not detrimental to the survival of the species. In Article XIV, the Convention establishes the Effect on National Legislation and International Conventions, and in that sense, in what is of interest, it indicates: “1. The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt: a) stricter internal measures regarding the conditions of trade, taking, possession or transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or their complete prohibition; or b) internal measures restricting or prohibiting trade, taking, possession or transport of species not included in Appendices I, II or III. […]” All highlighting is ours. XIII. Regarding act AJDIP/290-2017. To resolve what is appropriate, it is essential to establish the content of the challenged act. This Chamber did not find the respective document in the judicial file, but it is visible in the Official Gazette, La Gaceta number 154 of August 16, 2017. It consists of an agreement of INCOPESCA, called “List of species of fishing and aquaculture interest, found in Appendices I, II and III of the CITES Convention.” The very title of the document shows that it is a declaration of fishing and commercial interest in accordance with the parameters established in CITES, that is, it refers to international trade in the species listed therein. Said act, in its substance, states: “I. That the Executive Branch […], exercising its Regulatory Powers, its Steering Authority, and its concomitant Prerogative of Modification, proceeded to issue Executive Decree No. 40379-MINAE-MAG […] reforming Article 1 of Executive Decree No. 39489-MINAE, on the Management Authority and Scientific Authorities of the International Convention on Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES). / II. That through the Executive Decree referred to [40379-MINAE-MAG] in the preceding recital, the Executive Branch, in inter-institutional coordination between the ministerial portfolios of Environment and Energy and Agriculture and Livestock, formally proceeded to define new CITES Management and Scientific Authorities, in the terms to be indicated, being required by the normative imperative of the transitional rules contained therein, to regulate the activity of the new Management Authority that will fall, as material and functional competence, to the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) and the new Scientific Authority, designating the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA), in this case, solely for fishery and aquaculture species considered of commercial interest, as established in Article 2 [of Executive Decree 40379-MINAE-MAG]: ‘Designate the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (INCOPESCA) as the Scientific Authority, in accordance with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES Convention), ratified by Law No. 5605, Article 1 of the Wildlife Conservation Law, No. 7317, as well as Laws No. 7384 and No. 8436, solely in relation to those species of fishing and aquaculture interest, found in Appendices I, II and III of the CITES Convention. INCOPESCA must internally define, within its organization, the competent unit or instance that will be responsible for exercising the functions of the Scientific Authority…'; in turn, it will define the communication channels and coordination mechanisms to be established with the Management Authority. / III. In accordance with Transitory Provision III, of the cited regulations, the Executive Branch explicitly established: ‘It shall be the responsibility of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture to establish, through an executive agreement, the functions as the new CITES-Costa Rica scientific authority, the unit and/or person that shall hold said designation and its term, the coordination with the Management Authority and other public institutions or academia, when it deems it necessary for the preparation of its recommendations and the list of fishery and aquaculture species considered of commercial interest, among others, within the following thirty days after publication of this decree.’ / IV. That INCOPESCA must then devote itself to faithfully and exactly fulfilling the mandate of the Executive Branch [established in Executive Decree 40379-MINAE-MAG] (Transitory Provision III), and for this purpose, determines the following list as CITES Scientific Authority Costa Rica, therefore the Board of Directors, Therefore, AGREES: / 1st-To approve the following list as CITES Scientific Authority Costa Rica, solely in relation to those species of fishing and aquaculture interest, found in Appendices I, II and III of the CITES Convention. [This list includes the three species of hammerhead shark present in Costa Rica: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran and Sphyrna Zygaena]. / 2nd-The foregoing List of Fishery and Aquaculture Species of Fishing Interest does not constitute a ‘numerus clausus,’ but rather, a ‘numerus apertus,’ in that depending on the factual-legal species in question, species not originally contemplated may be added or some may be removed from this list. / 3rd-In the case of certain mammals, sea turtles and marine birds, which are not necessarily of fishing interest, but interact with other species of commercial fishing interest, conservation efforts must be carried out jointly between INCOPESCA and MINAE. / 4th-Firm Agreement. / 5th-Effective upon its publication in the Official Gazette La Gaceta.” All highlighting is ours. XIV. Now then, this Chamber, in resolution 2005-2020 of 10 hours 30 minutes on June 18, 2020, made reference to Costa Rica’s ratification -Law 5605- and its accession to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Where, as already explained supra, the country committed to protecting: 1) species in danger of extinction, 2) species that could become at such risk if their trade is not regulated, and 3) species that any of the parties (in this case Costa Rica) declares subject to internal regulation to prevent or restrict their exploitation, for which the cooperation of the other parties is required in controlling their trade. This ruling of the Chamber reviews the content of Executive Decree 39489-MINAE, thereby deducing that it has a clear normative vocation, insofar as it develops, complements, and provides the indispensable conditions for the execution of the law that approved the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Moreover, its regulations also denote its general—and not internal—scope, as they tend to produce effects on any subject seeking to import, export, or re-export species contained in the CITES appendices, since it requires obtaining permits or certificates from the two authorities: management and scientific. Furthermore, it is worth mentioning that the ruling of this Chamber pays special attention to the fact that within the scientific authorities, public and private entities with technical functions in the granting of import, export, and re-export permits for species protected by the Convention were designated in said Regulation. Thus, for this Chamber, the status of this executive decree coincides with that of an executive regulation (reglamento ejecutivo). Therefore, by virtue of the fact that Executive Decree 40379-MINAE-MAG (challenged in that proceeding) modifies its predecessor, that is, 39489-MINAE, it shares the nature of the latter, applying the principle that the accessory follows the principal. In summary, says the Chamber’s vote, Decrees 39489-MINAE and 40379-MINAE-MAG have the status of executive regulations. By virtue of the foregoing, this Chamber considered in its resolution that the reform provided by executive regulation no. 40379-MINAE-MAG, in order to be valid, had to comply with the hearing procedure set forth in Article 361 LGAP. Since this was not verified, its issuance suffers from a substantial requirement that generates its invalidity. By virtue of this, it overturned the judgment of the Court and declared the non-conformity with the legal system of the administrative act of general scope, of normative content, corresponding to Executive Decree 40379-MINAE-MAG called “Reform Regulation of the Management Authority and Scientific Authorities of the International Convention on Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)” of April 28, 2016, and of all related acts and proceedings. XV. On the elements of the administrative act. On various occasions, this Chamber has indicated that the act is conceived as a unilateral declaration of will, knowledge, or judgment made by Public Administrations in the exercise of the administrative function, which produces concrete or general legal effects, of a normative nature or not, directly or indirectly, in the use of their powers. It is deemed valid insofar as it conforms to the legal system (Article 128 LGAP). Furthermore, it is required that it be issued by the competent body or entity and that all legal requirements and procedures be met (Article 129 ibidem). The latter are classified into two groups: formal and material. The former are directed toward the exercise of the power that authorizes the public conduct, consisting of the procedure, the form (manner in which it is externalized), and the subject (competence). On the other hand, the material ones are linked to the purpose of the act and frame the activity that the Administration intends to carry out; they consist of the motive (motivo), the content, and the purpose. Now then, regarding its validity, it is indispensable to emphasize that Article 166 of that law imposes the applicability of absolute nullity when one or several of its constitutive elements are totally lacking, or when the imperfection of at least one prevents the satisfaction of the public purpose. Faced with such a situation, even the Administration must annul ex officio the act containing one of these defects. Article 169 ibidem establishes that an absolutely null act cannot be presumed legitimate, nor is it possible to order its enforcement. In this sense, regarding the regime of nullities of administrative acts, Article 158 of the LGAP establishes: “1. The absence or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, shall constitute a defect (vicio) thereof. 2. An act substantially non-conforming to the legal system shall be invalid. […]” Invalidity can be manifested through two types of nullities, namely: absolute or relative, depending on the gravity of the violation committed (Article 165 of the LGAP). Absolute nullity is configured when one or several of the constitutive elements of the act are totally lacking, in fact or in law (Article 166 ibidem), while relative nullity occurs when one of those elements is imperfect, unless said defect prevents the realization of the purpose, in which case the nullity shall be absolute (Article 167 of the aforementioned Law). In addition to the above, it is added that Article 182 of the LGAP prescribes the unavoidable obligation of the judge to declare, ex officio, the invalidity of an act when a defect related to the subject arises. The indicated provision states: “The judge may not declare the invalidity of the act ex officio, except in the case of substantial infractions related to the subject, the procedure, or the form, in which cases they must do so. / For the purposes of this article, the subject shall be understood as an element encompassing the existence of the entity and its capacity, the existence of the body and its competence, the requirements necessary for the exercise thereof, and the regular investiture of the public servant. / The judge may control ex officio the existence of all the aforementioned extremes in relation to the subject of the act, with the exception contained in the following paragraph. / Relative incompetence may not be declared or invoked ex officio.” From the foregoing reading, it can be deduced from the second paragraph that among the aspects comprising the notion of subject for the application of the rule, are competence and the requirements necessary for its exercise. In this regard, Article 129 already referred to indicates that the act “must be issued by the competent body and by the regularly designated servant at the time of issuing it, prior compliance with all substantial procedures provided for the purpose and with the indispensable requirements for the exercise of competence.” Now then, of the material elements, according to Article 133 of the LGAP, the motive must exist and be legitimate. This element is considered absent when the facts invoked as antecedents and that justify the issuance of the act are false, uncertain, or non-existent, which produces its absolute nullity. The content, for its part, constitutes the effect of the administrative act as the immediate legal result; in other words, it is what is declared, provided, ordered, certified, or judged; which is delimited by the persons, things, or conduct to which it refers. Regarding this element, Article 132 of the LGAP establishes the following: “1. The content must be lawful, possible, clear, and precise and covers all questions of fact and law arising from the motive, even if they have not been debated by the interested parties. 2. It must also be proportional to the legal purpose and correspond to the motive, when both are regulated. 3. When the motive is not regulated, the content must be, even if in an imprecise manner. 4. Its adaptation to the purpose may be achieved through the discretionary insertion of conditions, terms, and modes, provided that, in addition to meeting the characteristics of the content indicated above, the latter are legally compatible with the regulated part thereof.” Lastly, the purpose reflects the objective result sought by the administrative act, such that it is determined for its realization by the motive and the content. On the different aspects indicated supra, one may consult this Chamber’s resolutions numbers: 2356-F-S1-2020 of 9 hours 05 minutes on September 24, 2020; 1242-F-S1-2020 of 13 hours 50 minutes on March 31, 2020; 1119-F-S1-2015 of 9 hours 10 minutes on September 18, 2015; 771-F-S1-2015 of 10 hours 45 minutes on July 9, 2015; and, 804-F-S1-2008 of 9 hours 30 minutes on December 4, 2008. XVI. In the case under study, first, it cannot be ignored that act AJDIP/290-2017, called List of species of fishing and aquaculture interest, found in Appendices I, II and III of the CITES Convention, is based on the commercial disposition of these species in accordance with said Convention. In other words, as seen, INCOPESCA assumes its role as the CITES scientific authority (international trade) to list the species of fishing and commercial interest, as granted to it by Executive Decree 40379-MINAE-MAG (annulled by this Chamber). Thus, by virtue of said power, it included the three species of hammerhead shark present in Costa Rica, Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran and Sphyrna Zygaena, and declared them of fishing and aquaculture interest in accordance with CITES. It is evident that the administrative act challenged in this process is related to Executive Decree 40379-MINAE-MAG, annulled by this Chamber; and that it suffers the same fate by order of vote 2005-2020 itself. Given this scenario, it is evident that act AJDIP/290-2017 suffers from two defects in its elements. The first relates to the subject, since the annulled decree is the one that granted INCOPESCA competence as the CITES scientific authority, to be able to carry out the list it created in the challenged act; having lost it, INCOPESCA does not have the power to determine the commercial and fishing interest regarding species in the CITES appendices. Secondly, there is a deficiency in the content of the act, insofar as what it declares, provides, and orders is neither possible nor lawful, since it becomes impossible for INCOPESCA to determine which species included in the CITES appendices can be internationally commercialized. Thus, under the protection of Articles 129, 132, 165, 166, and 182, all of the General Law of Public Administration, it must be declared that act AJDIP/290-2017 is contrary to the legal system and therefore null. By virtue of the foregoing, the objection must be upheld. XVII. Regarding the second topic addressed in the appeal, related to the power of INCOPESCA to declare the hammerhead shark an animal of fishing and commercial interest, the Court reasoned that the CITES treaty does not regulate the internal trade of species, nor does it prohibit their hunting or fishing. In such a way, that this Convention does not prohibit an administrative act of general scope such as act AJDIP/290-2017 of INCOPESCA, which is limited to declaring the three hammerhead shark species of fishing interest (which are at the same time on the list of Appendix II of CITES), but does not regulate export, nor their introduction into the national territory. Thus, for the Court, the resolution of INCOPESCA, as the National CITES Scientific Authority, cannot by itself violate the Convention, because they pertain to different matters. The Court adds that, from the reform made to the Wildlife Conservation Law, by Law No. 9106 of December 20, 2012, wildlife is enshrined as part of the public domain, and species of fishing or aquaculture interest are excluded, which shall be regulated under the Fisheries Law and the Law creating INCOPESCA. From there, the Court considers it valid for INCOPESCA to create lists of species of fishing interest (which implies they may be used for commercial purposes). The lower court judges reasoned that even the competence of INCOPESCA to declare species of fishing interest has been validated by a precedent of the Constitutional Chamber (of which it transcribes a part, but does not indicate the resolution data). For the Court, the fishing interest of the shark does not depend on an infra-legal norm, but directly on the Fisheries Law, which in Article 40 grants INCOPESCA control over national and foreign vessels engaged in shark hunting. That is why they concluded that the fact that INCOPESCA classifies the hammerhead shark within the species of fishing interest does not contravene CITES, the Wildlife Conservation Law, or the Fisheries and Aquaculture Law. XVIII. This Chamber does not share the Court’s criterion, as will be set forth below. What was resolved by the Court omits pointing out that the decision taken by INCOPESCA in act AJDIP/290-2017 is linked to the international commercialization of the hammerhead shark, pursuant to CITES regulations; as set forth in the preceding-but-one recital. It has already been explained that said act is based on Executive Decree 40379-MINAE-MAG (annulled by this Chamber), an executive decree that was created as a “Reform Regulation of the Management Authority and Scientific Authorities of the International Convention on Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES).” In such a way, it cannot be avoided that with act AJDIP/290-2017 (annulled in this resolution), INCOPESCA, acting as the scientific authority, decrees the hammerhead shark as subject to international trade based on CITES (international trade) and at the same time gives it a status as an animal of fishing interest. That is, what the Administration intended with this series of reforms is to regulate, as already stated, the international trade of the hammerhead shark and not its domestic fishing for national trade, since the entire basis used by INCOPESCA lies in its condition as scientific authority under CITES. Thus, it can be seen that, in accordance with the rules referred to supra, in order to declare the hammerhead shark as being of fishing and commercial interest under the protection of CITES, that is, for its export, as INCOPESCA did, it must first comply with each of the requirements established in Articles II and IV of the Convention. Moreover, as previously stated, INCOPESCA is not the scientific authority that can determine such commercial condition of the Sphyrna species pursuant to CITES. Now then, for the Court, INCOPESCA has the competence to determine species of fishing and commercial interest at the national level, as well as legal authorization for the fishing of the hammerhead shark. An assertion that this Chamber also does not share in the absolute terms that the Court does. In that sense, it can be seen that the Fisheries and Aquaculture Law, number 8436, was created to regulate said activities within territorial waters; this emerges from the definitions in Article 2, which indicates: “[…] 5. Continental and insular waters: Waters forming lakes, lagoons, reservoirs, or rivers, within the national continental or insular territory. / 6. Jurisdictional or patrimonial waters: All waters where the Costa Rican State exercises sovereignty, control, administration, and surveillance, which also exercises jurisdiction at sea up to 200 nautical miles. / 7. Internal marine waters: Marine waters situated inside the baseline of the territorial sea and up to where marine water can enter, such as docks (ports), mangroves, estuaries, coastal lagoons, gulfs, bays, mouths or deltas permanently or intermittently communicated with the sea, provided they are accessible or navigable for maritime navigation vessels. […]” Now then, Article 32 idem states: “Fishing is the act of extracting, capturing, and collecting aquatic fishery resources, at any stage of their development, in their natural environment, whether continental or marine, as well as the acts prior or subsequent related thereto. / The act of fishing must be carried out responsibly to ensure the conservation and effective management of living aquatic resources, in order to avoid overexploitation and prevent harmful effects on the environment and the ecological system.” From this, the duty of the Institute to ensure the conservation of marine species is evident. Now then, Article 40 of that normative body provides: “INCOPESCA shall exercise control over national and foreign vessels engaged in shark fishing and may coordinate the execution of operations with the competent authorities. / Shark fishing shall only be permitted when the species are landed at unloading sites with their respective fins attached to the body. […] Likewise, INCOPESCA shall exercise control in the territorial sea and the exclusive economic zone, over those national or foreign vessels, for the purpose of determining that the captured sharks retain their respective fins. / The Executive Branch, in coordination with INCOPESCA, shall determine, through the Regulations of this Law, the shark species lacking commercial value and shall establish their use for other purposes of the fishing activity.” All the foregoing highlighting is supplied. From the normative references indicated, an indiscriminate legal authorization for the hammerhead shark cannot be extracted, nor with respect to any other type of shark, since the law itself, as has been seen, establishes the obligation of INCOPESCA to establish fishing responsibly, taking into account the conservation and effective management of natural resources. On the other hand, in support of the thesis proposed here, it is important to mention that the Law Creating the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, number 7384, in Article 5, subsection ñ), establishes: “The Institute shall have the following powers: […] ñ) Regulate the commercialization of fishery and aquaculture products. For such purposes, the Advisory Commission on Marketing designated in Article 26 of this Law shall first be heard.” That is to say, that INCOPESCA, in order to establish the fishing and commercial interest of a species at the national level, is not exempt from complying with certain requirements, such as those imposed by the cited article in concordance with the referred articles of the Fisheries and Aquaculture Law. Therefore, it is not acceptable to maintain the statement made in act AJDIP/290-2017, and to understand that it establishes the condition of fishing interest of the hammerhead shark for national trade, as the Court did, since it is not possible to recognize an unrestricted capacity in favor of INCOPESCA to create lists, without complying with the legal requirements referred to. In any event, neither from the motive nor the content of the act can it be extracted that the domestic trade of the hammerhead shark is the purpose pursued. If this were the intention of that Institute, it would be necessary for it to issue the corresponding administrative act, in full compliance with the elements necessary for its validity. Given that the act in question, as already stated, does not reflect the interest in its declaration related to the domestic trade of the hammerhead shark, but rather refers to its export, there is no possibility of validating the thesis outlined by the Court. Thus, since the decision taken by INCOPESCA is directed at the exploitation of the Sphyrna species for international commercialization, as explained supra, which has special regulation by international convention, of a rank higher than the Fisheries Law, pursuant to Article 7 of the Political Constitution and Article 6 of the LGAP, the declaration of fishing interest of the hammerhead shark in the terms done in resolution AJDIP/290-2017, to which the Court erroneously gives a scope and purpose for which it was not created, cannot be considered valid. According to the foregoing, this objection must be upheld. XIX. Having established the above, it remains to resolve the third issue, which lies in whether it is possible to define the hammerhead shark as wildlife (vida silvestre) and in danger of extinction. On this particular point, the Court flatly rejects such recognition, in accordance with numeral 3 of the Wildlife Conservation Law, since ordinal 1 of that regulatory body expressly states that it does not apply to species of fishing or aquaculture interest, and therefore declares that the animal in question may be subject to fishing and commercialization by private parties. It adds that, although it is true that the three hammerhead shark species are obviously wildlife and have reduced populations (as they belong to CITES Appendix II), that declaration would be innocuous for their effective protection, given that the Wildlife Conservation Law allows a species, at the same time it is declared to have a reduced population, to also be declared of fishing interest and, as such, commercially exploited. Nor does CITES prohibit the exploitation of any species included in Appendix II, but rather regulates, to a greater or lesser degree, their trade between countries and the entry of those species into the territory of member countries. In the same way, the judges say, the inclusion of the hammerhead shark species is even preceded by the Non-Detriment Findings (Dictámenes de Extracción No Perjudicial) of 2015 and 2017, which, although they establish safeguard measures for these species, do not prevent their extraction or commercialization at the domestic level. Thus, the Court states, resolution AJDIP/290-2017 is an administrative act in accordance with the provisions of the Wildlife Conservation Law, the Fisheries Law, and the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). They add that it is not demonstrated that the protection exercised by SINAC is better than that carried out by INCOPESCA. Finally, the Court rejects the matter regarding the adoption of necessary and appropriate measures to restrict the capture, retention, commercialization, and landing of hammerhead sharks in the fishing and commercial ports of Costa Rica, because it was not proven that effective actions were not taken for the protection of these species. The claim seeking to order MINAE to appoint sufficient and necessary wildlife inspectors to work in management, control, and protection activities associated with the hammerhead shark must also be dismissed, since it is not reasonably proven that the appointment of these inspectors would improve compliance with public duties. The Court likewise affirms, regarding the order for INCOPESCA to refrain from adopting and executing any conduct that could harm the current and future legal situation—endangered wildlife or wild animal—of the hammerhead shark, that it was not demonstrated that said entity has breached the legal system or that its actions and omissions have harmed the conservation of the species. XX. Reference will now be made to the regulations applicable to the case, warning in advance that the highlighting indicated is supplied. The Wildlife Conservation Law, number 7317, (hereinafter LCVS), amended by Law 9106 of December 20, 2012; in Article 1, as relevant, states: “The purpose of this law is to establish regulations on wildlife. Wildlife is comprised of the set of organisms that live in natural conditions, temporarily or permanently, in the national territory, both in the continental and insular territory, in the territorial sea, internal waters, the exclusive economic zone, and jurisdictional waters, and that do not require human care for their survival. Exotic organisms declared as wild by the country of origin, organisms cultivated or raised and born in captivity from wild specimens, their parts, products, and derivatives are considered wildlife and regulated by law. Wildlife may only be subject to private appropriation and trade, through the provisions contained in public treaties, international conventions, this law, and its regulation. […] This law shall not apply to species of fishing or aquaculture interest, whose specific regulation is established in Law No. 7384, of March 16, 1994, and No. 8436, of March 1, 2005, and whose competence as the executing entity corresponds to INCOPESCA; likewise, it shall not apply to forest species, nurseries, reforestation processes, forest management and conservation, and agroforestry systems, whose specific regulation is established in the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, and its amendments. […]”. The foregoing is complemented by the provisions of ordinal 2 ibid when defining: “[…] Wild fauna: wild fauna is constituted by vertebrate and invertebrate animals, resident or migratory, that live in natural conditions or that have been extracted from their natural environments or reproduced ex situ for any purpose in the national territory, be it continental or insular, in the territorial sea, in internal waters, the exclusive economic zone, or jurisdictional waters, and that do not require human care for their survival; as well as those exotic animals, vertebrate and invertebrate, declared as wild by the country of origin; it also includes animals raised and born in captivity from wild specimens. The taxonomic classification of the species shall be established in the regulation of this law. […]”. From these positive provisions, it can easily be deduced that if the hammerhead shark is a species that lives in natural conditions and does not require human care for its survival, it meets the elements that conceptualize it as wildlife. The article itself does not rule out that wildlife can be subject to private appropriation, provided that the requirements and ordinances established by the entire legal system are met. In other words, in accordance with Article 1 cited, the law itself categorizes the hammerhead shark as wildlife; and in the order of ideas that have been raised in this resolution, it must be pointed out that no institution or person may dispose of these beings as long as the regulatory, legal, and supralegal requirements that protect and regulate them are not met. Now then, the exception established in that precept does not apply to the Sphyrna species, since, as already established in this ruling, the administrative act that declared it of fishing interest was annulled, and furthermore, it was established that said manifestation of administrative will, under the parameters in which it was made, does not comply with the minimum legal guidelines or requirements to consider that INCOPESCA made a declaration of fishing interest for the domestic trade of the hammerhead shark. As previously stated, to do so is to give the administrative act a scope and purpose it does not have. Therefore, it is not within the exception stipulated in Article 1 of the LCVS, and thus this regulation must apply to the case under study. For its part, cardinal 3 of that legal body declares wild fauna to be in the public domain and establishes that it forms part of the national heritage. Regarding the provisions of said ordinal, this Chamber has been of the opinion (see vote number 1327-F-S1-2016 at 3:00 p.m. on December 7, 2016) that even though traditionally the notion of public domain has been developed regarding real estate; nothing prevents its application to goods of another nature, such as the Nation's flora and fauna. This is provided there is an affectation by regulatory provision, as is the case with ordinal 3 of the LCVS, where wild fauna is linked to the public domain. Thus, this Chamber considers, they are conceptualized as things belonging to no one, outside the commerce of persons, and which are at the service of the community. Consequently, they do not belong to the State either, but its role is to administer and guard them, because their essence is the public purpose. In this way, the anthropocentric vision of nature is overcome to move to a more evolved stage constituted by an ecocentric, biocentric, or geocentric criterion. In accordance with this position, the provisions of precept 4 of the LCVS are brought up, which states: “The production, management, extraction, commercialization, industrialization, and use of the genetic material of wild flora and fauna, their parts, products, and by-products, are declared of public interest and national heritage. / The exercise of the activities indicated in the preceding paragraph corresponds to the Ministry of Environment and Energy (MINAE); […]”. This is complemented by Article 6, which designates SINAC (a dependency of MINAE) as the competent body for the planning, development, and control of wildlife. For its part, Article 18 establishes: “The State, through SINAC, shall regulate the trade and traffic of wildlife, its parts, products, and derivatives, provided that the parts, products, or derivatives are not related to the genetic and biochemical resources of wildlife, which shall be regulated by the Biodiversity Law, No. 7788. The export, import, and traffic of any wildlife species included in SINAC's lists as endangered or with reduced populations is prohibited, unless it comes from an authorized wildlife management site. Those imported organisms that have the permits from the country of origin are excepted.” From this postulate, it is clear that there is an express legal prohibition on the trade in general of endangered animals. Now then, Chapter IX of the Law refers to the Import, export, and transit of wild species included in CITES. In this sense, Article 71 declares SINAC as the administrative authority before CITES. Cardinal 75 prescribes: “The import or export of fauna or flora included in Appendices I, II, and III of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora shall not be permitted when the scientific authority verifies that such import or export is carried out to the detriment of national wild flora and fauna. Export permits shall only be issued for species included in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), provided they are animals or plants artificially reproduced or for scientific or cultural purposes. […]”. From this norm, it is extracted with total clarity that the export of fauna included in CITES Appendix II is expressly prohibited, unless the scientific authority indicates that said export does not negatively impact national wild fauna. On the other hand, the Biodiversity Law, number 7788, also applicable to the case under study, in canon 5 provides: “Interpretation framework. This legal system shall serve as a framework for the interpretation of the rest of the norms that regulate the subject matter of this law.” In ordinal 7, biodiversity is defined as: “Variability of living organisms from any source, whether found in terrestrial, aerial, marine, aquatic, or other ecological complexes. It comprises diversity within each species, as well as between species and the ecosystems of which they are a part.” That is, the hammerhead shark is part of the country's biodiversity and, therefore, a subject of rights that must be protected for its own sake, which brings implications and responsibilities for the public administration in order to guarantee the effective protection of nature. In this sense, the general principles that support this law are enunciated in cardinal 9, from which it is relevant to highlight respect for life in all its forms, as all living beings have the right to life, regardless of their current or potential economic value. Emphasis is placed in Article 11 on the criteria for the application of this regulation, among them, the preventive criterion, according to which it is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats; the precautionary criterion or in dubio pro-natura, according to which, when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures. For its part, the criterion of environmental public interest assumes that the use of biodiversity elements must guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of health, and the improvement of the quality of life. That is, when it concerns the study of the situation of the Sphyrna species, when making a decision, the judicial authority cannot lose sight of and is obliged to carry out the analysis related to anticipating and preventing the threat or loss of this species and its implications for the planet. Regarding endangered species, cardinal 55 of the law indicates that the State must give priority to endangered species, taking into account: 1.- National lists, international red lists, and international conventions such as CITES, on international trade in endangered species of wild fauna and flora. […]”. Ordinal 56 adds: “Conservation of species in situ. The following shall be a priority object of in situ conservation: 1.- Species, populations, races, or varieties, with reduced populations or in danger of extinction. […]”. In situ conservation is defined by ordinal 7.8 of that regulatory body as the maintenance of biodiversity elements within natural ecosystems and habitats. Finally, precept 109 states: “The burden of proof of the absence of contamination, degradation, or unauthorized affectation shall correspond to whoever requests the approval, permit, or access to biodiversity or to whoever is accused of having caused environmental damage.” Now then, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 40548-MINAE, which is the Regulation to the Wildlife Conservation Law, in ordinal 3 indicates that wildlife management must be done based on technical and scientific knowledge, and in application of the preventive, precautionary, or in dubio pro-natura criteria. Article 4 defines: “[…] 16. Threatened species or species with reduced populations: Species or subspecies of wild fauna or flora, or their populations, that are likely to become an endangered species in the foreseeable future, in all or part of their distribution areas, if the factors causing their numerical decline or habitat degradation continue to occur, or very disseminated in more extensive distribution areas, and are in real or potential possibilities of being subject to a decline and possible danger of extinction. […] 19. Endangered species: Species of wild fauna or flora with populations reduced to a critical level or whose habitat has been reduced to such an extent that it affects its long-term genetic viability, which has been included in the list made official by MINAE or through a resolution based on technical criteria, in international red lists, or in international conventions. […]”. Likewise, precept 6 indicates: “Endangered wildlife species and those with reduced or threatened populations under a ban. For the purposes of Article 14 of the LCVS and this Regulation, the species included in the taxa that will be made official via administrative resolution, which will be reviewed by SINAC every four years, are considered endangered wildlife species, with reduced or threatened populations. Likewise, SINAC, with the support of CONAVIS, shall establish the Protocol with the mechanisms and procedures for the review of the lists. / Individuals of those species that are within the limits of the Costa Rican State and are included in the appendices of CITES, the CMS, and the IUCN Red List are considered part of these lists. Also, those that are incorporated by SINAC-MINAE through an administrative resolution based on technical criteria, which will be published in the Official Gazette La Gaceta.” Now then, it is important to bring up Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 41056-MINAE of May 9, 2018, named Declaration of the Golfo Dulce Hammerhead Shark Sanctuary (Declaración de Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce). In its recitals (considerativa) part, it was provided: “IV.- That the hammerhead shark (Sphyrna Lewini) is a top predator of the ecosystem where it inhabits, and is vital for the maintenance of the structure and function of marine ecosystems. The pups of Sphyrna Lewini are born and inhabit the first years of their lives in wetlands, bays, estuaries, and river mouths. Upon reaching sexual maturity, they begin large migrations in oceanic waters. In Costa Rica, the largest congregations of this species are reported in the Isla del Coco National Park (Parque Nacional Isla del Coco). / V.- That Golfo Dulce is considered a nursery area for Sphyrna Lewini, of importance for the entire Eastern Tropical Pacific and its abundance in this zone is significantly greater compared to other zones of the Costa Rican Pacific. / VI. - That the transitory life cycle between coastal habitats such as wetlands and oceanic habitats makes Sphyrna Lewini one of the species most affected by overfishing, pollution, and habitat degradation. In Golfo Dulce, juveniles and pups of this species are particularly vulnerable to incidental fishing with bottom longlines. / VII.- That studies carried out have determined that the population of the Eastern Tropical Pacific has had significant declines and is one of the most threatened in the world; furthermore, they reported that at Isla del Coco in the last 21 years, the abundance of Sphyrna Lewini has decreased by 45%. / VIII.- That studies carried out by Zanella & López 2015 and López & Zanella 2015, Sphyrna Lewini is the most abundant and constant shark species throughout the year in the artisanal bottom longline fishery of Golfo Dulce. In said area, catches are dominated by juveniles and pups (average size 74.3±17.4cm). Furthermore, its relative abundance in Golfo Dulce is significantly greater compared to other zones of the Pacific of Costa Rica. / IX.- That Sphyrna Lewini is a species particularly vulnerable to fishing; it was shown that on the bottom longlines of Golfo Dulce it has a survival rate of less than 15%. (López & Zanella 2015). / X.- That the Hammerhead Shark, Sphyrna Lewini, is a species included in the IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List as a Threatened species, endangered since the year 2008. Furthermore, in 2013 during the 16th Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), this species was introduced into Appendix II. Likewise, since 2014 it has been part of Appendix II of the Convention on Migratory Species (CMS). […]”. From this document, the state of vulnerability of the Sphyrna species is extracted with total ease. It also becomes relevant to bring up resolution R-SINAC-CONAC-092-2017 issued by SINAC on September 12, 2017, which establishes the Official List of Endangered Species and Species with Reduced and Threatened Populations, among which the hammerhead shark does not appear, nor any maritime species. It is important to highlight, in the recitals (considerativa) part, the basis used to make the declaration and elaboration of the list in question; the IUCN Red List is used as a basis. With which, finally, it becomes important to mention that the Ministry of Environment and Energy (MINAE) of Costa Rica is a member of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), as indicated by the various cited regulatory bodies, but it is also extracted from the organization's own website, which can be consulted at this address: https://www.iucn.org/es/nuestro-trabajo/regiones/mexico-central-america-and-caribbean/asociados-y-donantes/asociados-y-donantes (reviewed for these purposes on September 1, 2022). This contains the so-called Red List, which, as indicated by numerals 55 of the Biodiversity Law, 4.19 and 6 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law, must be taken into account as input for the declaration of endangered species in the country. In this understanding, as it is a component established by the legal system itself, it is not necessary to bring it to this process as evidence for a better ruling (prueba para mejor resolver), since it is a technical norm, whose consultation is public and locatable on the IUCN's own website. This clarification is relevant, by virtue of the fact that, in the preliminary hearing (audiencia preliminar), minute 46:06, the Processing Judge (Juez Tramitador) referred to evidence provided by the plaintiff, consisting of a long text related to the Red List, but which was not admitted because it was provided in the English language. However, in this case, we are not resorting to said text, but properly to the Red List established by the IUCN. This Organization indicates that the so-called Red List is created to highlight "where and which actions need to be carried out to save the building blocks of nature from extinction. By providing a large amount of useful information on species, it allows biodiversity needs to be taken into account in decision-making processes. / The IUCN Red List is used to inform decisions made by Multilateral Environmental Agreements. It is frequently used as a guide to review the annexes of some important international agreements, such as the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS). / The data from the IUCN Red List are used to calculate the Red List Index (RLI), which is one of the biodiversity indicators used by the Convention on Biological Diversity (CBD) to monitor progress towards achieving the objectives set out in the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020. / The IUCN Red List also provides data for the indicators needed to measure progress towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), in particular Goal 15. / The IUCN Red List assessments of freshwater species have also contributed to the Ramsar Convention by selecting sites that are important for freshwater biodiversity. / The IUCN Red List contributes to the functioning of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) to strengthen the science-policy interface of biodiversity and ecosystem services to improve decision-making." The above can be consulted at the address https://www.iucnredlist.org/es/about/uses (reviewed on September 2, 2022). Now then, upon checking the Red List, specifically for the Sphyrna species, this shows that the specimens: Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, Sphyrna Zygaena, all three present in Costa Rica, form part of said list and are categorized as animals whose population is decreasing, and in a status or category of "critically endangered," one step away from their extinction. Consulted on September 2, 2022. (https://www.iucnredlist.org/es/search/list?query=shyrna&searchType=species). In this line of thought, it becomes relevant to bring up resolution number 2022022070 at 9:20 a.m. on September 23, 2022, issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), where it reiterates its criteria on the right to a healthy and ecologically balanced environment, as a constitutional and conventional recognition. It is a protection that requires resources to be used rationally, so both the State and citizens must act according to the principles governing environmental matters. In this ruling, this high Court bases its argument on Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, by the Inter-American Court of Human Rights, where the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights was recognized, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, in that opinion, the right to a healthy environment was established as an autonomous right, unlike other rights, protecting the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature for its importance to the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, therefore, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional systems. The Constitutional Court points out that the United Nations General Assembly in A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, stated that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it largely contributes to its positivization, resulting in its technical understanding as a "fundamental right." Likewise, it strengthens the notion that environmental protection is an "autonomous" human right, that is, it is valid by itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other, its object of protection transcends the human being, because it provides shelter to the various components of nature to preserve the existence of living organisms in general, regardless of their usefulness to human beings. In comparative law, the First Chamber of the Supreme Court of Justice of Mexico, in ruling number 54/2021 of February 9, 2022, affirmed the recognition of the right to live in a healthy environment as a human right (paragraph 155), from which it held that this right is also about the protection of nature for the value it has in itself (paragraph 157). In section 165, that high Mexican court determines that the human right to the environment has a double dimension: the first, objective or ecologist, which protects the environment as a fundamental legal good in itself, attending to the defense and restoration of nature and its resources independently of its repercussions on human beings; and the second, subjective or anthropocentric, according to which the protection of this right constitutes a guarantee for the realization and validity of the other rights recognized in favor of the person. In addition to the foregoing, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Costa Rica (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), in vote number 2019-017397 at 12:54 p.m. on September 11, 2019, also referred to the importance of the principle of non-regression in environmental matters, indicating that this derives from the principle of progressiveness of human rights and from the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, embodied in numeral 34 of the Magna Carta. It is about non-regression or the irreversibility of the benefits or protection achieved. It stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, resorting to science and technique, the situation of the rights achieved until then. This principle does not suppose absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or due to nature, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Right to the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of protection levels. The constitutional court says there is a relationship between the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality and the right to the environment, as it obliges that the norms issued on this matter be duly motivated by technical and scientific studies. In accordance with the Environmental Legal Principles for an Ecologically Sustainable Development (Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable), approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit (Cumbre Judicial Iberoamericana), 2018, approved by the Full Court (Corte Plena) in Session number 28-2020 of May 25, 2020, Article XIX; it is important to highlight the need for the justice operator, when resolving conflicts, to not be able to ignore the parameters established therein. In this sense, Principle 1 itself establishes the interdependence of species as the basis for protecting life in all its forms. Principle 6 states that nature shall be considered in all its dimensions, which means that the environmental, natural, and ecological heritage it encompasses forms part of it, over which protection, conservation, recovery, and promotion are required. Likewise, Principle 32 of teleological or purposive interpretation, which requires broad and effective protection. With greater impact, Principle 38 orders that every State, public or private entity, and individuals have the obligation to care for and promote the well-being of nature, regardless of its value to human beings, as well as to impose limitations on its use and exploitation. This is complemented by Principle 39, on the right to nature and the rights of nature, which proclaims that every human being and other living beings have the right to the conservation, protection, and restoration of the health and integrity of ecosystems; it affirms that nature has an intrinsic right to exist, thrive, and evolve. Similarly, Principle 40 establishes the sustainability of natural resources and the preservation of the natural heritage. Principle 78 provides that environmental standards are intended to obtain the common good of all humanity. This is linked to Principle 79, which establishes the environment as the common heritage of all the inhabitants of the Earth. All these principles are based on international environmental human rights instruments, classified by constitutional jurisprudence as supra-constitutional, insofar as they grant greater rights than the Political Constitution itself. All of them constitute a referential framework for addressing and resolving environmental disputes such as the present one. XXI. The grievances also allege the existence of evidence that is claimed to have been wrongly evaluated. Regarding the Non-Detriment Findings (Dictámenes de Extracción No Perjudicial, DENP) for the hammerhead shark, prepared by the Non-Permanent Expert Commission, associated with the Council of Representatives of CITES Scientific Authorities of Costa Rica (the latter known as CRACCITES) and which consists of a technical document, recognized by CITES as an instrument through which the Party countries base the decision to export, not export, or condition the commercialization of products or by-products of species included in Appendix II of CITES (see images 162 and 168 of the precautionary measure application document). These are prepared periodically, and to carry them out, workshops and participation activities are conducted with all sectors involved in the study topic. In Costa Rica, the Sphyrna species is present in its waters, and in relation to it, this proceeding has the DENP 2015, 2017, 2018, and 2020, which establish the condition of the species and each finding determines whether the international commercialization of the hammerhead shark is favorable or, conversely, negative. In the DENP 2015, visible in the precautionary measure document, from image 83 onward, it states, regarding the matter of interest, that Sphyrnidae species are distinguished from other sharks by their "hammer"-shaped head structure. Sphyrna Lewini has particular characteristics such as a central indentation on the anterior margin of the head and two lateral indentations on each side, giving the appearance of a "dented" head. The mouth is wide and arched, and the posterior margin of the head is slightly swept backward. It has a large dorsal fin and smaller secondary dorsal and pelvic fins. Sphyrna mokarran is distinguished by being larger, reaching 6 meters in body length, its head has a knot in the center. Sphyrna Zygaena is also large, reaching a maximum length of 5 meters, its head is flattened and with a smooth edge. The scientific authorities report in that finding that, despite these morphological characteristics, the three species of the genus Sphyrna have not been recognized as such by fishery statistics, so there are no historical records per species, complicating the adequate recording of catches and specific uses by species; therefore, much of the available information for hammerhead sharks includes combined data for the three species. (Image 94 of the precautionary measure application document). Regarding the main fishing gear used to capture the species (image 114 of the same document), it is mainly carried out using longlines by the medium and advanced scale fleet, as well as gillnets by the artisanal fleet. Because females use bays and estuaries to give birth, neonates and juveniles are particularly susceptible to the effects of artisanal fishing. The finding indicates that in the period 2002-2014, Costa Rica exported almost 45 tons of shark meat, with a value of over $8,000,000.00; and that, during that same period, 445 tons of fins were exported, with a value of over $9,000,000.00. It is estimated that the value per kilo of shark meat ranges between $0.73 and $3.5; while the value of the fin ranged between $3.74 and $97; data that includes the meat and fins of the hammerhead shark species. (Image 129). Finally, a negative finding is obtained for the export of meat, fins, or other products of species of the genus Sphyrna in Costa Rica, due, among many arguments, to evidence confirming a notable reduction in the population due to commercial capture, which demonstrates fishing pressure as responsible for this event. Also, the great commercial value of the fins. The scientific study notes that the argument that hammerhead shark fishing is incidental is not supported by the scientific authorities—INCOPESCA departed from this criterion—since the locations, bait, and procedures are applied to the hammerhead shark's habitat, which evidences the intention to hunt it. The fact that the catches of this type of animal represent a fraction of 5% in relation to other shark species does not reflect incidental catch, but rather the low abundance caused by overfishing. DENP 2017, visible at image 162 of that same document; states in the point on Description of the fishery, landing data, and monitoring (image 181), that the capture of the hammerhead shark can be targeted or incidental, and in some cases, longlines use a steel trace that prevents the shark from cutting the line when trapped. It also evidences that in the Térraba-Sierpe wetland, during the artisanal fleet landings from 2013 to 2015, Sphyrna Lewini constituted 25% for gillnets and 13.4% of the total catch for longline fishing. In July it represented 69% of the catch, while in August it was 97%. The document (image 182) indicates that the average size of the individuals caught demonstrates that they are immature animals. According to the shark landing volumes of the national fleet in the months of March and May of the years 2010 to 2015, a percentage increase in the landing of hammerhead sharks is observed compared to other shark species, where, notably, an increase in the number of neonate and juvenile hammerhead sharks is observed. (Image 186). Now, the said report (image 198) indicates that the hammerhead shark represents 0.5% of the total national fishery, so if it is recommended not to allow its export, the economic impact would not be substantial on the income of fishers; for the artisanal fishing sector its importance is even less, since targeted fishing for juveniles only occurs in the community of Tárcoles during the spawning season. These data are relevant to the extent that the environmental variable must be considered in close connection with the social and economic one. Among the threats, the report cites direct and indirect causes. Among the direct threats to the population that the report indicates are: capture of neonates and juveniles, illegal fishing and commercialization, lack of monitoring, control, and surveillance. Regarding indirect threats, there is: habitat destruction. It also indicates that the country has taken actions in accordance with the recommendations of the DENP 2015, which have been implemented, such as creating an inspection system for export applications, measures for shark management, conducting fishery biological sampling, use of landing inspection forms, a pilot program for onboard observers, the obligation of captains to complete Registration forms, installation of beacons for satellite tracking of vessels, training on the measures being taken, and actions are carried out to comply with the National Action Plan for the Conservation and Management of Sharks in Costa Rica. (Images 200 and 201). The finding makes a series of recommendations, among which it is important to highlight: that management strategies be established for fishing grounds, especially in Tárcoles, Térraba-Sierpe, and Golfo Dulce, because they are areas identified as nurseries for neonate and juvenile hammerhead sharks; coordination among institutions; efforts to secure funding and human resources to establish a sampling methodology; reactivate the Commission of the National Action Plan for the Conservation and Management of Sharks; implement the observer program; encourage the search for and implementation of measures that reduce the targeted and incidental capture of hammerhead shark species in all fisheries of Costa Rica. It again determined a negative finding (images 204 and 205). DENP 2018-2019, visible in the execution file folder, document of July 9, 2019, states in section 3 that, in Costa Rica, INCOPESCA has been conducting fishery biological monitoring since July 2015 up to that moment, for which fishery biological sampling has been carried out on the landings of the medium and advanced scale fleets, in the main fishing communities of Cuajiniquil, Puntarenas, Quepos, and Golfito. The sampling of the longline fleet is complemented by the use of Landing Inspection Forms (Formularios de Inspección de Desembarques, FID), which was homologated and standardized for the member countries of OSPESCA. This was fundamental for the preparation of the DENP for the genus Sphyrna in 2018. Furthermore, the technical report adds, from the study data it was evidenced that of the species Sphyrna Lewini, 81.9% of the hunted individuals had not reached the size at first sexual maturity. Section 4 of the document (image 19) evidences actions carried out by Costa Rica for improvement, among which it indicates: a pilot program for biological and fishery sampling for sharks in Central America; integration of INCOPESCA's marine fishery statistics for small, medium, and advanced scale fleets; establishment of a large pelagics program at INCOPESCA. Finally, this Finding was also negative for the international trade of the hammerhead shark, because it concluded that catches have been decreasing; but there is a high percentage of hammerhead sharks that are landed and that have not reached the size at first sexual maturity. Moreover, even though the reproduction zones and seasons have been identified, seasonal closures have not been implemented to protect these species, with the exception of Golfo Dulce. And it indicates that, upon conducting the Ecological Risk Assessment for the hammerhead species, these, especially Sphyrna Lewini, are at high risk, so it is not appropriate to promote the export of this species. It adds, "it is considered that the international trade of this resource could be detrimental to the survival of the Sphyrna species." Among the recommendations made in the technical report is to exercise more controls, but point 7 indicates: "INCOPESCA must inventory the hammerhead shark fins that are stored and keep control of national-level commercialization." In the DENP 2020-2021 report, brought by this Chamber as evidence for better resolution, which was made known to the parties in the order of 9:16 a.m. on September 7, 2022, which is reported as the most recent of its kind, related to the Sphyrna species, relevant data is reported. The resolutions taken in the previous report (2018) are reiterated, but matters of interest for this case are added: "5. That a prohibition on the use of bottom longlines has not been implemented in the areas where juvenile and pre-adult hammerhead sharks have been found. / 6. That the IUCN Red List is made up of the following 7 categories: Data Deficient, Least Concern, Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critically Endangered, Extinct. In the case of the hammerhead shark Sphyrna Lewini, this species has been categorized as Critically Endangered, with only one step remaining before becoming extinct, being the only shark species landed nationally that has reached that category, which demonstrates the need to conserve the species, not promoting its capture and commercialization. / 7. That in view of all the above, it is important not to promote the landings or exports of this species." Whereby it issues a negative finding. It is emphasized in said document that Costa Rica must carry out the recommendations made in the previous DENPs regarding monitoring programs, filling out forms, biological sampling, implementing the onboard observer program, and approving the National Action Program for the Conservation and Management of Hammerhead Sharks. XXII. The aforementioned documentary evidence must be analyzed comprehensively with the rest of the body of evidence, especially with the testimony of witnesses José Miguel Carvajal and Carlos Mario Orrego. Mr. José Miguel Carvajal, who is an official of the Research Department of INCOPESCA, a biologist by profession and fisheries specialist; stated that he had worked on shark programs within the Shark Action Plan Commission. He stated that the negative findings of 2015 and 2017 mean that the hammerhead shark cannot be exported. He affirmed that there are inspections by the coast guard on the high seas, and INCOPESCA officials at the various landing ports document all the captured product. He explained that species of fishing interest are those that fishers may capture for some reason, whether targeted or incidentally. He clarified that incidental fishing is a catch different from the primary target, where other species become trapped in the different fishing gear. He affirmed that all species are wildlife, regardless of whether they are declared of fishing interest. He mentioned the activities carried out by INCOPESCA and other institutions for controlling the hunt of the hammerhead shark: transshipment sheets, coast guard reviews on the high seas, captain's logs, landing inspection forms, in which the captain must list the different shark species they caught. Once the landing is done, he said, the official records with the captain whether the law was complied with. He also affirmed that in longline fishing, there is no way to exclude the hammerhead shark from that fishery, because it can be caught incidentally; he also said that in Costa Rica there are closures, exclusion zones, and a sanctuary in Golfo Dulce. However, he stated that, as there is a negative finding for the export of hammerhead shark, a problem arises in collecting information, because the animals are not brought to port, and illegal trade may exist. This occurs because there is insufficient information to prepare the fishery biological documentation for the species. Even though he affirmed that the coast guard is in charge of checking vessels on the high seas, he confirmed that there is no onboard observer program, as it has never been possible to implement it due to its cost; thus, there is no way to verify if what is indicated in the forms filled out by the vessels is true. He argues that they trust what the captain indicates. In addition, he said that the satellite system also cannot indicate if sharks were fished, since what it does is track the location of large vessels. Therefore, they trust the landing inspection forms, which are completed by the inspector. He estimates that there are a total of 20 officials who perform that work at approximately 15 landing ports; and that there are more than 200 to 300 vessels in Costa Rica, but since they do not all arrive at port together, the inspectors have time to check them. He reported that there is a plan to improve information collection. He clarified that the onboard observer project does not mean that there must be an INCOPESCA official on all boats, but on a percentage of vessels; it is not being practiced because there are logistical problems with the officials, but neither has it been possible to implement the installation of cameras on the vessels. The witness affirmed that, in the Golfo Dulce sanctuary itself, although it is prohibited to fish for hammerhead shark, they sometimes "fall" incidentally, because fishing in general is not prohibited, only that of the hammerhead shark. He clarified that, in this incidental fishing, the shark may reach the vessel alive or dead; if it is alive, the fisher is obligated to return it to the sea. Now, witness Carlos Mario Orrego, an official of MINAE and SINAC, stationed in the wildlife program, representative before CITES, said that they are obligated to generate endangered species lists every three years. The lists are dynamic, meaning a species can enter the list, but upon recovery, it could leave it if it is no longer endangered. He affirmed that the hammerhead shark cannot be exported because the DENPs are negative. He stated that the Golfo Dulce sanctuary was created with the purpose of allowing the hammerhead shark to reach sexual adulthood, in order to maintain the species. Regarding resolution R-SINAC-CONAC-092-2017, which lists endangered species, he indicated that they still have pending the task of creating the list for marine animals. He added that, if it is scientifically proven that Sphyrna is critically threatened, the country can move it and declare it endangered. In this sense, he mentioned that SINAC's decisions are based on the technical criteria produced by various organizations, highlighting the importance of the IUCN Red List, which he considered important because it generates a status of flora and fauna worldwide. He even affirmed that what is stated in that IUCN Red List is binding on MINAE. Therefore, he said, they are working on the remaining groups, such as marine species, which were not included in the endangered species list. He acknowledged that the IUCN listed the hammerhead shark as Critically Endangered; likewise, that the population stock is affected due to incidental fishing, habitat loss, and pollution, which has generated the population reduction. He stated that the hammerhead shark has great pressure in fisheries, which is why the conservation of the species concerns all countries. XXIII. In accordance with the referenced regulatory framework and the evidence indicated above, the state of vulnerability in which the hammerhead shark finds itself is proven for this Chamber. Not only is it part of the Red List established by the IUCN, as a critically endangered population, but from the studied DENP reports, even the one from the year 2020, a decrease in the quantity of hammerhead sharks present in national waters in Costa Rica is corroborated. According to the very situations evidenced in the findings and the testimony of the witnesses, it is clear that targeted and incidental fishing has acted to the detriment of the species, resulting in a consistently more compromised situation for its conservation year after year. It is important to note that temporary closures or the prohibition in the Golfo Dulce sanctuary have not been sufficient to prevent the incidental fishing of this animal, because even with such prohibitions, a vessel can capture live hammerhead sharks, keep them, and claim that they arrived dead at the boat, thus avoiding returning them to the waters. This, as seen in the Findings, has had devastating repercussions on the young population of this species, which has generated a detriment to its repopulation. In all the studied Findings, the scientific authorities have recommended implementing actions aimed at protecting the species, due to the decrease in the number of specimens present in Costa Rica, victims of fishers who indiscriminately hunt neonates and juveniles lacking sexual maturity. From the evidence, it is conclusive for this Chamber that the population reduction has brought the species almost to the brink of extinction, as established by the Red List and adopted in the DENP 2020, where it is indicated that the hammerhead shark Sphyrna Lewini is in such a fragile condition that it has been categorized as Critically Endangered, with only one step left before becoming extinct. It is for this reason that, time and again, the recommendation of the experts is that the international trade of the hammerhead shark be prohibited. Even though the existence of some efforts by the State, INCOPESCA, and SINAC to obtain better traceability data on this species is recognized, the truth is that the recommendations given in the DENPs are far from being fully complied with. Therefore, it becomes relevant to generate special protection for the three Sphyrna species present in Costa Rica. Thus, given that CITES itself foresees that Costa Rica can provide greater protection to species found in Appendix II, as provided in Article II, paragraph 2, and Article 14 of said Convention, and furthermore, that the Wildlife Conservation Law itself, in its canon 75, obligates that when detriment to a wildlife population is evidenced, its protection must be provided; this Chamber considers that in this proceeding there is sufficient technical-scientific evidence, which confirms that the hammerhead shark is in a critical and vulnerable state. This condition is proven not only by the DENPs and the witnesses, but the very executive decree 41056-MINAE, which is the declaration of the Golfo Dulce Sanctuary, refers to and forms part of its motivation, the delicate situation of the Sphyrna species, to such a degree that MINAE, as the wildlife protection authority, considers its safeguarding necessary. In this line of thought, attending to the preventive, precautionary, and in dubio pro natura principles, stipulated in Article 11 of the Biodiversity Law and canon 3 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law; moreover, in accordance with ordinals 18 of the LCVS, and 55 and 56 of the Biodiversity Law, it becomes necessary and obligatory for this Chamber, the declaration of the hammerhead shark, in the three species present in Costa Rica Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, and Sphyrna Zygaena, as endangered according to the referenced technical-scientific studies that support the decision, and as being in the public domain in accordance with precepts 3 and 4 of the LCVS. In this sense, SINAC, INCOPESCA, and the State are ordered to issue the necessary and indispensable administrative acts to totally eradicate the extraction of the hammerhead shark from national waters, prohibiting its capture even incidentally; the corresponding authorities must carry out the necessary actions, both in territorial waters, on land, and in ports, to verify that the removal of this Sphyrna species is not carried out. Thus, this grievance must be upheld. XXIV. In accordance with the provisions of numeral 150.2 of the CPCA, it becomes essential to address the defenses of the party adverse to the appellant, which, having been victorious, could not file a cassation appeal. The State. Alleged a lack of right, under the criterion that if Costa Rica was a driver in incorporating the hammerhead shark into Appendix II of CITES, it is because it considers it a wildlife species with some degree of threat, and therefore it must protect and control its trade, but not prohibit its fishing. It affirmed that efforts have been made to gradually comply with the recommendations of the DENPs, which prohibit the export of the species, since quantifying its vulnerability is a complicated task due to its migratory nature. It pointed out a series of long-standing actions (2003, 2010, and 2012) that Costa Rica has carried out to protect the hammerhead shark and that since 2015 a pilot onboard observer program has been implemented, along with beacons for satellite tracking. Now, it added, according to Article 2 of the Fisheries and Aquaculture Law, the definition given there causes the hammerhead shark to be considered a fishery marine resource. The State representation maintains that ruling 2307-2015 of the Constitutional Chamber ordered INCOPESCA to create the list of fishery species. Also supporting its argument is that hammerhead shark meat is consumable nationally and that the export of fins is prohibited. Finally, it says regarding this Chamber's resolution 2005-2020, that it annulled the executive decree for lack of a hearing, but this does not affect the competence to issue the decision contained in act AJDIP/290-2017. XXV. Regarding those aspects indicated, as has been stated throughout this ruling, it was proven that the recommendations of the DENPs have not been fulfilled. Even witness José Miguel Carvajal, an official of INCOPESCA, acknowledged that the onboard observer plan has not been implemented and he himself left it stated in his testimony the weakness of the information collected from the vessels, insofar as there is no way to verify the truthfulness of what the captain says. The same happens with the satellite tracking beacons, an action regarding which it was proven that it serves to determine the location of the vessel, but from which it is not possible to extract whether a vessel hunts hammerhead sharks or not. Likewise, from what this witness said and the DENP 2017, the existence of illegal fishing in Costa Rica was corroborated. All of which demonstrates that the State representation does not have a clear notion of the real situation of the Sphyrna species in the country, since not even the fact that it is a migratory species exempts Costa Rica from carrying out the controls to which it has committed through international agreements, in order to conduct the research and study work at the country level, then at the regional Central American level, and finally, carry out the studies or workshops with the other international organizations responsible for compiling the information, so that in this way the global situation of the hammerhead shark is determined. In another vein, the statement made by the State regarding that Article 2 of the Fisheries and Aquaculture Law establishes the hammerhead shark as a marine resource is not shared, in virtue of the fact that this ordinal provides that such a declaration can only be made regarding species susceptible to being extracted sustainably; which, as has been established in this ruling, does not occur with the hammerhead shark, which, according to the IUCN Red List, is Critically Endangered and one step away from becoming extinct. The ruling of the Constitutional Chamber does not refer to INCOPESCA having to exempt itself from the legal requirements necessary to determine the fishing aptitude of a species, whereby, as indicated in previous recitals, it is necessary that this manifestation of will be made under the protection of ordinals 128 and following of the LGAP. Regarding the national consumption of shark meat, even if such a statement is true, it does not eliminate that act AJDIP/290-2017 lacks the correct motivation to have an accredited declaration of fishing interest for national consumption, since said act was created to permit the export of hammerhead shark meat, even against the provisions of DENP 2015, 2017, 2018, and 2020, as can be extracted from its considerations. Whereby, this Chamber maintains what was ruled regarding that the challenged act evidences a connection with the executive decree annulled in this Chamber's resolution 2005-2020, as explained in previous recitals, and the existence of deficiencies in the elements of the act. XXVI. INCOPESCA based its opposition on identical terms as the State, so it refers to what has already been said. XXVII. SINAC alleged a lack of right, in virtue of the fact that the hammerhead shark is a wild animal but not endangered; it is a species with a reduced and threatened population, whereby to remove it from Appendix II and move it to Appendix I, which includes endangered animals, technical and legal studies are required that justify its change; a procedure must be followed to submit it to the periodic CITES meeting. In SINAC's opinion, numeral 40 of the Fisheries and Aquaculture Law regulates the capture, retention, commercialization, and landing of the shark, whereby for SINAC to manage the planning, control, and conservation of the Sphyrna species, INCOPESCA must first remove it from fishing interest. He affirmed that R-SINAC-CONAC-092-2017 created the list of endangered species and that it is necessary to wait for a new one to be made, but that through official communication SINAC-CUSBSE-342-17 he opposed the inclusion of certain marine species as being of fishing interest in AJDP/290-2017. Furthermore, he acknowledged that the Red List includes Sphyrna as endangered. XXVIII. For the reasons already noted throughout this ruling, the arguments put forth by SINAC are rejected. As already explained, CITES itself allows each country to grant greater protection to a species it considers to be in a state of vulnerability and so requires. In this regard, SINAC’s own witness, Mr. Carlos Mario Orrego, explained in his appearance that Costa Rica considers the almendro to be an endangered species, even though it is not listed in CITES Appendix I; this assessment was made in association with the fact that this tree is used by scarlet macaws (lapas) for their survival, and for that reason, even though internationally it is not considered a threatened species, Costa Rica categorized it as endangered, thereby prohibiting all commercialization of it. This Chamber considers that the same situation may apply to the hammerhead shark, which may be granted greater protection if so required, as has been fully demonstrated in this proceeding. On the matter of the declaration of fishing interest made by INCOPESCA, the Chamber refers to what has already been stated, emphasizing that it is an irregular act and therefore null. Regarding Article 40 of the Fisheries and Aquaculture Law, it is reiterated that it is not possible to interpret this provision as an unrestricted legal authorization for the hunting and trade of sharks. As explained above, the provision itself sets forth minimum requirements that must be met in order to declare the fishing interest of different types of sharks; that is, a duly reasoned act is required. This Chamber notes with concern that even though SINAC knew that Sphyrna was declared endangered by the IUCN and appears on the Red List in that category, it not only failed to include any marine species in the list created by R-SINAC-CONAC-092-2017, but also, as of the date this matter is being discussed in cassation, has not made the necessary efforts to create a list of endangered species that includes marine species, specifically the hammerhead shark. This is to the detriment of the precautionary and preventive principles established in the Biodiversity Law, already referenced when dealing with the study of wildlife, especially the principles of non-regression and environmental progressivity. On the contrary, SINAC acts in contravention of those postulates, since its defense in this proceeding rests essentially on the claim that if INCOPESCA included it as being of fishing interest, they can do nothing. That position does not conform to environmental regulations, since, together with MINAE, by provision of the Biodiversity Law and the Wildlife Conservation Law (LCVS), they are called upon to protect and ensure the conservation of wildlife in Costa Rica, and therefore have an obligation and a responsibility to respond in the terms set forth by law, as has been clearly set out in this ruling. Thus, this Court does not justify the inaction that has occurred regarding a species like Sphyrna, which is catalogued as nearing the point of extinction. XXIX. The National Chamber of the Longline Fishing Industry alleged that CITES deals with the commercialization of wild species, but has no technical specification regarding their extraction. The predominant factor is that extraction does not endanger the species, and therefore the national fisheries law must be followed. A wild species can simultaneously be of fishing interest, which, moreover, means that by being given that category, it obtains greater protection from INCOPESCA, since it can thereby regulate the inevitable fishing of the species. It stated that the hammerhead shark has protection in the country, given that it is only taken as incidental catch. XXX. The arguments of that Chamber are not shared by this Court. According to the evidence submitted, especially the testimonial evidence and the Non-Detriment Findings (DENP), both directed fishing and incidental fishing occur, so much so that the Golfo Dulce Sanctuary was created to establish a closed season for the hammerhead shark in that location, but since the hunting of other species is permitted, the species is still taken incidentally even within the sanctuary. Furthermore, as has been repeatedly stated in this ruling, the evidence brought to the proceedings confirms the degree of lack of protection specifically afforded to Sphyrna, which has caused a decline in the population, given that fishers catch juveniles that have not yet reached sexual maturity. Thus, the assertion that its declaration of fishing interest grants it greater protection is entirely unsupported by evidence. XXXI. The intervening companies indicated that the hammerhead shark is a wildlife species, but it is not endangered; in addition, they assert that the actions taken by State institutions to protect it are correct. In that regard, they note, there is no clear indication of the non-conformity of the challenged administrative act. XXXII. For the same reasons already stated, this Court does not share the assertions made by the intervening companies, since the illegality of administrative act AJDIP/290-2017 has been widely proven, as has the critical state of the Sphyrna species. XXXIII. By virtue of the foregoing analysis, the evidence submitted for better resolution by the National Chamber of Longlining will be rejected. The appeal filed by Walter Brenes Soto will be partially granted. The sentence of the Tribunal will be reversed, only insofar as it fully upheld the exception of lack of right and, by virtue thereof, dismissed the claim in its entirety. Consequently, ruling on the merits, the defense of lack of right raised by the parties is partially rejected. Administrative act AJDIP/290-2017 of July 13, 2017, issued by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura), is declared contrary to the legal order, and therefore its absolute nullity is declared. The species Sphyrna is declared as wildlife, endangered according to scientific technical criteria, and by legal provision, in the public domain. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is ordered to incorporate Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, and Shyrna Zygaena into the list of endangered species, given the current conditions indicated by science and technique. SINAC, INCOPESCA, and the State are ordered to adopt all necessary and appropriate measures to eradicate the capture, retention, commercialization, and landing of the aforementioned species. In all other respects, the Tribunal’s sentence shall remain unaltered. THEREFORE The evidence submitted for better resolution is rejected. The appeal filed by Walter Brenes Soto is partially granted. The sentence of the Tribunal is reversed, only insofar as it fully upheld the exception of lack of right and, by virtue thereof, dismissed the claim in its entirety. Consequently, ruling on the merits, the defense of lack of right raised by the parties is partially rejected. Administrative act AJDIP/290-2017 of July 13, 2017, issued by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura), is declared contrary to the legal order, and therefore its absolute nullity is declared. The species Sphyrna is declared as wildlife, endangered according to scientific technical criteria, and by legal provision, in the public domain. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is ordered to incorporate the hammerhead shark species Sphyrna Lewini, Sphyrna Mokarran, and Shyrna Zygaena into the list of endangered species, given the current conditions indicated by science and technique. SINAC, INCOPESCA, and the State are ordered to adopt all necessary and appropriate measures to eradicate the capture, retention, commercialization, and landing of the aforementioned species. In all other respects, the Tribunal’s sentence remains unaltered.AMV Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Ana Isabel Vargas Vargas Jessica Alejandra Jiménez Ramírez Germán Jesús Serrano García Digitally Signed Document -- Verification code -- CV43UFOA31WC61 1 Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:01:43. 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