Res. 00861-2023 Sala Primera de la Corte — Annulment of Punta Dominical Regulatory Plan on State Natural Heritage LandsNulidad del Plan Regulador de Punta Dominical sobre Patrimonio Natural del Estado

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00861 - 2023

Fecha de la Resolución: 08 de Junio del 2023 a las 10:00

Expediente: 09-001254-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp: 09-001254-1027-CA

 

Res. 000861-F-S1-2023

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del ocho de junio de dos mil veintitres .

Proceso Ordinario Contencioso Administrativo, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, integrado por la jueza Judith Reyes Castillo, y los jueces Elías Baltodano Gómez, y José Iván Salas Leitón, por EMPRESA HOTELERA DOMINICAL S.A, cédula jurídica 3-101-048163 y PUNTA DOMINICAL S.A., cédula jurídica 3-101-024072, representadas por su apoderado especial judicial, Licenciado Donald Picado Angulo, carnet 9603, contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por sus apoderados especiales judiciales Licda. Daysi María Carvajal Gutiérrez, carnet 23822 y Lic. Jesús González Hidalgo, carnet 11240; el ESTADO, representado por la procuradora Susana Fallas Cubero, carnet 9669 y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por su apoderada especial judicial Licda. Maureen Ivonne Solís Retana, carnet 16239. Figuran como contrademandados por la Contraloría General de la República, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIVIENDA Y URBANISMO, representado por su apoderada especial judicial Licda. Graciela Cavada Azofeifa, carnet 16539; el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, representado por sus apoderados especiales judiciales, Lic. Jimmy Álvarez García, carnet 13134 y Licda. Cindy Giovanna Campos Obaldía, carnet 7358, la MUNICIPALIDAD DE OSA, representada por su apoderado especial judicial Lic. Rafael Guillermo Hernández Trigueros, carnet 7571 y DIECIOCHO VEINTIUNO S.A., cédula jurídica 3-101-154599, representada por su apoderado especial judicial, Donald Picado Angulo, carnet 9603.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga
Considerando

I.- El Tribunal tuvo por probados los hechos que a continuación de destallan. El 9 de setiembre de 1970, en sesión no. 1917, artículo 15, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), acordó declarar zona de turismo, el sector denominado “Playa Dominical”, localizado en el cantón de Osa, provincia de Puntarenas, que limita al norte con el punto en la Cuadrícula Lambert Costa Rica Sur latitud 3/56.3, longitud 4/77.6, hasta el punto latitud 3.52.75, longitud 4.80.2. El 6 de octubre de 1970, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta no. 223, la declaratoria como zona de turismo el sector denominado “Playa Dominical”, conforme a lo indicado supra. El 2 de setiembre de 1974, en sesión extraordinaria no. 2497, la Junta Directiva del ICT, acordó rectificar la ubicación que se indicó en la declaratoria de interés turístico de “Playa Dominical”, para que se leyera así: latitud 3/56.3, longitud 4/77.6, hasta el punto latitud 3/51.8 y longitud 4/83.0. La citada rectificación de la declaratoria de interés turístico, acordada por la Junta Directiva del ICT, no fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, por lo cual no se oficializó. El 27 de febrero de 1990, en sesión no. 4040, artículo 2, inciso I), la Junta Directiva del ICT, acordó aprobar los estudios realizados por el Departamento de Recursos Turísticos, por medio de los cuales se dispuso declarar no turístico el sector de acantilados entre Punta Dominical y Roca Escaleras, en el distrito de Cortés, cantón Osa, provincia de Puntarenas, localizado entre las coordenadas de la cuadrícula Lambert 480.60E ±352.80N y 483.60E ± 351.73N. El 14 de marzo de 1991, en el Diario Oficial La Gaceta No. 52, se publicó el aviso del Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde se indicó que dicha entidad procedió a demarcar la zona pública del sector costero de Playa Dominicalito a Roca Escalera, coordenadas: 351550N-482600E y 354500N-480050E y continuación Playa Dominical, coordenadas: 355600N-478600E y 355850NN-478150E, área situada en el distrito Cortés, cantón Osa, provincia de Puntarenas. El 24 de febrero de 1994, la Empresa Hotelera Dominical S.A., presentó en el ICT solicitud para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, a efectos de que se le autorizara mantener la operación y futura ampliación de las instalaciones turísticas bajo administración de esa compañía, localizadas en la zona pública de la zona marítimo-terrestre de Punta Dominical, cantón Osa, provincia de Puntarenas, donde se ubica el restaurante y cabinas denominado “La Parcela del Descanso”. El 1° de diciembre de 1994, en el Diario Oficial La Gaceta No. 229, se publicó el acuerdo tomado por la Junta Directiva del ICT, sesión no. 4040, artículo 2, inciso I), donde se dispuso aprobar los estudios realizados por el Departamento de Recursos Turísticos, por medio de los cuales se acordó declarar no turístico el sector de acantilados entre Punta Dominical y Roca Escaleras, en el distrito de Cortés, cantón Osa, provincia de Puntarenas, localizado entre las coordenadas de la cuadrícula Lambert 480.60E ±352.80N y 483.60E ± 351.73N. El 14 de diciembre de 1994, el señor Adolfo Grant Umaña, en su condición de apoderado de la compañía Empresa Hotelera Dominical S.A., formuló ante la Municipalidad de Osa, solicitud de otorgamiento de concesión de una parcela situada en la zona marítimo-terrestre, ubicada en Dominical, Osa, Puntarenas, con linderos: norte: Punta Dominical S.A., sur: Océano Pacífico, este: Punta Dominical S.A., oeste: Océano Pacífico, con un área total de 11 hectáreas 861,45 metros cuadrados, sin construcciones. El 14 de diciembre de 1994, la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., presentó en la Municipalidad de Osa, solicitud de otorgamiento de concesión de una parcela situada en la zona marítimo-terrestre, ubicada en Cambutal, Osa, Puntarenas, con linderos: norte: Punta Achiote S.A., sur: Zona inalienable de los 50 metros, este: Eduardo Montes Carranza, oeste: Punta Dominical S.A., con un área de 11 hectáreas 763,97 metros cuadrados, sin construcciones. El 14 de febrero de 1995, mediante memorando no. CZM-071-95, la Comisión de Zona Marítimo Terrestre le comunicó al señor Eduardo Blando H., Gerente del ICT, su criterio en relación con la solicitud de aplicación del artículo 21 de la Ley 6043, uso de zona pública, presentada por Adolfo Grant Umaña, Presidente de la compañía denominada Empresa Hotelera Dominical S.A., referente al sitio ubicado en Punta Dominical, cantón Osa, provincia de Puntarenas. Al respecto, la citada Comisión concluyó que: “NO ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE USO DE ZONA PÚBLICA (aplicación del artículo 21 Ley 6043) ya que esto significaría la legalización de situaciones irregulares y violatorias a la Ley 6043 y lo más importante restringir un sector que por su ubicación y condiciones naturales puede ser aprovechado para el uso y disfrute de todos los turistas que visiten el lugar”. Asimismo, dicho informe señaló que en el sitio: “…se presenta la descarga directa de aguas pluviales y servidas en la zona pública ocasionando de esta manera erosión y contaminación a dicha zona y alterando por ende el equilibrio ecológico del lugar”. El 10 de marzo de 1995, un funcionario de la Municipalidad de Osa inspeccionó el terreno solicitado en concesión por Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., indicando que el mismo presentaba tacotales y bosque. El 13 de marzo de 1995, en sesión no. 4539, artículo 5, inciso XIII, la Junta Directiva del ICT, acordó atender las recomendaciones de la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre, según oficio no. CZM-071-95 y denegar la solicitud de aplicación del artículo 21 sobre el uso de zona pública, presentada por la Empresa Hotelera Dominical S.A., referente al sitio ubicado en Punta Dominical, cantón Osa, provincia de Puntarenas. Lo anterior, fundamentado en las mismas razones dadas en la citada recomendación emitida por la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre del ICT, decisión que le fue notificada a la gestionante el 29 de marzo de 1995. Quien inconforme con lo resuelto, el 9 de mayo de 1995, presentó ante la Junta Directiva del ICT, recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El 18 de setiembre de 1995, en sesión ordinaria no. 4589, artículo 5, inciso XI, la Junta Directiva del ICT, acordó atender las recomendaciones de la Dirección Legal, según oficio No. DL-801-95, referente al recurso de revocatoria y apelación subsidiaria presentado por la Empresa Hotelera Dominical S.A., en el sentido de solicitar a la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre, la revisión de los criterios técnicos, a efecto de que en definitiva se determinara la procedencia de tal autorización. El 4 de diciembre de 1995, mediante oficio no. CMZ-429-95, la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, en cumplimiento del mencionado acuerdo, le comunicó a la gerencia de dicho Instituto, su decisión de mantener los criterios externados en el oficio CZM-071-95, en cuanto a recomendar la no aplicación del artículo 21 de la Ley sobre Zona Marítimo-Terrestre en la solicitud formulada por la Empresa Hotelera Dominical S.A. El 11 de diciembre de 1995, en sesión no. 4610, artículo 5, inciso VIII, la Junta Directiva del ICT, acordó atender las recomendaciones de la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre, según oficio CZM-429-95, en el cual se mantuvieron los criterios externados en el oficio CZM-071-95, en cuanto a la recomendación de la no aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, solicitado por la compañía denominada Empresa Hotelera Dominical S.A. El 28 de octubre de 1996, en sesión ordinaria no. 4680, artículo 5, inciso XI, la Junta Directiva del ICT, acordó atender las recomendaciones de la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre, según oficio no. CZM-376-96 y aprobar el Plan Regulador para el Sector Costero Turístico de Punta Dominical, en el distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, que comprendía el área entre los mojones del IGN del no. 1 al mojón no. 85, en orden consecutivo. El 6 de julio de 2000, el señor Jurgen Nanne Koberg, actuando como apoderado generalísimo de Empresa Hotelera Dominical S.A., mediante escrito dirigido al señor Walter Niehaus, Ministro de Turismo en ese entonces, solicitó autorización para que se le aplicara el régimen contemplado en el artículo 21 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, para un sector de la zona pública de Playa Dominicalito, cantón de Osa, provincia de Puntarenas, donde —según indicó—, se encontraba ubicado un negocio de cabinas y restaurante. El 10 de julio de 2000, la Jefa de Despacho de la Presidencia Ejecutiva del ICT, remitió al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, la documentación presentada. El 24 de julio de 2000, mediante oficio no. PU-C-PT-162-2000, la Dirección de Urbanismo del INVU, le comunicó al Concejo Municipal de Osa, la aprobación de la propuesta del Plan Regulador de Punta Dominical, localizado en el distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, en el sector comprendido entre los mojones 21 por el este hasta el 85 por el oeste, coordenadas Lamber 480.200 ± 354.200 y 481.700 ±352.300. El 31 de julio de 2000, mediante oficio no. CZM-344-2000, la Comisión de Zona Marítimo Terrestre del ICT, le comunicó a la Gerencia de ese Instituto, su criterio en relación con la gestión planteada por la Empresa Hotelera Dominical S.A., donde concluyó, que lo procedente era rechazar la referida solicitud. El 13 de noviembre de 2000, mediante oficio no. 1034-00, la Dirección Legal del ICT emitió su criterio, en atención a lo solicitado por la Junta Directiva mediante oficio no. SJD-1001-2000, donde se trasladó para análisis el criterio emitido por la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre, referente a la solicitud presentada por la Empresa Hotelera Dominical S.A. Sobre dicho particular la Dirección Legal señaló que mediante oficio no. DL-400-97 se analizó la aplicación del citado artículo 21 de la Ley No. 6043, estableciendo en esa oportunidad que con tal norma se pretendió diferenciar aquellas secciones de la zona marítimo-terrestre cuyo aprovechamiento y disfrute público es claro y seguro, como son las playas en sí, de aquellas zonas que topográficamente por lo quebrado del terreno tienen un uso público muy limitado o inseguro. Por lo que consideran que al establecer la Ley que dichas zonas no pueden aprovecharse para uso público, no significa que las mismas estén desprovistas de todo acceso por sitios públicos y que no tengan zonas transitables, ya que precisamente esas dos condiciones pueden estar presentes, pues de otro modo qué sentido tendría entonces la disposición final del citado artículo 21. En consecuencia, la referida Dirección Legal recomendó a la Junta Directiva del ICT que, en caso de ser acogido ese criterio legal, los criterios técnicos que se establecieran sobre ese punto, debían adecuarse a esa interpretación, debiendo referirse los mismos a determinar en qué casos la configuración geográfica, la topografía y las condiciones especiales impiden el uso público de tales zonas. Igualmente, indicó esa Dirección Legal que mediante acuerdo SJD-938-97, inciso e), la Junta Directiva del ICT dispuso establecer como política institucional la interpretación del artículo 21 de la Ley no. 6043, de acuerdo con lo establecido en el oficio no. DL-400-97. Por consiguiente, la referida Dirección Legal del ICT recomendó que en el caso concreto, el análisis por parte de la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre, debía darse siguiendo la interpretación institucional de la aplicación del referido artículo, dada por la Junta Directiva del ICT mediante el acuerdo de referencia, lo cual —en criterio de esa Dirección Legalؙ— no limitaba que si la Comisión contaba con un criterio diferente al allí indicado, estableciera aparte su propio criterio y recomendación técnica. El 20 de noviembre de 2000, en sesión no. 5070, artículo 5, inciso IV, la Junta Directiva del ICT, acordó atender la recomendación de la Dirección Legal, según oficio no. DL-1034-00, para que dentro de los términos del oficio DL-400-97, acogidos por la Junta Directiva como interpretación institucional del artículo 21 de la Ley no. 6043, según acuerdo SJD-938-97, se instruyera a la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre para que emitiera el criterio correspondiente, relativo a la solicitud de aplicación del artículo 21 de la Ley No. 6043, por parte de Empresa Hotelera Dominical S.A. El 3 de enero de 2001, mediante memorando no. CZM-002-2001, la Comisión de Zona Marítimo Terrestre del ICT, le comunicó a la Gerencia de ese Instituto, su criterio técnico en cuanto a la posible aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043 sobre la zona marítimo-terrestre, para la autorización de uso en los terrenos de zona pública, solicitados por Empresa Hotelera Dominical S.A. Al respecto, la citada Comisión nuevamente recomendó rechazar tal solicitud. El 22 de enero de 2001, en el Diario Oficial La Gaceta no. 15, se publicó el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Punta Dominical, correspondiente al sector costero comprendido entre los mojones del no. 1 al no. 85 en orden consecutivo, así como las Láminas 21 y 22, relativas al Plan de Usos del Suelo y Vialidad, respectivamente. El 5 de febrero de 2001, en sesión ordinaria no. 5082, artículo 2, inciso I), la Junta Directiva del ICT, mediante acuerdo firme, acordó aprobar en principio la solicitud de aplicación del artículo 21 de la Empresa Hotelera Dominical S.A. e instruir a la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre para que presentara a esa Junta Directiva, en la próxima sesión, la propuesta de condicionamientos técnicos necesarios para la aprobación de dicha solicitud. El 5 de febrero de 2001, en sesión ordinaria no. 5082, artículo 5, inciso XI, la Junta Directiva del ICT, acordó acoger las recomendaciones del oficio no. CZM-036-2001 y aprobar la versión final del Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Punta Dominical, según la publicación efectuada en el Diario Oficial La Gaceta no. 15 del 22 de enero de 2001. Para efectos del acuerdo tomado por la Junta Directiva del ICT, aprobado en sesión ordinaria no. 5082, artículo 2, inciso I), celebrada el 5 de febrero de 2001, donde se dispuso aprobar la solicitud de aplicación del artículo 21 de la Empresa Hotelera Dominical S.A. e instruir a la Comisión Interna de la Zona Marítimo Terrestre para que presentara a esa Junta Directiva, en la próxima sesión, la propuesta de condicionamientos técnicos necesarios para la aprobación de dicha solicitud, ese órgano colegiado no contó con ningún criterio técnico previo favorable a la aprobación de la referida solicitud formulada por la Empresa Hotelera Dominical S.A., ni tampoco con criterios técnicos que desvirtuaran las recomendaciones de rechazo de esa solicitud, emitidas por la Comisión de Zona Marítimo-Terrestre de ese Instituto, mediante memorando no. CZM-071-95 del 14 de febrero de 1995, oficio no. CMZ-429-95 del 04 de diciembre de 1995, oficio no. CZM-344-2000 del 31 de julio del año 2000 y memorando no. CZM-002-2001 del 03 de enero de 2001. El 14 de febrero de 2001, mediante oficio no. CZM-063-2001, la Comisión de Zona Marítimo Terrestre del ICT, se dirigió a la Gerencia de esa Institución, refiriéndose al acuerdo tomado por la Junta Directiva en sesión ordinaria no. 5082, artículo 2, inciso I), celebrada el 5 de febrero de 2001 e indicó que esa Comisión había rechazado anteriormente la solicitud planteada por la Empresa Hotelera Dominical S.A., obedeciendo a razonamientos técnicos y legales que impiden dicho otorgamiento, al no cumplirse —a su juicio— las condiciones estipuladas en el referido artículo 21. En el mismo sentido, hizo mención al pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, dictamen no. C-026-2001 del 07 de febrero de 2001, el cual —en criterio de esa Comisión— realizó un profundo análisis de lo establecido en el citado artículo 21 de la Ley no. 6043, confirmando lo establecido por esa Comisión, principalmente en cuanto al acceso. Asimismo, en virtud de lo anterior, la Comisión solicitó a la Gerencia se sirvieran aclarar los alcances del citado acuerdo emitido por la Junta Directiva, dado que —en su opinión— los criterios técnicos expresados de manera objetiva en notas anteriores no podrían ajustarse a lo acordado por los señores miembros de la Junta Directiva del ICT. El 2 de julio de 2001, el señor Jürgen Gustav Nanne Koberg, actuando como apoderado de la Empresa Hotelera Dominical S.A., le solicitó a la Junta Directiva del ICT, que procediera a remitir el expediente de la solicitud de aplicación del artículo 21 de la Ley No. 6043 al Departamento de Fomento, para que el mismo indicara los requerimientos técnicos correspondientes. El 9 de julio de 2001, en sesión no. 5119, artículo único, inciso I), la Junta Directiva del ICT, acordó trasladar a la Gerencia el oficio del señor Jürgen Gustav Nanne, para que se le diera el trámite correspondiente y se le notificara al gestionante. El 18 de julio de 2001, mediante memorando no. G-1540-2001, el señor Mario Calvo Guevara, asistente de la gerencia del ICT, trasladó para ejecución al Departamento de Fomento de ese Instituto, el acuerdo tomado por la Junta Directiva, comunicado mediante oficio SJD-661-2001. El 25 de setiembre de 2001, mediante acto no. FOM-ZMT-163-2001, el Arquitecto Antonio Farah, funcionario de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, le remitió al Arquitecto Alberto Salas Roiz, Jefe del Departamento de Fomento del ICT, el informe que establecía los requerimientos técnicos solicitados por la Junta Directiva en el acuerdo no. 5082 del 05 de febrero de 2001, oficio no. SJD-090-2001, con relación al trámite de solicitud de aplicación del artículo 21 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre no. 6043, formulado por la Empresa Hotelera Dominical S.A. El objetivo de dicho informe, según se indicó en el citado memorando, fue: “Establecer los lineamientos técnicos necesarios para la puesta en vigencia del Artículo 21 ya otorgado por la Junta Directiva en Sesión N° 5082 del 05 de febrero de 2001”. Asimismo, el referido informe expresó que el área de la zona pública definida para la aplicación del artículo 21 es de 2620 metros cuadrados, considerándose como uso permitido la condición actual, en cuanto al restaurante existente y el área de estacionamiento, no así los módulos de habitaciones ni demás instalaciones, los cuales serían objeto de demolición. Igualmente, el informe señala que al ser un proyecto en operación, no se ha visto sometido a ningún tipo de control y monitoreo de operaciones por parte de entes gubernamentales en el campo ambiental, por lo que se debería solicitar un plan de gestión ambiental debidamente monitoreado por la SETENA; así como la constitución de la vía de acceso a las instalaciones como vía que permita el ingreso a la zona pública para promover el uso y disfrute público de esa área. El 22 de noviembre de 2001, mediante acto no. FOM-ZMT-226-2001, el Arquitecto Alberto Salas Roiz, le remitió a la Gerencia del ICT, el informe que establece los requerimientos técnicos solicitados por la Junta Directiva de esa institución. El 14 de enero de 2002, en sesión ordinaria no. 5154, artículo 2, inciso V, la Junta Directiva del ICT, acordó aprobar en forma definitiva la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043 a la Empresa Hotelera Dominical S.A., con las restricciones y condiciones que se señalaban en el oficio FOM-ZMT-226-2001 del Departamento de Fomento. Lo anterior, apuntó el citado acuerdo, implicaba que la empresa podría realizar remodelaciones y mejoras a la edificación del restaurante existente, sin que aumentara el tamaño de la construcción, previa obtención de los permisos respectivos y que la empresa deberá continuar el trámite correspondiente ante la Municipalidad respectiva para la obtención de la autorización y concesión. Dicho acuerdo fue comunicado al Concejo Municipal de Osa, al Jefe de Concesiones del ICT y a la señora Ligia Flores de la compañía Empresa Hotelera Dominical S.A. El 17 de enero de 2002, el señor Burke Allen Miller, actuando como apoderado generalísimo de la empresa denominada Punta Dominical S.A., presentó a la Municipalidad de Osa seis solicitudes de concesión de terrenos en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, parcelas situadas en Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con las siguientes descripciones: 1) Terreno con linderos: norte: calle pública y zona de cementerio; Sur: humedales administrados por el MINAE; este: propiedad privada Punta Dominical S.A; oeste: humedales en administración del MINAE, con medida de 5932.94 metros cuadrados. 2) Terreno con linderos: norte: humedales administración del MINAE; sur: humedales administración del MINAE; este: propiedad privada Punta Dominical S.A. y calle pública; este: humedales administración del MINAE, con medida de 5787.56 metros cuadrados. 3) Terreno con linderos: norte: humedales administración del MINAE; sur: calle pública; este: humedales administración del MINAE; oeste: calle pública, con medida de 2801.67 metros cuadrados. 4) Terreno con linderos: norte: calle pública y propiedad privada de Punta Dominical S.A.; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre; este: calle pública y parte de propiedad privada de Punta Dominical S.A., oeste: zona restringida de la zona marítimo-terrestre, con medida de 2 hectáreas 4988.69 metros cuadrados. 5) Terreno con linderos: norte: calle pública; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre; este: zona pública de la zona marítimo-terrestre; oeste: zona pública de la zona marítimo-terrestre, con medida de 1 hectárea 7742.44 metros cuadrados. 6) Terreno con linderos: norte: propiedad privada de Punta Dominical S.A; sur: calle pública; este: propiedad privada de Punta Dominical S.A; oeste: calle pública, con medida de 21 hectáreas 5313.32 metros cuadrados. El 25 de enero de 2002, el señor Nelson Jiménez Z., funcionario de la Municipalidad de Osa, en compañía de la señora Ligia Flores Guevara y el señor Wilson Cortés Rodríguez realizó inspección de campo en los seis terrenos solicitados en concesión por la empresa Punta Dominical S.A. El 25 de febrero de 2002, mediante escrito recibido el 19 de marzo de 2002, el señor Burke Allen Miller, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa Hotelera Dominical S.A., solicitó al Concejo Municipal de Osa, el otorgamiento de la correspondiente autorización y aprobación de la aplicación del régimen del artículo 21 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre para el caso, así como la aprobación para la tramitación de la correspondiente concesión. El 5 de abril de 2002, en sesión extraordinaria no. 6-2002, el Concejo Municipal de Osa acordó aprobar la recomendación dada por la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de esa entidad, mediante la cual se dispuso autorizar y aprobar la aplicación del régimen indicado en el artículo 21 de la Ley no. 6043, para el área solicitada por la Empresa Hotelera Dominical S.A. y autorizar a esa empresa para que iniciara los correspondientes trámites para la obtención ante esa Municipalidad del respectivo contrato de concesión. Además, en dicho acuerdo municipal se dispuso comunicar a Empresa Hotelera Dominical S.A., que era del conocimiento del Concejo Municipal que esa compañía en determinadas situaciones había infringido la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, por lo que se le indicó que debía presentar ante esa Municipalidad un plan reparador por dichas infracciones. El 24 de abril de 2002, el Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria no. 17-2002, artículo II), inciso Ñ), aprobó la solicitud formulada por el señor Burke Allen Miller, apoderado generalísimo de la Empresa Hotelera Dominical S.A., otorgando la anuencia municipal para que dicha sociedad anónima procediera a actualizar, ampliar y modificar el Plan Regulador de Punta Dominical, lo cual se llevaría a cabo por medio de la empresa DEPPAT S.A., que —según se indicó— fue la misma que elaboró originalmente ese Plan Regulador y que dicha labor no tendría ningún costo para la Municipalidad de Osa, pues serían cubiertos por la Empresa Hotelera Dominical S.A. El 21 de mayo de 2002, en el Diario Oficial La Gaceta No. 96, se publicó el Aviso no. 2-10 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde se indicó que había procedido a demarcar la zona pública del sector costero entre Roca Escaleras, Punta Dominical y Playa Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, entre las coordenadas Lambert aproximadas del Mapa MBCR-1/50.000. Hoja Dominical 3443 IV, con el siguiente detalle: a) sector entre Roca Escaleras y Punta Dominical: 351680N-482460E y 353450N-480665E (77 Firmado digital de: mojones enumerados del 166 al 242); b) sector del estero-manglar Poza Azul: 353450N-480665E y 353700N-480620E (25 mojones enumerados del 243 al 267); c) sector entre Punta Dominical y Playa Dominicalito: 353700N-480620E y 354310N-480200E (18 mojones enumerados del 268 al 285); d) sector de Punta Dominical: 352715N-480340E y 352600N-480320E (11 mojones enumerados del 1 al 11). Asimismo, el citado aviso señaló que con dicha demarcación quedan eliminados del Registro de Zona Marítimo-Terrestre los siguientes mojones: los enumerados del 3 al 35, establecidos en julio/agosto/setiembre de 1989 y publicados en La Gaceta no. 52 del 14 de marzo de 1991; los enumerados 202, 204 y 205, establecidos en junio de 1998 y publicados en La Gaceta no. 194 del 6 de octubre de 1999 y los enumerados 31 y 32, establecidos en junio de 1994 y publicados en La Gaceta no. 166 del 1° de setiembre de 1994. El 14 de julio de 2002, el Lic. Olivier Pérez González, actuando como apoderado general judicial de la Empresa Hotelera Dominical S.A., se refirió a lo acordado por el Concejo Municipal de Osa en sesión del 5 de abril de 2002, donde se dispuso también requerir a dicha compañía que presentara a esa Municipalidad, un plan reparador por las infracciones incurridas en relación con la LZMT. Al respecto, esa compañía solicitó al Concejo Municipal que se aprobara como plan reparador, la entrega de una cámara digital completamente nueva, que facilitaría las labores de los inspectores municipales. El 4 de setiembre de 2002, el Lic. Olivier Pérez González, abogado de la Empresa Hotelera Dominical S.A., solicitó al Concejo Municipal de Osa, que revocara el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria no. 6-2002, celebrada el 5 de abril de 2002, en cuanto al párrafo que ordenaba requerir a esa sociedad anónima, la presentación de un plan reparador por las infracciones incurridas en relación con la LZMT. Los días 9 y 10 de setiembre de 2002, el señor Eduardo Espinoza Víquez, inspector del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, efectuó inspecciones en el lugar conocido como “La Parcela” en Punta Dominical, cantón de Osa, determinando la existencia de varias construcciones en la zona pública de ese sector costero, entre ellas: cuatro cabinas, casas de habitación, restaurante y casetas. El 11 de setiembre de 2002, en sesión ordinaria no. 36, el Concejo Municipal de Osa dispuso trasladar a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre la petición formulada por el Lic. Olivier Pérez, a efectos de revocar el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria no. 6-2002, en lo correspondiente al párrafo que ordenaba requerir a la Empresa Hotelera Dominical S.A., la presentación de un plan reparador por las infracciones incurridas en relación con la LZMT. El 16 de octubre de 2002, en sesión ordinaria no. 41-2002, el Concejo Municipal de Osa, aprobó la recomendación emitida por la Comisión de Zona Marítimo-Terrestre de esa Municipalidad y dispuso derogar lo acordado en la sesión extraordinaria no. 6-2002, específicamente en el punto 12, conforme a lo solicitado por la Empresa Hotelera Dominical S.A. El 17 de octubre de 2002, mediante certificación no. 430-2002, la Secretaría del Concejo Municipal de Osa, hace constar que según información brindada por el Departamento de Zona Marítimo-Terrestre de la Municipalidad de Osa, la Empresa Hotelera Dominical S.A, no aparece como concesionaria o permisionaria en esa Municipalidad. El 17 de octubre de 2002, la Alcaldía de la Municipalidad de Osa, dictó resolución en proceso de desalojo administrativo de la zona marítimo-terrestre contra la Empresa Hotelera Dominical S.A., donde dispuso: “Se previene a la Empresa Hotelera Dominical S.A., que está ocupando ilegítimamente un terreno dentro de la zona marítimo terrestre dentro del Plan Regulador del sector Costero de Punta Dominical. Se da inicio al proceso administrativo de desalojo y se le confiere el derecho a ser oído y oportunidad para presentar los argumentos y las pruebas que considere pertinentes, incluyendo necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con esta cuestión; para ello se le (sic) goza del plazo de cinco días para oponer los respectivos recursos y aportar las pruebas pertinentes, teniendo el derecho de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas. Firme esta resolución, se procederá al desalojo forzado del lugar que está siendo ocupado ilegalmente y al derribo o demolición de cualquier edificación u obra que se encuentre en el terreno, siendo el costo de la demolición o destrucción a su cargo para lo que se iniciará de inmediato el procedimiento de cobro. La oposición o resistencia sin fundamento, de la ejecución de esta orden de desalojo y demolición puede ser reprimida por los Tribunales de Justicia con prisión de un mes a tres años, excepto que el cobro constituya delito (sic) mayor gravedad. Notifíquese al interesado personalmente o en su casa de habitación con el apercibimiento que debe señalar un lugar para atender notificaciones, de lo contrario se le tendrá por notificado con el solo transcurso de veinticuatro horas de dictado cualquier resolución”. El 23 de agosto de 2002, mediante memorando no. DCO-709-2002/FOM-1746-2002, el Arq. Alberto Salas Roiz, Jefe del Departamento de Fomento y la Licda. Ana Catalina Brenes Loaiza, Jefe del Departamento de Concesiones, le comunican al Ing. Guillermo Alvarado Herrera, Gerente del ICT, su criterio en relación con el trámite de concesiones en zona pública, por aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, respecto de lo cual indicaron que era necesario que la autorización de uso de la zona pública, aplicada a través del artículo 21 se incluyera dentro del plan regulador, debiéndose modificar o cambiar el uso público existente por el nuevo uso autorizado, además de realizar los ajustes necesarios dentro del reglamento de acuerdo con los requerimientos de carácter técnico que fundamentaron la aplicación del artículo citado. Por lo tanto, consideraban que debía tramitarse un cambio de uso de suelo de la zona pública en el plan regulador, con el fin de establecer claramente el uso del suelo y sus regulaciones otorgadas mediante la aplicación del artículo 21, por lo que para efectos del trámite ante la Junta Directiva, se recomendaba someter a consideración, de manera simultánea, el cambio de uso de suelo y la aprobación del artículo 21. Además, manifestaron, que esa modificación requeriría la aprobación del ICT e INVU, la convocatoria a audiencia pública, la adopción de la Municipalidad y la publicación en La Gaceta de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15 de noviembre de 1968 (LPU).  El 5 de noviembre de 2002, la señora Isabel Chaves Bonilla, comunicó a la Empresa Hotelera Dominical S.A., la decisión de la Alcaldía de la Municipalidad de Osa de dejar sin efecto la notificación del proceso desalojo, realizada el día 30 de octubre de 2002. El 23 de enero de 2003, la Dirección de Urbanismo del INVU, aprobó la lámina 21, usos de suelo del Plan Regulador de Punta Dominical, correspondiente a la actualización de la línea demarcatoria de la zona pública en ese sector costero. El 18 de febrero de 2003, en sesión ordinaria no. 5232, artículo 5, inciso XI, la Junta Directiva del ICT, acordó acoger las recomendaciones de los Departamentos de Concesiones y Fomento, según oficios DCO-709-2002 y FOM-1746-2002 respectivamente, y dispuso tramitar un cambio de uso de suelo de la zona pública en el Plan Regulador, con el fin de establecer claramente el uso del suelo y sus regulaciones otorgadas mediante la aplicación del artículo 21 de la Ley No. 6043 en el sector costero de Punta Dominical. Igualmente, se indicó que, para efectos del trámite ante la Junta Directiva, se recomendaba someter a su consideración, de manera simultánea, el cambio de uso de suelo y la aprobación del artículo 21. Asimismo, señaló el referido acuerdo que esa modificación requeriría la aprobación del ICT, del INVU, la convocatoria a audiencia pública, la adopción de la Municipalidad y la publicación en La Gaceta de acuerdo con el artículo 17 de la LPU. Para efectos de la autorización otorgada por el ICT y la Municipalidad de Osa para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043 en la zona pública de Punta Dominical, en el sitio donde actualmente se localizan las instalaciones del restaurante y cabinas denominado “La Parcela”, no se contó con un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), ni se había dado seguimiento como parte de la gestión ambiental sobre esa área. El 3 de marzo de 2003, el señor Burke Allen Miller, actuando como apoderado generalísimo de la Empresa Hotelera Dominical S.A., presentó a la Municipalidad de Osa, solicitud de concesión de una parcela de terreno dentro de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, situada en el lugar denominado Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos: norte: calle pública y en parte zona pública de la zona marítimo-terrestre; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública; este: zona restringida de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública; oeste: zona pública de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública, con una medida de 3 hectáreas 7697,12 metros cuadrados, con frente de 210.78 metros y fondo 299.44 metros, sin construcciones. El 3 de marzo de 2003, el señor Burke Allen Miller, actuando como apoderado generalísimo de la Empresa Hotelera Dominical S.A., presentó un escrito a la Municipalidad de Osa, donde indicó que la medida correcta del área solicitada en concesión era de 3 hectáreas 7697 metros con 12 decímetros cuadrados. Lo anterior, debido a que el IGN llevó a cabo una nueva demarcación de la zona pública, correspondiente al área contemplada dentro del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical, la cual fue publicada en La Gaceta no. 96 del 21 de mayo de 2002, lo que conllevó la modificación de la Lámina de Usos de Suelo del citado Plan Regulador. El 3 de marzo de 2003, el señor Burke Allen Miller, actuando como apoderado generalísimo de la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., presentó ante la Municipalidad de Osa, solicitud de concesión de una parcela de terreno dentro de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, situada en el lugar denominado Cambutal, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos: norte: propiedad privada de Empresa 1821 S.A. y en parte con zona restringida de la ZMT; sur: zona restringida de la ZMT, correspondiente al derecho de vía de la Costanera Sur; este: propiedad privada de La 1821 S.A. y en parte zona restringida de la ZMT con quebrada de por medio; oeste: zona restringida de la ZMT, correspondiente al derecho de vía de la carretera Costanera Sur y en parte con zona restringida de la ZMT, con una medida de 9 hectáreas 6913,43 metros cuadrados, con frente de 766.9 metros y fondo 119.13 metros, sin construcciones. El 03 de marzo de 2003, el señor Burke Allen Miller, actuando como apoderado generalísimo de la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., mediante escrito dirigido a la Municipalidad de Osa, expresó que la medida correcta del área solicitada en concesión era de 9 hectáreas 6913 metros con 43 decímetros cuadrados. Lo anterior, debido a que el Instituto Geográfico Nacional llevó a cabo una nueva demarcación de la zona pública, correspondiente al área contemplada dentro del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical. El 3 de marzo de 2003, en sesión extraordinaria no. 7, acuerdo no. 4, punto 1), el Concejo Municipal de Osa aprobó la actualización del Plan Regulador de Punta Dominical en cuanto a la línea de mojones y ordenó su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. El 11 de marzo de 2003, la Municipalidad de Osa emitió el “Informe de Inspección de Campo”, referido a la parcela solicitada en concesión por la Empresa Hotelera Dominical S.A., la cual —según la descripción indicada por el inspector municipal— contenía árboles frutales, potrero y montaña. El 11 de marzo de 2003, la Municipalidad de Osa emitió el “Informe de Inspección de Campo”, sobre la parcela solicitada en concesión por Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., la cual —según la descripción indicada por el inspector municipal— correspondía a un terreno de bosque. El 24 de marzo de 2003, el señor César Calvo Valverde, encargado de planes reguladores de la empresa DEPPAT Consultora S.A., le remitió al Máster Rodolfo Lizano, director del Departamento de Planificación del ICT, entre otros, copia del documento correspondiente al cambio de usos del suelo al Plan Regulador de Punta Dominical, a fin de que se procediera a iniciar el debido proceso de revisión y aprobación de esa propuesta. El 27 de marzo de 2003, en el Diario Oficial La Gaceta no. 61, fue publicado el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical, así como la Lámina 21, Plan de Usos de Suelo, correspondiente a la actualización de esa planificación, ajustada a los mojones del no. 166 al no. 285, en orden consecutivo. El 8 de abril de 2003, el señor Harold Everett Wright, actuando como apoderado generalísimo de la Empresa Hotelera Dominical S.A., se dirige por escrito a la Municipalidad de Osa y presenta un anteproyecto del desarrollo que su representada pretende llevar a cabo en el sector solicitado en concesión en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre de Punta Dominical. El 8 de abril de 2003, el señor Harold Everett Wright, actuando como apoderado generalísimo de la empresa Punta Dominical S.A., se dirigió por escrito a la Municipalidad de Osa, indicando que las medidas y linderos correctos de los terrenos solicitados en concesión el 17 de enero de 2002, eran las siguientes: 1) terreno con medida de 2144.02 metros cuadrados y no los 5932.94 metros cuadrados que había indicado en la respectiva solicitud, divida en dos porciones: la primera con una área de 1717.58 metros cuadrados y linderos: norte: calle pública y en parte zona restringida de la zona marítimo-terrestre; sur: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección de humedales administración del MINAE; este: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a cementerio; oeste: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección de humedales en administración del MINAE, y la segunda con un área de 426.44 metros cuadrados, y linderos: norte: calle pública; sur: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección de humedales en administración del MINAE y zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a cementerio; este: terrenos privados propiedad de Punta Dominical S.A; oeste: calle pública y zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a cementerio. 2) terreno con un área de 5544.61 metros cuadrados y no los 5787.56 metros cuadrados que había indicado en la respectiva solicitud, con los nuevos linderos definidos así: norte: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección de humedales en administración del MINAE y en parte calle pública; sur: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección de humedales en administración del MINAE y en parte calle pública; este: terrenos privados propiedad de Punta Dominical S.A. y en parte calle pública; oeste: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección a área de protección de humedales en administración del MINAE. 3) terreno con medida de 4886.45 metros cuadrados y no los 2801.67 metros cuadrados que se indicó en la respectiva solicitud, con los nuevos linderos definidos así: norte: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección (humedales); sur: calle pública; este: zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección (humedales); oeste: calle pública. 4) terreno de 2 hectáreas 4988.21 metros cuadrados y no las 2 hectáreas 4988.69 metros cuadrados que había indicado en la respectiva solicitud, con los nuevos linderos definidos así: norte: calle pública y terrenos privados de Punta Dominical S.A; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre; este: calle pública y terrenos privados de Punta Dominical S.A; oeste: zona restringida de la zona marítimo-terrestre. 5) terreno con medida de 8976.41 metros cuadrados y no 1 hectárea 7742.44 metros cuadrados como se había señalado en la respectiva solicitud, con los nuevos linderos definidos así: norte: calle pública; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre; este: en parte calle pública y en parte zona pública de la zona marítimo-terrestre, oeste: zona pública de la zona marítimo-terrestre. 6) terreno de 13 hectáreas 9456.93 metros cuadrados y no las 21 hectáreas 5313.32 metros cuadrados que se indicó en la respectiva solicitud, con los nuevos linderos definidos así: norte: terrenos privados propiedad de Punta Dominical S.A., sur: calle pública y en parte zona restringida de la zona marítimo-terreste; este: terrenos privados propiedad de Punta Dominical S.A., y en parte zona restringida de la zona marítimo-terrestre; oeste: calle pública y en parte terrenos privados propiedad de Punta Dominical S.A. En todos los casos, según se indicó, las modificaciones obedecían a que el IGN llevó a cabo una nueva demarcación de la zona pública correspondiente al área contemplada dentro del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical, la cual fue publicada en La Gaceta no. 96 del 21 de mayo de 2002. El 29 de abril de 2003, el señor Nelson Jiménez Zumbado, funcionario de la Municipalidad de Osa, en compañía de los señores Randall Sánchez Mora y Doney Blanco Sánchez, realizó inspecciones de campo en las parcelas solicitadas en concesión por la empresa Punta Dominical S.A., con medidas de 4886.45 metros cuadrados, 24988.21 metros cuadrados y 139456.93 metros cuadrados. El 29 de abril de 2003, en sesión ordinaria no. 5242, artículo 5, inciso II, la Junta Directiva del ICT, acordó atender las recomendaciones de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, según oficio PL-ZMT-083-2003 y aprobar la versión final del Plan Regulador de Punta Dominical, cantón Osa, provincia de Puntarenas, en lo referente al cambio de la línea de mojones que delimitan la zona pública, según consta en la publicación efectuada en el Diario Oficial La Gaceta no. 61 del 27 de marzo de 2003. El 09 de junio de 2003, mediante informes de avalúos: no. ZM-035-2003, No. ZM-036-2003, no. ZM-037-2003, no. ZM-038-2003, no. ZM-040-2003, No. ZM-042-2003 y no. ZM-041-2003, la Administración Tributaria de Cartago, Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda, estableció los valores correspondientes a los terrenos de la zona marítimo-terrestre solicitados en concesión por la empresa Punta Dominical S.A., previa inspección de campo realizada el 26 de mayo de 2003. Asimismo, mediante el informe de avalúo no. ZM-039-2003, se estableció el valor correspondiente al terreno solicitado en concesión por la compañía denominada Empresa Hotelera Dominical S.A., y mediante informe no. ZM-043-2003, el valor del terreno solicitado en concesión por Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. El 16 de octubre de 2003, mediante oficio no. DPD-ZMT-263-2003, el máster Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de Planeamiento y Desarrollo y el Arquitecto Antonio Farah Matarrita, funcionario del Área de Planeamiento de la ZMT del ICT, comunicaron al Concejo Municipal de Osa, que en atención a la solicitud hecha por el señor Alcalde,  en nota del 19 de agosto de ese año, tendiente al criterio y recomendación de ese Instituto sobre la petición de la Empresa Hotelera Dominical S.A., para obtener autorización y realizar obras de mejoramiento en la vía de acceso y las cabinas del negocio comercial denominado Punta Dominical, ubicado en el cantón de Osa, provincia de Puntarenas, al cual se le aprobó el artículo 21 de la Ley no. 6043, en consideración del criterio externado por la Dirección Legal del ICT, mediante oficio no. DL-1290-2003 de fecha 07 de octubre de 2003 y dado que la solicitud hecha a la Municipalidad de Osa por la Empresa Hotelera Dominical S.A., en principio no se contraponía a los trámites realizados hasta la fecha en la gestión del artículo 21, esa Dirección de Planeamiento y Desarrollo consideró que la Municipalidad podía tramitar la solicitud planteada por dicha empresa, toda vez que se cumplía con lo señalado por la Dirección Legal del Instituto, y quedaba claro que no se podrían realizar mejoras que aumentara el área de las cabinas. Asimismo, el citado oficio indicó que existe un compromiso de demoler dichas cabinas en el momento que se inicien obras de construcción en la Zona Hotelera del Plan Regulador de Punta Dominical. El 24 de noviembre de 2003, mediante acto no. DPD-ZMT-323-2003, el Director de Planeamiento y Desarrollo y el funcionario de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre del ICT, le comunicaron al señor César Calvo Valverde, jefe de ejecutivos de cuenta de la empresa Consultores Turísticos Asociados, el resultado de la revisión a la solicitud de cambio de uso de suelo al Plan Regulador de Punta Dominical, distrito de Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, el cual había cumplido con los requerimientos técnicos solicitados por la Junta Directiva del ICT, mediante oficio SJD-090-2001, en relación con el trámite de solicitud de aplicación del artículo 21 de la LZMT, solicitado por la Empresa Hotelera Dominical S.A. Asimismo, le comunicaron que una vez revisada la documentación presentada por la empresa DEPPAT S.A., para la aprobación de la referida propuesta, y habiéndose subsanado a satisfacción las objeciones técnicas indicadas mediante los oficios FOM.ZMT 163-2001, PL-ZMT 165-2003, PL-ZMT 261-2003 y PL-ZMT 288-2003, la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo recomendaba su aprobación. Por lo que se procedería a elevarla a conocimiento de la Junta Directiva del ICT, para su aprobación definitiva. El primero de diciembre de 2003, el señor jefe de ejecutivos de cuenta de la empresa Consultores Turísticos Asociados S.A., se dirigió por escrito al máster Leonel Rosales Maroto, coordinador de la Unidad de Planificación Territorial de la Dirección de Urbanismo del INVU y remitió copia del documento correspondiente al cambio de uso del suelo al Plan Regulador de Punta Dominical, a fin de que se procediera a iniciar el debido proceso de revisión y aprobación de esa propuesta. Asimismo, adjuntó copia del oficio no. DPD-ZMT-323-2003, en el cual constaba que esa propuesta había subsanado satisfactoriamente las objeciones técnicas planteadas por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, por lo que era remitida a esa dependencia del INVU para que fuera sometida a consideración. El 9 de diciembre de 2003, en sesión ordinaria no. 5281, artículo 5, inciso IX, la Junta Directiva del ICT acordó acoger la recomendación de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, así como aprobar el “Cambio de uso de suelo al Plan Regulador de Punta Dominical de Osa”, situado en el distrito Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, específicamente en el sector A de dicho Plan Regulador, entre las coordenadas Lambert 354.325N-480.295E y 345-455N-468280E, según la hoja cartográfica Dominical, escala 1:50.000 del IGN. Asimismo, apuntó que dicho cambio aplicaba al sector otorgado bajo la excepción a la Ley 6043, en aplicación del artículo 21, lámina # 07 Usos de Suelo, escala 1:2,000 y que fue elaborada por la Empresa DEPPAT S.A., profesional responsable Arq. Alfredo Bermúdez A., Código A-4043, para Empresa Hotelera Dominical S.A. Dicho acuerdo fue comunicado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo a la Dirección de Urbanismo del INVU, mediante oficio no. DPD-ZMT-346-2003 del 12 de diciembre de 2003. El 15 de diciembre de 2003, el señor Burke Allen Miller, apoderado de la Empresa Hotelera Dominical Sociedad Anónima, presentó al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, el detalle de las obras de mantenimiento y reparaciones que solicitaba llevar a cabo en las cabinas y vía de acceso a la zona pública, ubicados en el sector de Punta Dominical de Osa. El 7 de enero de 2004, el Lic. Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces, remitió al Concejo Municipal "Proyecto de Resolución" mediante la cual recomendaba la aprobación de la concesión solicitada por la Empresa Hotelera Dominical S.A., sobre la parcela de terreno situada en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre de Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con una medida 3 hectáreas 7697 metros con 12 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con calle pública y en parte con zona pública de la zona marítimo-terrestre; sur: con la zona pública de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública; este: zona restringida de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública; oeste: zona pública de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública, terreno que se encontraba descrito en el plano inscrito en el Catastro Nacional no. P-865511-2003, para ser destinado a uso de zona hotelera con un área de 2 hectáreas 5375 metros con 66 decímetros cuadrados y área de protección con un área de 1 hectárea 2321 metros con 46 decímetros cuadrados, recomendándose el otorgamiento del respectivo contrato por un plazo de 20 años, a partir de su firma, para lo cual solicitaba autorización en su función de Alcalde, así como a la empresa solicitante para la protocolización del referido contrato y las piezas correspondientes del expediente.

El 07 de enero de 2004, el Lic. Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa, remitió al Concejo Municipal "Proyectos de Resolución" a través de los cuales recomendaba la aprobación de concesiones solicitadas por la empresa Punta Dominical S.A., sobre parcelas de terrenos situados en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre de Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón de Osa, provincia de Puntarenas. Al respecto, la Alcaldía Municipal recomendó aprobar las siguientes concesiones: A) terreno con medida de 4886 metros cuadrados con 45 decímetros cuadrados y linderos: norte: con zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección con humedales en Administración del MINAE; sur: con calle pública; este: con zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección con humedales en Administración del MINAE; oeste: con calle pública, que se encontraba descrito en el plano inscrito en el Catastro Nacional con el no. P-882230-2003, para ser destinado a uso de zona de facilidades turísticas; B) terreno con medida de 2 hectáreas 4988 metros cuadrados con 21 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con calle pública y terrenos privados de Punta Dominical Sociedad Anónima; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre; este: con calle pública y terrenos privados de Punta Dominical Sociedad Anónima; oeste: con zona restringida de la zona marítimo-terrestre, que se encuentra descrito en el plano catastrado no. P-864164-2003, para ser destinado a uso de zona hotelera; y C) terreno con medida de 13 hectáreas 6167 metros cuadrados con 28 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con propiedad privada de Punta Dominical Sociedad Anónima; sur: con calle pública y en parte terrenos de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre; este: con propiedad privada de Punta Dominical Sociedad Anónima y en parte terrenos de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre; oeste: con calle pública, que se encontraba descrito en el plano catastrado con el no. P-883689-2003, para ser destinado a uso de zona de protección, recomendándose en todos los casos el otorgamiento del respectivo contrato de concesión por un plazo de veinte años, a partir de su firma, para lo cual el Alcalde solicitaba autorización dentro de su función, así como a la empresa solicitante para la protocolización del referido contrato y las piezas correspondientes del expediente. El 7 de enero de 2004, el Lic. Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces, remitió al Concejo Municipal "Proyecto de Resolución" a través del cual recomendaba la aprobación de la concesión solicitada por la compañía denominada Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., sobre la parcela de terreno situada en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre de Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con una medida 9 hectáreas 6913 metros con 43 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con terrenos propiedad privada de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. y en parte con zona restringida de la ZMT; sur: con carretera Costanera Sur; este: con terrenos propiedad privada de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. y en parte zona restringida de la ZMT con quebrada de por medio; oeste: con carretera Costanera Sur y en parte con zona restringida de la ZMT, terreno descrito en el plano inscrito en el Catastro Nacional con el no. P-864163-2003, para ser destinado a uso de área de protección, recomendándose el otorgamiento del respectivo contrato por un plazo de 20 años, a partir de su firma, para lo cual solicitaba autorización en su función de Alcalde, así como a la empresa solicitante para la protocolización del referido contrato y las piezas correspondientes del expediente. El 18 de febrero de 2004, en sesión ordinaria no. 07-2004, capítulo VI), punto 1), el Concejo Municipal de Osa, conoció y aprobó varios proyectos de resolución presentados por el Alcalde Municipal, referidos al otorgamiento de concesiones en terrenos de la zona marítimo-terrestre de Dominicalito, cantón Osa, provincia de Puntarenas, dentro de los cuales se incluyen los siguientes: a) Empresa Hotelera Dominical S.A., parcela con un área de 3 hectáreas 7697.12 metros cuadrados. b) Punta Dominical S.A., parcela con un área de 2 hectáreas 4988.21 metros cuadrados. c) Punta Dominical S.A., parcela con un área de 4886.45 metros cuadrados. d) Punta Dominical S.A., parcela con un área de 13 hectáreas 6167.28 metros cuadrados. e) Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., parcela con un área de 9 hectáreas 6913.43 metros cuadrados. Asimismo, en dicho acuerdo se autorizó al señor alcalde Municipal para que procediera a la confección y firma de los respectivos contratos de concesión, según los proyectos de resolución presentados. Mediante escrito recibido en la Oficina de Concesiones del ICT el 3 de mayo de 2004, el licenciado José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde Municipal de Osa, le solicitó a la licenciada Marlene Marenco, funcionaria del Departamento de Concesiones del ICT, que manifestara si el detalle de las obras presentado por el gestionante, señor Burke Allen Miller, apoderado de la Empresa Hotelera Dominical Sociedad Anónima, se ajustaba a lo dispuesto por el ICT mediante oficio no. DPD-ZMT-263-2003, y en caso afirmativo otorgar el respectivo visto bueno a dichas obras. El 31 de marzo de 2004, el señor José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces y el señor Harold Everett Wright, apoderado generalísimo de la Empresa Hotelera Dominical S.A., firmaron el respectivo contrato, por medio del cual la Municipalidad de Osa otorgó en concesión el terreno descrito en el plano catastrado no. P-865511-2003, con una medida de 3 hectáreas 7697 metros con 12 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con calle pública y en parte con zona pública de la zona marítimo-terrestre; sur: con la zona pública de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública; este: zona restringida de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública; oeste: zona pública de la zona marítimo-terrestre y en parte calle pública, para ser destinado a uso de zona hotelera un área de 2 hectáreas 5375 metros con 66 decímetros cuadrados y área de protección 1 hectárea 2321 metros con 46 decímetros cuadrados, de conformidad con los usos establecidos en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y su Reglamento de Zonificación, por un plazo de 20 años, prorrogables por períodos iguales y consecutivos al vencimiento de cada uno de ellos. El 31 de marzo de 2004, el señor José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa y el señor Harold Everett Wright, apoderado generalísimo de Punta Dominical S.A., firmaron los respectivos contratos, por medio de los cuales la Municipalidad de Osa otorgó en concesión los siguientes inmuebles: a) terreno descrito en el plano catastrado no. P-882230-2003, con una medida de 4886 metros cuadrados con 45 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección con humedales en Administración del MINAE; sur: con calle pública; este: con zona restringida de la zona marítimo-terrestre destinada a área de protección con humedales en Administración del MINAE; oeste: con calle pública, terreno para ser destinado a uso de zona de facilidades turísticas, de conformidad con los usos establecidos en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y su Reglamento de Zonificación; b) terreno descrito en el plano catastrado no. P-864164-2003, con una medida de 2 hectáreas 4988 metros cuadrados con 21 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con calle pública y terrenos privados de Punta Dominical Sociedad Anónima; sur: zona pública de la zona marítimo-terrestre; este: con calle pública y terrenos privados de Punta Dominical Sociedad Anónima; oeste: con zona restringida de la zona marítimo-terrestre, terreno para ser destinado a uso de zona hotelera, de conformidad con los usos establecidos en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y su Reglamento de Zonificación; y c) terreno descrito en el plano catastrado no. P-883689-2003, con una medida de 13 hectáreas 6167 metros cuadrados con 28 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con propiedad privada de Punta Dominical Sociedad Anónima; sur: con calle pública y en parte terrenos de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre; este: con propiedad privada de Punta Dominical Sociedad Anónima y en parte terrenos de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre; oeste: con calle pública, terreno para ser destinado a uso de área de protección, de conformidad con los usos establecidos en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y su Reglamento de Zonificación. Todos por plazos de 20 años, prorrogables por periodos iguales y consecutivos al vencimiento de cada uno de ellos. El 31 de marzo de 2004, el señor José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa  y el señor Harold Everett Wright, apoderado generalísimo de la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., firmaron el respectivo contrato, por medio del cual la Municipalidad de Osa otorgó en concesión a la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., el terreno descrito en el plano catastrado no. P-864163-2003, con una medida de 9 hectáreas 6913 metros con 43 decímetros cuadrados, y linderos: norte: con terrenos propiedad privada de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. y en parte con zona restringida de la ZMT; sur: con carretera Costanera Sur; este: con terrenos propiedad privada de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. y en parte zona restringida de la ZMT con quebrada de por medio; oeste: con carretera Costanera Sur y en parte con zona restringida de la ZMT, para ser destinado a uso de área de protección, de conformidad con los usos establecidos en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y su Reglamento de Zonificación, por un plazo de 20 años, prorrogables por periodos iguales y consecutivos al vencimiento de cada uno de ellos. El 22 de abril de 2004, mediante oficio no. PU-C-D-532-2004, el Arquitecto Francisco Mora Protti, Director a.i de Urbanismo y el Máster Leonel Rosales Maroto, funcionario de la Unidad de Planificación del INVU, aprobaron la modificación al cambio de uso de suelo al Plan Regulador de Punta Dominical en Osa, Puntarenas, específicamente, en el sector A de dicho Plan Regulador, entre las coordenadas Lambert 354.325 norte - 480295 este y 345.455 norte -468.280 este, según la hoja cartográfica Dominical del IGN a escala 1:50.000, cambio que aplicaría al sector otorgado bajo la excepción a la Ley 6043, relativo a la aplicación del artículo 21, lámina # 07 Usos de Suelo, escala 1:20000. El 29 de abril de 2004, el señor José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa remitió a la Licda. Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i del Departamento de Concesiones del ICT, los contratos de concesión debidamente firmados entre la Municipalidad y la empresa Punta Dominical S.A.; así como el contrato correspondiente a la parcela otorgada en concesión a la Empresa Hotelera Dominical S.A., ubicada en el mismo sector y el terreno otorgado en concesión a Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., dentro del mismo sector costero. Lo anterior, según se indicó, con el propósito de obtener la aprobación por parte de la Gerencia del ICT. El 11 de mayo de 2004, mediante memorando no. DCO-354-2004, la licenciada Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i. del Departamento de Concesiones del ICT, le remitió al máster Rodolfo Lizano R., Director de Planeamiento y Desarrollo de esa institución, la consulta planteada por el Licenciado José G. Villachica Zamora, Alcalde Municipal de Osa, Puntarenas, relacionada con el artículo 21 de la Ley no. 6043, otorgada a favor de la Empresa Hotelera Dominical S.A. El primero de junio de 2004, mediante oficio no. DCO-412-2004, la Licda. Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i del Departamento de Concesiones del ICT, le remitió al Concejo Municipal de Osa el informe con los resultados de la revisión técnica del expediente de solicitud de concesión a nombre de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., con la indicación de que se procediera a efectuar las correcciones necesarias para continuar con el trámite.  El 2 de junio de 2004, mediante oficios no. DCO-421-2004, No. DCO-423-2004 y no. DCO-423-2004, la Licda. Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i del Departamento de Concesiones del ICT, le remitió al Concejo Municipal de Osa los informes con los resultados de la revisión técnica de los expedientes de solicitudes de concesiones a nombre de Punta Dominical S.A., con planos catastrados no. P-883689-2003, no. 864164-2003 y no. 882230-2003, respectivamente, con la indicación de que se procediera a efectuar las correcciones necesarias para continuar con el trámite. El 7 de junio de 2004, mediante oficio no. DCO-427-2004, dirigido al Concejo Municipal de Osa, la licenciada Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i. del Departamento de Concesiones del ICT, le remitió al Concejo Municipal de Osa el informe con los resultados de la revisión técnica del expediente de solicitud de concesión a nombre de Empresa Hotelera Dominical S.A., con plano catastrado no. P-865511-2003, con la indicación de que se procediera a efectuar las correcciones necesarias para continuar con el trámite. El 20 de setiembre de 2004, los señores José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces y Harold Everett Wright, apoderado generalísimo de la Empresa Hotelera Dominical S.A., firmaron un addendum al contrato de concesión suscrito entre las mismas partes el 31 de marzo de 2004, con lo cual se modificaron los puntos quinto y noveno de la parte primera, antecedentes del contrato. Dicho addendum, según se indicó en el mismo documento, fue realizado de conformidad con las observaciones señaladas por el Departamento de Concesiones del ICT, mediante oficio no. DCO-427-2004. El 20 de setiembre de 2004, los señores José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces y Harold Everett Wright, apoderado generalísimo de la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., firmaron un addendum al contrato de concesión suscrito entre las mismas partes el 31 de marzo de 2004, con lo cual se modificaron los puntos quinto y noveno de la parte primera, antecedentes del contrato. Dicho addendum, según se indicó fueron realizados de acuerdo con las observaciones señaladas por el Departamento de Concesiones del ICT, mediante acto no. DCO-412-2004. El 20 de setiembre de 2004, los señores José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces y Harold Everett Wright, apoderado generalísimo de la empresa Punta Dominical S.A., firmaron addendums a los tres contratos de concesión suscritos entre las mismas partes el 31 de marzo de 2004, con lo cual se modificaron los puntos quinto y noveno de la parte primera, antecedentes de los contratos. Dichos addendums, según se apuntó, fueron efectuados de conformidad con las observaciones señaladas por el Departamento de Concesiones del ICT, mediante oficios no. DCO-423-2004, no. DCO-422-2004 y no. DCO-421-2004. El señor José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa en ese entonces, no contó con autorización del Concejo Municipal para suscribir ninguno de los addendums a los contratos de concesión mencionados. El 20 de setiembre de 2004, el señor José Gabriel Villachica Zamora, Alcalde de la Municipalidad de Osa, comunicó a la licenciada Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i. del Departamento de Concesiones del ICT, su criterio en relación con las observaciones contenidas en los informes remitidos a través de los oficios números DCO-412-2004, No. DCO-427-2004, DCO-422-2004, DCO-423-2004, DCO-421-2004, y adjuntó addendums con las correcciones requeridas. El 11 de octubre de 2004, la licenciada Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i. del Departamento de Concesiones del ICT, le solicitó al Ing. Oscar Mario González, técnico de ese Departamento, que revisara de nuevo la solicitud de concesión presentada por las compañías denominadas Empresa Hotelera Dominical S.A. y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., e indicara si procedía o no otorgar la autorización. El 12 de octubre de 2004, el Ing. Oscar Mario González, presentó el informe de planos mediante el cual le comunicó a la Licda. Marlene Marenco Vargas, sus observaciones en lo referido al trámite de concesión promovido por Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., donde señaló que con la respuesta municipal y la documentación complementaria habían sido subsanadas las observaciones que formaban parte del informe de planos de fecha 17 de mayo de 2004, por lo cual concedió el visto bueno técnico, pero indicó que en la documentación aportada, no constaba el acuerdo del Concejo Municipal donde aprobaba el addendum al contrato, lo cual por tratarse de un asunto de índole legal, quedaría a criterio de la Jefatura del Departamento de Concesiones. El 13 de octubre de 2004, el Ing. Oscar Mario González, técnico del Departamento de Concesiones del ICT, presentó informe de planos mediante el cual le comunicó a la Licda. Marlene Marenco Vargas, sus observaciones respecto al trámite de concesión promovido por Empresa Hotelera Dominical S.A., donde señaló que con la respuesta municipal y la documentación complementaria se habían subsanado las observaciones que formaban parte del informe de planos de fecha 20 de mayo de 2004, por lo que otorgaba el visto bueno técnico, pero manifestó que en la documentación aportada, no constaba el acuerdo del Concejo Municipal donde aprobaba el addendum al contrato, lo cual por tratarse de un asunto de índole legal, quedaría a criterio de la Jefatura del Departamento de Concesiones. El 4 de noviembre de 2004, en acto no. 849-2004, la Licda. Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i del Departamento de Concesiones del ICT, solicitó al Concejo Municipal de Osa que aclarara la fecha de los informes de campo aportados en relación con los tres expedientes de concesiones a nombre de Punta Dominical S.A., presentados a ese Instituto el 7 de octubre de 2004. El 18 de noviembre de 2004, mediante memorando no. DCO-894-2004, la licenciada Marlene Marenco Vargas, Jefa a.i del Departamento de Concesiones del ICT, le recomendó al Ing. Guillermo Alvarado Herrera, Gerente del ICT, la aprobación del contrato de concesión a nombre de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., correspondiente al terreno descrito en el plano catastrado no. P-864163-2003, con una medida de 9 hectáreas 6.913,43 metros cuadrados, con uso destinado como área de protección. El 18 de noviembre de 2004, en oficio no. DCO-894-2004, la licenciada Marlene Marenco Vargas, Jefa a.i del Departamento de Concesiones del ICT, le recomendó al Ing. Guillermo Alvarado Herrera, Gerente del ICT, la aprobación del contrato de concesión a nombre de Empresa Hotelera Dominical S.A., correspondiente al terreno descrito en el plano catastrado no. P-865511-2003, con una medida de 3 hectáreas 7697.12 metros cuadrados, con uso destinado a zona hotelera y área de protección. El 18 de noviembre de 2004, mediante resolución no. G-2025-2004, la Gerencia del ICT, aprobó el contrato de concesión remitido por la Municipalidad de Osa a favor de Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., para el otorgamiento de un terreno dentro de la zona marítimo-terrestre, ubicado en Playa Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con plano catastrado no. P-864163-2003, con una medida de 9 hectáreas 6.913,43 metros cuadrados, con uso destinado como área de protección. El 18 de noviembre de 2004, mediante resolución no. G-2026-2004, la Gerencia del ICT, aprobó el contrato de concesión remitido por la Municipalidad de Osa a favor de Empresa Hotelera Dominical S.A., para el otorgamiento de un terreno dentro de la zona marítimo-terrestre, ubicado en Playa Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con plano catastrado no. P-865511-2003, con una medida de 3 hectáreas 7697.12 metros cuadrados, con uso destinado a zona hotelera y área de protección. El 25 de noviembre de 2004, el señor Gabriel Villachica, Alcalde de la Municipalidad de Osa, comunicó a la Licda. Marlene Marenco Vargas, Jefa a.i del Departamento de Concesiones del ICT, sus observaciones en relación con lo indicado en el oficio no. DCO-849-2004, referente al trámite de concesiones otorgadas a la empresa Punta Dominical S.A. El 3 de diciembre de 2004, mediante escritura pública no. 133, visible al folio 167 vuelto del tomo 4° del protocolo de la notaria pública María Catalina Garro Mora, se llevó a cabo la protocolización del contrato firmado el 31 de marzo de 2004, entre la Municipalidad de Osa y la Empresa Hotelera Dominical S.A., por medio del cual dicha Municipalidad le otorgó en concesión un terreno situado dentro de la zona marítimo-terrestre, descrito en el plano catastrado no. P-865511-2003. En la protocolización del respectivo contrato de concesión, firmado entre la Municipalidad de Osa y la Empresa Hotelera Dominical S.A., no se incluyó el addendum firmado entre las mismas partes, suscrito en fecha 20 de setiembre de 2004, que modificó los puntos quinto y noveno de la parte primera, antecedentes, del citado contrato. El 3 de diciembre de 2004, mediante escritura pública no. 134, visible al folio 185 vuelto del tomo 4° del protocolo de la Notaria Pública María Catalina Garro Mora, se llevó a cabo la protocolización del contrato firmado el 31 de marzo de 2004, entre la Municipalidad de Osa y la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., por medio del cual dicho Ayuntamiento otorgó en concesión a la referida sociedad anónima un terreno situado dentro de la zona marítimo-terrestre, descrito en el plano catastrado No. P-864163-2003. En la protocolización del respectivo contrato de concesión, firmado entre la Municipalidad de Osa y la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., no se incluyó el addendum firmado entre las mismas partes, suscrito en fecha 20 de setiembre de 2004, que modificó los puntos quinto y noveno de la parte primera, antecedentes, resultando del citado contrato. El 13 de diciembre de 2004, fue presentada al Registro Nacional la escritura pública no. 133, visible al folio 167 vuelto del tomo 4° del protocolo de la Notaria María Catalina Garro, la cual se recibió bajo las citas: tomo: 545, asiento: 01684, correspondiente a la protocolización de la concesión otorgada por la Municipalidad de Osa a Empresa Hotelera Dominical S.A., terreno descrito en el plano catastrado no. P-865511-2003. El 13 de diciembre de 2004, se presentó al Registro Nacional la citada escritura pública no. 134, la cual se recibió bajo las citas: tomo: 545, asiento: 1687, correspondiente a la protocolización de la concesión otorgada por la Municipalidad de Osa a Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., terreno descrito en el plano catastrado no. P-864163-2003. El 2 de febrero de 2005, se inscribió la concesión otorgada por la Municipalidad de Osa a la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., confiriéndose a la finca inscrita la matrícula: 1421-Z-000. El 2 de febrero de 2005, se inscribió la concesión otorgada por la Municipalidad de Osa a la compañía denominada Empresa Hotelera Dominical S.A., confiriéndosele a la finca inscrita la matrícula: 1422-Z-000. El 3 de febrero de 2005, mediante memorandos números DCO-125-2005, DCO-126-2005 y DCO-127-2005, la Licda. Marlene Marenco Vargas, Jefe a.i del Departamento de Concesiones del ICT, recomendó al Ing. Guillermo Alvarado Vargas, Gerente de ese Instituto, efectuar la aprobación de los respectivos contratos de concesión a nombre de la empresa Punta Dominical S.A., correspondientes a tres terrenos ubicados en Playa Dominicalito, cantón Osa, provincia de Puntarenas, con medidas de 4886.45 metros cuadrados, 24.988,21 metros cuadrados y 136 167.28 metros cuadrados, respectivamente. El 4 de febrero de 2005, mediante resoluciones números G-250-2005, G-251-2005 y G-252-2005, la Gerencia General del ICT se aprobaron las concesiones otorgadas por la Municipalidad de Osa a la empresa Punta Dominical S.A., correspondientes a los siguientes inmuebles situados en Playa Dominicalito, distrito Bahía Ballena, cantón Osa, provincia de Puntarenas: a) terreno descrito en el plano catastrado no. P-882230-2003, con medida de 4.886,45 metros cuadrados, área destinada a uso de facilidades turísticas; b) terreno descrito en el plano catastrado no. P-864164-2003, con medida de 24.988,21 metros cuadrados, área destinada a uso hotelero; y c) terreno descrito en el plano catastrado no. P-883689-2003, con medida de 136.167,28 metros cuadrados, área destinada a uso de protección. El 14 de febrero de 2005, mediante escritura pública no. 23, visible al folio 19 frente del tomo 5° del protocolo de la notaria pública María Catalina Garro Mora, se protocolizó el contrato de concesión de un terreno ubicado en la zona marítimo-terrestre, acordado entre la Municipalidad de Osa y Punta Dominical S.A., suscrito el 31 de marzo de 2004, parcela descrita en el plano catastrado no. P-883689-2003; así como el addendum a dicho contrato firmado el 20 de setiembre de 2004. El 14 de febrero de 2005, mediante escritura pública no. 24, visible al folio 26 vuelto del tomo 5° del protocolo de la fedataria pública María Catalina Garro Mora, se protocolizó el contrato de concesión acordado entre la Municipalidad de Osa y Punta Dominical S.A., suscrito el 31 de marzo de 2004, correspondiente al terreno situado en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, parcela descrita en el plano catastrado no. P-864164-2003; así como el addendum a dicho contrato firmado el 20 de setiembre de 2004. El 15 de febrero de 2005, mediante escritura pública no. 25, visible al folio 34 frente del tomo 5° del protocolo de la notaria pública María Catalina Garro Mora, se protocolizó el contrato de concesión de un terreno ubicado en la zona marítimo-terrestre, acordado entre la Municipalidad de Osa y Punta Dominical S.A., suscrito el 31 de marzo de 2004, parcela descrita en el plano catastrado no. P-882230-2003; así como el addendum a dicho contrato firmado el 20 de setiembre de 2004. El 21 de febrero de 2005, se presentaron al Registro Nacional las mencionadas escrituras públicas, correspondientes a la protocolización de las concesiones otorgadas por la Municipalidad de Osa a la empresa Punta Dominical S.A., terrenos descritos en los planos catastrados números P-883689-2003, P-864164-2003 y P-882230-2003, respectivamente. El 28 de febrero de 2005 y el 14 de marzo de ese mismo año, el Registro Nacional efectuó la calificación de las escrituras públicas mediante la cuales se protocolizaron las concesiones que la Municipalidad de Osa había otorgado a Empresa Hotelera Dominical S.A., Punta Dominical S.A. y Dieciocho Veintiuno S.A., indicando como defecto respecto de las dos primeras escrituras lo siguiente: el addendum debe tener una resolución de aprobación del Concejo Municipal, la que indica es la misma de aprobación de la citada concesión, y no la que contenía cambios en el contrato por addendum,. Así, el alcalde modificó, un acuerdo del Concejo Municipal, por lo que se era necesario reformar el acuerdo del Concejo Municipal, donde se aprobara la modificación del contrato. En cuanto a la tercera de las escrituras, señaló como defecto de relevancia para el caso: acuerdo municipal de aprobación del addendum. El 2 de marzo de 2005, el Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria no. 09-2005, capítulo V) de ratificación de actas, acordó ratificar el acta de sesión ordinaria no. 08-2005, incluido el punto del capítulo VI), referido a la modificación del Plan Regulador Costero de Punta Dominical. El 14 de marzo de 2008, mediante oficio no. DAM-ALCAOSA-141-2008, el señor Alberto Cole de León, alcalde de la Municipalidad de Osa, le solicita al Máster Leonel Rosales, Director de Urbanismo del INVU, la interposición de sus buenos oficios a fin de lograr el visado correspondiente de las láminas que remitió con dicha nota, con el fin de dar trámite a la publicación de la modificación o cambio de uso del Plan Regulador de Punta Dominical. El 14 de marzo de 2008, mediante oficio no. DAM-ALCAOSA-141-2008, recibido en fecha 17 de marzo de 2008, el señor Alberto Cole de León, alcalde de la Municipalidad de Osa, le solicita al Máster Allan Flores, Gerente General del ICT, que otorgara el visado de las láminas originalmente aprobadas por el INVU, visadas el 25 de mayo de 2004, de forma que pudieran proceder al visado municipal correspondiente y remitir a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, a fin de completar el procedimiento y dar validez a la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043. El 2 de abril de 2008, en sesión ordinaria no. 13-2008, acuerdo no. 2, el Concejo Municipal de Osa, acordó de manera definitiva, validar el Addendum requerido mediante oficio no. DCO-422-2004 del Departamento de Concesiones del ICT y autorizar a la Administración Municipal, para que procediera a actualizar los datos de forma que se firmara el Addendum. El 8 de abril de 2008, la Gerencia del ICT recibió el oficio no. APD-30-04-2008 del 10 de marzo de 2008, donde el señor Clinton A. Stephenson, representante legal de Empresa Hotelera Dominical S.A., solicitó, se brindara una ágil y pronta respuesta a la petición de visado de las láminas del Plan Regulador de Punta Dominical, que fuera remitida por la Alcaldía de la Municipalidad de Osa, a efectos de lograr la publicación de las mismas para concluir el acto de modificación de dicho Plan Regulador. El 9 de abril de 2008, mediante oficio no. APD-21-04-08, el arquitecto Víctor E. Montero Dien, solicitó al señor Alberto Cole de León, alcalde de la Municipalidad de Osa, que se le conceda permiso especial a Empresa Hotelera Dominical S.A., para intervenir el componente de la edificación relativo al sistema de tratamiento de aguas que posee el Restaurante La Parcela. El 10 de abril de 2008, mediante escritura pública no. 222, visible del folio 169 frente al folio 178 vuelto del tomo 2° del protocolo del notario Donald Picado Angulo, se llevó a cabo la protocolización del contrato firmado el 31 de marzo de 2004, entre la Municipalidad de Osa y la compañía denominada Punta Dominical S.A., por la cual dicho Municipio Ayuntamiento otorgó en concesión a la referida sociedad anónima un terreno situado dentro de la zona marítimo-terrestre, descrito en el plano catastrado no. P-864164-2003, así como la protocolización del addendum a dicho contrato suscrito el 20 de setiembre de 2004, con la aprobación del Concejo Municipal de Osa, otorgada en acuerdo tomado en la sesión ordinaria no. 13-2008, del 2 de abril de 2008. El 15 de abril de 2008, mediante oficio no. DAM-ALCAOSA-216-2008, el señor Alberto Cole de León, alcalde de la Municipalidad de Osa, remitió al Lic. Rafael Hernández Trigueros, asesor legal de esa Municipalidad y a la señora Isabel Chaves, jefe del Departamento de ZMT, copia del oficio no. APD-21-04-08, enviado por el Arquitecto Víctor E. Montero Dien, con el fin de que se sirvieran hacer el análisis correspondiente y remitieran el respectivo informe a la mayor brevedad posible. El 16 de abril de 2008, fue presentada al Registro Nacional la escritura pública no. 222, visible del folio 169 frente al folio 178 vuelto del tomo 2° del protocolo del notario Donald Picado Angulo, la cual se recibió con las citas: tomo: 575, asiento: 52669, correspondiente a la protocolización de la concesión otorgada por la Municipalidad de Osa a la empresa Punta Dominical S.A., terreno descrito en el plano catastrado no. P-864164-2003. El 16 de abril de 2008, el Lic. Juan Carlos Villegas Arguedas, Biólogo Tropical del Área de Conservación Osa (ACOSA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), emitió el informe de levantamiento de áreas de Patrimonio Natural del Estado en el Plan Regulador Punta Dominical, Osa, que contenía los resultados del estudio técnico efectuado en ese sector costero en relación con las áreas que constituyen Patrimonio Natural del Estado (PNE). El 16 de abril de 2008, la Ing. Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación Osa (ACOSA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con fundamento en el mencionado, certificó que en el Plan Regulador de Playa Dominicalito y Punta Dominical existen 52,379 hectáreas de bosque y 4,766 hectáreas de terrenos de aptitud forestal (clases VII y VIII), faltando aún la definición de las áreas de humedales lo cual se certificaría posteriormente, que todas estas áreas forman parte del PNE y quedan debidamente identificadas, georeferenciadas y cuantificadas en el siguiente cuadro: Hoja Cartográfica Plan Regulador Clasificación Código del polígono Áreas en Hectáreas Dominical Dominicalito Bosque B1 3.555 Dominical Dominicalito Bosque B2 3.288 Dominical Dominicalito Bosque B3 1.754 Dominical Dominicalito Bosque B4 2.383 Dominical Dominicalito Bosque B5 8.739 Dominical Dominicalito Bosque B6 0.641 Dominical Dominicalito Bosque B7 0.399 Dominical Dominicalito Bosque B8 0.700 Dominical Dominicalito Bosque B9 2.001 Dominical Dominicalito Bosque B10 6.659 Dominical Dominicalito Bosque B11 1.639 Dominical Dominicalito Bosque B12 1.838 Dominical Dominicalito Bosque B13 0.713 Dominical Dominicalito Bosque B14 2.255 Dominical Dominicalito Bosque B15 5.003 Dominical Dominicalito Bosque B16 1.793 Dominical Dominicalito Bosque B17 0.104 Dominical Dominicalito Bosque B18 0.418 Dominical Dominicalito Bosque B19 0.225 Dominical Dominicalito Bosque B20 2.236 Dominical Dominicalito Bosque B21 1.468 Dominical Dominicalito Bosque B22 2.421 Dominical Dominicalito Bosque B23 2.147 Dominical Dominicalito TOTAL 52.379 Dominical Dominicalito Aptitud Forestal AF1 2.055 Dominical Dominicalito Aptitud AF2 2.711 Forestal Dominical Dominicalito. TOTAL 4.766 El 2 de junio de 2008, mediante oficio no. C-PU-C-D-434-2008, el Máster Leonel Rosales Maroto, Director a.i de la Dirección de Urbanismo del INVU, le comunicó al señor Alberto Cole de León, Alcalde de la Municipalidad de Osa, que en referencia al oficio no. DAM-ALCAOSA-141-2008, relacionado con la solicitud de visado de láminas de modificación o cambio de uso del Plan Regulador de Punta Dominical, no era posible visar dichas láminas, ya que se habían encontrado diferencias entre las mismas y la lámina aprobada por esa Dirección el 28 de mayo de 2003. El 4 de julio de 2008, el Registro Público de la Propiedad Inmueble, inscribió la concesión otorgada por la Municipalidad de Osa a la compañía denominada Punta Dominical S.A., confiriéndole a la finca inscrita la matrícula: 2133-Z-000. El 07 de julio de 2008, en sesión extraordinaria no. 13-2008, capítulo III, punto 5), el Concejo Municipal de Osa recibió el oficio no. AZM-413-2008 del 30 de junio de 2008, suscrito por Isabel Chaves Bonilla, encargada del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, dirigido al Concejo Municipal, donde dicha funcionaria indicó que en respuesta al Capítulo IV, Punto 12 de la sesión extraordinaria no. 12-2008, celebrada el 23 de junio del año en curso, en el que remiten transcripción no. 676-08, donde se conoció oficio MPD-P-725-2008 del 19 de junio de aquel año, suscrito por el Arq. Antonio Farath Matarrita y el MBA. Leonel Rosales Maroto de la Dirección de Urbanismo del INVU, referido a la modificación o cambio de uso de suelo del Plan Regulador de Punta Dominical, el cual remitieron al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y recomendación ante ese órgano colegiado, se permite recomendar tal y como ya lo había hecho mediante oficio ZMT-202-2007 de fecha 09 de octubre del 2007, que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa considera conveniente esperar a que el MINAET, remita el informe respectivo sobre el levantamiento y demarcatoria de las áreas que quedarían al cobijo PNE, para que las láminas ya modificadas llevaran la demarcatoria de dichas áreas. Sobre el particular, el Concejo Municipal, una vez conocido el oficio remitido por doña Isabel, dispuso hacerlo del conocimiento tanto del Arq. Antonio Farath Matarrita, como de Leonel Rosales Maroto, Director a.i de la Dirección de Urbanismo del INVU. El 6 de agosto de 2008, en sesión ordinaria no. 31-2008, Capítulo VII, el Concejo Municipal de Osa, a instancias del señor Alberto Cole de León, alcalde de la Municipalidad de Osa y la señora Jéssica Hernández Sanarrusia, regidora propietaria, tomó el acuerdo no. 7, por medio del cual se dispuso dejar sin efecto el acuerdo no. 5 del Capítulo III, adoptado en Sesión Extraordinaria no. 13-2008, del 7 de julio de 2008. Además, ese Concejo Municipal determinó, en aplicación del artículo 21 de la Ley, no. 6043, aprobar el contenido de los mapas, correspondientes al trámite final de cambio de uso de suelo del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y autorizar su correspondiente publicación. Del mismo modo, se autorizó a la administración municipal, para que ejecutara la totalidad de las acciones pertinentes, a efecto de concluir el proceso de modificación del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical. Asimismo, el Concejo Municipal giró instrucciones para que se procediera a informar a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como al Macro proceso de Planeamiento y Desarrollo del ITC, a fin de solicitar su coadyuvancia en todo lo que el referido trámite implicara con el propósito de finalizar ese proceso y así garantizar el dominio municipal sobre esta zona de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República y la misma Ley 6043. Dicho acuerdo fue aprobado de manera definitiva. El 13 de agosto de 2008, en sesión ordinaria no. 32-2008, capítulo III, punto 2), la señora regidora propietaria Alba Cerdas Aguilar, presentó formal recurso de revisión en contra del acuerdo no. 7, sobre el Plan Regulador Costero de Punta Dominical, por lo que el Concejo Municipal acordó dejar sin efecto el mismo y se dispuso comunicar lo así decidido, al ICT, INVU, así como al Señor Jorge Alberto Cole de León, alcalde municipal de Osa y a Isabel Chaves Bonilla, encargada del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. El 28 de agosto de 2008, mediante oficio no. C-PU-C-D-2008, el Máster Leonel Rosales Maroto, director de Urbanismo del INVU, le comunicó al Concejo Municipal de Osa, que con base en el acuerdo tomado por el dicho Concejo, —sesión ordinaria no. 31-2008, del 6 de agosto de 2008, oficio MPD-P-456-2008 y acuerdo de la Junta Directiva del ICT, según oficio SJD-1149-2003 del 11 de diciembre de 2003, procedía a aprobar los planos de la propuesta de usos de suelo y vialidad del Plan Regulador de Punta Dominical, indicando que antes de ser publicado debía ser aprobado por la Municipalidad. El primero de octubre de 2008, en sesión ordinaria no. 39-2008, el Concejo Municipal de Osa, acordó rectificar el acta de la sesión ordinaria no. 38-2008, celebrada el día 24 de setiembre de 2008, punto 1), en lo referido a la omisión de consignar la nota de fecha 22 de setiembre de 2008, suscrita por el señor Roberto Sánchez Mata, secretario del Concejo Municipal, en la que solicitó se tuviera por corregido el error material que aparecía en el punto II del Capítulo III (alteración de la Agenda del día) de la Sesión Ordinaria no. 32-2008, del 13 de agosto de 2008, notificada mediante transcripción no. 818-08, el cual se refería al recurso de revisión contra el Plan Regulador Costero de Punta Dominical, para que se entendiera, ya que no se indicó, ese punto hacía referencia al Acuerdo no. VII del Capítulo VII de Acuerdos y Mociones, consignado en la Sesión Ordinaria no. 31-2008, celebrada el 6 de agosto de 2008. Lo anterior, según se indicó, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública. En noviembre de 2008, el Lic. Juan Carlos Villegas Arguedas, Biólogo Tropical del Área de Conservación Osa (ACOSA), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), emitió el Informe del levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del Estado en el Plan Regulador Punta Dominical, Osa (humedales, manglar y ría), el cual contiene los resultados del estudio técnico que complementa el análisis de las áreas que constituyen PNE en ese sector costero. Al respecto, el citado informe concluyó lo siguiente: se detectaron áreas de humedales, manglares y lagunas de interés de protección las cuales forman parte del PNE. Se ubicaron y georeferenciaron 0.672 hectáreas de rías en la quebrada Pozo Azul. Se ubicaron y georeferenciaron 0.373 hectáreas de manglar cercanas a la desembocadura de la quebrada Pozo Azul. Se ubicaron y georeferenciaron 8.978 hectáreas de humedales que su ubicaron particularmente hacia la primera sección del Plan Regulador después de la punta Dominical. Asimismo, el informe incluye la siguiente tabla con el detalle de las áreas identificadas en el referido estudio. Los resultados de la clasificación del PNE del Estado en los terrenos de la zona marítimo-terrestre comprendida en el Plan Regulador de Punta Dominical, no presentaban variación si se aplica la metodología contenida en la resolución R-SINAC-013-2006 o la que indica el Decreto Ejecutivo no. 34295-MINAE del 29 de enero de 2008, publicado en La Gaceta no. 28 del 8 de febrero de 2008. El 21 de enero de 2009, en la sesión ordinaria no. 13-2009, capítulo IV) Correspondencia, punto 6), el Concejo Municipal de Osa conoció el informe no. MUNOSA-SJ-33-08 del 19 de diciembre de 2008, suscrito por el Lic. Rafael Guillermo Hernández Trigueros, Asesor Municipal, relativo al criterio concerniente al recurso de revocatoria y apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta concomitante, presentado por Empresa Hotelera Dominical S.A., interpuesto contra el acuerdo adoptado en el punto 2) del capítulo III) de la sesión ordinaria no. 32-2008 del 13 de agosto de 2008, el cual concluyó: “Por lo anterior, este despacho considera con fundamento en la normativa legal citada, que resulta procedente declarar con lugar el recurso interpuesto, puesto que el recurso de revisión presentado por uno de los regidores en el punto 2), capítulo III de la sesión ordinaria # 32-2008 del 13 de agosto del 2008, carece de sustento jurídico al no estar debidamente fundamentado, inobserva el Debido Proceso Administrativo y violenta el Principio de Inderogabilidad Singular de Actos Propios, por lo que debe ser eliminado del ordenamiento jurídico municipal”. Al respecto, el Concejo Municipal de Osa, dispuso declarar procedente el recurso de revocatoria y el incidente de nulidad, presentado por Empresa Hotelera Dominical S.A. El 27 de enero de 2009, en sesión no. 5560, artículo 5, inciso IX, la Junta Directiva del ICT, acordó: “acoger la recomendación contenida en el oficio MPD-P-1595-2008, suscrito por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo y dada la competencia del ICT, en ejercer la superior y general vigilancia mediante mecanismos de control y coordinación con las municipalidades, es procedente solicitar a la Municipalidad de Osa, lo siguiente: A) Rectificar en su totalidad la lámina de Zonificación, Viabilidad del Plan Regulador de Punta Dominical, excluyendo las áreas que sean identificadas como Patrimonio Natural del Estado, clasificadas como bosques, terrenos de aptitud forestal y humedales. B) Rectificar los cuadros de áreas de los usos de suelo, excluyendo las áreas de Patrimonio Natural del Estado que fueran identificadas por el Área de Conservación de Osa. C) Rectificar en Reglamento del Plan Regulador de Punta Dominical, los artículos correspondientes a los usos Firmado digital de: excluidos. D) Presentar a las Instituciones INVU e ICT, la documentación rectificada para proceder a su aprobación, la Municipalidad de Osa, deberá publicar nuevamente en el Diario Oficial La Gaceta, la documentación del Plan Regulador de Playa Dominical. E) En caso de que el área total del Plan Regulador de Punta Dominical sea considerada como Patrimonio Natural del Estado, proceder a su anulación tal como lo establece el Procedimiento Institucional publicado en la Gaceta No. 47 del martes 7 del 2006”. El 26 de febrero de 2009, en el Diario Oficial La Gaceta no. 40, el Departamento de Secretaría del Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa, publicó la transcripción no. 777-08, certificación no. 78-2009, correspondiente al acuerdo no. 7, capítulo VII, tomado por el Concejo Municipal de Osa, en sesión ordinaria no. 31-2008, celebrada el día 6 de agosto de 2008, donde se dispuso dejar sin efecto el acuerdo no. 5 del Capítulo III, adoptado en sesión extraordinaria no. 13-2008, celebrada el día 7 de julio de 2008, y el Concejo Municipal determinó, en aplicación del artículo 21 de la Ley, no. 6043, aprobar el contenido de los mapas, correspondientes al trámite final de modificación o cambio de Uso de Suelo del plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y autorizar su correspondiente publicación, entre otras decisiones. El 9 de marzo de 2009, el señor Clinton Ashley Stephenson, actuando como apoderado generalísimo de Empresa Hotelera Dominical S.A., presentó a la Municipalidad de Osa solicitud de concesión de terreno ubicado en la zona pública de Punta Dominical, Osa, Puntarenas, indicando una superficie de 2641.55 metros cuadrados, con frente de 31.64 metros y fondo de 85.10 metros, con construcción de restaurante, parqueo y senderos. El 30 de marzo de 2009, mediante oficio no. MPD-P-368-2009, el Arq. Antonio Farah Matarrita, Líder a.í del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, informó a la Contraloría General de la República, que de acuerdo con las declaratorias turísticas y no turísticas emitidas por el ICT, para el sector costero donde se localiza el Plan Regulador de Punta Dominical, el sector de aptitud turística en ese Plan Regulador se localiza entre el mojón no. 223 y el mojón no. 285, de la coordenada 352892 N ± 480759 E a la coordenada 354365 N ± 480239 E, y el sector no turístico se localiza entre los mojones no. 166 y el mojón no. 223, de la coordenada 351705 N ± 482428 E a la coordenada 352892 N ± 480759 E. El área atinente al plano catastrado no. P-883689-2003, que corresponde al terreno ubicado dentro de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical y otorgado en concesión por la Municipalidad de Osa, con la aprobación del ICT, a la empresa Punta Dominical S.A., se ubica totalmente en un área declarada no turística por el ICT. El área atinente al plano catastrado no. P-864163-2003, que corresponde al terreno ubicado dentro de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical y otorgado en concesión por la Municipalidad de Osa, con la aprobación del ICT, a la Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., también se localiza completamente en una zona definida no apta para el turismo por el citado Instituto. El área atinente al plano catastrado no. P-864164-2003, correspondiente al terreno ubicado en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical y otorgado en concesión por la Municipalidad de Osa, con la aprobación del ICT, a la empresa Punta Dominical S.A., se sitúa enteramente en un sitio determinado como no turístico por el ICT. El área atinente al plano catastrado no. P-865511-2003, correspondiente al terreno ubicado en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical y otorgado en concesión por la Municipalidad de Osa, con la aprobación del ICT, a la compañía Empresa Hotelera Dominical S.A., se ubica parcialmente en un espacio declarado no turístico por el Instituto. El área atinente al plano catastrado no. P-863801-2003, que corresponde al terreno ubicado dentro de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical y actualmente en trámite de concesión ante la Municipalidad de Osa, en virtud de la solicitud promovida por la empresa Punta Dominical S.A., se localiza por completo en una zona establecido no idóneo para el turismo por el ICT. Los terrenos ubicados con la descripción que señalan los planos catastrados con números: P-863801-2003, P-863803-2003, P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-864163-2003, P-883689-2003, y los que corresponden a la solicitud de concesión que se tramitaba en la Municipalidad de Osa bajo el expediente administrativo que se aporta con certificación no. 629-2009, los cuales corresponden a áreas situadas en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical, involucran áreas clasificadas por el Área de Conservación de Osa (ACOSA) como parte del PNE. El área de la zona pública de Punta Dominical, objeto de la autorización otorgada por el ICT y la Municipalidad de Osa para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, donde actualmente se encuentran las instalaciones de “La Parcela”, y contemplada en la solicitud de concesión presentada a ese Municipio por Empresa Hotelera Dominical S.A., el 9 de marzo de 2009, forma parte de los terrenos clasificados por el Área de Conservación Osa, como áreas pertenecientes al PNE. De previo a la aprobación del Plan Regulador Costero de Punta Dominical, sus modificaciones y actualizaciones, ni la Municipalidad de Osa, ni el INVU, ni el ICT, solicitaron al SINAC la clasificación de las áreas correspondientes al PNE, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley no. 7575. En dicha clasificación del PNE, indicada supra, tampoco fue solicitada por la Municipalidad de Osa, ni el ICT, de previo a la aprobación de las concesiones otorgadas a las compañías Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A. y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., en cuanto a los terrenos ubicados en las áreas comprendidas dentro del Plan Regulador Costero de Punta Dominical, parcelas descritas en los planos catastrados números P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-883689-2003 y P-864163-2003. Asimismo, tampoco se solicitó dicha clasificación al SINAC, en forma previa al otorgamiento de la autorización para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043. De previo a la aprobación del Plan Regulador Costero de Punta Dominical, sus modificaciones y actualizaciones, y la aprobación de las concesiones en terrenos de la zona restringida de la zona marítimo-terrestre de Punta Dominical, otorgadas a las compañías Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., parcelas descritas en los planos catastrados números P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-883689-2003 y P-864163-2003, no se realizó ningún estudio de impacto ambiental o viabilidad ambiental con aprobación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). La Empresa Hotelera Dominical S.A., no cuenta con una concesión otorgada por la Municipalidad de Osa y con la aprobación del ICT, ni permiso de uso, que le faculte para ocupar el área de uso público -zona pública- de Punta Dominical, donde se ubican las instalaciones del negocio denominado “La Parcela”. Las edificaciones ubicadas en la zona pública de Punta Dominical, las cuales albergan actualmente el restaurante y cabinas denominado “La Parcela”, no cuentan con permiso de construcción debidamente otorgado por la Municipalidad de Osa. La empresa Punta Dominical S.A., no cuenta con permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Osa, que le facultara a levantar edificaciones en la zona marítimo-terrestre contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical. La Empresa Hotelera Dominical S.A., no cuenta con permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Osa, que le facultara para construir en la zona marítimo-terrestre contemplada en el Plan Regulador Costero de Punta Dominical. El área de la zona pública de Punta Dominical, donde actualmente se localizan las instalaciones del restaurante y cabinas denominado “La Parcela”, no cuenta con acceso por medio de camino público declarado como tal por la Municipalidad de Osa o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El área de terreno que corresponde al camino señalado en la lámina 21 de Usos del Suelo del Plan Regulador de Punta Dominical, el cual atraviesa la zona restringida y se ubica entre los mojones no. 234 y no. 235, en la parte que se localiza fuera del límite posterior de la zona marítimo-terrestre y que constituye su entronque con la carretera costanera, no ha sido formalmente cedido a la Municipalidad de Osa, ni se encuentra inscrito a nombre de esa Corporación Municipal en el Registro Nacional. El 6 de julio de 2009, en sesión extraordinaria no. 13-2009, el Concejo Municipal de Osa conoció el informe de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre no. 03-2009, correspondiente a la sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, que en el punto 14) se refirió a una solicitud de concesión de parcela en la zona pública, formulada por Empresa Hotelera Dominical S.A., por un área de 2641.55, m2 con frente de 31.64 metros y un fondo de 85.10 metros, amparado en el supuesto del artículo 21 de la LZMT. Al respecto, el Concejo Municipal dispuso remitirla al abogado del Departamento de Zona Marítima para que verificara el cumplimiento de requisitos y se sirviera emitir un criterio y recomendación legal a ese Concejo. El negocio de restaurante y cabinas denominado “La Parcela”, ubicado dentro del área objeto de autorización para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, otorgada por el ICT y la Municipalidad de Osa, no cuenta con permiso sanitario de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. Punta Dominical S.A. y Empresa Hotelera Dominical S.A interpusieron demanda contra la Contraloría General de la República (CGR), el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), donde pidieron se declarara la nulidad absoluta: 1. Del informe no. DFOE-SM-14-2008 relacionado con la aprobación del plan regulador y varias concesiones en el sector costero de Punta Dominical, en el cantón de Osa. 2. De la certificación de 16 de abril de 2008, emitida por la Licda. Etilma Morales Mora, en su condición de Directora del Área de Conservación de Osa. 3. Del acto no. FOE-SM-1757 del 6 de octubre del 2008 de la CGR. Precisó lo solicitado era que, en sentencia se declarara la nulidad de la certificación emitida por la Directora del Área de Conservación de Osa, de acuerdo con la cual en las áreas concesionadas a las empresas aquí involucradas, existen zonas de bosque, áreas aptitud forestal y humedales que forman parte del patrimonio natural del Estado, de la comunicación, así como la orden de la CGR de demarcar y tomar posesión de esa zona, así como no otorgar permisos de construcción. La CGR el Estado y el SINAC contestaron de modo negativo y opusieron las excepciones de falta de: derecho, legitimación activa y pasiva, así como la expresión genérica de “sine actione agit”. Además la primera, formuló reconvención, contra los codemandantes, Dieciocho Veintiuno Sociedad Anónima, ICT, INVU y Municipalidad de Osa, en la cual peticionó,  se declarara la nulidad absoluta de los siguientes actos: las conductas del Concejo Municipal de Osa y del ICT que otorgaron a Empresa Hotelera Dominical S.A. la autorización para aplicar el artículo 21 de la Ley no. 6043 en la zona pública de Punta Dominical, sitio donde se ubican el restaurante y cabinas "La Parcela"; la modificación al Plan Regulador de Punta Dominical introducida con el propósito de cambiar el uso de suelo establecido, e incorporar uno distinto de conformidad con lo regulado en el precepto 21 de cita, en el lugar donde se localizan el restaurante y cabinas "La Parcela", para lo cual detalla diversos acuerdos del Concejo Municipal, del ICT y actuaciones del INVU; las concesiones otorgadas a Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., referidas a terrenos ubicados en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, comprendidas dentro del Plan Regulador de Punta Dominical, emanadas del Concejo Municipal, así como del Registro Nacional; la concesión otorgada a Empresa Hotelera Dominical correspondiente al terreno ubicado en zona pública; el Plan Regulador de Punta Dominical aprobado por el ICT, INVU y la Municipalidad de Osa, sobre el área ubicada en zona restringida; los planos que fundamentan las solicitudes de concesión en trámite ante la Municipalidad de Osa a nombre de Punta Dominical S.A., correspondientes a los terrenos ubicados en la zona restringida, y, se dispusiera que la aprobación de las solicitudes resulta improcedente porque se localizan en patrimonio natural del Estado o en sectores fuera de la declaratoria turística por parte del ICT, de modo que deben imponerse a la Municipalidad y al ICT los límites relacionados con el otorgamiento de concesiones en zona marítimo terrestre, comprendidos en el Plan Regulador de Punta Dominical, estableciendo el deber de verificar las áreas correspondientes al patrimonio natural del Estado, y no aprobar concesiones en áreas que afecten recursos naturales. Solicitó además, se ordenara a la Municipalidad, al INVU y al ICT, a realizar los ajustes necesarios al Plan Regulador excluyendo las áreas clasificadas como patrimonio natural del Estado; Se declarara que la administración del área donde se ubica el Restaurante y Cabinas La Parcela corresponde al MINAET; se dispusiera la ilegítima ocupación de esos terrenos y; se condenara a los demandados al pago de los daños y perjuicios. Las contrademandadas interpusieron las defensas de caducidad, falta de: derecho, interés actual, legitimación activa y pasiva.  El Tribunal en cuanto a la demanda rechazó las excepciones de: sine actione agit, —al no ser una defensa propiamente dicha—, falta de legitimación -en su doble vertiente-, falta de interés actual y acogió la de falta de derecho. De ahí, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. En lo atinente a la contrademanda, rechazó la defensa previa de caducidad de la acción, así como las excepciones de falta de legitimación en su doble vertiente, falta de interés actual y falta de derecho. Consecuentemente, declaró con lugar en todos sus extremos, la contrademanda formulada por la CGR. Dispuso la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico y en razón ello la nulidad absoluta de las siguientes conductas administrativas, así como la de todos los actos y actuaciones conexas, que otorgaron la autorización solicitada por Empresa Hotelera Dominical S.A., para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043 en la zona pública de Punta Dominical, donde se localizan las instalaciones del restaurante y cabinas denominado “La Parcela”: a) Acuerdo de la Junta Directiva del ICT, aprobado en la sesión ordinaria no. 5082, artículo 2, inciso I), celebrada el 5 de febrero de 2001; b) Acuerdo de la Junta Directiva del ICT, aprobado en la sesión ordinaria no. 5154, artículo 2, inciso V, celebrada el 14 de enero de 2002 y c) Acuerdo del Concejo Municipal de Osa, aprobado en la sesión extraordinaria no. 06-2002, celebrada el 5 de abril de 2002, punto 12), por medio del cual ese Ayuntamiento decidió: autorizar y aprobar la aplicación del régimen indicado en el artículo 21 de la Ley no. 6043, para el área solicitada por Empresa Hotelera Dominical S.A. y autorizar el inicio de los trámites correspondientes para la obtención del respectivo contrato de concesión. La disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico y debido a ello la nulidad absoluta de la modificación al Plan Regulador de Punta Dominical, con el fin de cambiar el uso del suelo establecido e incorporar un uso distinto bajo la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, en el sitio donde actualmente se localizan las instalaciones del restaurante y cabinas denominado “La Parcela”. De ahí que declaró absolutamente nulas las siguientes conductas administrativas , así como todos los actos y actuaciones conexas, relacionadas con las mismas: a) Acuerdo de la Junta Directiva del ICT, aprobado en sesión ordinaria no. 5281, artículo 5, inciso IX, celebrada el 9 de diciembre de 2003; b) Oficio no. PU-C-D-532-2004 del 22 de abril de 2004, emitido por la Dirección de Urbanismo del INVU; c) Acuerdo del Concejo Municipal de Osa, aprobado en la sesión ordinaria no. 08-2005, capítulo VI), celebrada el 23 de febrero de 2005, y ratificación otorgada en la sesión ordinaria no. 09-2005, capítulo V), celebrada el 2 de marzo de 2005; d) Acuerdo del Concejo Municipal de Osa, aprobado en la sesión ordinaria no. 31-2008, celebrada el 6 de agosto de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta no. 40 del 26 de febrero de 2009 y e) Acuerdo del Concejo Municipal de Osa, aprobado en la sesión ordinaria no. 13-2009, capítulo IV) Correspondencia, punto 6), celebrada el 21 de enero de 2009, donde se dispuso declarar con lugar el recurso de revocatoria y el incidente de nulidad, presentado por Empresa Hotelera Dominical S.A., revocando el acuerdo adoptado en el punto 2) del capítulo III de la sesión ordinaria no. 32-2008 del 13 de agosto de 2008. La disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico y consecuentemente la nulidad absoluta de las concesiones otorgadas a las empresas Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A. y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., referidas a terrenos ubicados en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre comprendida dentro del Plan Regulador de Punta Dominical. De ahí que, declaró absolutamente nulas las siguientes conductas administrativas, así como todos los actos y actuaciones conexas, relacionadas con las mismas: a) Acuerdo del Concejo Municipal de Osa, adoptado en sesión ordinaria no. 07-2004, capítulo VI), punto 1), celebrada el 18 de febrero de 2004, en cuanto aprobó los proyectos de resolución presentados por el Alcalde Municipal, para el otorgamiento de concesiones y firma de los respectivos contratos a nombre de: Empresa Hotelera Dominical S.A., parcela con un área de 3 hectáreas 7697.12 metros cuadrados; Punta Dominical S.A., parcela con un área de 2 hectáreas 4988.21 metros cuadrados; Punta Dominical S.A., parcela con un área de 4886.45 metros cuadrados; Punta Dominical S.A., parcela con un área de 13 hectáreas 6167.28 metros cuadrados; y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., parcela con un área de 9 hectáreas 6913.43 metros cuadrados; b) Los contratos de concesión firmados el 31 de marzo de 2004, entre la Municipalidad de Osa y la empresa Punta Dominical S.A., correspondientes a los terrenos descritos en los planos catastrados con números: P-864164-2003, P-882230-2003, P-883689-2003. El contrato firmado en esa misma fecha entre la Municipalidad de Osa y Empresa Hotelera Dominical S.A., correspondiente al terreno con plano catastrado no. P-865511-2003, y el contrato firmado entre la Municipalidad de Osa y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., correspondiente al terreno con plano catastrado no. P-864163-2003, así como los addendums a dichos contratos suscritos el 20 de setiembre de 2004; b) Las resoluciones números G-2025-2004 y G-2026-2004 del 18 de noviembre de 2004, así como las resoluciones números G-250-2005, G-251-2005 y G-252-2005, del 4 de febrero de 2005, todas emitidas por la Gerencia del ICT, correspondientes a la aprobación de los contratos de concesiones suscritos entre la Municipalidad de Osa con las empresas Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A. y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., atinentes a los terrenos con planos catastrados números: P-864164-2003, P-882230-2003, P-883689-2003, P-865511-2003 y P-864163-2003; c) La inscripción de las siguientes concesiones en el Registro Nacional, bajo matrículas: 1421-Z-000, 1422-Z-000 y 2133-Z-000 del Partido de Puntarenas y d) Los planos inscritos en el Catastro del Registro Nacional, con números: P-864164-2003, P-882230-2003, P-883689-2003, P-865511-2003 y P-864163-2003. En lo tocante a las solicitudes de concesiones en trámite ante la Municipalidad de Osa a nombre de la empresa Punta Dominical S.A., correspondientes a los terrenos ubicados en la zona restringida, con planos catastrados números: P-863801-2003, P-863803-2003 y los que corresponden a la solicitud de concesión que se tramita bajo el expediente aportado a los autos con la certificación no. 629-2009, declaró: a) La nulidad absoluta de los referidos planos y croquis que amparan esas solicitudes de concesión; b) Que la aprobación de dichas solicitudes resulta absolutamente improcedente en cuanto dichos terrenos involucran áreas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) o se encuentran fuera de los sectores con declaratoria turística por parte del Instituto Costarricense de Turismo; c) Que la Municipalidad de Osa y el Instituto Costarricense de Turismo, se encuentran en el ineludible deber legal de respetar los límites y reglas establecidas en el ordenamiento jurídico con respecto al trámite y otorgamiento de concesiones en terrenos de la zona marítimo-terrestre comprendida dentro del Plan Regulador de Punta Dominical, incluyendo por supuesto los señalados a lo largo de esta sentencia y en particular deberán: 1) Verificar -previamente- la existencia de áreas correspondientes al Patrimonio Natural del Estado en esos terrenos y cuando corresponda, abstenerse de otorgar en concesión las áreas calificadas en esa condición por parte del SINAC y ACOSA (Asociación Conservacionista de Osa); 2) Abstenerse de aprobar concesiones en áreas que impliquen la afectación de recursos naturales, conforme a lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley no. 6043; 3) Dictar y hacer cumplir las medidas que se estimen necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley no. 6043 y 4) Vigilar de manera periódica las actividades que se lleven a cabo en la zona marítimo terrestre de ese sector costero, en los terrenos de su jurisdicción, procurando su debida administración y usufructo, adoptando cuando corresponda las medidas adecuadas para su protección y tutela, conforme a los artículos 1, 2, 3, 12, 13, 73 y concordantes de la Ley no. 6043, sin demérito de cualquier otra normativa que resulte aplicable según sea el caso. v) Declaró absolutamente improcedente el trámite y otorgamiento de la concesión solicitada por la compañía Empresa Hotelera Dominical S.A., correspondiente al terreno situado en la zona pública de Punta Dominical, con medida de 2.641,55 metros cuadrados, en el sitio donde actualmente se ubican las instalaciones comerciales del restaurante y cabinas denominado “La Parcela”. vi) Declaró la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico y consecuentemente la nulidad parcial del Plan Regulador Costero de Punta Dominical, aprobado por el ICT, INVU y Municipalidad de Osa, oficializado mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta no. 61 del 27 de marzo de 2003. De ahí que, declaró absolutamente nula la planificación establecida en relación con las siguientes áreas: a) El área ubicada en la zona restringida, que es parte integrante de los terrenos clasificados como Patrimonio Natural del Estado dentro del respectivo Plan Regulador, identificado mediante el polígono sombreado que refiere a la parte más prominente de la denominada Punta Dominical, que abarca específicamente entre los mojones del no. 1 al no.11, en orden consecutivo, con una leyenda que dice: “área sujeta a futura planificación”; b) Las áreas de la zona restringida pertenecientes al PNE, comprendidas en los terrenos con planos catastrados números: P-863801-2003, P-863803-2003, P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-864163-2003, P-883689-2003 y las que se ubican en los terrenos con solicitud de concesión que se tramita en la Municipalidad de Osa bajo el expediente que se aporta con certificación no. 629-2009 y c) El sector del Plan Regulador que abarca los mojones del no. 166 al no. 223, de la coordenada 351705 N ± 482428 E a la coordenada 352892 N ± 480759 E, que corresponde al área con declaratoria de aptitud no turística aprobada por la Junta Directiva del ICT, en sesión no. 4040, artículo 2, inciso I), celebrada el 27 de febrero de 1990 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta no. 52 del 14 de marzo de 1991. vii) Ordenó a la Municipalidad de Osa, al ICT y al INVU, proceder de inmediato a realizar los ajustes necesarios al Plan Regulador Costero de Punta Dominical, excluyendo de dicha planificación las áreas clasificadas como PNE en los planos antes citados y las que cuentan con declaratoria no turística por parte del ICT, conforme a la descripción indicada. Estableció lo expresado, debía estar concluido y aprobado en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la firmeza de la sentencia. viii) Declaró que en el caso de las áreas clasificadas como PNE en los terrenos descritos en los planos catastrados números: P-863801-2003, P-863803-2003, P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-864163-2003, P-883689-2003 y las que se ubican en los terrenos con solicitud de concesión que se tramitan en la Municipalidad de Osa bajo el expediente que se aporta con certificación no. 629-2009, así como en el área de la zona pública, donde actualmente se ubican las instalaciones del restaurante y cabinas denominado “La Parcela”, su administración corresponde en forma exclusiva al Ministerio de Ambiente y Energía a través del SINAC. Declaró ilegítima la ocupación ejercida por la Empresa Hotelera Dominical S.A., sobre los terrenos de la zona pública de Punta Dominical, en el sitio donde actualmente se localiza el restaurante y cabinas denominado “La Parcela”, así como las construcciones que albergan ese negocio, por lo que se ordena el desalojo y la desocupación definitiva de esa área objeto de la ilegal autorización para la aplicación del artículo 21 de la Ley no. 6043, otorgada por el ICT y la Municipalidad de Osa. xi) Condenó, en abstracto, a las empresas Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A. y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., al pago de los daños y perjuicios ocasionados al ambiente y al PNE, en virtud de sus actuaciones ilegítimas en relación con los terrenos de la zona marítimo-terrestre de Punta Dominical, cuya existencia y cuantía se establecerían en la fase ejecución de sentencia. xii) Condenó, en abstracto, a las Administraciones contrademandadas, al pago de los daños y perjuicios generados a partir de las conductas administrativas activas u omisivas, que causaron lesión al PNE y al ambiente en los terrenos objeto de este proceso, cuya existencia y cuantía se establecerían en la fase ejecución de sentencia. xiii) Declaró responsables a las Administraciones contrademanadas, por la omisión ilegítima en el ejercicio oportuno y adecuado de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, para lograr la revocación o anulación de las conductas administrativas objeto de este proceso y la tutela efectiva de los terrenos de la Zona Marítimo Terrestre involucrados en este litigio. xiv) Ordenó a las empresas y Administraciones contrademandadas,  abstenerse de incurrir en conductas activas u omisivas que lesionen el PNE y el ambiente en los terrenos de la zona marítimo-terrestre comprendidos dentro del Plan Regulador Costero de Punta Dominical. xv) En cuanto a la demanda, condenó al pago de ambas costas a Empresa Hotelera Dominical S.A. y Punta Dominical S.A, a favor del Estado, la CGR y el SINAC, junto con los respectivos intereses legales, que se computarían a partir de la firmeza de la resolución mediante la cual se determine el quantum de estas y hasta su efectivo pago. En lo concerniente a la contrademanda, condenó a Empresa Hotelera Dominical S.A., Punta Dominical S.A, Dieciocho Veintiuno S.A., Municipalidad de Osa, INVU e ICT, al pago de ambas costas a favor de la CGR así como de sus respectivos intereses legales, que se computarían a partir de la firmeza de la resolución mediante la cual se determine el quantum de estas y hasta su efectivo pago.

Recursos de casación por razones procesales

Recurso de casación de la parte actora

 II.- Primero: expone, el juicio oral y público se celebró el 30 de enero de 2019, a partir de ese momento, de acuerdo con lo normado en el cardinal 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) el Tribunal contaba con el plazo perentorio de 15 días hábiles para dictar el fallo. Sin embargo, objeta, el día de la mencionada audiencia, las personas juzgadoras atendieron la solicitud de la CGR, en cuanto a la admisión de una prueba para mejor resolver, y sabedor de que el juicio debía concluir ese día, otorgó tres días hábiles para que las partes se refirieran a la pertinencia de tal probanza. De ahí, señala, se desatendió lo regulado por el Código de rito, ya que no se pudo conocer lo decidido por el Tribunal en lo referido a la admisión del elemento de convicción. Tampoco, afirma, pudo formular ningún recurso contra lo decidido por las personas juzgadoras en lo tocante a la admisibilidad de esa prueba. Asimismo, indica, la probanza se admitió, sin conocer el razonamiento del porqué fue así. Recalca, el debate debió cerrarse aquel día, para dar paso a las conclusiones, de conformidad con lo dispuesto en los cánones 109 y 110 ibid. No obstante, el Tribunal incurrió en el error de ampliar el lapso del dictado del fallo, ya que concedió tres días adicionales, de los 15 que regula el artículo 111 del CPCA, con el propósito de que los contendientes se refirieran a la admisibilidad de dicho elemento de convicción. Reprocha, de consuno con lo estipulado en el precepto 110 ibid, debido al ofrecimiento de la probanza, las personas juzgadoras debieron suspender la audiencia, brindar el lapso de tres días, resolver sobre la misma y luego convocar a la continuación del juicio oral, para así dar oportunidad para presentar recursos contra lo resuelto. Expone, existe basta jurisprudencia de esta Sala, en el sentido de que el plazo para dictar sentencia es perentorio, por lo que debe ser respetado. Por consiguiente, alega, ya que el plazo venció el 20 de febrero de 2019, y hasta el 25 de febrero siguiente, fue notificada, entonces debe ser anulada. Agrega, además se vulneró su derecho de defensa, según expuso. De igual forma, menciona, el ICT, fue notificado en un medio distinto al ofrecido por dicho Instituto, pues, lo efectuó en estrados, pese a que debió ser vía correo electrónico. Por ello, apunta, se reafirma el quebranto del mencionado plazo perentorio, —ya que es común a todas las partes, y no se ha configurado—, porque concluye hasta que todas estén notificadas, lo cual, asevera, no ha acaecido por el defecto en la notificación al ICT. Segundo: expresa, las personas juzgadoras incurrieron en la casual regulada en el inciso c) del cardinal 137 del CPCA. Se refiere a los hechos tenidos por probados 128 y 129. Increpa, en la certificación no. ACOSA-D-069-09 el Lic. Juan Carlos Villegas Arguedas, emitió informe sobre las áreas de PNE en el Plan Regulador Punta Dominical, Osa. Agrega, la Directora del Área de Conservación Osa (ACOSA) del SINAC con fundamento en el citado instrumento certificó que el plan Regulador de Playa Dominicalito y Punta Dominical existen 52.379 hectáreas de bosque y 4.766 hectáreas de terreno de aptitud forestal (clases VII y VIII). Refuta el Tribunal omitió señalar, de acuerdo con los hechos sustento de la demanda al dictarse dichos actos, existía normativa que de modo expreso derogó la regulación en la cual ACOSA se basó para emitir la mencionada clasificación del PNE. Explica ACOSA emitió tal clasificación con sustento en la directriz R-SINAC-013-2006, que fue derogada expresamente por el Decreto Ejecutivo no. 34295 MINAE del 29 de enero de 2008 y publicado en La Gaceta no. 28 del 8 de febrero de 2008. Recalca, de manera que el mencionado reglamento estaba vigente al dictarse la certificación de PNE del 16 de abril de 2008, en la cual se fundamentó la CGR para ordenar sus acciones. Además, refuta, en el hecho probado 138 se consignara que dicha categorización del PNE en el Plan Regulador de Punta Dominical, no varía sea que se aplicara la metodología contenida en la resolución R-SINAC-013-2006 o la desarrollada en el Decreto Ejecutivo no. MINAE del 29 de enero de 2008, sin exponer cómo arribó a esa conclusión. Debido a lo expuesto, increpa, el Tribunal prescindió de apreciar la declaración del testigo perito Ing. Leonardo Rojas, quien de forma expresa apuntó, el aplicar una u otra metodología conllevaba una diferencia cualitativa y cuantitativa, lo que incidía en el área que correspondía al PNE y a la que podía ser concesionada. Reclama, en las consideraciones de la sentencia se alude al testigo perito de la CGR, pero no se hace lo mismo con lo de los expertos Leonardo Rojas y Diego Arias. Esto, indica, sin mencionar porqué sus testimonios no resultan de importancia para el Tribunal, pese a que, en el caso del Ing. Rojas, su declaración contradice lo dicho por el testigo Joel García Medina. Agrega, lo depuesto por el perito Ing. Leonardo Rojas, fue reforzado con prueba documental, y que de conformidad con la normativa vigente existen áreas que no ostentan cobertura ni aptitud boscosa, por lo que son concesionables. Asimismo, manifiesta, se comprueba con fotografías aportadas en el proceso, sobre los cuales omitió hacerse referencia, de modo que se limitó a prohijar lo sostenido por ACOSA.

Recurso de casación del Instituto Costarricense de Turismo

 III.- Único: alega se inobservaron las reglas para la deliberación y del plazo para el dictado de la sentencia, con sustento en lo dispuesto en el artículo 137 inciso 1. d, g y h del CPCA. Apunta, la sentencia le fue notificada al casillero 47 del ICT, cuando lo correcta era se le comunicara vía correo electrónico, dado que se había gestionado tener como principal medio de notificaciones el correo electrónico autorizado por Tecnologías de la Información del Poder Judicial. Recrimina, la actuado vulnera lo estipulado en los preceptos 111 ibid, 79 y 78 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda (RAOSJCACH). Expone, el juicio oral y público se celebró el 30 de enero de 2019, el 4 de febrero de 2019, las partes formularon las conclusiones, por lo que señala, la sentencia debió notificarse el 25 de febrero de 2019 de acuerdo con lo regulado en los incisos 1) y 2) del cardinal 111 del CPCA, 79.4 y 5, así como 82.1. del RAOSJCACH. Sin embargo, menciona, aún no ha sido notificado, pese a que debió haber sido comunicado del fallo a más tardar el 25 de febrero de 2019. Acota, aun teniéndose como notificado el día de presentación del recurso de casación, se hizo fuera del lapso de 15 días. Agrega, aunque el cambio de medio para recibir notificaciones se hizo ante esta Sala, ya que el expediente es uno solo y siempre ha señalado un medio, no un lugar para recibirlas. En su apoyo, cita una sentencia de esta Cámara referida a la notificación fuera del plazo preceptuado normativamente. Por otro lado en el cargo sustantivo, insiste, se quebrantó la inmediatez, “…puesto que hace perpetuo el resultado de un proceso oral, y hace inaplicable el artículo 111 CPCA, siendo que el espíritu del legislador fue notificar dentro del citado plazo… es claro que el plazo de 15 (sic) después de terminada la audiencia complementaria feneció el día 20 de febrero de 2019. Las conclusiones por escrito no afectan el plazo, por lo que la sentencia deviene en nula”. Finalmente, acusa vulnerado el derecho de defensa porque se admitió una prueba en sentencia, sin brindar posibilidades a las codemandadas de presentar contraprueba.

Recurso de casación de la Municipalidad de Osa

 IV.- Único: asevera, el Tribunal dictó la sentencia fuera del plazo dispuesto normativamente [artículo 137, inciso g) del CPCA]. Acota, la audiencia de juicio oral se efectuó el 30 de enero de 2019, por lo que el fallo debió dictarse máximo el 20 de febrero de aquel año. No obstante, increpa, fue comunicada con un exceso de 18 días hábiles del mencionado lapso perentorio. Refiere, supone fue así por circunstancias desafortunadas para el Tribunal; primero, ya que atendió un pedido de la contrademandante, en cuanto a la admisión de una prueba para mejor resolver, —ofrecida desde el 7 de noviembre de 2017—, debido a lo cual concedió un plazo de tres días hábiles a las restantes partes para que expresaran si resultaba pertinente. Segundo, por el lapso otorgado, dice, le fue imposible ejercer su derecho para recurrir contra la decisión de las personas juzgadoras en caso de que la admitieran. Tercero, el Tribunal declaró el caso complejo, por lo cual en 15 días hábiles debía dictar sentencia. Además, dentro del mismo plazo de tres días dio oportunidad a los contendientes para emitir conclusiones. Luego, reprocha, admitió dicha probanza, sin saber las consideraciones que tuvo para admitirla, pues no observó lo estipulado en el precepto 110 del CPCA en lo referido a la reapertura del debate con el propósito de recibir nuevas pruebas o ampliar las ya incorporadas. Intuye, seguro sumó el plazo para emitir conclusiones, al que tenía para el dictado del fallo, por lo que lo hizo fuera del lapso legal. En su apoyo, transcribe parte de una sentencia de este Órgano decisor donde se alude a la obligación de dictar el fallo en el plazo de 15 días, al ser perentorio y para salvaguardar el principio de inmediación.

 V.- Las partes: actora (en el primero), el Instituto Costarricense de Turismo (en el único) y la Municipalidad de Osa (en el único), en los agravios adjetivos de cita reprochan, el Tribunal dictó y notificó el fallo cuando ya había transcurrido el plazo de 15 días, dispuesto para dicho propósito [artículo 111 inciso 1)]. Los argumentos, no son del todo coincidentes, las codemandantes exponen, en la audiencia oral y pública, las personas juzgadoras atendieron la solicitud de la CGR, en cuanto a la admisión de una prueba para mejor resolver, y pese a que el juicio debía concluir ese día, otorgó tres días hábiles para que las partes se refirieran a la pertinencia de tal probanza. En consecuencia, estima, se desatendió lo regulado por el Código de rito, pues no fue posible conocer lo decidido por el Tribunal en lo referido a tal elemento de convicción. Tampoco, afirma, pudo formular ningún recurso contra lo decidido por las personas juzgadoras a ese respecto. Además, apunta, la probanza se admitió, sin conocer el razonamiento del porqué fue así. Recalca, el debate debió cerrarse aquel día, para dar paso a las conclusiones, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 109 y 110 ibid. Sin embargo, el Tribunal actuó de forma incorrecta al ampliar el lapso del dictado del fallo, ya que concedió tres días adicionales, de los 15 que regula el cardinal 111 del CPCA. En cuanto a la prueba para mejor resolver ya que es un aspecto refutado en similar sentido por los coactores y el ICT, se resolverá de seguido. Las personas juzgadoras, en lo que interesa, fallaron: “CONSIDERANDO I.- DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.- Durante el Juicio Oral y Público, el Órgano Contralor indicó al Tribunal que previamente a dicha audiencia complementaria -más concretamente con ocasión de un señalamiento anterior, imágenes 623 a 628 del expediente judicial-, había aportado varios documentos, dentro de los cuales se encontraba el Informe SINAC-ACOSA-ASP-213-2017, mismos que en ese acto peticionó les fueran admitidos como prueba para mejor resolver. De los mismos se confirió la audiencia de rigor, haciendo notar que por tratarse de prueba para mejor resolver, aunque sea ofrecida por las partes, es el Tribunal quien finalmente decide si la misma es requerida precisamente para resolver de mejor manera el fondo del asunto. Criterio del Tribunal.- En la especie, a Juicio de esta Cámara, dicha prueba que fue objeto de debate en el proceso, es de fecha posterior a los escritos de demanda y contestación y a la celebración de la audiencia preliminar, siendo que además, tiene carácter de prueba complementaria. Así, claramente la misma resulta pertinente y útil para el caso bajo estudio, máxime si tomamos en consideración, que en particular el informe SINAC-ACOSA-ASP-213-2017 clarifica de manera gráfica, la situación de los terrenos y sus afectaciones por el Patrimonio Natural del Estado. De ahí que lo procedente sea admitir la prueba señalada, como en efecto se dispone”. De lo reproducido, se verifica, contrario a lo planteado por las recurrentes, pese a que en efecto se concedieron tres días para que las partes se refirieran a la prueba ofrecida para mejor resolver, también es cierto, ese plazo coincidió con el solicitado por la totalidad de contendientes para que se les permitiera emitir sus conclusiones de forma escrita, a lo cual el Tribunal accedió, otorgando dicho lapso. Por ende, los litigantes tuvieron oportunidad de expresar lo que consideraran pertinente sobre la citada probanza. Luego, en la sentencia se brindaron las razones por las cuales se admitió. Asimismo, dado que lo decidido sobre tal elemento de convicción se hizo en el fallo, de tener alguna objeción, en el recurso de casación pudieron desarrollarla. En todo caso, no mencionan cómo vieron afectado el debido proceso y/o el derecho de defensa. Así, procede el rechazo de los cargos a ese respecto. Continuando con lo desarrollado por los impugnantes, el ICT objeta, el fallo se le comunicó al casillero 47 de ese Instituto, cuando lo correcto era se efectuara mediante correo electrónico. Reclama, lo actuado vulnera lo estipulado en los cardinales 111 del CPCA, 79 y 78 del RAOSJCACH. Acota, el juicio oral y público se realizó el 30 de enero de 2019, el 4 de febrero de 2019, las partes formularon las conclusiones, por lo cual la sentencia debió notificarse el 25 de febrero de 2019, pero señala, aún no ha sido notificado. En lo que concierne a que la sentencia se le debió notificar mediante correo electrónico, contrario a lo aducido por el Instituto, pese a que el Tribunal al final de la audiencia de juicio, les indicó a los litigantes, de ser necesario, debían señalar medio para comunicar la sentencia, el ICT en su escrito de conclusiones, no señaló medio alguno, por lo que bien hizo el Órgano colegiado al notificarle el fallo en el casillero 47, ya que ese era el lugar previamente destinado para dicho fin. Por lo expresado, se desestima la inconformidad en lo tocante a tales extremos. Por último, el Ayuntamiento de Osa señala, la audiencia de juicio oral se efectuó el 30 de enero de 2019, por lo que la sentencia debió dictarse máximo el 20 de febrero de aquel año. No obstante, increpa, fue comunicada con un exceso de 18 días hábiles del lapso estipulado. De igual manera, reprocha, no pudo ejercer su derecho para recurrir contra la decisión de las personas juzgadoras en caso de que la admitieran la prueba para mejor proveer. Adicionó, admitió esa probanza, sin saber las consideraciones que tuvo para hacerlo, pues no observó lo estipulado en el precepto 110 del CPCA en lo referido a la reapertura del debate con el propósito de recibir nuevas pruebas o ampliar las ya incorporadas. En lo atinente, a lo recriminado relacionado con la mencionada prueba, ha de reiterarse lo externado en ocasión del recurso de la parte codemandante y el ICT. En consecuencia, es evidente, distinto a lo argüido, primero, tuvo oportunidad de referirse a su ofrecimiento y hacer las alegaciones que estimara pertinentes sobre el particular -en el plazo de tres días concedido para ese efecto-. Por otro lado, las personas juzgadoras, en sentencia brindaron los motivos por las cuales la admitieron. Por consiguiente, en el recurso de casación pudo combatir lo resuelto sobre dicho extremo. De igual modo, no expone las razones por las cuales se le conculcó sea el debido proceso y/o el derecho de defensa. De ahí, de existir alguna nulidad, conllevaría declararla por la nulidad misma, lo cual para este Órgano decisor no resulta procedente. Por otro lado, es menester recordar la norma 110.1) ibid estipula: “Si, durante la deliberación, el Tribunal estima absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer la reapertura del debate. La discusión quedará limitada al examen de los nuevos elementos de apreciación”. De lo reproducido, es diáfano, tampoco se está en el presupuesto regulado en tal disposición, ya que el plazo de tres días hábiles se otorgó junto al pedido por las partes para rendir sus conclusiones, debido a lo cual el lapso para deliberar no había iniciado su computo, puesto que la deliberación inició hasta el 5 de febrero de 2019, (pues arrancó hasta que se rindieran las conclusiones, que es el último acto procesal previo a la deliberación). Debido a lo cual, en el asunto de análisis, no se dispuso la reapertura del proceso a prueba, como lo considera la recurrente, ni cabía hacerlo. Por último, en cuanto al plazo para el dictado final de la sentencia, esta Sala ha dispuesto: “Al tenor de los principios de inmediación y celeridad, el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPCA) establece que, una vez finalizada la audiencia, el Tribunal deberá deliberar y dictar la sentencia en forma inmediata, previendo la posibilidad de exceptuar esta obligación en aquellos casos que se califiquen como complejos, en cuyo caso, la sentencia deberá notificarse dentro del plazo máximo de 15 días hábiles, computados a partir de la finalización audiencia. Como se indicó, la norma responde al principio de inmediación -siendo este el valor normativo que se pretende tutelar en el precepto que se comenta- y procura que los juzgadores al dictar el fallo retengan en su memoria con la mayor claridad, los elementos probatorios evacuados durante el juicio, y de esta forma evitar que el paso del tiempo erosione la valoración integral que de ellos puedan realizar. En línea con lo anterior, los artículos 82.1 y 79.4 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda disponen que la deliberación se podrá extender hasta por dos días, en cuyo caso, se debe comunicar a los intervinientes la parte dispositiva con una exposición lacónica de sus fundamentos, y el texto completo de la sentencia en el ya referido término de 15 días. Tanto la norma legal como las reglamentarias a que se ha hecho referencia establecen un parámetro con base en el cual se puede presumir que ha existido un quebranto del tantas veces citado principio de inmediación. Se trata, claro está, de una presunción legal fijada para efectos de control, sin que de lo indicado pueda colegirse que los jueces no puedan retener los detalles del proceso por un período más extenso. Se trata, simplemente, del establecimiento de un límite de tolerancia por parte del legislador, o lo que es lo mismo, un convencionalismo normativo. Por ello, su inobservancia fue sancionada con la nulidad. Precisamente, sobre este tema se ha indicado: “La disposición 111.2 del cuerpo legal de cita, en concordancia con el precepto 137 inciso g, sanciona con nulidad el incumplimiento del plazo para deliberar y dictar la sentencia, y ordena repetir el juicio ante otra integración del Tribunal, salvo por los actos probatorios irreproducibles. Lo anterior obedece al propio principio de inmediatez, y busca asegurar que entre la evacuación probatoria y la sentencia, trascurra el menor tiempo, garantizando que los juzgadores tengan presente, las probanzas con la mayor claridad posible, y por ende, puedan efectuar el ejercicio valorativo que corresponde, sin olvidar aspectos relevantes de aquéllas” (sentencia no. 1096-F-S1 2011 de las 9 horas 45 minutos del 8 de setiembre de 2011). No. 1527 de las 8 horas 30 minutos del 20 de noviembre de 2012. Sentencia no. 28 de 9 horas 45 minutos del 28 de enero de 2016. Fallo no. 144 de 10 horas 20 minutos del 21 de febrero de 2019”. Sentencia no. 88 de 9 horas 5 minutos del 28 de enero de 2021. Se constata el legislador decidió fijar un plazo de 15 días para el dictado del fallo en asuntos declarados complejos, como en el presente caso. Con esto se pretendió transcurriera el menor tiempo posible entre la práctica de la prueba y el dictado del plazo para garantizar que las personas juzgadoras tuvieran fresco en su memoria los elementos de convicción y así realizar su apreciación sin olvidar elementos importantes de tales probanzas (principio de inmediatez). Como se ha expuesto, los recurrentes acusan, el Tribunal vulneró el mencionado plazo de 15 días normado en el precepto 111 del CPCA, ya que la audiencia de juicio concluyó el 30 de enero de 2019, y la sentencia se dictó y notificó hasta el 25 de febrero siguiente. No obstante, como también se expresó, aunque la audiencia oral se celebró el 30 de enero de 2019, ciertamente, en dicha data no se cumplieron todas las etapas procesales estipuladas en el ordenamiento jurídico. Ello, porque al llegar el momento cuando las partes debían emitir sus conclusiones, ellas solicitaron al Tribunal se les permitiera efectuarlas por escrito. A lo que las personas juzgadoras estuvieron de acuerdo, para lo que les otorgaron tres días hábiles. En consecuencia, distinto a lo que estiman las impugnantes, la audiencia de cita, no concluyó el 30 de enero de 2019, dado que, fue hasta el 4 de febrero, que venció el plazo para que las litigantes formularan sus conclusiones, —ya que vencía el lapso de tres días—. De ahí, la audiencia de juicio debe tenerse por concluida, ese día, con la fase de conclusiones, que en la especie se hicieron por escrito, de acuerdo con lo pedido por las propias casacionistas. Por consiguiente, de conformidad con lo expresado, el Tribunal tenía tiempo para dictar y notificar el fallo hasta el 25 de febrero de 2019. Así, ya que la sentencia se dictó el 25 de aquel mes y año, y de igual forma fue comunicada a las partes en dicha data, entonces el Tribunal no incumplió con el plazo de 15 días dispuesto en el canon 111 ibid. Consecuentemente, procede rechazar este agravio.

 VI.- Referido a la causal adjetiva regulada en el inciso c) del canon 137 del CPCA, que se acusa en el segundo cargo de las codemandantes, según lo ha resuelto esta Cámara “…atiende a la defectuosa formulación de las situaciones fácticas. Así, el error se configura cuando los juzgadores al determinar los hechos en el asunto concreto, desarrollan alguna o algunas de las situaciones fácticas de forma imprecisa, por lo cual no resulta posible tener certeza respecto al hecho tenido por acreditado. También puede presentarse este vicio cuando haya una divergencia entre las situaciones fácticas que imposibilite conocer cuál fue la apreciación efectuada por los jueces. Es claro, dicho vicio adjetivo contemplado en la normativa procesal contencioso administrativa alude, no a un tema de correspondencia de los hechos tenidos por acreditados con la prueba constante en el expediente. Sino más bien, se refiere a la formulación confusa de las situaciones fácticas tenidas por probadas, de forma que no se tenga certeza de cuál es el hecho tenido por acreditado; o que tales hechos se contradigan de tal modo que impidan conocer la valoración que se hizo del acervo probatorio. Como se puede constatar, el recurrente en su inconformidad no apunta a la causal adjetiva de referencia, sino a un aspecto probatorio y sustantivo, ya que, en su opinión, se desatendió prueba testimonial, situación que evidentemente resulta ajena al motivo acusado”. Sentencia no.  1707 de 10 horas 20 minutos del 29 de abril de 2020. En la especie, resulta evidente, no se acusa un quebranto en la sentencia como acto adjetivo, sino a una discusión de fondo referida a la apreciación de la prueba, la cual en su criterio, conduciría a tener como resultado que la directriz R-SINAC-013-2006, —aplicada al certificar el PNE—, fue derogada de modo expreso por el Decreto Ejecutivo no. 34295 MINAE. Además, a que el testigo de la CGR fue considerado al fallar, pero no así los dos testigos peritos de las partes contrarias, lo cual en su opinión denota, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, existen áreas que no ostentan cobertura ni aptitud boscosa, por lo que pueden ser concesionadas. Es claro, lo recriminado, atiende al fondo del caso de estudio. De ahí, no resulta pertinente entrar al análisis como causal adjetiva. Ahora bien, esta Sala está facultada a recalificar el reproche de consuno con su contenido. En el asunto de examen, dado que no se exponen las normas sustantivas vulneradas, ni se explica cómo se produce su quebranto, hace inatendible lo refutado. En todo caso, algunos de los aspectos se desarrollan en los motivos de fondo por lo que se conocerán en su momento. Abundando en razones, en lo atinente a que las personas juzgadoras al resolver, se sustentaron en lo declarado por el testigo perito de la CGR y dejaron de lado los testimonios -de igual categoría- de la contraparte; ha de recordarse cuando se trata de elementos de convicción de igual género, según ocurre con lo aducido por el recurrente, el Tribunal no comete ningún yerro al otorgarle mayor valor a una prueba sobre la otra. Ello, dado que atiende al ejercicio de una facultad discrecional, que el ordenamiento jurídico concede al realizarse la apreciación probatoria, de consuno con el principio de la sana crítica (cardinal 82.4 del CPCA).

Recursos de casación por razones de fondo

Recurso de casación de la parte actora

 VII.- Primero: alega indebida valoración probatoria ya que en su opinión, la clasificación del PNE en los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Dominical resulta desacertado que no varíe (como lo resolvió el Tribunal), si se aplica sea la metodología contenida en el acto no. R-SINAC-013-2006 o la dispuesta en el Decreto Ejecutivo no. 34295-MINAE del 29 de enero de 2008. Asevera, las principales pruebas en las que se fundamentan las personas juzgadoras, a saber, las certificaciones emitidas por ACOSA, carecen de sustento por ser contrarias al ordenamiento jurídico, así como carecer de validez y eficacia. Apunta, la certificación del PNE de ACOSA del 16 de abril de 2008, se emitió con base en una norma derogada, como lo fue la directriz R-SINAC-013-2006 del 5 de abril de 2006. La cual, dice, se derogó con la entrada en rigor del Decreto Ejecutivo no. 34295 MINAE del 29 de enero de 2008, publicada en La Gaceta no. 28 del 8 de febrero de 2008. Arguye, el transitorio III de esta última regulación, regula: “Las clasificaciones realizadas al amparo de la Resolución Administrativa R-SINAC-013-2006, del cinco de abril de 2006 deberán replantearse de conformidad con lo estipulado en el presente decreto ejecutivo. Para ello, SINAC tendrá un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto para realizar dichas correcciones”. Por su lado, el considerando IV, dispone: “Deróguese la Resolución Administrativa R-SINAC-013-2006 del cinco de abril de dos mil seis”. No obstante, manifiesta, ACOSA no replanteó las clasificaciones del PNE, con lo cual infringe el principio de legalidad, preceptuado en la norma 11 de la CP y desarrollado en el artículo 11 de la LGAP, lo cual es avalado por el Tribunal. Lo expresado, recrimina, pese a que la Administración no se sometió al ordenamiento jurídico, pues, dispuso que el resultado no variaba, aunque se utilizara una u otra metodología. Objeta, se desconozca la obligación de ACOSA de someterse al Decreto Ejecutivo no. 34295-MINAE, pero, sin exponer porqué tal clasificación es igual, sea que se utilice uno u otro instrumento normativo, pese a que de conformidad con la normativa vigente la clasificación debía ser replanteada en un plazo de seis meses. De ahí, indica, aun cuando el Tribunal estime, la clasificación efectuada con sustento en la Directriz de 2006, cumple con los aspectos que involucra la definición de bosque, lo cierto es que de forma expresa se varió la manera de clasificar ese tipo de áreas, plasmada en una norma que resulta obligatoria para la Administración, sin que sea posible ampararse en un ejercicio discrecional para decidir cuál metodología aplicar, lo cual señala, quebranta los principios de legalidad y seguridad jurídica de los administrados. Expone, al declarar el testigo ofrecido por la CGR, funcionario del MINAET, ACOSA, al ser preguntado por su abogado, manifestó, que para realizar una clasificación como la del PNE, podía usarse cualquier metodología, sin que fuera necesario aplicar la del Reglamento vigente. Esto considera, es un signo inequívoco, no solo de una flagrante trasgresión del ordenamiento jurídico, sino que también atenta contra los postulados propios de un Estado de Derecho en lo referido a la seguridad jurídica. Lo anterior, dado que al estar vigente una norma, no puede ser desaplicada por la Administración, de acuerdo con el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, -precepto 13 de la LGAP-, la cual acusa como dejada de aplicar debido a la incorrecta apreciación probatoria. Segundo: acusa vulnerados los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. Argumenta, se verifica por el modo como las personas juzgadoras interpretan las excepciones de prescripción y caducidad, debido a que los actos se dictaron cuando estaba en vigor la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual señala, fue derogada a partir del primero de enero de 2008. Afirma, es claro cuál debe ser la normativa a actuar, a saber, la vigente al momento de darse los hechos, lo cual el legislador lo plasmó en el transitorio III, en cuanto a que los actos que adquirieron firmeza en la vía administrativa antes de la vigencia del CPCA se regían por la legislación vigente en ese momento. Además, afirma, esto encuentra sustento en el principio de irretroactividad de la Ley (cardinal 34 de la CP). En su apoyo, cita jurisprudencia de la Sala Constitucional en cuanto a los conceptos de derecho adquirido y situación jurídica consolidada y el principio de irretroactividad normativa en tales casos. Reprocha, las personas juzgadoras efectuaron una errónea exégesis del espíritu del legislador al hacer la integración de ambos transitorios, con lo cual, dice, pone en entredicho la seguridad jurídica. Ello, puesto “…que permite que actos firmes, válidos y eficaces, puedan ser objeto de revisión e incluso de anulación en cualquier momento”. Refuta, con su actuar prescindió abordar en todos sus extremos los alcances del CPCA y permitió a la CGR la posibilidad en cualquier tiempo, de solicitar la nulidad de actos administrativos que al tenor de la anterior legislación se encontraban firmes, válidos y eficaces. El Tribunal, asevera, dispuso no caben los institutos de caducidad ni prescripción por tratarse de la recuperación y tutela de bienes de dominio público, lo que, en su criterio, vulnera la seguridad jurídica. Apunta, dicha interpretación únicamente resulta aplicable en los procesos de lesividad, la cual no se declaró en sede administrativa, sino que se interpuso de forma directa la nulidad del Plan Regulador. Así, estima, no resulta aplicable lo estipulado en el canon 34.2 del CPCA, por lo que en la especie debe actuarse la caducidad en los términos por él alegados. Insiste, de acuerdo con la legislación aplicable el plazo máximo para solicitar la nulidad de lo actuado era de cuatro años. Reprocha, en igual sentido se sustenta el Estado para no acoger la excepción de caducidad de conformidad con lo regulado en el artículo 14 de la LF. “Sin embargo, su lectura permite evidenciar lo erróneo de su interpretación, toda vez que la misma ley distingue lo que esta representación sostuvo en el proceso, en el sentido que debe hacerse una enorme diferencia entre el pretender apropiarse de un terreno demanial, dado que bien es sabido que sobre ello no aplica prescripción alguna, y sobre la extinción de la acción procesal por la cual el Estado pretende anular sus decisiones -concesiones para aprovechamiento de la tierra-, ergo caducidad, en los términos expuestos por la Sala Primera…”. Expresa, no está en discusión el ejercicio de la potestad pública para reivindicar bienes de dominio público a favor del Estado, sino que la acción procesal para dirigirse contra actos administrativos firmes, válidos y eficaces dictados para el aprovechamiento de esos bienes, está sujeta a un plazo, salvo los consabidos casos de ley, donde no hay prescripción, que indica, no es el tema aquí debatido. Adiciona, existe jurisprudencia constitucional en el sentido de que hay un derecho al aprovechamiento a favor de los administrados de bienes demaniales. Por ende, aunque no pueden ser objeto de posesión, pero si se puede obtener un derecho a aprovecharlos. En igual sentido, refiere, la Sala Constitucional dispuso aun tratándose de eventuales ocupaciones ilegítimas de la zona marítimo terrestre, de haber mediado autorización municipal, la Municipalidad debe seguir el proceso de lesividad, el cual se encuentra sujeto a plazo para su formulación. Por otro lado, expone, la Procuraduría General de la República, ante consulta de los Ayuntamientos ha sido conteste con la posición de la Cámara Constitucional. De ahí, de haber actos administrativos relacionados con áreas de dominio público, -concesiones- que tienen un vicio en su adopción ha dicho deben seguirse los procedimientos de nulidad absoluta o lesividad, según corresponda, los cuales cuentan con un plazo determinado para su inicio, sin que eso altere los alcances de la demanialidad que caracteriza tales áreas. Manifiesta, la PGR admitió que, aun tratándose de construcciones ubicadas en la zona pública de la ZMT, si hubo permisos, debían sujetarse al procedimiento de nulidad absoluta o lesividad. Estos, afirma, están sujetos al lapso de caducidad de 4 años de la anterior legislación. Consecuencia de lo expresado, indica, se evidencia la errónea exégesis del Tribunal al acoger la tesis de la CGR, por versar los actos anulados sobre: —el plan regulador, declaratoria de interés turístico y concesiones— de bienes demaniales, por lo que consideró, podían ser anulados en cualquier momento, sin importar los plazos dispuestos al efecto por el ordenamiento jurídico, los cuales, afirma, en el caso de análisis son superados en demasía. Así, acusa vulnerados los principios de seguridad jurídica y legalidad. Adiciona, el tema que originó la demanda de la CGR concuerda con un dictamen emitido por la PGR en 2004. Expone, previo a tal dictamen el MINAE no conocía la necesidad de que en los planes reguladores se emitiera antes la clasificación de PNE. Fue desde ese año, cuando las instituciones estatales competentes, adecuaron sus trámites a dicho requisito. El presente proceso, aduce, se evidenció la Administración desconocía dicha exigencia y no tenía claro su proceder. De ahí, refuta, como es qué se le traslade al administrado la responsabilidad, ante la disparidad de criterios, lo cual en su opinión, afecta la seguridad jurídica (precepto 34 de la CP). Increpa, las personas juzgadoras no reconocieron esa disfunción administrativa, de modo que la totalidad de los planes reguladores del país tendrían que ser anulados, pues, ninguno cuenta con este novedoso requisito, con la consecuente afectación, señala, de la paz social. Por otro lado, manifiesta, sus representadas actuaron de buena fe, por lo que no comprende la condena en costas. Acota, acudió a la Administración, atendió sus exigencias, pero, el Estado según parece, indica, no le detalló las reglas a seguir, por lo que no es más que una víctima de un sistema en exceso burocrático e inseguro. Expresa, sufrió daños y perjuicios merced al aprovechamiento legítimo que hizo de los contratos de concesión (por 30 años) suscritos con la Administración Municipal, lo que reprocha, no fue apreciado por el Tribunal. Reclama, tampoco se tomaron en cuenta los costos de mantenimiento de los inmuebles, ni los planes de desarrollo previstos, lo cual estima, no debe pasar por alto un Estado de Derecho, ya que son sujetos de derechos, los cuales al serles limitados, alega, debieron ser reconocidos.

 VIII.- En cuanto a lo reclamado en el primero de los reproches, referido a que el Tribunal incurrió en una indebida apreciación probatoria. Ello, porque la certificación del PNE de ACOSA del 16 de abril de 2008, se expidió con fundamento en una norma derogada, a saber la directriz R-SINAC-013-2006 del 5 de abril de 2006; con la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo no. 34295 MINAE, es necesario reproducir en lo que interesa lo decidido en la sentencia en lo tocante a que: “Las empresas actoras alegan también que la certificación sobre las áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado en ese sector costero, emitida por el Área de Conservación Osa (ACOSA), y utilizada como insumo en el informe de fiscalización que ahora se cuestiona, fue elaborada con base en una “normativa derogada”, que corresponde a la directriz R-SINAC-013-2006, la cual se dejó sin efecto con la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 34295-MINAE del 29 de enero de 2008, publicado en La Gaceta No. 28 del 8 de febrero de 2008, y que por tanto con base en la norma del Transitorio III de este último, dicha clasificación debe realizarse de nuevo. Lo antes señalado, carece de relevancia técnico-jurídica, puesto que en relación con las áreas de bosque y terrenos de aptitud forestal, los criterios para la determinación en cuanto a las áreas que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, son expresamente establecidos en normas de rango superior. En este sentido, el artículo 3, inciso d) de la Ley Forestal, establece los elementos cuantitativos y cualitativos que debe reunir un área para que sea considerada como bosque. Y el inciso b) de ese mismo artículo, reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo No. 33957 del 5 de setiembre de 2007, publicado en La Gaceta No. 174 del 11 de setiembre del 2007, dispone lo correspondiente respecto a los terrenos de aptitud forestal. Así, tales definiciones establecidas a nivel legal y por ende en grado superior a un Decreto y una Directriz, resultan inherentes a las labores desplegadas por el SINAC a través de las diferentes Áreas de Conservación, con respecto a la clasificación de las áreas que integran el Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, para el ejercicio de sus competencias en este ámbito, los Decretos y Directrices que existen, se encuentran subordinados a la Ley y en ese tanto, no requiere el SINAC recurrir a definiciones o metodologías contemplados en esos instrumentos infralegales, cuando ya la Ley estableció los elementos esenciales que debe presentar una determinada área para ser considerada bosque o terreno de aptitud forestal. De ahí que los cuestionamientos con respecto al fundamento jurídico y contenido de la clasificación emitida en este caso por ACOSA, carezcan de relevancia, puesto que su actuar en este caso, encuentra suficiente sustento en la Ley Forestal. Por la razón señalada, es que a Juicio de esta Cámara, la competencia del SINAC a través de las diferentes Áreas de Conservación para llevar a cabo esa labor de clasificación de los terrenos integrantes del Patrimonio Natural del Estrado, no presenta ninguna variación dentro de las metodologías que citan las empresas actoras. Consecuencia de ello, es que tal y como lo aduce la CGR, "tampoco existen variaciones en los resultados del estudio técnico y delimitación del Patrimonio Natural del Estado, si se aplica la metodología establecida en la directriz R-SINAC-013-2006 o lo que dispone el Decreto Ejecutivo No. 34295-MINAE del 29 de enero de 2008, pues ambos instrumentos están basados en diseños estadísticos de muestreo aleatorio, con una única e invariable finalidad: verificar el cumplimiento de los presupuestos legales, con respecto a las diferentes áreas que integran el PNE, sean bosques, terrenos de aptitud forestal u otros." Por ello, no resulta de relevancia si la referida certificación debió emitirse con fundamento en uno u otro instrumento normativo interno del SINAC, pues lo verdaderamente trascendental es la existencia de un estudio técnico debidamente fundamentado de acuerdo con la Ley, que determina que el Plan Regulador de Punta Dominical involucra áreas que son Patrimonio Natural del Estado. Finalmente, ha de recordarse que dicha clasificación, como bien lo adujeron tanto el Órgano Contralor como la Representación Estatal es un acto de verificación o constatación sobre la existencia de áreas del Patrimonio Natural del Estado en una determinad a zona, pues la afectación de tales terrenos, técnicamente no deriva de la clasificación, sino que la misma se considera de origen legal y de efecto inmediato, a partir de lo establecido en la normativa que la afecta, asignándole su destino como Patrimonio Natural del Estado. (Ver artículos 13, 14, 15 y 16 de la Ley Forestal, en concordancia con los numerales 1, 12 y 73 de la Ley No. 6043). En síntesis, la certificación impugnada tiene respaldo técnico. Afirmación anterior, que se desprende en el expediente administrativo ACOSA-OS02-PNE-018-2008, donde consta la información técnica y el inventario de árboles realizado al hacerse el muestreo de más de 43 parcelas en el sector. En dicho expediente, se explica con detalle el trabajo de campo realizado y se evidencia que los resultados obtenidos coinciden con los parámetros técnicos exigidos por la Ley Forestal para la determinación del Patrimonio Natural del Estado. Conforme hasta lo aquí señalado, esta Cámara concluye que tanto el citado informe de fiscalización emitido por la CGR como la clasificación de las áreas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado emitida por ACOSA con fecha 16 de abril de 2008 -certificación atacada-, no presentan disconformidad sustancial alguna con el ordenamiento jurídico”. (El subrayado es suplido). De igual manera, las personas juzgadoras fallaron: “conforme al artículo 1 de la Ley No. 6043, la ZMT es Patrimonio Nacional, pertenece al Estado, es inalienable e imprescriptible y de acuerdo con los artículos 9 y 10 de ese cuerpo normativo está constituida -entre otras- por la porción litoral que, a partir de la pleamar ordinaria, se extiende a lo ancho de doscientos metros, de los cuales, cincuenta metros son de acceso y uso público (zona pública) y ciento cincuenta metros constituyen zona restringida controlada por el Estado. En el caso de la zona pública, conforme lo establece el artículo 11, ésta también comprende, con independencia de su extensión, la ocupada por los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio natural. Sea, resulta incuestionable a la luz de la referida normativa, que la Zona Marítimo Terrestre no es ni por asomo propiedad municipal. De ahí que, tal y como lo establece el artículo 3 de la referida Ley, es el usufructo y administración de la ZMT, tanto de la zona pública como de la restringida, la que corresponde, en principio, a la municipalidad de la jurisdicción respectiva… Tratándose de la zona pública, el propio legislador dispuso -ordinal 20 LZMT- que la misma no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título, ni en ningún caso y tampoco resulta posible alegar sobre ella derecho alguno, debiendo dedicarse al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. No obstante, ante esa regla general, el mismo legislador creó una excepción en el artículo 21 del citado cuerpo normativo, al establecer que en aquellos casos en los cuales por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, las zonas públicas no puedan aprovecharse para uso público, se autoriza su desarrollo por parte de la Municipalidad respectiva y el ICT, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones… concedida la autorización de aplicación del artículo 21, lo que se abre es la posibilidad de desarrollar la zona pública que tiene las condiciones indicadas por el legislador, desarrollo que bajo ninguna circunstancia puede entenderse avalado o permitido por la autorización misma, pues para ello existe la figura de la concesión que se debe obtener obligatoriamente -cumpliendo los requisitos legales respectivos-, si se pretende llevar a cabo una especie de uso privativo sobre esos terrenos. Así las cosas, claro está que en tesis de principio, para el otorgamiento de la correspondiente autorización para aplicar el régimen de excepción contenido en el citado artículo 21 de la LZMT, el ICT y la Municipalidad respectiva serían las autoridades competentes. No obstante ello, ha de señalarse que las normas de la LZMT, no son las únicas que regulan competencias sobre los sectores costeros, pues el mismo numeral 73 de ese cuerpo normativo, excluye de su ámbito de aplicación, las áreas de la ZMT que constituyen parques nacionales y reservas equivalentes, dentro de las cuales, lógicamente se incluyen todas las áreas silvestres protegidas que contempla (aunque no de manera exhaustiva) el numeral 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, las cuales se rigen por la legislación respectiva. Dicho de otra forma, las áreas de la ZMT que califican como bosques o terrenos forestales, no están sujetas a las citadas disposiciones de la LZMT, por cuanto dichas áreas forman parte del Patrimonio Natural del Estado”. De lo transcrito se constata, el PNE en lo que al asunto de examen concierne está constituido por bosques, áreas de aptitud forestal, zonas rocosas, humedales y manglares. Debido a esto ya, que los terrenos concesionados a las empresas parte del proceso comprenden dicho tipo de áreas, cabe reivindicarlas a favor del Estado. Por otro lado, distinto a lo aducido por la parte recurrente, las personas juzgadoras no incurrieron en el vicio de indebida valoración probatoria. En modo alguno fue que se avaló la clasificación efectuada con base en la mencionada directriz, sobre lo estipulado en el Reglamento no. 34295-MINAE, sino que lo decidido fue que, la utilización de la metodología preceptuada en una u otra de las mencionadas normas resulta intrascendente; primero, dado que existe estipulación de rango superior, sea, legal, donde se determinan los elementos cuantitativos y cualitativos que ha de tener un área para que se considere como bosque [canon 3, inciso d) de la LF], así como lo que constituyen terrenos de aptitud forestal [inciso b) ibid.]. Segundo, la certificación combatida tiene respaldo técnico, lo cual se verifica en el expediente administrativo ACOSA-OS02-PNE-018-2008, donde consta la información técnica y el inventario de árboles realizado al hacerse el muestreo de más de 43 parcelas en el sector de Punta Dominical. En ese instrumento, se expone con detalle el trabajo de campo realizado y se evidencia que los resultados obtenidos coinciden con los parámetros técnicos exigidos por la Ley Forestal para la determinación del PNE. Lo expresado, sin que la casacionista lo combata de modo alguno, ya que no desarrolla las razones fácticas y jurídicas que permitan fallar de modo distinto como se hizo, por lo cual no procede la quiebra de lo resuelto.  Asimismo, de conformidad con lo expuesto, contrario a lo argumentado por la recurrente, la Administración no tenía que replantear lo contenido en la certificación emitida con sustento en la directriz no. R-SINAC-013-2006, puesto que como se apuntó, tuvo su sustento en la LF, al igual que en un estudio técnico contenido en el expediente administrativo ACOSA-OS02-PNE-018-2008. En este punto es importante aludir a lo dispuesto por esta Cámara sobre el concepto del PNE, en cuanto a que: “(…) Conforme al numeral 13 de la Ley Forestal “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio... ”. De esta forma, son tres posibilidades las que brinda la norma, respecto a los bienes que integran dicho patrimonio: a) bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales; b) bosques y terrenos forestales de las áreas declaradas inalienables, y c) bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.” (Al respecto pueden consultarse las sentencias números 1070 de las 9 horas 45 minutos del 3 de setiembre de 2010 y 1088 de las 8 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2011). Fallo no. 314 de 11 horas 45 minutos del 11 de febrero de 2021. En consecuencia, dado que en el proceso se tuvo por demostrado que los terrenos concesionados forman parte del PNE (bosques y terrenos con aptitud forestal), entonces son de dominio público (inalienables). Por ende, pese a estar ubicados en parte de la circunscripción Territorial de la Municipalidad de Osa, su administración le competente al Estado por medio del MINAET (SINAC). Aunado a lo anterior, como lo apuntó el Tribunal, lo cual avala esta Sala: primero, el PNE tiene su regulación y de ahí, vigencia de conformidad con lo regulado en el artículo 13 de la LF, y el concepto de bosque que priva, es el estipulado en el inciso d) del precepto 3 ibid. Esto conlleva la prohibición de incluir en los actos de planificación municipal, terrenos que sean parte del PNE, ya que para estos casos los Ayuntamientos están excluidos de su administración y usufructo. Dicho patrimonio se gobierna por la normativa especial y quien la administra es el MINAET mediante el SINAC, de acuerdo con los cardinales 73 de la Ley no. 6043, 13 de la LF y 32 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), corroborado por la Sala Constitucional en sentencia no. 2008-16975 de 12 de noviembre de 2008. Segundo, de la exégesis de los cánones 13, 14, 15 y 16 de la LF en relación con lo estipulado en los artículos 1, 12 y 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (LZMT), los terrenos constituidos como parques nacionales, las áreas silvestres protegidas, los bosques, y terrenos forestales ubicados en las zonas pública y restringida de la ZMT, su administración y usufructo, tampoco forman parte de las competencias de las Municipalidades, ni del ICT, sino que de las del MINAET por medio del SINAC (preceptos 13, párrafo segundo de la LF y 22 de la Ley de Biodiversidad). Consecuencia de esto, corresponde al SINAC la categorización de las áreas del PNE, lo que se constituye en requisito previo para la aplicación del cardinal 21 de la LZMT, —elaboración de planes reguladores y otorgamiento de concesiones con el propósito de ser explotadas turísticamente—. Por último, en lo concerniente a que el testigo ofrecido por la CGR, —funcionario del MINAET, ACOSA—, al ser preguntado por su abogado, manifestó, que para realizar una clasificación como la del PNE, podía usarse cualquier metodología, sin que fuera necesario aplicar la del Reglamento vigente. No conlleva ningún quebranto al ordenamiento jurídico, tampoco infringe los postulados propios de un Estado de Derecho en lo referido a la seguridad jurídica. Ello ya que según se ha venido exponiendo la vigencia de una norma reglamentaria no es de obligada aplicación administrativa, cuando existe norma legal que norma el aspecto regulado en tal Reglamento, y la Administración al hacer la calificación del PNE se basó en los parámetros técnicos legales (jerarquía normativa). Fue en dicho contexto, que el testigo contestó a la pregunta formulada por la representación de la actora. Consecuentemente, tal como lo expresaron las personas juzgadoras, en el tanto existe una ley que fija los parámetros técnicos para clasificar el PNE, los cuales fueron seguidos por el SINAC, entonces resulta vano debatir si se aplicó la directriz derogada o el reglamento vigente. Lo expresado, porque la ley está sobre este último. En consecuencia, para este Órgano decisor tampoco se configuró la conculcación al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (artículo 13 de la LGAP).

 IX.- En lo que concierne a lo objetado en el segundo reparo, sobre a que debe acogerse la caducidad interpuesta, es necesario reproducir en lo que interesa, lo fallado por el Tribunal: “…fue hasta en la contrademanda que la CGR esgrimió las pretensiones a las que prematuramente las sociedades actoras, opusieron una especie de defensa de caducidad en su mismo escrito de demanda. Conforme a lo anterior, sería en razón de la contrademanda incoada por la CGR, que tendría sentido discutir el tema de la caducidad, la cual en todo caso deviene en inaplicable en casos como este, en los que estamos frente a conductas administrativas relacionadas con la administración y manejo de bienes de dominio público, como son los terrenos que forman parte de la zona marítimo-terrestre y Patrimonio Natural del Estado. En esta línea, ha de recordarse que el ordinal 1 de la Ley No. 6043, claramente dispone que: “la zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible”. A su vez, el numeral 14 de la Ley No. 7575, establece: “Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible”. (La negrita es propia). Así las cosas, esos bienes, en virtud de esa inalienabilidad, aún y cuando hubieren sido otorgados en concesión a sujetos particulares, en modo alguno salen del dominio público, pues continuarán siendo propiedad del Estado y la acción reivindicatoria sobre los mismos no está sujeta a plazos, ni de caducidad, ni de prescripción. Esa es precisamente la doctrina que recogió el ordinal 34.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto dispone básicamente lo mismo que las Leyes 6043 y 7575, al señalar que la lesividad referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo… La competencia del MINAET para administrar el Patrimonio Natural del Estado, no está sujeta a vencimiento y el dominio público no requiere ejercicio de posesión por cuanto es imprescriptible y dimana directamente de la ley. (Artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal); v) Como el SINAC tiene competencia para calificar el Patrimonio Natural del Estado, no es cierto que la actuación del MINAET y del Órgano Contralor amparada a esa calificación, estén viciados de nulidad absoluta. (Ley de Biodiversidad, artículos 22 y 28 así como Ley Forestal, artículo 15); vi) Las actuaciones del Órgano Contralor contra el plan regulador y las concesiones otorgadas, en el tanto están vinculados con demanio público y el Patrimonio Natural del Estado, no están sujetas a plazos de caducidad… Los vicios de nulidad absoluta de los que adolece el Plan Regulador y las concesiones otorgadas a las empresas privadas aquí mencionadas no se sanean por el transcurso del tiempo. (Art. 172 LGAP)”. De lo transcrito es claro, las personas juzgadoras estimaron los bienes objeto de debate son parte integrante del PNE por lo que son demaniales, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Asimismo, que la posesión por particulares no les otorga derecho alguno a su favor y que la acción reivindicatoria del Estado resulta imprescriptible, no sujeta tampoco a plazos de caducidad. De ahí, refirieron, el precepto 34.2 del CPCA recogió dicha doctrina, así como que debido a los vicios de nulidad absoluta soportados por el Plan Regulador y las concesiones concedidas no pueden ser saneados con el paso del tiempo. Es claro, distinto a lo argumentado por la parte actora, en el caso de análisis la CGR no debía recurrir al proceso de lesividad, sino al ejercicio de la acción reivindicatoria, por tratarse de bienes de dominio público, y ya que los actos cuya nulidad absoluta pidió declarar no fueron dictados por ella, sino por los codemandados ICT, INVU y Municipalidad de Osa. Así, la recurrente yerra al estimar que, la única vía para tutelar bienes demaniales es la del proceso de lesividad (que en todo caso no está sujeta a plazo), pues ello aplica únicamente cuando es un acto de la propia administración demandante el que se pretende anular. Por otro lado, en el cardinal 15 de la LF se encuentran incluidos, como principios constitucionales rectores, el criterio protector contra el detrimento de los recursos naturales, y el de manejo razonado de la tierra, que sujetan a los poderes públicos dentro de sus competencias. Por consiguiente, es correcto considerar que la LF proporciona naturaleza demanial a los bosques y terrenos forestales de los entes estatales. Esa categoría imposibilita que sean permutados, cedidos o enajenados de cualquier forma, terrenos de su propiedad o dentro de su administración (canon 15 ibídem). Por ello, toda clase de disposición debe contar con el visto bueno de la Administración Forestal del Estado (MINAET-SINAC). En igual sentido, el artículo primero de la LF establece que debido al interés público que conlleva la protección del ambiente, es prohibida la tala o la explotación de los bosques en los parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. Así es evidente, tal estipulación

prohíbe el aprovechamiento de los bosques en tales áreas. De lo expresado se denota, que cuenta con el derecho irrestricto de proteger y de ser necesario recuperar, —como parte del dominio público—, entre otros, los bosques, terrenos con aptitud forestal, manglares. Consecuente con lo que se viene exponiendo, resulta de vital importancia lo estatuido en el precepto 14 de la LF: “Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”. Tal norma permite clarificar el tema de estudio, pues de forma precisa y concreta regula que el derecho de accionar del Estado es “imprescriptible”, sea que no corre ningún plazo cuando del ejercicio de la acción reivindicatoria se refiere. En consecuencia, se extrae, no caduca ni prescribe el derecho de accionar cuando se trata de la recuperación del demanio público, tal y como lo decidió el Tribunal. De ahí, contrario a lo argüido por la casacionista, el ordenamiento jurídico no solo dispone sobre la imprescriptibilidad del ejercicio de la potestad pública (derecho) para reivindicar bienes demaniales, sino también, en cuanto a la no caducidad de la acción reivindicatoria. Por ello, procede desestimar el agravio.

Recurso de casación del Instituto Costarricense de Turismo

 X.- Único: reproduce los hechos probados 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 13), 15), 1), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 32), 34), 36), 37), 51), 54), 55), 63), 64), 68), 70), 71), 73), 79) , 84), 86), 87), 88), 90), 91), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100), 102), 112), 122), 123), 135), 140), 143), 144), 145), 146), 147), 148), 149), 150), 151), 152), 154) y 161), los cuales indica, resultan concernientes a él y con fundamento en los cuales el Tribunal determinó que debe realizar una serie de conductas administrativas, según lo expresó en la parte dispositiva de la sentencia. Acusa, las personas juzgadoras efectuaron un análisis contrario a derecho e hicieron una indebida valoración de la prueba. De seguido, transcribe parte de lo decidido por el Tribunal, donde mandó anular varios actos dictados por el ICT. No obstante, apunta, desde la audiencia complementaria hizo patente ya los había anulado. Expone, desde el 15 de abril de 2013, aportó el oficio no. SA-028-2013 donde se certificó el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto no. SJD-129-2013, donde se aprobó la conciliación en el presente proceso y autorizó a presentar su aprobación por parte del ICT, —del que aporta copia—. Además, reproduce el acuerdo de la Junta Directiva en dicho sentido. Se cuestiona ¿Por qué se resolvió anular conductas ya anuladas? Reprocha, entre los hechos probados se debió haber hecho constar que el ICT ya había anulado las conductas objeto de litigio. Asimismo, refuta, de conformidad con lo pedido por la CGR, no se le debió condenar al pago de las costas, debido a que el ente contralor se mostró conforme. Manifiesta, se quebrantan los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. El canon 49 de la Constitución Política, indica, se aplicó indebidamente, pues las conductas son inexistentes. Por otro lado, estima, el principio de seguridad jurídica se conculca al incluirse interpretaciones antojadizas, sin apego jurídico, ya que debió considerarse, al continuar el proceso se afectó la competencia del ICT. La cual, afirma, se infringe, dado que a la Administración no se le aplicó el mismo criterio.

 XI.- En el presente motivo el ICT en esencia reprocha, el Tribunal ocurrió en una incorrecta apreciación de la prueba, dado que manifiesta, mediante acto no. SA-028-2013 se certificó el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto no. SJD-129-2013, donde se aprobó la conciliación en este proceso. Continúa, el Tribunal dispuso el Instituto debía anular varios actos dictados, pese reprocha, que desde la audiencia complementaria externó ya los había anulado. Para resolver esta inconformidad es necesario observar lo dispuesto por esta Cámara en la sentencia no. 740 de 9 horas 40 minutos del 7 de julio de 2016, donde se conoció el recurso de casación contra el acuerdo conciliatorio suscrito por algunas de las partes que intervienen en el presente asunto. Primero, se expresó: “En la etapa procesal correspondiente la CGR, el Estado, el SINAC, el INVU y el ICT, llegaron a un acuerdo conciliatorio, que fue homologado por el juez conciliador, conforme al cual, en lo de interés, el ICT y el INVU anulan parcialmente los actos y actuaciones propias que aprobaron el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Dominical y todos sus actos y actuaciones conexas y consecuentes, así como sus respectivas modificaciones. También anulan parcialmente los actos y actuaciones propias del INVU y del ICT que aprobaron la modificación al Plan Regulador de Punta Dominical que incluye el cambio de uso del suelo para aplicar el artículo 21 de la Ley 6043 al área de Punta Dominical, en el sector donde está el restaurante y cabinas “La Parcela”, así como las conductas administrativas, actos y actuaciones conexas y consecuentes. El ICT anula todos los actos y actuaciones administrativas conexas propias sobre la aplicación del artículo 21 de la Ley 6043 en la zona pública de Punta Dominical, en el sector donde se localizan el restaurante y cabinas “La Parcela”, y por ende, anula los actos y actuaciones conexas y consecuentes. El ICT y el INVU reconocen que los terrenos de la zona pública de Punta Dominical donde se ubica el restaurante y cabinas “La Parcela” son en su totalidad Patrimonio Natural del Estado. El ICT anula todos los actos y actuaciones administrativas propias que aprobaron las concesiones otorgadas a Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A. y Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., cuyos terrenos están en la zona restringida de la zona marítimo terrestre de Punta Dominical. El ICT y el INVU reconocen que los terrenos ubicados en la zona restringida de Punta Dominical constituyen patrimonio natural del Estado. El ICT y el INVU manifiestan su conformidad con la pretensión de la contrademanda formulada por la CGR para la cancelación de los asientos de inscripción en el Registro Nacional de las concesiones de las contrademandadas. La CGR desistió de todas las pretensiones formuladas en su contrademanda contra el ICT y el INVU, incluida la relativa al cobro de daños y perjuicios, por lo que acordaron dar por terminado este proceso respecto de esas instituciones contrademandadas, sin especial condenatoria en costas. No encontrándose satisfechas con la homologación del acuerdo conciliatorio, las actoras y la Municipalidad contrademandada, quienes no concurrieron al acuerdo conciliatorio parcial, formularon recurso ante la Sala”. De lo reproducido, queda claro, el acuerdo conciliatorio fue parcial y no formaron parte de él, las codemandantes ni la Municipalidad de Osa, quienes interpusieron recurso de casación, donde en lo que interesa se decidió: “La síntesis de los recursos permite colegir que comparten dos ejes: la Municipalidad no mostró su conformidad en acordar la nulidad de una parte del Plan Regulador, lo que hace inviable esa nulidad y, por otra parte, lo conciliado afecta los derechos de los actores, lo que invalida la conciliación. Los límites establecidos respecto a la conciliación, a tenor de lo dispuesto por el artículo 76 del Código Procesal Contencioso Administrativo, radican en que lo conciliado no contravenga el ordenamiento jurídico, ni lesione el interés público. La nulidad parcial dispuesta por las instituciones que conciliaron, en criterio de la Sala, lesiona derechos de los particulares, y en consecuencia, contraviene el ordenamiento jurídico, por las razones que se dirán. Está fuera de cuestión que si la Administración determina que en un procedimiento complejo, como la aprobación de un Plan Regulador, incurrió en ilegalidad, habrá de enmendar el yerro a través de los cauces legales establecidos. Así, verbigracia, si una zona se incorporó en un área de un Plan Regulador, pero forma parte del demanio público, y ello no se advirtió adecuadamente, deben aplicarse los instrumentos y vías correctivas a fin de restablecer la legalidad quebrantada. No obstante, este litigio tiene un matiz que no podía perderse de vista al valorar si procedía homologar -o no- la conciliación. Al amparo de ese Plan Regulador, fueron otorgadas concesiones a particulares, y es justo en tal condición que en el presente litigio la parte actora reclama el impedimento para materializar el ejercicio de su derecho. La nulidad acordada en vía de conciliación, por casi la totalidad de agentes que concurrieron en la aprobación del Plan Regulador, produciría el efecto de que el derecho cuya tutela reclaman los concesionarios, quedaría invalidado, y sus pretensiones carentes de sustento jurídico. Tomando en consideración que no concurrieron en aceptar lo conciliado, ni se siguió el cauce legal establecido para suprimir su derecho subjetivo, se le provoca indefensión, lo que inhibe la posibilidad de homologar los términos negociados, pues hacerlo supondría una lesión al ordenamiento jurídico, en los términos dispuestos por el artículo 76 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Como consecuencia de lo dicho, debe acogerse el recurso por razones procesales. En vista de que el acogimiento de los recursos invalida la sentencia homologatoria de una conciliación, por economía procesal, en lugar de proceder al reenvío para la emisión de un nuevo criterio en torno a la conciliación, cuya validez, por los términos acordados, ya ha sido descartada en este pronunciamiento, en aplicación del principio constitucional de justicia pronta y cumplida, ha de disponerse la nulidad de la sentencia recurrida, por razones procesales, en tanto provoca indefensión. Además, este pronunciamiento produce como efecto reflejo, el rechazo de la homologación del acuerdo conciliatorio. Como corolario de ello, habrán de volver los autos al despacho de origen, para que se continúen los procedimientos”. De conformidad con lo transcrito, la anulación de los actos del ICT se hizo en el marco de lo mencionada conciliación, la cual fue anulada y se reenvió el expediente al Despacho de origen para que continuara con el proceso. El recurso de casación contra la sentencia que homologó el citado acuerdo conciliatorio se acogió, por lesionar derechos de los particulares y provocarles indefensión. Pero, este Órgano decisor también hizo patente, cuando la Administración se percata que en la aprobación de un plan regulador incurrió en algún tipo de ilegalidad, con el propósito de corregirlo deberá hacerlo mediante las vías legales estipuladas. Por ende, si como en la especie, un área de dominio público fue incorporada en un plan regulador, y en principio se pasó por alto, deberá actuar los medios correctivos que el ordenamiento jurídico dispone para lograr restituir la legalidad conculcada. En otras palabras, no resulta posible que la Administración, de mutuo propio, sin seguir las vías legales debidas anule sus actos, cuando estos otorgan derechos a particulares. Consecuentemente, es claro, las personas juzgadoras no incurrieron en una indebida valoración del oficio no. oficio no. SA-028-2013, ya que la conciliación ahí aprobada fue anulada por esta Sala (fue descartada su validez), entre otras cosas porque la nulidad de actos del ICT, conllevaría que el derecho reclamado por las co-accionantes sería invalidado, con lo cual sus pretensiones quedarían sin base jurídica. Ello, no solo debido a que no formaron parte de la conciliación, sino de igual forma porque no se siguió la vía correspondiente para suprimir sus derechos subjetivos. Por consiguiente, no cabía tener entre los hechos probados el ICT anuló los citados actos. Corolario de lo anterior, no lleva razón en lo tocante a que se le debió eximir de las costas debido a que la CGR mostró su conformidad, debido a que una vez más hace referencia a parte de lo contenido en el acuerdo conciliatorio que fue anulado por esta Cámara. Así, lo procedente es rechazar el agravio.

Recurso de casación de la Municipalidad de Osa

 XII.-Único: acusa el Tribunal no mencionó, ni valoró, ni expuso razón alguna por la cual no tomó en cuenta el testimonio de don Diego Arias Morales. De ahí, no tuvo ningún hecho probado con sustento en su declaración, aunque el testimonio lo admitió como prueba para mejor resolver. Explica, el señor Arias Morales fue interrogado ampliamente, por ella, la contrademandante y las personas juzgadoras. Refuta, lo expresado, pese a que el testigo ha detectado inconsistencias a nivel técnico en las certificaciones del Patrimonio Natural del Estado (PNE), en el área objeto del proceso. Explica, en lo tocante a las áreas boscosas de los polígonos, y por la dificultad experimentada por el SINAC o el Área de Conservación de Osa para que atiendan las solicitudes de revisión de sectores objetados por el Municipio, sobre las zonas clasificadas como bosque, por no cumplir con la definición de la Ley Forestal. Adiciona, dicho testigo además estableció con precisión algunos detalles en lo concerniente a las modificaciones dadas en las áreas clasificadas como humedales, o las que no tienen alguno de los requisitos para considerarse como bosque o terrenos de aptitud forestal. Consecuentemente, apunta, se prescindió arbitrariamente de su testimonio. Igualmente, asevera, sucede con el testigo perito ofrecido por la parte actora, Ing. Leonardo Rojas Quesada, lo que en su criterio, evidencia, sin ninguna razón valedera se prescindió de buena parte de tal probanza, y centró su examen en lo externado por el experto ofrecido por la CGR, lo que arguye, implica una indebida valoración de esta última prueba, con exclusión de las restantes.

 XIII.- De lo objetado en el motivo de examen, se observa, la impugnante alega error de derecho en la apreciación probatoria. Aunque de lo argumentado se desprende que los elementos que aduce mal valorados y/o dejados de apreciar, son los testimonios del señor Diego Arias Morales (su testigo), el Ing. Leonardo Rojas Morales (ofrecido por la parte demandante) y el del experto propuesto por la CGR. No obstante, omite citar el derecho de fondo que resultaría vulnerado de modo indirecto debido al yerro de derecho que acusa, lo cual de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 139 del CPCA le resulta obligado. Así, prescinde por completo explicar de qué manera habría ocurrido quebrantado normativo alguno. La falta de mención de las regulaciones eventualmente conculcadas y por ende de la exposición de la forma cómo se verificó su violación conlleva a que no se pueda tener por cumplida la motivación el agravio razón por la cual este Órgano decisor no puede ingresar a su análisis. Ha de hacerse notar, lo recriminado por la casacionista atiende a una indebida valoración de elementos de convicción, según se dijo, por lo que de conformarse, configuraría un vicio por razones de fondo por un yerro de derecho. Ello, pues, lo intentado, es establecer extremos que en su opinión, debieron ser tenidos como acreditados en el proceso, pero no fueron apreciados de manera correcta o porque se les brindó mayor credibilidad a otros de igual naturaleza. Se insiste, dejó de indicar las estipulaciones sustantivas y el cómo se quebrantaron. De ahí, lo desarrollado no es más que la simple referencia expositiva, sin que explique el modo en la que, de acuerdo con lo preceptuado en el cardinal 139 apartado 3 citado, la sentencia atacada infringe el ordenamiento jurídico. Aunado a las falencias descritas, tampoco expresa de forma diáfana y concreta cómo lo argüido contribuye a variar lo fallado, reafirmándose lo dicho en cuanto a que el reproche es meramente expositivo, sin que conduzca a la quiebra de lo resuelto. Consecuentemente, resulta indudable que se ha omitido recurrir de modo sistemático y específico las bases del fallo impugnado con otras razones jurídicas y no con meras y genéricas disconformidades de criterio. De ahí, tales reclamos no son suficientes para acceder a la revisión de la sentencia controvertida, debido con lo cual se desestimar el cargo. Abundando en razones dado que se está frente a probanzas de igual naturaleza (testigo-perito), las personas juzgadoras no cometen ningún yerro si le otorgan mayor valor a una en lugar de la otra u otras, esto dado que constituye el simple ejercicio de una facultad discrecional, concedida por la ley en la apreciación de la prueba de conformidad con el principio de la sana crítica. En el caso de estudio, el Tribunal actuó de acuerdo con lo regulado en el artículo 82.4 del CPCA, al valorar las declaraciones de los testigos-peritos, por lo que no cometió vulneración normativa alguna.

 XIV.- En mérito de las razones expuestas, se impone el rechazo de los recursos interpuestos, con sus costas a cargo de quienes los formularon (artículo 150 inciso 3 del CPCA).

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos formulados. Son las costas a cargo de los promoventes.  HBRENES

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Ana Isabel Vargas Vargas




Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	

 

	

Germán Jesús Serrano García

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:40:10.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at ten hours and zero minutes on the eighth of June, two thousand twenty-three.

**Ordinary Administrative Litigation Proceeding**, established in the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, Fourth Section, composed of Judge Judith Reyes Castillo, and Judges Elías Baltodano Gómez, and José Iván Salas Leitón, by EMPRESA HOTELERA DOMINICAL S.A., legal identification number 3-101-048163 and PUNTA DOMINICAL S.A., legal identification number 3-101-024072, represented by their special judicial attorney-in-fact, Licenciado Donald Picado Angulo, bar number 9603, against the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by its special judicial attorneys-in-fact Licda. Daysi María Carvajal Gutiérrez, bar number 23822 and Lic. Jesús González Hidalgo, bar number 11240; the ESTADO, represented by the Procuradora Susana Fallas Cubero, bar number 9669 and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its special judicial attorney-in-fact Licda. Maureen Ivonne Solís Retana, bar number 16239. Appearing as counter-defendants sued by the Contraloría General de la República are the INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIVIENDA Y URBANISMO, represented by its special judicial attorney-in-fact Licda. Graciela Cavada Azofeifa, bar number 16539; the INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, represented by its special judicial attorneys-in-fact, Lic. Jimmy Álvarez García, bar number 13134 and Licda. Cindy Giovanna Campos Obaldía, bar number 7358, the MUNICIPALIDAD DE OSA, represented by its special judicial attorney-in-fact Lic. Rafael Guillermo Hernández Trigueros, bar number 7571 and DIECIOCHO VEINTIUNO S.A., legal identification number 3-101-154599, represented by its special judicial attorney-in-fact, Donald Picado Angulo, bar number 9603.

Drafted by Judge Rivas Loáiciga
**Considering**

**I.-** The Court deemed the following facts to be proven. On September 9, 1970, in session no. 1917, article 15, the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo (ICT), agreed to declare a tourism zone for the sector called “Playa Dominical,” located in the canton of Osa, province of Puntarenas, which borders to the north at the point on the Lambert Costa Rica Sur Grid latitude 3/56.3, longitude 4/77.6, up to the point latitude 3.52.75, longitude 4.80.2. On October 6, 1970, the declaration as a tourism zone for the sector called “Playa Dominical,” as indicated above, was published in the Official Gazette La Gaceta no. 223. On September 2, 1974, in extraordinary session no. 2497, the Board of Directors of the ICT agreed to rectify the location indicated in the declaration of tourist interest for “Playa Dominical,” so that it would read as follows: latitude 3/56.3, longitude 4/77.6, up to the point latitude 3/51.8 and longitude 4/83.0. The cited rectification of the declaration of tourist interest, agreed upon by the Board of Directors of the ICT, was not published in the Official Gazette La Gaceta, therefore it was not formalized. On February 27, 1990, in session no. 4040, article 2, subsection I), the Board of Directors of the ICT agreed to approve the studies carried out by the Department of Tourism Resources, by means of which it was decided to declare the cliff sector between Punta Dominical and Roca Escaleras as non-touristic, in the district of Cortés, canton Osa, province of Puntarenas, located between the Lambert grid coordinates 480.60E ±352.80N and 483.60E ± 351.73N. On March 14, 1991, in the Official Gazette La Gaceta No. 52, the notice from the Instituto Geográfico Nacional (IGN) was published, indicating that said entity proceeded to demarcate the public zone of the coastal sector from Playa Dominicalito to Roca Escalera, coordinates: 351550N-482600E and 354500N-480050E and continuation Playa Dominical, coordinates: 355600N-478600E and 355850NN-478150E, an area situated in the district Cortés, canton Osa, province of Puntarenas. On February 24, 1994, Empresa Hotelera Dominical S.A. filed an application with the ICT for the application of article 21 of Law no. 6043, for the purpose of being authorized to maintain the operation and future expansion of the tourist facilities under the administration of that company, located in the public zone of the maritime-terrestrial zone of Punta Dominical, canton Osa, province of Puntarenas, where the restaurant and cabins called “La Parcela del Descanso” are located. On December 1, 1994, in the Official Gazette La Gaceta No. 229, the agreement reached by the Board of Directors of the ICT, session no. 4040, article 2, subsection I), was published, which ordered the approval of the studies carried out by the Department of Tourism Resources, by means of which it was agreed to declare the cliff sector between Punta Dominical and Roca Escaleras as non-touristic, in the district of Cortés, canton Osa, province of Puntarenas, located between the Lambert grid coordinates 480.60E ±352.80N and 483.60E ± 351.73N. On December 14, 1994, Mr. Adolfo Grant Umaña, in his capacity as attorney-in-fact for the company Empresa Hotelera Dominical S.A., filed an application with the Municipalidad de Osa for the granting of a concession (concesión) for a plot situated in the maritime-terrestrial zone, located in Dominical, Osa, Puntarenas, with boundaries: north: Punta Dominical S.A., south: Pacific Ocean, east: Punta Dominical S.A., west: Pacific Ocean, with a total area of 11 hectares, 861.45 square meters, without constructions. On December 14, 1994, the company Dieciocho Veintiuno S.A. filed an application with the Municipalidad de Osa for the granting of a concession (concesión) for a plot situated in the maritime-terrestrial zone, located in Cambutal, Osa, Puntarenas, with boundaries: north: Punta Achiote S.A., south: Inalienable zone of the 50 meters, east: Eduardo Montes Carranza, west: Punta Dominical S.A., with an area of 11 hectares, 763.97 square meters, without constructions. On February 14, 1995, through memorandum no. CZM-071-95, the Maritime-Terrestrial Zone Commission communicated to Mr. Eduardo Blando H., Manager of the ICT, its opinion regarding the application for the application of article 21 of Law 6043, use of the public zone, submitted by Adolfo Grant Umaña, President of the company called Empresa Hotelera Dominical S.A., concerning the site located in Punta Dominical, canton Osa, province of Puntarenas. In this regard, the cited Commission concluded that: “THE GRANTING OF USE OF THE PUBLIC ZONE IS NOT FEASIBLE (application of article 21 Law 6043) since this would mean the legalization of irregular situations and violations of Law 6043 and, most importantly, it would restrict a sector that, due to its location and natural conditions, can be used for the use and enjoyment of all tourists who visit the place.” Likewise, said report indicated that at the site: “…there is direct discharge of rainwater and wastewater (aguas servidas) into the public zone, thereby causing erosion and contamination to said zone and consequently altering the ecological balance of the place.” On March 10, 1995, an official from the Municipalidad de Osa inspected the land requested in concession by Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., indicating that it presented scrubland (tacotales) and forest (bosque). On March 13, 1995, in session no. 4539, article 5, subsection XIII, the Board of Directors of the ICT agreed to heed the recommendations of the Maritime-Terrestrial Zone Commission, according to official letter no. CZM-071-95 and to deny the application for the application of article 21 regarding the use of the public zone, submitted by Empresa Hotelera Dominical S.A., concerning the site located in Punta Dominical, canton Osa, province of Puntarenas. The foregoing, based on the same reasons given in the cited recommendation issued by the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the ICT, a decision which was notified to the applicant on March 29, 1995. Dissatisfied with the resolution, on May 9, 1995, the applicant filed a motion to revoke (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio) before the Board of Directors of the ICT. On September 18, 1995, in ordinary session no. 4589, article 5, subsection XI, the Board of Directors of the ICT agreed to heed the recommendations of the Legal Directorate, according to official letter No. DL-801-95, concerning the motion to revoke and subsidiary appeal filed by Empresa Hotelera Dominical S.A., in the sense of requesting the Internal Maritime-Terrestrial Zone Commission to review the technical criteria, so that the feasibility of such authorization could be definitively determined. On December 4, 1995, through official letter no. CMZ-429-95, the Maritime-Terrestrial Zone Commission, in compliance with the aforementioned agreement, communicated to the management of said Institute its decision to maintain the criteria expressed in official letter CZM-071-95, regarding recommending the non-application of article 21 of the Maritime-Terrestrial Zone Law in the application filed by Empresa Hotelera Dominical S.A. On December 11, 1995, in session no. 4610, article 5, subsection VIII, the Board of Directors of the ICT agreed to heed the recommendations of the Internal Maritime-Terrestrial Zone Commission, according to official letter CZM-429-95, in which the criteria expressed in official letter CZM-071-95 were maintained, regarding the recommendation of the non-application of article 21 of Law no. 6043, requested by the company called Empresa Hotelera Dominical S.A. On October 28, 1996, in ordinary session no. 4680, article 5, subsection XI, the Board of Directors of the ICT agreed to heed the recommendations of the Internal Maritime-Terrestrial Zone Commission, according to official letter no. CZM-376-96 and to approve the Regulatory Plan for the Tourist Coastal Sector of Punta Dominical, in the district Bahía Ballena, canton Osa, province of Puntarenas, which comprised the area between the IGN boundary markers (mojones) from no. 1 to boundary marker no. 85, in consecutive order. On July 6, 2000, Mr. Jurgen Nanne Koberg, acting as general attorney-in-fact for Empresa Hotelera Dominical S.A., through a written communication addressed to Mr. Walter Niehaus, Minister of Tourism at that time, requested authorization for the application of the regime contemplated in article 21 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, for a sector of the public zone of Playa Dominicalito, canton of Osa, province of Puntarenas, where—according to him—a cabin and restaurant business was located. On July 10, 2000, the Chief of Staff of the Executive Presidency of the ICT referred the submitted documentation to the Department of Maritime-Terrestrial Zone. On July 24, 2000, through official letter no. PU-C-PT-162-2000, the Dirección de Urbanismo of the INVU communicated to the Municipal Council of Osa the approval of the proposed Regulatory Plan for Punta Dominical, located in the district Bahía Ballena, canton Osa, province of Puntarenas, in the sector comprised between boundary markers 21 to the east to 85 to the west, Lambert coordinates 480.200 ± 354.200 and 481.700 ±352.300. On July 31, 2000, through official letter no. CZM-344-2000, the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the ICT communicated to the Management of that Institute its opinion regarding the request made by Empresa Hotelera Dominical S.A., where it concluded that the appropriate course of action was to reject the aforementioned request. On November 13, 2000, through official letter no. 1034-00, the Legal Directorate of the ICT issued its opinion, in response to what was requested by the Board of Directors through official letter no. SJD-1001-2000, where the opinion issued by the Internal Maritime-Terrestrial Zone Commission regarding the application submitted by Empresa Hotelera Dominical S.A. was forwarded for analysis. Regarding this matter, the Legal Directorate noted that through official letter no. DL-400-97, the application of the cited article 21 of Law No. 6043 was analyzed, stating at that time that said rule intended to differentiate those sections of the maritime-terrestrial zone whose public use and enjoyment is clear and safe, such as the beaches themselves, from those zones that topographically, due to the ruggedness of the terrain, have very limited or unsafe public use. Therefore, they consider that the fact that the Law establishes that such zones cannot be used for public use does not mean that they are devoid of all access by public sites and that they do not have traversable zones, since precisely those two conditions may be present, for otherwise, what sense would the final provision of the cited article 21 have then? Consequently, the referred Legal Directorate recommended to the Board of Directors of the ICT that, should that legal criterion be accepted, the technical criteria established on this point should conform to that interpretation, and should refer to determining in which cases the geographical configuration, topography, and special conditions prevent the public use of such zones. Likewise, that Legal Directorate indicated that through agreement SJD-938-97, subsection e), the Board of Directors of the ICT decided to establish the interpretation of article 21 of Law no. 6043 as institutional policy, in accordance with what was established in official letter no. DL-400-97. Therefore, the referred Legal Directorate of the ICT recommended that in the specific case, the analysis by the Maritime-Terrestrial Zone Commission should be carried out following the institutional interpretation of the application of the referred article, given by the Board of Directors of the ICT through the reference agreement, which—in the opinion of that Legal Directorate—did not limit the Commission from establishing its own distinct criterion and technical recommendation if it held a different opinion from the one indicated therein. On November 20, 2000, in session no. 5070, article 5, subsection IV, the Board of Directors of the ICT agreed to heed the recommendation of the Legal Directorate, according to official letter no. DL-1034-00, so that within the terms of official letter DL-400-97, accepted by the Board of Directors as the institutional interpretation of article 21 of Law no. 6043, according to agreement SJD-938-97, the Maritime-Terrestrial Zone Commission be instructed to issue the corresponding opinion, regarding the application for the application of article 21 of Law No. 6043, by Empresa Hotelera Dominical S.A. On January 3, 2001, through memorandum no. CZM-002-2001, the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the ICT communicated to the Management of that Institute its technical opinion regarding the possible application of article 21 of Law no. 6043 on the maritime-terrestrial zone, for the authorization of use on the public zone lands, requested by Empresa Hotelera Dominical S.A. In this regard, the cited Commission once again recommended rejecting such request. On January 22, 2001, in the Official Gazette La Gaceta no. 15, the Zoning Regulations of the Regulatory Plan of Punta Dominical were published, corresponding to the coastal sector comprised between boundary markers no. 1 and no. 85 in consecutive order, as well as Sheets 21 and 22, relating to the Land Use and Road Plans, respectively. On February 5, 2001, in ordinary session no. 5082, article 2, subsection I), the Board of Directors of the ICT, through a firm agreement, agreed to approve in principle the application for the application of article 21 from Empresa Hotelera Dominical S.A. and to instruct the Internal Maritime-Terrestrial Zone Commission to present to said Board of Directors, at the next session, the proposal for the technical conditions necessary for the approval of said application. On February 5, 2001, in ordinary session no. 5082, article 5, subsection XI, the Board of Directors of the ICT agreed to accept the recommendations of official letter no. CZM-036-2001 and to approve the final version of the Regulatory Plan of the Tourist Coastal Sector of Punta Dominical, according to the publication made in the Official Gazette La Gaceta no. 15 of January 22, 2001. For the purposes of the agreement adopted by the Board of Directors of the ICT, approved in ordinary session no. 5082, article 2, subsection I), held on February 5, 2001, where it was decided to approve the application for the application of article 21 of Empresa Hotelera Dominical S.A. and to instruct the Internal Maritime-Terrestrial Zone Commission to present to said Board of Directors, at the next session, the proposal for the technical conditions necessary for the approval of said application, that collegiate body did not have any prior favorable technical opinion for the approval of the referred application filed by Empresa Hotelera Dominical S.A., nor did it have technical opinions that refuted the recommendations for rejection of that application, issued by the Maritime-Terrestrial Zone Commission of that Institute, through memorandum no. CZM-071-95 of February 14, 1995, official letter no. CMZ-429-95 of December 4, 1995, official letter no. CZM-344-2000 of July 31, 2000, and memorandum no. CZM-002-2001 of January 3, 2001. On February 14, 2001, through official letter no. CZM-063-2001, the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the ICT addressed the Management of that Institution, referring to the agreement adopted by the Board of Directors in ordinary session no. 5082, article 2, subsection I), held on February 5, 2001, and indicated that said Commission had previously rejected the request made by Empresa Hotelera Dominical S.A., based on technical and legal reasoning that prevents such granting, as the conditions stipulated in the referred article 21 were not met—in its judgment. In the same vein, it mentioned the pronouncement of the Procuraduría General de la República, opinion no. C-026-2001 of February 7, 2001, which—in said Commission’s opinion—carried out a thorough analysis of what is established in the cited article 21 of Law no. 6043, confirming what was established by that Commission, mainly regarding access. Likewise, by virtue of the foregoing, the Commission requested Management to clarify the scope of the cited agreement issued by the Board of Directors, given that—in its opinion—the technical criteria expressed objectively in previous notes could not be adjusted to what was agreed upon by the members of the Board of Directors of the ICT. On July 2, 2001, Mr. Jürgen Gustav Nanne Koberg, acting as attorney-in-fact for Empresa Hotelera Dominical S.A., requested the Board of Directors of the ICT to proceed to forward the file for the application of article 21 of Law No. 6043 to the Department of Development (Departamento de Fomento), so that it could indicate the corresponding technical requirements. On July 9, 2001, in session no. 5119, sole article, subsection I), the Board of Directors of the ICT agreed to forward the letter from Mr. Jürgen Gustav Nanne to Management so that it could be given the corresponding processing and the applicant notified. On July 18, 2001, through memorandum no. G-1540-2001, Mr. Mario Calvo Guevara, assistant to the management of the ICT, forwarded for execution to the Department of Development of that Institute the agreement adopted by the Board of Directors, communicated via official letter SJD-661-2001. On September 25, 2001, through document no. FOM-ZMT-163-2001, Architect Antonio Farah, an official of the Maritime-Terrestrial Zone Unit, sent Architect Alberto Salas Roiz, Head of the Department of Development of the ICT, the report establishing the technical requirements requested by the Board of Directors in agreement no. 5082 of February 5, 2001, official letter no. SJD-090-2001, in relation to the processing of the application for the application of article 21 of the Maritime-Terrestrial Zone Law no. 6043, filed by Empresa Hotelera Dominical S.A. The objective of said report, as indicated in the cited memorandum, was: “To establish the technical guidelines necessary for the implementation of Article 21 already granted by the Board of Directors in Session N° 5082 of February 5, 2001.” Likewise, the referred report stated that the area of the public zone defined for the application of article 21 is 2,620 square meters, with the current condition considered as permitted use, regarding the existing restaurant and the parking area, but not the accommodation modules nor other facilities, which would be subject to demolition. Similarly, the report notes that, being a project in operation, it has not been subjected to any type of operational control and monitoring by government entities in the environmental field, therefore an environmental management plan duly monitored by the SETENA should be requested; as well as the establishment of the access road to the facilities as a road that allows entry to the public zone to promote the public use and enjoyment of that area. On November 22, 2001, through document no. FOM-ZMT-226-2001, Architect Alberto Salas Roiz sent Management of the ICT the report establishing the technical requirements requested by the Board of Directors of that institution. On January 14, 2002, in ordinary session no. 5154, article 2, subsection V, the Board of Directors of the ICT agreed to definitively approve the application of article 21 of Law no. 6043 to Empresa Hotelera Dominical S.A., with the restrictions and conditions set forth in official letter FOM-ZMT-226-2001 from the Department of Development. The foregoing, noted the cited agreement, implied that the company could carry out remodeling and improvements to the existing restaurant building, without increasing the size of the construction, upon prior obtaining of the respective permits and that the company must continue the corresponding procedure before the respective Municipality for obtaining the authorization and concession. Said agreement was communicated to the Municipal Council of Osa, the Head of Concessions of the ICT, and Mrs. Ligia Flores of the company Empresa Hotelera Dominical S.A. On January 17, 2002, Mr. Burke Allen Miller, acting as general attorney-in-fact for the company called Punta Dominical S.A., submitted to the Municipalidad de Osa six applications for concessions for land in the restricted zone (zona restringida) of the maritime-terrestrial zone, plots located in Dominicalito, district Bahía Ballena, canton Osa, province of Puntarenas, with the following descriptions: 1) Land with boundaries: north: public street and cemetery zone; South: wetlands (humedales) administered by MINAE; east: private property Punta Dominical S.A; west: wetlands (humedales) under administration of MINAE, measuring 5932.94 square meters. 2) Land with boundaries: north: wetlands (humedales) administration MINAE; south: wetlands (humedales) administration MINAE; east: private property Punta Dominical S.A. and public street; east: wetlands (humedales) administration MINAE, measuring 5787.56 square meters. 3) Land with boundaries: north: wetlands (humedales) administration MINAE; south: public street; east: wetlands (humedales) administration MINAE; west: public street, measuring 2801.67 square meters. 4) Land with boundaries: north: public street and private property of Punta Dominical S.A.; south: public zone of the maritime-terrestrial zone; east: public street and part of private property of Punta Dominical S.A., west: restricted zone of the maritime-terrestrial zone, measuring 2 hectares 4988.69 square meters. 5) Land with boundaries: north: public street; south: public zone of the maritime-terrestrial zone; east: public zone of the maritime-terrestrial zone; west: public zone of the maritime-terrestrial zone, measuring 1 hectare 7742.44 square meters. 6) Land with boundaries: north: private property of Punta Dominical S.A.; south: public street; east: private property of Punta Dominical S.A.; west: public street, measuring 21 hectares 5313.32 square meters. On January 25, 2002, Mr. Nelson Jiménez Z., an official of the Municipalidad de Osa, accompanied by Mrs. Ligia Flores Guevara and Mr. Wilson Cortés Rodríguez, conducted a field inspection on the six lands requested in concession by the company Punta Dominical S.A. On February 25, 2002, through a document received on March 19, 2002, Mr. Burke Allen Miller, acting as general attorney-in-fact without limit of sum of Empresa Hotelera Dominical S.A., requested the Municipal Council of Osa for the granting of the corresponding authorization and approval of the application of the regime of article 21 of the Maritime-Terrestrial Zone Law for the case, as well as the approval for the processing of the corresponding concession. On April 5, 2002, in extraordinary session no. 6-2002, the Municipal Council of Osa agreed to approve the recommendation given by the Maritime-Terrestrial Zone Commission of that entity, by means of which it was decided to authorize and approve the application of the regime indicated in article 21 of Law no. 6043, for the area requested by Empresa Hotelera Dominical S.A. and to authorize that company to begin the corresponding procedures for obtaining the respective concession contract from that Municipality. Furthermore, in said municipal agreement it was decided to inform Empresa Hotelera Dominical S.A. that it was known to the Municipal Council that this company had, in certain situations, infringed the Maritime-Terrestrial Zone Law, therefore it was indicated that it must submit a remediation plan (plan reparador) to that Municipality for said infringements. On April 24, 2002, the Municipal Council of Osa, in ordinary session no. 17-2002, article II), subsection Ñ), approved the request filed by Mr. Burke Allen Miller, general attorney-in-fact of Empresa Hotelera Dominical S.A., granting the municipal consent for said corporation to proceed to update, expand, and modify the Regulatory Plan of Punta Dominical, which would be carried out through the company DEPPAT S.A., which—as was indicated—was the same one that originally drafted that Regulatory Plan and that said work would have no cost for the Municipalidad de Osa, as the costs would be covered by Empresa Hotelera Dominical S.A. On May 21, 2002, in the Official Gazette La Gaceta No. 96, Notice no. 2-10 of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) was published, indicating that it had proceeded to demarcate the public zone of the coastal sector between Roca Escaleras, Punta Dominical, and Playa Dominicalito, district Bahía Ballena, canton Osa, province of Puntarenas, between the approximate Lambert coordinates of Map MBCR-1/50,000. Sheet Dominical 3443 IV, with the following detail: a) sector between Roca Escaleras and Punta Dominical: 351680N-482460E and 353450N-480665E (77 boundary markers numbered from 166 to 242); b) sector of the estuary-mangrove Poza Azul: 353450N-480665E and 353700N-480620E (25 boundary markers numbered from 243 to 267); c) sector between Punta Dominical and Playa Dominicalito: 353700N-480620E and 354310N-480200E (18 boundary markers numbered from 268 to 285); d) sector of Punta Dominical: 352715N-480340E and 352600N-480320E (11 boundary markers numbered from 1 to 11). Likewise, the cited notice noted that with said demarcation, the following boundary markers are eliminated from the Maritime-Terrestrial Zone Registry: those numbered 3 to 35, established in July/August/September 1989 and published in La Gaceta no. 52 of March 14, 1991; those numbered 202, 204, and 205, established in June 1998 and published in La Gaceta no. 194 of October 6, 1999; and those numbered 31 and 32, established in June 1994 and published in La Gaceta no. 166 of September 1, 1994. On July 14, 2002, Lic. Olivier Pérez González, acting as general judicial attorney-in-fact for Empresa Hotelera Dominical S.A., referred to what was agreed by the Municipal Council of Osa in the session of April 5, 2002, where it was also decided to require said company to submit to that Municipality a remediation plan (plan reparador) for the infringements incurred in relation to the LZMT. In this regard, that company requested the Municipal Council to approve, as a remediation plan, the delivery of a completely new digital camera, which would facilitate the work of the municipal inspectors. On September 4, 2002, Lic. Olivier Pérez González, lawyer for Empresa Hotelera Dominical S.A., requested the Municipal Council of Osa to revoke the agreement adopted in extraordinary session no. 6-2002, held on April 5, 2002, regarding the paragraph that ordered requiring that corporation to submit a remediation plan (plan reparador) for the infringements incurred in relation to the LZMT. On September 9 and 10, 2002, Mr. Eduardo Espinoza Víquez, inspector of the Department of Maritime-Terrestrial Zone of the Municipalidad de Osa, carried out inspections at the place known as “La Parcela” in Punta Dominical, canton of Osa, determining the existence of several constructions in the public zone of that coastal sector, among them: four cabins, dwelling houses, a restaurant, and sheds. On September 11, 2002, in ordinary session no. 36, the Municipal Council of Osa decided to forward to the Maritime-Terrestrial Zone Commission the request made by Lic. Olivier Pérez, for the purpose of revoking the agreement adopted in extraordinary session no. 6-2002, regarding the paragraph that ordered requiring Empresa Hotelera Dominical S.A. to submit a remediation plan (plan reparador) for the infringements incurred in relation to the LZMT. On October 16, 2002, in ordinary session no.

41-2002, the Municipal Council of Osa approved the recommendation issued by the Maritime-Terrestrial Zone Commission of that Municipality and ordered the repeal of what had been agreed upon in extraordinary session no. 6-2002, specifically in point 12, as requested by Empresa Hotelera Dominical S.A. On October 17, 2002, by means of certification no. 430-2002, the Secretariat of the Municipal Council of Osa certified that according to information provided by the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa, Empresa Hotelera Dominical S.A. does not appear as a concessionaire or permittee in that Municipality. On October 17, 2002, the Mayor's Office of the Municipality of Osa issued a resolution in the administrative eviction (desalojo administrativo) process of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre) against Empresa Hotelera Dominical S.A., in which it ordered: “Empresa Hotelera Dominical S.A. is warned that it is illegitimately occupying a piece of land within the maritime-terrestrial zone within the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the Coastal Sector of Punta Dominical. The administrative eviction process is hereby initiated, and the company is granted the right to be heard and the opportunity to present the arguments and evidence it deems pertinent, necessarily including access to information and the administrative records linked to this matter; for this purpose, it is granted a period of five days to file the respective appeals and provide pertinent evidence, having the right to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons. Once this resolution becomes final, the forced eviction (desalojo forzado) of the place being illegally occupied and the demolition (derribo) or destruction of any building or work found on the land shall proceed, with the cost of the demolition or destruction being at its expense, for which the collection procedure shall be initiated immediately. Unfounded opposition or resistance to the execution of this eviction and demolition order may be punished by the Courts of Justice with imprisonment from one month to three years, unless the act constitutes a crime of greater severity. Notify the interested party personally or at their place of residence with the warning that they must indicate a place to receive notifications, otherwise they will be considered notified by the mere passage of twenty-four hours after any resolution is issued.” On August 23, 2002, by memorandum no. DCO-709-2002/FOM-1746-2002, Architect Alberto Salas Roiz, Head of the Development Department (Departamento de Fomento), and Licda. Ana Catalina Brenes Loaiza, Head of the Concessions Department (Departamento de Concesiones), communicated to Engineer Guillermo Alvarado Herrera, Manager of the ICT, their opinion regarding the processing of concessions in the public zone (zona pública), for the application of Article 21 of Law no. 6043, regarding which they indicated that it was necessary for the authorization of use of the public zone, applied through Article 21, to be included within the Regulatory Plan, requiring the modification or change of the existing public use for the new authorized use, in addition to making the necessary adjustments within the regulations according to the technical requirements that supported the application of the cited article. Therefore, they considered that a land-use change (cambio de uso del suelo) of the public zone in the Regulatory Plan should be processed, in order to clearly establish the land use and its regulations granted through the application of Article 21, so that for the purposes of the process before the Board of Directors, it was recommended to submit for consideration, simultaneously, the land-use change and the approval of Article 21. Furthermore, they stated that this modification would require the approval of the ICT and INVU, the convening of a public hearing, the adoption by the Municipality, and publication in La Gaceta in accordance with Article 17 of the Urban Planning Law No. 4240 of November 15, 1968 (LPU). On November 5, 2002, Mrs. Isabel Chaves Bonilla notified Empresa Hotelera Dominical S.A. of the decision of the Mayor's Office of the Municipality of Osa to nullify the notification of the eviction process made on October 30, 2002. On January 23, 2003, the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo) of the INVU approved sheet 21, land uses of the Regulatory Plan of Punta Dominical, corresponding to the update of the demarcation line of the public zone in that coastal sector. On February 18, 2003, in ordinary session no. 5232, article 5, section XI, the Board of Directors of the ICT agreed to accept the recommendations of the Concessions and Development Departments, according to official letters DCO-709-2002 and FOM-1746-2002 respectively, and ordered the processing of a land-use change of the public zone in the Regulatory Plan, in order to clearly establish the land use and its regulations granted through the application of Article 21 of Law No. 6043 in the coastal sector of Punta Dominical. Likewise, it was indicated that, for the purposes of the process before the Board of Directors, it was recommended to submit for its consideration, simultaneously, the land-use change and the approval of Article 21. In addition, the aforementioned agreement pointed out that this modification would require the approval of the ICT, the INVU, the convening of a public hearing, the adoption by the Municipality, and publication in La Gaceta in accordance with Article 17 of the LPU. For the purposes of the authorization granted by the ICT and the Municipality of Osa for the application of Article 21 of Law no. 6043 in the public zone of Punta Dominical, at the site where the restaurant and cabin facilities called “La Parcela” are currently located, there was no environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) approved by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), nor had any follow-up been conducted as part of the environmental management of that area. On March 3, 2003, Mr. Burke Allen Miller, acting as unlimited general legal representative (apoderado generalísimo) of Empresa Hotelera Dominical S.A., submitted to the Municipality of Osa a concession (concesión) application for a parcel of land within the restricted zone (zona restringida) of the maritime-terrestrial zone, located in the place called Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, with the following boundaries: north: public street and partly public zone of the maritime-terrestrial zone; south: public zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street; east: restricted zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street; west: public zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street, with a measurement of 3 hectares 7697.12 square meters, with a frontage of 210.78 meters and a depth of 299.44 meters, without buildings. On March 3, 2003, Mr. Burke Allen Miller, acting as unlimited general legal representative of Empresa Hotelera Dominical S.A., submitted a document to the Municipality of Osa, stating that the correct measurement of the area requested in concession was 3 hectares 7697 meters and 12 square decimetres. This was because the IGN carried out a new demarcation of the public zone, corresponding to the area contemplated within the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical, which was published in La Gaceta no. 96 of May 21, 2002, leading to the modification of the Land Use Sheet of the aforementioned Regulatory Plan. On March 3, 2003, Mr. Burke Allen Miller, acting as unlimited general legal representative of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., submitted to the Municipality of Osa a concession application for a parcel of land within the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, located in the place called Cambutal, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, with the following boundaries: north: private property of Empresa 1821 S.A. and partly with the restricted zone of the ZMT; south: restricted zone of the ZMT, corresponding to the right-of-way of the Costanera Sur; east: private property of La 1821 S.A. and partly the restricted zone of the ZMT with a stream in between; west: restricted zone of the ZMT, corresponding to the right-of-way of the Costanera Sur highway and partly with the restricted zone of the ZMT, with a measurement of 9 hectares 6913.43 square meters, with a frontage of 766.9 meters and a depth of 119.13 meters, without buildings. On March 3, 2003, Mr. Burke Allen Miller, acting as unlimited general legal representative of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., by means of a document addressed to the Municipality of Osa, stated that the correct measurement of the area requested in concession was 9 hectares 6913 meters and 43 square decimetres. This was because the National Geographic Institute carried out a new demarcation of the public zone, corresponding to the area contemplated within the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical. On March 3, 2003, in extraordinary session no. 7, agreement no. 4, point 1), the Municipal Council of Osa approved the update of the Regulatory Plan of Punta Dominical regarding the boundary marker line and ordered its publication in the Official Gazette La Gaceta. On March 11, 2003, the Municipality of Osa issued the “Field Inspection Report,” referring to the parcel requested in concession by Empresa Hotelera Dominical S.A., which—according to the description provided by the municipal inspector—contained fruit trees, pasture, and mountain. On March 11, 2003, the Municipality of Osa issued the “Field Inspection Report,” concerning the parcel requested in concession by Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., which—according to the description provided by the municipal inspector—corresponded to a forested land. On March 24, 2003, Mr. César Calvo Valverde, in charge of regulatory plans at the company DEPPAT Consultora S.A., sent to Máster Rodolfo Lizano, director of the Planning Department (Departamento de Planificación) of the ICT, among others, a copy of the document corresponding to the land-use change to the Regulatory Plan of Punta Dominical, so that the due review and approval process for that proposal could begin. On March 27, 2003, in the Official Gazette La Gaceta no. 61, the Zoning Regulation (Reglamento de Zonificación) of the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical was published, as well as Sheet 21, Land Use Plan, corresponding to the update of that plan, adjusted to boundary markers no. 166 through no. 285, in consecutive order. On April 8, 2003, Mr. Harold Everett Wright, acting as unlimited general legal representative of Empresa Hotelera Dominical S.A., addressed a written communication to the Municipality of Osa and presented a preliminary project (anteproyecto) of the development his represented company intends to carry out in the sector requested in concession in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone of Punta Dominical. On April 8, 2003, Mr. Harold Everett Wright, acting as unlimited general legal representative of the company Punta Dominical S.A., addressed a written communication to the Municipality of Osa, indicating that the correct measurements and boundaries of the lands requested in concession on January 17, 2002, were as follows: 1) land measuring 2144.02 square meters and not the 5932.94 square meters indicated in the respective application, divided into two portions: the first with an area of 1717.58 square meters and boundaries: north: public street and partly restricted zone of the maritime-terrestrial zone; south: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a wetland protection area under administration of MINAE; east: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a cemetery; west: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a wetland protection area under administration of MINAE, and the second with an area of 426.44 square meters, and boundaries: north: public street; south: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a wetland protection area under administration of MINAE and restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a cemetery; east: private lands owned by Punta Dominical S.A.; west: public street and restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a cemetery. 2) land with an area of 5544.61 square meters and not the 5787.56 square meters indicated in the respective application, with the new boundaries defined as follows: north: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a wetland protection area under administration of MINAE and partly public street; south: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a wetland protection area under administration of MINAE and partly public street; east: private lands owned by Punta Dominical S.A. and partly public street; west: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a wetland protection area under administration of MINAE. 3) land measuring 4886.45 square meters and not the 2801.67 square meters indicated in the respective application, with the new boundaries defined as follows: north: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a protection area (wetlands); south: public street; east: restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a protection area (wetlands); west: public street. 4) land measuring 2 hectares 4988.21 square meters and not the 2 hectares 4988.69 square meters indicated in the respective application, with the new boundaries defined as follows: north: public street and private lands of Punta Dominical S.A.; south: public zone of the maritime-terrestrial zone; east: public street and private lands of Punta Dominical S.A.; west: restricted zone of the maritime-terrestrial zone. 5) land measuring 8976.41 square meters and not 1 hectare 7742.44 square meters as indicated in the respective application, with the new boundaries defined as follows: north: public street; south: public zone of the maritime-terrestrial zone; east: partly public street and partly public zone of the maritime-terrestrial zone; west: public zone of the maritime-terrestrial zone. 6) land measuring 13 hectares 9456.93 square meters and not the 21 hectares 5313.32 square meters indicated in the respective application, with the new boundaries defined as follows: north: private lands owned by Punta Dominical S.A.; south: public street and partly restricted zone of the maritime-terrestrial zone; east: private lands owned by Punta Dominical S.A., and partly restricted zone of the maritime-terrestrial zone; west: public street and partly private lands owned by Punta Dominical S.A. In all cases, as indicated, the modifications were due to the fact that the IGN carried out a new demarcation of the public zone corresponding to the area contemplated within the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical, which was published in La Gaceta no. 96 of May 21, 2002. On April 29, 2003, Mr. Nelson Jiménez Zumbado, an official of the Municipality of Osa, accompanied by Messrs. Randall Sánchez Mora and Doney Blanco Sánchez, conducted field inspections of the parcels requested in concession by the company Punta Dominical S.A., measuring 4886.45 square meters, 24988.21 square meters, and 139456.93 square meters. On April 29, 2003, in ordinary session no. 5242, article 5, section II, the Board of Directors of the ICT agreed to follow the recommendations of the Planning and Development Directorate (Dirección de Planeamiento y Desarrollo), according to official letter PL-ZMT-083-2003, and approve the final version of the Regulatory Plan of Punta Dominical, Osa canton, Puntarenas province, regarding the change of the boundary marker line that delimits the public zone, as recorded in the publication made in the Official Gazette La Gaceta no. 61 of March 27, 2003. On June 9, 2003, through appraisal reports: no. ZM-035-2003, No. ZM-036-2003, no. ZM-037-2003, no. ZM-038-2003, no. ZM-040-2003, No. ZM-042-2003, and no. ZM-041-2003, the Tax Administration of Cartago, General Directorate of Taxation, Ministry of Finance, established the values corresponding to the maritime-terrestrial zone lands requested in concession by the company Punta Dominical S.A., following a field inspection conducted on May 26, 2003. Also, through appraisal report no. ZM-039-2003, the value corresponding to the land requested in concession by the company named Empresa Hotelera Dominical S.A. was established, and through report no. ZM-043-2003, the value of the land requested in concession by Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. On October 16, 2003, through official letter no. DPD-ZMT-263-2003, Máster Rodolfo Lizano Rodríguez, Director of Planning and Development, and Architect Antonio Farah Matarrita, an official of the ZMT Planning Area of the ICT, informed the Municipal Council of Osa that, in response to the request made by the Mayor, in a note dated August 19 of that year, seeking the opinion and recommendation of that Institute on the petition of Empresa Hotelera Dominical S.A. to obtain authorization and carry out improvement works on the access road and the cabins of the commercial business called Punta Dominical, located in the canton of Osa, Puntarenas province, for which Article 21 of Law no. 6043 was approved, considering the opinion expressed by the Legal Directorate of the ICT, via official letter no. DL-1290-2003 dated October 7, 2003, and given that the request made to the Municipality of Osa by Empresa Hotelera Dominical S.A., in principle, did not conflict with the procedures carried out to date regarding the Article 21 process, that Planning and Development Directorate considered that the Municipality could process the application submitted by said company, since it complied with what was indicated by the Institute's Legal Directorate, and it was clear that improvements that would increase the area of the cabins could not be made. Likewise, the aforementioned official letter indicated that there is a commitment to demolish said cabins at the time construction works begin in the Hotel Zone of the Regulatory Plan of Punta Dominical. On November 24, 2003, through official communication no. DPD-ZMT-323-2003, the Director of Planning and Development and the official of the Maritime-Terrestrial Zone Unit of the ICT informed Mr. César Calvo Valverde, chief account executive of the company Consultores Turísticos Asociados, of the result of the review of the application for land-use change to the Regulatory Plan of Punta Dominical, Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, which had met the technical requirements requested by the Board of Directors of the ICT, through official letter SJD-090-2001, in relation to the application process for Article 21 of the LZMT, requested by Empresa Hotelera Dominical S.A. They also informed him that once the documentation submitted by the company DEPPAT S.A., for the approval of the referred proposal had been reviewed, and the technical objections indicated through official letters FOM.ZMT 163-2001, PL-ZMT 165-2003, PL-ZMT 261-2003, and PL-ZMT 288-2003 had been satisfactorily corrected, the Maritime-Terrestrial Zone Unit of the Planning and Development Directorate recommended its approval. Therefore, it would be submitted to the knowledge of the Board of Directors of the ICT for its final approval. On December 1, 2003, the chief account executive of the company Consultores Turísticos Asociados S.A., addressed a written communication to Máster Leonel Rosales Maroto, coordinator of the Territorial Planning Unit of the Urban Planning Directorate of the INVU, and forwarded a copy of the document corresponding to the land-use change to the Regulatory Plan of Punta Dominical, so that the due review and approval process for that proposal could begin. He also attached a copy of official letter no. DPD-ZMT-323-2003, which stated that this proposal had satisfactorily corrected the technical objections raised by the Maritime-Terrestrial Zone Unit of the Planning and Development Directorate, and therefore it was being sent to that INVU office for consideration. On December 9, 2003, in ordinary session no. 5281, article 5, section IX, the Board of Directors of the ICT agreed to accept the recommendation of the Maritime-Terrestrial Zone Unit of the Planning and Development Directorate, and to approve the “Land-use change to the Regulatory Plan of Punta Dominical de Osa,” located in the Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, specifically in sector A of said Regulatory Plan, between Lambert coordinates 354.325N-480.295E and 345-455N-468280E, according to the Dominical cartographic sheet, scale 1:50,000 of the IGN. Furthermore, it noted that said change applied to the sector granted under the exception to Law 6043, in application of Article 21, sheet # 07 Land Uses, scale 1:2,000, which was prepared by the Company DEPPAT S.A., responsible professional Arch. Alfredo Bermúdez A., Code A-4043, for Empresa Hotelera Dominical S.A. This agreement was communicated by the Planning and Development Directorate to the Urban Planning Directorate of the INVU, through official letter no. DPD-ZMT-346-2003 of December 12, 2003. On December 15, 2003, Mr. Burke Allen Miller, legal representative of Empresa Hotelera Dominical Sociedad Anónima, submitted to the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa the details of the maintenance and repair works he requested to carry out in the cabins and access road to the public zone, located in the sector of Punta Dominical de Osa. On January 7, 2004, Lic. Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, submitted to the Municipal Council a "Draft Resolution" through which he recommended the approval of the concession requested by Empresa Hotelera Dominical S.A., over the parcel of land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone of Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, measuring 3 hectares 7697 meters and 12 square decimetres, and boundaries: north: with public street and partly with the public zone of the maritime-terrestrial zone; south: with the public zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street; east: restricted zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street; west: public zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street, land that was described in the plan registered in the National Cadastre (Catastro Nacional) no. P-865511-2003, to be destined for hotel zone use with an area of 2 hectares 5375 meters and 66 square decimetres and a protection area with an area of 1 hectare 2321 meters and 46 square decimetres, recommending the granting of the respective contract for a term of 20 years, from its signing, for which he requested authorization in his function as Mayor, as well as for the requesting company for the protocolization (protocolización) of the referred contract and the corresponding documents of the file.

On January 7, 2004, Lic. Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa, submitted to the Municipal Council "Draft Resolutions" through which he recommended the approval of concessions requested by the company Punta Dominical S.A., over parcels of land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone of Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province. In this regard, the Mayor's Office recommended approving the following concessions: A) land measuring 4886 square meters and 45 square decimetres and boundaries: north: with the restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a protection area with wetlands under Administration of MINAE; south: with public street; east: with the restricted zone of the maritime-terrestrial zone designated as a protection area with wetlands under Administration of MINAE; west: with public street, which was described in the plan registered in the National Cadastre with no. P-882230-2003, to be destined for tourist facilities zone use; B) land measuring 2 hectares 4988 square meters and 21 square decimetres, and boundaries: north: with public street and private lands of Punta Dominical Sociedad Anónima; south: public zone of the maritime-terrestrial zone; east: with public street and private lands of Punta Dominical Sociedad Anónima; west: with the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, which is described in the cadastral plan no. P-864164-2003, to be destined for hotel zone use; and C) land measuring 13 hectares 6167 square meters and 28 square decimetres, and boundaries: north: with private property of Punta Dominical Sociedad Anónima; south: with public street and partly lands of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone; east: with private property of Punta Dominical Sociedad Anónima and partly lands of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone; west: with public street, which was described in the cadastral plan with no. P-883689-2003, to be destined for protection zone use, recommending in all cases the granting of the respective concession contract for a term of twenty years, from its signing, for which the Mayor requested authorization within his function, as well as for the requesting company for the protocolization of the referred contract and the corresponding documents of the file. On January 7, 2004, Lic. Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, submitted to the Municipal Council a "Draft Resolution" through which he recommended the approval of the concession requested by the company named Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., over the parcel of land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone of Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, measuring 9 hectares 6913 meters and 43 square decimetres, and boundaries: north: with lands private property of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. and partly with the restricted zone of the ZMT; south: with Costanera Sur highway; east: with lands private property of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. and partly the restricted zone of the ZMT with a stream in between; west: with Costanera Sur highway and partly with the restricted zone of the ZMT, land described in the plan registered in the National Cadastre with no. P-864163-2003, to be destined for protection area use, recommending the granting of the respective contract for a term of 20 years, from its signing, for which he requested authorization in his function as Mayor, as well as for the requesting company for the protocolization of the referred contract and the corresponding documents of the file. On February 18, 2004, in ordinary session no. 07-2004, chapter VI), point 1), the Municipal Council of Osa heard and approved several draft resolutions presented by the Municipal Mayor, referring to the granting of concessions on lands of the maritime-terrestrial zone of Dominicalito, Osa canton, Puntarenas province, among which the following are included: a) Empresa Hotelera Dominical S.A., parcel with an area of 3 hectares 7697.12 square meters. b) Punta Dominical S.A., parcel with an area of 2 hectares 4988.21 square meters. c) Punta Dominical S.A., parcel with an area of 4886.45 square meters. d) Punta Dominical S.A., parcel with an area of 13 hectares 6167.28 square meters. e) Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., parcel with an area of 9 hectares 6913.43 square meters. Also, in said agreement, the Municipal Mayor was authorized to proceed with the preparation and signing of the respective concession contracts, according to the draft resolutions presented. By means of a document received in the Concessions Office of the ICT on May 3, 2004, Licenciado José Gabriel Villachica Zamora, Municipal Mayor of Osa, asked Licenciada Marlene Marenco, an official of the Concessions Department of the ICT, to state whether the details of the works presented by the applicant, Mr. Burke Allen Miller, legal representative of Empresa Hotelera Dominical Sociedad Anónima, conformed to what was ordered by the ICT through official letter no. DPD-ZMT-263-2003, and if so, to grant the respective approval (visto bueno) to said works. On March 31, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, and Mr. Harold Everett Wright, unlimited general legal representative of Empresa Hotelera Dominical S.A., signed the respective contract, through which the Municipality of Osa granted in concession the land described in cadastral plan no. P-865511-2003, measuring 3 hectares 7697 meters and 12 square decimetres, and boundaries: north: with public street and partly with the public zone of the maritime-terrestrial zone; south: with the public zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street; east: restricted zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street; west: public zone of the maritime-terrestrial zone and partly public street, to be destined for hotel zone use an area of 2 hectares 5375 meters and 66 square decimetres and protection area 1 hectare 2321 meters and 46 square decimetres, in accordance with the uses established in the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical and its Zoning Regulation, for a term of 20 years, extendable for equal and consecutive periods upon the expiration of each one of them.

On March 31, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa, and Mr. Harold Everett Wright, general attorney-in-fact of Punta Dominical S.A., signed the respective contracts, through which the Municipality of Osa granted in concession the following properties: a) land described in cadastral map no. P-882230-2003, measuring 4,886 square meters and 45 square decimeters, with boundaries: north: with the restricted zone of the maritime-terrestrial zone destined as a protection area with wetlands under MINAE Administration; south: with public road; east: with the restricted zone of the maritime-terrestrial zone destined as a protection area with wetlands under MINAE Administration; west: with public road, land to be destined for tourist facilities zone use, in accordance with the uses established in the Punta Dominical Coastal Sector Regulatory Plan and its Zoning Regulation; b) land described in cadastral map no. P-864164-2003, measuring 2 hectares, 4,988 square meters and 21 square decimeters, with boundaries: north: with public road and private lands of Punta Dominical Sociedad Anónima; south: public zone of the maritime-terrestrial zone; east: with public road and private lands of Punta Dominical Sociedad Anónima; west: with the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, land to be destined for hotel zone use, in accordance with the uses established in the Punta Dominical Coastal Sector Regulatory Plan and its Zoning Regulation; and c) land described in cadastral map no. P-883689-2003, measuring 13 hectares, 6,167 square meters and 28 square decimeters, with boundaries: north: with private property of Punta Dominical Sociedad Anónima; south: with public road and partly with lands of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone; east: with private property of Punta Dominical Sociedad Anónima and partly with lands of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone; west: with public road, land to be destined for protection area use, in accordance with the uses established in the Punta Dominical Coastal Sector Regulatory Plan and its Zoning Regulation. All for terms of 20 years, renewable for equal and consecutive periods upon the expiration of each one.

On March 31, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa, and Mr. Harold Everett Wright, general attorney-in-fact of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., signed the respective contract, through which the Municipality of Osa granted in concession to Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., the land described in cadastral map no. P-864163-2003, measuring 9 hectares, 6,913 meters and 43 square decimeters, with boundaries: north: with lands, private property of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. and partly with the restricted zone of the ZMT; south: with Costanera Sur highway; east: with lands, private property of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. and partly with the restricted zone of the ZMT with a stream in between; west: with Costanera Sur highway and partly with the restricted zone of the ZMT, to be destined for protection area use, in accordance with the uses established in the Punta Dominical Coastal Sector Regulatory Plan and its Zoning Regulation, for a term of 20 years, renewable for equal and consecutive periods upon the expiration of each one.

On April 22, 2004, through official letter no. PU-C-D-532-2004, Architect Francisco Mora Protti, Acting Director of Urbanism, and Máster Leonel Rosales Maroto, official of the Planning Unit of INVU, approved the modification of the land-use change (cambio de uso de suelo) to the Punta Dominical Regulatory Plan in Osa, Puntarenas, specifically, in Sector A of said Regulatory Plan, between Lambert coordinates 354,325 north - 480,295 east and 345,455 north - 468,280 east, according to the Dominical cartographic sheet of the IGN at a 1:50,000 scale, a change that would apply to the sector granted under the exception to Ley 6043, relating to the application of Article 21, sheet # 07 Land Uses, 1:20,000 scale.

On April 29, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa, forwarded to Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, the concession contracts duly signed between the Municipality and the company Punta Dominical S.A.; as well as the contract corresponding to the parcel granted in concession to Empresa Hotelera Dominical S.A., located in the same sector, and the land granted in concession to Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., within the same coastal sector. The foregoing, as was indicated, for the purpose of obtaining approval from the Management of the ICT.

On May 11, 2004, through memorandum no. DCO-354-2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, forwarded to Máster Rodolfo Lizano R., Director of Planning and Development of that institution, the inquiry raised by Licenciado José G. Villachica Zamora, Municipal Mayor of Osa, Puntarenas, related to Article 21 of Ley No. 6043, granted in favor of Empresa Hotelera Dominical S.A.

On June 1, 2004, through official letter no. DCO-412-2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, forwarded to the Municipal Council of Osa the report with the results of the technical review of the concession application file in the name of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., with the indication to proceed to make the necessary corrections to continue with the proceeding.

On June 2, 2004, through official letters no. DCO-421-2004, No. DCO-423-2004 and no. DCO-423-2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, forwarded to the Municipal Council of Osa the reports with the results of the technical review of the concession application files in the name of Punta Dominical S.A., with cadastral maps no. P-883689-2003, no. 864164-2003 and no. 882230-2003, respectively, with the indication to proceed to make the necessary corrections to continue with the proceeding.

On June 7, 2004, through official letter no. DCO-427-2004, addressed to the Municipal Council of Osa, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, forwarded to the Municipal Council of Osa the report with the results of the technical review of the concession application file in the name of Empresa Hotelera Dominical S.A., with cadastral map no. P-865511-2003, with the indication to proceed to make the necessary corrections to continue with the proceeding.

On September 20, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, and Mr. Harold Everett Wright, general attorney-in-fact of Empresa Hotelera Dominical S.A., signed an addendum to the concession contract executed between the same parties on March 31, 2004, thereby modifying points five and nine of part one, background of the contract. Said addendum, as indicated in the same document, was executed in accordance with the observations indicated by the Concessions Department of the ICT, through official letter no. DCO-427-2004.

On September 20, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, and Mr. Harold Everett Wright, general attorney-in-fact of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., signed an addendum to the concession contract executed between the same parties on March 31, 2004, thereby modifying points five and nine of part one, background of the contract. Said addendum, as indicated, was executed in accordance with the observations indicated by the Concessions Department of the ICT, through act no. DCO-412-2004.

On September 20, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, and Mr. Harold Everett Wright, general attorney-in-fact of the company Punta Dominical S.A., signed addenda to the three concession contracts executed between the same parties on March 31, 2004, thereby modifying points five and nine of part one, background of the contracts. Said addenda, as noted, were executed in accordance with the observations indicated by the Concessions Department of the ICT, through official letters no. DCO-423-2004, no. DCO-422-2004 and no. DCO-421-2004.

Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa at that time, did not have authorization from the Municipal Council to sign any of the addenda to the mentioned concession contracts.

On September 20, 2004, Mr. José Gabriel Villachica Zamora, Mayor of the Municipality of Osa, communicated to Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, his opinion regarding the observations contained in the reports forwarded through official letters numbers DCO-412-2004, No. DCO-427-2004, DCO-422-2004, DCO-423-2004, DCO-421-2004, and attached addenda with the required corrections.

On October 11, 2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, requested Ing. Oscar Mario González, technician of that Department, to review again the concession application filed by the companies named Empresa Hotelera Dominical S.A. and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., and indicate whether or not the authorization should be granted.

On October 12, 2004, Ing. Oscar Mario González presented the map report through which he communicated to Licda. Marlene Marenco Vargas his observations regarding the concession proceeding promoted by Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., where he noted that with the municipal response and the supplementary documentation, the observations that were part of the map report dated May 17, 2004, had been rectified (subsanadas), for which reason he granted the technical approval (visto bueno técnico), but indicated that in the documentation provided, the agreement of the Municipal Council approving the addendum to the contract was not on record, which, being a legal matter, would remain at the discretion of the Head of the Concessions Department.

On October 13, 2004, Ing. Oscar Mario González, technician of the Concessions Department of the ICT, presented a map report through which he communicated to Licda. Marlene Marenco Vargas his observations regarding the concession proceeding promoted by Empresa Hotelera Dominical S.A., where he noted that with the municipal response and the supplementary documentation, the observations that were part of the map report dated May 20, 2004, had been rectified (subsanadas), for which reason he granted the technical approval (visto bueno técnico), but stated that in the documentation provided, the agreement of the Municipal Council approving the addendum to the contract was not on record, which, being a legal matter, would remain at the discretion of the Head of the Concessions Department.

On November 4, 2004, in act no. 849-2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, requested the Municipal Council of Osa to clarify the date of the field reports provided in relation to the three concession files in the name of Punta Dominical S.A., submitted to that Institute on October 7, 2004.

On November 18, 2004, through memorandum no. DCO-894-2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, recommended to Ing. Guillermo Alvarado Herrera, General Manager of the ICT, the approval of the concession contract in the name of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., corresponding to the land described in cadastral map no. P-864163-2003, measuring 9 hectares 6,913.43 square meters, with use destined as a protection area.

On November 18, 2004, in official letter no. DCO-894-2004, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, recommended to Ing. Guillermo Alvarado Herrera, General Manager of the ICT, the approval of the concession contract in the name of Empresa Hotelera Dominical S.A., corresponding to the land described in cadastral map no. P-865511-2003, measuring 3 hectares 7,697.12 square meters, with use destined for a hotel zone and protection area.

On November 18, 2004, through resolution no. G-2025-2004, the Management of the ICT approved the concession contract forwarded by the Municipality of Osa in favor of Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., for the granting of land within the maritime-terrestrial zone, located in Playa Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, with cadastral map no. P-864163-2003, measuring 9 hectares 6,913.43 square meters, with use destined as a protection area.

On November 18, 2004, through resolution no. G-2026-2004, the Management of the ICT approved the concession contract forwarded by the Municipality of Osa in favor of Empresa Hotelera Dominical S.A., for the granting of land within the maritime-terrestrial zone, located in Playa Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province, with cadastral map no. P-865511-2003, measuring 3 hectares 7,697.12 square meters, with use destined for a hotel zone and protection area.

On November 25, 2004, Mr. Gabriel Villachica, Mayor of the Municipality of Osa, communicated to Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, his observations in relation to what was indicated in official letter no. DCO-849-2004, regarding the proceeding for concessions granted to the company Punta Dominical S.A.

On December 3, 2004, through public deed no. 133, visible on folio 167 verso of volume 4 of the protocol of notary public María Catalina Garro Mora, the protocolization (protocolización) was carried out of the contract signed on March 31, 2004, between the Municipality of Osa and Empresa Hotelera Dominical S.A., through which said Municipality granted in concession land located within the maritime-terrestrial zone, described in cadastral map no. P-865511-2003. In the protocolization of the respective concession contract, signed between the Municipality of Osa and Empresa Hotelera Dominical S.A., the addendum signed between the same parties, executed on September 20, 2004, which modified points five and nine of part one, background, of the cited contract, was not included.

On December 3, 2004, through public deed no. 134, visible on folio 185 verso of volume 4 of the protocol of Notary Public María Catalina Garro Mora, the protocolization was carried out of the contract signed on March 31, 2004, between the Municipality of Osa and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., through which said Municipality granted in concession to the referenced corporation land located within the maritime-terrestrial zone, described in cadastral map No. P-864163-2003. In the protocolization of the respective concession contract, signed between the Municipality of Osa and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., the addendum signed between the same parties, executed on September 20, 2004, which modified points five and nine of part one, background, resulting from the cited contract, was not included.

On December 13, 2004, public deed no. 133, visible on folio 167 verso of volume 4 of the protocol of Notary María Catalina Garro, was filed with the National Registry, received under the citations: volume: 545, entry: 01684, corresponding to the protocolization of the concession granted by the Municipality of Osa to Empresa Hotelera Dominical S.A., land described in cadastral map no. P-865511-2003.

On December 13, 2004, the cited public deed no. 134 was filed with the National Registry, received under the citations: volume: 545, entry: 1687, corresponding to the protocolization of the concession granted by the Municipality of Osa to Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., land described in cadastral map no. P-864163-2003.

On February 2, 2005, the concession granted by the Municipality of Osa to Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. was registered, assigning the registered property the folio number (matrícula): 1421-Z-000.

On February 2, 2005, the concession granted by the Municipality of Osa to the company named Empresa Hotelera Dominical S.A. was registered, assigning the registered property the folio number (matrícula): 1422-Z-000.

On February 3, 2005, through memoranda numbers DCO-125-2005, DCO-126-2005 and DCO-127-2005, Licda. Marlene Marenco Vargas, Acting Head of the Concessions Department of the ICT, recommended to Ing. Guillermo Alvarado Vargas, General Manager of that Institute, to approve the respective concession contracts in the name of the company Punta Dominical S.A., corresponding to three lands located in Playa Dominicalito, Osa canton, Puntarenas province, measuring 4,886.45 square meters, 24,988.21 square meters and 136,167.28 square meters, respectively.

On February 4, 2005, through resolutions numbers G-250-2005, G-251-2005 and G-252-2005, the General Management of the ICT approved the concessions granted by the Municipality of Osa to the company Punta Dominical S.A., corresponding to the following properties located in Playa Dominicalito, Bahía Ballena district, Osa canton, Puntarenas province: a) land described in cadastral map no. P-882230-2003, measuring 4,886.45 square meters, area destined for tourist facilities use; b) land described in cadastral map no. P-864164-2003, measuring 24,988.21 square meters, area destined for hotel use; and c) land described in cadastral map no. P-883689-2003, measuring 136,167.28 square meters, area destined for protection use.

On February 14, 2005, through public deed no. 23, visible on folio 19 recto of volume 5 of the protocol of notary public María Catalina Garro Mora, the protocolization was carried out of the concession contract for land located in the maritime-terrestrial zone, agreed between the Municipality of Osa and Punta Dominical S.A., executed on March 31, 2004, parcel described in cadastral map no. P-883689-2003; as well as the addendum to said contract signed on September 20, 2004.

On February 14, 2005, through public deed no. 24, visible on folio 26 verso of volume 5 of the protocol of notary public María Catalina Garro Mora, the protocolization was carried out of the concession contract agreed between the Municipality of Osa and Punta Dominical S.A., executed on March 31, 2004, corresponding to the land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, parcel described in cadastral map no. P-864164-2003; as well as the addendum to said contract signed on September 20, 2004.

On February 15, 2005, through public deed no. 25, visible on folio 34 recto of volume 5 of the protocol of notary public María Catalina Garro Mora, the protocolization was carried out of the concession contract for land located in the maritime-terrestrial zone, agreed between the Municipality of Osa and Punta Dominical S.A., executed on March 31, 2004, parcel described in cadastral map no. P-882230-2003; as well as the addendum to said contract signed on September 20, 2004.

On February 21, 2005, the mentioned public deeds were filed with the National Registry, corresponding to the protocolization of the concessions granted by the Municipality of Osa to the company Punta Dominical S.A., lands described in cadastral maps numbers P-883689-2003, P-864164-2003 and P-882230-2003, respectively.

On February 28, 2005, and March 14 of that same year, the National Registry carried out the qualification of the public deeds through which the concessions granted by the Municipality of Osa to Empresa Hotelera Dominical S.A., Punta Dominical S.A. and Dieciocho Veintiuno S.A. were protocolized, indicating as a defect with respect to the first two deeds the following: the addendum must have a resolution of approval from the Municipal Council, the one indicated is the same one for the approval of the cited concession, and not the one containing changes to the contract by addendum. Thus, the mayor modified an agreement of the Municipal Council, for which reason it was necessary to reform the agreement of the Municipal Council, approving the modification of the contract. Regarding the third of the deeds, it noted as a defect of relevance to the case: municipal agreement for approval of the addendum.

On March 2, 2005, the Municipal Council of Osa, in ordinary session no. 09-2005, Chapter V) on ratification of minutes, agreed to ratify the minutes of ordinary session no. 08-2005, including the point of Chapter VI), referring to the modification of the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan.

On March 14, 2008, through official letter no. DAM-ALCAOSA-141-2008, Mr. Alberto Cole de León, mayor of the Municipality of Osa, requested Máster Leonel Rosales, Director of Urbanism of INVU, to interpose his good offices in order to obtain the corresponding approval (visado) of the sheets he forwarded with said note, in order to proceed with the publication of the modification or change of use of the Punta Dominical Regulatory Plan.

On March 14, 2008, through official letter no. DAM-ALCAOSA-141-2008, received on March 17, 2008, Mr. Alberto Cole de León, mayor of the Municipality of Osa, requested Máster Allan Flores, General Manager of the ICT, to grant the approval (visado) of the sheets originally approved by INVU, approved on May 25, 2004, so that they could proceed with the corresponding municipal approval and forward them for publication in the Official Gazette La Gaceta, in order to complete the procedure and give validity to the application of Article 21 of Ley No. 6043.

On April 2, 2008, in ordinary session no. 13-2008, agreement no. 2, the Municipal Council of Osa definitively agreed to validate the Addendum required through official letter no. DCO-422-2004 from the Concessions Department of the ICT and to authorize the Municipal Administration to proceed to update the data so that the Addendum could be signed.

On April 8, 2008, the Management of the ICT received official letter no. APD-30-04-2008 of March 10, 2008, where Mr. Clinton A. Stephenson, legal representative of Empresa Hotelera Dominical S.A., requested that a swift and prompt response be given to the request for approval of the sheets of the Punta Dominical Regulatory Plan, which was forwarded by the Mayor's Office of the Municipality of Osa, for the purpose of achieving their publication to conclude the act of modification of said Regulatory Plan.

On April 9, 2008, through official letter no. APD-21-04-08, architect Víctor E. Montero Dien requested Mr. Alberto Cole de León, mayor of the Municipality of Osa, to grant special permission to Empresa Hotelera Dominical S.A. to intervene in the building component relating to the water treatment system of the Restaurante La Parcela.

On April 10, 2008, through public deed no. 222, visible from folio 169 recto to folio 178 verso of volume 2 of the protocol of notary Donald Picado Angulo, the protocolization was carried out of the contract signed on March 31, 2004, between the Municipality of Osa and the company named Punta Dominical S.A., by which said Municipality granted in concession to the referenced corporation land located within the maritime-terrestrial zone, described in cadastral map no. P-864164-2003, as well as the protocolization of the addendum to said contract executed on September 20, 2004, with the approval of the Municipal Council of Osa, granted in the agreement taken in ordinary session no. 13-2008, of April 2, 2008.

On April 15, 2008, through official letter no. DAM-ALCAOSA-216-2008, Mr. Alberto Cole de León, mayor of the Municipality of Osa, forwarded to Lic. Rafael Hernández Trigueros, legal advisor of that Municipality, and to Mrs. Isabel Chaves, head of the ZMT Department, a copy of official letter no. APD-21-04-08, sent by Architect Víctor E. Montero Dien, in order for them to carry out the corresponding analysis and forward the respective report as soon as possible.

On April 16, 2008, public deed no. 222, visible from folio 169 recto to folio 178 verso of volume 2 of the protocol of notary Donald Picado Angulo, was filed with the National Registry, received with the citations: volume: 575, entry: 52669, corresponding to the protocolization of the concession granted by the Municipality of Osa to the company Punta Dominical S.A., land described in cadastral map no. P-864164-2003.

On April 16, 2008, Lic. Juan Carlos Villegas Arguedas, Tropical Biologist of the Osa Conservation Area (ACOSA), National System of Conservation Areas (SINAC), issued the report on the survey of State Natural Heritage areas in the Punta Dominical Regulatory Plan, Osa, which contained the results of the technical study carried out in that coastal sector in relation to areas that constitute State Natural Heritage (PNE).

On April 16, 2008, Ing. Etilma Morales Mora, Director of the Osa Conservation Area (ACOSA), National System of Conservation Areas, based on the aforementioned, certified that within the Playa Dominicalito and Punta Dominical Regulatory Plan there are 52.379 hectares of forest (bosque) and 4.766 hectares of lands with forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal) (classes VII and VIII), with the definition of wetland areas still pending, which would be certified subsequently, and that all these areas form part of the PNE and are duly identified, georeferenced and quantified in the following chart:

| Cartographic Sheet | Regulatory Plan     | Classification       | Polygon Code | Area in Hectares |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------|
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B1           | 3.555            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B2           | 3.288            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B3           | 1.754            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B4           | 2.383            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B5           | 8.739            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B6           | 0.641            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B7           | 0.399            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B8           | 0.700            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B9           | 2.001            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B10          | 6.659            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B11          | 1.639            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B12          | 1.838            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B13          | 0.713            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B14          | 2.255            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B15          | 5.003            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B16          | 1.793            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B17          | 0.104            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B18          | 0.418            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B19          | 0.225            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B20          | 2.236            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B21          | 1.468            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B22          | 2.421            |
| Dominical          | Dominicalito        | Bosque               | B23          | 2.147            |
| Dominical          | Dominicalito        | TOTAL                |              | 52.379           |
| Dominical          | Dominicalito        | Aptitud Forestal     | AF1          | 2.055            |
| Dominical          | Dominicalito        | Aptitud Forestal     | AF2          | 2.711            |
| Dominical          | Dominicalito        | TOTAL                |              | 4.766            |

On June 2, 2008, through official letter no. C-PU-C-D-434-2008, Máster Leonel Rosales Maroto, Acting Director of the Urbanism Directorate of INVU, communicated to Mr. Alberto Cole de León, Mayor of the Municipality of Osa, that in reference to official letter no. DAM-ALCAOSA-141-2008, related to the request for approval of sheets for the modification or change of use of the Punta Dominical Regulatory Plan, it was not possible to approve said sheets, since differences had been found between them and the sheet approved by that Directorate on May 28, 2003.

On July 4, 2008, the Public Registry of Real Property registered the concession granted by the Municipality of Osa to the company named Punta Dominical S.A., assigning the registered property the folio number (matrícula): 2133-Z-000.

On July 7, 2008, in extraordinary session no. 13-2008, Chapter III, point 5), the Municipal Council of Osa received official letter no. AZM-413-2008 of June 30, 2008, signed by Isabel Chaves Bonilla, head of the Maritime-Terrestrial Zone Department, addressed to the Municipal Council, where said official indicated that in response to Chapter IV, Point 12 of extraordinary session no. 12-2008, held on June 23 of the current year, in which they refer to transcript no. 676-08, where official letter MPD-P-725-2008 of June 19 of that year was acknowledged, signed by Arch. Antonio Farath Matarrita and MBA. Leonel Rosales Maroto of the Urbanism Directorate of INVU, referring to the modification or land-use change (cambio de uso de suelo) of the Punta Dominical Regulatory Plan, which they forwarded to the Maritime-Terrestrial Zone Department for its study and recommendation before that collegial body, she allows herself to recommend, as she had already done through official letter ZMT-202-2007 dated October 9, 2007, that the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa considers it advisable to wait until MINAET forwards the respective report on the survey and demarcation of the areas that would be under the protection of PNE, so that the already modified sheets would carry the demarcation of said areas. On this matter, the Municipal Council, having acknowledged the official letter sent by Mrs. Isabel, resolved to make it known to both Arch. Antonio Farath Matarrita and Leonel Rosales Maroto, Acting Director of the Urbanism Directorate of INVU.

On August 6, 2008, in ordinary session no. 31-2008, Chapter VII, the Municipal Council of Osa, at the instance of Mr. Alberto Cole de León, mayor of the Municipality of Osa, and Mrs. Jéssica Hernández Sanarrusia, proprietary councilor, took agreement no. 7, by means of which it resolved to annul (dejar sin efecto) agreement no.

5 of Chapter III, adopted in Extraordinary Session no. 13-2008, of July 7, 2008. In addition, that Municipal Council determined, applying article 21 of Law no. 6043, to approve the content of the maps corresponding to the final land-use change (cambio de uso del suelo) procedure for the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical and to authorize their corresponding publication. Likewise, the municipal administration was authorized to execute all pertinent actions in order to conclude the modification process of the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical. Furthermore, the Municipal Council issued instructions to inform the Directorate of Urbanism of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), as well as the Macro Process of Planning and Development of the ICT, in order to request their cooperation in everything that the referred procedure implied, with the purpose of finalizing that process and thus guaranteeing municipal control over this zone in accordance with the provisions of the Constitution of the Republic and Law 6043 itself. Said agreement was approved definitively. On August 13, 2008, in ordinary session no. 32-2008, chapter III, point 2), the proprietary councilwoman Alba Cerdas Aguilar formally filed a motion for review (recurso de revisión) against agreement no. 7, regarding the Coastal Regulatory Plan of Punta Dominical, for which the Municipal Council agreed to nullify the same and ordered that the decision thus made be communicated to the ICT, INVU, as well as to Mr. Jorge Alberto Cole de León, municipal mayor of Osa, and to Isabel Chaves Bonilla, head of the Maritime-Terrestrial Zone Department. On August 28, 2008, by official letter no. C-PU-C-D-2008, Master Leonel Rosales Maroto, Director of Urbanism of INVU, communicated to the Municipal Council of Osa that, based on the agreement reached by said Council—ordinary session no. 31-2008, of August 6, 2008, official letter MPD-P-456-2008, and agreement of the ICT Board of Directors, per official letter SJD-1149-2003 of December 11, 2003—he proceeded to approve the plans of the land-use and road network proposal for the Regulatory Plan of Punta Dominical, indicating that before being published it must be approved by the Municipality. On October 1, 2008, in ordinary session no. 39-2008, the Municipal Council of Osa agreed to rectify the minutes of ordinary session no. 38-2008, held on September 24, 2008, point 1), regarding the omission of recording the note dated September 22, 2008, signed by Mr. Roberto Sánchez Mata, secretary of the Municipal Council, in which he requested that the material error appearing in point II of Chapter III (alteration of the Day's Agenda) of Ordinary Session no. 32-2008, of August 13, 2008, notified via transcription no. 818-08, which referred to the motion for review against the Coastal Regulatory Plan of Punta Dominical, be considered corrected, so that it be understood, since it was not indicated, that that point referred to Agreement no. VII of Chapter VII of Agreements and Motions, recorded in Ordinary Session no. 31-2008, held on August 6, 2008. The foregoing, as indicated, in application of the provisions of article 157 of the General Law on Public Administration. In November 2008, Lic. Juan Carlos Villegas Arguedas, Tropical Biologist of the Osa Conservation Area (ACOSA), National System of Conservation Areas (SINAC), issued the Report on the survey of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) areas in the Punta Dominical Regulatory Plan, Osa (wetlands, mangrove, and estuary), which contains the results of the technical study that complements the analysis of the areas that constitute PNE in that coastal sector. In this regard, the cited report concluded the following: areas of wetlands, mangroves, and lagoons of protection interest were detected, which form part of the PNE. 0.672 hectares of estuaries were located and georeferenced in the Pozo Azul stream. 0.373 hectares of mangrove were located and georeferenced near the mouth of the Pozo Azul stream. 8.978 hectares of wetlands were located and georeferenced, which were situated particularly toward the first section of the Regulatory Plan after Punta Dominical. Likewise, the report includes the following table with the detail of the areas identified in the referred study. The results of the classification of the State PNE on the lands of the maritime-terrestrial zone included in the Regulatory Plan of Punta Dominical showed no variation whether the methodology contained in resolution R-SINAC-013-2006 or that indicated by Executive Decree No. 34295-MINAE of January 29, 2008, published in La Gaceta No. 28 of February 8, 2008, was applied. On January 21, 2009, in ordinary session no. 13-2009, chapter IV) Correspondence, point 6), the Municipal Council of Osa took note of report no. MUNOSA-SJ-33-08 of December 19, 2008, signed by Lic. Rafael Guillermo Hernández Trigueros, Municipal Advisor, regarding the opinion concerning the motion for revocation with subsidiary appeal and concomitant motion for absolute nullity (incidente de nulidad absoluta), filed by Empresa Hotelera Dominical S.A., filed against the agreement adopted in point 2) of chapter III) of ordinary session no. 32-2008 of August 13, 2008, which concluded: “For the foregoing, this office considers, based on the cited legal regulations, that it is appropriate to declare the filed motion admissible, since the motion for review filed by one of the council members in point 2), chapter III of ordinary session # 32-2008 of August 13, 2008, lacks legal basis in that it is not duly substantiated, fails to observe the Administrative Due Process, and violates the Principle of Singular Non-Derogability of Own Acts, and therefore must be eliminated from the municipal legal order.” In this regard, the Municipal Council of Osa ordered that the motion for revocation and the motion for nullity filed by Empresa Hotelera Dominical S.A. be declared admissible. On January 27, 2009, in session no. 5560, article 5, subsection IX, the ICT Board of Directors agreed: “to accept the recommendation contained in official letter MPD-P-1595-2008, signed by the Macro Process of Planning and Development, and given the ICT’s competence to exercise superior and general oversight through control and coordination mechanisms with the municipalities, it is appropriate to request the Municipality of Osa to: A) Rectify in its entirety the Zoning and Road Network sheet of the Punta Dominical Regulatory Plan, excluding the areas that are identified as State Natural Heritage, classified as forests, forest-suitable lands, and wetlands. B) Rectify the area charts of the land uses, excluding the State Natural Heritage areas that were identified by the Osa Conservation Area. C) Rectify in the Regulations of the Punta Dominical Regulatory Plan, the articles corresponding to the excluded uses. D) Submit the rectified documentation to the INVU and ICT Institutions for their approval; the Municipality of Osa must publish again in the Official Gazette La Gaceta the documentation of the Playa Dominical Regulatory Plan. E) In the event that the total area of the Punta Dominical Regulatory Plan is considered as State Natural Heritage, proceed with its annulment as established by the Institutional Procedure published in La Gaceta No. 47 of Tuesday, 7th of 2006.” On February 26, 2009, in Official Gazette La Gaceta no. 40, the Secretariat Department of the Municipal Council of the Municipality of Osa published transcription no. 777-08, certification no. 78-2009, corresponding to agreement no. 7, chapter VII, reached by the Municipal Council of Osa in ordinary session no. 31-2008, held on August 6, 2008, where it ordered the nullification of agreement no. 5 of Chapter III, adopted in extraordinary session no. 13-2008, held on July 7, 2008, and the Municipal Council determined, applying article 21 of Law no. 6043, to approve the content of the maps corresponding to the final procedure for modification or land-use change (cambio de Uso de Suelo) of the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Dominical and authorize their corresponding publication, among other decisions. On March 9, 2009, Mr. Clinton Ashley Stephenson, acting as unlimited general proxy of Empresa Hotelera Dominical S.A., submitted to the Municipality of Osa a concession application for land located in the public zone of Punta Dominical, Osa, Puntarenas, indicating an area of 2641.55 square meters, with a frontage of 31.64 meters and a depth of 85.10 meters, with construction of a restaurant, parking, and trails. On March 30, 2009, by official letter no. MPD-P-368-2009, Arch. Antonio Farah Matarrita, Acting Leader of the Macro Process of Planning and Development, informed the Office of the Comptroller General of the Republic that, in accordance with the tourism and non-tourism declarations issued by the ICT for the coastal sector where the Punta Dominical Regulatory Plan is located, the tourism-suitable sector in that Regulatory Plan is located between boundary marker no. 223 and boundary marker no. 285, from coordinate 352892 N ± 480759 E to coordinate 354365 N ± 480239 E, and the non-tourism sector is located between boundary markers no. 166 and boundary marker no. 223, from coordinate 351705 N ± 482428 E to coordinate 352892 N ± 480759 E. The area pertaining to cadastral plan no. P-883689-2003, which corresponds to the land located within the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan and granted in concession by the Municipality of Osa, with the approval of the ICT, to the company Punta Dominical S.A., is located entirely in an area declared non-tourism by the ICT. The area pertaining to cadastral plan no. P-864163-2003, which corresponds to the land located within the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan and granted in concession by the Municipality of Osa, with the approval of the ICT, to Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., is also located completely in a zone defined as not suitable for tourism by the cited Institute. The area pertaining to cadastral plan no. P-864164-2003, corresponding to the land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan and granted in concession by the Municipality of Osa, with the approval of the ICT, to the company Punta Dominical S.A., is situated entirely in a site determined as non-tourism by the ICT. The area pertaining to cadastral plan no. P-865511-2003, corresponding to the land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan and granted in concession by the Municipality of Osa, with the approval of the ICT, to the company Empresa Hotelera Dominical S.A., is located partially in an area declared non-tourism by the Institute. The area pertaining to cadastral plan no. P-863801-2003, which corresponds to the land located within the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan and currently in the process of concession before the Municipality of Osa, by virtue of the application promoted by the company Punta Dominical S.A., is located entirely in a zone established as not suitable for tourism by the ICT. The lands located with the description indicated by the cadastral plans numbered: P-863801-2003, P-863803-2003, P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-864163-2003, P-883689-2003, and those corresponding to the concession application being processed in the Municipality of Osa under the administrative file provided with certification no. 629-2009, which correspond to areas situated in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan, involve areas classified by the Osa Conservation Area (ACOSA) as part of the PNE. The area of the public zone of Punta Dominical, subject to the authorization granted by the ICT and the Municipality of Osa for the application of article 21 of Law no. 6043, where the facilities of “La Parcela” are currently located, and contemplated in the concession application submitted to that Municipality by Empresa Hotelera Dominical S.A., on March 9, 2009, forms part of the lands classified by the Osa Conservation Area as areas belonging to the PNE. Prior to the approval of the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan, its modifications and updates, neither the Municipality of Osa, nor the INVU, nor the ICT requested from SINAC the classification of the areas corresponding to the PNE, in accordance with the provisions of article 15 of Law no. 7575. Said classification of the PNE, indicated supra, was also not requested by the Municipality of Osa, nor the ICT, prior to the approval of the concessions granted to the companies Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., regarding the lands located in the areas comprised within the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan, parcels described in cadastral plans numbers P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-883689-2003, and P-864163-2003. Likewise, said classification was also not requested from SINAC prior to the granting of the authorization for the application of article 21 of Law no. 6043. Prior to the approval of the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan, its modifications and updates, and the approval of the concessions on lands of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone of Punta Dominical, granted to the companies Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., parcels described in cadastral plans numbers P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-883689-2003, and P-864163-2003, no environmental impact study or environmental viability assessment was carried out with the approval of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). Empresa Hotelera Dominical S.A. does not have a concession granted by the Municipality of Osa and with the approval of the ICT, nor a use permit, that authorizes it to occupy the public-use area – public zone – of Punta Dominical, where the facilities of the business called “La Parcela” are located. The buildings located in the public zone of Punta Dominical, which currently house the restaurant and cabins called “La Parcela”, do not have a construction permit duly granted by the Municipality of Osa. The company Punta Dominical S.A. does not have construction permits granted by the Municipality of Osa that would empower it to erect buildings in the maritime-terrestrial zone contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan. Empresa Hotelera Dominical S.A. does not have construction permits granted by the Municipality of Osa that would empower it to build in the maritime-terrestrial zone contemplated in the Punta Dominical Coastal Regulatory Plan. The area of the public zone of Punta Dominical, where the facilities of the restaurant and cabins called “La Parcela” are currently located, does not have access via a public road declared as such by the Municipality of Osa or the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). The land area corresponding to the road indicated on sheet 21 of Land Uses of the Punta Dominical Regulatory Plan, which crosses the restricted zone and is located between boundary markers no. 234 and no. 235, in the part that is located outside the rear limit of the maritime-terrestrial zone and that constitutes its junction with the coastal highway, has not been formally transferred to the Municipality of Osa, nor is it registered in the name of that Municipal Corporation in the National Registry. On July 6, 2009, in extraordinary session no. 13-2009, the Municipal Council of Osa took note of the report of the Maritime-Terrestrial Zone Commission no. 03-2009, corresponding to the session held on May 19, 2009, which in point 14) referred to a concession application for a parcel in the public zone, filed by Empresa Hotelera Dominical S.A., for an area of 2641.55 m2 with a frontage of 31.64 meters and a depth of 85.10 meters, based on the premise of article 21 of the LZMT. In this regard, the Municipal Council ordered that it be forwarded to the lawyer of the Maritime Zone Department to verify compliance with requisites and to issue a legal opinion and recommendation to that Council. The restaurant and cabins business called “La Parcela”, located within the area subject to authorization for the application of article 21 of Law no. 6043, granted by the ICT and the Municipality of Osa, does not have a sanitary operating permit granted by the Ministry of Health. Punta Dominical S.A. and Empresa Hotelera Dominical S.A. filed a lawsuit against the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR), the State, and the National System of Conservation Areas (SINAC), in which they requested that the absolute nullity be declared of: 1. report no. DFOE-SM-14-2008 related to the approval of the regulatory plan and several concessions in the coastal sector of Punta Dominical, in the canton of Osa. 2. The certification of April 16, 2008, issued by Licda. Etilma Morales Mora, in her capacity as Director of the Osa Conservation Area. 3. Act no. FOE-SM-1757 of October 6, 2008, of the CGR. They specified that what was requested was that, in the judgment, the nullity be declared of the certification issued by the Director of the Osa Conservation Area, according to which in the areas concessioned to the companies here involved, there exist forest zones, forest-suitable areas, and wetlands that form part of the State's natural heritage, of the communication, as well as the CGR's order to demarcate and take possession of that zone, and not to grant construction permits. The CGR, the State, and SINAC answered negatively and raised the exceptions of lack of: right, active and passive standing, as well as the generic expression “sine actione agit.” In addition, the former filed a counterclaim (reconvención) against the co-plaintiffs, Dieciocho Veintiuno Sociedad Anónima, ICT, INVU, and Municipality of Osa, in which it petitioned that the absolute nullity be declared of the following acts: the conduct of the Municipal Council of Osa and of the ICT that granted Empresa Hotelera Dominical S.A. the authorization to apply article 21 of Law no. 6043 in the public zone of Punta Dominical, the site where the restaurant and cabins "La Parcela" are located; the modification to the Punta Dominical Regulatory Plan introduced with the purpose of changing the established land use, and incorporating a different one in accordance with the provisions of the cited precept 21, in the place where the restaurant and cabins "La Parcela" are located, for which it details various agreements of the Municipal Council, of the ICT, and actions of the INVU; the concessions granted to Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., referring to lands located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, comprised within the Punta Dominical Regulatory Plan, emanating from the Municipal Council, as well as from the National Registry; the concession granted to Empresa Hotelera Dominical corresponding to the land located in the public zone; the Punta Dominical Regulatory Plan approved by the ICT, INVU, and the Municipality of Osa, over the area located in the restricted zone; the plans that support the concession applications being processed before the Municipality of Osa in the name of Punta Dominical S.A., corresponding to the lands located in the restricted zone, and, that it be ordered that the approval of the applications is improper because they are located in State natural heritage or in sectors outside the tourism declaration by the ICT, so that the limits related to the granting of concessions in the maritime-terrestrial zone, comprised in the Punta Dominical Regulatory Plan, must be imposed on the Municipality and the ICT, establishing the duty to verify the areas corresponding to the State natural heritage, and not to approve concessions in areas that affect natural resources. It also requested that the Municipality, the INVU, and the ICT be ordered to make the necessary adjustments to the Regulatory Plan, excluding the areas classified as State natural heritage; that it be declared that the administration of the area where the Restaurant and Cabins La Parcela is located corresponds to MINAET; that the illegitimate occupation of those lands be ordered; and that the defendants be ordered to pay damages and losses. The counterclaim defendants raised the defenses of expiry, lack of: right, current interest, active and passive standing. The Court, regarding the lawsuit, rejected the exceptions of: sine actione agit—not being a defense as such—, lack of standing—in its dual aspect—, lack of current interest, and upheld that of lack of right. Hence, it dismissed the lawsuit in all its respects. Regarding the counterclaim, it rejected the preliminary defense of expiry of the action, as well as the exceptions of lack of standing in its dual aspect, lack of current interest, and lack of right. Consequently, it declared the counterclaim filed by the CGR well-founded in all its respects. It ordered the substantial non-conformity with the legal order and, by reason thereof, the absolute nullity of the following administrative conducts, as well as that of all related acts and proceedings, that granted the authorization requested by Empresa Hotelera Dominical S.A., for the application of article 21 of Law no. 6043 in the public zone of Punta Dominical, where the facilities of the restaurant and cabins called “La Parcela” are located: a) Agreement of the ICT Board of Directors, approved in ordinary session no. 5082, article 2, subsection I), held on February 5, 2001; b) Agreement of the ICT Board of Directors, approved in ordinary session no. 5154, article 2, subsection V, held on January 14, 2002; and c) Agreement of the Municipal Council of Osa, approved in extraordinary session no. 06-2002, held on April 5, 2002, point 12), by means of which that Town Council decided: to authorize and approve the application of the regime indicated in article 21 of Law no. 6043, for the area requested by Empresa Hotelera Dominical S.A., and to authorize the initiation of the corresponding procedures for obtaining the respective concession contract. The substantial non-conformity with the legal order and, consequently, the absolute nullity of the modification to the Punta Dominical Regulatory Plan, for the purpose of changing the established land use and incorporating a different use under the application of article 21 of Law no. 6043, in the site where the facilities of the restaurant and cabins called “La Parcela” are currently located. Hence, it declared absolutely null the following administrative conducts, as well as all related acts and proceedings connected with them: a) Agreement of the ICT Board of Directors, approved in ordinary session no. 5281, article 5, subsection IX, held on December 9, 2003; b) Official letter no. PU-C-D-532-2004 of April 22, 2004, issued by the Directorate of Urbanism of INVU; c) Agreement of the Municipal Council of Osa, approved in ordinary session no. 08-2005, chapter VI), held on February 23, 2005, and ratification granted in ordinary session no. 09-2005, chapter V), held on March 2, 2005; d) Agreement of the Municipal Council of Osa, approved in ordinary session no. 31-2008, held on August 6, 2008, and published in Official Gazette La Gaceta no. 40 of February 26, 2009; and e) Agreement of the Municipal Council of Osa, approved in ordinary session no. 13-2009, chapter IV) Correspondence, point 6), held on January 21, 2009, where it ordered to declare admissible the motion for revocation and the motion for nullity filed by Empresa Hotelera Dominical S.A., revoking the agreement adopted in point 2) of chapter III of ordinary session no. 32-2008 of August 13, 2008. The substantial non-conformity with the legal order and consequently the absolute nullity of the concessions granted to the companies Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., referring to lands located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone comprised within the Punta Dominical Regulatory Plan. Hence, it declared absolutely null the following administrative conducts, as well as all related acts and proceedings connected with them: a) Agreement of the Municipal Council of Osa, adopted in ordinary session no. 07-2004, chapter VI), point 1), held on February 18, 2004, in that it approved the draft resolutions presented by the Municipal Mayor, for the granting of concessions and signing of the respective contracts in the name of: Empresa Hotelera Dominical S.A., parcel with an area of 3 hectares 7697.12 square meters; Punta Dominical S.A., parcel with an area of 2 hectares 4988.21 square meters; Punta Dominical S.A., parcel with an area of 4886.45 square meters; Punta Dominical S.A., parcel with an area of 13 hectares 6167.28 square meters; and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., parcel with an area of 9 hectares 6913.43 square meters; b) The concession contracts signed on March 31, 2004, between the Municipality of Osa and the company Punta Dominical S.A., corresponding to the lands described in the cadastral plans with numbers: P-864164-2003, P-882230-2003, P-883689-2003. The contract signed on that same date between the Municipality of Osa and Empresa Hotelera Dominical S.A., corresponding to the land with cadastral plan no. P-865511-2003, and the contract signed between the Municipality of Osa and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., corresponding to the land with cadastral plan no. P-864163-2003, as well as the addendums to said contracts signed on September 20, 2004; b) Resolutions numbers G-2025-2004 and G-2026-2004 of November 18, 2004, as well as resolutions numbers G-250-2005, G-251-2005, and G-252-2005, of February 4, 2005, all issued by the Management of the ICT, corresponding to the approval of the concession contracts signed between the Municipality of Osa and the companies Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., pertaining to the lands with cadastral plans numbers: P-864164-2003, P-882230-2003, P-883689-2003, P-865511-2003, and P-864163-2003; c) The registration of the following concessions in the National Registry, under folios: 1421-Z-000, 1422-Z-000, and 2133-Z-000 of the Puntarenas District; and d) The plans registered in the Cadastre of the National Registry, with numbers: P-864164-2003, P-882230-2003, P-883689-2003, P-865511-2003, and P-864163-2003. With respect to the concession applications being processed before the Municipality of Osa in the name of the company Punta Dominical S.A., corresponding to the lands located in the restricted zone, with cadastral plans numbers: P-863801-2003, P-863803-2003, and those corresponding to the concession application being processed under the file provided to the record with certification no. 629-2009, it declared: a) The absolute nullity of the referred plans and sketches that support those concession applications; b) That the approval of said applications is absolutely improper inasmuch as said lands involve areas that form part of the State Natural Heritage (PNE) or are located outside the sectors with a tourism declaration by the Costa Rican Institute of Tourism; c) That the Municipality of Osa and the Costa Rican Institute of Tourism are under the inescapable legal duty to respect the limits and rules established in the legal order with respect to the processing and granting of concessions on lands of the maritime-terrestrial zone comprised within the Punta Dominical Regulatory Plan, including, of course, those indicated throughout this judgment and in particular they must: 1) Verify—previously—the existence of areas corresponding to the State Natural Heritage on those lands and, when applicable, refrain from granting in concession the areas classified in that condition by SINAC and ACOSA (Osa Conservationist Association); 2) Refrain from approving concessions in areas that imply the affectation of natural resources, in accordance with the provisions of article 12 of Law no. 6043; 3) Dictate and enforce the measures deemed necessary to conserve or prevent the original conditions of the maritime-terrestrial zone and its natural resources from being harmed, in accordance with the provisions of article 17 of Law no. 6043; and 4) Periodically monitor the activities carried out in the maritime-terrestrial zone of that coastal sector, on the lands of its jurisdiction, ensuring their proper administration and usufruct, adopting, when applicable, the appropriate measures for their protection and guardianship, in accordance with articles 1, 2, 3, 12, 13, 73, and concordant articles of Law no. 6043, without prejudice to any other regulations that may be applicable as the case may be.

v) It declared absolutely improper the processing and granting of the concession requested by the company Empresa Hotelera Dominical S.A., pertaining to the land located in the public zone of Punta Dominical, measuring 2,641.55 square meters, on the site where the commercial facilities of the restaurant and cabins called “La Parcela” are currently located. vi) It declared a substantial non-conformity with the legal order and consequently the partial nullity of the Coastal Regulatory Plan of Punta Dominical, approved by the ICT, INVU, and the Municipality of Osa, formalized through publication in Official Gazette La Gaceta no. 61 of March 27, 2003. Hence, it declared absolutely null the planning established in relation to the following areas: a) The area located in the restricted zone, which is an integral part of the lands classified as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) within the respective Regulatory Plan, identified by the shaded polygon that refers to the most prominent part of the so-called Punta Dominical, which specifically encompasses from boundary markers no. 1 to no. 11, in consecutive order, with a legend that reads: “área sujeta a futura planificación”; b) The areas of the restricted zone belonging to the PNE, comprised within the lands with cadastral plans numbers: P-863801-2003, P-863803-2003, P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-864163-2003, P-883689-2003, and those located on the lands with a concession application being processed at the Municipality of Osa under the file provided with certification no. 629-2009; and c) The sector of the Regulatory Plan that encompasses boundary markers from no. 166 to no. 223, from coordinate 351705 N ± 482428 E to coordinate 352892 N ± 480759 E, which corresponds to the area with a declaration of non-touristic suitability approved by the Board of Directors of the ICT, in session no. 4040, article 2, subsection I), held on February 27, 1990, and published in Official Gazette La Gaceta no. 52 of March 14, 1991. vii) It ordered the Municipality of Osa, the ICT, and the INVU to proceed immediately to make the necessary adjustments to the Coastal Regulatory Plan of Punta Dominical, excluding from said planning the areas classified as PNE in the aforementioned plans and those with a non-touristic declaration by the ICT, in accordance with the indicated description. It established that this must be concluded and approved within a period no longer than one year, counted from the finality of the judgment. viii) It declared that in the case of the areas classified as PNE on the lands described in the cadastral plans numbers: P-863801-2003, P-863803-2003, P-864164-2003, P-865511-2003, P-882230-2003, P-864163-2003, P-883689-2003, and those located on the lands with a concession application being processed at the Municipality of Osa under the file provided with certification no. 629-2009, as well as in the area of the public zone, where the facilities of the restaurant and cabins called “La Parcela” are currently located, their administration corresponds exclusively to the Ministry of Environment and Energy through SINAC. It declared the occupation exercised by Empresa Hotelera Dominical S.A. over the lands of the public zone of Punta Dominical, at the site where the restaurant and cabins called “La Parcela” is currently located, as well as the constructions housing that business, to be illegitimate, and therefore orders the eviction and definitive vacation of that area subject to the illegal authorization for the application of article 21 of Law no. 6043, granted by the ICT and the Municipality of Osa. xi) It ordered, in the abstract, the companies Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A. to pay the damages caused to the environment and the PNE, by virtue of their illegitimate actions in relation to the lands of the maritime-terrestrial zone of Punta Dominical, the existence and amount of which would be established in the judgment execution phase. xii) It ordered, in the abstract, the counter-defendant Administrations to pay the damages generated from the active or omissive administrative conduct that caused harm to the PNE and the environment on the lands subject to this proceeding, the existence and amount of which would be established in the judgment execution phase. xiii) It declared the counter-defendant Administrations responsible for the illegitimate omission in the timely and adequate exercise of the powers conferred by the legal order to achieve the revocation or annulment of the administrative conduct subject to this proceeding and the effective protection of the lands of the Maritime-Terrestrial Zone involved in this litigation. xiv) It ordered the counter-defendant companies and Administrations to refrain from engaging in active or omissive conduct that harms the PNE and the environment on the lands of the maritime-terrestrial zone comprised within the Coastal Regulatory Plan of Punta Dominical. xv) Regarding the claim, it ordered Empresa Hotelera Dominical S.A. and Punta Dominical S.A. to pay both costs to the State, the CGR, and SINAC, along with the respective legal interest, which would be computed from the finality of the ruling through which their quantum is determined and until their effective payment. Regarding the counterclaim, it ordered Empresa Hotelera Dominical S.A., Punta Dominical S.A., Dieciocho Veintiuno S.A., the Municipality of Osa, INVU, and ICT to pay both costs to the CGR as well as their respective legal interest, which would be computed from the finality of the ruling through which their quantum is determined and until their effective payment.

Cassation appeals on procedural grounds

Cassation appeal of the plaintiff party

II.- First: it states that the oral and public hearing was held on January 30, 2019, and from that moment, in accordance with article 111 of the Administrative Contentious Procedure Code (CPCA), the Court had a peremptory period of 15 business days to issue the ruling. However, it objects, on the day of the mentioned hearing, the judges addressed the request of the CGR regarding the admission of evidence for a better resolution, and knowing that the hearing should conclude that day, granted three business days for the parties to comment on the relevance of said evidence. Hence, it points out, the provisions of the procedural Code were disregarded, since it was not possible to know the Court's decision regarding the admission of that item of evidence. It also asserts that it could not file any appeal against what the judges decided regarding the admissibility of that evidence. Likewise, it indicates, the evidence was admitted without knowing the reasoning for why that was done. It emphasizes that the debate should have closed that day to give way to the closing arguments, in accordance with articles 109 and 110 of the same Code. However, the Court erred in extending the period for issuing the ruling, as it granted three additional days from the 15 regulated by article 111 of the CPCA, for the purpose of allowing the parties to comment on the admissibility of that item of evidence. It reproaches that, in accordance with article 110 of the same Code, due to the offering of the evidence, the judges should have suspended the hearing, provided the three-day period, resolved on it, and then called for the continuation of the oral hearing, thus allowing the opportunity to present appeals against that decision. It states there is ample case law of this Chamber to the effect that the period to issue judgment is peremptory and must be respected. Consequently, it argues, since the period expired on February 20, 2019, and it was notified until February 25, it must be annulled. It adds that its right of defense was also violated, as stated. Similarly, it mentions that the ICT was notified by a means different from the one offered by said Institute, as it was notified in open court, even though it should have been via email. Hence, it notes, this reaffirms the breach of the mentioned peremptory period—since it is common to all parties and has not been fulfilled—because it concludes only when all parties are notified, which, it asserts, has not occurred due to the defect in the notification to the ICT. Second: it states that the judges incurred the defect regulated in subsection c) of article 137 of the CPCA. It refers to proven facts 128 and 129. It criticizes that in certification no. ACOSA-D-069-09, Mr. Juan Carlos Villegas Arguedas issued a report on the PNE areas in the Regulatory Plan of Punta Dominical, Osa. It adds that the Director of the Osa Conservation Area (ACOSA) of SINAC, based on said instrument, certified that in the Regulatory Plan of Playa Dominicalito and Punta Dominical there are 52,379 hectares of forest and 4,766 hectares of land with forest aptitude (classes VII and VIII). It refutes that the Court omitted to point out, in accordance with the facts supporting the claim, when said acts were issued, there was regulation in force that expressly repealed the regulation on which ACOSA relied to issue the mentioned PNE classification. It explains that ACOSA issued such classification based on directive R-SINAC-013-2006, which was expressly repealed by Executive Decree no. 34295 MINAE of January 29, 2008, published in La Gaceta no. 28 of February 8, 2008. It emphasizes that, therefore, the mentioned regulation was in force when the PNE certification of April 16, 2008, was issued, on which the CGR based its actions. Furthermore, it refutes that in proven fact 138 it was recorded that said PNE categorization in the Regulatory Plan of Punta Dominical does not vary whether the methodology contained in resolution R-SINAC-013-2006 or that developed in Executive Decree no. MINAE of January 29, 2008, is applied, without explaining how it reached that conclusion. Due to the foregoing, it criticizes, the Court dispensed with considering the statement of the expert witness Eng. Leonardo Rojas, who expressly pointed out that applying one methodology or the other entailed a qualitative and quantitative difference, which impacted the area that corresponded to the PNE and the area that could be concessioned. It complains that the judgment’s considerations allude to the CGR’s expert witness, but not to those of experts Leonardo Rojas and Diego Arias. This, it indicates, without mentioning why their testimonies are not of importance to the Court, even though, in the case of Eng. Rojas, his declaration contradicts what expert witness Joel García Medina said. It adds that what was testified by the expert Eng. Leonardo Rojas was reinforced with documentary evidence, and that in accordance with the regulations in force, there are areas that do not have forest cover (cobertura boscosa) or aptitude, and therefore are concessionable. Likewise, it states, it was proven with photographs provided in the proceeding, to which reference was omitted, such that the Court limited itself to espousing what ACOSA maintained.

Cassation appeal of the Costa Rican Tourism Institute

III.- Sole: it argues that the rules for deliberation and the period for issuing the judgment were not observed, based on the provisions of article 137, subsections 1. d, g, and h of the CPCA. It points out that the judgment was notified to mailbox 47 of the ICT, when it should have been communicated via email, given that it had arranged to have the authorized email by the Information Technologies of the Judicial Branch as the primary means of notifications. It reproaches that this violates the provisions of articles 111, 79, and 78 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Administrative Contentious and Civil Treasury Jurisdiction (RAOSJCACH). It states that the oral and public hearing was held on January 30, 2019, and on February 4, 2019, the parties submitted their closing arguments, so it points out that the judgment should have been notified on February 25, 2019, in accordance with subsections 1) and 2) of article 111 of the CPCA, and articles 79.4, 79.5, and 82.1 of the RAOSJCACH. However, it mentions, it has still not been notified, even though it should have been informed of the ruling no later than February 25, 2019. It adds that, even if it is deemed notified on the day of filing the cassation appeal, it was filed outside the 15-day period. It adds that, although the change of means for receiving notifications was made before this Chamber, the case file is a single one and it has always designated a means, not a place, to receive them. In support, it cites a judgment of this Chamber regarding notification outside the normatively prescribed period. In addition, in the substantive charge, it insists that immediacy was breached, “…since it makes the result of an oral proceeding perpetual and makes article 111 of the CPCA inapplicable, it being clear that the legislator's intent was to notify within the cited period… it is clear that the 15-day period after the supplementary hearing ended expired on February 20, 2019. The written closing arguments do not affect the period, and therefore the judgment becomes void.” Finally, it accuses that the right of defense was violated because evidence was admitted in the judgment without providing the co-defendants with the possibility of presenting counter-evidence.

Cassation appeal of the Municipality of Osa

IV.- Sole: it asserts that the Court issued the judgment outside the normatively prescribed period [article 137, subsection g) of the CPCA]. It notes that the oral hearing was held on January 30, 2019, so the ruling should have been issued by February 20 of that year at the latest. However, it criticizes, it was communicated with an excess of 18 business days beyond that peremptory period. It refers that it assumes this was due to unfortunate circumstances for the Court; first, because it addressed a request from the counterclaimant regarding the admission of evidence for a better resolution—offered since November 7, 2017—and due to that, granted a three-business-day period to the other parties to express whether it was relevant. Second, due to the period granted, it states, it was impossible for it to exercise its right to appeal the judges’ decision in case they admitted it. Third, the Court declared the case complex, so it had to issue judgment within 15 business days. Also, within that three-day period, it gave the parties the opportunity to submit closing arguments. Then, it reproaches, it admitted said evidence without knowing the considerations it had for admitting it, as it did not observe the provisions of article 110 of the CPCA regarding the reopening of the debate for the purpose of receiving new evidence or expanding that already admitted. It intuits that it surely added the period for issuing closing arguments to the period for issuing the ruling, and therefore did so outside the legal period. In support, it transcribes part of a judgment of this Deciding Body that alludes to the obligation to issue the ruling within the 15-day period, it being peremptory and to safeguard the principle of immediacy.

V.- The parties: the plaintiff (in the first), the Costa Rican Tourism Institute (in the sole), and the Municipality of Osa (in the sole), in the cited procedural grievances, reproach that the Court issued and notified the ruling after the 15-day period prescribed for that purpose had already elapsed [article 111, subsection 1)]. The arguments are not entirely coincident; the co-plaintiffs state that, at the oral and public hearing, the judges addressed the CGR’s request regarding the admission of evidence for a better resolution, and even though the hearing should conclude that day, it granted three business days for the parties to comment on the relevance of that evidence. Consequently, it contends, the rules of the procedural Code were disregarded, since it was not possible to know the Court's decision regarding that item of evidence. It also asserts that it could not file any appeal against the judges' decision in that regard. In addition, it points out that the evidence was admitted without knowing the reasoning for why. It emphasizes that the debate should have closed that day to give way to the closing arguments, in accordance with articles 109 and 110 of the same Code. However, the Court acted incorrectly by extending the period for issuing the ruling, as it granted three additional days from the 15 regulated by article 111 of the CPCA. As for the evidence for a better resolution, since it is an aspect refuted in a similar sense by the co-plaintiffs and the ICT, it will be resolved next. The judges, in what is relevant, ruled: “CONSIDERANDO I.- ON THE EVIDENCE FOR A BETTER RESOLUTION.- During the Oral and Public Hearing, the Comptroller Body informed the Court that prior to said supplementary hearing—more specifically, on the occasion of a previous setting, images 623 to 628 of the judicial file—it had provided several documents, among which was the Informe SINAC-ACOSA-ASP-213-2017, which at that time it petitioned be admitted as evidence for a better resolution. The relevant hearing was granted regarding them, noting that, as it is evidence for a better resolution, even if offered by the parties, it is the Court that ultimately decides if it is indeed required for a better resolution of the merits of the matter. Court’s holding.- In this case, in the judgment of this Chamber, said evidence, which was the subject of debate in the proceeding, is dated after the pleadings and the preliminary hearing, and it also has the character of supplementary evidence. Thus, it is clearly relevant and useful for the case under study, especially considering that the Informe SINAC-ACOSA-ASP-213-2017 specifically clarifies, in a graphic manner, the situation of the lands and their affectations by the State Natural Heritage. Hence, it is appropriate to admit the indicated evidence, as is hereby ordered.” From what is reproduced, it is verified, contrary to what the appellants argue, that although three days were indeed granted for the parties to comment on the evidence offered for a better resolution, it is also true that this period coincided with the one requested by all the parties to be allowed to submit their closing arguments in writing, to which the Court agreed, granting that period. Therefore, the litigants had the opportunity to express what they considered pertinent regarding said evidence. Then, the judgment provided the reasons why it was admitted. Likewise, given that the decision on that item of evidence was made in the ruling, if they had any objection, they could have developed it in the cassation appeal. In any case, they do not mention how due process and/or the right of defense were affected. Thus, the rejection of the charges in that regard is appropriate. Continuing with the appellants’ arguments, the ICT objects that the ruling was communicated to mailbox 47 of that Institute, when it should have been done via email. It claims that this violates the provisions of articles 111 of the CPCA and 79 and 78 of the RAOSJCACH. It notes that the oral and public hearing was held on January 30, 2019, and on February 4, 2019, the parties submitted their closing arguments, so the judgment should have been notified on February 25, 2019, but it indicates that it has still not been notified. Regarding the contention that the judgment should have been notified to it via email, contrary to what the Institute argued, even though the Court indicated to the litigants at the end of the hearing that, if necessary, they should designate a means for communicating the judgment, the ICT, in its closing arguments submission, did not designate any means, so the Collegiate Body correctly notified the ruling to mailbox 47, since that was the place previously designated for that purpose. For these reasons, the objection regarding these aspects is dismissed. Lastly, the Municipality of Osa points out that the oral hearing was held on January 30, 2019, so the judgment should have been issued by February 20 of that year at the latest. However, it complains, it was communicated with an excess of 18 business days over the stipulated period. Similarly, it reproaches that it could not exercise its right to appeal the judges’ decision in case they admitted the evidence for a better resolution. It added that it admitted that evidence without knowing the considerations it had for doing so, as it did not observe the provisions of article 110 of the CPCA regarding the reopening of the debate for the purpose of receiving new evidence or expanding that already admitted. Regarding what was reproached about the mentioned evidence, we must reiterate what was stated in relation to the co-defendant party’s and the ICT’s appeal. Consequently, it is evident, contrary to what is argued, first, that it had the opportunity to refer to its offering and make any allegations it deemed pertinent on the matter—within the three-day period granted for that purpose. On the other hand, the judges, in the judgment, provided the reasons why they admitted it. Consequently, in the cassation appeal, it could have challenged the decision on that aspect. Likewise, it does not set forth the reasons why due process and/or the right of defense were violated. Hence, if any nullity existed, it would entail declaring it for nullity’s sake alone, which this Deciding Body does not deem appropriate. Moreover, it is necessary to recall that article 110.1) of the same Code stipulates: “If, during deliberation, the Court deems it absolutely necessary to receive new evidence or expand the evidence already admitted, it may order the reopening of the debate. The discussion shall be limited to the examination of the new items of assessment.” From what is reproduced, it is clear that the situation regulated in that provision also does not apply, since the three-business-day period was granted along with the parties' request to present their closing arguments, due to which the period for deliberation had not begun to run, because deliberation did not begin until February 5, 2019 (as it only began once the closing arguments were presented, which is the last procedural act prior to deliberation). Due to this, in the case under analysis, the reopening of the evidentiary phase was not ordered, as the appellant contends, nor was it appropriate. Finally, regarding the period for the final issuance of the judgment, this Chamber has held: “Pursuant to the principles of immediacy and celerity, article 111 of the Administrative Contentious Procedure Code (hereinafter CPCA) establishes that, once the hearing has concluded, the Court must deliberate and issue judgment immediately, foreseeing the possibility of exempting this obligation in cases that are classified as complex, in which case the judgment must be notified within a maximum period of 15 business days, computed from the conclusion of the hearing. As indicated, the norm responds to the principle of immediacy—this being the normative value intended to be protected in the precept under comment—and seeks to ensure that the judges, when issuing the ruling, retain in their memory with the greatest clarity the evidentiary elements examined during the hearing, and thus prevent the passage of time from eroding the integral assessment they may make of them. In line with the above, articles 82.1 and 79.4 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Administrative Contentious and Civil Treasury Jurisdiction provide that the deliberation may be extended for up to two days, in which case, the operative part must be communicated to the participants with a laconic exposition of its grounds, and the full text of the judgment within the already mentioned 15-day term. Both the legal norm and the regulatory provisions mentioned establish a parameter based on which it can be presumed that a breach of the oft-cited principle of immediacy has occurred. This is, of course, a legal presumption established for control purposes, without it being inferable from what is indicated that the judges cannot retain the details of the proceeding for a more extended period. It is simply the establishment of a tolerance limit by the legislator, or what is the same, a normative conventionalism. Therefore, its non-observance was sanctioned with nullity. Precisely, on this topic it has been indicated: “Provision 111.2 of the cited legal body, in concordance with precept 137 subsection g, sanctions with nullity the breach of the period for deliberating and issuing judgment, and orders the repetition of the hearing before a different composition of the Court, except for irreproducible evidentiary acts. The foregoing obeys the principle of immediacy itself, and seeks to ensure that between the evidentiary examination and the judgment, the least time possible elapses, guaranteeing that the judges have the evidence in their minds as clearly as possible, and therefore can carry out the evaluative exercise that corresponds, without forgetting relevant aspects of it” (judgment no. 1096-F-S1 2011 of 9:45 a.m. on September 8, 2011). No. 1527 of 8:30 a.m. on November 20, 2012. Judgment no. 28 of 9:45 a.m. on January 28, 2016. Ruling no. 144 of 10:20 a.m. on February 21, 2019.” Judgment no. 88 of 9:05 a.m. on January 28, 2021. It is verified that the legislator decided to set a 15-day period for issuing rulings in matters declared complex, as in the present case. This sought to ensure the least time possible elapses between the presentation of evidence and the issuance of the ruling, guaranteeing that the judges have the evidentiary items fresh in their memory and thus can perform their assessment without forgetting important elements of such evidence (principle of immediacy). As stated, the appellants accuse the Court of violating the mentioned 15-day period set out in article 111 of the CPCA, since the hearing concluded on January 30, 2019, and the judgment was issued and notified until February 25. However, as also expressed, although the oral hearing was held on January 30, 2019, it is certain that on that date not all the procedural stages stipulated in the legal order were completed. This is because, when the time came for the parties to present their closing arguments, they requested the Court to allow them to do so in writing. To which the judges agreed, granting three business days for that purpose. Consequently, contrary to what the appellants contend, the referenced hearing did not conclude on January 30, 2019, given that it was not until February 4 that the period for the litigants to formulate their closing arguments expired—as the three-day period ended. Hence, the hearing must be deemed concluded on that day, with the closing arguments phase, which in this case were made in writing, in accordance with the request of the cassation appellants themselves. Consequently, in accordance with the foregoing, the Court had time to issue and notify the ruling until February 25, 2019. Thus, since the judgment was issued on February 25 of that month and year, and was likewise communicated to the parties on that date, the Court did not breach the 15-day period set out in article 111 of the same Code. Consequently, this grievance must be dismissed.

VI.- Regarding the procedural defect regulated in subsection c) of article 137 of the CPCA, which is alleged in the second charge of the co-defendants, as this Chamber has resolved, “…it relates to the defective formulation of the factual situations. Thus, the error is configured when the judges, in determining the facts in the specific matter, develop one or more of the factual situations imprecisely, making it impossible to be certain about the fact held as established. This defect may also arise when there is a divergence between the factual situations that makes it impossible to know what the judges’ assessment was. It is clear that said procedural defect contemplated in the contentious-administrative procedural norms alludes not to an issue of correspondence of the facts held as established with the evidence in the file, but rather refers to the confused formulation of the factual situations held as proven, such that there is no certainty as to which fact is held as established; or that such facts contradict each other in such a way that they prevent knowing the assessment that was made of the evidentiary body. As can be verified, the appellant, in its objection, does not point to the referenced procedural defect, but rather to an evidentiary and substantive aspect, since, in its opinion, testimonial evidence was disregarded, a situation that is evidently foreign to the invoked ground.” Judgment no. 1707 of 10:20 a.m. on April 29, 2020. In the present case, it is evident that it does not allege a defect in the judgment as a procedural act, but rather a substantive discussion related to the assessment of the evidence, which, in its view, would lead to the result that directive R-SINAC-013-2006—applied when certifying the PNE—was expressly repealed by Executive Decree no. 34295 MINAE.

Furthermore, the witness from the CGR was considered in the ruling, but not the two expert witnesses from the opposing parties, which in its opinion denotes, in accordance with the legal system, that there are areas that do not have forest cover (cobertura boscosa) or forest aptitude, and therefore can be granted as concessions. It is clear that the criticism addresses the merits of the case under study. Hence, it is not pertinent to analyze it as a procedural ground. However, this Chamber is empowered to reclassify the challenge in accordance with its content. In the matter under examination, given that the substantive rules violated are not set forth, nor is it explained how their violation occurs, the refutation is inadmissible. In any case, some of the aspects are developed in the merits grounds and will therefore be addressed in due course. Abounding in reasons, regarding the fact that the judges, when ruling, relied on the statement of the CGR's expert witness and disregarded the testimony—of equal category—of the opposing party; it must be remembered that when dealing with elements of conviction of the same type, as occurs with what is alleged by the appellant, the Court commits no error in granting greater value to one piece of evidence over another. This is because it pertains to the exercise of a discretionary power that the legal system grants when conducting the evidentiary assessment, in accordance with the principle of sound criticism (principio de la sana crítica) (article 82.4 of the CPCA).

Cassation appeals on the merits

Cassation appeal by the plaintiff

VII.- First: It alleges an improper evidentiary assessment since, in its opinion, the classification of the PNE on the lands included in the Punta Dominical Regulatory Plan is mistakenly found not to vary (as the Court resolved), whether the methodology contained in act no. R-SINAC-013-2006 or that set forth in Executive Decree No. 34295-MINAE of January 29, 2008, is applied. It asserts that the main evidence on which the judges rely, namely, the certifications issued by ACOSA, lacks support for being contrary to the legal system, as well as lacking validity and effectiveness. It points out that ACOSA's PNE certification of April 16, 2008, was issued based on a repealed rule, such as directive R-SINAC-013-2006 of April 5, 2006. This, it says, was repealed with the entry into force of Executive Decree No. 34295 MINAE of January 29, 2008, published in La Gaceta No. 28 of February 8, 2008. It argues that Transitory Provision III of this latter regulation states: “The classifications made under Administrative Resolution R-SINAC-013-2006 of April five, two thousand six, must be reformulated in accordance with the provisions of this executive decree. To this end, SINAC shall have a period of six months from the publication of this decree to make such corrections.” For its part, Considerando IV provides: “Repeal Administrative Resolution R-SINAC-013-2006 of April five, two thousand six.” However, it maintains that ACOSA did not reformulate the PNE classifications, thereby violating the principle of legality (principio de legalidad), prescribed in rule 11 of the CP and developed in article 11 of the LGAP, which is endorsed by the Court. This, it reproaches, despite the fact that the Administration did not submit to the legal system, since it stated that the result did not vary, even if one or another methodology was used. It objects that ACOSA's obligation to submit to Executive Decree No. 34295-MINAE is disregarded, but without explaining why such classification is the same, whether one or another normative instrument is used, despite the fact that, in accordance with the regulations in force, the classification had to be reformulated within six months. Hence, it indicates, even if the Court considers that the classification made based on the 2006 Directive complies with the aspects involved in the definition of forest, the truth is that the way of classifying such areas was expressly changed, as set forth in a rule that is mandatory for the Administration, without it being possible to rely on a discretionary exercise to decide which methodology to apply, which, it points out, violates the principles of legality and legal certainty (seguridad jurídica) of the administered parties. It states that, when the witness offered by the CGR, an official of MINAET, ACOSA, declared, upon being questioned by its lawyer, that to carry out a classification such as that of the PNE, any methodology could be used, without it being necessary to apply that of the Regulation in force. This, it considers, is an unequivocal sign, not only of a flagrant violation of the legal system, but also that it attacks the postulates proper to a State of Law regarding legal certainty. The foregoing, given that when a rule is in force, it cannot be disapplied by the Administration, in accordance with the principle of singular non-derogability of regulations (principio de inderogabilidad singular de los reglamentos), - precept 13 of the LGAP -, which it accuses as having been left unapplied due to the incorrect evidentiary assessment. Second: It accuses a violation of the principles of reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality. It argues that this is verified by the way the judges interpret the exceptions of statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad), due to the fact that the acts were issued when the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction was in force, which, it points out, was repealed as of January first, 2008. It affirms that it is clear which regulation must be acted upon, namely, the one in force at the time the facts occurred, which the legislator set forth in Transitory Provision III, in that acts that became final in the administrative venue before the CPCA came into force were governed by the legislation in force at that time. Furthermore, it affirms that this finds support in the principle of non-retroactivity of the Law (article 34 of the CP). In support, it cites jurisprudence of the Constitutional Chamber regarding the concepts of vested right (derecho adquirido) and consolidated legal situation (situación jurídica consolidada) and the principle of regulatory non-retroactivity in such cases. It reproaches that the judges made an erroneous exegesis of the legislator's spirit when integrating both transitory provisions, which, it says, calls legal certainty into question. This, because “…it allows firm, valid, and effective acts to be subject to review and even annulment at any time.” It refutes that, by its actions, it omitted to address in all its extremes the scope of the CPCA and allowed the CGR the possibility, at any time, to request the nullity of administrative acts that under the previous legislation were firm, valid, and effective. The Court, it asserts, ruled that the institutes of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) are not applicable because it involves the recovery and protection of public domain (dominio público) assets, which, in its opinion, violates legal certainty. It points out that such interpretation is only applicable in lesividad proceedings, which was not declared in the administrative venue, but rather the nullity of the Regulatory Plan was filed directly. Thus, it considers that the provisions of canon 34.2 of the CPCA are not applicable, and therefore, in the instant case, the expiration (caducidad) must be applied in the terms alleged by it. It insists that, according to the applicable legislation, the maximum period to request the nullity of the actions was four years. It reproaches that the State relies in the same sense to not accept the exception of expiration (caducidad) in accordance with what is regulated in article 14 of the LF. “However, its reading reveals the erroneous nature of its interpretation, since the same law distinguishes what this representation maintained in the process, in the sense that an enormous difference must be made between attempting to appropriate public domain (demanial) land, given that it is well known that no statute of limitations (prescripción) applies to it, and the extinction of the procedural action by which the State seeks to annul its decisions - concessions for land use -, ergo expiration (caducidad), in the terms set forth by the First Chamber…”. It states that what is not under discussion is the exercise of public power to recover public domain (dominio público) assets in favor of the State, but rather that the procedural action to challenge firm, valid, and effective administrative acts issued for the use of those assets is subject to a deadline, except in the well-known cases of law where there is no statute of limitations (prescripción), which, it indicates, is not the issue debated here. It adds that there is constitutional jurisprudence to the effect that administered parties have a right to the use of public domain (demanial) assets. Therefore, although they cannot be subject to possession, a right to use them can be obtained. In the same sense, it refers that the Constitutional Chamber ruled that even in the case of eventual illegitimate occupations of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), if there was municipal authorization, the Municipality must follow the lesividad process, which is subject to a deadline for its formulation. On the other hand, it states that the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), upon consultation by the Town Councils, has been in agreement with the position of the Constitutional Chamber. Hence, if there are administrative acts related to public domain (dominio público) areas - concessions - that have a defect in their adoption, it has stated that the procedures for absolute nullity or lesividad must be followed, as appropriate, which have a specific period for their initiation, without this altering the scope of the public domain nature (demanialidad) that characterizes such areas. It states that the PGR admitted that, even in the case of constructions located in the public zone of the ZMT, if permits existed, they had to be subject to the procedure of absolute nullity or lesividad. These, it affirms, are subject to the 4-year expiration (caducidad) period under the previous legislation. As a consequence of the foregoing, it indicates, the erroneous exegesis of the Court is evident in accepting the CGR's thesis, because the annulled acts concerned: —the regulatory plan, declaration of tourist interest, and concessions— of public domain (demanial) assets, for which reason it considered they could be annulled at any time, regardless of the deadlines set forth for this purpose by the legal system, which, it affirms, in the case under analysis are greatly exceeded. Thus, it accuses a violation of the principles of legal certainty and legality. It adds that the issue that originated the CGR's lawsuit coincides with an opinion issued by the PGR in 2004. It states that prior to said opinion, MINAE did not know of the need for the PNE classification to be issued beforehand in regulatory plans. It was from that year that the competent state institutions adapted their procedures to this requirement. In the present process, it argues, it was evident that the Administration was unaware of said requirement and was not clear on how to proceed. Hence, it refutes how the responsibility is transferred to the administered party, given the disparity of criteria, which, in its opinion, affects legal certainty (precept 34 of the CP). It reproaches that the judges did not recognize this administrative dysfunction, so that all the country's regulatory plans would have to be annulled, since none have this new requirement, with the consequent impact, it points out, on social peace. On the other hand, it states that its represented companies acted in good faith, and therefore it does not understand the condemnation in costs. It notes that it approached the Administration, met its requirements, but the State, it seems, it indicates, did not detail the rules to follow, and therefore it is nothing more than a victim of an excessively bureaucratic and insecure system. It states that it suffered damages and losses due to the legitimate use (aprovechamiento) it made of the concession contracts (for 30 years) signed with the Municipal Administration, which, it reproaches, was not appreciated by the Court. It claims that the maintenance costs of the properties were also not taken into account, nor the planned development plans, which, it considers, a State of Law should not overlook, since they are subjects of rights, which, when limited, it alleges, should have been recognized.

VIII.- Regarding what is claimed in the first of the challenges, referring to the Court having incurred in an improper evidentiary assessment. This, because the PNE certification from ACOSA of April 16, 2008, was issued based on a repealed rule, namely directive R-SINAC-013-2006 of April 5, 2006; with the entry into force of Executive Decree No. 34295 MINAE, it is necessary to reproduce, in what is relevant, what was decided in the judgment concerning that: “The plaintiff companies also allege that the certification on the areas belonging to the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in that coastal sector, issued by the Osa Conservation Area (ACOSA), and used as input in the audit report now being questioned, was prepared based on a 'repealed regulation', which corresponds to directive R-SINAC-013-2006, which was rendered ineffective with the enactment of Executive Decree No. 34295-MINAE of January 29, 2008, published in La Gaceta No. 28 of February 8, 2008, and that therefore, based on the rule of Transitory Provision III of the latter, said classification must be carried out again. The foregoing lacks technical-legal relevance, since in relation to forest areas and lands with forestry aptitude, the criteria for determining the areas that form part of the State's Natural Heritage are expressly established in higher-ranking rules. In this sense, article 3, subsection d) of the Forestry Law (Ley Forestal), establishes the quantitative and qualitative elements that an area must meet to be considered a forest. And subsection b) of that same article, reformed by article 2 of Executive Decree No. 33957 of September 5, 2007, published in La Gaceta No. 174 of September 11, 2007, provides what is pertinent regarding lands with forestry aptitude. Thus, such definitions established at the legal level, and therefore at a higher rank than a Decree and a Directive, are inherent to the tasks carried out by SINAC through the different Conservation Areas, regarding the classification of the areas that make up the State's Natural Heritage. Therefore, for the exercise of its competencies in this area, the Decrees and Directives that exist are subordinated to the Law, and to that extent, SINAC does not need to resort to definitions or methodologies contemplated in those infra-legal instruments, when the Law has already established the essential elements that a determined area must present to be considered a forest or land with forestry aptitude. Hence, the questions regarding the legal basis and content of the classification issued in this case by ACOSA lack relevance, since its action in this case finds sufficient support in the Forestry Law. For the reason stated, it is this Chamber's judgment that SINAC's competence, through the different Conservation Areas, to carry out this classification work of the lands comprising the State's Natural Heritage, presents no variation within the methodologies cited by the plaintiff companies. A consequence of this is that, as argued by the CGR, 'there are also no variations in the results of the technical study and delimitation of the State's Natural Heritage, whether the methodology established in directive R-SINAC-013-2006 is applied or what Executive Decree No. 34295-MINAE of January 29, 2008, provides, since both instruments are based on random sampling statistical designs, with a single, invariable purpose: to verify compliance with the legal requirements, with respect to the different areas that make up the PNE, be they forests, lands with forestry aptitude, or others.' Therefore, it is not relevant whether the referred certification should have been issued based on one or another internal normative instrument of SINAC, since what is truly transcendental is the existence of a duly supported technical study, in accordance with the Law, which determines that the Punta Dominical Regulatory Plan involves areas that are part of the State's Natural Heritage. Finally, it must be remembered that said classification, as both the Comptroller Body and the State Representation rightly argued, is an act of verification or confirmation of the existence of State's Natural Heritage areas in a determined zone, since the status of such lands technically does not derive from the classification, but rather it is considered to be of legal origin and immediate effect, from what is established in the regulations that affect it, assigning its destination as State's Natural Heritage. (See articles 13, 14, 15, and 16 of the Forestry Law, in accordance with numerals 1, 12, and 73 of Law No. 6043). In summary, the contested certification has technical backing. The foregoing affirmation, which is evident in the administrative file ACOSA-OS02-PNE-018-2008, where the technical information and the inventory of trees carried out when sampling more than 43 plots in the sector are recorded. In said file, the field work carried out is explained in detail, and it is evident that the results obtained coincide with the technical parameters required by the Forestry Law for the determination of the State's Natural Heritage. In accordance with what has been pointed out up to here, this Chamber concludes that both the aforementioned audit report issued by the CGR and the classification of the areas belonging to the State's Natural Heritage issued by ACOSA on April 16, 2008 - the attacked certification -, present no substantial disagreement with the legal system.” (The underlining is supplied). Likewise, the judges ruled: “in accordance with article 1 of Law No. 6043, the ZMT is National Heritage, belongs to the State, is inalienable and imprescriptible, and according to articles 9 and 10 of that normative body, it is constituted -among others- by the coastal portion that, from the ordinary high-water mark, extends two hundred meters wide, of which fifty meters are for public access and use (public zone) and one hundred fifty meters constitute a restricted zone controlled by the State. In the case of the public zone, as established by article 11, it also includes, regardless of its extension, that occupied by mangroves on the continental and insular coasts and estuaries of the natural territory. That is, it is unquestionable in light of the referred regulations, that the Maritime-Terrestrial Zone is not, by any means, municipal property. Hence, as established by article 3 of the referred Law, it is the usufruct and administration of the ZMT, both of the public zone and the restricted zone, that corresponds, in principle, to the municipality of the respective jurisdiction… In the case of the public zone, the legislator himself provided - canon 20 LZMT - that it cannot be subject to occupation under any title, nor in any case, and it is also not possible to claim any right over it, and it must be dedicated to public use and especially to the free transit of persons. However, given this general rule, the same legislator created an exception in article 21 of the cited normative body, by establishing that in those cases in which, due to their geographic configuration, their topography, or their special conditions, the public zones cannot be used for public use, their development is authorized by the respective Municipality and the ICT, provided that they are not alienated and a free transit zone is established to facilitate the public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries, and the safety of pedestrians is guaranteed… once the authorization for the application of article 21 is granted, what is opened is the possibility of developing the public zone that has the conditions indicated by the legislator, a development that under no circumstance can be understood as endorsed or permitted by the authorization itself, since for this purpose, the figure of the concession exists, which must be obtained mandatorily - meeting the respective legal requirements -, if one intends to carry out a type of private use (uso privativo) on those lands. Thus, it is clear that, in principle, for the granting of the corresponding authorization to apply the exception regime contained in the cited article 21 of the LZMT, the ICT and the respective Municipality would be the competent authorities. However, it must be pointed out that the rules of the LZMT are not the only ones regulating competencies over coastal sectors, since numeral 73 of that normative body itself excludes from its scope of application the ZMT areas that constitute national parks and equivalent reserves, within which, logically, all the protected wild areas (áreas silvestres protegidas) contemplated (although not exhaustively) by numeral 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) are included, which are governed by the respective legislation. In other words, the ZMT areas that qualify as forests or forest lands are not subject to the cited provisions of the LZMT, because said areas form part of the State's Natural Heritage.” From what has been transcribed, it is confirmed that the PNE, as far as the matter under examination is concerned, is constituted by forests, areas with forestry aptitude, rocky areas, wetlands, and mangroves. Due to the fact that the lands granted under concession to the companies party to the process already include such types of areas, they must be recovered (reivindicar) in favor of the State. On the other hand, unlike what is argued by the appealing party, the judges did not incur the defect of improper evidentiary assessment. It was in no way that the classification made based on the mentioned directive was endorsed over the provisions of Regulation No. 34295-MINAE, but rather what was decided was that the use of the methodology prescribed in one or the other of the mentioned rules is inconsequential; first, given that there is a higher-ranking provision, that is, a legal one, where the quantitative and qualitative elements that an area must have to be considered a forest are determined [canon 3, subsection d) of the LF], as well as what constitutes lands with forestry aptitude [subsection b) ibid.]. Second, the contested certification has technical backing, which is verified in the administrative file ACOSA-OS02-PNE-018-2008, where the technical information and the inventory of trees carried out when sampling more than 43 plots in the Punta Dominical sector are recorded. In that instrument, the field work carried out is detailed, and it is evident that the results obtained coincide with the technical parameters required by the Forestry Law for the determination of the PNE. This is stated without the cassation appellant combating it in any way, since it does not develop the factual and legal reasons that would allow a ruling different from what was done, and therefore, the overturning of what was resolved does not proceed. Furthermore, in accordance with the foregoing, contrary to what was argued by the appellant, the Administration did not have to reformulate the content of the certification issued based on directive No. R-SINAC-013-2006, since, as was pointed out, it had its support in the LF, as well as in a technical study contained in the administrative file ACOSA-OS02-PNE-018-2008. At this point, it is important to allude to what was provided by this Chamber about the concept of the PNE, in that: “(…) According to numeral 13 of the Forestry Law, 'The State's natural heritage (patrimonio natural del Estado) shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage...'. In this way, there are three possibilities that the rule provides, regarding the assets that make up said heritage: a) forests and forest lands of the national reserves; b) forests and forest lands of the areas declared inalienable, and c) forests and forest lands of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage.” (In this regard, see judgments numbers 1070 of 9:45 a.m. on September 3, 2010, and 1088 of 8:55 a.m. on August 8, 2011). Judgment No. 314 of 11:45 a.m. on February 11, 2021. Consequently, given that in the process it was proven that the concessioned lands form part of the PNE (forests and lands with forestry aptitude), they are therefore public domain (dominio público) (inalienable). Hence, despite being located in part of the Territorial circumscription of the Municipality of Osa, their administration falls to the State through MINAET (SINAC). In addition to the above, as pointed out by the Court, which this Chamber endorses: first, the PNE has its regulation and, hence, validity in accordance with what is regulated in article 13 of the LF, and the prevailing concept of forest is that stipulated in subsection d) of precept 3 ibid. This entails the prohibition of including, in municipal planning acts, lands that are part of the PNE, since for these cases, the Town Councils are excluded from their administration and usufruct. Said heritage is governed by special regulations and is administered by MINAET through SINAC, in accordance with canons 73 of Law No. 6043, 13 of the LF, and 32 of the Organic Environmental Law (LOA), corroborated by the Constitutional Chamber in judgment No. 2008-16975 of November 12, 2008. Second, from the exegesis of canons 13, 14, 15, and 16 of the LF in relation to the provisions of articles 1, 12, and 73 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (LZMT), the lands constituted as national parks, the protected wild areas, the forests, and forest lands located in the public and restricted zones of the ZMT, their administration and usufruct, also do not form part of the competencies of the Municipalities, nor of the ICT, but rather those of MINAET through SINAC (precepts 13, second paragraph of the LF, and 22 of the Biodiversity Law). As a consequence of this, it corresponds to SINAC to categorize the PNE areas, which constitutes a prerequisite for the application of canon 21 of the LZMT —elaboration of regulatory plans and granting of concessions for the purpose of being exploited for tourism—. Finally, concerning that the witness offered by the CGR, —an official of MINAET, ACOSA—, when questioned by its lawyer, stated that to carry out a classification such as that of the PNE, any methodology could be used, without it being necessary to apply that of the Regulation in force. This does not entail any violation of the legal system, nor does it infringe upon the postulates proper to a State of Law regarding legal certainty. This is because, as has been stated, the validity of a regulatory norm is not mandatory for administrative application when a legal norm exists that regulates the aspect governed in such Regulation, and the Administration, when making the PNE classification, based itself on the legal technical parameters (normative hierarchy). It was in this context that the witness answered the question formulated by the plaintiff's representation. Consequently, as expressed by the judges, insofar as there is a law that sets the technical parameters for classifying the PNE, which were followed by SINAC, it is therefore futile to debate whether the repealed directive or the regulation in force was applied. This is stated because the law stands above the latter. Consequently, for this Decision-Making Body, the violation of the principle of singular non-derogability of regulations (principio de inderogabilidad singular de los reglamentos) (article 13 of the LGAP) was also not configured.

IX.- Regarding what was objected to in the second challenge, concerning that the invoked expiration (caducidad) must be accepted, it is necessary to reproduce, in what is relevant, what was ruled by the Court: “…it was not until the counterclaim that the CGR asserted the claims to which the plaintiff companies prematurely opposed a type of defense of expiration (caducidad) in their same complaint. In accordance with the foregoing, it would be by reason of the counterclaim filed by the CGR that it would make sense to discuss the issue of expiration (caducidad), which in any case becomes inapplicable in cases like this, where we are facing administrative conducts related to the administration and management of public domain (dominio público) assets, such as the lands that form part of the maritime-terrestrial zone and the State's Natural Heritage. In this line, it must be remembered that canon 1 of Law No. 6043 clearly provides that: 'the maritime-terrestrial zone constitutes part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible.' In turn, numeral 14 of Law No. 7575 establishes: 'The forest lands and forests that constitute the State's natural heritage, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of these lands is imprescriptible'.” (The bold is original).

Thus, those assets, by virtue of that inalienability, even when they have been granted in concession to private parties, in no way leave the public domain (dominio público), as they will continue to be property of the State and the action for recovery (acción reivindicatoria) over them is not subject to any limitation periods, neither expiration (caducidad) nor prescription (prescripción). That is precisely the doctrine embodied in section 34.2 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in that it provides basically the same as Laws 6043 and 7575, by stating that the action concerning harm to the protection of public domain assets shall not be subject to any time limit… The competence of MINAET to manage the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) is not subject to expiration, and the public domain does not require the exercise of possession since it is imprescriptible and derives directly from the law. (Articles 13, 14 and 15 of the Forest Law (Ley Forestal)); v) Since SINAC has the competence to classify the Natural Heritage of the State, it is not true that the actions of MINAET and the Supervisory Body (Órgano Contralor) based on that classification are vitiated by absolute nullity. (Biodiversity Law, articles 22 and 28, as well as Forest Law, article 15); vi) The actions of the Supervisory Body against the regulatory plan (plan regulador) and the concessions granted, insofar as they are linked to the public domain and the Natural Heritage of the State, are not subject to expiration periods… The defects of absolute nullity from which the Regulatory Plan and the concessions granted to the private companies mentioned herein suffer are not remedied by the passage of time. (Art. 172 LGAP).” From the transcribed text it is clear that the judges considered the assets under debate to be an integral part of the PNE, and therefore are public domain assets (demaniales), inalienable, imprescriptible, and unseizable. Likewise, that possession by private individuals grants them no right in their favor and that the State's action for recovery is imprescriptible, nor subject to expiration periods. Hence, they noted, section 34.2 of the CPCA embodied that doctrine, and also that, due to the defects of absolute nullity borne by the Regulatory Plan and the concessions granted, they cannot be remedied with the passage of time. It is clear, contrary to what was argued by the claimant, in the case under analysis the CGR did not have to resort to the proceeding for harm (proceso de lesividad), but rather to the exercise of the action for recovery, since these are public domain assets, and since the acts whose declaration of absolute nullity it requested were not issued by it, but by the co-defendants ICT, INVU, and the Municipality of Osa. Thus, the appellant errs in considering that the only way to protect public domain assets is the proceeding for harm (which in any case is not subject to a time limit), since that applies only when it is an act of the plaintiff administration itself that is sought to be annulled. On the other hand, in section 15 of the LF are included, as guiding constitutional principles, the protective criterion against the detriment of natural resources, and that of reasonable land management, which bind the public authorities within their competencies. Consequently, it is correct to consider that the LF provides a public domain nature to the forests and forest lands of state entities. That category makes it impossible for lands of their property or within their administration to be exchanged, transferred, or alienated in any way (canon 15 ibidem). For this reason, every type of disposition must have the approval of the State Forest Administration (MINAET-SINAC). In the same vein, the first article of the LF establishes that due to the public interest involved in protecting the environment, the felling or exploitation of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones (zonas protectoras), wildlife refuges, and state-owned forest reserves is prohibited. Thus, it is evident, such a stipulation

prohibits the use of forests in such areas. From the foregoing, it is evident that it has the unrestricted right to protect and, if necessary, recover —as part of the public domain—, among others, forests, lands with forest aptitude, and mangroves. Consistent with what has been stated, the provisions of section 14 of the LF are of vital importance: “Unseizable and inalienable condition of the natural heritage Forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information (información posesoria), and both the invasion and occupation of them shall be penalized in accordance with the provisions of this law.” This rule makes it possible to clarify the matter under study, since it precisely and concretely regulates that the State's right to bring an action is "imprescriptible," meaning that no time limit runs when it comes to the exercise of the action for recovery. Consequently, it is inferred that the right to bring an action does not expire or prescribe when it concerns the recovery of the public domain, just as the Court decided. Hence, contrary to what the cassation appellant argued, the legal system not only provides for the imprescriptibility of the exercise of the public power (right) to recover public domain assets, but also, regarding the non-expiration of the action for recovery. For this reason, it is appropriate to dismiss this ground of challenge.

Cassation Appeal of the Costa Rican Tourism Institute

X.- Sole ground: It reproduces the proven facts 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 13), 15), 1), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 32), 34), 36), 37), 51), 54), 55), 63), 64), 68), 70), 71), 73), 79), 84), 86), 87), 88), 90), 91), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100), 102), 112), 122), 123), 135), 140), 143), 144), 145), 146), 147), 148), 149), 150), 151), 152), 154) and 161), which it indicates are concerning to it and on the basis of which the Court determined that it must carry out a series of administrative actions, as expressed in the operative part of the judgment. It accuses the judges of having carried out an analysis contrary to law and having made an improper assessment of the evidence. It then transcribes part of what was decided by the Court, where it ordered the annulment of several acts issued by the ICT. However, it points out, since the complementary hearing it already made clear that it had already annulled them. It explains that, as of April 15, 2013, it provided official letter no. SA-028-2013, certifying the agreement of the Institute's Board of Directors no. SJD-129-2013, which approved the conciliation (conciliación) in this proceeding and authorized its approval to be submitted by the ICT —of which it provides a copy—. Moreover, it reproduces the agreement of the Board of Directors in that regard. It questions: Why was it decided to annul actions already annulled? It reproaches that among the proven facts, it should have been recorded that the ICT had already annulled the actions subject to litigation. Likewise, it refutes that, in accordance with what was requested by the CGR, it should not have been ordered to pay costs, because the supervisory body expressed its conformity. It states that the principles of reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality are violated. Section 49 of the Political Constitution, it indicates, was applied improperly, since the actions are non-existent. On the other hand, it considers that the principle of legal certainty is violated by including arbitrary interpretations, without legal basis, since it should have been considered that by continuing the process, the competence of the ICT was affected. Which, it asserts, is infringed, given that the same criterion was not applied to the Administration.

XI.- In this ground, the ICT essentially reproaches that the Court engaged in an incorrect assessment of the evidence, given that it states, through act no. SA-028-2013, the agreement of the Institute's Board of Directors no. SJD-129-2013, which approved the conciliation in this proceeding, was certified. It continues that the Court ordered the Institute to annul several acts issued, despite reproaching that, since the complementary hearing, it expressed that it had already annulled them. To resolve this challenge, it is necessary to observe what was ordered by this Chamber in judgment no. 740 of 9:40 a.m. on July 7, 2016, where the cassation appeal against the conciliatory agreement signed by some of the parties involved in this matter was heard. First, it was stated: “At the corresponding procedural stage, the CGR, the State, SINAC, INVU and ICT reached a conciliatory agreement, which was approved by the conciliation judge, according to which, in relevant part, the ICT and INVU partially annul their own acts and proceedings that approved the Regulatory Plan for the Coastal Sector of Punta Dominical and all its related and consequent acts and proceedings, as well as their respective modifications. They also partially annul the INVU’s and ICT’s own acts and proceedings that approved the modification to the Regulatory Plan of Punta Dominical that includes the land-use change to apply article 21 of Law 6043 to the Punta Dominical area, in the sector where the restaurant and cabins 'La Parcela' are located, as well as the related and consequent administrative actions, acts, and proceedings. The ICT annuls all its own related administrative acts and proceedings concerning the application of article 21 of Law 6043 in the public zone (zona pública) of Punta Dominical, in the sector where the restaurant and cabins 'La Parcela' are located, and therefore, annuls the related and consequent acts and proceedings. The ICT and INVU acknowledge that the lands of the public zone of Punta Dominical where the restaurant and cabins 'La Parcela' are located are entirely Natural Heritage of the State. The ICT annuls all its own administrative acts and proceedings that approved the concessions granted to Punta Dominical S.A., Empresa Hotelera Dominical S.A., and Empresa Dieciocho Veintiuno S.A., whose lands are in the restricted zone (zona restringida) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Punta Dominical. The ICT and INVU acknowledge that the lands located in the restricted zone of Punta Dominical constitute natural heritage of the State. The ICT and INVU express their conformity with the claim of the counterclaim filed by the CGR for the cancellation of the registration entries in the National Registry of the concessions of the counterclaim defendants. The CGR withdrew all claims made in its counterclaim against the ICT and INVU, including that related to the recovery of damages, so they agreed to terminate this proceeding with respect to those counterclaim defendant institutions, with no special order as to costs. Not being satisfied with the approval of the conciliatory agreement, the plaintiffs and the counterclaim defendant Municipality, who did not concur with the partial conciliatory agreement, filed an appeal before the Chamber.” From the foregoing, it is clear that the conciliatory agreement was partial and the co-plaintiffs and the Municipality of Osa were not part of it; they filed a cassation appeal, in which, in relevant part, it was decided: “The synthesis of the appeals allows us to deduce that they share two axes: the Municipality did not show its conformity in agreeing to the nullity of a part of the Regulatory Plan, making that nullity unviable, and, on the other hand, what was settled affects the rights of the plaintiffs, which invalidates the conciliation. The limits established regarding conciliation, pursuant to article 76 of the Contentious-Administrative Procedure Code, lie in that what is settled does not contravene the legal system, nor harm the public interest. The partial nullity ordered by the institutions that settled, in the Chamber’s opinion, harms the rights of private individuals, and consequently, contravenes the legal system, for the reasons that will be stated. It is beyond question that if the Administration determines that in a complex procedure, such as the approval of a Regulatory Plan, it incurred in illegality, it must correct the error through the established legal channels. Thus, for example, if a zone was incorporated into an area of a Regulatory Plan but is part of the public domain, and this was not adequately noticed, the corrective instruments and means must be applied in order to restore the violated legality. However, this litigation has a nuance that could not be overlooked when assessing whether it was appropriate to approve —or not— the conciliation. Under the protection of that Regulatory Plan, concessions were granted to private parties, and it is precisely in that condition that the plaintiffs in this litigation claim the impediment to materialize the exercise of their right. The nullity agreed upon by way of conciliation, by almost all the agents who concurred in the approval of the Regulatory Plan, would produce the effect that the right whose protection the concessionaires claim would be invalidated, and their claims would lack legal basis. Taking into consideration that they did not concur in accepting what was settled, nor was the legal channel established to suppress their subjective right followed, it causes them defenselessness, which inhibits the possibility of approving the negotiated terms, since doing so would imply harm to the legal system, under the terms set forth in article 76 of the Contentious-Administrative Procedure Code. As a consequence of the foregoing, the appeal must be upheld for procedural reasons. In view of the fact that upholding the appeals invalidates the judgment approving a conciliation, for procedural economy, instead of remanding for the issuance of a new criterion regarding the conciliation, whose validity, by the terms agreed, has already been ruled out in this pronouncement, in application of the constitutional principle of prompt and complete justice, the nullity of the appealed judgment must be ordered, for procedural reasons, insofar as it causes defenselessness. Moreover, as a reflexive effect, this pronouncement produces the rejection of the approval of the conciliatory agreement. As a corollary of this, the case file must return to the court of origin so that proceedings may continue.” In accordance with the foregoing, the annulment of the ICT’s acts was carried out within the framework of the aforementioned conciliation, which was annulled, and the expediente was remanded to the Court of origin to continue with the proceeding. The cassation appeal against the judgment that approved the said conciliatory agreement was upheld, as it harmed the rights of private individuals and caused them defenselessness. However, this Decision-Making Body also made clear that when the Administration realizes that in the approval of a regulatory plan it incurred in some type of illegality, for the purpose of correcting it, it must do so through the legally stipulated channels. Therefore, if, as in this case, a public domain area was incorporated into a regulatory plan, and was initially overlooked, it must implement the corrective means that the legal system provides to achieve the restoration of the violated legality. In other words, it is not possible for the Administration, on its own initiative, without following the due legal channels, to annul its acts when these grant rights to private individuals. Consequently, it is clear that the judges did not incur in an improper assessment of official letter no. SA-028-2013, since the conciliation approved therein was annulled by this Chamber (its validity was ruled out), among other things because the nullity of the ICT’s acts would entail that the right claimed by the co-plaintiffs would be invalidated, whereby their claims would be left without legal basis. This, not only because they were not part of the conciliation, but also because the corresponding channel was not followed to suppress their subjective rights. Therefore, it was not appropriate to include among the proven facts that the ICT annulled the cited acts. As a corollary of the foregoing, it is not correct regarding the claim that it should have been exempted from costs because the CGR expressed its conformity, as it once again refers to part of the content of the conciliatory agreement that was annulled by this Chamber. Thus, the appropriate course is to reject this ground of challenge.

Cassation Appeal of the Municipality of Osa

XII.- Sole ground: It accuses the Court of not mentioning, assessing, or stating any reason why it did not take into account the testimony of Mr. Diego Arias Morales. Hence, it had no proven fact based on his statement, although it admitted the testimony as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver). It explains that Mr. Arias Morales was questioned extensively by it, by the counterclaim plaintiff, and by the judges. It refutes what was stated, despite the fact that the witness has detected inconsistencies at a technical level in the certifications of the Natural Heritage of the State (PNE), in the area subject to the process. It explains, regarding the wooded areas of the polygons, and the difficulty experienced by SINAC or the Osa Conservation Area in attending to the requests for review of sectors objected to by the Municipality, regarding areas classified as forest (bosque), for not meeting the definition of the Forest Law. It adds that said witness also precisely established some details concerning the modifications made in areas classified as wetlands, or those that lack any of the requirements to be considered as forest or lands of forest aptitude. Consequently, it points out that his testimony was arbitrarily disregarded. Equally, it asserts, the same occurs with the expert witness offered by the plaintiffs, Engineer Leonardo Rojas Quesada, which in its opinion, shows that, without any valid reason, a good part of such evidence was disregarded, and its examination focused on what was stated by the expert offered by the CGR, which it argues, implies an improper assessment of this latter evidence, to the exclusion of the rest.

XIII.- From what is objected to in the ground under examination, it is observed that the appellant alleges an error of law in the evidentiary assessment. Although from the arguments it emerges that the elements claimed to be poorly assessed and/or not considered are the testimonies of Mr. Diego Arias Morales (its witness), Engineer Leonardo Rojas Morales (offered by the plaintiffs), and that of the expert proposed by the CGR. However, it omits to cite the substantive law that would be indirectly violated due to the error of law it accuses, which, in accordance with section 139, subsection 3) of the CPCA, it is obligated to do. Thus, it completely fails to explain in what way any regulatory violation would have occurred. The failure to mention the regulations eventually breached and, therefore, the failure to set out how their violation was verified means that the reasoning of the ground cannot be considered fulfilled, for which reason this Decision-Making Body cannot proceed to its analysis. It must be noted that what the cassation appellant reproaches concerns an improper assessment of evidentiary elements, as stated, so if confirmed, it would constitute a defect on the merits due to an error of law. This is because what was attempted is to establish points that, in its opinion, should have been considered as proven in the process, but were not correctly assessed, or because greater credibility was given to others of the same nature. It insists, it failed to indicate the substantive stipulations and how they were violated. Hence, what was developed is nothing more than a simple expository reference, without explaining the manner in which, according to the provisions of the cited section 139, subsection 3, the attacked judgment infringes the legal system. In addition to the described deficiencies, it also does not express in a clear and concrete manner how what was argued contributes to changing the ruling, reaffirming what was said in that the reproach is merely expository, without leading to the breaking of what was decided. Consequently, it is undeniable that it has omitted to challenge the bases of the contested judgment in a systematic and specific manner with other legal reasons and not with mere and generic disagreements of opinion. Hence, such claims are not sufficient to grant the review of the disputed judgment, for which reason the charge must be dismissed. Abounding in reasons, given that we are dealing with evidence of the same nature (witness-expert), the judges do not commit any error if they grant greater value to one over the other or others; this is because it constitutes the simple exercise of a discretionary power, granted by law in the assessment of evidence in accordance with the principle of sound criticism. In the case under study, the Court acted in accordance with what is regulated in article 82.4 of the CPCA, when assessing the statements of the witness-experts, and therefore did not commit any regulatory violation.

XIV.- By virtue of the reasons stated, the rejection of the appeals filed is required, with their costs borne by those who filed them (article 150, subsection 3 of the CPCA).

THEREFORE

The appeals filed are declared without merit. The costs are borne by the appellants. HBRENES

 

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

 

 



Damaris Vargas Vásquez

 

 

 

Ana Isabel Vargas Vargas



 

Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

 

 

 

 

Germán Jesús Serrano García

 

 

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