Res. 00920-2023 Sala Primera de la Corte — Possession on State Natural Heritage does not generate rights to improvementsPosesión en Patrimonio Natural del Estado no genera derechos a mejoras

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00920 - 2023

Fecha de la Resolución: 21 de Junio del 2023 a las 09:50

Expediente: 20-002884-1027-CA

Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución



Exp. 20-002884-1027-CA

Res.  000920-F-S1-2023

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitres .

 En proceso de conocimiento establecido por JUAN DE DIOS RÍOS VÍCTOR y ELIETH MORENO CARMONA, representados por su apoderada especial judicial, la licenciada Julissa Rodríguez Rojas, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) representado por el licenciado Natanael José Barrantes Azofeifa, el ESTADO, representado por la licenciada Rosario León Yannarella y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representado por el licenciado Ari Morales Picado. El representante del INDER, formula recurso de casación contra la sentencia 055-2022-IV, dictada a las 07 horas 30 minutos del 30 de mayo de 2022 y su aclaración y adición, por la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por las personas juzgadoras José Iván Salas Leitón, Judith Reyes Castillo y Elías Baltodano Gómez.

  Redacta la magistrada Vargas Vásquez;

CONSIDERANDO

          Mediante escritos presentados el 11 y 18 de junio de 2020, las actoras presentaron demanda en la que explicaron, en 1978 el Estado adquirió una finca en la zona de Cubujuquí la cual fue traspasada al ITCO, hoy INDER, para ser otorgada a campesinos en parcelas y por ello se constituyó el denominado "Asentamiento Cubujuquí”, formando parte de dicho proyecto, el inmueble original y sus posteriores segregaciones. Dijeron, aproximadamente en 1999, el señor José León Rojas Álvarez les ofreció vender la finca que hoy es objeto del presente proceso, por lo que el actor se presentó al IDA para preguntar si era factible adquirir ese bien, siendo atendido por Manuel Picado, quien le recomendó comprarla y le explicó que no había ningún problema, porque que el IDA nunca se opuso a la posesión de los ocupantes de esas tierras, que lo que había hecho era ordenar respetando la posesión que ya tenían los que habían estado ahí por más de un año, y a quienes tenían menos los habían desalojado para ordenar esa parte de la finca y luego les habían repartido las parcelas formadas por el Instituto.  Expusieron, con base en esa afirmación y el hecho de que en otras parcelas ya se habían otorgado títulos, en el 2000, adquirieron del señor José León Rojas Álvarez, el cual había adquirido de su padre, quien en vida había comprado hace aproximadamente cuarenta años al señor Manuel Solano, por lo que, indicaron contar con una posesión de más de diecinueve años, de forma quieta, pacífica, ininterrumpida, pública, a título de dueños.  Manifestaron, ese inmueble formó parte del proyecto, siendo su parcela la 74 – A, lo cual se demuestra por medio del croquis del ITCO confeccionado en el 1978, así como del expediente del proceso de titulación del INDER Horquetas, donde es mencionado el número de parcela en varios documentos.  Explicaron, adquirieron el inmueble con el fin de que el INDER se los titulara, como lo hizo con otras familias de la zona para lo cual levantaron el plano catastrado H-1107776-2006, no obstante, un funcionario del MINAE sin mayores estudios le estampó al dorso un sello que dice que el terreno se encontraba afecto a la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central.  Dijeron, en 2015 el INDER con base en lo indicado en dicho sello les solicitó al MINAE pronunciarse si el inmueble se encontraba dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, y el MINAE por oficio OS-1338-15 MINAE informó sobre la efectiva afectación del inmueble a dicha reserva.  Explicaron, el 02 de octubre de 2018, el INDER les comunicó que el inmueble se encontraba dentro del Área Silvestre Protegida administrada por el MINAE y que forma parte de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, y por tanto parte del Patrimonio Natural del Estado, y que, del total de la cabida del inmueble, solamente 1771 mts2 estaban fuera de dicha zona.  Al efecto, les consultaron si deseaban continuar con las diligencias de titulación sobre dicha porción de terreno, ante lo cual solicitaron al INDER continuar con las diligencias de titulación sobre la totalidad de la parcela y no únicamente sobre la porción indicada.  Afirmaron, por oficio OTHO-0680-2019 del 03 de octubre de 2019, la Oficina de Desarrollo Territorial de Horquetas de Sarapiquí les notificó que la Junta Directiva del INDER, por acuerdo del 28 de agosto de 2019, recomendó no titular la parcela 74-A-4 por falta de certificación del MINAE.  Reprocharon, el inmueble se ubica muy lejos de la zona protegida. Añadieron, hace como 16 años el Estado expropió a una cantidad de poseedores, con la finalidad de ampliar los territorios protegidos por el Estado, específicamente con la finalidad de ampliar el Parque Nacional Braulio Carrillo, pero a ellos no y demás que el señor Carlos Nelson Salazar Chacón, ---funcionario del INDER--- comentó sobre la posibilidad para algunos poseedores de ser reubicados, pero a ellos se les excluyó. Adujeron, la posesión que han ejercido ha sido agraria, dedicándose a la explotación de ganado bovino para cría y engorde, por lo que la finca siempre ha contado con los permisos que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) que se exige para dicha actividad.  Explicaron, encontrarse actualmente imposibilitados para sacar el ganado y venderlo, debido a que SENASA exige la escritura de la propiedad para la renovación de los permisos correspondientes. Afirmaron, en los años en que han poseído el inmueble se han dedicado a introducirle mejoras, entre otras, una casa con 3 cuartos, cielo raso de fibrolit, piso de cerámica, cerrada con verjas, otra casa de 2 plantas.  Acusaron, las parcelas 59, 64, 65, 68, 73, 77 y 78 ---que se encuentran más adentro que la parcela 74-A-4--- en la zona protegida por el Estado; se les otorgó escritura.  Añadieron, en enero de 2015 funcionarios del INDER se presentaron a su parcela y les indicaron que colocarían unos mojones y que para arriba de esos mojones la propiedad era del MINAE. Indicaron que la colocación de esos mojones no se hizo de una manera técnica y que coincidiera con la información real contenida en el Decreto No. 38975-MAG.  Peticionaron: "...1. Que sea adjudicado a nuestro nombre el bien objeto del presente proceso y nos otorguen la Escritura Pública del mismo, así como ha sido posible con otros adjudicatarios y sus bienes en el mismo Asentamiento. De manera subsidiaria, solicitamos en caso de no ser adjudicada a nuestro nombre la finca en mención, se nos cancelen todas y cada una de las accesiones y mejoras que hemos introducido al bien durante el tiempo que lo hemos poseído de buena fe, como buenos padres de familia, posesión que como hemos venido demostrando, lo ha sido a título de dueños. 2. Que se condene la parte demandada al pago de los daños y perjuicios ocasionados a nuestras personas. Así mismo, solicito se condene a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios que se causen en el futuro producto de las consecuencias de un eventual desalojo y los cuales estaremos liquidando en proceso de ejecución de sentencia que corresponda. 3. Que se condene a la parte demandada al pago de Ambas Costas Procesales de la presente causa. 4. Que se condene a la parte demandada al (Sic) pagarnos el daño moral subjetivo que nos ha causado...".   Por resolución de 09:56 horas del 19 de junio de 2020, de oficio se integró por parte del Tribunal al Estado y al SINAC. El INDER contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. El SINAC rechazó la demanda y opuso las defensas de falta de legitimación y falta de derecho. El Estado, también contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. En sentencia 055-2022-IV de las 7:30 horas del 30 de mayo de 2022, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección IV, integrado por las personas juzgadoras José Iván Salas Leitón, Judith Reyes Castillo y Elías Baltodano Gómez, rechazó la excepción de prescripción del derecho, en relación con el Estado y el SINAC, acogió la excepción de falta de legitimación ad causam pasiva, falta de derecho y declaró sin lugar la demanda. En cuanto al INDER rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva y acogió de forma parcial la excepción de falta de derecho y, en consecuencia, declaró parcialmente con lugar la demanda así: “i) Se condena al INDER a pagar a los actores las mejoras y accesiones realizadas en la parcela No. 74-A-4, las cuales serán liquidadas y estimadas en ejecución de sentencia y sobre las cuales tendrán los actores derecho de retención hasta su efectivo pago. ii) Se condena al INDER a pagar a los actores ambas costas de este Proceso. Quantum de las mismas que se determinará en Etapa de Ejecución de Sentencia a instancia de la parte vencedora. iii) En lo que la demanda se dirigió contra el Estado y el SINAC, se resuelve sin especial condenatoria en costas.”  Disconforme, la representante del INDER presenta recurso de casación.
      El INDER, en su recurso, presenta dos agravios que divide en forma y fondo.  El agravio de forma lo segmenta en tres secciones.  En la primera acusa falta de motivación, en la segunda omisión de análisis de cuestiones debatidas en el proceso y en la tercera falta de emplazamiento, incongruencia e incumplimiento de los elementos esenciales del fallo.  En la primera sección explica, el fallo carece de motivación, es contradictorio e incongruente en sí mismo, porque primeramente estima el bien objeto del proceso es de titularidad pública afecto al Patrimonio Natural del Estado, pero ordena pagar mejores y accesiones como si fuera un particular de naturaleza agraria, además, acusa, confiere a los actores el carácter de poseedores y ordena pagarles mejores y accesiones como si fueran propietarios, ordena el pago de mejoras y accesiones, aun cuando se tiene por no probado la existencia de daños y desconociendo la eximente de responsabilidad a favor del INDER, por existir culpa de la víctima a invadir terrenos de dominio público e incorporados al Patrimonio Natural del Estado.   En el segundo acápite explica, el Tribunal consideró a los actores poseedores de buena fe sin tomar en consideración que, al respecto en la contestación de la demanda  se adujo, que el atraso o tardanza para la toma de acciones contra ocupantes ilegales del dominio público no otorga ningún derecho a los particulares; ni tampoco consideró el alegado principio de irreductibilidad del bosque, según el cual el espacio ocupado por los bosques es irreducible por actos como incendios provocados, talas y construcciones ilegales, etc., tendiendo a su recuperación o restablecimiento cuando ha habido infracción a esta y otras normas que la complementan, como el inciso c) del artículo 61 de la misma ley; ni los argumentos relativos a la naturaleza del bien como demanial y patrimonio natural del Estado.   En el tercer acápite, en lo resuelto hay quebranto del principio de congruencia y debido proceso, porque el Tribunal desconoció que los actores desde el 2006 conocían que dicho bien estaba afectado por la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, pues los actores al iniciar el procedimiento de catastro del plano H-110776-2006, procedieron a solicitar el visado del Minae-Sinac, para proseguir con el proceso, sobre tal solicitud consta en el plano el sello del MINAE, donde claramente consta que la propiedad se encuentra afectada por la Reserva Forestal Volcánica Central. En tal sentido, no es cierto lo analizado por el Tribunal que los actores se enteran de que la parcela está afectada por dicha reserva hasta el año 2018 mediante el oficio OTHO-755-2018. Lo cierto es que el Tribunal obvio que el plano H-110776-2006 fue elaborado por los actores y que con la elaboración del mismo, tuvieron el conocimiento de que la propiedad que invadieron era parte de la Reserva Forestal Volcánica Central desde 1975, esta conlleva, dice, a que exista incongruencia, y que el fallo omite en parte acerca de las excepciones planteadas, de que existe falta derecho al pago de mejoras y accesiones por lo establecido en los artículo los artículos 13, 14 y 58 de la Ley Forestal, artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 8 de la Ley 2825, artículo 50 de la Constitución Política.  En el agravio de fondo acusa violación de normas sustantivas.  Divide en cuatro secciones su reproche.  En el primero acusa indebida valoración de prueba y quebranto normativo. Acusa, la posesión de buena fe que fundamenta el pago de las mejoras y accesiones de la posesión, con lleva una indebida valoración de la prueba, porque el Tribunal no analizó que en el plano H-1107776-2006, elaborado por los actores, constaba el visado del Minae-Sinac, que señalaba la afectación de dicho terreno con la Reserva Forestal Volcánica Central.  Dice, con lo señalado en el Decreto, la expropiación y traspaso que realiza el Estado al INDER, la posterior invasión en el año 2000 de los actores y la elaboración del plano H-1107776-2006 por parte de los actores donde consta la afectación con la Reserva Forestal, se constata que los requisitos y fundamentos legales para declarar una posesión de buena fe no se demostraron.  Además, acusa, al reconocer el derecho al pago de mejoras y accesión, el Tribunal no reconoce quebrantando lo establecido en el Decreto en mención, dejó de aplicar los artículos 13, 14 y 58 de la Ley Forestal del 7575 (en cuanto disponen que el Patrimonio Natural del Estado está constituido por los bosques y terrenos forestales de las fincas pertenecientes a instituciones autónomas, y que “su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor”, disposición previamente contenida en los artículos 19 y 25 de la Ley Forestal 4465 de 1969, y numerales 32 y 33 por reforma integral efectuada mediante Ley 7174), 32 de la Ley Orgánica de Ambiente; 45, 50, 121 y 129 de la Constitución Política y el artículo 262 del Código Civil.  En la segunda sección acusa el fallo incurre en el yerro de reconocer un derecho al pago de mejoras y accesiones por el uso agrario que el actor le dio a la propiedad desaplicando la normativa y principios ambientales que rigen a las Áreas Protegidas sea cual sea su categoría, en este sentido afirma, al reconocerse el pago por el uso dado, legalizando no solo un delito sino un cambio en la naturaleza del bien, en contraposición a los principios de la tutela ambiental y el principio de irreductibilidad del bosque, pues el fallo en vez de aplicar lo establecido en los artículos 13, 14 y 58 de la Ley Forestal del 7575, en cuanto disponen que el Patrimonio Natural del Estado está constituido por los bosques y terrenos forestales de las fincas pertenecientes a instituciones autónomas, y que “su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor” disposición previamente contenida en los artículos 19 y 25 de la Ley Forestal 4465 de 1969, y numerales 32 y 33 por reforma integral efectuada mediante Ley 7174, 32 de la Ley Orgánica de Ambiente; 45, 50, 121 y 129 de la Constitución Política y el artículo 262 del Código Civil, desaplicó toda la normativa del régimen especial de protección, violentándose el principio de irreductibilidad de ecosistemas relevantes, que tiene como finalidad impedir la reducción, disminución, desafectación, exclusión segregación y limitación de las áreas protegidas y los espacios naturales. Sostiene, la normativa especial ambiental costarricense impone la obligación de evitar el cambio de uso de suelos en las áreas silvestres protegidas y en aquellas áreas con cobertura boscosa, forestal y aptitud forestal.  Afirma, independientemente del uso que le haya dado el actor cuando invadió en el año 2000, la propiedad estaba incluida dentro del Patrimonio Natural del Estado por ser esta parte de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, en tal sentido, afirma, el fallo violenta normas sustantivas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, porque  independientemente de que el estudio de uso realizado por el INDER en el 2018,  no se realizó antes del 2000 sino ya cuando la propiedad había sido intervenida por el actor durante aproximadamente 18 años, lo que hizo fue legalizar un cambio de uso del suelo, y en materia ambiental, lo que fue bosque, sigue siendo bosque aun cuando haya sido intervenido, y si existió intervención humana que le cambio su naturaleza lo que corresponde es restaurar el bien y no su desafectación como lo hace el fallo, de tal forma. En la tercer sección reprocha el Tribunal desconoció las competencias legales del MINAE-SINAC-ESTADO e INDER con respecto a lo establecido en el decreto, la Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente y Ley 2825, porque la Reserva ya estaba delimitada desde 1975 con el Decreto 4961-A, además desaplicó que el artículo 2° dispuso que: “La Reserva Forestal que se declara en este decreto comprende 1043 kilómetros cuadrados, su demarcación se encuentra en el plano confeccionado por la Dirección General Forestal.”, y que el artículo 4 estableció que: “La Procuraduría General de la República, hará inscribir los terrenos del Estado de esta Reserva en el Registro Público, como finca individualizada del Patrimonio Nacional”,  además el artículo 5 de ese mismo decreto ordenó, que la Dirección Nacional General Forestal se encargaría de los trabajos de deslinde, vigilancia y estudios tendientes al aprovechamiento de los recursos naturales, que según el artículo 6 determinó que: “El aprovechamiento de cualquiera de los recursos naturales de la reserva sólo será permitido bajo normas técnicas que la Dirección General Forestal, aprobará en su oportunidad y según la zonificación que a tal efecto se establezca”.   Lo anterior conlleva a que juntamente con lo establecido en la Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente y Ley 2825 artículo 8, lo fallado por el Tribunal con respecto a que el INDER deba pagar las mejoras y accesiones es improcedente, pues el INDER no era el responsable de delimitar dichas áreas.  Aduce, la parte actora tuvo conocimiento de que la parcela 74-A-4 estaba afectada por la Reserva Forestal, pues el plano que elaboraron para poder ser catastrado debía presentar el visado del Minae-Sinac, quienes como ente competente del 2006 le indicaron al actor con el respectivo visado del plano la afectación del bien, por lo que los trámite realizados por el INDER posteriormente, solo fueron concordantes con lo dictaminado por el SINAC en el visado y con lo dispuesto en el Decreto de creación de la Reserva. En el cuarto segmento reprocha sobre la condena en costas.  Aduce, haber tenido motivo bastante para litigar, amparado en criterios objetivos comprobables del proceso, por lo cual la condena en costas (considerando VIII) conlleva una incorrecta valoración del artículo 193 inciso b) de la Ley 8508.  Dice, la pretensión  principal fue rechazada, correspondiente al eje principal de la demanda,  además, prácticamente la totalidad de la parcela 74-A-4 (plano H-1107776-2006) se encuentra inscrita a nombre del INDER y la misma se encuentra afectada en un 98% por Patrimonio Natural del Estado y se cómo acreditó dicha propiedad se encontraba afectada por la Reserva Forestal Volcánica Central desde 1975, además de que le actor invadió con posterioridad a la creación de la Reserva y a la afectación de la misma al Patrimonio Natural del Estado, siendo que en vía administrativa la parte actor nunca discutió el pago de mejoras y accesiones sino que siempre intentó que se le titulara un bien de dominio público, del cual Instituto no podía disponer por Ley por ser patrimonio Natural de Estado y su administración es competencia del Minae-Sinac. Sustenta, al resultar vencidos los actores en parte, el pago de las costas quebranta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y lo procedente es dispensar al Inder de su pago, esto porque la oposición del INDER no fue antojadiza ni ayuna de fundamento, ni temeraria, ni de mala fe, sino se dirigió a que la Sala Constitucional había tenido puntualmente analizado y resuelto dicho asunto sobre la imposibilidad material del INDER para disponer de los bienes afectados al Patrimonio Natural del Estado. De igual forma, adiciona, los actores no demostraron ser usucapiones del bien y la inexistencia de un daño y perjuicios provocó el rechazo la dicha pretensión. Así, los actores solo resultaron parcialmente vencedores, por lo que el criterio del Tribunal de condenar al Inder al pago de las costas quebranta los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
  Para resolver la pretensión subsidiaria de la demanda, que es precisamente sobre la que se dirige el recurso de casación, el Tribunal, a partir de los hechos acreditados en el proceso y lo dispuesto en los artículos 328, 329, 332, 508 y 509 del Código Civil, consideró que los accionantes actuaron de buena fe y que edificaron y establecieron una actividad agraria a vista y paciencia del INDER, pues tanto ellos como los propios personeros del INDER desconocían que el terreno descrito en el plano catastrado H-1107776-2007, y que se identificó por parte del INDER como la parcela 74-A-4, formara parte de la Reserva Forestal Cadena Volcánica Central.  Detalló, de esa situación el INDER tuvo certeza hasta que el SINAC por oficio OS-1338-15 del 20 de agosto de 2015, le comunicó que el terreno descrito en el plano catastrado No. H-1107776-2006 se encontraba dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, información que fue reiterada en el oficio SINAC-ACC-D-1131-2020 del 17 de julio de 2020, por parte de la Dirección del Área de Conservación Central del SINAC, y que finalmente a los actores se les notificó de dicha situación por parte del INDER hasta el 28 de setiembre de 2018, mediante oficio OTHO-758-2018.  De esta forma, sustentó, los actores asumieron entre 2000 y el 27 de setiembre de 2018, que la parcela identificada bajo No. 74-A-4 no formaba parte de la indicada Reserva Forestal, y por ende no actuaron de mala fe. Al contrario, explicó, se tuvo por probado que el Técnico Josué Gabriel Rojas Corrales el 18 de setiembre de 2018 la inspección de la parcela 74-A-4 y suscribió la "Ficha de Titulación" en la que recomendó titular a nombre de los actores el predio referenciado, con plano catastrado No. H-1107776- 2006 y con una cabida de 7has. 6841.22mts2, la cual forma parte de la Finca del Partido de Heredia No. 4- 57748-000 a nombre del INDER y calculó su traspaso en la suma de 2,052.423,65 colones, documento en el que los actores aceptaron el traspaso a su favor del referido inmueble en los términos de la Ley No. 2825, la No. 7142 y la No. 9036.  Además, dijo, se tiene que la actividad desarrollada, según la certificación de uso conforme de las tierras, se realizó en apego a lo dispuesto para las parcelas propiedad del INDER en el Asentamiento Campesino Cubujuquí, puesto que la Jefatura de Estudios Agroeconómicos y Avalúos en su "Certificado de Inspección para Titulación de Tierras" , del 12 de abril de 2018 con número de consecutivo de ingreso 18015801; señaló en la parcela No. 74-4-A explotada por el señor Ríos Víctor se ha ejercido en un 100% el uso conforme del suelo, para la actividad que realiza de acuerdo a la metodología aprobada y se indicó en dicha certificación, que en el predio hay una plantación de 1/2 hectárea de palmito en buen estado fitosanitario, 36 mts2 de plátano, una casa de habitación de 80 mts2 en buen estado y otra de 140mts2 en buen estado o regular,  potrero con pasto, 8 vacas, un caballo, 40 aves, para auto consumo de leche y cría, corral, galera, establo, etc, de manera que, concluyó, se trató de una posesión de naturaleza agraria. Fundamentó, al amparo de lo dispuesto por los numerales 328 y 330 del Código Civil, las mejoras necesarias indicadas deben ser reconocidas por el propietario del terreno, acudiendo a los actores como autores de dichas obras, el derecho de retención hasta por el valor de estas. En cuanto a las accesiones referidas, sostuvo que su reconocimiento deberá realizarse conforme a lo que dispone el artículo 509 del Código Civil.  Así las cosas, concluyó, constatando la procedencia del derecho de los actores, se impone al INDER la obligación de pagarles la inversión por ellos realizada sobre el terreno correspondiente a la parcela No. 74-A-4, respecto de las siguientes mejoras necesarias: hechura de repastos o limpieza de los ya existentes. Igualmente, añadió, se les deberá reconocer las accesiones, consistentes estas en las edificaciones y cultivos, conforme a la cuantificación que se realice en ejecución del presente fallo, con derecho a la retención sobre las mismas. Amplió, conforme al artículo 48 de la Ley INDER No. 9036 esa institución está obligada a pagar las mejores útiles y necesarias y accesiones realizadas de buena fe. Consideró, el reconocimiento de mejoras útiles y necesarias y de accesiones es un criterio que impone la normativa supra referenciada, pero también se impone por razones de equidad, pues consta también que los actores fueron oficialmente notificados por parte del INDER sobre la situación de la colindancia de la parcela 74-A-4 con la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central hasta el 28 de setiembre de 2018 mediante oficio OTHO-758-2018, de esta forma, dijo, el reconocimiento y pago de las mejoras necesarias y de las accesiones es una consecuencia de que el INDER siempre respetó el ejercicio de la posesión de los actores sobre la citada parcela. Luego, dijo, es claro que el INDER se preocupó por precisar los límites con la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, cuando por oficio OSH-669-2015 del 07 de agosto de 2015, la Oficina Subregional del INDER en Horquetas, le consultó a la Jefatura del Área Cordillera Volcánica Central si el predio ubicado en Cubujuquí, según plano catastrado No. 1107776-2006 se localizaba o no dentro de las áreas silvestres protegidas y administradas por el MINAET-SINAC, o si forman parte del Patrimonio Natural del Estado y la Jefatura del Área Cordillera Volcánica Central del SINAC por oficio OS-1338-15 del 20 de agosto de 2015, contestó la información requerida indicando que la parcela con plano No. H-1107776-2006, ubicado en Cubujuquí de Horquetas, se encuentra dentro de las áreas silvestres protegidas y administradas por el MINAE, formando parte en este caso de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y por ende parte del Patrimonio Natural del Estado, y no fue sino hasta por oficio OTHO-755-2018 del 28 de setiembre de 2018 que la Oficina de Desarrollo Territorial de Horquetas le solicitó a la Jefatura del SINAC-MINAE de Sarapiquí procediera esa institución a delimitar el terreno indicado y por oficio SINAC-ACAHN-JSS-023-2019 del 29 de enero de 2019, se le indicó que debía gestionar dicha solicitud ante la oficina del Parque Nacional Braulio Carrillo.  Precisó, a pesar de que la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central fue creada desde 1975 y la expropiación de la finca del partido de Heredia No. 4-57748-000, ubicada en la localidad de Cubujuquí de Horquetas de Sarapiquí, se dio desde el año de 1976 mediante Decreto No. 156 del 17 de agosto de 1976; no fue sino hasta el 28 de setiembre de 2018 que el INDER solicitó formalmente delimitar el terreno descrito en el plano H-1107776-2006 con respecto a la indicada reserva forestal.
     De lo expuesto en el considerando anterior, se evidencia que la sentencia sí tiene la motivación expresa en la que el Tribunal asienta su decisión de otorgar el reconocimiento de mejoras y accesión, sin que en ella se encuentren contradicciones o partes confusas que impidan entender con claridad lo resuelto.  Tanto es así, que el casacionista ataca de forma precisa esos sustentos. Con base en lo anterior, se constata que no se da la lesión de forma apuntada. Ahora bien, sobre el resto de los reproches titulados como de forma, de la lectura del recurso se constata que en realidad estos corresponden a una disconformidad respecto de la valoración de la prueba y la aplicación e interpretación normativa del Tribunal, razones que versan sobre el fondo del asunto. En ese sentido, en cuanto se invocan como de naturaleza procesal deben rechazarse. No obstante, las apreciaciones de fondo reseñadas en ellos y que son reiteradas en los motivos de esa naturaleza, se analizaran de seguido.
           De la lectura detallada de los dispuesto por el Tribunal se evidencia, este reconoce la naturaleza demanial de parte del terreno, puesto que tiene por probado que la finca en la que se ha ejercido la posesión por parte de los actores se encuentra parcialmente comprendida dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central.  Sobre lo anterior no hay discusión.  La controversia radica en que el fundamento para declarar con lugar la pretensión subsidiaria, parte de que la situación particular en se ejerció la posesión, hace necesario el reconocimiento de las mejoras y accesiones, a pesar de que esta se ejerció parcialmente sobre una reserva forestal.  En ese sentido, el Tribunal considera que la pretensión se justifica, tanto por la normativa civil y el numeral 48 de la Ley INDER 9036; como por razones de equidad.  Ambos sustentos, normativos y de equidad, los enmarca en la existencia de una posesión agraria de buena fe, en razón de que ni los actores ni las entidades demandadas conocían sobre la naturaleza del bien, y por el contrario, el terreno del que forma parte la finca objeto del proceso, había sido expropiado por el ITCO -hoy INDER- para titulación de tierras, lo cual constaba registralmente; y, porque la posesión que se ejerció contó no solo con la tolerancia de las instituciones estatales, sino que además, de aquellas emanaron actos concretos, tales como la emisión del Certificado de Inspección para Titulación de Tierras 18015801, que se señaló que la parcela No. 74-4-A explotada por el accionante Ríos Víctor se ha ejercido en un 100% el uso conforme del suelo y  la "Ficha de Titulación" en la que se recomendó titular a nombre de los actores el predio referenciado, se calculó su traspaso y en la que los actores aceptaron el traspaso a su favor del referido inmueble en los términos de la Ley No. 2825, la No. 7142 y la No. 9036; los cuales que hacían tener certeza a los actores de la legitimidad de su posesión.  Además, destacó que los actores fueron oficialmente notificados por parte del INDER, sobre la situación de la colindancia de la parcela 74-A-4 con la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, hasta el 28 de setiembre de 2018, mediante oficio OTHO-758-2018, por lo que el reconocimiento y pago de las mejoras necesarias y de las accesiones, es una consecuencia de que el INDER siempre respetó el ejercicio de la posesión de los actores sobre la citada parcela.  Para debatir estas afirmaciones el recurrente expone en sus agravios, que contrario a lo afirmado por el Tribunal, la parte actora sí conocía que el ejercicio de la posesión se estaba realizando en reserva forestal, esto tanto porque en el Decreto 4961-A de 1975, se declaran inalienables las reservas nacionales, como porque en el plano elaborado en el 2006 por ellos, presentaba el visado del Minae-Sinac que claramente indicaba la afectación del bien con la Reserva.  Además, reprocha que de conformidad con el numeral 14 de la Ley Forestal, no es posible derivar derecho alguno de la posesión ejercida en la fracción de la finca que forma parte de la reserva forestal, siendo tal reconocimiento además, una legitimación del cambio del uso de suelo, en lesión de los numerales 32 de la Ley Orgánica de Ambiente; 45, 50, 121 y 129 de la Constitución Política y el artículo 262 del Código Civil y violentándose el principio de irreductibilidad de ecosistemas relevantes, que tiene como finalidad impedir la reducción, disminución, desafectación, exclusión segregación y limitación de las áreas protegidas y los espacios naturales.  Esta Cámara coincide con el recurrente por las siguientes razones.  La Ley Forestal 7575, en el artículo 13, dispone la forma en que el patrimonio natural del Estado estará constituido, incorporando en él,  los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.  En concordancia, los artículos 14 y 15 ibidem, precisan algunas medidas protectoras para los terrenos y bosque que conforman ese patrimonio, estableciendo que: a) son inembargables e inalienables; b) su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor c) la acción reivindicatoria del Estado es imprescriptible d) no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria, y; e) los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, y si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público.  En el sub judice, está demostrado y fue incontrovertido, que de conformidad con Decreto Ejecutivo No. 4961-A del 26 de junio de 1975, vigente desde el 11 de julio de 1975, se creó la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central,  la cual declaró inalienables los terrenos nacionales que se encuentran dentro de la delimitación indicada en su artículo primero, y que en esa delimitación está comprendida parcialmente la finca en la que han ejercido posesión las personas actoras, sobre la cual basa el reconocimiento de las mejoras y accesión.  En otras palabras, lo que pretenden las actoras y que fue acogido por el Tribunal, es que a partir de la posesión ejercida en una finca que parcialmente forma parte del patrimonio forestal, se reconozcan derechos a mejoras y accesión.  Para esta Cámara, resulta evidente la contraposición de esta pretensión con lo establecido por los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal, que de forma literal establecen que la posesión en esa área no genera derecho alguno.  Ahora bien, entiende esta Sala que el Tribunal resuelve reconocer los derechos, basado en el desconocimiento que los actores tuvieron de esa naturaleza del bien, y más aún en el hecho de que precisamente fue la administración la que con su inercia y actos concretos, propició la convicción de que el terreno era apto para ser asignado y titulado, y que la posesión ejercida estaba acorde con el uso del suelo.  Esta posición si bien resulta entendible, no puede ser avalada.  Resulta indispensable recordar que la normativa dictada en materia Ambiental tiene dentro de sus objetivos dotar de los instrumentos necesarios para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y propiciar el desarrollo sostenible, elementos de raigambre constitucional y convencional.  En ese sentido, ha señalado la Sala Constitucional, que: “El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental …"   En ese marco, es que precisamente la prohibición normativa respecto de la posesión en el Patrimonio Natural del Estado, no cuenta con excepción alguna, resultando contrario a la ley cualquier reconocimiento de derechos, incluidos el pago de mejoras, la retención y la accesión, aun y cuando como en el caso en estudio, esta posesión se hubiese visto de alguna forma sustentada en la inercia de las entidades estatales en la determinación de la coincidencia de las áreas, y en sus errores respecto de la emisión de conformidad del uso del suelo y la recomendación de adjudicación emitida, puesto que esas actuaciones, también, son contrarias al bloque jurídico de protección ambiental.  Resulta aplicable el principio de progresividad ambiental que supone la mejora continua en las condiciones de protección de los recursos naturales, generando progresivamente la ampliación de la cobertura y protección ambiental mediante medidas sostenidas, graduales y escalonadas hacia la plena realización de los derechos humanos ambientales. Al respecto, ya esta Cámara en resolución 1070–2010 del 3 de setiembre del 2010, explicó: “En igual sentido, la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” Pese al fundamento apuntado por el IDA, en el sentido de que el MINAET le traspasó los terrenos, lo cual aduce, los indujo a error, esta situación no los exime de su obligación de apegar su conducta al marco de legalidad vigente, por lo que agravio no es de recibo. En igual sentido, lo indicado respecto a que el Tribunal no consideró que el terreno ha estado en posesión de particulares, no resulta un reclamo atendible ante esta Sala, por ser la Ley Forestal clara, en el sentido de que se trata de bienes inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado.”  De acuerdo con lo expuesto en las líneas precedentes, al constatarse que el Tribunal incurrió en el yerro acusado, se acogerá el agravio planteado. El conocimiento de las demás aristas del motivo deviene entonces en innecesario.
     Debido a la forma como se resolverá el recurso, resulta procedente el pronunciamiento sobre costas.  En el caso concreto, si bien la parte actora resultó perdidosa, esta Sala encuentra que ha existido motivo suficiente para litigar, pues se reconoce que, dadas las particularidades del caso, era necesario el proceso para dilucidar si procedía o no el reconocimiento de las pretensiones, tanto principal como accesoria. Así, conforme al canon 193 inciso b) del CPCA, se resuelve sin especial condenatoria en costas.
En consecuencia, por las razones señaladas, lo procedente es casar el fallo en cuanto condenó al INDER a pagar a los actores las mejoras y accesión realizadas en la parcela 74-A-4, sobre las cuales otorgó derecho de retención, y el pago de ambas costas de este proceso a los actores.  En su lugar, fallando por el fondo, se declarará sin lugar la pretensión subsidiaria de reconocimiento de accesión, mejoras y retención; y se resolverá sin especial condena en costas.  En lo demás, el fallo recurrido se mantendrá incólume.

POR TANTO

 Se declara parcialmente con lugar el recurso de casación. Se casa la sentencia únicamente en cuanto condenó al INDER a pagar a los actores las mejoras y accesiones realizadas en la parcela 74-A-4, el derecho de retención y ambas costas de este proceso.  En su lugar, fallando por el fondo, se declara sin lugar la pretensión subsidiaria de reconocimiento de accesión, mejoras, retención y, se resuelve sin especial condena en costas.  En lo demás, el fallo recurrido se mantendrá incólume. KARIAS

 

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Ana Isabel Vargas Vargas




Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

	

 

	

Germán Jesús Serrano García

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 S1OKF8NBJ9I61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:56:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifty minutes of June twenty-first, two thousand twenty-three.

In an ordinary proceeding established by JUAN DE DIOS RÍOS VÍCTOR and ELIETH MORENO CARMONA, represented by their special judicial attorney, Julissa Rodríguez Rojas, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) represented by Natanael José Barrantes Azofeifa, the ESTADO, represented by Rosario León Yannarella, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), represented by Ari Morales Picado. The representative of INDER files a cassation appeal against judgment 055-2022-IV, rendered at 07 hours 30 minutes of May 30, 2022, and its clarification and addition, by the Fourth Section of the Contencioso Administrativo Tribunal, Second Judicial Circuit of San José, composed of the judges José Iván Salas Leitón, Judith Reyes Castillo, and Elías Baltodano Gómez.

Judge Vargas Vásquez writes;

CONSIDERANDO

By submissions filed on June 11 and 18, 2020, the plaintiffs filed a complaint in which they explained that, in 1978, the Estado acquired a property in the Cubujuquí area which was transferred to ITCO, today INDER, to be granted to farmers in parcels, and for this reason the so-called "Asentamiento Cubujuquí" was established, the original property and its subsequent segregations forming part of said project. They said that approximately in 1999, Mr. José León Rojas Álvarez offered to sell them the property that is the subject of this proceeding, so the plaintiff went to IDA to ask if it was feasible to acquire that good, being assisted by Manuel Picado, who recommended buying it and explained that there was no problem, because IDA never opposed the possession of the occupants of those lands, that what it had done was order respecting the possession already held by those who had been there for more than a year, and those who had been there for less had been evicted to organize that part of the property and then the parcels formed by the Institute had been distributed to them. They stated that, based on that assertion and the fact that titles had already been granted in other parcels, in 2000 they acquired from Mr. José León Rojas Álvarez, who had acquired from his father, who during his lifetime had purchased approximately forty years ago from Mr. Manuel Solano, and therefore they indicated having possession of more than nineteen years, quietly, peacefully, uninterruptedly, publicly, as owners. They stated that this property formed part of the project, its parcel being number 74 – A, which is demonstrated by the ITCO sketch made in 1978, as well as the INDER Horquetas titling proceeding file, where the parcel number is mentioned in several documents. They explained that they acquired the property with the aim that INDER would title them, as it did with other families in the area, for which purpose they drew up cadastral map (plano catastrado) H-1107776-2006; however, a MINAE official without further studies stamped on the back a seal stating that the land was affected by the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. They said that in 2015 INDER, based on what was indicated in said seal, requested MINAE to pronounce on whether the property was within the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, and MINAE, by official letter OS-1338-15 MINAE, reported the effective affectation of the property to said reserve. They explained that on October 2, 2018, INDER informed them that the property was within the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) administered by MINAE and that it forms part of the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, and therefore part of the Patrimonio Natural del Estado, and that, of the total area of the property, only 1771 m2 were outside said zone. To this effect, they were asked if they wished to continue with the titling proceedings over that portion of land, before which they requested INDER to continue with the titling proceedings over the entire parcel and not only over the indicated portion. They affirmed that by official letter OTHO-0680-2019 of October 3, 2019, the Oficina de Desarrollo Territorial of Horquetas de Sarapiquí notified them that the Junta Directiva of INDER, by agreement of August 28, 2019, recommended not titling parcel 74-A-4 due to lack of certification from MINAE. They reproached that the property is located very far from the protected zone. They added that about 16 years ago the Estado expropriated a number of possessors, with the purpose of expanding the territories protected by the Estado, specifically with the purpose of expanding the Parque Nacional Braulio Carrillo, but not them, and moreover Mr. Carlos Nelson Salazar Chacón, ---an INDER official--- commented on the possibility for some possessors to be relocated, but they were excluded. They alleged that the possession they have exercised has been agrarian, dedicated to the exploitation of bovine cattle for breeding and fattening, so the property has always had the permits that the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) requires for said activity. They explained that they are currently unable to take the cattle out and sell it, because SENASA requires the property deed for the renewal of the corresponding permits. They affirmed that in the years they have possessed the property, they have dedicated themselves to introducing improvements (mejoras), including a house with 3 rooms, fibrolite ceiling, ceramic floor, fenced with iron bars, another 2-story house. They accused that parcels 59, 64, 65, 68, 73, 77, and 78 ---which are located further inside than parcel 74-A-4--- in the zone protected by the Estado, were granted a deed. They added that in January 2015, INDER officials came to their parcel and indicated that they would place some boundary markers (mojones) and that above those boundary markers the property belonged to MINAE. They indicated that the placement of those boundary markers was not done in a technical manner nor did it coincide with the real information contained in Decreto No. 38975-MAG. They petitioned: "...1. That the good subject to this proceeding be adjudicated in our name and the Public Deed for the same be granted to us, as has been possible with other awardees and their goods in the same Asentamiento. Alternatively, we request that, should the mentioned property not be adjudicated in our name, we be paid each and every one of the accessions (accesiones) and improvements (mejoras) that we have introduced to the good during the time we have possessed it in good faith, as good parents of family, possession that, as we have been demonstrating, has been as owners. 2. That the defendant be ordered to pay the damages and losses caused to our persons. Likewise, I request that the defendant be ordered to pay the damages and losses caused in the future as a result of an eventual eviction, which we will be liquidating in the corresponding sentence execution proceeding. 3. That the defendant be ordered to pay Both Procedural Costs of this case. 4. That the defendant be ordered to pay us the subjective moral damage caused to us...". By resolution of 09:56 hours of June 19, 2020, the Estado and SINAC were joined ex officio by the Tribunal. INDER answered the complaint negatively and raised the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), and lack of right (falta de derecho). SINAC rejected the complaint and raised the defenses of lack of standing (falta de legitimación) and lack of right (falta de derecho). The Estado also answered negatively and raised the defense of lack of right (falta de derecho). In judgment 055-2022-IV of 7:30 hours of May 30, 2022, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Section IV, composed of the judges José Iván Salas Leitón, Judith Reyes Castillo, and Elías Baltodano Gómez, rejected the defense of statute of limitations (prescripción) of the right, in relation to the Estado and SINAC, upheld the defense of lack of passive standing ad causam (falta de legitimación ad causam pasiva), lack of right (falta de derecho), and declared the complaint without merit. Regarding INDER, it rejected the defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and partially upheld the defense of lack of right (falta de derecho) and, consequently, declared the complaint partially with merit as follows: "i) INDER is ordered to pay the plaintiffs the improvements (mejoras) and accessions (accesiones) made on parcel No. 74-A-4, which shall be liquidated and estimated in sentence execution and over which the plaintiffs shall have the right of retention (derecho de retención) until their effective payment. ii) INDER is ordered to pay the plaintiffs both costs of this Proceeding. The quantum thereof shall be determined in the Sentence Execution Stage at the instance of the prevailing party. iii) Insofar as the complaint was directed against the Estado and SINAC, it is resolved without special condemnation in costs." Dissatisfied, the representative of INDER files a cassation appeal.

INDER, in its appeal, presents two grievances which it divides into procedural form (forma) and substantive merits (fondo). The procedural form grievance is segmented into three sections. In the first, it challenges lack of reasoning (falta de motivación); in the second, omission of analysis of issues debated in the proceeding; and in the third, lack of proper notice (falta de emplazamiento), incongruence, and failure to comply with the essential elements of the judgment. In the first section, it explains that the judgment lacks reasoning, is contradictory and incongruent in itself, because it first considers the good subject to the proceeding to be of public ownership affected to the Patrimonio Natural del Estado, but orders payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) as if it were a private party of agrarian nature; furthermore, it challenges that it confers on the plaintiffs the character of possessors and orders payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) as if they were owners; it orders payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones), even though the existence of damages is held as not proven, and disregarding the exemption from liability in favor of INDER, due to the victim's fault in invading public domain lands incorporated into the Patrimonio Natural del Estado. In the second section, it explains that the Tribunal considered the plaintiffs to be possessors in good faith without taking into consideration that, in this regard, the answer to the complaint alleged that the delay or tardiness in taking action against illegal occupants of public domain does not grant any right to private individuals; nor did it consider the alleged principle of lifetime tenure of the forest (irreductibilidad del bosque), according to which the space occupied by forests is irreducible by acts such as provoked fires, illegal felling, and constructions, etc., tending toward its recovery or re-establishment when there has been an infraction of this and other complementary norms, such as subsection c) of article 61 of the same law; nor the arguments relating to the nature of the good as demanial (demanial) and Patrimonio Natural del Estado. In the third section, in what was resolved there is a breach of the principle of congruence and due process, because the Tribunal disregarded that the plaintiffs had known since 2006 that said good was affected by the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, since the plaintiffs, when initiating the cadastral procedure for map H-110776-2006, proceeded to request the approval (visado) of Minae-Sinac, to continue with the process, on which request the MINAE seal appears on the map, where it clearly states that the property is affected by the Reserva Forestal Volcánica Central. In this sense, what the Tribunal analyzed, that the plaintiffs learned that the parcel is affected by said reservation until 2018 through official letter OTHO-755-2018, is not true. The truth is that the Tribunal overlooked that map H-110776-2006 was prepared by the plaintiffs and that with its preparation, they had knowledge that the property they invaded was part of the Reserva Forestal Volcánica Central since 1975; this entails, it says, that there exists incongruence, and that the judgment partially omits the raised defenses, that there is lack of right (falta de derecho) to the payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) due to what is established in articles 13, 14, and 58 of the Ley Forestal, article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente, article 8 of Ley 2825, article 50 of the Constitución Política. In the substantive merits grievance, it challenges violation of substantive norms. It divides its reproach into four sections. In the first, it challenges improper weighing of evidence (indebida valoración de prueba) and normative breach. It challenges that the possession in good faith that grounds the payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) of the possession entails an improper weighing of evidence, because the Tribunal did not analyze that on map H-1107776-2006, prepared by the plaintiffs, the approval (visado) of Minae-Sinac was recorded, indicating the affectation of said land with the Reserva Forestal Volcánica Central. It says that with what is stated in the Decreto, the expropriation and transfer made by the Estado to INDER, the subsequent invasion in the year 2000 by the plaintiffs, and the preparation of map H-1107776-2006 by the plaintiffs where the affectation with the Reserva Forestal is recorded, it is verified that the requirements and legal foundations to declare a possession in good faith were not demonstrated. Furthermore, it challenges that by recognizing the right to the payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones), the Tribunal, breaching what is established in the mentioned Decreto, failed to apply articles 13, 14, and 58 of the Ley Forestal of 7575 (insofar as they provide that the Patrimonio Natural del Estado is constituted by the forests and forest lands of properties belonging to autonomous institutions, and that "their possession by individuals shall not give rise to any right in their favor", provision previously contained in articles 19 and 25 of Ley Forestal 4465 of 1969, and numerals 32 and 33 by comprehensive reform effected through Ley 7174), 32 of the Ley Orgánica de Ambiente; 45, 50, 121, and 129 of the Constitución Política, and article 262 of the Código Civil. In the second section, it challenges that the judgment incurs the error of recognizing a right to the payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) for the agrarian use that the plaintiff gave to the property, disregarding the environmental norms and principles that govern Protected Areas whatever their category; in this sense, it affirms that by recognizing payment for the use given, it legalizes not only a crime but also a change in the nature of the good, in contrast to the principles of environmental protection and the principle of lifetime tenure of the forest (irreductibilidad del bosque), since the judgment, instead of applying what is established in articles 13, 14, and 58 of the Ley Forestal of 7575, insofar as they provide that the Patrimonio Natural del Estado is constituted by the forests and forest lands of properties belonging to autonomous institutions, and that "their possession by individuals shall not give rise to any right in their favor," provision previously contained in articles 19 and 25 of Ley Forestal 4465 of 1969, and numerals 32 and 33 by comprehensive reform effected through Ley 7174, 32 of the Ley Orgánica de Ambiente; 45, 50, 121, and 129 of the Constitución Política, and article 262 of the Código Civil, it disregarded all the regulations of the special protection regime, violating the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of relevant ecosystems, whose purpose is to prevent the reduction, diminution, disaffectation, exclusion, segregation, and limitation of protected areas and natural spaces. It maintains that the special Costa Rican environmental norm imposes the obligation to avoid land-use change (cambio de uso de suelos) in protected wilderness areas and in those areas with forest cover (cobertura boscosa), forest, and forest aptitude. It affirms that regardless of the use the plaintiff may have given it when he invaded in 2000, the property was included within the Patrimonio Natural del Estado because it is part of the Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central; in this sense, it affirms that the judgment violates substantive norms of the national and international legal order, because regardless of whether the use study conducted by INDER in 2018 was not conducted before 2000 but rather when the property had already been intervened by the plaintiff for approximately 18 years, what it did was legalize a land-use change (cambio de uso del suelo), and in environmental matters, what was forest, continues to be forest even when intervened, and if there was human intervention that changed its nature, what corresponds is to restore the good and not its disaffectation as the judgment does. In the third section, it reproaches that the Tribunal disregarded the legal competences of MINAE-SINAC-ESTADO and INDER with respect to what is established in the decree, the Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, and Ley 2825, because the Reserva was already delimited since 1975 with Decreto 4961-A; furthermore, it disregarded that article 2 provided that: "The Reserva Forestal declared in this decree comprises 1043 square kilometers, its demarcation is found on the map prepared by the Dirección General Forestal," and that article 4 established that: "The Procuraduría General de la República shall register the Estado lands of this Reserva in the Registro Público, as an individualized property of the Patrimonio Nacional," besides article 5 of that same decree ordered that the Dirección Nacional General Forestal would be in charge of the demarcation, surveillance, and studies tending toward the use of natural resources, which according to article 6 determined that: "The use of any of the natural resources of the reserva shall only be permitted under technical norms that the Dirección General Forestal will approve in due time and according to the zoning established for such effect." The foregoing, together with what is established in the Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, and Ley 2825 article 8, means that what was ruled by the Tribunal regarding INDER having to pay improvements (mejoras) and accessions (accesiones) is improper, because INDER was not responsible for delimiting said areas. It argues that the plaintiff party had knowledge that parcel 74-A-4 was affected by the Reserva Forestal, since the map they prepared to be cadastered had to submit the approval (visado) of Minae-Sinac, who as the competent entity in 2006 indicated to the plaintiff with the respective map approval the affectation of the good, so the procedures carried out by INDER subsequently, were only consistent with what was determined by SINAC in the approval and with what was provided in the Decreto creating the Reserva. In the fourth segment, it reproaches the condemnation in costs. It argues having had sufficient reason to litigate, protected by objective criteria verifiable from the proceeding, therefore the condemnation in costs (considerando VIII) entails an incorrect weighing of article 193 subsection b) of Ley 8508. It says that the main claim was rejected, corresponding to the principal axis of the complaint; furthermore, practically the entirety of parcel 74-A-4 (map H-1107776-2006) is registered in the name of INDER and it is affected 98% by Patrimonio Natural del Estado, and it was accredited that said property was affected by the Reserva Forestal Volcánica Central since 1975, in addition to the fact that the plaintiff invaded subsequent to the creation of the Reserva and its affectation to the Patrimonio Natural del Estado, and that in the administrative channel the plaintiff party never discussed the payment of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) but always attempted to have a public domain good titled to them, which the Institute could not dispose of by Law because it is Patrimonio Natural de Estado and its administration is the competence of Minae-Sinac. It argues that, as the plaintiffs were partially defeated, the payment of costs breaches the principles of reasonableness and proportionality, and what is proper is to excuse Inder from its payment, because INDER's opposition was not whimsical nor lacking in foundation, nor reckless, nor in bad faith, but was directed at the fact that the Sala Constitucional had punctually analyzed and resolved said matter regarding the material impossibility of INDER to dispose of goods affected to the Patrimonio Natural del Estado. Likewise, it adds that the plaintiffs did not demonstrate being usucapients of the good, and the non-existence of damage and losses caused the rejection of said claim. Thus, the plaintiffs were only partially victorious, so the Tribunal's criterion of condemning Inder to pay costs breaches the principles of reasonableness and proportionality.

To resolve the alternative claim of the complaint, which is precisely that on which the cassation appeal is directed, the Tribunal, based on the facts accredited in the proceeding and the provisions of articles 328, 329, 332, 508, and 509 of the Código Civil, considered that the plaintiffs acted in good faith and that they built and established an agrarian activity in plain sight and with the forbearance of INDER, since both they and the INDER officials themselves were unaware that the land described in cadastral map (plano catastrado) H-1107776-2007, and which was identified by INDER as parcel 74-A-4, formed part of the Reserva Forestal Cadena Volcánica Central. It detailed that INDER had certainty of that situation only when SINAC, by official letter OS-1338-15 of August 20, 2015, informed it that the land described in cadastral map (plano catastrado) No. H-1107776-2006 was within the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, information that was reiterated in official letter SINAC-ACC-D-1131-2020 of July 17, 2020, by the Dirección del Área de Conservación Central of SINAC, and that ultimately the plaintiffs were notified of said situation by INDER only on September 28, 2018, through official letter OTHO-758-2018. In this manner, it held that the plaintiffs assumed between 2000 and September 27, 2018, that the parcel identified under No. 74-A-4 did not form part of the indicated Reserva Forestal, and therefore they did not act in bad faith. On the contrary, it explained that it was held as proven that Technician Josué Gabriel Rojas Corrales on September 18, 2018, inspected parcel 74-A-4 and signed the "Ficha de Titulación" in which he recommended titling in the name of the plaintiffs the referenced property, with cadastral map (plano catastrado) No. H-1107776-2006 and with an area of 7has. 6841.22m2, which forms part of Finca del Partido de Heredia No. 4-57748-000 in the name of INDER, and calculated its transfer in the sum of 2,052,423.65 colones, a document in which the plaintiffs accepted the transfer in their favor of the referenced property under the terms of Ley No. 2825, Ley No. 7142, and Ley No. 9036. Furthermore, it said, it is held that the activity developed, according to the certification of conforming use of the lands, was carried out in compliance with the provisions for the parcels owned by INDER in the Asentamiento Campesino Cubujuquí, since the Jefatura de Estudios Agroeconómicos y Avalúos in its "Certificado de Inspección para Titulación de Tierras", of April 12, 2018, with consecutive entry number 18015801, indicated that in parcel No. 74-4-A exploited by Mr. Ríos Víctor, 100% conforming use of the soil has been exercised, for the activity carried out according to the approved methodology, and it was indicated in said certification that on the property there is a 1/2-hectare plantation of peach palm in good phytosanitary condition, 36 m2 of plantain, a dwelling house of 80 m2 in good condition and another of 140 m2 in good or fair condition, pasture with grass, 8 cows, a horse, 40 birds, for self-consumption of milk and breeding, corral, shed, stable, etc., so it concluded that it was a possession of agrarian nature. It based that, under the protection of numerals 328 and 330 of the Código Civil, the necessary improvements (mejoras) indicated must be recognized by the owner of the land, granting the plaintiffs, as authors of said works, the right of retention (derecho de retención) up to the value thereof. Regarding the referred accessions (accesiones), it held that their recognition shall be made in accordance with article 509 of the Código Civil. Thus, it concluded, verifying the appropriateness of the plaintiffs' right, the obligation is imposed on INDER to pay them the investment made by them on the land corresponding to parcel No. 74-A-4, regarding the following necessary improvements (mejoras): making of pastures or cleaning of existing ones. Likewise, it added, accessions (accesiones) must be recognized, consisting of buildings and crops, according to the quantification made in execution of the present judgment, with the right of retention (retención) over them. It expanded that according to article 48 of Ley INDER No. 9036, that institution is obliged to pay useful and necessary improvements (mejoras) and accessions (accesiones) made in good faith. It considered that the recognition of useful and necessary improvements (mejoras) and accessions (accesiones) is a criterion imposed by the supra-referenced norms, but it is also imposed for reasons of equity (equidad), since it is also recorded that the plaintiffs were officially notified by INDER about the situation of the contiguity of parcel 74-A-4 with the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central only on September 28, 2018, through official letter OTHO-758-2018; in this way, it said, the recognition and payment of necessary improvements (mejoras) and accessions (accesiones) is a consequence of INDER always having respected the exercise of the plaintiffs' possession over the cited parcel. Then, it said, it is clear that INDER took care to specify the limits with the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central when, by official letter OSH-669-2015 of August 7, 2015, the Oficina Subregional of INDER in Horquetas consulted the Jefatura del Área Cordillera Volcánica Central whether the property located in Cubujuquí, according to cadastral map (plano catastrado) No. 1107776-2006, was located or not within the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) administered by MINAET-SINAC, or if it forms part of the Patrimonio Natural del Estado, and the Jefatura del Área Cordillera Volcánica Central of SINAC, by official letter OS-1338-15 of August 20, 2015, answered the required information indicating that the parcel with map No. H-1107776-2006, located in Cubujuquí de Horquetas, is within the protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) administered by MINAE, forming part in this case of the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central and therefore part of the Patrimonio Natural del Estado, and it was not until official letter OTHO-755-2018 of September 28, 2018, that the Oficina de Desarrollo Territorial of Horquetas requested the Jefatura of SINAC-MINAE of Sarapiquí that said institution proceed to delimit the indicated land, and by official letter SINAC-ACAHN-JSS-023-2019 of January 29, 2019, it was indicated that said request should be processed before the office of the Parque Nacional Braulio Carrillo. It specified that despite the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central having been created since 1975 and the expropriation of Finca del Partido de Heredia No. 4-57748-000, located in the town of Cubujuquí de Horquetas de Sarapiquí, occurred since 1976 through Decreto No. 156 of August 17, 1976, it was not until September 28, 2018, that INDER formally requested the delimitation of the land described in map H-1107776-2006 with respect to the indicated forest reserve.

From what has been set forth in the preceding considerando, it is evident that the judgment does have the express reasoning upon which the Tribunal bases its decision to grant recognition of improvements (mejoras) and accessions (accesiones), with no contradictions or confusing parts that would impede a clear understanding of what was resolved. So much so that the cassation appellant precisely attacks those grounds. Based on the foregoing, it is verified that the procedural defect (lesión de forma) raised does not occur. Now, regarding the rest of the reproaches titled as procedural form, from a reading of the appeal, it is verified that they actually correspond to a disagreement regarding the weighing of evidence and the Tribunal's application and interpretation of norms, reasons that deal with the substantive merits of the matter. In this sense, insofar as they are invoked as of procedural nature, they must be rejected. However, the merits assessments outlined in them, and which are reiterated in the grounds of that nature, will be analyzed below.

From a detailed reading of what was ordered by the Tribunal, it is evident that it recognizes the demanial nature (demanial) of part of the land, since it holds as proven that the property over which the plaintiffs have exercised possession is partially included within the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. There is no dispute regarding the foregoing. The dispute lies in that the basis for granting the alternative claim stems from the fact that the particular situation under which possession was exercised makes the recognition of improvements (mejoras) and accessions (accesiones) necessary, despite it having been exercised partially over a forest reserve. In this sense, the Tribunal considers that the claim is justified, both by civil norms and numeral 48 of Ley INDER 9036, as well as for reasons of equity (equidad).

Both normative and equitable underpinnings are framed within the existence of an agrarian possession in good faith, given that neither the plaintiffs nor the defendant entities knew about the nature of the property, and on the contrary, the land of which the farm at issue in the proceeding forms part had been expropriated by the ITCO—now INDER—for land titling, which was recorded in the registry; and because the possession exercised enjoyed not only the tolerance of state institutions, but furthermore, concrete acts emanated from them, such as the issuance of the Land Titling Inspection Certificate 18015801, which stated that parcel No. 74-4-A exploited by the plaintiff Ríos Víctor has exercised 100% lawful land use (uso conforme del suelo) and the "Titling Sheet" (Ficha de Titulación) in which it was recommended to title the referenced property in the name of the plaintiffs, its transfer was calculated, and in which the plaintiffs accepted the transfer of the referenced real estate to their benefit under the terms of Law No. 2825, No. 7142, and No. 9036; which gave the plaintiffs certainty as to the legitimacy of their possession. Furthermore, he emphasized that the plaintiffs were officially notified by INDER of the situation regarding the adjacency of parcel 74-A-4 to the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central) only as of September 28, 2018, by official letter OTHO-758-2018, such that the recognition and payment of necessary improvements (mejoras) and accessions (accesiones) is a consequence of INDER having always respected the plaintiffs’ exercise of possession over the aforementioned parcel. To dispute these assertions, the appellant sets forth in his grievances that, contrary to what the Tribunal stated, the plaintiff party did know that the exercise of possession was taking place within a forest reserve (reserva forestal), both because Decree 4961-A of 1975 declares national reserves inalienable, and because the map prepared by them in 2006 bore the approval of MINAE-SINAC that clearly indicated the property was affected by the Reserve. Additionally, he reproaches that pursuant to numeral 14 of the Forest Law (Ley Forestal), no right whatsoever may be derived from possession exercised on the fraction of the farm that forms part of the forest reserve, such recognition moreover constituting a legitimization of land-use change (cambio de uso del suelo), in violation of numerals 32 of the Organic Environmental Law; 45, 50, 121, and 129 of the Political Constitution, and article 262 of the Civil Code, and breaching the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of relevant ecosystems, the purpose of which is to prevent the reduction, diminishment, disaffection, exclusion, segregation, and limitation of protected areas and natural spaces. This Chamber agrees with the appellant for the following reasons. Forest Law 7575, in article 13, provides the manner in which the natural patrimony of the State shall be constituted, incorporating therein the forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony. In accordance, articles 14 and 15 ibidem specify certain protective measures for the lands and forests that make up that patrimony, establishing that: a) they are unattachable and inalienable; b) possession by private parties shall not cause any right in their favor; c) the State’s action for recovery is imprescriptible; d) they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information; and e) bodies of the Public Administration may not exchange, transfer, alienate, in any way, deliver, or lease rural lands owned by them or under their administration, unless they have first been classified by the Ministry of Environment and Energy, and if they are covered by forest, they shall automatically become incorporated into the natural patrimony of the State and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry. In the sub judice, it has been demonstrated and was uncontroverted that pursuant to Executive Decree No. 4961-A of June 26, 1975, in force since July 11, 1975, the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve was created, which declared inalienable the national lands located within the delimitation indicated in its first article, and that within that delimitation is partially comprised the farm on which the plaintiff persons have exercised possession, upon which the recognition of improvements and accession is based. In other words, what the plaintiffs seek and what was accepted by the Tribunal is that, based on the possession exercised on a farm that partially forms part of the forest patrimony, rights to improvements and accession be recognized. To this Chamber, the contradiction between this claim and what is established by numerals 13 and 14 of the Forest Law is evident, which literally establish that possession in that area does not generate any right whatsoever. Now then, this Chamber understands that the Tribunal resolved to recognize the rights based on the plaintiffs’ lack of knowledge of that nature of the property, and moreover on the fact that it was precisely the administration that, through its inertia and concrete acts, fostered the conviction that the land was suitable to be assigned and titled, and that the possession exercised was in accordance with land use. This position, while understandable, cannot be endorsed. It is essential to recall that the regulations issued in environmental matters have among their objectives to provide the instruments necessary to guarantee a healthy and ecologically balanced environment and to foster sustainable development, elements of constitutional and conventional roots. In that sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has indicated that: "The third paragraph of Constitutional numeral 50 clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obligated to enforce environmental legislation—upon private parties and other public entities—but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation…" Within that framework, it is precisely the case that the normative prohibition regarding possession in the Natural Patrimony of the State has no exception whatsoever, making any recognition of rights contrary to law, including the payment of improvements, retention, and accession, even if, as in the case under study, this possession was somehow sustained by the inertia of state entities in determining the overlap of areas, and by their errors regarding the issuance of conformity for land use and the recommendation of adjudication issued, since those actions are also contrary to the legal framework of environmental protection. The principle of environmental progressivity (principio de progresividad ambiental) is applicable, which entails continuous improvement in the conditions of protection of natural resources, progressively generating the expansion of environmental coverage and protection through sustained, gradual, and phased measures toward the full realization of environmental human rights. In that regard, this Chamber in resolution 1070–2010 of September 3, 2010, already explained: “In the same vein, the Forest Law in numeral 14 determines that forest lands and forests that constitute the natural patrimony of the State ‘…shall be unattachable and inalienable; their possession by private parties shall not cause any right in their favor, and the State’s action for recovery of these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by possessory information, and both invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.’ Despite the reasoning pointed out by the IDA, to the effect that MINAET transferred the lands to it, which, it alleges, induced them into error, this situation does not exempt them from their obligation to conform their conduct to the legal framework in force, and therefore the grievance is not admitted. In the same vein, the indication that the Tribunal did not consider that the land has been in possession of private parties is not a claim receivable before this Chamber, as the Forest Law is clear in the sense that these are inalienable goods, whose possession by private parties shall not cause any right in their favor, the State’s action for recovery being imprescriptible.” In accordance with the foregoing, upon confirming that the Tribunal incurred in the error alleged, the grievance raised shall be granted. Consideration of the other facets of the ground therefore becomes unnecessary.

     Due to the manner in which the appeal will be resolved, a ruling on costs is appropriate. In the specific case, although the plaintiff party was unsuccessful, this Chamber finds that there existed sufficient reason to litigate, as it is recognized that, given the particularities of the case, the proceeding was necessary to elucidate whether or not the claims, both principal and accessory, were to be recognized. Thus, in accordance with canon 193 subsection b) of the CPCA, the matter is resolved without special condemnation in costs.

Consequently, for the reasons stated, the appropriate course is to vacate the judgment insofar as it ordered INDER to pay the plaintiffs the improvements and accession made on parcel 74-A-4, over which it granted a right of retention, and ordered payment of both costs of this proceeding to the plaintiffs. Instead, ruling on the merits, the subsidiary claim for recognition of accession, improvements, and retention is dismissed; and the matter is resolved without special condemnation in costs. In all other respects, the appealed judgment shall remain unaltered.

POR TANTO

The cassation appeal is declared partially granted. The judgment is vacated solely insofar as it ordered INDER to pay the plaintiffs the improvements and accessions made on parcel 74-A-4, the right of retention, and both costs of this proceeding. Instead, ruling on the merits, the subsidiary claim for recognition of accession, improvements, and retention is dismissed, and the matter is resolved without special condemnation in costs. In all other respects, the appealed judgment shall remain unaltered. KARIAS

 

 

 

 

\t

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

\t

 



Damaris Vargas Vásquez

\t

 

\t

Ana Isabel Vargas Vargas



Jessica Alejandra Jiménez Ramírez

\t

 

\t

Germán Jesús Serrano García

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 S1OKF8NBJ9I61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:56:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República