Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el presente asunto, se discute sobre la posesión de un terreno correspondiente al plano P-448512-1981, el cual según el oficio DGT-530-12 del Instituto Geográfico Nacional, así como las manifestaciones de las partes (hechos 5, 8 y 10), se encuentra parcialmente dentro de la Zona Marítimo Terrestre. El numeral primero de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) establece: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. A partir de lo indicado, el proceso gira en torno a la posesión de un terreno, en la que parte del mismo posee características de demanialidad, sobre el que evidentemente existe un interés estatal, de lo que se colige, es a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la que corresponde la tutela de los intereses públicos y en particular el patrimonio público, siendo en consecuencia este asunto de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
English (translation)In the present case, the dispute concerns possession of land corresponding to plan P-448512-1981, which, according to official communication DGT-530-12 from the National Geographic Institute and the parties’ statements (facts 5, 8 and 10), lies partly within the Maritime-Terrestrial Zone. Article 1 of the Maritime-Terrestrial Zone Law provides: “The maritime-terrestrial zone is part of the national patrimony, belongs to the State and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions and all the inhabitants of the country. Its use and enjoyment are subject to the provisions of this law.” Furthermore, Article 108 of the Biodiversity Law (Law 7788) states: “Jurisdiction. In matters of biodiversity, and as long as no environmental jurisdiction exists, all disputes shall be the exclusive competence of the administrative-contentious jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” On this basis, the proceeding revolves around possession of land, part of which has the characteristics of public-domain property, in which the State clearly has an interest; it follows that the Administrative-Contentious Jurisdiction is the one entrusted with safeguarding public interests and particularly the public patrimony, and therefore this matter shall be heard by the Administrative-Contentious and Fiscal Court.
Jurisdiction assigned to Administrative Court
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 02271 - 2023 Fecha de la Resolución: 06 de Diciembre del 2023 a las 08:03 Expediente: 06-000160-0391-AG Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Clase de asunto: Conflicto de competencia Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Agrario Tema: Conflicto de competencia Subtemas: Interés estatal. Bien demanial. Zona marítimo terrestre. La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. (numeral 1 Ley de Zona Marítimo Terrestre). Ahora bien, en materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, a excepción de los delitos contra la biodiversidad y las controversias entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público (artículo 108 Ley de Biodiversidad). En la especie, el proceso gira en torno a la posesión de un terreno, en la que parte del mismo posee características de demanialidad, sobre el que evidentemente existe un interés estatal, de lo que se colige, es a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la que corresponde la tutela de los intereses y el patrimonio públicos (voto 2271-C-2023). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución Exp: 06-000160-0391-AG Res. 002271-C-S1-2023 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas tres minutos del seis de diciembre de dos mil veintitres . En proceso ordinario de LUCAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SUCESIÓN DE MARINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ y PILAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ, representados por los licenciados Miguel Ruiz Herrera y José Leonardo Céspedes Ruiz, contra MARGARITA ORDOÑEZ SANDINO y CORNELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, representados por el licenciado Carlos Luis Mejías Arguedas, donde es parte el ESTADO, como interventor principal excluyente, representado por el procurador Mauricio Castro Lizano, el Tribunal Agrario, rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia planteada por el Estado. CONSIDERANDO I.- La parte actora interpone proceso ordinario, mediante el cual pretende: “1.- Que la señora Margarita Ordoñez Sandino no es propietaria ni poseedora del terreno que pretende titular mediante el trámite de información posesoria que promueve ante el Juzgado Agrario de Santa Cruz, en el Expediente No. 03-000091-391-AG-4. 2.- Que no reúne doña Margarita Ordoñez Sandino las condiciones para que se le otorgue título inscribible sobre ese inmueble, que no han poseído ella ni su causante. 3.- Que los trámites de esa información posesoria se suspenderán definitivamente, por quedar sujetos a la resolución de este proceso ordinario. 4.- Que la escritura autorizada en Paquera, a las 8 horas del 30 de setiembre del 2002 por la Notario Kathia Valverde Molina, no es suficiente para tener por ciertos ni trasmitidos los derechos de propiedad ni de posesión del inmueble que allí se dice vender. 5.- Que el codemandado Cornelio Sánchez Sánchez no ha sido propietario ni poseedor del inmueble sin inscribir a que se refiere la escritura autorizada en Paquera, a las 8 horas del 30 de setiembre del 2002 por la Notario Kathia Valverde Molina, y el Plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el Número “P-448512-1981” 6.- Que al no haber poseído ese inmueble, ni haberlo adquirido legalmente de nadie que lo haya poseído, no tiene don Cornelio Sánchez Sánchez derecho alguno sobre esa propiedad. 7.- Que es nulo el Plano levantado por el Agrimensor Licenciado Juan Carlos Saborío Zeledón en agosto de 1981 e inscrito en el Catastro Nacional bajo el Número “P-448512-1981”, en cuanto consigna, falsamente, que el inmueble allí descrito está en posesión de Cornelio Sánchez Sánchez. 8.- Que los únicos y legítimos poseedores de ese inmueble, desde que fallecieron don Eulalio Montiel y doña Apolonia Sánchez Sánchez, son los cuatro hermanos Lucas, Pilar, Marina y Alejandra Sánchez Sánchez, por partes iguales entre ellos. 9.- Que los demandados deberán pagar en forma solidaria ambas costas de esta demanda”. II.- Mediante voto 942-C-22 de las 16 horas 42 minutos del 03 de octubre de 2022, el Tribunal Agrario rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia, planteada por el Estado, señaló: “La Procuraduría General de la República, actuando como tercer interesado, interpone la excepción de incompetencia en razón de la materia. Esta debe ser rechazada de plano pues, al no ser parte demandada en el proceso, no es sujeto de emplazamiento alguno, por lo que no puede ejercer excepciones, dado que no hay pretensiones en su contra”. La representación estatal planteó aclaración y revocatoria de la indicada resolución, en cuanto a la primera, señala que el Estado no solo se apersonó como “tercero legal”, sino que además es “interventor con pretensiones propias”. En referencia a la revocatoria planteó: “…si el Estado es actor con el mismo concepto que entiende el A quem, obviamente es parte por formular pretensiones y ofrecer prueba. Al desconocer esa condición, el voto 942-C-22 lesionó en forma directa e indirecta los artículos 16 inciso a), 22, inciso ch) y 40 in fine y de la Ley de Jurisdicción Agraria; 164, inciso 3), 169, 170 y 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues desatendió fallar el asunto conforme con la prueba de los autos, infringiendo los derechos de mi representado, entre ellos el de disentir de las resoluciones que no comparte y que ha cuestionado observando las normas procesales de rito”. El Tribunal Agrario, al conocer la aclaración y revocatoria, en el voto no. 1051-C-22 de las 15 horas 26 minutos del 01 de noviembre de 2022, rechazó la aclaración solicitada, señalando respecto a la revocatoria: “No lleva razón el recurrente. Si bien es cierto, el ente estatal sí es parte del proceso, en la condición de interventor principal excluyente, por los agravios sobre la competencia no son de recibo y debe confirmarse la resolución recurrida pero por los siguientes motivos sobre la excepción de falta de competencia interpuesta. La competencia ya había sido definida por este órgano así como por la Sala Primera. Dos veces por este Tribunal. (…) Como se analizó anteriormente, la naturaleza de lo pretendido versa sobre derechos reales de naturaleza agraria y se explicó porque las partes hacían referencia a un sector que está dentro de la Zona Marítima Terrestre, que afirman colinda con la finca sin inscribir objeto de litigio. La excepción de incompetencia planteada por esa entidad como tercero legal resulta entonces improcedente. Pero su disconformidad si debe ser analizada, por plantearse oportunamente. Procede por ende remitir en consulta este expediente a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para que, según lo dispuesto en el numeral 16-c Ley de Jurisdicción Agraria, resuelva en definitiva el conflicto por competencia jurisdiccional”, remitiéndose el asunto en consulta ante esta Sala. III.- En el presente asunto, se discute sobre la posesión de un terreno correspondiente al plano P-448512-1981, el cual según el oficio DGT-530-12 del Instituto Geográfico Nacional, así como las manifestaciones de las partes (hechos 5, 8 y 10), se encuentra parcialmente dentro de la Zona Marítimo Terrestre. El numeral primero de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre establece: “La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley”. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788) establece: “Competencia jurisdiccional En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria”. A partir de lo indicado, el proceso gira en torno a la posesión de un terreno, en la que parte del mismo posee características de demanialidad, sobre el que evidentemente existe un interés estatal, de lo que se colige, es a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la que corresponde la tutela de los intereses públicos y en particular el patrimonio público, siendo en consecuencia este asunto de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. POR TANTO Se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Ana Isabel Vargas Vargas Yuri Lopez Casal Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- GO4J8QA43VYI61 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:47:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña First Chamber of the Supreme Court Resolution No. 02271 - 2023 Resolution Date: December 6, 2023 at 08:03 Case File: 06-000160-0391-AG Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga Type of Matter: Conflict of jurisdiction Analyzed by: FIRST CHAMBER Content of Interest: Content Type: Unanimous vote Branch of Law: Agrarian Topic: Conflict of jurisdiction Subtopics: State interest. Public domain property (bien demanial). Maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre). The maritime terrestrial zone constitutes part of the national patrimony, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. (numeral 1 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de Zona Marítimo Terrestre)). Now then, in matters of biodiversity and while an environmental jurisdiction does not exist, every controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction, with the exception of crimes against biodiversity and controversies between private individuals, where no administrative act nor public domain is involved (article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad)). In the case at hand, the process revolves around the possession of a piece of land, a part of which possesses characteristics of public domain status (demanialidad), over which a state interest evidently exists, from which it is inferred that it is the Contentious-Administrative Jurisdiction that corresponds to the protection of public interests and public patrimony (vote 2271-C-2023). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Text of the resolution Exp: 06-000160-0391-AG Res. 002271-C-S1-2023 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight hours and three minutes on the sixth of December, two thousand twenty-three. In the ordinary proceeding of LUCAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, THE ESTATE OF MARINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ (SUCESIÓN DE MARINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ), and PILAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ, represented by attorneys Miguel Ruiz Herrera and José Leonardo Céspedes Ruiz, against MARGARITA ORDOÑEZ SANDINO and CORNELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, represented by attorney Carlos Luis Mejías Arguedas, in which the STATE is a party, as principal excluding intervenor, represented by the State Attorney (procurador) Mauricio Castro Lizano, the Agrarian Court rejected the exception of incompetence by reason of subject matter raised by the State. WHEREAS I.- The plaintiffs file an ordinary proceeding, through which they seek: “1.- That Mrs. Margarita Ordoñez Sandino is neither the owner nor possessor of the land she seeks to title through the possessory information procedure she promotes before the Agrarian Court of Santa Cruz, in Case File No. 03-000091-391-AG-4. 2.- That Mrs. Margarita Ordoñez Sandino does not meet the conditions for a registrable title to be granted to her over that property, which neither she nor her predecessor in interest have possessed. 3.- That the procedures of that possessory information will be definitively suspended, as they are subject to the resolution of this ordinary proceeding. 4.- That the deed authorized in Paquera, at 8 hours on September 30, 2002 by Notary Kathia Valverde Molina, is not sufficient to consider as certain or to have transmitted the ownership or possession rights of the property purported to be sold therein. 5.- That the co-defendant Cornelio Sánchez Sánchez has not been the owner nor possessor of the unregistered property referred to in the deed authorized in Paquera, at 8 hours on September 30, 2002 by Notary Kathia Valverde Molina, and the Survey Plan registered in the National Cadastre (Catastro Nacional) under Number “P-448512-1981”. 6.- That having neither possessed that property, nor legally acquired it from anyone who may have possessed it, Mr. Cornelio Sánchez Sánchez has no right whatsoever over that property. 7.- That the Survey Plan drawn up by Surveyor Juan Carlos Saborío Zeledón in August 1981 and registered in the National Cadastre under Number “P-448512-1981” is null, insofar as it falsely records that the property described therein is in the possession of Cornelio Sánchez Sánchez. 8.- That the sole and legitimate possessors of that property, since the passing of Mr. Eulalio Montiel and Mrs. Apolonia Sánchez Sánchez, are the four siblings Lucas, Pilar, Marina and Alejandra Sánchez Sánchez, in equal shares among them. 9.- That the defendants must jointly and severally pay the costs of this lawsuit.” II.- By vote 942-C-22 of 16 hours 42 minutes on October 3, 2022, the Agrarian Court rejected the exception of incompetence by reason of subject matter raised by the State. It stated: “The Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), acting as an interested third party, files the exception of incompetence by reason of subject matter. This must be rejected outright because, not being a sued party in the proceeding, it is not subject to any procedural summons (emplazamiento), and therefore cannot assert exceptions, given that there are no claims against it.” The state representation sought clarification and revocation of the indicated resolution. Regarding the former, it points out that the State not only appeared as a “legal third party,” but is also an “intervenor with its own claims.” With reference to the revocation, it raised: “…if the State is a plaintiff under the same concept understood by the lower court, it is obviously a party for formulating claims and offering evidence. By disregarding that condition, vote 942-C-22 directly and indirectly violated articles 16 section a), 22, section ch) and 40 in fine of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria); 164, section 3), 169, 170 and 173 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), as it failed to decide the matter in accordance with the evidence on record, infringing the rights of my represented party, including the right to dissent from resolutions it does not agree with and which it has challenged observing the formal procedural rules.” The Agrarian Court, upon hearing the clarification and revocation, in vote no. 1051-C-22 of 15 hours 26 minutes on November 1, 2022, rejected the requested clarification, stating regarding the revocation: “The appellant is not correct. While it is true that the state entity is a party to the process, in the capacity of principal excluding intervenor, the grievances regarding jurisdiction are not receivable, and the appealed resolution must be confirmed, but for the following reasons regarding the exception of lack of jurisdiction filed. Jurisdiction had already been defined by this body as well as by the First Chamber. Twice by this Court. (...) As previously analyzed, the nature of the claims pertains to real agrarian rights, and it was explained why the parties made reference to a sector that is within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítima Terrestre), which they state borders the unregistered property that is the subject of the litigation. The exception of incompetence filed by that entity as a legal third party is therefore inadmissible. However, its disagreement must indeed be analyzed, as it was timely raised. It is therefore appropriate to refer this file in consultation to the First Chamber of the Supreme Court of Justice, so that, pursuant to the provisions of numeral 16-c of the Agrarian Jurisdiction Law, it may definitively resolve the conflict of jurisdictional competence,” and the matter was referred to this Chamber for consultation. III.- In the present matter, the dispute concerns the possession of a piece of land corresponding to survey plan P-448512-1981, which according to official communication DGT-530-12 from the National Geographic Institute (IGN), as well as the statements of the parties (facts 5, 8 and 10), is partially located within the Maritime Terrestrial Zone. Numeral one of the Law on the Maritime Terrestrial Zone (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) establishes: “The maritime terrestrial zone constitutes part of the national patrimony, belongs to the State and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law.” Now then, article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (Ley 7788) establishes: “Jurisdictional Competence. In matters of biodiversity and while an environmental jurisdiction does not exist, every controversy shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be judged by the criminal jurisdiction; likewise, controversies that arise between private individuals, where no administrative act nor public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” Based on the foregoing, the process revolves around the possession of a piece of land, a part of which possesses public domain status (demanialidad) characteristics, over which a state interest evidently exists, from which it is inferred that it is the Contentious-Administrative Jurisdiction that corresponds to the protection of public interests and particularly the public patrimony, and consequently this matter falls within the jurisdiction of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). THEREFORE It is declared that jurisdiction over the present proceeding corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. LGARCIAQ Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Ana Isabel Vargas Vargas Yuri Lopez Casal Digitally Signed Document -- Verification code -- GO4J8QA43VYI61 Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by the FIRST CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited. This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:47:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República