Res. 02368-2023 Sala Primera de la Corte — Enforcement of amparo judgment for failure to resolve sanitary problemEjecución de sentencia de amparo por falta de solución a problema sanitario

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 02368 - 2023

Fecha de la Resolución: 14 de Diciembre del 2023 a las 09:48

Expediente: 21-001057-1028-CA

Redactado por: Ana Isabel Vargas Vargas

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 21-001057-1028-CA

Res. 002368-F-S1-2023

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitres .

En el proceso de ejecución de sentencia constitucional, establecido por AU SHUM TSANG y DANIELE PEYER contra el ESTADO, por medio de su Procuradora, licenciada Mónica Padilla Cubero, y contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, por medio de su alcalde, Arnoldo Barahona Cortés, y anteriormente, en la misma calidad por la señora Karol Tatiana Matamoros Corrales; donde también interviene como coadyuvante IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CFS, S.A., por medio de su Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de Suma, Au Shum Tsang, fue admitido el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia número 660-2022 de las 14:43 horas del 22 de marzo de 2022, dictada por la Juzgadora Oriana Dávila Hilarión del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El abogado Jonatán Picado León comparece como Apoderado Especial Judicial de las personas demandantes. La Municipalidad demandada comparece bajo el patrocinio del abogado Carlos Alberto Herrera Fuentes.

Redacta la magistrada Vargas Vargas

CONSIDERANDO

 I.- De conformidad con la plataforma fáctica fijada por el A Quo: « 1) Que la sociedad Implementos Deportivos CFS S.A., cédula jurídica 3-101-420228, representada por los señores Ho Shum Tsang y Au Shum Tsang, es propietaria de dos inmuebles ubicados en el Distrito San Antonio, Cantón Escazú de la Provincia de San José, el primero, matrícula 614590-000 y el segundo, matrícula 614591-000 en donde está construida una casa de habitación en la que habitan los actores; propiedad (terrenos y construcciones) que fue valorada en avalúo rendido por el MV. Víctor Carranza Zamora en la suma de US$1.056.544,82 (…). 2) El 16 de octubre de 2018, la ejecutante Shum Tsang presentó una denuncia que fue respondida el mismo día por el Ministerio de Salud, mediante oficio CS-ARSE-640-2018, indicándole el procedimiento a seguir para la atención de su denuncia con el número de consecutivo Nº 13739-18 (…). 3) El 07 de febrero del 2019, se realizó visita de inspección al lugar señalado por el coejecutante, según consta en el Acta de Inspección Ocular Nº RCS-ARSE-AIO-RS-017-RMAS-2018 (…). 4) El 08 de febrero del 2019, se efectuó el Informe Técnico N°CSARSEERS- 0186-2019 en el cual, se indica que no se comprueba lo denunciado, por lo que se procede a archivar el Expediente Administrativo N° 13739-18 (…). 5) El 25 de junio del 2019, la Municipalidad de Escazú trasladó por medio del oficio UTGV-87-19 el caso de Verónica Shum Tsang, Daniel Peyer y Miguel Arias Jiménez, por contaminación por aguas negras en la calle conocida como Cuesta Grande (intersección entre Calle Cuesta Grande y Calle Isabel Agüero, San Antonio de Escazú) (…). 6) El 28 de junio de 2019 el Área Rectora de Salud emitió e hizo entrega de los oficios MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0437-2019, MS-DRRSCS-ARSEERS-0438-2019 y MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0439-2019, en la Municipalidad de Escazú, dirigidas al Alcalde, en referencia a lo denunciado por Verónica Shum, Daniel Peyer y Miguel Ángel Arias Jiménez, solicitando información al municipio con el fin de buscar una solución integral a la denuncia (…). 7) El 20 de agosto de 2019, se recibió la respuesta por parte de la Municipalidad de Escazú mediante oficios DA-769-2019, UTGV-108-19 y PCU-123-2019, indicando que la propiedad denunciada corresponde al número de finca 341795, la cual se encuentra en derechos, que no se encontró ningún registro que sugiera que en dicha propiedad se hubiese tramitado alguna solicitud para permiso de construcción, sin embargo, sí se evidencia la existencia de varias estructuras consolidadas en años anteriores, que lo que procede es realizar el respectivo traslado al Subproceso de Inspección General para que se inicie el proceso administrativo correspondiente y así los propietarios pongan a derecho las obras existentes en la Municipalidad, y recomiendan al Área Rectora de Salud de Escazú actuar de oficio al tratarse de un problema de salubridad pública (…). 8) El 23 de agosto del 2019, al ser aproximadamente las 10:00 horas se realizó inspección en seguimiento a la denuncia N°13739-18, y se visitó la casa del denunciante el señor Daniel Peyer, se llamó a la puerta, pero no se obtuvo respuesta de ninguna persona, según consta en el Acta de inspección N°MSDRRSCS-ARSE-AIO-AFS-209-2019 (…). 9) El 27 de noviembre de 2019 el Comité de Desarrollo de Cuesta Grande presentó ante la Municipalidad de Escazú una denuncia por contaminación ambiental (…). 10) Por oficio de 11 de diciembre de 2019 la Municipalidad de Escazú indicó que los problemas de contaminación que se acusaban eran competencia del Ministerio de Salud (…). 11) El 17 de diciembre de 2019 la recurrente Verónica Shum Tsang presentó una nueva denuncia por los mismos hechos (…). 12) Se programó la realización de inspecciones y aplicación de fluorescencia en toda la zona, incluidas calle Naranjo, calle Cuesta Grande y calle Isabel Agüero, en apoyo al Ministerio de Salud, para los meses de abril a noviembre de 2020 (…). 13) A la fecha se han realizado cinco inspecciones, de las cuales cuatro dieron positivas en vía pública, en dichos casos (…). 14) Desde que se declaró la emergencia nacional por COVID-19, no se han realizado más inspecciones, por cuanto, para aplicar el colorante, se debe ingresar a las casas de habitación, con el consecuente riesgo para el personal municipal y los ciudadanos (…). 15) El 10 de junio de 2020, se procedió a realizar inspección al sitio denunciado (Acta de inspección N°MSDRRSCS-DARSE-AIO-YBB-70-2020), en la cual se constata que los propietarios de las propiedades expresaron su disconformidad, aduciendo que el Ministerio de Salud ya había realizado dicha prueba y había salido negativa, y denegando el ingreso (…). II. HECHOS NO PROBADOS: Por no tener el respaldo probatorio fehaciente, se tienen por indemostrados los siguientes hechos: a) Que, como resultado de los hechos sancionados por la Sala Constitucional, a la parte actora se le deba reconocer el daño material (pérdida de uso y rentabilidad de inversión de la casa de habitación: ₡107.430.920 (US$173.088,63) y costo de alquiler de cuarto de hotel, de habitación o casa: ₡33.516.180 (US$54.000) que reclama (ausencia de nexo causal).».

II.- La pretensión de la demanda consistió en el otorgamiento, a favor de los ejecutantes y en concepto de costas, daños y perjuicios, al pago de: a) pérdida de uso y rentabilidad de inversión de la casa de habitación: ₡107.430.920 (US$173.088,63); b) daño moral: ₡124.134.000 (US$200.000); c) costo de alquiler de cuarto de hotel, de habitación o casa: ₡33.516.180 (US$54.000); d) costas procesales y personales: ₡33.516.180 (US$54.000); e) costas personales y procesales de la ejecución de sentencia; y, f) intereses sobre los montos de condena hasta su efectivo pago. Por su parte, ambos demandados contestaron la demanda incoada en su contra de forma negativa.

III.- La señora Juzgadora Oriana Dávila Hilarión del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó la sentencia número 660-2022, de las 14:43 horas del 22 de marzo de 2022, en la que declaró parcialmente con lugar la ejecución, condenó proporcionalmente a los demandados a pagarle a los actores las sumas de cuatrocientos mil colones (₡400.000) por concepto de daño moral y de ciento ochenta y un mil quinientos colones (₡181.500) por concepto de costas personales del recurso de amparo, sumas sobre las cuales aprobó intereses a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago, debiéndose utilizar como parámetro de cálculo lo establecido en el artículo 1163 del Código Civil. Finalmente, exoneró a los accionados del pago de las costas. Inconforme, la representación de la parte accionante recurre en casación. Los motivos de su inconformidad son resumidos y analizados como a continuación se expone.

Casación por razones procesales.

IV.- Primer agravio. Con fundamento en el artículo 137 inciso b) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPCA), alega indefensión y la conculcación de los artículos: 39 y 41 constitucionales; 82, 83 inciso 2) del CPCA, y 302.4 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, cita el único hecho indemostrado por el A Quo, y a su respecto, reprocha que, por medio de auto de las trece horas cuarenta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno el Juzgado Contencioso Administrativo rechazó evacuar la prueba testimonial por estimarla innecesaria para la resolución del presente asunto, por haber suficiente prueba documental para emitir sentencia, contra lo cual, la parte actora interpuso recurso de revocatoria, el cual fue rechazado por medio de auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, recrimina de la Juzgadora no tomar en cuenta la prueba aportada y solicitada por la parte accionante, en el escrito de ejecución de sentencia, omitiéndose su evacuación y valoración vulnerando así su derecho. En su apoyo cita el voto 523-2021 de esta Sala. Al respecto, asegura, la prueba testimonial y pericial era de relevancia y necesaria, y su ausencia influyó en el resultado del proceso, en tanto, iba destinada a: acreditar la realidad del daño de movilización por parte de los accionantes por causa de los malos olores y temas sanitarios, en razón de lo cual debieron abandonar la casa (daño); la devaluación del bien inmueble e imposibilidad de arrendamiento a causa de los malos olores; y era útil para dimensionar el daño moral causado. Añade, el rechazo de las pruebas violentó su derecho de defensa, y como consecuencia, su debido proceso. En relación con ello, los testigos y perito debieron brindar aspectos técnicos y de apreciación, según lo establecen los artículos 302.4 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 83.2 del CPCA, toda vez que se ofreció como testigo experto al Ingeniero Carranza Zamora. Entonces, debió ser prueba admitida. Cita el voto 3-2016 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Con base en la contestación de los codemandados, agrega la representación-casacionista, es claro que había controversia sobre los hechos, tanto es así que la Municipalidad de Escazú interpuso la excepción de falta de derecho, por lo que no hubo razón de rechazar la prueba ofrecida, en tanto, se relacionaba con los hechos que justificaban la causalidad y entidad de los daños reclamados. En su criterio, el asunto merecía una atención más compleja y no someterla a canales abreviados, y no es más relevante la celeridad que el acercamiento a la verdad real con la evacuación de prueba que sí era conducente y relevante para probar la entidad del daño y su causalidad. Seguidamente, señala, la sentencia extraña «un inquilino», sin embargo, el problema sanitario afectó no solo el uso de la casa de habitación, sino la posibilidad de alquilarla a terceros. Según indica, es clara su indefensión al afectarse sus derechos de defensa y al debido proceso. En ese sentido, de haberse aplicado correctamente los artículos 82, 83 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, 39 y 41 de la Constitución Política y 302. 4 de la Ley General de Administración Pública, en cuanto a la carga y admisión de la prueba según el ordenamiento jurídico, la conclusión sería que la pérdida de uso y rentabilidad de la casa de habitación, así como costos de alquiler de espacio para vivir, son hechos ciertos, todo a causa del problema sanitario conocido por la Sala Constitucional. De esa cuenta, los accionantes debieron ser indemnizados a causa de que la Municipalidad de Escazú: desatendió un problema ambiental que deriva en un daño a la salud; e incumplió con la sentencia constitucional en tiempo. Además, estima conculcado el artículo 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo, según el cual, quien juzga debe ordenar y practicar todas las diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso, y se vulnera el principio de que los medios de prueba pueden ser todos los que estén permitidos por el derecho público y común, así como el derecho de aportación de prueba.

V.- Resolución del planteamiento recursivo. En este punto concreto, la representación casacionista reprocha el único hecho indemostrado que dice: «II. HECHOS NO PROBADOS: Por no tener el respaldo probatorio fehaciente, se tienen por indemostrados los siguientes hechos: a) Que, como resultado de los hechos sancionados por la Sala Constitucional, a la parte actora se le deba reconocer el daño material (pérdida de uso y rentabilidad de inversión de la casa de habitación: ₡107.430.920 (US$173.088,63) y costo de alquiler de cuarto de hotel, de habitación o casa: ₡33.516.180 (US$54.000) que reclama (ausencia de nexo causal).». Para ello, el recurrente alega que ofreció prueba testimonial y pericial que pudo servir para demostrar: la realidad del daño de la movilización y abandono de la casa por parte de los afectados por los malos olores y temas sanitarios; la devaluación del inmueble e imposibilidad de arrendamiento a causa de esos malos olores, y la dimensión del daño moral causado. Sin embargo, analizado el argumento de la Juzgadora A Quo sobre la pretensión asociada a la pérdida de uso y rentabilidad de inversión de la casa de habitación, la cual se relaciona con este hecho indemostrado, se constata la validez de lo resuelto, por cuanto, la Juzgadora acudió al objeto de lo resuelto por la Sala Constitucional para establecer que, en aquella sede se declaró con lugar el recurso de amparo por la falta de resolución de una o varias denuncias concernientes a problemas de contaminación, no propiamente por la existencia de esos malos olores y riesgo sanitario, lo cual, en todo caso, fue consecuencia de esa falta de respuesta oportuna a la problemática denunciada; lo cual es constatado por esta Sala de la lectura de aquella sentencia constitucional, cuya aclaración preliminar y delimitación del objeto del proceso así lo constatan, en el sentido siguiente: «Considerando: I. De previo. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relacionada con contaminación y salud pública, la cual presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II. Objeto del recurso. Los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, pues acusan que, a pesar de haber denunciado reiteradamente la problemática de contaminación por aguas negras y residuales en el sector de Cuesta Grande, no se ha solucionado el problema de contaminación indicado.». Por ello, la A Quo consideró que, si bien es cierto, los actores en esta sede de ejecución circunscribieron su reclamo al impedimento de disfrutar su vivienda y poder alquilarla por esos malos olores, el problema radicó en la falta de atención oportuna a la denuncia ambiental, circunstancia que evidenciaba la carencia de nexo causal, que es la justificación indicada entre paréntesis al final del hecho no probado, como tampoco logró determinarse, a partir de los hechos probados en la sentencia constitucional, que por esa problemática concreta los accionantes no pudieran vivir en su casa o no la pudieran alquilar, «… pues ello nunca se tuvo por acreditado ni en los hechos probados del fallo constitucional, ni en el análisis del caso concreto por parte de la Sala en la sentencia aludida a la hora de declarar con lugar el recurso.». De esa cuenta, el agravio así planteado deviene improcedente, por cuanto, la prueba rechazada en su momento resulta inútil a los fines pretendidos, a partir del marco de análisis y consideración en un proceso de esta naturaleza de ejecución, como es la sentencia dictada por la Sala Constitucional. Así, aunque pretenda vincularse la problemática concreta de malos olores a la necesidad de los ejecutantes de retirarse de su vivienda, en lo concreto la sentencia constitucional tiene un fundamento aparte, cual es la falta de respuesta a una problemática por parte de la autoridad administrativa. Por ello, debe descartarse la alegada indefensión o vulneración al derecho de defensa y al debido proceso de los accionantes con el rechazo de su prueba en audiencia preliminar, y por ende, el reclamo casacional deviene igualmente improcedente.

Casación por razones sustantivas.

VI.- Primer agravio. Con fundamento en el artículo 138 inciso c) del CPCA, acusa la vulneración de los artículos: 41 constitucional, 704 y 1045, ambos del Código Civil. Reprocha, la fijación de daño moral es risible, no se indemniza el daño moral de forma razonable ni proporcional. Al respecto, señala, la fijación del daño moral debe ser razonable, y no es racional pensar que dos ciudadanos que soportaron la inercia e inactividad del Estado frente a un problema sanitario tan grave como es tener heces en su casa, sin reacción de las autoridades, dicha aflicción y perturbación se indemnice con tan solo cuatrocientos mil colones cada uno, cuando la casa, según los hechos probados de la misma sentencia, tiene un valor superior al millón de dólares. Así, quienes invierten un millón de dólares en su casa de habitación, no pueden ser indemnizados con cuatrocientos mil colones por dejar de utilizar su casa por años a causa de un problema sanitario. En ese sentido, no hay proporcionalidad ni razonabilidad. El valor de la casa, señala, hace ver el monto fijado como indemnización por daño moral como ofensivo y risible ante la frustración de tener una casa tan costosa y no poder usarla a causa de los malos olores. Cita los artículos 704 y 1045 del Código Civil, de lo cual, colige, en correcta interpretación del derecho de daños contenido en las normas citadas, la indemnización debe ser plenaria y cubrir todos los daños directos e inmediatos, siendo que el reparo al daño moral debe ser razonable, proporcional y el monto otorgado por el Juzgado no cumple con esos parámetros. En ese sentido, la correcta aplicación de los preceptos citados debió llevar a concluir que, el monto a indemnizar por concepto de daño moral no puede ser el fijado en cuatrocientos mil colones, resultando este un monto risible y no proporcional. En su criterio, la proporcionalidad puede ponderarse con el valor de la casa de habitación que indica la misma sentencia (mayor a un millón de dólares) y que por mucho tiempo se vio afectada por un problema sanitario ambiental gravísimo, de contaminación de heces, haciendo invivible el uso de dicha casa de habitación. Reitera lo grave que para esa representación la falta de la Municipalidad al desatender sus deberes para con la ciudadanía de garantizar servicios públicos mínimos y un ambiente sano, y la implicación económica y de vida para los actores, de no poder habitar una casa de habitación a causa de los malos olores y heces, implica un parámetro de proporcionalidad para fijar un daño moral adecuado al agravio causado, que jamás podría ser solo cuatrocientos mil colones para cada uno. Solicita fijar el monto pretendido en la demanda.

VII.- Resolución del planteamiento recursivo. En su consideración sobre el reconocimiento del daño moral subjetivo reclamado, la Juzgadora A Quo consideró lo siguiente: «… En el caso concreto la parte actora reclama un daño moral del tipo subjetivo y en cuanto a este ha sido claro el derrotero de nuestros tribunales al indicar que su procedencia no depende de aspectos pecuniarios, sino que basta con que se configure una relación directa entre la conducta de la administración y el que se reclama, sin que sea necesaria su demostración concreta y detallada. Es suficiente su comprobación mediante indicios, valorados a través de la presunción humana, de los cuales se pueda concluir que efectivamente se produjo el daño, claro está, acreditándose su existencia y gravedad, en virtud de que la presencia de un hecho generador antijurídico pone de manifiesto la existencia del daño moral cuando se afecta la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, la tranquilidad, y por esto se ha dicho que es fácil inferir la lesión causada y que su prueba existe “in re ipsa”. Para esta juzgadora el daño moral que debe ser indemnizado es el padecido por la parte actora con ocasión de la omisión de las autoridades recurridas en la atención de su denuncia y darle la respuesta y solución debida y la frustración derivada de que por la falta de atención a esa denuncia no pudieran habitar con tranquilidad la vivienda que construyeron para ese fin. En ese contexto, analizando el caso a la luz de los principios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad al efecto aplicables, y de una prudente apreciación de los hechos dados en la situación concreta, la suscrita jueza es del criterio que debe otorgarse por este concepto la suma de cuatrocientos mil colones (₡400.000), y no la pretendida por los accionantes por desproporcionada, monto con el cual se pretende encontrar un reparo económico producto del daño ocasionado. Dicho monto se reconoce, teniendo en cuenta que, tal y como lo acreditó la Sala Constitucional en la sentencia, la vulneración se genera en el retardo para resolver de forma definitiva una denuncia ambiental relacionada con problemas de falta de alcantarillado sanitario y de aguas negras y residuales en el sector de Cuesta Grande y la falta de acciones concretas para solucionar el problema indicado.». Como puede observarse, la Juzgadora A Quo mantiene correctamente el análisis de cada uno de los puntos litigiosos y pretensiones en el marco de lo resuelto por la Sala Constitucional. Por su parte, el recurrente enfoca su agravio desde un punto de vista distinto, sea la necesidad de dejar una vivienda valorada en más de un millón de dólares a causa de los malos olores generados por un problema sanitario sin reacción de las autoridades, y pondera el valor de la casa como parámetro de comparación al rubro otorgado para calificarlo como risible. Sin embargo, la Sala discrepa de este punto de vista, y valida el ejercicio intelectivo realizado por la señora Juzgadora, por cuanto, el marco de su competencia funcional se encuentra delimitado, en esta materia de ejecución, por la sentencia dictada por la Sala Constitucional, la cual, enfocó la situación y delimitó el objeto del proceso a un tema distinto como es la falta de resolución a un problema de contaminación denunciado. Sin perjuicio de lo anterior, y manteniendo el análisis sobre la pretensión de daño moral subjetivo desde el mismo enfoque realizado por la Juzgadora de la instancia precedente, esta Cámara considera pertinente modificar el monto concedido por daño moral subjetivo padecido por los ejecutantes, a la cantidad de dos millones de colones a cada uno, lo que así se indicará en la parte dispositiva de este fallo. Lo anterior, por cuanto, el presente caso no se relaciona con una simple omisión de respuesta. Por el contrario, esa falta de respuesta y solución efectiva a las gestiones instadas se asociaron a un problema de orden sanitario, el cual, necesariamente debe generar en quien lo ha gestionado sin obtener esa respuesta, mucho menos una salida viable, sentimientos de: frustración, desasosiego, enojo, desánimo, irrespeto a su dignidad como ciudadano, entre otros asociados a la pasividad de la conducta administrativa, y en la especie, considerando que, de conformidad con lo acreditado por la Sala Constitucional en su voto, la gestión del recurrente fue presentada el 16 de octubre de 2018, y para la fecha de la sentencia, tres de julio de 2020, se habían realizado cinco inspecciones, las cuales cuatro dieron positivas en vía pública, sumado a tener por indemostrada la gestión de lo relativo a la ausencia de alcantarillado sanitario, lo que habría motivado el otorgamiento del amparo y la orden a las autoridades impugnadas: alcalde, coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental y gerente de Gestión Urbana, todos de la Municipalidad de Escazú, y el Director de Área de Salud de ese municipio, a iniciar, de inmediato, las gestiones correspondientes para solventar el problema generado por la falta de alcantarillado sanitario debiendo adoptar sus medidas presupuestarias; realizar las inspecciones pendientes y emitir las actuaciones administrativas que corresponda, y darle una solución definitiva al problemas de aguas negras y residuales en la zona denominada Cuesta Grande, en el improrrogable plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia; lo anterior, sumado a la respuesta en forma escrita a las gestiones, por parte de las autoridades municipales, en el plazo de diez días. Es decir, si bien es cierto, la causa principal del otorgamiento de la protección constitucional fue una omisión de respuesta, las consecuentes incomodidades evidenciadas por el propio Juzgado Contencioso en su apartado arriba transcripto permiten a esta Cámara colegir, del análisis integral de este punto litigioso que, existe un nexo entre la desatención administrativa, el problema ambiental que se estaba generando, y el daño moral subjetivo sufrido por los amparados, quienes a consecuencia de esa inacción sufrieron sentimientos asociados al enojo, frustración y desánimo al no poder vivir tranquilamente en la vivienda construida para ese fin, sumado a la natural preocupación por su salud dado el problema ambiental y sanitario que no se solucionaba, y para lo cual fue necesario que el Tribunal Constitucional ordenara, entre otros aspectos, «iniciar» las gestiones correspondientes para solventar el problema generado por la falta de alcantarillado sanitario, realizar las inspecciones pendientes y darle una solución definitiva al problema de aguas negras y residuales. En relación con ello, se toma en consideración el hecho probado concerniente a que, de cinco inspecciones y aplicación de fluorescencia en toda la zona, cuatro dieron resultados positivos en vía pública. Todo lo anterior, se reitera, cualifica la necesaria indemnización en concepto de daño moral subjetivo, en tanto, no se trata de la mera incomodidad y frustración ante una falta de respuesta a una gestión administrativa, sino, esa desatención se refería a un problema activo, de orden ambiental y con potenciales afectaciones a la salud, con la meridiana consecuencia de las afectaciones a la esfera emocional de los afectados, lo cual se hace necesario resarcir en los términos y por los fundamentos antes expuestos. En ese sentido, el reclamo casacional deviene procedente.

VIII.- Segundo agravio. Con fundamento en el artículo 138 inciso c) del CPCA, alega la conculcación de los artículos 119 y 193 del mismo cuerpo normativo, porque la sentencia con error exonera al Estado y la Municipalidad de Escazú al pago de costas personales y procesales de la ejecución, así, considera, no puede dejarse de conceder la condena en costas cuando los daños y perjuicios son reales y no fueron reconocidos sin la existencia de un proceso de ejecución. Para ello, cita la sentencia 310-2008 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección II, así como la sentencia 000688-F-S1-2021 de esta Sala.

IX.- Resolución del planteamiento recursivo. El reclamo es improcedente. Para fundamentar su decisión eximente de los efectos económicos del proceso, la Juzgadora A Quo consideró: «IV. COSTAS DE LA EJECUCIÓN: Aunque la regla es imponer al vencido al pago de las costas, al constatar que en este caso hubo vencimientos recíprocos y existiendo en criterio de esta juzgadora, razones suficientes para que las partes litigaran en este proceso, ya que la parte actora tenía un derecho concedido en abstracto por parte de la Sala Constitucional que podía venir a ejecutar a esta sede y por su parte el Estado y la Municipalidad de Escazú en condición de demandados debían oponerse a la liquidación hecha, en razón de que los actores no supieron ejecutar adecuadamente su derecho, es que se debe exonerar del pago de las costas al Estado y a la Municipalidad de Escazú. Adicionalmente, la exoneración procede toda vez que en el presente asunto existe una diferencia de más del 15% entre lo reclamado y lo obtenido en el fallo de fondo por la parte actora, por lo que en aplicación de lo previsto en el numeral 194 incisos 1 y 2 de dicho Código (plus petitio), la exoneración de costas personales y procesales de la ejecución resulta procedente y así se declara.». Como puede observarse, el fundamento que exime el pago de las costas desarrolla dos razones de capital importancia: el vencimiento recíproco y el plus petitio, a ninguna de las cuales se refiere el recurrente, quien se limita a exigir la imposición o condenatoria de los efectos económicos del proceso, por la necesidad de acudir a la vía contenciosa como única vía para el reconocimiento de su derecho. En ese sentido, debe recordarse que, el recurso de casación implica la necesidad de objetar con rigor técnico y jurídico los fundamentos propios de la sentencia recurrida, para establecer, a partir de un análisis sobre su juridicidad, la pertinencia de quebrar o no el fallo impugnado. Sin embargo, en la especie de echa de menos una tesis que combata con rigor las consideraciones plasmadas como fundamento de la decisión eximente de las costas causadas, por lo que en reclamo así formulado deviene improcedente.

X.- Tercer agravio. Con fundamento en el artículo 138 inciso c) del CPCA, acusa la vulneración de los artículos: 41 constitucional, 704 y 1045, ambos del Código Civil. En su criterio, el Juzgado indica que el presente asunto gira en torno a un problema ambiental, de salud pública, lo cual es cierto. Sin embargo, a su vez indica que la Sala Constitucional decidió sobre la inactividad de la Administración Pública ante las múltiples denuncias y no en razón de los problemas de salud pública. Cita el siguiente extracto de la sentencia del A Quo: «… la razón por la que la Sala resuelve declarar con lugar el recurso se circunscribe a la falta de resolución de una o varias denuncias referidas a problemas de contaminación en el sector señalado, no propiamente por la existencia de malos olores y riesgo sanitario que es más bien una consecuencia de no haberse dado una respuesta oportuna a la problemática denunciada. Lo actores circunscriben este reclamo al impedimento de disfrutar su vivienda y de poderla alquilar por esos malos olores, pero repito, el problema radicó, no en la existencia de esos malos olores (eso fue una consecuencia del problema denunciado), sino en la no atención oportuna a una denuncia ambiental, lo que hace que, en tesis de principio, el reclamo deba ser rechazado por falta de nexo causal.» (transcripción así consignada en el recurso de casación). Sin embargo, aduce, la resolución número 2020012400 de la Sala Constitucional en el recurso de amparo 20-009999-0007-CO, aclara que su resolución versa sobre un problema de salud pública y no sobre la inactividad de una entidad pública: para ello, cita el siguiente extracto: «“I. De previo. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relacionada con contaminación y salud pública (…)” (el resaltado es propio).» (transcripción así consignada en el recurso de casación). Tanto es así, añade la representación casacionista, que dedica la sección V de la resolución a ampliar sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, y entonces afirma la Sala: «“Sobre el caso concreto. Una vez analizados los informes de las autoridades recurridas y las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional constata la acusada lesión a los derechos fundamentales de los amparados, así como de sus vecinos (…)” (el resaltado es propio)» (transcripción así consignada en el recurso de casación); así como también indica: «“A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja.” (el resaltado es propio)» (transcripción así consignada en el recurso de casación); y además: «“(…) a pesar de conocer de larga data la problemática denunciada, las pocas acciones que han desplegado no han sido suficientes para resolver la problemática ambiental denunciada. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.” (el resaltado es propio)» (transcripción así consignada en el recurso de casación). De lo anterior, colige el recurrente, la omisión de la Municipalidad de Escazú, y por el que se imputa responsabilidad, se da al no resolver la problemática ambiental mostrando incapacidad en garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que a su vez, pero no siendo la razón principal, lesiona el derecho constitucional de acceder a servicios públicos eficientes y eficaces. Además, señala, la Sala Constitucional condenó a la indemnización de los daños y perjuicios causados por un problema sanitario, malos olores, lo cual se tuvo por acreditado por la Sala Constitucional, quien reprochó la falta de una solución efectiva a ese problema sanitario que tuvo por cierto y existente. Por ello, considera la existencia de un nexo causal claro y evidente respecto de la afectación al uso de la vivienda a causa de ese problema sanitario, y consecuentemente, debe indemnizar dicho daño que consiste en la afectación del uso. Sumado a lo anterior, considera que, si el problema sanitario impedía el uso de los dueños de la vivienda, con mucha más razón el uso por terceros, y ello consiste en un daño real y efectivo que debe ser indemnizado. De igual manera, si no se podía vivir en la casa a causa del problema sanitario de malos olores y contaminación de heces, no se podía alquilar. Reitera, la sentencia extraña un inquilino, pero de haberse evacuado la prueba, es evidente que el problema sanitario afectó no solo el uso de la casa de habitación, sino con mucha más razón la posibilidad de alquilarla a terceros. Luego, asegura, la sentencia debió comprender que la afectación al uso de la vivienda es un daño directo e inmediato con 2 bifurcaciones: a) la imposibilidad de alquilar y usar la vivienda, y b) el costo de tener que ocupar otro lugar para vivir, y ambos son consustanciales al problema sanitario. Consecuentemente, si la casa no era apta para ser habitada por el problema sanitario, para lo cual se ofreció prueba no conocida por el Juzgado, entonces debe existir una indemnización de ese daño que se empareja perfectamente al costo de alquiler, sea que se alquilara o no precisamente por el problema sanitario. Estima la vulneración del artículo 704 del Código Civil, dada la existencia de causalidad directa e inmediata entre el problema sanitario y la imposibilidad de alquilar y usar la casa, así como el costo de tener que ocupar otro lugar para vivir. Además, considera vulnerados los artículos 1045 del Código Civil y 41 de la Constitución Política, por tratarse de un daño indemnizable causado por el problema ambiental que condena la Sala Constitucional, la imposibilidad de uso de la casa de habitación por los malos olores y heces. Colige, debe casarse la sentencia para en su lugar conceder el daño cobrado en la ejecución por sí existir causalidad directa con el problema ambiental.

XI.- Resolución del planteamiento recursivo. El motivo recursivo es improcedente. Según observa esta Cámara, la Sala Constitucional desarrolló su análisis y delimitó el objeto del proceso en aquella sede, a partir de la falta de respuesta y atención a un problema de orden sanitario. En ese sentido se encuentra redactado el considerando preliminar y el concerniente a la delimitación del objeto del proceso: «Considerando: I. De previo. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relacionada con contaminación y salud pública, la cual presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II. Objeto del recurso. Los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, pues acusan que, a pesar de haber denunciado reiteradamente la problemática de contaminación por aguas negras y residuales en el sector de Cuesta Grande, no se ha solucionado el problema de contaminación indicado.» (el texto no aparece así subrayado originalmente). Seguidamente, esta Cámara descarta lo aseverado por el recurrente, en el sentido que la Sala Constitucional condenara a la indemnización de daños y perjuicios causados por un problema sanitario -malos olores-, lo cual, en tesis del recurrente, fue acreditado por el Órgano Constitucional. Así, los hechos probados e indemostrados dicen textualmente: «III. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 16 de octubre de 2018, el recurrente presentó una denuncia que fue respondida el mismo día, mediante oficio CS-ARSE-640-2018, indicándole el procedimiento a seguir para la atención de su denuncia con el número de consecutivo Nº 13739-18 (informes de las autoridades recurridas). b) El 07 de febrero del 2019, se realizó visita de inspección al lugar señalado por el denunciante, según consta en el Acta de Inspección Ocular Nº RCS-ARSE-AIO-RS-017-RMAS-2018 (informes de las autoridades recurridas). c) El 08 de febrero del 2019, se efectuó el Informe Técnico N°CS-ARSEERS-0186-2019 en el cual, se indica que no se comprueba lo denunciado, por lo que se procede a archivar el Expediente Administrativo N° 13739-18 (informes de las autoridades recurridas). d) El 25 de junio del 2019 la Municipalidad de Escazú trasladó por medio del oficio UTGV-87-19 el caso de Verónica Shum Tsang, Daniel Peyer y Miguel Arias Jiménez, por contaminación por aguas negras en la calle conocida como Cuesta Grande (intersección entre Calle Cuesta Grande y Calle Isabel Agüero, San Antonio de Escazú) (informes de las autoridades recurridas). e) El 28 de junio de 2019 el Área Rectora de Salud emitió e hizo entrega de los oficios MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0437-2019, MSDRRSCS-ARSE-ERS-0438-2019 y MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0439-2019, en la Municipalidad de Escazú, dirigidas al Alcalde, en referencia a lo denunciado por Verónica Shum, Daniel Peyer y Miguel Ángel Arias Jiménez, solicitando información al municipio con el fin de buscar una solución integral a la denuncia, expresamente se solicitó lo siguiente: “1) indicar si todas las edificaciones que se encuentran en el lugar denunciado cuentan con los debidos permisos constructivos por parte de la Municipalidad, 2) En caso de que las mismas se encuentren al día con los permisos, indicar, cuál fue el profesional responsable del seguimiento de las obras constructivas y si las mismas cumplen a cabalidad con lo aprobado previamente en los permisos de construcción. 3) Indicar cuál es el sistema de tratamiento para aguas residuales aprobado en planos y cuál fue el profesional encargado de supervisar dicho sistema y si dicho sistema aprobado fue el mismo que se construyó. 4) En caso de que las mismas no cumplan con lo aprobado en los permisos constructivos, indicar las acciones realizados por la Municipalidad al respecto. 5) En caso de no tener permisos constructivos para dichas edificaciones, indicar las acciones que han tomado para solventar la no conformidad según la legislación vigente. 6) Las acciones realizadas por el departamento de Gestión Ambiental y de Promoción Social y Gestión Urbana para solventar dicha situación” (informes de las autoridades recurridas). f) El 20 de agosto de 2019, se recibió la respuesta por parte de la Municipalidad de Escazú mediante oficios DA-769-2019, UTGV-108-19 y PCU-123-2019, indicando que la propiedad denunciada corresponde al número de finca 341795, la cual se encuentra en derechos, que no se encontró ningún registro que sugiera que en dicha propiedad se hubiese tramitado alguna solicitud para permiso de construcción, sin embargo, sí se evidencia la existencia de varias estructuras consolidadas en años anteriores, que lo que procede es realizar el respectivo traslado al Subproceso de Inspección General para que se inicie el proceso administrativo correspondiente y así los propietarios pongan a derecho las obras existentes en la Municipalidad, y recomiendan al Área Rectora de Salud de Escazú actuar de oficio al tratarse de un problema de salubridad pública (informes de las autoridades recurridas). g) El 23 de agosto del 2019, al ser aproximadamente las 10:00 horas se realizó inspección en seguimiento a la denuncia N°13739-18, y se visitó la casa del denunciante el señor Daniel Peyer, se llamó a la puerta pero no se obtuvo respuesta de ninguna persona, según consta en el Acta de inspección N°MSDRRSCS-ARSE-AIO-AFS-209-2019 (informes de las autoridades recurridas). h) El 27 de noviembre de 2019 el Comité de Desarrollo de Cuesta Grande presentó ante la Municipalidad de Escazú una denuncia por contaminación ambiental (documentación adjunta al libelo de interposición). i) Por oficio de 11 de diciembre de 2019 la alcaldía recurrida indicó que los problemas de contaminación que se acusaban eran competencia del Ministerio de Salud (documentación adjunta al libelo de interposición). j) El 17 de diciembre de 2019 la recurrente Verónica Shum Tsang presentó una nueva denuncia por los mismos hechos (documentación adjunta al libelo de interposición). k) Se programó la realización de inspecciones y aplicación de fluorescencia en toda la zona, incluidas calle Naranjo, calle Cuesta Grande y calle Isabel Agüero, en apoyo al Ministerio de Salud, para los meses de abril a noviembre de 2020 (informes de las autoridades recurridas). l) A la fecha se han realizado cinco inspecciones, de las cuales cuatro dieron positivas en vía pública, en dichos casos (informes de las autoridades recurridas). m) Desde que se declaró la emergencia nacional por COVID-19, no se han realizado más inspecciones, por cuanto, para aplicar el colorante, se debe ingresar a las casas de habitación, con el consecuente riesgo para el personal municipal y los ciudadanos (informes de las autoridades recurridas). n) El 10 de junio de 2020 se procedió a realizar inspección al sitio denunciado (Acta de inspección N°MSDRRSCS-DARSE-AIOYBB-70-2020), en la cual se constata que los propietarios de las propiedades expresaron su disconformidad, aduciendo que el Ministerio de Salud ya había realizado dicha prueba y había salido negativa, y denegando el ingreso (informes de las autoridades recurridas). IV. Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución: a) Que se haya respondido por escrito las denuncias de los recurrentes. b) Que se haya realizado el respectivo traslado al Subproceso de Inspección General para que se inicie el proceso administrativo correspondiente a las obras carentes de permisos. c) Que se haya gestionado lo relativo a la ausencia de alcantarillado sanitario.». Como puede observarse, en ninguno de los hechos probados o indemostrados se alude a la comprobación de malos olores, sino, todo se encamina a la demostración de las actuaciones administrativas realizadas en el marco de las denuncias presentadas por daños ambientales. Si bien es cierto, en el apartado considerativo se menciona la comprobación de falta de alcantarillado sanitario con los consecuentes malos olores, en su integralidad, esta Cámara coincide con la Juzgadora de la instancia precedente, en el sentido de haberse emitido la condenatoria por la falta de respuesta, así como de solución pronta y efectiva por parte de la Administración al problema de la falta de alcantarillado. Así, se descarta lo aseverado por el recurrente, como también se descarta que se haya condenado a la indemnización específicamente por los citados malos olores. En ese sentido, la Sala Constitucional consideró: «A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. No basta con programar a meses plazo la realización de inspecciones o consultarle a los vecinos si están conformes con que se realicen dichas inspecciones. Ambas autoridades poseen suficientes y variadas competencias para asegurar el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, a pesar de conocer de larga data la problemática denunciada, las pocas acciones que han desplegado no han sido suficientes para resolver la problemática ambiental denunciada. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. Aunado a ello, no logran demostrar las autoridades municipales que hayan atendido, por escrito, las gestiones de los recurrentes. En razón de lo anterior, procede declarar con lugar el recurso, a fin que tanto la Municipalidad accionada como el Ministerio de Salud, coordinen entre sí y ejerzan las acciones necesarias para darle una solución efectiva a dicha problemática.». En relación con lo anterior, se coincide de igual manera con la señora Juzgadora A Quo, en el sentido que, la Sala Constitucional ni acreditó ni entró a considerar la necesidad de los accionantes de salir de su vivienda como consecuencia de malos olores que hicieran invivible su residencia. Por ello, con respeto a esa situación, lamentable por principio, en esta sede de ejecución no puede entrarse a considerar más allá de lo estrictamente probado y fundamentado en la sentencia constitucional cuyos efectos se solicita materializar. Al respecto, debe recordarse que, en esta materia no nos encontramos ante un juicio plenario sino uno de ejecución que, como tal, tiene delimitado su ámbito de actuación en el marco que le permita la sentencia a ejecutar. En virtud de las anteriores consideraciones, el reclamo deviene improcedente.

XII.- Corolario de lo expuesto, en lo expresamente impugnado ha de declararse parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con el monto de cuatrocientos mil colones concedido a los accionantes por daño moral subjetivo. En su lugar, fallando por el fondo se reconocerá en ese concepto la cantidad de dos millones de colones a cada uno. En lo demás, el fallo impugnado permanecerá incólume.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se casa la sentencia impugnada, únicamente en cuanto concedió cuatrocientos mil colones a los accionantes por daño moral subjetivo. En su lugar y fallando por el fondo, se reconoce a favor de cada uno de los recurrentes la cantidad de dos millones de colones en ese concepto. En lo demás, el fallo impugnado permanece incólume. JRODRIGUEZBAR

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Ana Isabel Vargas Vargas

	

 

	

Yuri Lopez Casal

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 RMFYTEK004061

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:37:39.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours forty-eight minutes on the fourteenth of December two thousand twenty-three.

In the constitutional judgment enforcement proceeding, brought by AU SHUM TSANG and DANIELE PEYER against the STATE, through its Procuradora, licensed attorney Mónica Padilla Cubero, and against the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, through its mayor, Arnoldo Barahona Cortés, and previously, in the same capacity, by Ms. Karol Tatiana Matamoros Corrales; in which IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CFS, S.A. also intervenes as a coadjuvant, through its Secretary with powers of Generalísima Attorney-in-Fact without limit of Amount, Au Shum Tsang, the appeal in cassation filed by the plaintiffs against judgment number 660-2022 of 14:43 hours on 22 March 2022, issued by the Judging Officer Oriana Dávila Hilarión of the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, was admitted. Attorney Jonatán Picado León appears as Special Judicial Attorney-in-Fact for the plaintiffs. The defendant Municipalidad appears under the sponsorship of attorney Carlos Alberto Herrera Fuentes.

Judge Vargas Vargas writes.

**CONSIDERANDO**

**I.-** Pursuant to the factual platform established by the lower court (A Quo): « 1) That the company Implementos Deportivos CFS S.A., legal ID 3-101-420228, represented by Messrs. Ho Shum Tsang and Au Shum Tsang, owns two properties located in Distrito San Antonio, Cantón Escazú, Provincia de San José, the first, registration number 614590-000 and the second, registration number 614591-000, where a dwelling house inhabited by the plaintiffs is built; property (lands and buildings) that was valued in an appraisal rendered by MV. Víctor Carranza Zamora in the sum of US$1,056,544.82 (…). 2) On 16 October 2018, the enforcing party Shum Tsang filed a complaint that was answered the same day by the Ministry of Health, via official communication CS-ARSE-640-2018, indicating the procedure to follow for addressing her complaint with consecutive number Nº 13739-18 (…). 3) On 07 February 2019, an inspection visit was conducted to the place indicated by the co-enforcing party, as recorded in Acta de Inspección Ocular Nº RCS-ARSE-AIO-RS-017-RMAS-2018 (…). 4) On 08 February 2019, Informe Técnico N°CSARSEERS-0186-2019 was prepared, stating that the complaint was not verified, and therefore the Expediente Administrativo N° 13739-18 is archived (…). 5) On 25 June 2019, the Municipalidad de Escazú forwarded, via official communication UTGV-87-19, the case of Verónica Shum Tsang, Daniel Peyer and Miguel Arias Jiménez, for contamination by blackwater on the street known as Cuesta Grande (intersection between Calle Cuesta Grande and Calle Isabel Agüero, San Antonio de Escazú) (…). 6) On 28 June 2019, the Área Rectora de Salud issued and delivered official communications MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0437-2019, MS-DRRSCS-ARSEERS-0438-2019 and MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0439-2019, at the Municipalidad de Escazú, addressed to the Mayor, in reference to the complaint by Verónica Shum, Daniel Peyer and Miguel Ángel Arias Jiménez, requesting information from the municipality to seek a comprehensive solution to the complaint (…). 7) On 20 August 2019, a response was received from the Municipalidad de Escazú via official communications DA-769-2019, UTGV-108-19 and PCU-123-2019, indicating that the denounced property corresponds to finca number 341795, which is in an irregular legal status, that no record was found suggesting that any construction permit application had been processed for said property, however, the existence of several structures consolidated in prior years was evident, that the appropriate action is to transfer to the Subproceso de Inspección General to initiate the corresponding administrative proceeding so that the owners bring the existing works into compliance with the Municipalidad, and they recommend the Área Rectora de Salud de Escazú act ex officio given it is a public health problem (…). 8) On 23 August 2019, at approximately 10:00 hours, an inspection was conducted in follow-up to complaint N°13739-18, and the house of the complainant Mr. Daniel Peyer was visited, the door was knocked on, but no response was obtained from anyone, as recorded in Acta de inspección N°MSDRRSCS-ARSE-AIO-AFS-209-2019 (…). 9) On 27 November 2019, the Comité de Desarrollo de Cuesta Grande filed a complaint with the Municipalidad de Escazú for environmental contamination (…). 10) By official communication of 11 December 2019, the Municipalidad de Escazú indicated that the alleged contamination problems fell under the jurisdiction of the Ministry of Health (…). 11) On 17 December 2019, the appellant Verónica Shum Tsang filed a new complaint for the same facts (…). 12) The conduct of inspections and application of fluorescence in the entire area, including Calle Naranjo, Calle Cuesta Grande and Calle Isabel Agüero, was scheduled in support of the Ministry of Health, for the months of April to November 2020 (…). 13) To date, five inspections have been conducted, of which four tested positive on public roads, in those cases (…). 14) Since the national emergency for COVID-19 was declared, no further inspections have been conducted, because applying the dye requires entering the dwelling houses, with the consequent risk to municipal personnel and citizens (…). 15) On 10 June 2020, an inspection was conducted at the denounced site (Acta de inspección N°MSDRRSCS-DARSE-AIO-YBB-70-2020), in which it is verified that the property owners expressed their disagreement, arguing that the Ministry of Health had already conducted said test and it had come back negative, and denying entry (…). II. UNPROVEN FACTS: For lack of reliable evidentiary support, the following facts are deemed unproven: a) That, as a result of the facts sanctioned by the Sala Constitucional, the plaintiffs must be recognized for material damages (loss of use and investment profitability of the dwelling house: ₡107,430,920 (US$173,088.63) and rental cost of a hotel room, rooming or house: ₡33,516,180 (US$54,000)) that they claim (absence of causal link).».

**II.-** The claim of the lawsuit consisted of the granting, in favor of the enforcing parties and for costs, damages (daños y perjuicios), of the payment of: a) loss of use and investment profitability of the dwelling house: ₡107,430,920 (US$173,088.63); b) moral damages (daño moral): ₡124,134,000 (US$200,000); c) rental cost of a hotel room, rooming or house: ₡33,516,180 (US$54,000); d) procedural and personal costs of the amparo proceeding: ₡33,516,180 (US$54,000); e) personal and procedural costs of the enforcement of judgment; and, f) interest on the award amounts until their effective payment. For their part, both defendants responded negatively to the lawsuit filed against them.

**III.-** The Judging Officer Oriana Dávila Hilarión of the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda issued judgment number 660-2022, at 14:43 hours on 22 March 2022, in which she partially granted the enforcement, proportionally ordered the defendants to pay the plaintiffs the sums of four hundred thousand colones (₡400,000) for moral damages and one hundred eighty-one thousand five hundred colones (₡181,500) for personal costs of the amparo appeal, sums on which she approved interest from the finality of the judgment until their effective payment, using the parameter established in article 1163 of the Civil Code (Código Civil). Finally, she exonerated the defendants from paying costs. Disagreeing, the plaintiffs' legal representation appeals in cassation. The grounds for their disagreement are summarized and analyzed as set forth below.

**Cassation for procedural reasons.**

**IV.- First grievance.** Based on article 137 subsection b) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter, CPCA), it alleges defenselessness (indefensión) and the violation of articles: 39 and 41 of the Constitution; 82, 83 subsection 2) of the CPCA, and 302.4 of the Ley General de la Administración Pública. In this regard, it cites the sole fact deemed unproven by the lower court, and reproaches that, through an order of thirteen hours forty-two minutes on four October two thousand twenty-one, the Juzgado Contencioso Administrativo refused to admit testimonial evidence deeming it unnecessary for the resolution of the present matter, because there was sufficient documentary evidence to issue judgment, against which the plaintiffs filed a motion for reconsideration (recurso de revocatoria), which was rejected through an order of thirteen hours forty-five minutes on five November two thousand twenty-one. In that regard, it criticizes the Judging Officer for not taking into account the evidence provided and requested by the plaintiffs in the enforcement writ, its presentation and assessment being omitted, thus violating their right. In support, it cites vote 523-2021 of this Chamber. It asserts that the testimonial and expert evidence was relevant and necessary, and its absence influenced the outcome of the proceeding, as it was aimed at: proving the reality of the damages relating to the plaintiffs' relocation due to bad odors and sanitary issues, because of which they had to abandon the house (damage); the devaluation of the real estate and impossibility of renting it out due to the bad odors; and it was useful for gauging the moral damages caused. It adds that the rejection of the evidence violated their right of defense, and consequently, their due process. In relation to this, the witnesses and expert should have provided technical and assessment aspects, as established by articles 302.4 of the Ley General de la Administración Pública and article 83.2 of the CPCA, given that Engineer Carranza Zamora was offered as an expert witness. Therefore, the evidence should have been admitted. It cites vote 3-2016 of the Tribunal Contencioso Administrativo, Section II. Based on the response of the co-defendants, the cassation legal representation adds, it is clear there was a controversy over the facts, so much so that the Municipalidad de Escazú filed the exception of lack of right (falta de derecho), so there was no reason to reject the evidence offered, as it related to the facts justifying the causation and extent of the claimed damages. In its view, the matter deserved more complex attention and not to be subjected to abbreviated channels, and speed is not more important than getting closer to the real truth by presenting evidence that was indeed relevant and pertinent to prove the extent of the damage and its causation. Subsequently, it points out that the judgment mentions "a tenant" (inquilino), however, the sanitary problem affected not only the use of the dwelling house but also the possibility of renting it to third parties. It indicates that its defenselessness is clear, as its rights of defense and due process were affected. In that sense, had articles 82, 83 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, 39 and 41 of the Political Constitution, and 302.4 of the Ley General de la Administración Pública been correctly applied, regarding the burden and admission of evidence according to the legal system, the conclusion would be that the loss of use and profitability of the dwelling house, as well as the rental costs of a living space, are certain facts, all due to the sanitary problem acknowledged by the Sala Constitucional. Therefore, the plaintiffs should have been compensated because the Municipalidad de Escazú: neglected an environmental problem leading to health damage; and failed to comply with the constitutional judgment in time. Furthermore, it deems article 82 of the Código Procesal Contencioso Administrativo violated, according to which, the adjudicator must order and practice all necessary evidentiary proceedings to determine the real truth of the relevant facts in the process, and the principle that means of evidence can be all those permitted by public and common law, as well as the right to submit evidence, is violated.

**V.- Resolution of the appeal argument.** On this specific point, the cassation legal representation reproaches the sole unproven fact that states: «II. UNPROVEN FACTS: For lack of reliable evidentiary support, the following facts are deemed unproven: a) That, as a result of the facts sanctioned by the Sala Constitucional, the plaintiffs must be recognized for material damages (loss of use and investment profitability of the dwelling house: ₡107,430,920 (US$173,088.63) and rental cost of a hotel room, rooming or house: ₡33,516,180 (US$54,000)) that they claim (absence of causal link).». To this end, the appellant claims it offered testimonial and expert evidence that could have served to demonstrate: the reality of the damage of relocation and abandonment of the house by those affected by bad odors and sanitary issues; the devaluation of the property and impossibility of renting it out due to those bad odors, and the extent of the moral damages caused. However, having analyzed the lower court judge's argument regarding the claim associated with the loss of use and investment profitability of the dwelling house, which is related to this unproven fact, the validity of what was resolved is verified, because the judge turned to the object of what was resolved by the Sala Constitucional to establish that, in that venue, the amparo appeal was granted for the failure to resolve one or several complaints regarding contamination problems, not strictly for the existence of those bad odors and sanitary risk, which, in any case, was a consequence of that lack of timely response to the denounced problem; which is verified by this Chamber upon reading that constitutional judgment, whose preliminary clarification and delimitation of the object of the proceeding confirm this, as follows: «Considering: I. Preliminarily. Before analyzing the merits of the allegation, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública. In the present matter, an exceptional case is raised, as it involves a complaint related to contamination and public health, which allegedly has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II. Object of the appeal. The appellants consider their fundamental rights injured, as they allege that, despite having repeatedly denounced the problem of contamination by blackwater and wastewater in the Cuesta Grande sector, the indicated contamination problem has not been solved.». Therefore, the lower court judge considered that, while it is true, the plaintiffs in this enforcement venue confined their claim to the impediment of enjoying their dwelling and being able to rent it out because of those bad odors, the problem lay in the lack of timely attention to the environmental complaint, a circumstance that evidenced the lack of a causal link, which is the justification indicated in parentheses at the end of the unproven fact, nor was it possible to determine, based on the facts proven in the constitutional judgment, that because of that specific problem the plaintiffs could not live in their house or could not rent it out, «… because this was never accredited either in the proven facts of the constitutional ruling, nor in the analysis of the specific case by the Chamber in the cited judgment when granting the appeal.». Therefore, the grievance thus raised becomes inadmissible, since the evidence rejected at the time proves useless for the intended purposes, based on the framework of analysis and consideration in a proceeding of this enforcement nature, which is the judgment issued by the Sala Constitucional. Thus, even if one seeks to link the specific problem of bad odors to the enforcing parties' need to withdraw from their dwelling, specifically the constitutional judgment has a separate basis, which is the lack of response to a problem by the administrative authority. Consequently, the alleged defenselessness or violation of the right of defense and due process of the plaintiffs through the rejection of their evidence in the preliminary hearing must be discarded, and therefore, the cassation claim likewise becomes inadmissible.

**Cassation for substantive reasons.**

**VI.- First grievance.** Based on article 138 subsection c) of the CPCA, it accuses the violation of articles: 41 of the Constitution, 704 and 1045, both of the Civil Code. It reproaches that the assessment of moral damages is laughable; moral damages are not compensated in a reasonable or proportional manner. In this regard, it points out that the assessment of moral damages must be reasonable, and it is not rational to think that two citizens who endured the inertia and inactivity of the State in the face of a sanitary problem as severe as having feces in their house, without reaction from the authorities, should have such affliction and disturbance compensated with only four hundred thousand colones each, when the house, according to the proven facts of the same judgment, has a value exceeding one million dollars. Thus, those who invest one million dollars in their dwelling house cannot be compensated with four hundred thousand colones for ceasing to use their house for years due to a sanitary problem. In that sense, there is no proportionality or reasonableness. The value of the house, it points out, makes the amount set as compensation for moral damages seem offensive and laughable in the face of the frustration of owning such an expensive house and not being able to use it due to bad odors. It cites articles 704 and 1045 of the Civil Code, from which it infers that, in the correct interpretation of tort law contained in the cited rules, the compensation must be full and cover all direct and immediate damages, given that the redress for moral damages must be reasonable, proportional, and the amount granted by the Court does not meet those parameters. In that sense, the correct application of the cited precepts should have led to the conclusion that the amount to be compensated for moral damages cannot be the four hundred thousand colones set, this being a laughable and non-proportional amount. In its view, proportionality can be weighed against the value of the dwelling house that the judgment itself indicates (over one million dollars) and that for a long time was affected by an extremely severe environmental sanitary problem, involving contamination by feces, making the use of said dwelling house unlivable. It reiterates how serious, in its representation's view, is the Municipalidad's failure to discharge its duties to citizens of guaranteeing minimum public services and a healthy environment, and the economic and life implication for the plaintiffs, of being unable to inhabit a dwelling house due to bad odors and feces, implies a proportionality parameter for fixing moral damages adequate to the grievance caused, which could never be only four hundred thousand colones for each. It requests setting the amount sought in the lawsuit.

**VII.- Resolution of the appeal argument.** In her consideration regarding the recognition of the claimed subjective moral damages, the lower court judge considered the following: «… In the specific case, the plaintiffs claim moral damages of the subjective type, and regarding this, the course of our courts has been clear in indicating that its granting does not depend on pecuniary aspects, but rather it is sufficient that a direct relationship is established between the conduct of the administration and the damage claimed, without its concrete and detailed demonstration being necessary. Its verification through indicia, assessed through human presumption, is sufficient, from which it can be concluded that the damage effectively occurred, clearly, proving its existence and severity, given that the presence of an unlawful generating event reveals the existence of moral damages when the psyche, health, physical integrity, honor, intimacy, tranquility are affected, and for this reason it has been said that it is easy to infer the injury caused and that its proof exists 'in re ipsa'. For this judging officer, the moral damages to be compensated is that suffered by the plaintiffs on the occasion of the omission of the respondent authorities in addressing their complaint and providing the due response and solution, and the frustration derived from the fact that, due to the lack of attention to that complaint, they could not peacefully inhabit the dwelling they built for that purpose. In this context, analyzing the case in light of the applicable principles of justice, reasonableness, and proportionality, and from a prudent appreciation of the facts occurring in the specific situation, this judge is of the opinion that the sum of four hundred thousand colones (₡400,000) should be granted for this item, and not that sought by the plaintiffs as it is disproportionate, an amount with which a financial redress is sought resulting from the damage caused. Said amount is recognized, considering that, as accredited by the Sala Constitucional in its judgment, the violation arises from the delay in definitively resolving an environmental complaint related to problems of lack of sanitary sewerage and blackwater and wastewater in the Cuesta Grande sector and the lack of concrete actions to solve the indicated problem.». As can be observed, the lower court judge correctly maintains the analysis of each of the litigious points and claims within the framework of what was resolved by the Sala Constitucional. For his part, the appellant focuses his grievance from a different point of view, that is, the need to leave a dwelling valued at over one million dollars because of the bad odors generated by a sanitary problem without reaction from the authorities, and he weighs the value of the house as a comparison parameter against the item granted to qualify it as laughable. However, the Chamber disagrees with this point of view, and validates the intellectual exercise carried out by the Judging Officer, given that the framework of her functional competence is delimited, in this enforcement matter, by the judgment issued by the Sala Constitucional, which focused on the situation and delimited the object of the proceeding to a different issue, namely the lack of resolution of a denounced contamination problem. Without prejudice to the foregoing, and maintaining the analysis of the claim for subjective moral damages from the same approach used by the judge of the previous instance, this Chamber deems it pertinent to modify the amount granted for subjective moral damages suffered by the enforcing parties, to the amount of two million colones each, which will be indicated in the operative part of this ruling. The foregoing, because the present case does not relate to a simple omission of response. On the contrary, that lack of response and effective solution to the instigated actions was associated with a sanitary problem, which, necessarily must generate in those who managed it without obtaining that response, much less a viable solution, feelings of: frustration, unease, anger, discouragement, disrespect for their dignity as a citizen, among others associated with the passivity of the administrative conduct, and in this instance, considering that, according to what was accredited by the Sala Constitucional in its vote, the petitioner's action was filed on 16 October 2018, and by the date of the judgment, three July two thousand twenty, five inspections had been conducted, of which four tested positive on public roads, in addition to having held the management related to the absence of sanitary sewerage unproven, which would have motivated the granting of the amparo and the order to the impugned authorities: the mayor, the coordinator of the Subproceso de Gestión Ambiental and the manager of Gestión Urbana, all of the Municipalidad de Escazú, and the Director of the Área de Salud of that municipality, to initiate, immediately, the corresponding actions to solve the problem generated by the lack of sanitary sewerage and they must adopt their budgetary measures; perform the pending inspections and issue the corresponding administrative actions, and provide a definitive solution to the blackwater and wastewater problems in the area called Cuesta Grande, within the non-extendable term of twelve months, counted from the notification of this judgment; in addition to the written response to the actions, by the municipal authorities, within the term of ten days. That is, while it is true, the main cause for granting the constitutional protection was an omission of response, the consequent inconveniences evidenced by the Juzgado Contencioso itself in its section transcribed above allow this Chamber to infer, from the integral analysis of this litigious point, that there is a link between the administrative neglect, the environmental problem that was being generated, and the subjective moral damages suffered by the amparo beneficiaries, who as a consequence of that inaction suffered feelings associated with anger, frustration, and discouragement at not being able to live peacefully in the dwelling built for that purpose, in addition to the natural concern for their health given the environmental and sanitary problem that was not being solved, and for which it was necessary for the Tribunal Constitucional to order, among other aspects, "to initiate" the corresponding actions to solve the problem generated by the lack of sanitary sewerage, perform the pending inspections, and provide a definitive solution to the blackwater and wastewater problem. In relation to this, the proven fact concerning that, out of five inspections and application of fluorescence in the entire area, four yielded positive results on public roads, is taken into consideration. All the foregoing, it is reiterated, qualifies the necessary compensation for subjective moral damages, insofar as it is not about mere inconvenience and frustration at a lack of response to an administrative action, but rather, that neglect referred to an active environmental problem with potential health effects, with the clear consequence of affecting the emotional sphere of those affected, which makes it necessary to compensate in the terms and for the grounds set forth above. In that sense, the cassation claim becomes admissible.

**VIII.- Second grievance.** Based on article 138 subsection c) of the CPCA, it alleges the violation of articles 119 and 193 of the same normative body, because the judgment erroneously exonerates the State and the Municipalidad de Escazú from the payment of personal and procedural costs of the enforcement, thus, it considers, the award of costs cannot be withheld when the damages (daños y perjuicios) are real and were not recognized without the existence of an enforcement proceeding. To this end, it cites judgment 310-2008 of the Tribunal Contencioso Administrativo Section II, as well as judgment 000688-F-S1-2021 of this Chamber.

**IX.- Resolution of the appeal argument.** The claim is inadmissible. To ground her decision exempting from the economic effects of the proceeding, the lower court judge considered: «IV. COSTS OF THE ENFORCEMENT: Although the rule is to impose the payment of costs on the losing party, upon verifying that in this case there were reciprocal successes, and there existing, in this judge's opinion, sufficient reasons for the parties to litigate in this proceeding, since the plaintiffs had a right granted in abstract by the Sala Constitucional that they could come to enforce in this venue, and on the other hand, the State and the Municipalidad de Escazú, in their capacity as defendants, had to oppose the liquidation made, given that the plaintiffs did not know how to adequately enforce their right, the State and the Municipalidad de Escazú must be exonerated from paying costs. Additionally, exoneration is applicable given that in the present matter there is a difference of more than 15% between what was claimed and what was obtained in the merit ruling by the plaintiffs, therefore, in application of the provisions of numeral 194 subsections 1 and 2 of said Code (plus petitio), the exoneration from personal and procedural costs of the enforcement is applicable and is so declared.». As can be observed, the basis that exempts the payment of costs develops two reasons of capital importance: reciprocal successes and the plus petitio, to neither of which does the appellant refer, as he merely demands the imposition or award of the economic effects of the proceeding, due to the need to come to the contentious-administrative venue as the only way to have his right recognized.

In that regard, it must be recalled that a cassation appeal entails the need to challenge the grounds of the appealed judgment with technical and legal rigor, in order to establish, based on an analysis of its legality, whether or not the contested ruling should be overturned. However, in the present case, a thesis that rigorously contests the considerations set forth as the basis for the decision to waive the costs incurred is missing, and therefore, the claim thus formulated becomes improper.

X.- Third grievance. Based on Article 138(c) of the CPCA, it alleges the violation of Articles: 41 of the Constitution, 704 and 1045, both of the Civil Code. In its view, the Trial Court states that the present matter revolves around an environmental, public health problem, which is true. However, it also states that the Constitutional Chamber ruled on the Public Administration's inaction in the face of multiple complaints and not because of the public health problems. It quotes the following excerpt from the lower court's judgment: «… the reason why the Chamber resolves to grant the appeal is limited to the lack of resolution of one or several complaints referring to pollution problems in the indicated sector, not properly due to the existence of bad odors and sanitary risk, which is rather a consequence of not having provided a timely response to the reported problem. The plaintiffs circumscribe this claim to being prevented from enjoying their home and being able to rent it out due to those bad odors, but I repeat, the problem lay not in the existence of those bad odors (that was a consequence of the reported problem), but in the lack of timely attention to an environmental complaint, which means that, in principle, the claim must be rejected for lack of a causal link.» (transcription as recorded in the cassation appeal). However, it argues, Resolution No. 2020012400 of the Constitutional Chamber in the amparo appeal 20-009999-0007-CO clarifies that its resolution deals with a public health problem and not with the inaction of a public entity: to this end, it cites the following excerpt: «“I. Preliminary. Before analyzing the merits of the allegation, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration. In the present matter, an exception is raised, as it involves a complaint related to pollution and public health (…)” (emphasis added).» (transcription as recorded in the cassation appeal). So much so, adds the cassation representation, that it dedicates Section V of the resolution to elaborating on the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment, and then the Chamber affirms: «“Regarding the specific case. Once the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the case file have been analyzed, this Constitutional Court verifies the alleged injury to the fundamental rights of the protected parties, as well as their neighbors (…)” (emphasis added)» (transcription as recorded in the cassation appeal); as well as also stating: «“In the opinion of this Chamber, in the present case we are facing a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is verified that the respondent authorities have shown an inability to enforce the laws on the matter and their obligation to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those persons due to the nature of the sanitary problem that afflicts them.” (emphasis added)» (transcription as recorded in the cassation appeal); and furthermore: «“(…) despite having long-known the reported problem, the few actions they have deployed have not been sufficient to resolve the reported environmental problem. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring liability for omission in the exercise of those powers which, in turn, injure the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services.” (emphasis added)» (transcription as recorded in the cassation appeal). From the foregoing, the appellant deduces that the omission by the Municipality of Escazú, and for which liability is attributed, occurs by not resolving the environmental problem, showing an inability to guarantee a healthy and ecologically balanced environment, which in turn, but not being the main reason, injures the constitutional right to access efficient and effective public services. Furthermore, it points out, the Constitutional Chamber ordered compensation for the damages caused by a sanitary problem, bad odors, which was deemed proven by the Constitutional Chamber, which reproached the lack of an effective solution to that sanitary problem that it took as certain and existing. Therefore, it considers the existence of a clear and evident causal link regarding the impact on the use of the home due to that sanitary problem, and consequently, it must compensate said damage consisting of the impact on use. In addition to the above, it considers that if the sanitary problem prevented the homeowners from using it, with much more reason use by third parties, and this constitutes a real and effective damage that must be compensated. Likewise, if one could not live in the house due to the sanitary problem of bad odors and fecal contamination, one could not rent it out. It reiterates that the judgment misses a tenant, but if the evidence had been taken, it is evident that the sanitary problem affected not only the use of the dwelling house, but with much more reason the possibility of renting it to third parties. Then, it assures, the judgment should have understood that the impact on the use of the home is a direct and immediate damage with two ramifications: a) the impossibility of renting and using the home, and b) the cost of having to occupy another place to live, and both are consubstantial to the sanitary problem. Consequently, if the house was not suitable to be inhabited due to the sanitary problem, for which evidence was offered but not heard by the Trial Court, then there must be compensation for that damage which perfectly matches the rental cost, whether it was rented out or not precisely because of the sanitary problem. It deems the violation of Article 704 of the Civil Code, given the existence of a direct and immediate causality between the sanitary problem and the impossibility of renting and using the house, as well as the cost of having to occupy another place to live. Additionally, it considers Articles 1045 of the Civil Code and 41 of the Political Constitution violated, as it involves a compensable damage caused by the environmental problem that the Constitutional Chamber condemns, the impossibility of using the dwelling house due to bad odors and feces. It reasons that the judgment must be overturned in order to instead grant the damage claimed in the execution proceeding, as there is a direct causal link with the environmental problem.

XI.- Resolution of the appeal argument. The appeal ground is improper. As this Chamber observes, the Constitutional Chamber developed its analysis and delimited the object of the process in that venue, based on the lack of response and attention to a sanitary problem. The preliminary recital and the one concerning the delimitation of the object of the process are drafted in that sense: «Considering: I. Preliminary. Before analyzing the merits of the allegation, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration. In the present matter, an exception is raised, as it involves a complaint related to pollution and public health, which has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II. Object of the appeal. The appellants consider their fundamental rights violated, as they allege that, despite having repeatedly reported the problem of contamination by black and residual water in the Cuesta Grande sector, the indicated pollution problem has not been solved.» (the text does not appear originally underlined in this way). Next, this Chamber dismisses what the appellant asserted, that is, that the Constitutional Chamber ordered compensation for the damages caused by a sanitary problem -bad odors-, which, in the appellant's thesis, was proven by the Constitutional Body. Thus, the proven and unproven facts textually state: «III. Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been proven or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On October 16, 2018, the appellant filed a complaint that was answered the same day, through official letter CS-ARSE-640-2018, indicating the procedure to follow for the attention of his complaint with consecutive number No. 13739-18 (reports from the respondent authorities). b) On February 7, 2019, an inspection visit was made to the place indicated by the complainant, as stated in the Visual Inspection Record No. RCS-ARSE-AIO-RS-017-RMAS-2018 (reports from the respondent authorities). c) On February 8, 2019, Technical Report No. CS-ARSEERS-0186-2019 was issued, in which it is stated that what was reported is not verified, therefore Administrative File No. 13739-18 is archived (reports from the respondent authorities). d) On June 25, 2019, the Municipality of Escazú forwarded, via official letter UTGV-87-19, the case of Verónica Shum Tsang, Daniel Peyer and Miguel Arias Jiménez, for contamination by black water on the street known as Cuesta Grande (intersection between Calle Cuesta Grande and Calle Isabel Agüero, San Antonio de Escazú) (reports from the respondent authorities). e) On June 28, 2019, the Governing Health Area issued and delivered official letters MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0437-2019, MSDRRSCS-ARSE-ERS-0438-2019 and MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0439-2019, to the Municipality of Escazú, addressed to the Mayor, in reference to what was reported by Verónica Shum, Daniel Peyer and Miguel Ángel Arias Jiménez, requesting information from the municipality in order to seek a comprehensive solution to the complaint; the following was expressly requested: “1) indicate if all the buildings located at the reported site have the proper construction permits from the Municipality, 2) If they are up to date with the permits, indicate who was the professional responsible for monitoring the construction works and whether they fully comply with what was previously approved in the construction permits. 3) Indicate what is the wastewater treatment system approved in the plans and who was the professional in charge of supervising said system and whether said approved system was the same one that was built. 4) If they do not comply with what was approved in the construction permits, indicate the actions taken by the Municipality in this regard. 5) If they do not have construction permits for said buildings, indicate the actions taken to resolve the non-conformity according to current legislation. 6) The actions taken by the Environmental Management and Social Promotion and Urban Management department to resolve said situation” (reports from the respondent authorities). f) On August 20, 2019, a response was received from the Municipality of Escazú through official letters DA-769-2019, UTGV-108-19 and PCU-123-2019, indicating that the reported property corresponds to property number 341795, which is in good standing, that no record was found suggesting that any application for a construction permit had been processed for said property, however, the existence of several structures consolidated in previous years is evident, and that the appropriate course of action is to make the corresponding referral to the General Inspection Sub-process so that the corresponding administrative process can be initiated, so the owners can bring existing works into compliance with the Municipality, and they recommend that the Governing Health Area of Escazú act ex officio as it deals with a public health problem (reports from the respondent authorities). g) On August 23, 2019, at approximately 10:00 a.m., an inspection was carried out in follow-up to complaint No. 13739-18, and the complainant's house, Mr. Daniel Peyer, was visited; a knock on the door received no response from any person, as recorded in Inspection Record No. MSDRRSCS-ARSE-AIO-AFS-209-2019 (reports from the respondent authorities). h) On November 27, 2019, the Cuesta Grande Development Committee filed a complaint for environmental contamination before the Municipality of Escazú (documentation attached to the filing brief). i) By official letter dated December 11, 2019, the respondent mayor's office indicated that the alleged pollution problems were the responsibility of the Ministry of Health (documentation attached to the filing brief). j) On December 17, 2019, the appellant Verónica Shum Tsang filed a new complaint for the same facts (documentation attached to the filing brief). k) The carrying out of inspections and application of fluorescence throughout the area, including Calle Naranjo, Calle Cuesta Grande and Calle Isabel Agüero, in support of the Ministry of Health, was scheduled for the months of April to November 2020 (reports from the respondent authorities). l) To date, five inspections have been carried out, of which four yielded positive results on public roads, in said cases (reports from the respondent authorities). m) Since the national emergency due to COVID-19 was declared, no more inspections have been carried out, because to apply the dye, one must enter the dwelling houses, with the consequent risk to municipal staff and citizens (reports from the respondent authorities). n) On June 10, 2020, an inspection was carried out at the reported site (Inspection Record No. MSDRRSCS-DARSE-AIOYBB-70-2020), in which it is verified that the property owners expressed their disagreement, arguing that the Ministry of Health had already carried out said test and it came back negative, and denying entry (reports from the respondent authorities). IV. Unproven Facts. The following facts of relevance for this resolution are not deemed demonstrated: a) That the appellants' complaints were responded to in writing. b) That the corresponding referral was made to the General Inspection Sub-process to initiate the corresponding administrative process for the works lacking permits. c) That matters related to the absence of a sanitary sewer system were managed.». As can be observed, in none of the proven or unproven facts is reference made to the verification of bad odors, but rather, everything is directed at demonstrating the administrative actions carried out within the framework of the complaints filed for environmental damages. While it is true that the considering section mentions the verification of the lack of a sanitary sewer system with the consequent bad odors, in its entirety, this Chamber agrees with the Judge of the previous instance, in the sense that the conviction was issued for the lack of response, as well as the lack of a prompt and effective solution by the Administration to the problem of the lack of a sewer system. Thus, what was asserted by the appellant is dismissed, as is also dismissed that compensation was ordered specifically for the cited bad odors. In that sense, the Constitutional Chamber considered: «In the opinion of this Chamber, in the present case we are facing a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is verified that the respondent authorities have shown an inability to enforce the laws on the matter and their obligation to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those persons due to the nature of the sanitary problem that afflicts them. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the incapacity of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of surveillance and the solution to problems granted by law. It is not enough to schedule inspections months in advance or to ask neighbors if they agree to said inspections being carried out. Both authorities possess sufficient and varied powers to ensure the fulfillment of their functions. However, despite having long-known the reported problem, the few actions they have deployed have not been sufficient to resolve the reported environmental problem. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring liability for omission in the exercise of those powers which, in turn, injure the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services. Added to this, the municipal authorities fail to demonstrate that they have attended, in writing, to the petitioners' requests. By reason of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal, so that both the respondent Municipality and the Ministry of Health coordinate with each other and exercise the necessary actions to provide an effective solution to said problem.». In relation to the foregoing, this Chamber also agrees with the lower court Judge, in the sense that the Constitutional Chamber neither accredited nor considered the need of the plaintiffs to leave their home as a consequence of bad odors that made their residence unlivable. Therefore, with respect to that situation, regrettable in principle, this enforcement venue cannot go beyond what was strictly proven and substantiated in the constitutional judgment whose effects are requested to be materialized. In this regard, it must be remembered that, in this matter, we are not in a plenary trial but an enforcement one which, as such, has its scope of action delimited within the framework permitted by the judgment to be enforced. By virtue of the foregoing considerations, the claim becomes improper.

XII.- Corollary of the above, regarding what was expressly challenged, the appeal must be declared partially granted, solely in relation to the amount of four hundred thousand colones granted to the appellants for subjective moral damages (daño moral subjetivo). In its place, ruling on the merits, the amount of two million colones will be recognized for each one under that concept. In all other respects, the contested ruling shall remain unaltered.

THEREFORE

The appeal is partially granted. The contested judgment is overturned, solely in regard to its award of four hundred thousand colones to the appellants for subjective moral damages. In its place and ruling on the merits, the amount of two million colones is recognized in favor of each of the appellants under that concept. In all other respects, the contested ruling remains unaltered. JRODRIGUEZBAR

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda



Ana Isabel Vargas Vargas

	

 

	

Yuri Lopez Casal

 

 

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