Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Efectivamente, para los efectos de una obra pública como la ruta 27, los usuarios o beneficiarios del servicio constituyen el grupo objetivo final de la misma, sin embargo, la ley no les define claramente como parte del contrato en la forma pretendida por el casacionista. Interpretado de otra manera, esta incorporación que hace el recurrente del usuario al contrato de obra pública, lo redefine según su teoría del caso y perspectiva de quien financia una carretera con los peajes que paga, no obstante, la ley de mérito no se limita a ese tipo de obra pública, sino, cubre los supuestos generales indicados en el artículo 1 ibid. Por ello, no puede atenderse la tesis casacionista. Esto es de relevancia para este recurso, por cuanto, el recurrente funda en esa tesis el reproche contra lo aseverado por el Tribunal, respecto a la manera en que las personas usuarias pueden reclamar sus derechos, lo cual, como fue expuesto en la sentencia, a partir del fundamento dado por el propio recurrente, sea el artículo 19 de la LGC, esto se relaciona con acudir a las instancias administrativas correspondientes. Asimismo, se reitera, si bien es cierto el último párrafo del artículo 46 constitucional reconoce, entre otros, el derecho de los consumidores y usuarios a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, también es claro en indicar que, la ley regulará esa materia; y en lo concerniente a este punto litigioso, el numeral 19 ibid desarrolla ese derecho de los usuarios a acudir, para la defensa de sus derechos, a las instancias administrativas, no judiciales por vía directa, como bien lo evidenció el A Quo.
English (translation)Indeed, for the purposes of a public work such as Route 27, the users or beneficiaries of the service constitute the ultimate target group of the same, however, the law does not clearly define them as parties to the contract in the manner claimed by the appellant. Interpreted otherwise, this incorporation of the user into the public works contract that the appellant proposes redefines it according to his case theory and the perspective of someone who finances a highway with the tolls he pays; nevertheless, the law in question is not limited to that type of public work, but rather covers the general assumptions indicated in Article 1 ibid. Therefore, the cassation thesis cannot be entertained. This is relevant to this appeal because the appellant bases his challenge to what the Court stated, regarding the manner in which users may claim their rights, on that thesis, which, as set out in the judgment, based on the ground provided by the appellant himself, namely Article 19 of the LGC, relates to resorting to the corresponding administrative instances. Likewise, it is reiterated that although it is true that the last paragraph of Article 46 of the Constitution recognizes, among others, the right of consumers and users to the protection of their health, environment, safety, and economic interests, it is also clear in indicating that the law shall regulate this matter; and with regard to this litigious point, Article 19 ibid develops that right of users to resort, for the defense of their rights, to administrative instances, not to judicial ones directly, as the lower court rightly pointed out.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 00267 - 2024 Fecha de la Resolución: 21 de Marzo del 2024 a las 15:57 Expediente: 12-003415-1027-CA Redactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 12-003415-1027-CA Res. 000267-F-S1-2024 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro . En el proceso de conocimiento establecido por la ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (en lo sucesivo APREFLOFAS), por medio de su Presidente, Gino Antonio Biamonte Castro; MARIO VALVERDE LÓPEZ y MARIO JIMÉNEZ ALVARADO; contra: el ESTADO, por medio de su Procurador, Esteban Alvarado Quesada, y antes en la misma calidad la licenciada Grettel María Rodríguez Fernández; la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (en lo sucesivo CGR), por medio de su Contralora, licenciada Marta Eugenia Acosta Zúñiga; la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (en lo sucesivo ARESEP), por medio de su Apoderada y Apoderados Generales Judiciales, licenciada Carol Solano Duran, y licenciados Luis Daniel Chacón Solórzano, Giovanni Marchena Jara y Víctor Barquero Rojas; el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (en lo sucesivo CONAVI), por medio de su Director Ejecutivo, ingeniero Mauricio Batalla Otárola, y anteriormente los ingenieros Cristian Vargas Calvo y José Luis Salas Quesada; el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (en lo sucesivo CNC), por medio de su Presidente, ingeniero Rodolfo Méndez Mata y antes en la misma calidad por el ingeniero Pedro Castro Fernández, y AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA (en lo sucesivo Autopistas del Sol), por medio de sus Apoderados Generalísimos sin Límite de Suma, ingeniero José Antonio Cuadrado Fernández y licenciado Valentín Antonio Camacho Fábregas, así como su Apoderado General Judicial, licenciado Julio Enrique Zelaya Rodríguez; donde la ASOCIACIÓN DE RESCATE DE VALORES PATRIÓTICOS, por medio de su Presidenta, Roxiris Vargas Agüero, se adhirió como coadyuvante de la demanda, fue admitido el recurso de casación interpuesto por los accionantes contra la sentencia número 23-2020 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, a las 9:00 horas del 20 de marzo de 2020. Los actores son representados por su Apoderado Especial Judicial, licenciado Bernal Gamboa Mora, y la licenciada Leonor Isabel Antillón Sargent figura en la misma calidad respecto del accionante Jiménez Alvarado. Además, la licenciada Mariana Blanco Bolaños representa en la misma calidad a la Asociación actora. El licenciado David Céspedes Cambronero comparece como representante de la CGR, y anteriormente lo hizo el licenciado Esteban Villalobos Fernández. También ha actuado como su representante la licenciada Jaínse Marín Jiménez. La licenciada Alexandra Cerdas Pérez y el licenciado Mario Matamoros Acuña representan al CNC con Poder Especial Judicial, y en la misma calidad han actuado la licenciada Cristina Isabel Castro Mora y el licenciado Jorge Madrigal Sancho. Las licenciadas Adriana Martínez Palma y Viviana Lizano Ramírez aparecen como Apoderadas Especiales Judiciales de la Aresep. Las licenciadas Grettel Monge Guillén, Yolanda Mora Madrigal y Olga Martha Fallas Ramírez, así como el licenciado Marlon Barrelier Pérez representan al CONAVI con Poder Especial Judicial. En la misma calidad comparecen los licenciados Francisco Obando León y Luis Alonso Ortiz Zamora representando a Autopistas del Sol. Redacta el magistrado Zamora Campos CONSIDERANDO I.- De conformidad con la plataforma fáctica fijada por el Tribunal, probada e indemostrada, en resumen, se tuvo por acreditado que, el Consejo Nacional de Concesiones, en sesión ordinaria 2-98 del día 26 de agosto de 1998, adoptó la resolución 01-98 declarando de interés público la realización de las obras de infraestructura en el corredor San José - Caldera. Lo anterior, según consta en el considerando IV del Decreto Ejecutivo N° 31346-MOPT-II, publicado en la Gaceta N° 170 del día jueves 4 de setiembre de 2003, decreto que forma parte del ordenamiento jurídico, y que también en su artículo 1° le otorgó la declaratoria de interés público al contrato para la concesión de la carretera San José - Caldera, como requisito para su refrendo por parte de la Contraloría General de la República. Además, el Concejo Nacional de Concesiones, en octubre del año 2000, publicó el Cartel de Licitación de la Concesión de Obra con Servicio Público de la Carretera San José-Caldera, el cual contenía bases administrativas, bases técnicas, bases económicas, criterios de evaluación y selección de ofertas, y sus anexos. Seguidamente, el contrato de concesión de obra pública con servicios públicos, Carretera San José-Caldera, suscrito por el Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre el Consorcio Cartellone - Acosol, y Concesiones Viales (COVISA), Sociedad Anónima, se suscribió el 18 de diciembre de 2001; a este contrato, el día 24 de junio de 2003 se suscribió el addendum número 1, los cuales fueron refrendados por la Contraloría General de la República mediante documento N° DI-AA-1929, de fecha 7 de agosto de 2003, oficio de referencia N° 08619. Por medio de addendum número 2 se modificó el contrato de concesión de obra pública con servicios públicos de la carretera San José – Caldera, el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República, mediante documento N°DI-AA-1829, de fecha 13 de agosto de 2004, oficio de referencia N° 09438. Luego, el 9 de febrero de 2006 se suscribió addendum número 3 entre el concesionario y la administración concedente, mismo que fue refrendado por la Contraloría General de la República mediante documento DCA-1010 del día 26 de abril de 2006, oficio de referencia N° 05347. El 4 de octubre de 2007 se modificó nuevamente el referido contrato de concesión de obra pública por addendum número 5, refrendado por la Contraloría General de la República mediante documento DCA-3886 del día 19 de noviembre de 2007, oficio de referencia N°13605. Luego, el primero de julio de 2008 se suscribió contrato de concesión de obra pública con servicios públicos para el proyecto carretera San José- Caldera, denominado: Convenio Complementario N° 1, el día 1° de julio de 2008, que fue refrendado por la Contraloría General de la República mediante documento DCA-2575 del día 28 de agosto de 2008, oficio de referencia N°08682. De acuerdo con el informe rendido por la Gerente del Proyecto San José - Caldera, se acordó aprobar el detalle y monto total de las inversiones a descontar y a incorporar en el contrato de concesión de la carretera San José - Caldera, con balance económico en cuanto a la inversión en obra, por un monto de $4.111.715. El Tribunal también tuvo por demostrado que, las propiedades inscritas en el Registro Nacional, folio reales matrículas números 109613 y 109611, ambas correspondientes al derecho 003, aparecen a nombre de MARIO JIMÉNEZ ALVARADO, colindantes ambas al sur con calle pública y además, dentro de sus gravámenes servidumbres trasladadas bajo documentos citas: 194-05003-01-0901-001 y 322-11564-01-0901-001, respectivamente en cada propiedad, citada con anterioridad. Finalmente, el Tribunal no tuvo por probados los siguientes extremos: los daños y perjuicios reclamados por los demandantes Jiménez Alvarado y Valverde López, relativos a la falta de productividad de sus bienes, pérdida de valor y del daño moral reclamado con ocasión de la construcción de la ruta 27; los daños ambientales acusados con ocasión de escombros tirados a ríos, daño a nacientes y fuga de combustible atribuible a alguno de los demandados; la supuesta obligación derivada del cartel de realizar "corredores biológicos" y siembra de 25000 árboles; haber interpuesto en sede administrativa acciones tendientes a denunciar tutela de sus derechos con ocasión de la concesión y la prestación del servicio; haber interpuesto denuncias ante la ARESEP, tendientes a evidenciar su oposición a las tarifas fijadas para los peajes de la ruta 27; que los daños reclamados al acuífero de Barba fueran diferentes a los conocidos por la Sala Constitucional vía amparo; además, citó el Tribunal, las fotografías presentadas como prueba no acreditaron el lugar, tiempo y modo en que fueron tomadas, ni estaban debidamente georreferenciadas para localizar de forma precisa el lugar mostrado en ellas; tampoco se tuvo por demostrado el lugar donde la testigo Monserrat Solano, indicó que se tiraron los escombros, ni la determinación por órganos técnicos de la existencia de los corredores biológicos existentes en esa zona, ni cómo deben ser construidos en atención a la fauna existente. II.- La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, así como los señores Mario Valverde López y Mario Jiménez Alvarado formularon su demanda para que, en sentencia se declaren los siguientes extremos, los cuales fueron fijados definitivamente en etapa de audiencia preliminar en tres niveles de prelación: como pretensiones principales, las identificadas con los números: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; las subsidiarias: 1, 8 y 9, y la número 21 como subsidiaria de las anteriores, consignadas así por el Tribunal Contencioso: como pretensiones principales: «… "2. De conformidad con el punto 2.9.3 del Cartel en conjunto con el numeral 42 incisos C y D del CPCA, solicitamos respetuosamente se cobre al concesionario una multa de $1000 (Mil dólares) diarios por no haber dado mantenimiento a la radial Escazú-Circunvalación, y Circunvalación-Calle Morenos agregada ilegalmente en el Convenio Complementario Primero. "Y se tenga este incumplimiento como motivo grave de rescisión de la concesión conforme al numeral 59 de la Ley General de Concesiones". De igual manera con fundamento en el numeral 1045 del Código Civil y 19 de la LGC, solicitamos se ordene al concesionario a pagar al Estado los daños y perjuicios causados por dicha omisión; daños que podrían ser falta de productividad, daño a la imagen país, gastos de reconstrucción etc., los cuales podrían fácilmente superar el medio millón de dólares, conforme a una valoración que se haga en la fase de ejecución de sentencia respectiva. 3. De igual manera, de conformidad con el punto 2.9.1 del cartel, solicitamos respetuosamente se cobre al concesionario la multa de 150 salarios base por no haber dado mantenimiento a la radial Escazú-Circunvalación, y circunvalación-Calle Morenos agregada ilegalmente en el Convenio complementario Primero. "Y se tenga este incumplimiento como motivo grave de rescisión de la concesión conforme al numeral 59 de la Ley General de Concesiones". 4. Considerando que en los adéndums Tercero y Quinto así como el Convenio Complementario Primero se le reconocieron ilegalmente montos adicionales al Concesionario, montos que ya incluso se han pagado, solicitamos de conformidad con el artículo 42 inciso E, se reconozca la existencia de dicho pago ilegal al concesionario, y por ende, se ordene al concesionario de conformidad con el numeral 42 inciso C del CPCA, el deber de ajustar las garantías de construcción, ejecución y ambientales por los montos ilegalmente reconocidos, conforme a los numerales 33 y 4 7.3 de la LGC, y el numeral 21 de la ley orgánica del ambiente. 5. De conformidad con el numeral 42 incisos e y d del CPCA y el numeral 51 de la LGC, respetuosamente solicitamos además se imponga al Concesionario la multa del 15% del monto adeudado por concepto de los ajustes de dichas garantías, y se tenga este incumplimiento por mas de 3 meses, como motivo para la resolución de la concesión. 6. De conformidad con el numeral 54 de la LGC, solicitamos con el debido respeto se ejecuten las garantías al incumplirse el ajuste de los montos de las mismas, así como al haberse dado las condiciones para las que fueron establecidas; es decir los daños ambientales y los incumplimientos de especificaciones de las obras, y de ejecución de la concesión. Adicionalmente, de conformidad con el inciso 6 del numeral 33 de la LGC, y el punto 1.10.7. Del cartel, respetuosamente solicitamos además se obligue al concesionario al pago a favor del Estado por los daños y perjuicios que no alcancen a cubrir dichas garantías. Dichos daños podrían cubrir los daños al Estado por la pérdida de productividad país al haberse cerrado la carretera por el hundimiento y varios derrumbes que se han dado, daños que podrían ser fácilmente superiores a un millón de dólares, y que podrán ser valorados en la vía pericial en la fase de ejecución de sentencia respectiva. 7. Dado que como hemos indicado, el Adéndum Tercero fue del año 2006, el adéndum Quinto del 2007 y el Convenio Complementario Primero fue del 2008, de conformidad con los numerales 51 y 59 de la LGC en relación con el 42 incisos C y D del CPCA, respetuosamente solicitamos se tenga como motivo de resolución del contrato de concesión el haber transcurrido sobradamente el plazo de los 3 meses para el ajuste de todas las garantías. 10. conforme al artículo 10 inciso C, y 42 incisos a, b e i del Código Procesal Contencioso Administrativo, solicitamos con el debido respeto declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico de los actos de puesta en servicio provisional del 2009 de la Sección Primera y tercera, a saber la RESOLUCION RE/SET 21-2009 del CNC de fecha del 5 de junio del 2009; así como de los actos de puesta en servicio provisional de la totalidad de la carretera del 28 de enero del 2010, a saber, la Resolución Nro. RE/SET 001-2010 del 27 de enero de 2010 del CNC, la resolución CAPS-001-01-10 de la CAPS, el oficio SJC- 0197 /01-2010 de la gerente del proyecto Ada Muñoz dirigido a Guillermo Matamoros del CNC, y los actos conexos, que autorizaron la puesta en servicio provisional al no haberse cumplido los requisitos para otorgarse dichos actos; y en tal sentido, declarar la nulidad de estos actos y las actuaciones conexas como el cobro de los peajes mismos; así como obligar al concesionario a restutituir (sic) al CNC y al Estado los montos ilegalmente percibidos por concepto de peajes desde junio del 2009 hasta la fecha; así como ordenar al concesionario al pago a favor del CNC y del Estado de los daños y perjuicios causados; dinero que deba depositarse en una cuenta del CNC o del Estado a efecto de concluir las obras pendientes. 11. De conformidad con el artículo 42 incisos C y D del CPCA, respetuosamente solicitamos se resuelva también la concesión al no haberse entregado definitivamente las obras de conformidad al punto 2.7.7.3. del cartel, en los 3 meses respecto de la fecha de inauguración y puesta en servicio provisional de toda la carretera el día 28 de enero del 2010; y se imponga "POR CADA COMPONENTE FALTANTE" (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015) al concesionario la multa de $50.000 (Cincuenta mil dólares) diarios desde ese momento, a saber el 28 de abril del 2010 a la fecha, "DE LA ENTREGA TARDÍA DE CADA OBRA" (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015) al existir todavía hoy obras faltantes tales como "EL INTERCAMBIO DEL COYOL" (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015 el área de Servicios Generales y Especiales, las áreas de pesaje, todos los puentes peatonales de la Sección Primera y Tercera, algunas bahías de autobuses, espaldones incompletos, falta de aceras, falta de construcción de los corredores biológicos y de la reforestación de los aproximadamente 25000 árboles, etc. "Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES." (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015). 12. Dado que como indicamos en esta demanda, el cartel contempló un plazo de construcción de 2 años, y dado que la orden de construcción se dio en febrero del 2008, de conformidad con el artículo 42 incisos C y D del CPCA, respetuosamente solicitamos se resuelva la concesión al haberse cumplido ese plazo en febrero del 2010 sin estar todas las obras terminadas, y se aplique al concesionario además la multa de $50.000 (Cincuenta mil dólares) diarios desde febrero del 2010 hasta la fecha de conformidad al punto 2.7.7.3. del cartel, por la falta de las obras indicadas. Adicionalmente solicitamos se ordene al concesionario a cancelar al CNC y al Estado las sumas del valor de las obras pendientes, así como los daños y perjuicios causados, daños que podrían ser de mas de medio millón de dólares, pues contemplan un daño a la imagen país, a la productividad, etc .. y en tal sentido se ordene además al CNC y al Estado a concluir dichas obras. Con los montos recibidos por dicho concepto. 13. De conformidad con el numeral 42 incisos C y D, del CPCA, así como con el punto 1.9.7. del cartel, con el debido respeto solicitamos se resuelva el contrato de concesión al no haber constituido el concesionario todas las pólizas, ni usarlas en los casos del hundimiento, el derrumbe de los taludes, la ruptura del acuífero de Barba, la afectación a las bases de la línea férrea, la afectación al oleoducto, la reparación de las radiales a Atenas y Escazú Circunvalación, ni en el caso de los accidentes de tránsito "Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES" (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015); y de igual manera solicitamos se cobre al concesionario las multas respectivas por no constituir ni usar estas pólizas, así como condenar al concesionario a la reparación integral de los daños, así como al pago a favor del CNC y del Estado de los daños y perjuicios causados de conformidad con el punto 1.9.7.3. Del cartel conforme al 1045 del Código Civil. Estos daños fácilmente podrían superar los tres millones de dólares, pues hablamos del costo económico de la falta de el servicio de tren al Pacífico, el costo ambiental de dañar acuíferos, daños a ríos, quebradas, el costo de tener radiales cerradas, etc. todo lo cual en caso de declararse con lugar esta demanda, pueda ser valorado en la vía pericial en la fase de ejecución respectiva. 14. De igual manera, de conformidad con el numeral 42 incisos C y D del CPCA, el punto 1.9.7.3 del cartel, así como con el numeral 1045 del Código Civil, respetuosamente solicitamos se ordene al Concesionario, el CNC y al Estado al reconectar las vías, tales como la ruta 707 y la marginal 4 de Guachipelín de Escazú // (así como la reconexión de los servicios públicos interrumpidos, tales como los acueductos de Caldera y Boquerón y el alcantarillado Sanitario Río Agres)// (DESISTIÓ DE ESTE ÚLTIMO TEMA EN AUDIENCIA PRELIMINAR DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2015) y se ordene al Concesionario al pago por los daños y perjuicios causados especialmente a los demandantes Mario Valverde y Mario Jiménez. Respecto de los daños, a Mario Valverde y Mario Jiménez, dado que acá estamos ante daños por falta de productividad de sus bienes, pérdida de valor, e incluso daño moral, podríamos estimar el valor de los daños en un monto de entre veinte y cuarenta millones de colones a cada uno; adicionalmente los daños a las comunidades por la falta de servicios básicos podría estimarse en un valor de aproximadamente medio millón de dólares, daños que en caso de ganarse esta demanda, puedan ser valorados en la vía de ejecución de sentencia. 15. De conformidad con el punto 2.9.3 del Cartel en conjunto con el numeral 42 incisos C y D, solicitamos respetuosamente se cobre al concesionario una multa de $1000 (Mil dólares) diarios por no haber dado mantenimiento a la radial Atenas."Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES. (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015). De igual manera, de conformidad con el numeral 50 inciso C de la LGC así como el punto 2.9.1 del cartel, solicitamos respetuosamente se cobre al concesionario la multa de 150 salarios base por no haber dado mantenimiento a esta radial; y se obligue además al Concesionario a cancelar al CNC y al Estado el monto de dicha reparación, así como que se ordene al Concesionario al pago a favor del CNC y del Estado de los daños y perjuicios causados, daños que pueden implicar falta de productividad, obras temporales de reconección (sic) que ha realizado el Estado, gasto en seguridad durante manifestaciones del pueblo, lo cual podría superar fácilmente un monto de medio millón de dólares. 16. De conformidad con los puntos 2.6.11 y 2.3.2.1.14. del cartel, así como con el numeral 42 incisos C y D del CPCA, respetuosamente solicitamos se ordene al concesionario a retribuir el costo de las obras de protección medio ambientales faltantes, a saber el costo de los corredores biológicos, el costo de la reconexión del acuífero, el costo del plan de reforestación de 25000 árboles pendiente, "Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES." (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015) y se ordene además de conformidad con el numeral 1045 del Código Civil, al pago a favor del CNC y del Estado, de los daños y perjuicios causados con su incumplimiento del PGA, específicamente con el mal manejo de escombros al tirarlos a ríos y quebradas, el daño a los acuíferos como el del acuífero de Barva, el daño de nacientes como la Naciente Tornos, el daño a la fauna al no construir los corredores biológicos, el daño a los Ríos por la fuga de combustible, desde donde se rompió el oleoducto hasta el Río Tárcoles e incluso el mar, etc., todo lo cual podría valorarse en mucho mas de tres millones de dólares, al tratarse de daños variados y extensos; todo lo cual, en caso de ganarse la demanda, pueda ser valorado por peritos en la fase de ejecución respectiva. 17. De conformidad al inciso E. del punto 2.9.2 del cartel solicitamos se imponga al concesionario la multa de $5000 (Cinco mil dólares) diarios, por concepto del incumplimiento de la prohibición de tirar escombros al cauce de los ríos y quebradas "Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES." (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015). De igual manera, de conformidad con el 1045 del Código Civil, solicitamos se obligue al concesionario a la reparación integral del daño, así como al pago a favor del CNC y del Estado por los daños y perjuicios causados, daños que por lo extensos podrían valorarse en mas de un millón de dólares en la fase de ejecución de sentencia, en caso de ser declarada con lugar esta demanda. 18. De conformidad con el inciso d del punto 2.9.3 del Cartel, y con el 42 incisos C y D del CPCA, solicitamos con el debido respeto se imponga la multa de $10.000,00 (Diez mil dólares) mensuales desde junio del 2009 en que se inició el cobro del peaje en la Sección Primera, hasta la fecha, al no existir los sistemas de conteo automatizado "UBICADOS Y FUNCIONANDO CONFORME AL CARTEL" (ASÍ ADICIONADO EN Audiencia Preliminar DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2015). Y al no entregar el concesionario toda la información estadística ni permitir el acceso al CNC a los sistemas informáticos y contables de peajes. "Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES." (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015). Adicionalmente, solicitamos se ordene al Concesionario a pagar el monto de dichos dispositivos y su instalación, y se ordene al CNC y al Estado a instalarlos en los puntos fijados en el cartel. 19. Solicitamos se obligue al CNC y al Estado a verificar con estos dispositivos el flujo vehicular de la carretera, y en caso de darse una diferencia sustancial a lo reportado por el concesionario, solicitamos se obligue a cancelar la diferencia proyectada. De igual manera, en caso de detectarse que el flujo vehicular reportado cumple las condiciones estipuladas en el cartel para la construcción de las obras consustanciales, y dado que el valor de estas ya venían incorporadas en el cartel, respetuosamente solicitamos se obligue al concesionario a pagar al CNC y al Estado el costo de dichas obras, y se ordene al CNC y al Estado a construirlas con dichos fondo. 20. Siendo que en el cartel original, se contempló la construcción de la sección II entre Ciudad Colón y Orotina en lozas de concreto, y siendo que de forma arbitraria el Concesionario la construyó en asfalto; con el debido respeto solicitamos se ordene al Concesionario a pagar al CNC y Al Estado el costo de construcción de dicha sección a lozas de concreto, así como ordenar al Concesionario al pago a favor del CNC y del Estado al pago de los daños y perjuicios causados tanto por los cierres y problemas que ha tenido la carpeta asfáltica esta carretera en dicha sección, así como por la disminución de productividad de la carretera durante los cierres que deberán de hacerse para la sustitución de la superficie de ruedo a los parámetros originalmente establecidos."Y SE TENGA ESTE INCUMPLIMIENTO COMO MOTIVO GRAVE DE RESCISIÓN DE LA CONCESIÓN CONFORME AL NUMERAL 59 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES." (así adicionado en audiencia preliminar del 15 de julio de 2015)…». Como pretensiones subsidiarias de primer nivel, solicitaron, conforme al artículo 10 inciso C, y 42 incisos a, b e i del Código Procesal Contencioso Administrativo: «…"1. La declaración de disconformidad de, el (sic) Adéndum SEGUNDO (oficio 20040503, del CNC), Adéndum TERCERO (Oficio 20060073 del CNC), Y (sic) Adéndum QUINTO (DVCOP-374-2007 del CNC); así como el Convenio Complementario Primero (Oficio DVCOP-4 79-2008 del CNC), y el Balance Económico Primero, todos del CNC, con el ordenamiento jurídico antes citado y de todos los actos o las actuaciones conexas incluyendo los respectivos refrendos de la Contraloría, a saber el oficio 9438-2004 que refrendó el adéndum 2, el oficio 534 7-2006 que refrendó el Adéndum 3, el oficio 13605-2007 que refrendó el Adéndum 5, el oficio 8682-2008 que refrendó el Convenio Complementario 1, La anulación total de todos estos actos, dejando a salvo los derechos adquiridos de buena fe que se indicarán adelante conforme al 171 de la LGAP. 8. En caso de declararse con lugar la nulidad de el (sic) Convenio Complementario Primero y el Balance Económico Primero, siendo que estos son los que ilegalmente eliminaron los pasos peatonales y las bahías faltantes en la Sección Primera conforme el cartel, de conformidad con el numeral 42 incisos C y D del CPCA y 1045 del Código Civil, respetuosamente solicitamos se ordene al Concesionario a retribuir el costo de esas obras faltantes, dinero que el Estado deba utilizar en su integralidad para terminar dichas obras conforme a lo establecido en el cartel. 9. En igual sentido, dado que el CNC pagó al concesionario por concepto de obras adicionales que en realidad no lo eran, tal y como la reparación de la loza y por la ampliación a un tercer carril en parte de la Sección Primera, que ya estaba incluidas en el plan de mantenimiento y como obra consustancial de acuerdo al Cartel; dejando por fuera verdaderas obras adicionales como las bahías de autobuses y los puentes peatonales de la Sección Segunda, así como la construcción de marginales y mejoramiento de intercambios como el de Santana y Ciudad Colón; solicitamos de conformidad con el 42 incisos C y D del CPCA, se ordene al concesionario cancelar al Estado los montos de planeamiento y construcción de estas obras faltantes…». Finalmente, como subsidiaria de las anteriores, se solicitó, «21. Conforme al artículo 10 inciso C, y 42 incisos a, b e i del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el 171 de la LGAP, preferiblemente luego de resolver la concesión con los efectos conexos antes peticionados, respetuosamente solicitamos ante esta instancia, la declaración de disconformidad del decreto No 31346-MOPT de Interés Público, el Cartel y el propio Contrato de Concesión y del Adéndum 1 del CNC y el Cobncesionario, (sic) con el ordenamiento jurídico antes citado y de todos los actos o las actuaciones conexas incluyendo el oficio 8619-2003 que refrendó el adéndum 1 por parte de la Contraloría y la resolución RJD-16-2000 de aprobación tarifaría de ARESEP, La anulación total de todos estos actos, y se obligue así a que si el Estado quiera concesionar nuevamente la carretera, deba hacerlo por tramos separados o deba de cumplir los requisitos legalmente establecidos para concesionaria en un solo bloque."». A su respecto, los demandados contestaron la demanda en forma negativa y opusieron, en síntesis, las siguientes excepciones: el Estado: litispendencia, cosa juzgada constitucional, indebida acumulación de pretensiones, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimación activa y pasiva, caducidad, prescripción y falta de derecho; la Contraloría General de la República: caducidad, falta de legitimación activa, cosa juzgada, indebida acumulación de pretensiones, y falta de derecho; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos: caducidad, falta de legitimación activa y pasiva, indebida acumulación de pretensiones y falta de derecho; el Consejo Nacional de Vialidad: falta de legitimación pasiva y falta de derecho; el Consejo Nacional de Concesiones: falta de competencia, falta de agotamiento de la vía administrativa, indebida acumulación de pretensiones, litispendencia, prescripción, caducidad, falta de interés actual, falta de legitimación activa y pasiva, falta de acción, falta de derecho, y la fórmula genérica sine actione agit, y Autopistas del Sol, S.A.: falta de competencia, falta de agotamiento de la vía administrativa, indebida acumulación de pretensiones, litispendencia, prescripción, caducidad, falta de interés actual, falta de legitimación activa y pasiva, falta de acción y falta de derecho. III.- El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, integrado por la juzgadora y juzgadores: Laura García Carballo, Jonatán Canales Hernández y Paulo André Alonso Soto dictó la sentencia número 23-2020 de las 9:00 horas del 20 de agosto de 2020, por cuyo medio, declaró: «POR TANTO: Se declara con lugar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta. Se acoge la excepción de cosa juzgada constitucional, parcialmente sobre a las pretensiones N° 14, 13, 16 y 17 en relación a lo pretendido, y ya resuelto por la Sala constitucional. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho en relación a las pretensiones 14, 13, 16 y 17, sobre los daños y perjuicios reclamados, así como la excepción de falta de legitimación pasiva en relación a la N° 15 comprensiva de la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara inadmisible la demanda interpuesta por la ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE; MARIO VALVERDE LÓPEZ y MARIO JIMÉNEZ ALVARADO y la coadyuvancia de la ASOCIACIÓN DE RESCATE DE VALORES PATRIÓTICOS en contra del ESTADO, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, AUTOPISTAS DEL SOL S.A., el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES, en relación a las pretensiones principales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20, las Subsidiarias primer nivel: 1, 8 y 9, las subsidiaria segundo nivel: 21 y en relación a las pretensiones 13, 14, y 16, en relación al tema de la cosa juzgada únicamente. En relación al resto de la pretensión 13, 14 y 16, así como de la pretensión 17 se declaran estas improcedentes – sin lugar- al no ajustarse lo solicitado al ordenamiento jurídico. Se condena a los demandantes al pago de las costas procesales y personales, más los respectivos intereses desde la determinación de éstas y hasta su efectivo pago. Notifíquese.». Inconforme, el licenciado Bernal Gamboa Mora, en representación de los actores y la Asociación coadyuvante recurre en casación, cuyos argumentos impugnativos son resumidos y analizados como a continuación se expone. CUESTIONES PRELIMINARES. SOLICITUD DE AUDIENCIA ORAL y OFRECIMIENTO DE NUEVA PRUEBA EN SEDE CASACIONAL. Del planteamiento del recurso de casación se observa que, la solicitud formulada para la realización de una audiencia oral tiene como finalidad aclarar los alcances de los motivos impugnativos. Para ello, la representación casacionista se sustenta en el canon 142 del cuerpo normativo de cita, así como en el punto 52 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gorigoitía contra Argentina. Al respecto, se hace saber al recurrente que, la audiencia oral a que se refiere el precepto 142 de cita es potestativa del Tribunal cuando este la considere pertinente, y en la especie, el recurso fue admitido integralmente en la resolución que otorgó traslado a los codemandados. Por ende, resulta innecesaria su aclaración. Asimismo, se recuerda, acorde con el numeral 139.3 del CPCA, los motivos del recurso de casación, acorde con lo antes expuesto, han debido fijarse en la interposición casacional de manera «… clara y precisa…». En ese sentido, aclarar los alcances de la impugnación puede conllevar a contradecir esa claridad y precisión que impone la norma. Asimismo, únicamente para los efectos señalados por el recurrente, considera la Sala, el punto 52 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso citado resulta inaplicable. Nótese al respecto lo considerado por el Tribunal Interamericano: «52. La Corte advierte que aun cuando el recurso se presentó argumentando formalmente una falta de adecuada motivación, el aspecto central de la defensa del señor Gorigoitía eran una serie de argumentos dirigidos a cuestionar la apreciación que la Cámara Primera había realizado de los hechos del caso y de cómo estos se adecuaban o no a la modalidad dolosa de la comisión del delito de homicidio. En la argumentación hecha por la defensa era esa inadecuada evaluación de los hechos lo que derivó en la condena del señor Gorigoitía, por lo que ésta debía ser reevaluada mediante el recurso de casación. Este Tribunal observa que fue precisamente por dicho aspecto central de la demanda que la Suprema Corte de Mendoza decidió rechazar el recurso de casación, toda vez que lo desestimó “in limine, porque las argumentaciones recursivas revelan, en suma, la discrepancia valorativa del impugnante con el criterio de la Cámara con relación al material probatorio incorporado legalmente al debate, porque el Tribunal de Casación no puede rever ni juzgar los motivos que conformaron la convicción del Tribunal aquo”. La Suprema Corte de Mendoza se limitó a reiterar algunas de las razones sobre las que se basó la Cámara Primera para concluir la culpabilidad del señor Gorigoitía, pero sin realizar valoración alguna sobre si dicha evaluación habría sido realizada adecuadamente conforme a la legislación interna.» En ese sentido, el Tribunal supra nacional analiza la labor del Tribunal de Casación, pero en relación con el fondo de un proceso penal, mientras, en el presente caso, el Tribunal Contencioso Administrativo se ha centrado en la inadmisibilidad de la demanda, principalmente, por falta de legitimación activa y cosa juzgada constitucional, lo cual constituye un análisis y materia de distinta naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda al recurrente que, con la emisión del actual Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPCA), Ley 8508 vigente desde el año 2008, el recurso de casación en esta materia comportó un cambio drástico procurando su flexibilización en comparación con su predecesor, regulado tanto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 3667, como en el Código Procesal Civil, Ley 7130. Así, los requisitos actuales para la interposición del recurso de casación, señalados en el artículo 139 del CPCA, tienen como finalidad generar una apertura hacia el control casacional respecto de las resoluciones y sentencias pasibles de tal recurso, por medio de presupuestos mínimos alejados del rigorismo que caracterizó al anterior sistema recursivo en esta materia; amplitud que no se ve afectada ni tergiversada por imponer a quien recurre la exigencia mínima, acorde con la naturaleza de cualquier medio de impugnación, de expresar con claridad y precisión los motivos de inconformidad contra la resolución que se objeta, cuya observancia puede ser advertida, en materia casacional, bien de la lectura inicial al calificar el recurso, o bien al enfrentar cada motivo recursivo con la sentencia o resolución combatida. De esa cuenta, la solicitud de audiencia oral, en la forma pretendida ha de rechazarse. Seguidamente, con fecha 15 de noviembre de 2023, el licenciado Bernal Gamboa Mora, en representación de la parte actora y asociación coadyuvante aportó un escrito señalando prueba nueva, ello, con fundamento en el artículo 145 inciso 1) del CPCA. A su respecto, indica, la sentencia del Tribunal Contencioso data del año 2020 y los documentos aportados corresponden a los años 2021 y 2023, los cuales considera de relevancia. Así, identifica y justifica en cuatro apartados, lo siguiente. Como primera prueba nueva, el informe EIC-LANAMME-INF-0954-2023 «[a] efecto de demostrar que la obra no estaba debidamente construida en el año 2010 ni todavía al día de hoy…». Asegura, el documento aportado corresponde al informe de evaluación de la condición y estabilidad de taludes en la Ruta Nacional 27 de agosto de 2023, año para el cual, el LANAMME estima necesaria la construcción de sistemas adecuados de manejo de aguas de los taludes; es decir, a 13 años de la puesta en servicio provisional, donde se requería la seguridad de los usuarios, se siguen recomendado obras que debieron existir desde el año 2010. Como segunda prueba nueva, hace del conocimiento de esta Sala que, el boletín del LANAMME de 14 de octubre del año 2021, confeccionado por Gabriela Contreras Matarrita, demuestra la realización por el Estado de actos tendientes al cumplimiento de la pretensión 2 de la demanda inicial del año 2012, por ende, se dio una satisfacción extraprocesal que así solicita sea declarada por esta Cámara de conformidad con los cánones 197 del CPCA y 54.2 del Código Procesal Civil, y al ser consecuencia de la voluntad unilateral de los demandados: Estado, CGR y CNC, solicita valorar su condenatoria al pago de costas, intereses, daños o perjuicios, tomando en cuenta la naturaleza y el estado del proceso, los derechos satisfechos y la estimación de la demanda. Como tercera prueba nueva, aporta la sentencia 1243-2021 del Juzgado Contencioso Administrativo, donde se tuvo por probado que, la Sala Constitucional mediante resolución 2011-010702 de las 11:56 horas del 12 de agosto de 2011, declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por Mario Jiménez Alvarado, y entre otros puntos resolutivos, ordenó al «… Secretario Técnico y Presidente del Consejo Nacional de Concesiones, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, disponer en el improrrogable plazo de TRES MESES las actuaciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias, para que se le otorguen las facilidades a efecto de que el recurrente pueda tener un acceso sus propiedades ubicadas en el distrito San Rafael, del cantón de Escazú, de la provincia de San José…». Según indica, el recurso de amparo fue declarado con lugar, por cuanto, la autoridad recurrida violentó el derecho a la propiedad del amparado al dejársele sin acceso a sus propiedades ubicadas en Guachipelín de Escazú, producto de las obras realizadas al construirse la Ruta nacional 27 San José Caldera. Añade, esa representación fue puesta en conocimiento recientemente de esa resolución del expediente 16-000451-1028-CA, y considera, lo ahí resuelto tiene incidencia sobre este proceso y la pretensión 14; por lo que de buena fe se pone esa situación en conocimiento de la Sala, a efecto de no generar una sentencia contradictoria. Finalmente, como cuarta prueba nueva, indica: «… esta representación fue puesta en conocimiento por algunos miembros de la asociación, que parece ya se construyeron las estaciones de pesaje, las cuales son parte de las pretensiones de este proceso, específicamente en la 11 de la demanda original del año 2012. (…) No obstante esta representación no ha conseguido documentación oficial que acredite cuando fueron construidas y las condiciones por las que fueron construidas, pero lo ponemos en conocimiento de la honorable Sala Primera pues pudiera acá existir otra Satisfacción Extraprocesal.». En criterio de esta Sala, el planteamiento así formulado deviene improcedente. Inicialmente, el artículo 145.1 del CPCA, precepto en que se fundamenta la proposición de la prueba, establece: «145. 1) Durante el trámite del recurso, se podrá aportar prueba documental que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida.». Como primer punto, puede observarse, lo ofrecido carece del requisito inicial sobre el juramento de no haber conocido con anterioridad la prueba aportada. Seguidamente, ninguna de las cuatro pruebas propuestas explica cómo se asocian a los motivos casacionales que componen el recurso aquí conocido. Es decir, se limitan a mencionar, en general, aspectos concernientes al fondo de lo pretendido en el proceso, sin embargo, no se explica la manera en que esa prueba se engarza o resulta útil a comprobar la procedencia de determinado o determinados motivos casacionales, los cuales, constituyen el marco que delimita la competencia funcional de esta Sala. En relación con lo anterior, debe recordarse que la demanda se declaró inadmisible, bien por falta de legitimación activa, bien por cosa juzgada constitucional, y otras pretensiones fueron declaradas improcedentes al no ajustarse lo solicitado al ordenamiento jurídico. Por tal motivo, resultaba de suma importancia que se explicara concretamente cómo las pruebas coadyuvan a la tesis casacional incluida en uno o varios de los motivos interpuestos. Eso hace que lo ofrecido deba rechazarse. Sumado a lo anterior, la primera prueba pretende demostrar que la obra no estaba debidamente construida en el año 2010 ni todavía al día de hoy, es decir, no se relaciona con hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida; la segunda prueba, adicional a incumplir el juramento necesario por haberse supuestamente producido en el año 2021, no se acompaña materialmente, es decir, el mencionado boletín no se adjunta al documento presentado, y la pretensión número 2, a la cual, se refiere esa prueba, fue declarada inadmisible «… al constatar el Tribunal que los demandantes carecen de una relación jurídica sustancial con el objeto reclamado que les faculte para demandar, al carecer de la legitimación activa correspondiente…». De esa cuenta, el ofrecimiento no explica cómo la prueba puede resultar procedente en relación con alguno de los motivos casacionales y en este contexto de resolución de la citada pretensión. En cuanto a la tercera prueba, si bien se aporta una copia en formato PDF de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo del año 2021, la esencia del punto es el amparo otorgado en el año 2011, por lo que tampoco se cumple con el requisito de novedad a que se refiere el canon 145.1 ibid, por tratarse de un hecho anterior al dictado de la sentencia del A Quo, el cual, necesariamente era del conocimiento de la parte actora, al haberse otorgado la protección constitucional a favor de uno de los accionantes, aunque su representante alegue en este momento no ser abogado a cargo en ese proceso y haber sido puesto recientemente en conocimiento de la resolución del Juzgado, la cual, en todo caso, fue emitida en el año 2021, y tampoco se aporta la certificación correspondiente que acredite su firmeza. Finalmente, lo ofrecido como cuarta prueba, en rigor constituye una comunicación sobre un suceso que, según dice el proponente, le fue informado por miembros de una asociación, lo que no constituye prueba documental con el juramento impuesto legalmente. De esa cuenta, la prueba nueva ofrecida así planteada ha de rechazarse. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN IV.- Primer motivo. Con fundamento en el artículo 137 inciso g) del CPCA, acusa la inobservancia de las reglas para la redacción del fallo en sus elementos esenciales. Ello, porque de los 144 hechos de la demanda se consignaron 9 indemostrados, los cuales no están cronológicamente consignados ni guardan relación con los 144 demandados, lo que, en su criterio conculca el artículo 61.2 del Código Procesal Civil (en lo sucesivo CPC), de aplicación por vía del numeral 220 del CPCA. Asimismo, respecto a los hechos no probados números 2, 3, 6, 7, 8 y 9, añade, en la demanda fueron indicados los hechos 66 a 71 sobre daños al acuífero, áreas de protección y falta de pasos de fauna, sin embargo, el Tribunal únicamente referenció algunos temas desordenadamente pero no especificó si los citados hechos de los temas ambientales fueron demostrados o no. Asimismo, respecto del tercer hecho indemostrado, en la demanda no se dijo que la obligación de realizar pasos de fauna proviniera del cartel, sino, estaba contenida en las recomendaciones dadas en la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo N9-1153-09-TAA, según el hecho 71 de la demanda. Igualmente, acusa, la sentencia no explica si se demostró o no el hecho 67 relativo a la inspección del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de SETENA realizada a inicios de 2009, y si se verificaron daños ambientales, informe presentado durante el juicio a la testigo Sandra Arredondo por la representación de APREFLOFAS. Seguidamente, en cuanto a la legitimidad de los accionantes, negada por el Tribunal, cita el voto 3705-93 (sic) de las 15:00 horas del 30 de julio de 1996 (sic) de la Sala Constitucional, relativa a la legitimación de los particulares para actuar judicialmente tratándose de la protección jurídica del ambiente. V.- Resolución del Planteamiento recursivo. El motivo casacional es improcedente. El artículo 119 del CPCA desarrolla los requisitos de las sentencias en materia contenciosa administrativa, relativos a: la resolución de todas las pretensiones y extremos permitidos por ese cuerpo normativo, y el pronunciamiento sobre las costas, aun de oficio. Así, aunque el recurrente acuda al artículo 61.2 del CPC para reprochar la falta de determinación cronológica, ello no invalida la sentencia. En todo caso, la causal de procedencia de casación señalada, sea el artículo 137 inciso g) del CPCA, permite quebrar el fallo cuando se falte a la redacción del fallo en sus elementos esenciales, lo cual, según el numeral 119 ibid, no se ha irrespetado en la especie. Tampoco indica el recurrente las razones por las cuales la redacción de los hechos en la forma plasmada en el fallo aquí impugnado le resultan agraviantes. Así, omite exponer porqué ello es de tal entidad como para quebrar lo resuelto por el Tribunal Contencioso. Seguidamente, la Sala considera que, la norma invocada por el recurrente, sea el artículo 61.2 del CPC, impone la obligación de fijar la plataforma fáctica, probada e indemostrada, que sea «… de importancia para la decisión…», lo cual debe tener como límite o marco los hechos probados. De esa cuenta, si se respeta la congruencia con esos hechos y el sentido en que están redactados, el Tribunal no incumple la regla para la redacción de las sentencias. En la especie, debe tenerse presente que la sentencia fue declarada en el sentido de desestimar la demanda, principalmente por razones de falta de legitimación activa en los actores y cosa juzgada constitucional, de esa cuenta, los hechos tenidos por probados o no, son relacionados con el sentido de lo resuelto. Ello, porque los hechos demostrados constituyen la plataforma fáctica a la cual ha de aplicarse la ley de fondo. De esa cuenta, resulta improcedente el alegato que acusa tanto su desordenada confección o su falta de relación taxativa con los referidos en la demanda, así como que no se hayan probado aspectos determinados por parte del A Quo, porque, como se reitera, los hechos probados e indemostrados se relacionan con la forma en que se resuelve el asunto en sentencia. Seguidamente, el argumento que refuta el tercer hecho indemostrado deviene improcedente, al establecerse su plena identidad con la pretensión número 16 que fundamenta en los puntos 2.6.11 y 2.3.2.1.14 del cartel la obligación de construir corredores biológicos, cuyo incumplimiento justifica, en criterio de los demandantes, la rescisión de la concesión conforme el numeral 59 de la LGC. Finalmente, lo acusado respecto de la legitimidad de los accionantes es un aspecto de fondo que será abordado posteriormente. VI.- Segundo motivo. Con fundamento en el artículo 137 inciso g) del CPCA reprocha que los hechos indemostrados, 4 y 5 no se comprenden en ninguno de los 144 de la demanda, por cuanto, nunca alegaron haber interpuesto en sede administrativa acciones tendientes a denunciar la tutela de sus derechos con ocasión de la concesión y la prestación del servicio, o que se hubiese interpuesto denuncias ante ARESEP en procura de evidenciar alguna oposición de las tarifas establecidas para los peajes de la ruta 27, por ello, no tuvo que fijarse como indemostrado un hecho no comprendido en la plataforma fáctica de la demanda, y ello vulnera el artículo 61.2 del CPC. En criterio de los demandados, alega el recurrente, era obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, lo cual refuta, pues ello se refiere a las partes contratantes en los contratos regulados por la Ley de Contratación Administrativa número 7494 (en lo sucesivo, LCA), y no aplica para los derechos de los usuarios en las concesiones otorgadas mediante la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos número 7762 (en lo sucesivo, Ley de Concesiones). Añade, el artículo 31.1 del CPCA establece el carácter facultativo del agotamiento de la vía administrativa, salvo lo comprendido en los artículos 173 y 182 constitucionales. Este último, señala, es inaplicable para los derechos de los usuarios en los proyectos concesionados mediante la Ley de Concesiones porque esta incorpora a los usuarios, y por ende, el numeral aplicable es el artículo 46 párrafo final de la Constitución Política. Cita la definición de Concesión de Obra con Servicio Público establecida en el artículo 2 de la Ley de Concesiones, donde se incorpora al usuario como persona no parte del contrato pero directamente obligado por este, con lo cual, queda cobijado por el artículo 46 constitucional, mientras, la Ley de Contratación Administrativa número 7494 que únicamente obliga a la Administración y el concesionario, cuyo artículo 57 omite mencionar el servicio y su contraprestación por parte del usuario. Así, reitera, el numeral aplicable para los usuarios es el 46 constitucional. Agrega, para efectos del artículo 182 ibid relativo a la hacienda pública, la Ley de Contratación Administrativa regula contratos donde únicamente se obliga a la Administración donde podría eventualmente afectarse la hacienda pública, materia donde adquiere sentido el agotamiento de la vía administrativa regulado en el artículo 31.1 del CPCA, y los representados por el recurrente tienen legitimidad para accionar por ser de interés difuso todo lo relacionado a la hacienda pública, según el voto 1262-F-SI-2015 de esta Sala. Por el contrario, en la concesión de obra con servicio público la Administración crea un contrato con un concesionario pero obliga a terceras personas o usuarios al pago de sumas dinerarias por las contraprestaciones recibidas, usuarios que nunca han sido parte en sentido estricto del expediente administrativo, por lo que sería denegación de justicia aplicar el artículo 31.1 del CPCA en relación con el 182 constitucional referente a la Contratación Administrativa, pues sería obligar al usuario por un contrato de concesión de obra con servicio público agotar la vía administrativa como si fuera un contratista, situación que lo deja en desventaja frente al concesionario y la administración, porque aquél nunca ha sido parte ni ha tenido a la vista el expediente administrativo. Por ello, siempre alegó la improcedencia de la defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa, como fue realizado en la audiencia preliminar, por ello, el Tribunal no debió entrar a analizar nuevamente ese aspecto, «… pues estos 2 hechos no demostrados de alguna manera insinúan que no realizamos el Agotamiento de la Vía Administrativa.». VII.- Resolución del planteamiento recursivo. En relación con que los hechos indemostrados 4 y 5 no son hechos como tales en ninguno de los 144 hechos de la demanda, por cuanto, nunca alegaron haber interpuesto en sede administrativa acciones tendientes a denunciar la tutela de sus derechos con ocasión de la concesión y la prestación del servicio, o que se hubiese interpuesto denuncias ante ARESEP tendientes a evidenciar alguna oposición de las tarifas fijadas para los peajes de la ruta 27, la Sala valida lo así consignado por el Tribunal Contencioso Administrativo, por cuanto, se reitera, los hechos probados e indemostrados deben ser consecuentes con la resolución por el fondo del asunto. Así, para el A Quo resultó trascendente la falta de demostración de los aspectos ahí señalados, toda vez que ello permite justificar la falta de legitimación activa en los accionantes, lo cual, como fue advertido por el propio Tribunal, constituye un aspecto de fondo y de análisis previo, así como de oficio por el órgano jurisdiccional. De esa cuenta, es lógico que, esos aspectos indemostrados por el A Quo no se comprendan o relacionen directamente con la teoría del caso, así como la causa de pedir de la parte actora. Sin embargo, sí resultan relevantes para establecer su legitimación dentro del proceso. Seguidamente, lo reprochado en cuanto a lo que sus contrapartes consideran sobre el agotamiento de la vía administrativa no se dirige a lo expresamente resuelto por el Tribunal Contencioso, por lo que no será analizado. Tampoco considera esta Cámara que los hechos no probados por el Tribunal pretendan retomar esa excepción, toda vez que, lo expresamente acogido fue la falta de legitimación activa de los accionantes. Finalmente, el recurrente califica como denegación de justicia la aplicación del artículo 82 constitucional en relación con el 31.1 del CPCA, por considerarse en desventaja con el concesionario. Sin embargo, la relación de ambas normas es clara y taxativa en el supuesto de agotamiento de la vía administrativa que ahí se contempla. Por ende, frente a la taxatividad de las disposiciones de orden constitucional así como legal, lo expresado por el impugnante se agota en una mera inconformidad con el contenido de la ley, lo que evidencia lo infructuoso del alegato. En consecuencia, el motivo casacional así planteado deviene improcedente. VIII.- Tercer motivo. Con fundamento en el artículo 138 del CPCA, alega la indebida valoración o preterición de prueba. Al respecto, se pronuncia contra el hecho indemostrado número 2, sobre la falta de comprobación de: «2. los daños ambientales acusados con ocasión de escombros tirados a ríos, daño a nacientes y fuga de combustible atribuible a alguno de los demandados.» (transcripción así consignada en el recurso de casación. Al respecto, señala, durante la audiencia oral y pública, a la testigo Sandra Arredondo se le mostró el informe de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, donde se estableció que dicho departamento verificó daños ambientales, lo cual, fue preterido en la sentencia, y ello le vicia de forma absoluta. Asimismo, se pretirió la resolución N9-1153-09-TAA indicado en el hecho número 71 de la demanda, como también el testimonio de Monserrat Solano de la empresa supervisora IMSA, quien, se refirió a la afectación de las áreas de protección de ríos y quebradas por haber percibido que se tiraban escombros en lugar de llevarlos a las áreas destinadas para ello, con el objetivo de ahorrar dinero, lo cual ocurría a la vista y paciencia de la Gerente del Proyecto para ese momento, Ada Muñoz, pues ella un día observó que una vagoneta tiraba material a un río cuando pasaba doña Ada, y luego ratificó su testimonio al ver unas fotografías que ellos tomaron en dichos lugares. Luego, en cuanto al tercer hecho indemostrado, acusa nuevamente la preterición de la resolución N9-1153-09-TAA, así como el testimonio del señor Mario Céspedes de SETENA, quien indicó que no existen pasos de fauna como tal, y que las alcantarillas del proyecto pueden ser utilizadas por la fauna silvestre para cruzar, pero no durante las lluvias, e indicó que las especies arborícolas sí utilizan las alcantarillas para ese fin, así como que él vio un mono haciéndolo, aspecto que refuta el recurrente pues monos y demás especies acostumbradas a estar en árboles piensan mucho tan solo para bajar al suelo, menos usarían una alcantarilla de 2 metros para cruzar. También acusa preterido el testimonio del señor Julio Esteban Carrasco, quien indicó que supo de un oso hormiguero atropellado en la carretera, aunque no exactamente dónde ello habría ocurrido. Luego, en cuanto al hecho indemostrado, relativo a que, los daños reclamados al acuífero de Barva fueran diferentes a los conocidos por la Sala Constitucional vía amparo, acusa la preterición del citado oficio N9-1153-09-TAA y el testimonio de Montserrat Solano, quien explicó que nunca se ejecutó la recomendación de reinyectar el agua derramada al Río Segundo para reconducirla al mismo acuífero, o valorar con el AyA su utilización para abastecer a poblaciones de la zona, y que nunca supo que el recurso de amparo se ejecutara en su totalidad, pues no se realizaron las labores de mitigación y la empresa concesionaria tampoco indemnizó al Estado por los daños causados, valorados en 40 millones de colones. En cuanto al hecho no probado número 7, referido a que las fotografías presentadas como prueba no acreditaron el lugar, tiempo y modo en que fueron tomadas, ni estaban debidamente georreferenciadas para localizar de forma precisa el lugar mostrado en ellas, señala, «… lo cierto es que al mostrársele a la testigo Montserrat Solano, y ella reconocerlas y referenciarlas en cuanto a su ubicación y al momento en que fueron tomadas, justamente los jueces no pueden restarle el valor probatorio a dichas fotografías, pues estarían violentando el principio de Sana Crítica de la Verdad Real que prima en el proceso Contencioso.». Al respecto, cita el considerando III de la sentencia 415-2013 del 9 de abril de 2013 de esta Sala. De igual manera, señala, al restarle la posibilidad de demostrar los hechos 67 a 71 de la demanda se vulneró el artículo 45.3 del CPC vigente del 2008 a la fecha (sic). Luego, en cuanto al hecho indemostrado número 8, relativo a no comprobarse el lugar que la testigo Montserrat Solano indicó que se tiraron los escombros, acusa la transgresión del artículo 43.1 del CPC, pues ella explicó que «… fue la encargada de ver la parte ambiental en la empresa supervisora IMSA, quien tenía a cargo la supervisión de la carretera, y que ella explicó que ella pasaba visitando el proyecto durante la construcción, aún así los jueces sin justificación racional alguna, simplemente pretenden desconocer el testimonio libre y espontáneo que ella brindó, donde explicó como se tiraban los escombros a los Ríos y Quebradas a lo largo de la carretera, explicando incluso momentos y lugares específicos, como fue cuando explicó que ella vio a vagonetas tirando escombros a un río específico, cuando iba pasando la Gerente del Proyecto a ese momento, la señora Ada Muñoz, e incluso luego al mostrársele una foto, ella reconoció en dicha foto el carro de Ada Muñoz, y en la misma foto se veía una vagoneta tirando escombros hacia un río.». Adicionalmente, acusa la preterición de la resolución N9-1153-09-TAA citada en el hecho 71 de la demanda, y el testimonio de Mario Céspedes de SETENA sobre la inexistencia de pasos de fauna como tal, y la posibilidad de utilizar las alcantarillas para cruzar como lo hacen las especies arborícolas porque vio un mono haciéndolo, lo que nuevamente cuestiona porque esas especies piensan mucho para bajar al suelo, menos utilizar un alcantarilla de 2 metros para cruzar. También aduce la preterición del testimonio de Julio Esteban Carrasco, quien supo de un oso hormiguero atropellado, pero sin saber exactamente dónde. IX.- Análisis del planteamiento recursivo. En cuanto al reproche contra el segundo hecho indemostrado, la Sala observa que, el Tribunal consideró la acusación como general y vaga, y sin lograr comprobar que los daños ocurridos fueran a la luz del artículo 196 de la LGAP, relativa a los daños efectivos, evaluables e individualizables. En relación con la declaración de la testigo Sandra Arredondo, quien recurre se limita a decir que se le mostró el informe de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, donde se estableció que dicho departamento verificó daños ambientales, lo cual incumple con señalar clara y efectivamente el agravio ocasionado con esa valoración probatoria, como tampoco indica la relación concreta, causal y dirigida a uno o varios de los demandados, en relación con la resolución N9-1153-09-TAA que acusa preterida. Respecto de la declaración testimonial de Monserrat Solano, el Tribunal expuso: «… En la declaración de la testigo Monserrat Solano López, que fue contratada por el Consorcio Euroestudios y como regente ambiental del proyecto, la misma señaló: que hubo inconformidades con el proyecto en relación al manejo de escombreras y la contaminación de ríos por el manejo de éstas, sin embargo, no se acreditó que las inconformidades encontradas provocaran un daño ambiental. Si bien la testigo se refirió a unas fotografías mostradas por los demandantes, éstas fotografías, a criterio de este tribunal no se encuentran referenciadas desde el punto de vista geográfico, así como en tiempo, modo y lugar; aspecto que provoca que lo señalado por la testigo, no le merezca plena credibilidad, cuando afirmó que la persona que conducía un vehículo era la gerente del proyecto, -vehículo que aparecía fotografiado desde su parte de atrás, en marcha, sobre una carretera, sin precisar cuál y manifestando ella que el mismo era guiado por una persona, a la cual no le observaba el rostro, ni se aportó un estudio de la placa para determinar la titularidad del vehículo como para establecer además un nexo sobre su propietaria y quien lo conducía; situación que provoca que para esta Tribunal no se tenga por acreditado el daño enunciado, sin prueba técnica pertinente y necesaria para ello; en razón de lo cual esta pretensión debe ser rechazada como en efecto se hace…». Para esta Cámara, lo analizado por el Tribunal es válido, por cuanto, desde la perspectiva del artículo 196 de la LGAP, efectivamente, la atribución de un daño en el marco del derecho administrativo debe ser efectivo, evaluable e individualizable. Así, es importante la acreditación de ese daño con los elementos que permitan establecer con fehaciencia el daño que se alega como ocasionado. Asimismo, la Sala observa que para el recurrente es clara la declaración testimonial de la señora Solano, pero omite cuestionar la valoración del Tribunal, es decir, indicar por qué lo aseverado y recién transcrito conlleva algún vicio concreto a las reglas o principios de la sana crítica, como para establecer la pertinencia de quebrar lo resuelto, sin que sea suficiente aseverar, en síntesis, que como ella lo identificó entonces debe tenerse necesariamente como cierto, con esa rotundez. Así, lo impugnado es improcedente. Seguidamente, lo acusado en casación con respecto a lo declarado por el señor Mario Céspedes de Setena es insuficiente para considerarlo como un agravio casacional, porque se limita a refutar lo aseverado por él, pero sin una relación técnica y jurídica con la teoría del caso de la parte actora ni cumple con cuestionar con rigor lo aseverado por el Tribunal Contencioso, como tampoco lo cumple la declaración, en el extracto pretendido por el recurrente, de lo declarado por el señor Julio Esteban Carrasco, quien indicó que supo de un oso hormiguero atropellado en la carretera, aunque no exactamente el lugar donde habría ocurrido ese incidente, lo que carece del mínimo grado de certeza, al ser una declaración referencial sin la menor ubicación en tiempo, modo y lugar con algún daño ambiental. De esa cuenta, el agravio así formulado deviene improcedente. X.- Cuarto motivo. Con fundamento en el artículo 138 del CPCA acusa la preterición de distintas pruebas, documentales y testimoniales, indicadas en las conclusiones de la audiencia oral. Con respecto a la pretensión 1, cita la declaración del señor Stephan Brunner, gerente del proyecto en 2006 y la testimonial de Amelia Jiménez Rueda «… de la Contraloría…». Ambos, sobre el valor del proyecto. Así, esta última explicó que la tasa de descuento del contrato incluye 2% de inflación, de lo que colige, estipular el valor de 258 millones de dólares en el adendum 3 reconoce al concesionario 2 veces la inflación, lo que violenta el interés público; luego, de la declaración del señor Brunner sobre el reconocimiento de 22 millones de dólares adicionales por sobrecosto de obras en la sección 2, implica que se reconoció realmente 3 veces la inflación en ese contrato, lo que va contra la tutela de los fondos públicos. Seguidamente, el señor Brunner explicó que, al pasar el reconocimiento de tasa fija a tasa variable en el adendum 3, de forma automática e injustificada se regalaron 70 millones de dólares al concesionario, y que si en ese contrato se aumenta la tasa de descuento aumenta el plazo de la concesión, es decir, el concesionario recibiría dinero que originalmente no habría recibido, y luego, ante la pregunta de la jueza García Carballo la testigo Jiménez explicó que, el plazo del concesionario para continuar explotando el proyecto y cobrando se extiende y aumenta sus ingresos, lo que igualmente va en detrimento de la tutela de los fondos públicos. Luego se refiere a la declaración del testigo Enrique Soler sobre el equilibrio financiero del contrato, así como lo declarado por este y la testimonial del señor Julio Carrasco sobre lo exitoso de la carretera por pasar más vehículos de lo previsto, de lo que colige, la concesión habría terminado mucho antes, sin embargo, el señor Soler indicó que ello será hasta el año 2033, lo que implica que las adendas 2, 3 y 5 representan un gran negocio para el concesionario y en detrimento de la tutela de fondos públicos. Así también, a partir de la misma declaración, el incumplimiento del cartel porque la inclusión de más casetillas de peaje conforme el tercer adendum implica que no se ajuste el equilibrio del contrato, incumpliéndose los artículos 15 y 21 de la LGC al incorporar una modificación contrario al interés público en el concepto del artículo 113 de la LGAP. Colige, este adendum incorpora un vicio de legalidad, motivo suficiente para que la CGR no pudiera refrendarlo. Adicional a la declaración de los testigos citados, con la adenda de mérito se amplió el plazo a 25 años y medio, lo que va en detrimento de la tutela de fondos públicos por regalar 6 meses de cobro de tarifas al concesionario, lo que irrespeta el artículo 57 de la LGC. Reprocha, el convenio complementario modificó la cláusula original del contrato respecto de la puesta en servicio provisional, cuyo informe de comisión podía darse hasta 45 días luego de la aprobación de las obras por el ingeniero inspector; sin embargo, ese plazo fue reducido a 5 días con la aprobación del gerente del proyecto. Al respecto, el testigo Andrés Henao indicó que la inspección no era suficiente, y que la verificación de la seguridad de la carretera se realizó de forma netamente visual, sin equipo para verificar las obras. Añade, conforme se indicó en la demanda, en el balance económico se eliminaron obras en detrimento de la seguridad de los usuarios, y con el testimonio del señor Julio Esteban Carrasco se acreditó que no conocía la existencia de algunos puentes peatonales específicos en la Sección Uno del proyecto, y Claudio Pacheco declaró que, en esa sección solo existen 6 de los 11 puentes peatonales proyectados. Asimismo, el procedimiento para la aprobación del balance incumplió el canon 4 de la Ley 8643 de Modificación de la LGC. Asimismo, el señor Pacheco, testigo de Autopistas del Sol, indicó desconocer que los balances fueran consultados a la comunidad afectada, y ello implica un vicio procedimental grave al omitirse la consulta establecida en la ley como acto de carácter general que afecta a la población con discapacidad por eliminar cruces peatonales accesibles acordes con la Ley 7600, así, no se consultó con esta población si estaban de acuerdo con dicha modificación. Asimismo, que ese balance no fue aprobado ni refrendado por la Contraloría, lo que confirma lo aseverado en la demanda. A continuación, en cuanto a la pretensión 8, asegura haberse acreditado: que solamente existen 6 puentes, ello, de la declaración del señor Pacheco, y el señor Julio Carrasco dijo desconocer si estaban todos los puentes. En relación con la pretensión 9, estima acreditado: la inexistencia de todas las bahías de buses y que en el intercambio de Siquiares y Turrúcares no hay aceras, ello, conforme lo declarado por el señor Pacheco. Asimismo, de lo declarado por el señor Soler, desconocer la razón por la que no se construyó la rotonda en Piedades de Santa Ana. Respecto de la pretensión 10, estima comprobada con la declaración del señor Henao: la inspección meramente visual y que en el informe quedaron aspectos de demarcación y señalización pendientes que ellos anotaron, así como desconocer si se les dio seguimiento; y de la declaración del testigo Roy Barrantes, del Lanamme, que los taludes de la sección 2 de la ruta 27 estaban aun en proceso de conformación y la interrupción de los espaldones y carriles con la conformación de los taludes. Añade, el testigo Edwin Corrales reconoció que, por derrumbes en la ruta 27 hubo 2 o 3 personas muertas y no supo explicar un choque; el testigo Carrasco dijo que, en la carretera de montaña se hacen cortes que suelen derrumbarse; el testigo Pacheco reconoció los derrumbes de taludes y las vías alternas. Asimismo, en el expediente administrativo consta el archivo titulado «12889-12795 Estudio de amenaza sísmica y evaluación hidroecológica para el proyecto de carretera Ciudad Colón-Orotina», donde se indica que, en la sección segunda de la ruta 27 hay abundantes fallas sísmicas activas, y por ende, el diseño y corte de taludes debe ser sismo resistente. De igual manera, consta el «Estudio Geotécnico, diseño final de cortes y rellenos críticos del tramo Ciudad Colon-Orotina», a cuyo respecto se pronunciaron en las conclusiones del juicio oral y público. En relación con las pretensiones 2 y 3, estima acreditada con la testimonial del señor Pacheco, la construcción de la Radial Alajuelita según el convenio complementario primero, y su mantenimiento y reparación a cargo del Estado, y su daño por derrumbes. Sobre la pretensión número 4, de la testimonial del señor Brunner estima acreditado el ajuste del proyecto en 22 millones de dólares sin que él lo avalara. Así, el valor del proyecto era de 258 millones de dólares según la testigo Amelia Jiménez Rueda, más 22 millones de dólares relatados por el señor Brunner, más 35 (sic) del Convenio Complementario Primero. Añade, todas las garantías, incluyendo la ambiental del 1% debían ajustarse a esos montos, sin embargo, al testigo Mario Céspedes de SETENA no le llamó la atención el ajuste de 2.3 millones de dólares que se le mostró documentalmente durante el juicio. Sin embargo, esa garantía ambiental debió ser de 3 millones de dólares. Esto último, lo estima acreditado con respecto a la pretensión 5. En relación con la pretensión 6, considera probado el daño ambiental con la declaración testimonial de Montserrat Solano, quien declaró cómo la empresa constructora arrojaba los escombros a ríos y quebradas a lo largo de la carretera cuando pasaba la gerente del proyecto, señora Ada Muñoz, así como también se tuvo por acreditado que la recomendación de reinyectar el agua derramada al Río Segundo nunca se ejecutó, como tampoco saber si se ejecutó la sentencia dictada en el recurso de amparo. Añade, en el expediente físico aportado por la PGR consta la sentencia 2010-10750 de la Sala Constitucional que condenó al Estado y a Autopistas del Sol por el rompimiento del techo del acuífero Barva, y la confirmación del Senara del impacto negativo al citado acuífero, y otros daños comprobados de las declaraciones testimoniales de Mario Céspedes de SETENA, Sandra Arredondo y Edwin Corrales del CNC, sumado a los documentos presentados a estos últimos durante el juicio, y lo declarado por los testigos Julio Esteban Carrasco y Claudio Pacheco, el primero, sobre desconocer la existencia de puentes peatonales en el sector uno, y el segundo, quien refirió solamente 6 de 11 puentes y que las bahías incumplen el requisito de estacionar varios autobuses a la vez, así como un hundimiento con cierre por varios días sin poder recordar si se pagó alquiler de puentes. En relación con la pretensión 7, reitera que al testigo Mario Céspedes no le llamó la atención el documento sobre la garantía ambiental por 2.3 millones de dólares, pese a que el monto debía ser del 1% sobre 258 millones de dólares más 22 millones de dólares de ajuste. En relación con la pretensión 11, estima comprobado, a partir de las declaraciones de Andrés Henao sobre la puesta a servicio provisional de la ruta 27 en enero de 2010, y de Enrique Soler y Julio Carrasco sobre el servicio en definitiva en 2015, que el monto de multa adeudado por 5 años de atraso en la entrega de toda la carretera es de más de 91 millones de dólares. Además, reitera, el señor Carrasco reconoció desconocer la existencia de puentes específicos en el sector uno del proyecto, y Claudio Pacheco afirmó la existencia de 6 de 11 puentes peatonales, la falta de aceras en los intercambios de Siquiares y Turrúcares, y que este afirmó además la existencia de Barreras New Jersey sobre el espaldón en el sector dos, cuando el señor Soler reconoció que los espaldones son elementos de seguridad de la carretera, y que en el intercambio de El Coyol no hay aceras y este se demoró por diferencias con la concesionaria, asimismo, que no explicó porqué si hay terrenos para ubicar estaciones de pesaje no pudieron construirse como lo mandaba el contrato original. En cuanto a la pretensión 13, alega, con la declaración del señor Pacheco de Autopistas del Sol se reconoció que, una vez construida la Radial Alajuelita según el Convenio Complementario, el mantenimiento y reparación correspondió al Estado, y esta se dañó luego de entregada por derrumbes, sin responsabilidad de la concesionaria; aseveró también el uso de pólizas a favor de usuarios, pero no pudo indicar si había protocolo de utilización de pólizas cuando se le mostraron 2 informes de accidentes en el año 2010. Asimismo, Mario Céspedes de SETENA indicó haber escuchado en algún momento sobre un derrame del oleoducto. Sobre la pretensión 14, alegan, si bien la Sala Constitucional en su voto 2010-007600 indicó que no se vulnera ningún derecho en cuanto a la ruta 707 temporalmente mientras se construye la ruta 27, el testigo Andrés Henao constató que la puesta en servicio provisional se dio para el 27 de enero de 2020, sin que se hubiese reconectado esa ruta 707 como consta en los folios 93, 130 y 154 del Tomo 2 del expediente aportado por la PGR. Asimismo, que la Sala Constitucional remite a la vía de legalidad la afectación por la variación de la ruta 707 que implique un aumento en la distancia de los recorridos, y si constata la aprobación de un paso a desnivel en el punto PK 44+200 que habría permitido a los vecinos del sector cruzar para acceder a sus propiedades, ese paso a desnivel nunca se construyó, sin que conste prueba de lo contrario en el expediente administrativo o judicial, como tampoco los testigos lo declararon. Igualmente, la sentencia de amparo acredita que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense de Electricidad debieron reconectar los servicios, pese a ser obligación de la concesionaria. De igual manera, la testimonial del ingeniero Julio Esteban Carrasco reconoció que los terrenos de don Mario tenían habilitada una calle sin poder definir por qué parte de esas propiedades pasaba por esa vía y si estaba o no habilitada, y reconoció que la marginal cuatro estaba unos metros debajo de dichas propiedades, y como nunca estuvo personalmente en el lugar no consideró el desnivel existente, sin ser claro sobre las colindancias entre la calle con la propiedad de don Mario Jiménez. En relación con la pretensión 15, estima acreditado con la declaración del testigo Edwin Corrales que la reparación de los taludes de la Radial Atenas la realizó el Conavi. Respecto de la pretensión 16, se basa en el testimonio de Mario Céspedes para acreditar que no existen pasos de fauna en la ruta 27, y el señor Carrasco dijo que supo de un oso hormiguero atropellado en la carretera, pero no donde. Asimismo, la resolución 1202-09-TAA dentro del expediente administrativo aportado por la PGR da cuenta la falta de pasos para fauna. En cuanto a la pretensión 17, reitera en la testimonial de Montserrat Solano de la empresa supervisora IMSA, quien se refirió a las afectaciones de las áreas de protección de ríos y quebradas, y cómo frente a la gerente del proyecto, señora Ada Muñoz camiones vertían material a un río. Así también, a la testigo Sandra Arredondo se le mostró el informe del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de SETENA donde se verificaron daños ambientales, y dicha testigo indicó desconocer la situación de los escombros tirados a las áreas de protección. Igualmente, el señor Mario Céspedes dijo que él solamente visitó las escombreras autorizadas. En cuanto a la pretensión 18, menciona que los testigos Enrique Soler y Julio Esteban Carrasco declararon sobre los puntos automatizados para el control del flujo vehicular, y el señor Claudio Pacheco reconoció que ni el CNC ni Aresep tiene acceso a sistemas informáticos de la concesionaria, con lo que se demuestra el incumplimiento del concesionario de no disponer de los 10 puntos de conteo automatizado de tránsito conforme el punto 2.7 del cartel. Así, de esos puntos podría el Estado por medio de esas dependencias establecer la suficiencia de las casetas de peaje, la tarifa, la suficiencia de los carriles, y conocer cuánto efectivamente está percibiendo anualmente el concesionario por los peajes y en qué momento se estaría pagando el valor presente de la obra. En cuanto a la pretensión 19, cita el oficio de la CGR 12 DFOE-IFR-IF-03-2011 sobre el conteo de vehículos con diferencias de hasta un 80% para los vehículos de 4 ejes donde el concesionario reporta 24 y el conteo de la supervisora 145, esto, con un sistema de cámaras instalado en algunas casetas de peaje, de lo cual, colige, el concesionario se aprovecha de la falta de equipos de conteo automatizado y la falta de acceso a datos estadísticos para reportar al CNC flujos vehiculares menores a los percibidos realmente, y con ello, un enriquecimiento ilícito del concesionario. En relación con la pretensión 20, cita el testimonio de Julio Esteban Carrasco con el que se acredita que la sección 2 de la ruta 27 está construida de asfalto y no concreto hidráulico según lo establecía el cartel, y asimismo declaró sobre el índice de rigurosidad superficial, incumplimiento ratificado por el testigo Roy Barrantes del Lanamme, quien reconoció que, en esa carretera solamente los puentes están construidos de concreto y que, para el año 2010 tenía problemas de ahuellamiento y deslizamiento en tramos de la carretera. Con relación a la pretensión 21, recuerda, en sus conclusiones explicó que, ni el contrato original, ni los adendum ni el Convenio Complementario Primero consta la autenticación de las firmas de los suscribientes como lo dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica de la PGR en relación con el 34 del Código Notarial, y que la adjudicación y suscripción del contrato son aspectos de legalidad que debió verificar la CGR para refrendar. En ese sentido, el incumplimiento del plazo para la suscripción del contrato es un motivo de nulidad de todos los actos posteriores al vencimiento de los 90 días de la firmeza de la adjudicación. Recuerda, los testigos Stefan Brunner, Montserrat Solano y Enrique Soler mencionaron que Acosol participó como adjudicatario del contrato, quien no cumplía con la solidez financiera requerida según se hizo constar en el propio acto de adjudicación, y en el adendum 1 se saca a dicha empresa con lo que se dio un cambio parcial del concesionario, lo que no era permitido por lo que en atención a los artículos 11 y 132 de la LGAP el adendum y su refrendo están viciados y así debe declararse. En cuanto a los costos, recuerda las declaraciones de los testigos Soler y Carrasco, sobre el éxito de la carretera por pasar más vehículos de los previstos, y al ser un contrato a valor presente, la concesión debería terminar antes, pero el testigo Soler dijo que finalizará hasta 2033, lo que conlleva un gran negocio para la concesionaria porque con los adendum se aumentó el valor de 212 millones a 258 millones de dólares. Además, para el 15 de febrero de 2000, fecha en que se publicó el cartel de licitación no había un decreto de interés público conforme lo manda el artículo 2 de la Ley General de Concesiones, por lo que dicho trámite es totalmente nulo según los artículos 11 y 232 de la LGAP. Finalmente, recuerda que se entregaron folios útiles del expediente administrativo en dos ocasiones, a finales de enero 2020, no obstante el Tribunal pretirió esa abundante prueba que ratificaba los hechos y las 21 pretensiones de la demanda, pues no se mencionaron ninguno de esos documentos. XI.- Análisis del planteamiento recursivo. En cuanto a la alegada preterición de las declaraciones testimoniales y prueba documental, la Sala estima improcedentes los reclamos que acusan su preterición, toda vez dichos alegatos se encaminan a aspectos de fondo que no fueron conocidos por el Tribunal, por cuanto, la demanda fue declarada sin lugar, en síntesis, por falta de legitimación activa y cosa juzgada constitucional. Así se desprende de las consideraciones del A Quo sobre las pretensiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 13 primera parte, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. La segunda parte de la 13 y la primera de la 14 por cosa juzgada constitucional y la segunda parte de esta última por falta de derecho. En relación con la citada falta de legitimación, de interés para este punto impugnado, el Tribunal lo abordó desde el artículo 49 constitucional; 1, 2, 10, 20, 21, 37 y transitorio III de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; 9 y 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 19 de la Ley General de Concesiones de Obra Pública con Servicios Públicos, así como el voto 598-F-SI-2017 de esta Sala. Para ello, consideró la falta de legitimación de los accionantes dada la firmeza de la licitación, el contrato y sus diversas modificaciones, así como que, el artículo 19 ibid, con base en el cual los accionantes citaron su legitimación en la demanda, faculta a los usuarios para acudir directamente a la vía administrativa en defensa de sus derechos, no la jurisdiccional y, respecto de distintas pretensiones anulatorias y de reclamaciones sobre la ejecución del contrato, que es la Administración concedente la facultada para reclamarle a la concesionaria. De esa forma, las declaraciones y demás pruebas pretendidas por el recurrente resultan impertinentes en la especie, por cuanto, como se ha expuesto, el Tribunal declaró la falta de legitimación activa de los accionantes. En ese sentido, se observa, la representación casacionista relaciona las pruebas que cita a su teoría del caso, sin embargo, esas pruebas sobre las pretensiones fueron recibidas según lo que correspondía resolver habida cuenta la falta de legitimación declarada, y por ello no constituye una preterición probatoria. Ahora bien, en cuanto a la segunda parte de la decimocuarta pretensión, quien recurre se constriñe a indicar lo que, en su criterio se comprueba con las mismas, pero sin mención a una tesis y disposición jurídica, ambas de orden sustantivo en que funde su reclamo. Así, toda la prueba alegada se encuentra desvinculada de manera clara y precisa, como también se echa de menos una tesis técnico jurídica (artículo 139 inciso 3) del CPCA), contra los fundamentos de orden sustantivo sobre las excepciones acogidas, ni se asocian a algún precepto normativo de fondo donde se pudiera enmarcar algún reclamo casacional que permita establecer la pertinencia de quebrar lo resuelto por el Tribunal. Por ende, el motivo recursivo así planteado deviene improcedente. XII.- Quinto motivo. Con fundamento en el artículo 138 del CPCA, cita los fundamentos utilizados por el Tribunal Contencioso sobre el tema de la legitimación, a saber: artículos 49 constitucional, 1 2 y 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo sucesivo LRJCA). Así, estima aplicable el artículo 21 inciso 2 de esta última ley, la cual admite la impugnación de los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos, pero solamente para su anulación e inaplicabilidad futura, de donde establece: tanto el decreto de interés público, el cartel de concesión, el contrato de concesión y sus adendum, así como los convenios complementarios, al surtir efectos, son impugnables. De igual manera, acorde con el canon 38 de esa ley, cuyos requisitos estima incumplidos, en ninguno de estos expedientes administrativos consta que el cartel de licitación o el acto de adjudicación del contrato original haya sido publicado, conforme el artículo 35 de la Ley General de Concesiones en relación con el 245 de la LGAP, pues la única publicación en la Gaceta 100 del 25 de mayo de 2001, omitió el requisito de disponer los recursos, plazos y órganos competentes para impugnar el acto, siendo en consecuencia la publicación absolutamente nula de conformidad con el artículo 247 de la LGAP. Por ende, la adjudicación no es oponible a terceros ni ha operado término para la prescripción o caducidad. Asimismo, ni los adendum del contrato ni sus balances fueron publicados en La Gaceta conforme lo preceptúan los artículos 25.2 y 35 de la LGC en relación con el 140 de la LGAP. Por ende, acorde con el numeral 247 ibid el plazo prescriptivo y de caducidad contra dichos actos empezó a correr desde la presentación de la demanda, lo que vincula a todos los refrendos. XIII.- Análisis del planteamiento recursivo. El reclamo es improcedente, por cuanto, los primeros dos hechos probados dan cuenta de la publicación, tanto de la declaratoria de interés público del corredor San José Caldera, conforme al Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi), así como del cartel de licitación de la concesión de obra con servicio público. Así, el Tribunal tuvo por demostrado: «1) Que el Consejo Nacional de Concesiones, en sesión ordinaria 2-98 del día 26 de agosto de 1998, adoptó la resolución 01-98 declarando de interés público la realización de las obras de infraestructura en el corredor San José - Caldera. Así, consta en considerando IV, del decreto ejecutivo N° 31346-MOPT-II, publicado en la Gaceta N° 170 del día jueves 4 de setiembre de 2003, decreto que forma parte del ordenamiento jurídico, y que también en su artículo 1° le otorgó la declaratoria de interés público al contrato para la concesión de la carretera San José - Caldera, como requisito para su refrendo por parte de la Contraloría General de la República. (SINALEVI) 2) Que el Concejo Nacional de Concesiones, en octubre del año 2000, publicó Cartel de Licitación de la Concesión de Obra con Servicio Público de la Carretera San José-Caldera, el cual contenía bases administrativas, bases técnicas, bases económicas, criterios de evaluación y selección de ofertas, y sus anexos. (Disco demanda carretera caldera 27JUN12, 01 Cartel, Contrato, Decreto, Addendums// 00 Cartel de Licitacion - OCT00, imágenes 1-297).». De tal manera, los alegados incumplimientos son inatendibles. En todo caso, el recurrente omite cuestionar los elementos tenidos por el Tribunal para la fijación de esos hechos, siendo su reclamo en extremo vago, referido a no existir en el expediente administrativo prueba sobre esas publicaciones. Sumado a lo anterior, el argumento que considera aplicable el artículo 21 inciso 2) de la LRJCA es infructuoso, por cuanto, por su medio pretende la declaratoria de nulidad absoluta de actos administrativos. Sin embargo, en la especie la demanda sobre esas pretensiones de corte anulatorio fueron declaradas sin lugar por falta de legitimación activa. De esa cuenta, el reproche formulado es improcedente. XIV.- Sexto motivo. Con fundamento en el artículo 138 del CPCA, refuta la consideración del Tribunal en cuanto a que, los usuarios carecen de habilitación como usuarios de la ruta 27 para para incoar por sí mismos una demanda en sede contenciosa contra los demandados, por cuanto, la relación jurídica material únicamente les faculta para gestionar en la vía administrativa y no judicial. Al respecto, dice el recurrente, el Tribunal parece basar su criterio en el principio de relatividad de los contratos, regulado en el artículo 1025 del Código Civil, por cuya virtud, los contratos benefician y/o perjudican solo a las partes contratantes. En su criterio, según el artículo 1 inciso b) de la Ley General de Concesiones, en los contratos de obra pública con servicio público de una carretera, una parte es la administración concedente, la otra es la concesionaria, y la tercera parte son los usuarios obligados al pago de las obras por medio del pago de un peaje. De tal manera, la incorporación de la figura del usuario como obligado al pago de la obra se enmarca en el artículo 1026 del Código Civil. Por ello, la propia LGC detectó la importancia del tercero obligado en este tipo de contratos al establecer en el inciso b) del numeral 19 la legitimación de los usuarios a interponer denuncias o quejas ante las autoridades administrativas correspondientes, como ocurre con los artículos 25.2 y 35 de la LGC en relación con el 140 de la LGAP, donde se obliga a publicar en la gaceta la adjudicación y modificaciones del contrato para que, los usuarios como terceros obligados puedan ejercer un control posterior sobre las condiciones del contrato. Añade, cuando los juzgadores citan el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 7472 buscan interpretar las normas de manera que les permitan rechazar el acceso a la justicia de los demandantes, vulnerando el principio pro actione. Cita un extracto del considerando VI del voto 599-F-SI-2013 y del considerando VI de la sentencia 41-1995, ambas de esta Sala. Asimismo, recuerda que en las conclusiones fundamentó la legitimación accionante en la tutela de fondos públicos, a cuyo respecto, la Sala Constitucional le ha relacionado con intereses difusos en la sentencia 998-1998. Asimismo, el propio A Quo citó el voto 805-F-SI-2010 de esta Cámara. Luego, cita la sentencia 1262-F-SI-2015 de esta Sala, y el 3173-93 de la Sala Constitucional, este último, en procura de justificar que la sentencia del A Quo vulnera el principio pro homine. Seguidamente, cita el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como un extracto de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vargas Areco contra Paraguay. Seguidamente, relaciona el numeral 8 de la Convención Americana con el 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 2.5 del CPC. A continuación, cita un extracto de la sentencia 11622-2008 de la Sala Constitucional sobre el principio pro sentencia, de lo cual, colige, este principio determina que las normas deben aplicarse para lograr una sentencia efectiva por el fondo, es decir, una sentencia pronta y cumplida, y que resuelva por el fondo todos los aspectos sometidos al análisis del respectivo Tribunal, principio incumplido por el A Quo, por cuanto, buscó la interpretación más restrictiva de la normativa respecto de la legitimación para no verse obligado a analizar todos los aspectos sometidos a debate, los que incluso fueron demostrados durante la audiencia oral y pública con la declaración de los testigos. XV.- Resolución del planteamiento recursivo. Esta Cámara discrepa de la interpretación dada por el recurrente al artículo 1 inciso b) de la LGC, el cual, define al contrato como: «… contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio.». Efectivamente, para los efectos de una obra pública como la ruta 27, los usuarios o beneficiarios del servicio constituyen el grupo objetivo final de la misma, sin embargo, la ley no les define claramente como parte del contrato en la forma pretendida por el casacionista. Interpretado de otra manera, esta incorporación que hace el recurrente del usuario al contrato de obra pública, lo redefine según su teoría del caso y perspectiva de quien financia una carretera con los peajes que paga, no obstante, la ley de mérito no se limita a ese tipo de obra pública, sino, cubre los supuestos generales indicados en el artículo 1 ibid. Por ello, no puede atenderse la tesis casacionista. Esto es de relevancia para este recurso, por cuanto, el recurrente funda en esa tesis el reproche contra lo aseverado por el Tribunal, respecto a la manera en que las personas usuarias pueden reclamar sus derechos, lo cual, como fue expuesto en la sentencia, a partir del fundamento dado por el propio recurrente, sea el artículo 19 de la LGC, esto se relaciona con acudir a las instancias administrativas correspondientes. Asimismo, se reitera, si bien es cierto el último párrafo del artículo 46 constitucional reconoce, entre otros, el derecho de los consumidores y usuarios a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, también es claro en indicar que, la ley regulará esa materia; y en lo concerniente a este punto litigioso, el numeral 19 ibid desarrolla ese derecho de los usuarios a acudir, para la defensa de sus derechos, a las instancias administrativas, no judiciales por vía directa, como bien lo evidenció el A Quo. Así, aunque el propio recurrente reconoce haber invocado hasta en conclusiones del juicio la defensa de intereses difusos de tutela de fondos públicos, lo que ha construido con base en interpretaciones propias de razonamientos jurisprudenciales, para esta Cámara el claro el alcance del citado canon 19, en el sentido precitado. De esa cuenta, el reparo recursivo es improcedente. XVI.- Séptimo motivo. Con fundamento en los artículos 138 incisos a) y c) y 137 inciso d), ambos del CPCA, acusa la modificación del texto de la segunda pretensión al cambiar la palabra resolución por rescisión, en la pretensión número 2. Asimismo, añade, pese a que esa segunda pretensión va en defensa de fondos públicos, pues se pretende el cobro de mil dólares diarios por no haber dado mantenimiento a la radial Escazú-Circunvalación, y Circunvalación-Calle Morenos, aspecto acreditado con la declaración testimonial del señor Claudio Pacheco, los jueces, desconociendo la amplia legitimación indicada por la Sala Constitucional para las personas en la tutela de fondos públicos según la sentencia 998-1998, hacen una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico violentando los principios: pro actione, pro sentencia y pro homine, así como vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. XVII.- Octavo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, reprocha la modificación de la palabra resolución por recisión, de la concesión, en la pretensión número 3. Seguidamente, señala, a pesar de encontrarse la pretensión en defensa de los fondos públicos por pretender el cobro de 150 salarios base diarios por no dar mantenimiento a la radial Escazú-Circunvalación, Circunvalación-Calle Morenos, y que también se pidió la resolución contractual por esos incumplimientos, los jueces, desconociendo la amplia legitimación indicada por la Sala Constitucional para las personas en la tutela de fondos públicos, según la sentencia 998-1998, hacen una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico violentando los principios: pro actione, pro sentencia y pro homine, así como vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. XVIII.- Noveno motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 4 y el fundamento del Tribunal para su desestimación. Al respecto, señala, esta pretensión tiene doble naturaleza: primero, de tutela de fondos públicos, y segundo, de tutela ambiental por solicitar la actualización del monto de garantía en esa materia, y pese a encontrarse en la defensa de intereses difusos, los jueces, desconociendo la amplia legitimación indicada por la Sala Constitucional para las personas en la tutela de fondos públicos, según la sentencia 998-1998, hacen una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico violentando los principios: pro actione, pro sentencia y pro homine, así como vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues lo procedente era declarar la legitimación de los actores, analizar esa pretensión por el fondo y declararla con lugar. Cita lo considerado por el Tribunal respecto de los intereses difusos cuando cita jurisprudencia de esta Cámara. XIX.- Décimo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 5 y el fundamento del Tribunal para su desestimación. Considera, esta pretensión va de la mano con la número 4 en su doble naturaleza, pues va en la tutela de fondos públicos al pretender la actualización de las garantías de construcción, pero también es ambiental por pedir la actualización de la garantía en esa materia, y pese a encontrarse en la defensa de intereses difusos, los jueces, desconociendo la amplia legitimación indicada por la Sala Constitucional para las personas en la tutela de fondos públicos según la sentencia 998-1998, hacen una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico violentando los principios: pro actione, pro sentencia y pro homine, así como vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues lo procedente era declarar la legitimación de los actores, analizar esa pretensión por el fondo y declararla con lugar. Cita lo considerado por el Tribunal respecto de los intereses difusos cuando cita jurisprudencia de esta Cámara. XX.- Decimoprimer motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 6 y el fundamento del Tribunal para su desestimación. Considera, esta pretensión va de la mano con las números 4 y 5 en su doble naturaleza, pues va en la tutela de fondos públicos al pretender la ejecución de las garantías de construcción, pero también es ambiental por referirse al daño al acuífero que no se indemnizó, y pese a encontrarse en la defensa de intereses difusos, los jueces, desconociendo la amplia legitimación indicada por la Sala Constitucional para las personas en la tutela de fondos públicos según la sentencia 998-1998, hacen una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico violentando los principios: pro actione, pro sentencia y pro homine, así como vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues lo procedente era declarar la legitimación de los actores, analizar esa pretensión por el fondo y declararla con lugar por haberse demostrado en la audiencia oral y pública. XXI.- Decimosegundo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 7 y el fundamento del Tribunal para su desestimación. Considera, esta pretensión va de la mano con las número 4, 5 y 7 (sic) en su doble naturaleza, pues va en la tutela de fondos públicos al pretender la ejecución de las garantías de construcción y ejecución del monto de 35 millones de dólares pagados en dinero líquido al concesionario por concepto del Convenio Complementario Primero, pero especialmente la garantía ambiental que nunca se ajustó para este Convenio tal y como se demostró en la audiencia, y pese a encontrarse en la defensa de intereses difusos, los jueces, desconociendo la amplia legitimación indicada por la Sala Constitucional para las personas en la tutela de fondos públicos según la sentencia 998-1998, hacen una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico violentando los principios: pro actione, pro sentencia y pro homine, así como vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues lo procedente era declarar la legitimación de los actores, analizar esa pretensión por el fondo y declararla con lugar por haberse demostrado en la audiencia oral y pública. Cita lo considerado por el Tribunal respecto de los intereses difusos cuando cita jurisprudencia de esta Cámara. XXII.- Decimotercer motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 10 y el fundamento del Tribunal para su desestimación. Al respecto, advierte un error grave porque, en conclusiones, los accionantes manifestaron que actúan en la tutela de fondos públicos, relacionados con las medidas de seguridad en carretera y así se comprobó con las declaraciones de los señores Andrés Henao y Roy Barrantes, sobre el incumplimiento de medidas de seguridad, la insuficiencia de la puesta en servicio provisional y su verificación netamente visual, la conformación de taludes a mediados de 2010, momento para el cual la carretera no cumplía con el requisito de seguridad impuesto por el ordenamiento jurídico y autorizar el cobro de peajes, ambos aspectos, referidos a la tutela de fondos públicos, pues la obra no podía empezar a cobrarse y pagarse si no estaba terminada en aspectos que, al menos, garantizaran la seguridad de los usuarios. Asimismo, la declaración de Edwin Corrales, quien narró que en los primeros años de operación hubo 2 o 3 muertes por derrumbes. Asimismo, se denota la finalidad de tutela de fondos públicos porque se está solicitando obligar al concesionario a restituir los montos percibidos desde la puesta en servicio provisional de comprobarse que la carretera no estaba lista para ello en enero de 2010, lo que así se comprobó con las testimoniales de las referidas personas, así como del señor Claudio Pacheco. De tal forma, la sentencia desconoce la legitimación de los usuarios a acceder a la justicia en materia de tutela de fondos públicos y hacienda pública conforme la jurisprudencia citada en el recurso. XXIII.- Decimocuarto motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 11, a cuyo respecto, señala, el Tribunal nuevamente varió su texto al sustituir la palabra resolución por rescisión, y a partir de lo cual, hizo todo un alegato, donde, considera quien recurre, hubo mala fe; sin embargo, el Tribunal omitió variar el artículo con base en el cual se fundó la pretensión, sea el 59 de la Ley General de Concesiones de Obras Públicas con Servicios Públicos, precepto reiterado varias veces a lo largo de la demanda. Incluso, justo antes del fundamento de Derecho se pronunció en el apartado titulado «INCUMPLIMIENTO EN ASPECTOS DE SEGURIDAD». Añade, lo grave de la sentencia es que esas insuficiencias quedaron acreditadas con las declaraciones testimoniales de Julio Esteban Carrasco y Claudio Pacheco. Luego, reitera que todos estos aspectos de seguridad faltante en carretera se refieren a la tutela de fondos públicos por encontrarse ante una contratación administrativa de obra pública de muchos millones de dólares, cuya entrega debió garantizarse conforme las especificaciones técnicas y reglamentarias solicitadas en el cartel y el contrato. Por ende, de los principios pro homine, pro sentencia y pro actione los usuarios pueden reclamar en vía judicial el incumplimiento de esos parámetros de seguridad, donde el Estado ha tenido una participación laxa y complaciente con el concesionario, pues son los usuarios quienes pagan parte de esa obra y quienes se ven afectados en su vida, salud e integridad física ante la carencia de las medidas de seguridad señaladas en el cartel. Por ello, la sentencia posee un vicio grave en tanto desconoce la legitimación de los usuarios a acceder a la tutela en materia de fondos públicos y hacienda pública conforme la jurisprudencia citada en este recurso. XXIV.- Decimoquinto motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 12 y su fundamento para desestimarla. A su respecto, expone, esa petición se relaciona con la tutela de fondos públicos, por cuanto, pretende el cobro al concesionario de una multa de cincuenta mil dólares diarios por el atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, los jueces han realizado una interpretación restrictiva cuando la Sala Constitucional ha indicado en su sentencia 998-1998 una amplia legitimación para las personas en la tutela de esta materia, lo que violenta los principios pro actione, pro sentencia y pro homine, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A lo anterior, añade, las declaraciones testimoniales de los señores Esteban Carrasco y Enrique Soler dieron cuenta sobre la puesta en servicio de la carretera hasta el año 2015, o sea, 5 años después de su puesta en servicio provisional. XXV.- Decimosexto motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 13 y su fundamento para desestimarla. A su respecto, expone, esa petición se relaciona con las números 4, 5 y 7 sobre su doble naturaleza: en la tutela del ambiente y de fondos públicos ante la inutilización de las pólizas para reparar daños ambientales a las áreas de protección de ríos y quebradas, comprobados por prueba testimonial y documental, y la inutilización de pólizas de accidentes de tránsito según los informes presentados para los años 2010 y 2011. Así, pese a encontrarse en la defensa de intereses difusos y colectivos producto de los derrumbes de las radiales y las sumas que tuvo que asumir el CONAVI y el MOPT y ser obligación de Autopistas del Sol, los jueces desconociendo la amplia legitimación reconocida por la Sala Constitucional según su sentencia 998-1998 optan por una interpretación restrictiva contra los accionantes violentando los principios pro actione, pro homine y pro sentencia, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reitera, sobre los intereses difusos y la legitimación de las personas, recuerda, el propio Tribunal hizo un desarrollo citando jurisprudencia de esta Sala. XXVI.- Decimoséptimo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 14 y su fundamento para desestimarla. A su respecto, cuestiona el criterio del Tribunal sobre el acaecimiento de la cosa juzgada constitucional. Al respecto, cita el artículo 163 de la ley 7130, vigente a la interposición de la demanda, así como el voto 958-2009 de esta Sala, ello, sobre la cosa juzgada material y la concurrencia e identidad de sus elementos de: sujetos, objeto y causa. Estima concurrente el primer elemento, sin embargo, cuestiona, a la Sala Constitucional nunca se le pidió valorar la pérdida de productividad y los inconvenientes por la falta de construcción del paso a desnivel de la ruta 707. Además, la causa tampoco sería la misma, pues la pretensión de don Mario Valverde se relaciona con un tema de legalidad ordinaria, lo que el Tribunal Constitucional dejó abierto en su voto 2010-007600. Asimismo, asegura, la razón de desistir la pretensión número 15 no fue la indicada por el Tribunal Contencioso, relativa a la existencia del fallo constitucional, sino, porque ello implicaba integrar a la litis al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo que hubiese implicado retrotraer el proceso dilatándose aun más. Asimismo, en cuanto a la transcripción realizada por el Tribunal de la sentencia constitucional, interpreta el recurrente, lo que dice esa Sala es que, no se vulneran derechos con la ruta 707 en tanto la desconexión sea temporal durante la construcción de la ruta 27, aspecto clave porque esa reconexión nunca ocurrió. Asimismo, interpreta que cuando la Sala remite a la vía de legalidad el tema de la afectación por la ruta 27 se refiere a la vía contenciosa-administrativa, y si bien, la Administración aprobó en el mes de julio de 2008 la construcción de un paso a desnivel en el punto PK 44+200, no consta que este se hubiese construido, lo cual, tampoco se acreditó, y por ende, menos pudieron valorar si las afectaciones de don Mario Valverde fueran solventadas. Por ello, el A Quo vulneró los artículos 82 y 110 del CPCA sobre la averiguación de la verdad real de los hechos, pues lo procedente era tenerlo por indemostrado. Cita el voto 994-F- SI-2016 así como el considerando III de la sentencia 415-2013, y el considerando II de la sentencia 149-2017, todas de esta Sala, las cuales constituyen jurisprudencia reiterada. A continuación, califica de irresponsable la falta de acreditación de daño al respecto que deba ser reparado, y que, en caso de incumplimiento la parte podría recurrir a la Sala por vía de desobediencia a la autoridad, por cuanto, al final no les importa si el paso a desnivel se construyó o no, o si el aumento de distancias afectó a don Mario Valverde, sino, desconociendo los principios pro sentencia, pro homine y pro actione, simplemente indicaron que si no se resolvió el asunto se acuda nuevamente a la Sala Constitucional a interponer una gestión por desobediencia, lo que incumple los preceptos 41 y 49 constitucionales, 82 y 110 del CPCA y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, cuestiona el resumen de alegatos de don Mario Jiménez Alvarado, porque su representación nunca dijo que la marginal 4 no exista, sino, que la marginal construida nunca ha alcanzado el nivel de esa propiedad, por lo que el señor Alvarado se quedó con una gran cantidad de terreno que no puede usar, no obstante, sí debe afrontar obligaciones tributarias y municipales, a pesar de estar inutilizada. A su respecto, realiza una transcripción de sus alegatos de fondo, así como lo argumentado por la PGR, la CGR, Autopistas del Sol y el CNC. Luego, transcribe el decimoquinto hecho probado, y lo considerado por el Tribunal Contencioso de quien, alega, puso a la Sala a decir algo que no dijo, pues ni afirmó que las propiedades no estaban aisladas, sino todo lo contrario, como tampoco indicó que se construirían terrazas para habilitar el acceso a la finca. Asimismo, señala, la representante de la Procuraduría logró confundir al Tribunal al amalgamar el caso de otro demandante con el de don Mario Jiménez Alvarado, pues este, en su desesperación de no tener acceso a sus propiedades y no obstante lo dictado en la sentencia constitucional, desde el año 2011 ha debido recurrir al cobro de los daños y perjuicios de esa sentencia constitucional, y a la fecha de la demanda aun sigue sin resolverse el asunto. Además, el testigo Julio Carrasco no supo definir porqué parte de los terrenos pasa la vía llamada Chepe Mora y si está o no habilitada, y luego reconoció que la marginal 4 supuestamente habilitada estaba unos metros más debajo de esas propiedades y nunca consideró el desnivel existente. Además, que el representante de la Contraloría afirmó que la marginal 4 es la calle de acceso a las propiedades del señor Jiménez y que hay vallas publicitarias en algunos terrenos, pero no lo comprobó, con fundamento en lo cual, el Tribunal resolvió sin considerar que la marginal 4 no es la misma que se consignó como calle pública en las certificaciones del Registro Público. Asimismo, la representante del CNC reconoció que la marginal 4 no es vía pública desconociendo lo dispuesto por la Ley General de Caminos Públicos y que el CONAVI la intervino para restablecer el supuesto acceso a las propiedades de don Mario Jiménez, sin embargo, la Sala reconoció la falta de acceso a sus terrenos y ordenó pagar los daños y perjuicios, aun sin resolver, aspecto de la falta de acceso no reconocido por el Tribunal, como tampoco reconoció que el contrato de concesión le ordena a dicha concesionaria reparar los daños causados. Luego, sobre la consideración del A Quo respecto de la falta de acreditación de los daños causados, reclama la vulneración del considerando V de la sentencia 994-F-SI-2016 relacionado con el considerando III de la sentencia 415-2013 y considerando II del voto 149-2017, todas de esta Sala, relacionadas con la obligatoriedad para los jueces de tutelar el principio de verdad real en los procesos contenciosos administrativos. XXVII.- Decimoctavo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere a la pretensión número 15 y su fundamento para desestimarla. A su respecto, cuestiona nuevamente la modificación de la palabra resolución por rescisión, y estima esta pretensión relacionada con las número 4, 5, 7 y 13 sobre su doble naturaleza de tutela de fondos públicos y del ambiente, pues los derrumbes de la radial de Atenas fueron asumidos por el Conavi con la contratación de una empresa, cuando eso era obligación de Autopistas del Sol, y aquí tampoco se utilizaron las pólizas para reparar los daños, tanto de la radial como los potenciales daños ambientales a las áreas de protección de ríos y quebradas con las escorrentías de esos derrumbes, constatados por la testimonial de Montserrat Solano durante su declaración así como con el informe de Auditoría y Seguimiento Ambiental mostrado a Sandra Arredondo. Así, pese a encontrarse frente a intereses difusos o colectivos y ser una obligación de Autopistas del Sol según lo establecido por la Sala Constitucional, los jueces desconocen la amplia legitimación de los recurrentes en esta materia según la sentencia 998-1998 de aquella Sala y optan por una interpretación restrictiva con vulneración de los principios: pro homine, pro actione y pro sentencia, así como del numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reitera, en relación con los intereses difusos el A Quo hizo una consideración haciendo acopio de la jurisprudencia de esta Sala. XXVIII.- Decimonoveno motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis conjunto del A Quo sobre las pretensiones: 13 parte final, 16 y 17 y su fundamento para desestimarlas. A su respecto, cuestiona nuevamente la modificación del Tribunal sobre las palabras resolución por rescisión en las pretensiones 16 y 17. Alega la preterición del testimonio de Montserrat Solano sobre la afectación de los ríos y quebradas y lo acontecido cuando a vista y paciencia de la gerente del proyecto, señora Ada Muñoz, una vagoneta tiraba material a un río, lo que ratificó al ver unas fotografías que le fueron presentadas durante su testimonio. Asimismo, alega preterido el informe del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la Setena, mostrado a la testigo Sandra Arredondo sobre daños ambientales, y de la resolución N9 1153-09-TAA indicado en el hecho 71 de la demanda, sumado a lo declarado por la señora Solano sobre no haberse reinyectado el agua derramada al Río Segundo para reconducirla al mismo acuífero o valorar con el AyA la posibilidad de abastecer a la población de la zona. A continuación, cita el considerando IV de la sentencia 805-F-SI-2010 de esta Sala sobre los intereses difusos, y manifiesta su inconformidad con que el Tribunal haya calificado los daños ambientales como supuestos, dada la preterición de la prueba señalada. Luego, en cuanto a la cita del A Quo de la sentencia 10-001203-0007-CO de la Sala Constitucional, con fundamento en la cual dispone la cosa juzgada, el recurrente recuerda los elementos señalados en el artículo 163 del Código Procesal Civil, Ley 7130, vigente al momento de interponerse la demanda, así como lo considerado en la sentencia 958-2009 de esta Sala, reiterado en el 470-1999, 933-2006 y 710-2008. Así, menciona que ninguno de los actores fue parte en el recurso de amparo, y si bien el objeto es el mismo acuífero, en la especie se demanda la aplicación de las recomendaciones dadas por el Tribunal Ambiental Administrativo, aspecto de legalidad no valorado por la Sala Constitucional, por lo que no se dan los 3 elementos configurativos de la cosa juzgada material. Cita la sentencia 2010-10750 de la Sala Constitucional, del cual se deduce claramente la inexistencia de identidad de partes. Así, en el hecho 70 se expuso la existencia del expediente N9 215-09-02-TAA y la resolución N9 1153-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, y en el hecho 71 las 24 áreas afectadas. Luego, refuta la cosa juzgada constitucional por la inexistencia de identidad de partes, objeto y causa con la sentencia 2010-10750 de esa Sala. Asimismo, que el A Quo prefirió preterir la resolución N9 1153-09-TAA así como la declaración de Montserrat Solano. Acusa la conculcación del artículo 43.1 del CPC porque la señora Solano detalló los daños ambientales ocasionados por la empresa a cargo de construir la ruta 27, así como reitera el contenido de la resolución N9 1153-09-TAA y que las fotografías aportadas fueron ratificadas por la señora Solano. Reitera la inobservancia de los votos 994-F-SI-2016 y 415-2013 en su considerando III, de esta Sala. Luego, en cuanto a la consideración del Tribunal sobre que, la indemnización por tener cerradas las calles escapa de los intereses difusos y declarar la falta de legitimación activa con fundamento en el artículo 19 de la Ley 7762, recuerda que en las conclusiones de Apreflofas y Mario Valverde se fundamentó su legitimación como usuarios de la carretera y en la tutela de fondos públicos por tratarse de una obra pública donde los usuarios pagan los peajes para financiar la existencia y mantenimiento de esa obra, y justamente, por ello la Sala Constitucional ha contemplado los intereses difusos en la tutela de fondos públicos según su sentencia 998-1998. Asimismo, reitera, el A Quo se pronunció sobre los intereses difusos haciendo acopio de la jurisprudencia de esta Sala. A continuación, en cuanto a lo considerado por el Tribunal sobre las pretensiones 16 y 17, reitera sus consideraciones con respecto a la cosa juzgada constitucional y la falta de coincidencia en sus elementos en relación con la sentencia de amparo referida por el Tribunal Contencioso, de quien reprocha nuevamente la modificación de la palabra resolución por rescisión contractual, y asimismo, que durante las conclusiones de Apreflofas y Mario Valverde, su representación justificó su legitimación en la tutela de los fondos públicos por encontrarse ante una obra pública financiada con los peajes pagados por los usuarios, lo cual se ampara en la sentencia 998-1998 de la Sala Constitucional, y recuerda que el propio Tribunal abordó el tema citando jurisprudencia de esta Sala. Recuerda su legitimación desde dos vertientes, pues la cláusula contractual que estima irrespetada se refiera a temas ambientales, aspecto considerado de amplia legitimación tratándose de intereses difusos y colectivos, tutelados en los cánones 46 y 50 constitucionales. Luego, en cuanto a lo considerado por el Tribunal sobre la obligación del concesionario de conocer y mitigar los impactos ambientales y la reclamación de indemnizar por no construir corredores biológicos y la falta de siembra de árboles, estima preteridos el Plan de Gestión Ambiental y la declaración de Montserrat Solano, que comprueban el incumplimiento del citado plan. Luego, con respecto a lo considerado sobre la falta de acreditación concreta de la existencia de los otros extremos solicitados en un nexo de causalidad y la legitimación de los accionantes para iniciar un proceso administrativo sancionador, alega el desconocimiento del A Quo de la legitimación ciudadana para reclamar un tema ambiental, por considerar que siendo dentro de un contrato de concesión solamente podía ser por la vía administrativa, con lo que desconoce la jurisprudencia constitucional y de esta Sala que otorga una amplia legitimación ambiental. Para ello, refiere que la propia Sala Constitucional ha anulado concesiones mineras por temas ambientales y cita su voto 2004-13414 que anuló por inconstitucional una concesión de explotación minera. Asimismo, cita el considerando VIII del voto 90-F-SI-2011 de esta Sala, y el voto 3705-93 de la Sala Constitucional. XXIX.- Trigésimo primer motivo. Se hace constar que, a partir de este planteamiento casacional cambia la numeración citada en el recurso. Por ende, para mantener un orden en su abordaje se mantendrá según lo expuesto por el propio casacionista. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 18 y su fundamento para desestimarla. Reprocha del Tribunal la modificación de la palabra resolución por rescisión contractual, la cual fundamentaron en el artículo 59 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. Reitera, durante las conclusiones del proceso se fundamentaron en la tutela de fondos públicos por encontrarse ante una obra pública financiada con los peajes pagados por los usuarios, y donde la Administración utilizó fondos públicos para la construcción de obras adicionales según el convenio complementario primero. Por ello, al encontrarse en esa tutela la sentencia 998-1998 de la Sala Constitucional reconoce un amplio margen de legitimación, en lo cual se sustentan los recurrentes. Reitera, el A Quo realizó consideraciones respecto de los intereses difusos haciendo acopio de la jurisprudencia de esta Sala. A su respecto, cuestiona nuevamente la modificación del Tribunal sobre las palabras resolución por rescisión en las pretensiones 16 y 17. Alega la preterición del testimonio de Montserrat Solano sobre la afectación de los ríos y quebradas y lo aconte. XXX.- Trigésimo segundo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 19 y su fundamento para desestimarla. Al respecto, reitera que esta pretensión también va en defensa de fondos públicos pues se pretende el cobro al concesionario de las sumas dejadas de reportar por encontrarse los sistemas de conteo automatizado mal ubicados y sin funcionar. Por ello, se fundamenta en la sentencia 998-1998 de la Sala Constitucional. XXXI.- Trigésimo tercer motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 20 y su fundamento para desestimarla. Al respecto, reprocha nuevamente la modificación de la palabra resolución por la de rescisión contractual. Cuestiona que el Tribunal considere un «Supuesto incumplimiento contractual», cuando, el testimonio del señor Julio Esteban Carrasco acreditó que la sección de la carretera está construida en asfalto y no concreto hidráulico según el cartel y el contrato, con otras consideraciones sobre la rigurosidad superficial proyectado y que la resistencia al deslizamiento de los vehículos al frenar es mejor en concreto hidráulico que en asfalto, y las circunstancias en que se dan las labores de recarpeteo por baches, incumplimiento ratificado con el testimonio del señor Roy Barrantes de Lanamme. Por ello, calificar un supuesto incumplimiento contractual vicia la sentencia, pues implica la preterición de 3 testimonios. Asimismo, sobre lo considerado por el tribunal de la legitimación activa de los actores, reitera que esta pretensión también va en defensa de fondos públicos por la construcción de la sección de la carretera en asfalto y no en concreto hidráulico, según lo previsto en el contrato conforme la testimonial rendida y los aspectos faltantes de seguridad en la carretera. Así, se trata de intereses difusos expuestos en las conclusiones del juicio, cuya denegatoria vulnera los principios pro sentencia, pro homine y pro actione, cuya legitimación es reconocida por la sentencia 998-1998 de la Sala Constitucional. Además, recuerda, el Tribunal hizo fundamentos propios sobre los intereses difusos utilizando jurisprudencia de esta Sala. XXXII.- Trigésimo cuarto motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 1 y su fundamento para desestimarla. Al respecto, aduce que el Tribunal conocía que los actos administrativos se impugnaban en tutela de fondos públicos, porque así fue explicado por los testigos durante la audiencia oral y pública. Para ello, cita las declaraciones testimoniales del señor Stefan Brunner, Amelia Jiménez Rueda, Enrique Soler y Julio Carrasco, la extensión del plazo de concesión de 25 años a 25 años con 6 meses, lo que implica regalar 6 meses de cobros de tarifas al concesionario, así como el irrespeto al artículo 57 de la LGC, tutela de fondos públicos que fue expuesta en las conclusiones de Apreflofas y Mario Valverde por encontrarse ante una obra pública financiada con los peajes pagados por los usuarios de la ruta 27 y el uso de fondos públicos para obras adicionales según el convenio complementario número uno. Colige, la pretensión 1 va en defensa de fondos públicos por pretenderse la anulación de actos que incrementaron los plazos y montos a favor del concesionario a lo originalmente contemplado en el contrato. En ese sentido, por encontrarse ante fondos públicos la Sala Constitucional los ha relacionado con intereses difusos en la sentencia 998-1998. Asimismo, reitera, el A Quo hizo consideraciones sobre los intereses difusos con fundamento en jurisprudencia de esta Sala. XXXIII.- Trigésimo quinto motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 8 y su fundamento para desestimarla. Al respecto, reitera que durante las conclusiones se fundamentó la legitimación para actuar en el proceso con base en la tutela de fondos públicos por encontrarse ante una obra pública financiada con los peajes pagados por los usuarios de la ruta 27 y el uso de fondos públicos para obras adicionales según el convenio complementario número uno. Añade, se comprobó la inexistencia de pasos peatonales y bahías faltantes en la sección primera conforme el cartel, ausencia que demuestra la vulneración de los fondos públicos, pues, conforme la ley eran obras esenciales que habían sido reconocidas dentro del valor de la obra y cuya ausencia pone en riesgo la vida de los usuarios de la carretera. A pesar de ello, lamenta, el Tribunal omitió lo anterior y las declaraciones testimoniales que los comprueban e hizo caso omiso de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala sobre la tutela de fondos públicos y denegó la legitimación de los usuarios de la vía. Cita las declaraciones de los testigos: Julio Esteban Carrasco y Claudio Pacheco que comprueban lo dicho en la demanda sobre la inexistencia de pasos peatonales y en la sección uno del proyecto y solo 6 puentes peatonales de 11 contemplados en el cartel y el contrato, lo que demuestra el incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Concesiones y de la ley 7600. XXXIV.- Trigésimo sexto motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 9 y su fundamento para desestimarla. Al respecto, señala que la prueba testimonial le permitió a los jueces apreciar los graves incumplimientos contractuales, por cuanto, el testigo Enrique Soler no supo explicar por qué no se construyó la Rotonda de Piedades, y de la declaración de Claudio Pacheco se extrae que no existen las bahías en la sección segunda del proyecto, como tampoco aceras en el intercambio entre Siquiares y Turrúcares. Reitera, durante las conclusiones se fundamentó la legitimación para actuar en el proceso con base en la tutela de fondos públicos por encontrarse ante una obra pública financiada con los peajes pagados por los usuarios de la ruta 27 y el uso de fondos públicos para obras adicionales según el convenio complementario número uno, y la amplia legitimación reconocida por la Sala Constitucional en su sentencia 998-1998. Luego, recuerda que el A Quo hizo consideraciones sobre los intereses difusos utilizando jurisprudencia de esta Sala. XXXV.- Trigésimo sexto motivo. Se hace constar que este motivo está así numerado. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, se refiere al análisis de la pretensión número 21 y su fundamento para desestimarla. Al respecto, señala, esta pretensión se encamina a la nulidad de los actos iniciales de todo el contrato, lo que tiene una doble naturaleza, de tutela de fondos públicos pues son actos abusivos contra los usuarios y el Estado, y es ambiental, porque se han dado muchas irregularidades ambientales a partir de esos actos contractuales, no obstante, los jueces han desconocido la amplia legitimación reconocida por la Sala Constitucional en su voto 998-1998 y realizaron una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico contrariando los principios: pro homine, pro sentencia y pro actione, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ende, lo procedente era declarar la legitimación de los actores respecto de esta pretensión y así analizarla por el fondo y declararla con lugar conforme lo probado en la audiencia oral y pública. Seguidamente, en cuando a la caducidad considerada por el Tribunal, quien recurre estima aplicable el artículo 21 inciso 2) de la LRJCA. Así, expone, mientras el Decreto de Interés Público no se derogue seguirá surtiendo efectos, lo mismo que el cartel de concesión, el contrato de concesión y sus adendum 1, 2, 3 y 5, así como los convenios complementarios, en tanto, al ser una concesión en ejecución, son totalmente impugnables según este artículo. De igual manera, acorde el artículo 38 de la LRJCA, en ninguno de los expedientes administrativos aportados consta que el cartel de licitación, la adjudicación del contrato fuera publicado conforme el artículo 35 de la Ley General de Concesiones en relación con el 245 y 247 de la LGAP, esos actos no son eficaces, no son oponibles a terceros y tampoco ha operado la caducidad o prescripción al ser una notificación nula; como tampoco fueron publicados los adendum ni sus balances conforme lo preceptúan los numerales 25.2 y 35 de la LGC en relación con el 140 de la LGAP, por ende, el plazo prescriptivo y de caducidad según el 247 de la LGAP empezó a correr con la presentación de la demanda. Asimismo, ni el contrato, ni los adendum, ni el convenio complementario tienen autenticadas las firmas por un notario irrespetando así el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en relación con el 34 de la Ley General de Notariado, por lo que los juzgadores rehusaron su labor de contralores de legalidad. XXXVI.- Trigésimo séptimo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, cita la sentencia 800-F-2005 de esta Sala y acusa la incongruencia del fallo por cambiarse la palabra resolución por rescisión en las pretensiones 2, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 20. Así, reprocha una resolución extra petita, porque se resolvió sobre un tema no solicitado por ninguno de los actores. Sumado a ello, la resolución contractual fue solicitada conforme el artículo 59 de la LGC donde se indican los presupuestos para proceder de esa forma respecto del contrato de concesión de obra pública con servicio público. Reitera las faltas a la seguridad vial en la construcción de la ruta 27 y la vulneración con ello del artículo 18 de la LGC: paso seguro de peatones y cantidad de puentes peatonales, cantidad bahías para autobuses y sus dimensiones, espaldones y sus dimensiones, todo lo cual fue confirmado con las declaraciones de los testigos Julio Esteban Carrasco, Claudio Pacheco y Enrique Soler. Así, al modificar las palabras los jueces lograron no verse obligados a resolver esos graves incumplimientos como motivos para resolver el contrato según sus funciones como contralores de legalidad. XXXVII.- Análisis conjunto de los planteamientos recursivos citados en los numerales, del XVI al XXXVII. Inicialmente, en cuanto a la alegada vulneración de los derechos de quien recurre por haberse modificado la palabra resolución por recisión, ambas contractuales, tema transversal en los distintos motivos recursivos, la Sala considera que esto no afecta lo resuelto ni le ocasiona agravio a los accionantes. Ello, por cuanto, la sentencia fue declarada sin lugar por falta de legitimación activa, a cuyo respecto, el Tribunal fue claro en indicar las diferencias entre la resolución y la rescisión contractual. Sin embargo, para esta Sala lo verdaderamente importante, y que establece la improcedencia de este reproche, es que, según expuso el A Quo, para ambos casos la legitimación la tiene la Administración concedente, sin que se hubiera hecho más análisis al respecto sobre la procedencia de la resolución o rescisión, por cuanto, por la forma en que fue resuelto el asunto, ello resultaba innecesario. Seguidamente, en cuanto al reproche esencial indicado en los reclamos casacionales aquí abordados, la Sala observa su improcedencia, en tanto, se reitera, si bien en conclusiones -acorde con lo indicado expresamente por la representación casacionista- pudo hacer una referencia genérica a los intereses difusos, la estructura de su demanda, su causa de pedir, fundamento de derecho y pretensiones son consecuentes con el precepto invocado como justificante de su legitimación, sea el artículo 19 de la LGC, el cual únicamente le permite acudir a la vía administrativa en defensa de sus derechos, lo cual, reitera esta Sala, como ley ordinaria desarrolla el artículo 46 constitucional en su párrafo final, 49 párrafo final y 50, relativos a que, es la ley la encargada de desarrollar lo relativo a la protección de los derechos de los consumidores, los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, así como las responsabilidades y sanciones por afectaciones al ambiente. Así, se considera, además, si en el marco de una concesión de obra pública se estima insuficiente o restrictiva la redacción del artículo 19 ibid, quien se estime afectado puede impugnar este precepto ante la autoridad y por la vía correspondiente. Seguidamente y también como elemento transversal, el recurrente funda su legitimación en el voto 998-1998 de la Sala Constitucional. Sin embargo, este se refiere a un tema distinto al presente, donde se analizó el acceso a la sede constitucional de un catedrático universitario quien alegaba un interés difuso de tutela de fondos públicos pero en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra preceptos de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; mientras, según lo considerado anteriormente, en la especie la Sala considera que, el artículo 19 de la LGC como fundamento de los demandantes para justificar su legitimación, tiene sus alcances delimitados a posibilitar la defensa de los usuarios de las obras señaladas en esa ley por la vía administrativa, lo que es per se un desarrollo normativo de ese derecho reconocido a nivel constitucional. En cuanto a los reclamos adicionales expuestos en el decimoséptimo motivo, referidos a la decimocuarta pretensión y sus fundamentos para rechazarla, la Sala establece que el Tribunal sí entró a conocer los alegatos de la demanda sobre la falta de productividad de los bienes, pérdida de valor y daño moral, solicitados al amparo del canon 1045 del Código Civil, para lo cual, en síntesis, consideró la acusación como sumamente general y vaga, al no aportarse prueba sobre esos daños reclamados. Seguidamente, el reclamo sobre la razón de desistir la pretensión número 15 no acusa un agravio concreto más allá de la inconformidad señalada con lo expuesto por el A Quo. En cuanto a la inconformidad con la interpretación del Tribunal sobre la sentencia constitucional 2010-007600, para esta Cámara la Sala constitucional estimó que no se conculcaron los derechos de los amparistas en ese asunto por el carácter temporal de las medidas referidas a la desconexión de la ruta 707 mientras se construía la ruta 27, así como la entonces planificada construcción de un paso a desnivel en el punto PK 44+200. En ese sentido, en criterio de esta Sala cualquier incumplimiento en esos aspectos corresponde ser conocido por el Tribunal Constitucional, por cuanto, en su momento condicionaron la resolución del recurso de amparo, y sin que la observancia de esos aspectos temporales fuera claramente remitido a la vía ordinaria. Al respecto, el Tribunal Contencioso estableció que, la Sala Constitucional resolvió, luego de considerar posible que la Administración realizara temporalmente cambios en las rutas en procura de la realización de la carretera San José-Caldera como proyecto de interés público, y descartar la lesión de derechos fundamentales, entre otros, por el carácter temporal del proyecto y la aprobación en julio de 2008 del paso a desnivel en el punto PK 44+200, lo siguiente: «… A lo anterior hay que agregar, que si los recurrentes consideran que con la realización de las obras se les causó un perjuicio por el aumento de la distancia que deben recorrer para acceder al inmueble de su propiedad, o de ese lugar para desplazarse a otras localidades, esa es una situación de legalidad que debe resolverse en esa vía.». De tal manera, no consta, en la forma expuesta por el recurrente, que el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional fuese remitido a la vía ordinaria. Asimismo, como será transcrito inmediatamente, la Sala constata que, aunque el impugnante alega una afectación por las incomodidades y aumentos de distancias de los vecinos, la pretensión 14 se relaciona directamente con el acceso a la propiedad del demandante y desglosa los daños y perjuicios causados en: la falta de productividad, pérdida de valor y daño moral. En ese sentido, se solicitó: «14. De igual manera, de conformidad con el numeral 42 incisos C y D del CPCA, el punto 1.9.7.3 del cartel, así como con el numeral 1045 del Código Civil, respetuosamente solicitamos se ordene al Concesionario, el CNC y al Estado al reconectar las vías, tales como la ruta 707 y la marginal 4 de Guachipelín de Escazú (…) y se ordene al Concesionario al pago por los daños y perjuicios causados especialmente a los demandantes Mario Valverde y Mario Jiménez. Respecto de los daños, a Mario Valverde y Mario Jiménez, dado que acá estamos ante daños por falta de productividad de sus bienes, pérdida de valor, e incluso daño moral, podríamos estimar el valor de los daños en un monto de entre veinte y cuarenta millones de colones a cada uno…». De lo anterior, la Sala no constata ese reclamo directo por el alegado aumento de distancias u otras incomodidades. En relación con lo antes referido sobre la inconformidad con lo resuelto respecto de don Mario Jiménez Alvarado, esta Cámara establece que la alegada falta de productividad de los bienes con motivo de la marginal 4 se origina, según lo pedido en la demanda, por la falta de conexión de las vías. En ese sentido, el Tribunal consideró que ese asunto específico fue resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia 2011-10702, donde se declaró con lugar el recurso y se ordenó al Presidente y Secretario del CNC facilitar al amparado el acceso a sus propiedades. Por ende, ese aspecto principal, puntualmente reclamado en la vía contenciosa administrativa, concerniente al acceso de los inmuebles con motivo de la marginal 4, es un aspecto ya resuelto en sede constitucional, cuya inobservancia correspondería al afectado hacerla de conocimiento de la Sala Constitucional. De esa forma, si la solución adoptada a partir de esa sentencia no cumple con lo ordenado por la vía de amparo, corresponde deducirlo en aquella sede, o en lo penal por desobediencia a la autoridad. Al respecto, esta Cámara discrepa de lo considerado por el recurrente, referido a que el A Quo adoptó una postura desidiosa al remitir a los amparados a aquella Sala. Por el contrario, se trata de deducir las pretensiones por las vías legalmente establecidas para ello, y la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece la forma de hacer efectivas las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional. De esa cuenta, es infructuoso el argumento que alega la conculcación del Tribunal del principio de averiguación de la verdad real en los procesos contenciosos administrativos. Además, se estima pertinente acotar, aunque en los distintos motivos casacionales se cita como fundamento el artículo 137 inciso d) del CPCA, los alegatos recursivos omiten justificar cómo pudo el Tribunal Contencioso incurrir en esa causal de casación de orden procesal. A continuación, lo alegado en el decimonoveno motivo del recurso resulta infructuoso, en tanto el Tribunal fue claro en las razones para desestimar los daños por no cumplirse los requisitos de identificarlos según los requisitos del numeral 196 de la LGAP en el sentido de ser efectivos, evaluables e individualizables en relación a una persona o grupo, siendo necesario que el casacionista refutara lo anterior indicando cómo esos presupuestos sí fueron cumplidos en relación con las pruebas que alega preteridas, sean la declaración de la señora Montserrat Solano, el informe presentado a la señora Sandra Arredondo o la resolución N9 1153-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo. De igual manera, se reitera, el impugnante omite cuestionar los fundamentos propios del A Quo para restarle credibilidad a la testimonial de Montserrat Solano, de donde se descarta además que dicha prueba se hubiese preterido. Tampoco se comparte que en la especie se demande la aplicación de las recomendaciones dadas por el Tribunal Ambiental Administrativo, por cuanto, las pretensiones: 13 parte final, 16 y 17, resueltas conjuntamente por el A Quo y refutadas en este motivo casacional, se sustentan directamente en puntos específicos del cartel de licitación: 1.9.7; 1.9.7.3; 2.6.11; 2.3.2.1.14, y 2.9.2 inciso E, sin que se haga referencia a las recomendaciones el Tribunal Ambiental Administrativo. XXXVIII.- Trigésimo octavo motivo. Con fundamento en el artículo 138 incisos a) y c) así como 137 inciso d), ambos del CPCA, acusa la falta de motivación en la sentencia sobre qué sería una causal eximente de costas según el artículo 193 del CPCA. Cita el artículo 136 de la LGAP por remisión del 220 del CPCA, de lo que colige, la sentencia impone una obligación, sea las costas del proceso a los actores, por lo que debió motivar las razones para imponerlas y no solamente limitarse a citar el numeral 193 ibid. Expone, durante la audiencia oral fundamentaron su legitimación en el derecho de los usuarios de la carretera y en la defensa de los intereses difusos ambientales y de tutela de fondos públicos y la hacienda pública, donde la legitimación es amplia según lo reconocido por la Sala Constitucional en su sentencia 998-1998, pues se está ante una obra pública pagada con los peajes de los usuarios y donde se usaron fondos públicos para la construcción de obras adicionales conforme el convenio complementario primero. Asimismo, reitera, el Tribunal Contencioso realizó fundamentos sobre los intereses difusos con base en la jurisprudencia de esta Sala. Así, concluye, echa de menos la motivación respecto de la condenatoria en costas, lo que estima grave, por cuanto, existe una amplia legitimación para demandar en tutela de fondos públicos o temas ambientales, siendo eso lo que ocurrió en el presente caso. Asimismo, conforme los testimonios rendidos durante la audiencia oral y pública se acreditaron los hechos relevantes para acoger la demanda. Finalmente, refuta la condenatoria impuesta, por cuanto, acorde con el numeral 193.2 de la ley ibid, en la especie, al tratarse de la defensa legítima del medio ambiente y fondos públicos, así como los intereses de los usuarios de la ruta 27, los accionantes han tenido motivo suficiente para litigar; por ende, no les resulta aplicable la condena al pago de las costas. XXXIX.- Análisis del planteamiento recursivo. En esencia, la Sala observa, allende su falta de legitimación, para lo cual el Tribunal Contencioso ha debido hacer un prolijo y abundante desarrollo, discutido incluso en esta sede, que quien recurre lleva la razón en cuanto a la causa legítima y bastante para acudir a la vía contenciosa administrativa para reclamar por la afectación a sus derechos con motivo de los actos administrativos impugnados. Así, sin perjuicio de su improcedencia por efecto de las excepciones acogidas, las reclamaciones por los daños directamente asociados a los actores Valverde López y Jiménez Alvarado, así como la invocación que hacen conjuntamente junto a la asociación coactora sobre su actuación en defensa de intereses difusos de fondos públicos y ambientales, en este caso, cuya base en la construcción de una obra declarada de interés público con los particulares señalamientos acusados, constituyen, en criterio de esta Cámara, una razón bastante y suficiente para litigar, por cuanto, la invocada legitimación al amparo del artículo 19 de la LGC, por la forma en que este se encuentra estructurado, y a la luz de la jurisprudencia constitucional citada, pudo representarles a los actores la certeza de una relación jurídica sustancial con el objeto reclamado en la demanda. De esa cuenta, se estima, la representación casacionista lleva razón en cuanto a eximirá la parte actora de las costas causadas con su demanda. XL.- Corolario de lo antes expuesto, en lo expresamente impugnado, ha de declararse parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto condenó en costas a las actoras. En su lugar, serán eximidas de este rubro, y en lo demás, el fallo impugnado en esta vía permanecerá incólume. POR TANTO Se rechaza la prueba nueva ofrecida. Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se casa la sentencia impugnada únicamente en cuanto condenó a los actores al pago de las costas. En su lugar, se les exime de este rubro. En lo demás, el fallo impugnado permanece incólume. JRODRIGUEZBAR Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Germán Jesús Serrano García Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- RG4XIBTTZDG61 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:40:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Normal Large Small First Chamber of the Court Resolution No. 00267 - 2024 Date of Resolution: March 21, 2024 at 3:57 p.m. Case File: 12-003415-1027-CA Drafted by: Carlos Guillermo Zamora Campos Analyzed by: FIRST CHAMBER Text of the resolution Exp. 12-003415-1027-CA Res. 000267-F-S1-2024 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours fifty-seven minutes on the twenty-first of March, two thousand twenty-four. In the ordinary proceeding brought by ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (hereinafter APREFLOFAS), through its President, Gino Antonio Biamonte Castro; MARIO VALVERDE LÓPEZ and MARIO JIMÉNEZ ALVARADO; against: the STATE, through its Procurador, Esteban Alvarado Quesada, and previously in the same capacity, Lic. Grettel María Rodríguez Fernández; the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (hereinafter CGR), through its Contralora, Lic. Marta Eugenia Acosta Zúñiga; the AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (hereinafter ARESEP), through its Judicial General Attorney-in-Fact, Lic. Carol Solano Duran, and Lic. Luis Daniel Chacón Solórzano, Lic. Giovanni Marchena Jara and Lic. Víctor Barquero Rojas; the CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (hereinafter CONAVI), through its Executive Director, Eng. Mauricio Batalla Otárola, and previously Eng. Cristian Vargas Calvo and Eng. José Luis Salas Quesada; the CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (hereinafter CNC), through its President, Eng. Rodolfo Méndez Mata and previously in the same capacity, Eng. Pedro Castro Fernández, and AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA (hereinafter Autopistas del Sol), through its General Attorneys-in-Fact without Limit of Sum, Eng. José Antonio Cuadrado Fernández and Lic. Valentín Antonio Camacho Fábregas, as well as its Judicial General Attorney-in-Fact, Lic. Julio Enrique Zelaya Rodríguez; in which the ASOCIACIÓN DE RESCATE DE VALORES PATRIÓTICOS, through its President, Roxiris Vargas Agüero, joined as coadjuvant to the complaint, the appeal in cassation filed by the plaintiffs against judgment number 23-2020 issued by the Contentious-Administrative Tribunal, Eighth Section, at 9:00 a.m. on March 20, 2020, was admitted. The plaintiffs are represented by their Special Judicial Attorney-in-Fact, Lic. Bernal Gamboa Mora, and Lic. Leonor Isabel Antillón Sargent appears in the same capacity with respect to plaintiff Jiménez Alvarado. Furthermore, Lic. Mariana Blanco Bolaños represents the plaintiff Association in the same capacity. Lic. David Céspedes Cambronero appears as representative of the CGR, and previously Lic. Esteban Villalobos Fernández did so. Lic. Jaínse Marín Jiménez has also acted as its representative. Lic. Alexandra Cerdas Pérez and Lic. Mario Matamoros Acuña represent the CNC with Special Judicial Power, and Lic. Cristina Isabel Castro Mora and Lic. Jorge Madrigal Sancho have acted in the same capacity. Lic. Adriana Martínez Palma and Lic. Viviana Lizano Ramírez appear as Special Judicial Attorneys-in-Fact for ARESEP. Lic. Grettel Monge Guillén, Lic. Yolanda Mora Madrigal and Lic. Olga Martha Fallas Ramírez, as well as Lic. Marlon Barrelier Pérez represent CONAVI with Special Judicial Power. In the same capacity, Lic. Francisco Obando León and Lic. Luis Alonso Ortiz Zamora appear representing Autopistas del Sol. Drafted by Judge Zamora Campos CONSIDERING I.- In accordance with the factual platform established by the Tribunal, proven and unquestioned, in summary, it was accredited that the Consejo Nacional de Concesiones, in ordinary session 2-98 on August 26, 1998, adopted Resolution 01-98 declaring the execution of infrastructure works in the San José - Caldera corridor to be of public interest. The foregoing, as stated in Considerando IV of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) N° 31346-MOPT-II, published in Gazette (Gaceta) N° 170 on Thursday, September 4, 2003, a decree that forms part of the legal system, and which also in its article 1 granted the declaration of public interest to the contract for the concession of the San José - Caldera highway, as a requirement for its approval (refrendo) by the Contraloría General de la República. Furthermore, the Consejo Nacional de Concesiones, in October 2000, published the Tender Documents (Cartel de Licitación) for the Concession of Works with Public Service for the San José-Caldera Highway, which contained administrative bases, technical bases, economic bases, evaluation criteria and selection of offers, and their annexes. Subsequently, the contract for the concession of public works with public services, San José-Caldera Highway, signed by the Consejo Nacional de Concesiones of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, between the Cartellone - Acosol Consortium, and Concesiones Viales (COVISA), Sociedad Anónima, was signed on December 18, 2001; addendum number 1 was signed to this contract on June 24, 2003, which were approved (refrendados) by the Contraloría General de la República through document N° DI-AA-1929, dated August 7, 2003, official communication reference N° 08619. By means of addendum number 2, the contract for the concession of public works with public services for the San José – Caldera highway was modified, which was approved (refrendado) by the Contraloría General de la República, through document N°DI-AA-1829, dated August 13, 2004, official communication reference N° 09438. Later, on February 9, 2006, addendum number 3 was signed between the concessionaire and the granting administration, which was approved (refrendado) by the Contraloría General de la República through document DCA-1010 on April 26, 2006, official communication reference N° 05347. On October 4, 2007, the referred public works concession contract was modified again by addendum number 5, approved (refrendado) by the Contraloría General de la República through document DCA-3886 on November 19, 2007, official communication reference N°13605. Then, on July 1, 2008, a public works concession contract with public services for the San José-Caldera highway project was signed, called: Complementary Agreement (Convenio Complementario) N° 1, on July 1, 2008, which was approved (refrendado) by the Contraloría General de la República through document DCA-2575 on August 28, 2008, official communication reference N°08682. According to the report issued by the Manager of the San José - Caldera Project, it was agreed to approve the detail and total amount of the investments to be deducted and to be incorporated into the concession contract for the San José - Caldera highway, with economic balance regarding the investment in work, for an amount of $4,111,715. The Tribunal also deemed it proven that the properties registered in the National Registry, real folios (folio reales) registration numbers 109613 and 109611, both corresponding to right 003, appear in the name of MARIO JIMÉNEZ ALVARADO, both bordering to the south with a public road and also, within their encumbrances (gravámenes), easements (servidumbres) transferred under documents cite: 194-05003-01-0901-001 and 322-11564-01-0901-001, respectively on each property, cited previously. Finally, the Tribunal did not deem the following extremes proven: the damages claimed by plaintiffs Jiménez Alvarado and Valverde López, related to the lack of productivity of their properties, loss of value and the moral damages claimed on the occasion of the construction of route 27; the environmental damages alleged on the occasion of debris (escombros) thrown into rivers, damage to springs (nacientes) and fuel leakage attributable to any of the defendants; the alleged obligation derived from the tender documents (cartel) to create "biological corridors (corredores biológico)" and plant 25,000 trees; having filed actions in the administrative venue aimed at denouncing the protection of their rights on the occasion of the concession and the provision of the service; having filed complaints before ARESEP, aimed at demonstrating their opposition to the tariffs set for the tolls of route 27; that the damages claimed to the Barba aquifer were different from those known by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) through amparo proceedings; furthermore, the Tribunal cited that the photographs submitted as evidence did not accredit the place, time, and manner in which they were taken, nor were they duly georeferenced to precisely locate the place shown in them; nor was the place where the witness Monserrat Solano indicated that debris (escombros) was thrown proven, nor the determination by technical bodies of the existence of the biological corridors (corredores biológicos) existing in that area, nor how they must be constructed in consideration of the existing fauna. II.- Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, as well as Mr. Mario Valverde López and Mr. Mario Jiménez Alvarado formulated their complaint so that, in judgment, the following claims are declared, which were definitively established at the preliminary hearing stage at three levels of priority: as main claims, those identified with numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20; as subsidiary claims: 1, 8 and 9, and number 21 as a subsidiary of the foregoing, recorded as follows by the Contentious-Administrative Tribunal: as main claims: «… "2. In accordance with point 2.9.3 of the Tender Documents (Cartel) in conjunction with numeral 42 subsections C and D of the CPCA, we respectfully request that a fine of $1000 (One thousand dollars) per day be charged to the concessionaire for not having maintained the Escazú-Circunvalación radial, and the Circunvalación-Calle Morenos radial illegally added in the First Complementary Agreement (Convenio Complementario Primero). "And let this breach be considered a serious cause for termination (rescisión) of the concession pursuant to numeral 59 of the General Concessions Law (Ley General de Concesiones)". Likewise, based on numeral 1045 of the Civil Code (Código Civil) and 19 of the LGC, we request that the concessionaire be ordered to pay the State for the damages caused by said omission; damages that could be lack of productivity, damage to the country's image, reconstruction costs, etc., which could easily exceed half a million dollars, according to an assessment made in the respective sentence execution phase. 3. Likewise, in accordance with point 2.9.1 of the tender documents (cartel), we respectfully request that the concessionaire be charged a fine of 150 base salaries for not having maintained the Escazú-Circunvalación radial, and the Circunvalación-Calle Morenos radial illegally added in the First Complementary Agreement (Convenio Complementario Primero). "And let this breach be considered a serious cause for termination (rescisión) of the concession pursuant to numeral 59 of the General Concessions Law (Ley General de Concesiones)". 4. Considering that in the Third and Fifth Addenda as well as the First Complementary Agreement (Convenio Complementario Primero), additional amounts were illegally recognized to the Concessionaire, amounts that have even already been paid, we request in accordance with article 42 subsection E, that the existence of said illegal payment to the concessionaire be recognized, and therefore, the concessionaire be ordered in accordance with numeral 42 subsection C of the CPCA, the duty to adjust the construction, execution, and environmental guarantees for the illegally recognized amounts, pursuant to numerals 33 and 47.3 of the LGC, and numeral 21 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). 5. In accordance with numeral 42 subsections e and d of the CPCA and numeral 51 of the LGC, we respectfully request that a fine of 15% of the amount owed for the adjustments of said guarantees also be imposed on the Concessionaire, and let this breach for more than 3 months be considered a cause for the termination (resolución) of the concession. 6. In accordance with numeral 54 of the LGC, we respectfully request that the guarantees be executed upon failure to adjust their amounts, as well as the conditions for which they were established having occurred; that is, the environmental damages and breaches of the specifications of the works, and the execution of the concession. Additionally, in accordance with subsection 6 of numeral 33 of the LGC, and point 1.10.7 of the tender documents (cartel), we respectfully request that the concessionaire be obligated to pay the State for the damages not covered by said guarantees. Said damages could cover damages to the State for the loss of country productivity due to the highway having been closed because of the sinkhole (hundimiento) and several landslides (derrumbes) that have occurred, damages that could easily exceed one million dollars, and which may be assessed through expert evidence in the respective sentence execution phase. 7. Given that, as we have indicated, the Third Addendum was from 2006, the Fifth Addendum from 2007, and the First Complementary Agreement (Convenio Complementario Primero) was from 2008, in accordance with numerals 51 and 59 of the LGC in relation to 42 subsections C and D of the CPCA, we respectfully request that the fact that the 3-month period for the adjustment of all guarantees has amply elapsed be considered a cause for the termination (resolución) of the concession contract. 10. In accordance with article 10 subsection C, and 42 subsections a, b and i of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), we respectfully request to declare the non-conformity with the legal system of the acts of provisional commissioning (puesta en servicio provisional) in 2009 of Section One and Three, namely RESOLUTION RE/SET 21-2009 of the CNC dated June 5, 2009; as well as the acts of provisional commissioning (puesta en servicio provisional) of the entire highway on January 28, 2010, namely, Resolution No. RE/SET 001-2010 of January 27, 2010, of the CNC, resolution CAPS-001-01-10 of the CAPS, official communication SJC- 0197 /01-2010 from the project manager Ada Muñoz addressed to Guillermo Matamoros of the CNC, and the related acts, which authorized the provisional commissioning (puesta en servicio provisional) as the requirements for granting said acts were not met; and in this regard, declare the nullity of these acts and the related actions such as the collection of the tolls themselves; as well as obligate the concessionaire to return to the CNC and the State the amounts illegally received for tolls from June 2009 to date; as well as order the concessionaire to pay the CNC and the State for the damages caused; money that must be deposited in an account of the CNC or the State in order to complete the pending works. 11. In accordance with article 42 subsections C and D of the CPCA, we respectfully request that the concession also be terminated (resuelva) since the works have not been definitively delivered in accordance with point 2.7.7.3. of the tender documents (cartel), within the 3 months from the date of inauguration and provisional commissioning (puesta en servicio provisional) of the entire highway on January 28, 2010; and that a fine of $50,000 (Fifty thousand dollars) per day be imposed "FOR EACH MISSING COMPONENT" (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015) on the concessionaire from that moment, namely April 28, 2010, to date, "FOR THE LATE DELIVERY OF EACH WORK" (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015), as there still exist today missing works such as "THE COYOL INTERCHANGE" (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015, the General and Special Services area, the weighing areas, all the pedestrian bridges of Section One and Three, some bus bays, incomplete shoulders (espaldones), lack of sidewalks (aceras), lack of construction of the biological corridors (corredores biológicos) and the reforestation of approximately 25,000 trees, etc. "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES)." (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015). 12. Given that, as we state in this complaint, the tender documents (cartel) contemplated a construction period of 2 years, and given that the construction order was issued in February 2008, in accordance with article 42 subsections C and D of the CPCA, we respectfully request that the concession be terminated (resuelva) since that period elapsed in February 2010 without all the works being completed, and that the concessionaire also be applied a fine of $50,000 (Fifty thousand dollars) per day from February 2010 to date, in accordance with point 2.7.7.3. of the tender documents (cartel), for the lack of the indicated works. Additionally, we request that the concessionaire be ordered to pay the CNC and the State the sums of the value of the pending works, as well as the damages caused, damages that could be more than half a million dollars, as they contemplate damage to the country's image, productivity, etc., and in this regard, the CNC and the State be ordered to complete said works with the amounts received for that concept. 13. In accordance with numeral 42 subsections C and D of the CPCA, as well as point 1.9.7. of the tender documents (cartel), we respectfully request that the concession contract be terminated (resuelva) since the concessionaire has not constituted all the policies, nor used them in the cases of the sinkhole (hundimiento), the landslide (derrumbe) of the slopes (taludes), the rupture of the Barba aquifer, the damage to the bases of the railway line, the damage to the oil pipeline, the repair of the radials to Atenas and Escazú Circunvalación, nor in the case of traffic accidents "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES)" (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015); and likewise, we request that the respective fines be charged to the concessionaire for not constituting or using these policies, as well as condemning the concessionaire to the integral repair of the damages, as well as to payment to the CNC and the State for the damages caused in accordance with point 1.9.7.3. of the Tender Documents (Cartel) pursuant to 1045 of the Civil Code (Código Civil). These damages could easily exceed three million dollars, as we are talking about the economic cost of the lack of train service to the Pacific, the environmental cost of damaging aquifers, damage to rivers, streams (quebradas), the cost of having closed radials, etc., all of which, if this complaint is granted, can be assessed through expert evidence in the respective execution phase. 14. Likewise, in accordance with numeral 42 subsections C and D of the CPCA, point 1.9.7.3 of the tender documents (cartel), as well as numeral 1045 of the Civil Code (Código Civil), we respectfully request that the Concessionaire, the CNC, and the State be ordered to reconnect the roads, such as route 707 and the marginal 4 of Guachipelín de Escazú // (as well as the reconnection of interrupted public services, such as the aqueducts of Caldera and Boquerón and the Río Agres Sanitary Sewer System)// (DESISTED FROM THIS LAST TOPIC IN THE PRELIMINARY HEARING OF JULY 15, 2015) and that the Concessionaire be ordered to pay for the damages caused especially to plaintiffs Mario Valverde and Mario Jiménez. Regarding the damages to Mario Valverde and Mario Jiménez, given that here we are facing damages for lack of productivity of their properties, loss of value, and even moral damages, we could estimate the value of the damages at an amount between twenty and forty million colones each; additionally, the damages to the communities for the lack of basic services could be estimated at a value of approximately half a million dollars, damages which, should this complaint be won, can be assessed through the sentence execution process. 15. In accordance with point 2.9.3 of the Tender Documents (Cartel) in conjunction with numeral 42 subsections C and D, we respectfully request that a fine of $1000 (One thousand dollars) per day be charged to the concessionaire for not having maintained the Atenas radial. "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES). (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015). Likewise, in accordance with numeral 50 subsection C of the LGC as well as point 2.9.1 of the tender documents (cartel), we respectfully request that the concessionaire be charged a fine of 150 base salaries for not having maintained this radial; and that the Concessionaire also be obligated to pay the CNC and the State the amount of said repair, as well as that the Concessionaire be ordered to pay the CNC and the State for the damages caused, damages that may involve lack of productivity, temporary reconnection works that the State has carried out, security expenses during public demonstrations, which could easily exceed an amount of half a million dollars. 16. In accordance with points 2.6.11 and 2.3.2.1.14. of the tender documents (cartel), as well as numeral 42 subsections C and D of the CPCA, we respectfully request that the concessionaire be ordered to return the cost of the missing environmental protection works, namely the cost of the biological corridors (corredores biológicos), the cost of the reconnection of the aquifer, the cost of the pending reforestation plan of 25,000 trees, "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES)." (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015) and also be ordered, in accordance with numeral 1045 of the Civil Code (Código Civil), to pay the CNC and the State for the damages caused by its breach of the PGA, specifically for the poor management of debris (escombros) by throwing them into rivers and streams (quebradas), the damage to aquifers such as the Barva aquifer, the damage to springs (nacientes) such as the Naciente Tornos, the damage to fauna by not constructing the biological corridors (corredores biológicos), the damage to rivers due to the fuel leak, from where the oil pipeline broke to the Río Tárcoles and even the sea, etc., all of which could be valued at much more than three million dollars, as they are varied and extensive damages; all of which, should the complaint be won, may be assessed by experts in the respective execution phase. 17. In accordance with subsection E. of point 2.9.2 of the tender documents (cartel) we request that a fine of $5000 (Five thousand dollars) per day be imposed on the concessionaire, for breach of the prohibition against throwing debris (escombros) into the riverbeds and streams (quebradas) "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES)." (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015). Likewise, in accordance with 1045 of the Civil Code (Código Civil), we request that the concessionaire be obligated to the integral repair of the damage, as well as to payment to the CNC and the State for the damages caused, damages which due to their extent could be valued at more than one million dollars in the sentence execution phase, should this complaint be granted. 18. In accordance with subsection d of point 2.9.3 of the Tender Documents (Cartel), and with 42 subsections C and D of the CPCA, we respectfully request that a fine of $10,000.00 (Ten thousand dollars) per month be imposed from June 2009, when toll collection began in Section One, to date, as the automated counting systems do not exist "LOCATED AND OPERATING IN ACCORDANCE WITH THE TENDER DOCUMENTS (CARTEL)" (AS ADDED IN THE Preliminary Hearing OF JULY 15, 2015). And because the concessionaire has not delivered all the statistical information nor allowed the CNC access to the IT and toll accounting systems. "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES)." (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015). Additionally, we request that the Concessionaire be ordered to pay the amount of said devices and their installation, and the CNC and the State be ordered to install them at the points established in the tender documents (cartel). 19. We request that the CNC and the State be obligated to verify, with these devices, the vehicular flow of the highway, and if a substantial difference from what was reported by the concessionaire occurs, we request that it be obligated to pay the projected difference. Likewise, if it is detected that the reported vehicular flow meets the conditions stipulated in the tender documents (cartel) for the construction of the consubstantial works, and given that the value of these was already incorporated into the tender documents (cartel), we respectfully request that the concessionaire be obligated to pay the CNC and the State the cost of said works, and the CNC and the State be ordered to build them with said funds. 20. Given that the original tender documents (cartel) contemplated the construction of section II between Ciudad Colón and Orotina in concrete slabs, and that the Concessionaire arbitrarily built it in asphalt; we respectfully request that the Concessionaire be ordered to pay the CNC and the State the cost of constructing said section in concrete slabs, as well as order the Concessionaire to pay the CNC and the State for the damages caused both by the closures and problems that the asphalt surface of this highway has had in said section, and by the decrease in highway productivity during the closures that must be carried out for the replacement of the running surface to the originally established parameters. "AND LET THIS BREACH BE CONSIDERED A SERIOUS CAUSE FOR TERMINATION (RESCISIÓN) OF THE CONCESSION PURSUANT TO NUMERAL 59 OF THE GENERAL CONCESSIONS LAW (LEY GENERAL DE CONCESIONES)." (as added in the preliminary hearing of July 15, 2015)…». As first-level subsidiary claims, they requested, in accordance with article 10 subsection C, and 42 subsections a, b and i of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo): «…"1. The declaration of non-conformity of the SECOND Addendum (official communication 20040503, of the CNC), THIRD Addendum (Official Communication 20060073 of the CNC), AND FIFTH Addendum (DVCOP-374-2007 of the CNC); as well as the First Complementary Agreement (Convenio Complementario Primero) (Official Communication DVCOP-4 79-2008 of the CNC), and the First Economic Balance, all from the CNC, with the aforementioned legal system and all related acts or actions including the respective approvals (refrendos) of the Contraloría, namely official communication 9438-2004 that approved (refrendó) addendum 2, official communication 5347-2006 that approved (refrendó) Addendum 3, official communication 13605-2007 that approved (refrendó) Addendum 5, official communication 8682-2008 that approved (refrendó) Complementary Agreement (Convenio Complementario) 1, The total annulment of all these acts, safeguarding the rights acquired in good faith as will be indicated below in accordance with 171 of the LGAP. 8. If the nullity of the First Complementary Agreement (Convenio Complementario Primero) and the First Economic Balance is granted, since these are the ones that illegally eliminated the missing pedestrian crossings and bays in Section One according to the tender documents (cartel), in accordance with numeral 42 subsections C and D of the CPCA and 1045 of the Civil Code (Código Civil), we respectfully request that the Concessionaire be ordered to return the cost of those missing works, money that the State must use in its entirety to finish said works according to what is established in the tender documents (cartel). 9. In the same vein, given that the CNC paid the concessionaire for additional works that in reality were not, such as the repair of the slab and the expansion to a third lane in part of Section One, which were already included in the maintenance plan and as a consubstantial work according to the Tender Documents (Cartel); leaving out true additional works such as the bus bays and pedestrian bridges of Section Two, as well as the construction of frontage roads (marginales) and the improvement of interchanges such as those of Santana and Ciudad Colón; we request in accordance with 42 subsections C and D of the CPCA, that the concessionaire be ordered to pay the State the planning and construction amounts of these missing works…». Finally, as a subsidiary to the above, it was requested, "21. In accordance with article 10 subsection C, and 42 subsections a, b and i of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), as well as 171 of the LGAP, preferably after terminating the concession with the related effects previously petitioned, we respectfully request before this instance, the declaration of non-conformity of decree No. 31346-MOPT of Public Interest, the Tender Documents (Cartel) and the Concession Contract itself and Addendum 1 of the CNC and the Co-concessionaire, with the aforementioned legal system and all related acts or actions including official communication 8619-2003 that approved (refrendó) addendum 1 by the Contraloría and resolution RJD-16-2000 of tariff approval by ARESEP, The total annulment of all these acts, and thus obligate that if the State wants to concession the highway again, it must do so by separate segments or must comply with the legally established requirements to concession it in a single block."». Regarding this, the defendants answered the complaint negatively and raised, in summary, the following exceptions: the State: lis pendens, constitutional res judicata, improper joinder of claims, failure to exhaust administrative remedies, lack of standing to sue and to be sued, expiration, statute of limitations, and lack of right; the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República): expiration, lack of standing to sue, res judicata, improper joinder of claims, and lack of right; the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos): expiration, lack of standing to sue and to be sued, improper joinder of claims, and lack of right; the National Highway Council (Consejo Nacional de Vialidad): lack of standing to be sued and lack of right; the National Concessions Council (Consejo Nacional de Concesiones): lack of jurisdiction, failure to exhaust administrative remedies, improper joinder of claims, lis pendens, statute of limitations, expiration, lack of current interest, lack of standing to sue and to be sued, lack of cause of action, lack of right, and the generic formula sine actione agit; and Autopistas del Sol, S.A.: lack of jurisdiction, failure to exhaust administrative remedies, improper joinder of claims, lis pendens, statute of limitations, expiration, lack of current interest, lack of standing to sue and to be sued, lack of cause of action, and lack of right. III.- The Administrative Litigation Court, Eighth Section (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava), composed of the judges: Laura García Carballo, Jonatán Canales Hernández, and Paulo André Alonso Soto, issued judgment number 23-2020 at 9:00 a.m. on August 20, 2020, through which it declared: "POR TANTO: The exception of lack of standing to sue is granted. The exception of constitutional res judicata is partially upheld with respect to claims No. 14, 13, 16, and 17 in relation to what was sought, and already resolved by the Constitutional Chamber (Sala constitucional). The exception of lack of right is partially upheld in relation to claims 14, 13, 16, and 17, regarding the damages claimed, as well as the exception of lack of standing to be sued in relation to No. 15, encompassing the exception of lack of right. Consequently, the complaint filed by ASOCIACIÓN PRESERVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE; MARIO VALVERDE LÓPEZ, and MARIO JIMÉNEZ ALVARADO, and the joinder of ASOCIACIÓN DE RESCATE DE VALORES PATRIÓTICOS, against the STATE, the OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, the REGULATORY AUTHORITY FOR PUBLIC SERVICES, AUTOPISTAS DEL SOL S.A., the NATIONAL HIGHWAY COUNCIL, the NATIONAL CONCESSIONS COUNCIL, is declared inadmissible in relation to the main claims 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, and 20, the first-level subsidiary claims: 1, 8, and 9, the second-level subsidiary claim: 21, and in relation to claims 13, 14, and 16, solely regarding the matter of res judicata. Regarding the remainder of claim 13, 14, and 16, as well as claim 17, these are declared without merit – dismissed – as what was requested does not conform to the legal system. The plaintiffs are ordered to pay procedural and personal costs, plus the respective interest from the determination thereof and until their effective payment. Notify." Disagreeing, attorney Bernal Gamboa Mora, representing the plaintiffs and the intervening Association, appeals on cassation, whose challenging arguments are summarized and analyzed as set forth below. PRELIMINARY MATTERS. REQUEST FOR ORAL HEARING and OFFER OF NEW EVIDENCE IN THE CASSATION COURT. From the filing of the cassation appeal, it is observed that the request made for an oral hearing is intended to clarify the scope of the grounds for challenge. To this end, the cassation representative relies on canon 142 of the cited regulatory body, as well as on point 52 of the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Gorigoitía v. Argentina. In this regard, the appellant is informed that the oral hearing referred to in precept 142 cited is discretionary for the Court when it deems it pertinent, and in this case, the appeal was fully admitted in the resolution that granted transfer to the co-defendants. Therefore, its clarification is unnecessary. Likewise, it is recalled, in accordance with numeral 139.3 of the CPCA, the grounds for the cassation appeal, in accordance with the foregoing, must have been set forth in the cassation filing in a "... clear and precise..." manner. In that sense, clarifying the scope of the challenge may lead to contradicting that clarity and precision required by the rule. Furthermore, solely for the purposes indicated by the appellant, this Chamber considers point 52 of the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the cited case to be inapplicable. Note in this regard what was considered by the Inter-American Court: "52. The Court notes that even though the appeal was filed formally arguing a lack of adequate reasoning, the central aspect of Mr. Gorigoitía's defense was a series of arguments aimed at questioning the assessment that the First Chamber had made of the facts of the case and how these did or did not fit the intentional modality of the commission of the crime of homicide. In the arguments made by the defense, it was this inadequate evaluation of the facts that led to Mr. Gorigoitía's conviction, for which reason it should be reevaluated through the cassation appeal. This Court observes that it was precisely for this central aspect of the complaint that the Supreme Court of Mendoza decided to reject the cassation appeal, since it dismissed it 'in limine, because the arguments on appeal reveal, in sum, the appellant's evaluative discrepancy with the criterion of the Chamber in relation to the evidentiary material legally introduced into the debate, because the Cassation Court cannot review or judge the reasons that formed the conviction of the trial court.' The Supreme Court of Mendoza limited itself to reiterating some of the reasons on which the First Chamber based its finding of Mr. Gorigoitía's guilt, but without carrying out any assessment as to whether said evaluation had been carried out adequately in accordance with domestic legislation." In that sense, the supra-national Court analyzes the work of the Cassation Court, but in relation to the merits of a criminal proceeding, whereas, in the present case, the Administrative Litigation Court has focused on the inadmissibility of the complaint, mainly for lack of standing to sue and constitutional res judicata, which constitutes an analysis and matter of a different nature. Notwithstanding the foregoing, the appellant is reminded that, with the enactment of the current Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, hereinafter CPCA), Law 8508 in force since 2008, the cassation appeal in this matter underwent a drastic change, seeking its flexibility compared to its predecessor, regulated both in the Law Regulating the Administrative Litigation Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), Law 3667, and in the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), Law 7130. Thus, the current requirements for filing the cassation appeal, set forth in Article 139 of the CPCA, aim to generate an opening towards cassation control regarding resolutions and judgments subject to such appeal, through minimum requirements far removed from the rigor that characterized the previous appellate system in this matter; a breadth that is neither affected nor distorted by imposing on the appellant the minimum requirement, in accordance with the nature of any means of challenge, to express clearly and precisely the grounds for disagreement against the resolution being challenged, the observance of which can be noticed, in cassation matters, either from the initial reading when qualifying the appeal, or when confronting each ground for appeal with the contested judgment or resolution. For this reason, the request for an oral hearing, in the manner sought, must be rejected. Subsequently, on November 15, 2023, attorney Bernal Gamboa Mora, representing the plaintiff and the intervening association, filed a brief indicating new evidence, based on Article 145, subsection 1) of the CPCA. In its regard, he indicates that the judgment of the Administrative Litigation Court dates from 2020, and the documents provided correspond to the years 2021 and 2023, which he considers relevant. Thus, he identifies and justifies the following in four sections. As the first new evidence, report EIC-LANAMME-INF-0954-2023, "[t]o demonstrate that the work was not properly built in 2010 nor even to date...". He asserts that the document provided corresponds to the evaluation report on the condition and stability of slopes on National Route 27 from August 2023, a year for which LANAMME estimates the construction of adequate water management systems for the slopes is necessary; that is, 13 years after the provisional commissioning, where user safety was required, works that should have existed since 2010 continue to be recommended. As the second new evidence, he informs this Chamber that the LANAMME bulletin of October 14, 2021, prepared by Gabriela Contreras Matarrita, demonstrates the State's performance of acts tending to comply with claim 2 of the initial complaint from 2012; therefore, an extra-procedural satisfaction occurred, which he requests be declared by this Chamber in accordance with canons 197 of the CPCA and 54.2 of the Civil Procedure Code, and being a consequence of the unilateral will of the defendants: State, CGR, and CNC, he requests that their condemnation to payment of costs, interest, and damages be assessed, taking into account the nature and status of the proceeding, the rights satisfied, and the estimation of the complaint. As the third new evidence, he provides judgment 1243-2021 from the Administrative Litigation Court, where it was proven that the Constitutional Chamber, through resolution 2011-010702 at 11:56 a.m. on August 12, 2011, granted an amparo appeal filed by Mario Jiménez Alvarado, and among other operative points, ordered the "... Technical Secretary and President of the National Concessions Council, or whoever holds those positions in their stead, to arrange within the non-extendable term of THREE MONTHS the actions within their scope of competence, so that the appellant may be granted the facilities to have access to his properties located in the San Rafael district, Escazú canton, San José province...". He indicates that the amparo appeal was granted because the respondent authority violated the protected person's right to property by leaving him without access to his properties located in Guachipelín de Escazú, as a result of the works carried out during the construction of National Route 27 San José Caldera. He adds that this representation was recently informed of that resolution from file 16-000451-1028-CA, and considers that what was resolved therein has an impact on this proceeding and claim 14; therefore, in good faith, this situation is brought to the Chamber's attention, in order not to generate a contradictory judgment. Finally, as the fourth new evidence, he indicates: "... this representation was informed by some members of the association that it seems the weighing stations have already been built, which are part of the claims in this proceeding, specifically claim 11 of the original complaint from 2012. (...) However, this representation has not obtained official documentation accrediting when they were built and the conditions under which they were built, but we bring it to the attention of the honorable First Chamber as there could be another Extra-procedural Satisfaction here." In this Chamber's opinion, the submission thus formulated is without merit. Initially, Article 145.1 of the CPCA, the precept on which the evidence proposition is based, establishes: "145. 1) During the processing of the appeal, documentary evidence may be submitted which the party swears they have not previously known about, concerning new facts subsequent to the appealed judgment." As a first point, it can be observed that what is offered lacks the initial requirement of the oath of not having previously known about the evidence submitted. Subsequently, none of the four proposed pieces of evidence explains how they are associated with the cassation grounds that make up the appeal heard here. That is, they are limited to mentioning, in general, aspects concerning the merits of what was sought in the proceeding; however, the manner in which such evidence connects to or proves useful for demonstrating the validity of a specific ground or grounds for cassation is not explained, which constitutes the framework delimiting this Chamber's functional jurisdiction. In relation to the foregoing, it must be remembered that the complaint was declared inadmissible, either for lack of standing to sue or for constitutional res judicata, and other claims were declared without merit as what was requested did not conform to the legal system. For this reason, it was of utmost importance to explain specifically how the evidence supports the cassation thesis included in one or more of the grounds filed. This compels the rejection of what was offered. In addition to the above, the first piece of evidence aims to demonstrate that the work was not properly built in 2010 nor even to date, that is, it is not related to new facts subsequent to the appealed judgment; the second piece of evidence, in addition to failing to meet the necessary oath because it supposedly occurred in 2021, is not physically attached, that is, the mentioned bulletin is not attached to the submitted document, and claim number 2, to which this evidence refers, was declared inadmissible "... upon the Court determining that the plaintiffs lack a substantial legal relationship with the object claimed that enables them to sue, for lacking the corresponding standing to sue...". For this reason, the offer does not explain how the evidence could be admissible in relation to any of the cassation grounds and within this context of the resolution of said claim. As for the third piece of evidence, although a PDF copy of the 2021 Administrative Litigation Court judgment is provided, the essence of the point is the amparo granted in 2011, so the requirement of novelty referred to in canon 145.1 ibid is also not met, as it concerns a fact prior to the issuance of the trial court's judgment, which was necessarily known to the plaintiff, as the constitutional protection was granted in favor of one of the plaintiffs, even though their representative now claims not to have been the attorney in charge in that proceeding and to have been recently informed of the Court's resolution, which, in any case, was issued in 2021, and the corresponding certification proving its finality is also not provided. Finally, what is offered as the fourth piece of evidence strictly constitutes a communication about an event that, according to the proponent, was reported to him by members of an association, which does not constitute documentary evidence with the legally imposed oath. For this reason, the new evidence offered in this manner must be rejected. GROUNDS FOR THE CASSATION APPEAL IV.- First ground. Based on Article 137, subsection g) of the CPCA, he alleges the failure to observe the rules for drafting the judgment in its essential elements. This is because, out of the 144 facts of the complaint, 9 were listed as unproven (indemostrados), which are not chronologically listed or related to the 144 pleaded, which, in his opinion, violates Article 61.2 of the Civil Procedure Code (hereinafter CPC), applicable via numeral 220 of the CPCA. Likewise, regarding unproven facts numbers 2, 3, 6, 7, 8, and 9, he adds that facts 66 to 71 concerning damage to the aquifer, protection areas, and the lack of wildlife crossings were indicated in the complaint; however, the Court only referenced some topics in a disorderly manner but did not specify whether the cited facts regarding environmental issues were proven or not. Also, regarding the third unproven fact, the complaint did not state that the obligation to create wildlife crossings came from the tender documents (cartel), but rather, it was contained in the recommendations given in resolution N9-1153-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal, according to fact 71 of the complaint. He also alleges that the judgment does not explain whether or not fact 67 was proven, relating to the inspection by the SETENA Department of Environmental Audit and Monitoring (Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental) carried out in early 2009, and whether environmental damage was verified, a report presented during the trial to witness Sandra Arredondo by the representation of APREFLOFAS. Next, regarding the plaintiffs' standing (legitimidad), which was denied by the Court, he cites vote 3705-93 (sic) at 3:00 p.m. on July 30, 1996 (sic) of the Constitutional Chamber, concerning the standing of individuals to act judicially in the case of environmental legal protection. V.- Resolution of the Appeal Ground. The cassation ground is without merit. Article 119 of the CPCA develops the requirements for judgments in administrative litigation matters, relating to: the resolution of all claims and aspects permitted by that regulatory body, and the ruling on costs, even ex officio. Thus, although the appellant resorts to Article 61.2 of the CPC to reproach the lack of chronological determination, this does not invalidate the judgment. In any case, the stated ground of cassation admissibility, that is, Article 137, subsection g) of the CPCA, allows overturning the judgment when the drafting of the judgment in its essential elements is deficient, which, according to numeral 119 ibid, has not been violated in this case. Nor does the appellant indicate the reasons why the drafting of the facts in the manner set out in the contested judgment is aggrieving to him. Thus, he omits to state why this is of such magnitude as to overturn what was resolved by the Administrative Litigation Court. Subsequently, the Chamber considers that the rule invoked by the appellant, that is, Article 61.2 of the CPC, imposes the obligation to establish the factual platform, proven and unproven, that is "... of importance for the decision...", which must have the proven facts as its limit or framework. For this reason, if consistency with those facts and the sense in which they are drafted is respected, the Court does not violate the rule for drafting judgments. In this case, it must be borne in mind that the judgment was issued in the sense of dismissing the complaint, mainly for reasons of lack of standing to sue of the plaintiffs and constitutional res judicata; therefore, the facts held as proven or not are related to the sense of what was resolved. This is because the proven facts constitute the factual platform to which the substantive law must be applied. For this reason, the argument alleging their disorderly preparation or lack of exhaustive relation to those referred to in the complaint, as well as the failure of the trial court to prove specific aspects, is without merit because, as reiterated, the proven and unproven facts are related to the manner in which the matter is resolved in the judgment. Next, the argument refuting the third unproven fact is without merit, as its full identity is established with claim number 16, which bases the obligation to build biological corridors on points 2.6.11 and 2.3.2.1.14 of the tender documents, the breach of which justifies, in the plaintiffs' opinion, the rescission of the concession in accordance with numeral 59 of the LGC. Finally, what is alleged regarding the plaintiffs' standing is a matter of substance that will be addressed later. VI.- Second ground. Based on Article 137, subsection g) of the CPCA, he reproaches that unproven facts 4 and 5 are not included in any of the 144 facts of the complaint, since they never alleged having filed, in the administrative forum (sede administrativa), actions aimed at denouncing the protection of their rights on the occasion of the concession and the provision of the service, or that complaints had been filed before ARESEP in an attempt to demonstrate any opposition to the tariffs set for the tolls on Route 27; therefore, a fact not included in the factual platform of the complaint should not have been set as unproven, and this violates Article 61.2 of the CPC. In the defendants' opinion, the appellant argues, the exhaustion of administrative remedies was mandatory, which he refutes, since this refers to the contracting parties in contracts regulated by the Administrative Contracting Law (Ley de Contratación Administrativa) number 7494 (hereinafter, LCA), and does not apply to the rights of users in concessions granted through the General Law on Concession of Public Works with Public Services (Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos) number 7762 (hereinafter, Concessions Law). He adds that Article 31.1 of the CPCA establishes the optional nature of exhausting administrative remedies, except as provided in Articles 173 and 182 of the Constitution. This last one, he indicates, is inapplicable to the rights of users in projects concessioned through the Concessions Law because it incorporates the users, and therefore, the applicable numeral is Article 46, final paragraph, of the Political Constitution. He cites the definition of Concession of Work with Public Service established in Article 2 of the Concessions Law, which incorporates the user as a person not party to the contract but directly bound by it, whereby they are covered by Article 46 of the Constitution, whereas Administrative Contracting Law number 7494 only binds the Administration and the concessionaire, whose Article 57 omits to mention the service and its consideration by the user. Thus, he reiterates, the applicable numeral for users is Article 46 of the Constitution. He adds, for the purposes of Article 182 ibid relating to public finances (hacienda pública), the Administrative Contracting Law regulates contracts where only the Administration is bound, where public finances could potentially be affected, a matter where the exhaustion of administrative remedies regulated in Article 31.1 of the CPCA makes sense, and those represented by the appellant have standing to sue because everything related to public finances is of diffuse interest, according to vote 1262-F-SI-2015 of this Chamber. On the contrary, in the concession of work with public service, the Administration creates a contract with a concessionaire but binds third persons or users to the payment of monetary sums for the considerations received, users who have never been parties in the strict sense of the administrative file, so applying Article 31.1 of the CPCA in relation to Article 182 of the Constitution concerning Administrative Contracting would be a denial of justice, as it would oblige the user of a concession of work with public service contract to exhaust administrative remedies as if they were a contractor, a situation that places them at a disadvantage compared to the concessionaire and the administration, because the former has never been a party nor had access to the administrative file. Therefore, he always alleged the impropriety of the defense of failure to exhaust administrative remedies, as was done in the preliminary hearing; therefore, the Court should not have analyzed that aspect again, "... as these 2 unproven facts somehow insinuate that we did not Exhaust Administrative Remedies.". VII.- Resolution of the Appeal Ground. In relation to the fact that unproven facts 4 and 5 are not facts as such in any of the 144 facts of the complaint, since they never alleged having filed, in the administrative forum, actions aimed at denouncing the protection of their rights on the occasion of the concession and the provision of the service, or that complaints had been filed before ARESEP aimed at demonstrating any opposition to the tariffs set for the tolls on Route 27, the Chamber validates what was thus recorded by the Administrative Litigation Court, because, it is reiterated, the proven and unproven facts must be consistent with the resolution on the merits of the matter. Thus, for the trial court, the lack of proof of the aspects indicated therein was crucial, given that this allows justifying the lack of standing to sue of the plaintiffs, which, as was noted by the Court itself, constitutes a matter of substance and preliminary analysis, as well as to be examined ex officio by the jurisdictional body. For this reason, it is logical that those aspects unproven by the trial court are not included in or directly related to the theory of the case, as well as the plaintiff's cause of action. However, they are indeed relevant for establishing their standing within the proceeding. Subsequently, what is reproached regarding what their counterparts consider about the exhaustion of administrative remedies is not directed at what was expressly resolved by the Administrative Litigation Court, and therefore will not be analyzed. Nor does this Chamber consider that the facts unproven by the Court intend to revisit that exception, since what was expressly upheld was the lack of standing to sue of the plaintiffs. Finally, the appellant describes as a denial of justice the application of Article 82 of the Constitution in relation to 31.1 of the CPCA, considering himself at a disadvantage compared to the concessionaire. However, the relationship between both norms is clear and exhaustive in the scenario of exhaustion of administrative remedies contemplated therein. Therefore, given the exhaustiveness of the constitutional as well as legal provisions, what is expressed by the appellant is limited to mere disagreement with the content of the law, which demonstrates the futility of the argument. Consequently, the cassation ground thus raised is without merit. VIII.- Third ground. Based on Article 138 of the CPCA, he alleges improper assessment or total failure to weigh evidence (preterición de prueba). In this regard, he pronounces against unproven fact number 2, concerning the lack of proof of: "2. the environmental damages alleged on the occasion of debris thrown into rivers, damage to springs (nacientes), and fuel leakage attributable to any of the defendants." (transcription as recorded in the cassation appeal). In this regard, he points out that during the oral and public hearing, witness Sandra Arredondo was shown the SETENA Environmental Audit and Monitoring report, where it was established that said department verified environmental damage, which was totally disregarded in the judgment, and this absolutely vitiates it. Likewise, resolution N9-1153-09-TAA indicated in fact number 71 of the complaint was totally disregarded, as was the testimony of Monserrat Solano from the supervising company IMSA, who referred to the affectation of protection areas of rivers and streams for having perceived that debris was being thrown instead of taken to the areas designated for that purpose, with the aim of saving money, which occurred in plain sight and with the tolerance of the Project Manager at that time, Ada Muñoz, since she one day observed a dump truck throwing material into a river when Ms. Ada was passing by, and later ratified her testimony upon seeing some photographs they took in said places. Then, regarding the third unproven fact, he again alleges the total disregard of resolution N9-1153-09-TAA, as well as the testimony of Mr. Mario Céspedes from SETENA, who indicated that there are no wildlife crossings per se, and that the project's culverts can be used by wildlife to cross, but not during rains, and indicated that arboreal species do use the culverts for that purpose, as well as that he saw a monkey doing so, an aspect the appellant refutes because monkeys and other species accustomed to being in trees think carefully even just to come down to the ground, let alone use a 2-meter culvert to cross. He also alleges the total disregard of the testimony of Mr. Julio Esteban Carrasco, who indicated that he learned of an anteater run over on the highway, although not exactly where this would have occurred. Then, regarding the unproven fact concerning the fact that the damages claimed to the Barva aquifer were different from those known by the Constitutional Chamber via amparo, he alleges the total disregard of the cited official communication N9-1153-09-TAA and the testimony of Montserrat Solano, who explained that the recommendation to reinject the spilled water into the Río Segundo to redirect it to the same aquifer was never carried out, nor was its use for supplying populations in the area evaluated with AyA, and that she never knew that the amparo appeal was fully executed, as the mitigation works were not carried out and the concessionaire company did not compensate the State for the damages caused, valued at 40 million colones. Regarding unproven fact number 7, referring to the fact that the photographs presented as evidence did not accredit the place, time, and manner in which they were taken, nor were they duly georeferenced to precisely locate the place shown in them, he states, "... the truth is that when shown to witness Montserrat Solano, and she recognized them and referenced them as to their location and the time they were taken, precisely the judges cannot detract from the probative value of said photographs, as they would be violating the principle of Sound Critique of the Real Truth that prevails in the Administrative Litigation process." In this regard, it cites Considering III of judgment 415-2013 of April 9, 2013, from this Chamber. Likewise, it points out that by denying it the possibility of proving facts 67 to 71 of the complaint, Article 45.3 of the CPC in force from 2008 to date (sic) was violated. Then, regarding unproven fact number 8, concerning the failure to verify the place where witness Montserrat Solano indicated the debris was dumped, it alleges the violation of Article 43.1 of the CPC, since she explained that "... she was in charge of the environmental aspect at the supervising company IMSA, which was responsible for supervising the highway, and she explained that she used to visit the project during construction, yet the judges, without any rational justification, simply seek to disregard the free and spontaneous testimony she provided, where she explained how debris was dumped into the rivers and streams along the highway, even explaining specific times and places, such as when she explained that she saw dump trucks dumping debris into a specific river, while the Project Manager at that time, Mrs. Ada Muñoz, was passing by, and even later, when shown a photo, she recognized in said photo the car of Ada Muñoz, and in the same photo, a dump truck could be seen dumping debris into a river." Additionally, it alleges the disregard of resolution N9-1153-09-TAA cited in fact 71 of the complaint, and the testimony of Mario Céspedes from SETENA regarding the non-existence of wildlife crossings as such, and the possibility of using culverts to cross as arboreal species do because he saw a monkey doing so, which is again questioned because those species think twice before descending to the ground, let alone using a 2-meter culvert to cross. It also alleges the disregard of the testimony of Julio Esteban Carrasco, who learned of a run-over anteater, but without knowing exactly where. IX.- Analysis of the appellate argument. Regarding the objection to the second unproven fact, the Chamber observes that the Trial Court considered the accusation as general and vague, and failing to prove that the damages incurred were in light of Article 196 of the LGAP, concerning effective, assessable, and individualizable damages. In relation to the statement of witness Sandra Arredondo, the appellant merely states that she was shown the SETENA Environmental Audit and Monitoring report, where it was established that said department verified environmental damages, which fails to clearly and effectively indicate the grievance caused by that evidentiary assessment, nor does it indicate the concrete causal relationship directed at one or more of the defendants, in relation to resolution N9-1153-09-TAA that it alleges was disregarded. Regarding the testimonial statement of Monserrat Solano, the Trial Court stated: "... In the statement of witness Monserrat Solano López, who was contracted by the Euroestudios Consortium and as the project's environmental manager (regente ambiental), she indicated: that there were non-conformities with the project regarding the management of spoil areas (escombreras) and the contamination of rivers due to their management; however, it was not proven that the non-conformities found caused environmental damage. Although the witness referred to some photographs shown by the plaintiffs, these photographs, in the opinion of this court, are not referenced from a geographical standpoint, nor in time, manner, and place; an aspect which causes what was stated by the witness not to merit full credibility, when she affirmed that the person driving a vehicle was the project manager—a vehicle that appeared photographed from its rear, in motion, on a highway, without specifying which one, and stating that it was driven by a person whose face she could not observe, nor was a license plate study provided to determine vehicle ownership to also establish a link between its owner and who was driving it; a situation which causes this Court not to consider the alleged damage as proven, without the pertinent and necessary technical evidence for this; therefore, this claim must be rejected, as is hereby done..." For this Chamber, the analysis by the Trial Court is valid, since, from the perspective of Article 196 of the LGAP, indeed, the attribution of damage within the framework of administrative law must be effective, assessable, and individualizable. Thus, the proof of that damage with elements that allow the damage alleged to have been caused to be reliably established is important. Likewise, the Chamber observes that the testimony of Mrs. Solano is clear to the appellant, but he omits questioning the Trial Court's assessment, that is, indicating why what was asserted and just transcribed involves some concrete defect in the rules or principles of sound judgment (sana crítica), so as to establish the pertinence of overturning the decision, it being insufficient to assert, in summary, that because she identified it, it must necessarily be considered true, with that conclusiveness. Thus, the challenge is inadmissible. Next, what is alleged in cassation regarding the statement by Mr. Mario Céspedes from SETENA is insufficient to be considered a cassational grievance, because it is limited to refuting what was asserted by him, but without a technical and legal relationship with the plaintiff's theory of the case, nor does it rigorously challenge what was asserted by the Contentious-Administrative Court, nor does the statement, in the excerpt sought by the appellant, of what was declared by Mr. Julio Esteban Carrasco, who indicated he learned of an anteater run over on the highway, although not exactly the place where that incident would have occurred, which lacks the minimum degree of certainty, being a referential statement without the slightest location in time, manner, and place with any environmental damage, fulfill this. Accordingly, the grievance thus formulated becomes inadmissible. X.- Fourth ground. Based on Article 138 of the CPCA, it alleges the disregard of various pieces of evidence, documentary and testimonial, indicated in the conclusions of the oral hearing. Regarding claim 1, it cites the statement of Mr. Stephan Brunner, project manager in 2006, and the testimony of Amelia Jiménez Rueda "... from the Contraloría...". Both, regarding the project's value. Thus, the latter explained that the contract's discount rate includes 2% inflation, from which it infers that stipulating the value of 258 million dollars in addendum 3 recognizes the concessionaire twice the inflation, which violates the public interest; then, from Mr. Brunner's statement regarding the recognition of an additional 22 million dollars for cost overruns of works in section 2, implies that 3 times the inflation was actually recognized in that contract, which goes against the protection of public funds. Next, Mr. Brunner explained that, when moving from fixed-rate to variable-rate recognition in addendum 3, 70 million dollars were automatically and unjustifiably gifted to the concessionaire, and that if the discount rate increases in that contract, the concession term increases, that is, the concessionaire would receive money it originally would not have received, and later, in response to Judge García Carballo's question, witness Jiménez explained that the concessionaire's term to continue operating the project and charging is extended and increases its income, which likewise goes against the protection of public funds. Then it refers to the statement of witness Enrique Soler regarding the financial equilibrium of the contract, as well as what was declared by him and the testimony of Mr. Julio Carrasco regarding the highway's success due to more vehicles passing than anticipated, from which it infers that the concession would have ended much earlier; however, Mr. Soler indicated that this will be until the year 2033, which implies that addenda 2, 3, and 5 represent a great business for the concessionaire and are to the detriment of the protection of public funds. Also, from the same statement, the non-compliance with the bid specifications (cartel) because the inclusion of more toll booths according to the third addendum implies that the contract's equilibrium is not adjusted, violating Articles 15 and 21 of the LGC by incorporating a modification contrary to the public interest within the concept of Article 113 of the LGAP. It infers that this addendum incorporates a legality defect, sufficient reason for the CGR not to have been able to approve (refrendar) it. In addition to the statement of the cited witnesses, with the addendum in question, the term was extended to 25 and a half years, which is to the detriment of the protection of public funds by gifting 6 months of toll collection to the concessionaire, which disrespects Article 57 of the LGC. It objects that the complementary agreement modified the original clause of the contract regarding provisional commissioning (puesta en servicio provisional), whose commission report could be given up to 45 days after the approval of the works by the inspecting engineer; however, that term was reduced to 5 days with the project manager's approval. In this regard, witness Andrés Henao indicated that the inspection was not sufficient, and that the verification of the highway's safety was carried out purely visually, without equipment to verify the works. It adds, as indicated in the complaint, that works were eliminated in the economic balance to the detriment of user safety, and with the testimony of Mr. Julio Esteban Carrasco, it was proven that he did not know of the existence of certain specific pedestrian bridges in Section One of the project, and Claudio Pacheco declared that only 6 of the 11 planned pedestrian bridges exist in that section. Likewise, the procedure for approving the balance violated canon 4 of Law 8643, the Amendment to the LGC. Furthermore, Mr. Pacheco, a witness for Autopistas del Sol, indicated he was unaware that the balances were consulted with the affected community, and this implies a serious procedural defect by omitting the consultation established in the law as an act of a general nature that affects the population with disabilities by eliminating accessible pedestrian crossings in accordance with Law 7600; thus, this population was not consulted whether they agreed with said modification. Also, that this balance was neither approved nor endorsed (refrendado) by the Contraloría, which confirms what was asserted in the complaint. Next, regarding claim 8, it asserts it was proven that only 6 bridges exist, based on the statement of Mr. Pacheco, and Mr. Julio Carrasco said he did not know if all the bridges were there. In relation to claim 9, it considers it proven: the non-existence of all bus bays and that there are no sidewalks at the Siquiares and Turrúcares interchanges, according to what Mr. Pacheco stated. Likewise, from what Mr. Soler stated, he did not know the reason why the roundabout in Piedades de Santa Ana was not built. Regarding claim 10, it considers it proven with Mr. Henao's statement: the purely visual inspection and that aspects of demarcation and signage remained pending in the report, which they noted, as well as not knowing if they were followed up on; and from the statement of witness Roy Barrantes from Lanamme, that the slopes of section 2 of route 27 were still in the process of conformation and the interruption of shoulders and lanes due to slope conformation. It adds that witness Edwin Corrales acknowledged that 2 or 3 people died due to landslides on route 27 and could not explain a collision; witness Carrasco said that cuts are made on the mountain highway that tend to collapse; witness Pacheco acknowledged the slope landslides and alternate routes. Likewise, the administrative file contains the file titled "12889-12795 Seismic threat study and hydro-ecological evaluation for the Ciudad Colón-Orotina highway project," where it indicates that in the second section of route 27 there are abundant active seismic faults, and therefore, the design and cutting of slopes must be earthquake-resistant. Similarly, the "Geotechnical Study, final design of critical cuts and fills for the Ciudad Colon-Orotina section" is recorded, regarding which they commented in the conclusions of the oral and public trial. In relation to claims 2 and 3, it considers the construction of the Radial Alajuelita according to the first complementary agreement, and its maintenance and repair at the State's expense, and its damage from landslides, proven with the testimony of Mr. Pacheco. Regarding claim number 4, from Mr. Brunner's testimony, it considers the adjustment of the project by 22 million dollars without his endorsement as proven. Thus, the project value was 258 million dollars according to witness Amelia Jiménez Rueda, plus 22 million dollars reported by Mr. Brunner, plus 35 (sic) from the First Complementary Agreement. It adds that all guarantees, including the 1% environmental guarantee, should have been adjusted to those amounts; however, witness Mario Céspedes from SETENA was not struck by the adjustment of 2.3 million dollars shown to him documentarily during the trial. However, that environmental guarantee should have been 3 million dollars. The latter is considered proven regarding claim 5. In relation to claim 6, it considers environmental damage proven with the testimonial statement of Montserrat Solano, who declared how the construction company dumped debris into rivers and streams along the highway when the project manager, Mrs. Ada Muñoz, was passing by, as well as it was also proven that the recommendation to reinject the water spilled into the Río Segundo was never executed, nor is it known if the judgment issued in the amparo appeal was executed. It adds that the physical file provided by the PGR contains judgment 2010-10750 from the Constitutional Chamber that condemned the State and Autopistas del Sol for breaking the roof of the Barva aquifer, and Senara's confirmation of the negative impact on the cited aquifer, and other damages proven from the testimonial statements of Mario Céspedes from SETENA, Sandra Arredondo and Edwin Corrales from the CNC, in addition to the documents presented to the latter during the trial, and what was declared by witnesses Julio Esteban Carrasco and Claudio Pacheco, the former, regarding not knowing of the existence of pedestrian bridges in sector one, and the latter, who referred to only 6 of 11 bridges and that the bays fail to meet the requirement of parking several buses at once, as well as a sinkhole causing closure for several days without being able to remember if bridge rent was paid. In relation to claim 7, it reiterates that witness Mario Céspedes was not struck by the document regarding the environmental guarantee for 2.3 million dollars, despite the amount having to be 1% of 258 million dollars plus 22 million dollars of adjustment. In relation to claim 11, it considers it proven, from the statements of Andrés Henao regarding the provisional commissioning of route 27 in January 2010, and of Enrique Soler and Julio Carrasco regarding the definitive commissioning in 2015, that the amount of the fine owed for 5 years of delay in delivering the entire highway is more than 91 million dollars. Furthermore, it reiterates that Mr. Carrasco acknowledged not knowing of the existence of specific bridges in sector one of the project, and Claudio Pacheco affirmed the existence of 6 of 11 pedestrian bridges, the lack of sidewalks at the Siquiares and Turrúcares interchanges, and that he also affirmed the existence of New Jersey barriers on the shoulder in sector two, while Mr. Soler acknowledged that shoulders are safety elements of the highway, and that at the El Coyol interchange there are no sidewalks and it was delayed due to differences with the concessionaire; likewise, he did not explain why, if there is land to locate weigh stations, they could not be built as mandated by the original contract. Regarding claim 13, it alleges that, with the statement of Mr. Pacheco from Autopistas del Sol, it was acknowledged that once the Radial Alajuelita was built according to the Complementary Agreement, the maintenance and repair corresponded to the State, and it was damaged after being handed over due to landslides, without liability of the concessionaire; he also asserted the use of insurance policies for the benefit of users, but could not indicate if there was a protocol for using policies when 2 accident reports from the year 2010 were shown to him. Likewise, Mario Céspedes from SETENA indicated he had heard at some point about an oil pipeline spill. Regarding claim 14, they allege that while the Constitutional Chamber, in its vote 2010-007600, indicated that no right is violated regarding route 707 temporarily while route 27 is being built, witness Andrés Henao confirmed that provisional commissioning occurred on January 27, 2020, without that route 707 having been reconnected, as recorded in folios 93, 130, and 154 of Volume 2 of the file provided by the PGR. Likewise, that the Constitutional Chamber refers to the legality jurisdiction the impact due to the variation of route 707 that implies an increase in travel distance, and if the approval of an overpass at point PK 44+200 is confirmed, which would have allowed residents of the sector to cross to access their properties, that overpass was never built, with no proof to the contrary in the administrative or judicial file, nor did the witnesses declare it. Similarly, the amparo judgment proves that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Instituto Costarricense de Electricidad had to reconnect services, despite it being the concessionaire's obligation. Likewise, the testimony of engineer Julio Esteban Carrasco acknowledged that Mr. Mario's lands had a street enabled, without being able to define through which part of those properties that road passed and whether or not it was enabled, and acknowledged that the marginal four was a few meters below said properties, and as he was never personally at the site, he did not consider the existing level difference, without being clear about the boundaries between the street and Mr. Mario Jiménez's property. In relation to claim 15, it considers it proven with witness Edwin Corrales's statement that the repair of the slopes on the Radial Atenas was carried out by Conavi. Regarding claim 16, it relies on the testimony of Mario Céspedes to prove that there are no wildlife crossings on route 27, and Mr. Carrasco said he learned of an anteater run over on the highway, but not where. Likewise, resolution 1202-09-TAA within the administrative file provided by the PGR shows the lack of wildlife crossings. Regarding claim 17, it reiterates the testimony of Montserrat Solano from the supervising company IMSA, who referred to the impacts on river and stream protection areas, and how, in front of the project manager, Mrs. Ada Muñoz, trucks were dumping material into a river. Also, witness Sandra Arredondo was shown the report from the SETENA Department of Environmental Audit and Monitoring where environmental damages were verified, and said witness indicated she was unaware of the situation of debris dumped into the protection areas. Likewise, Mr. Mario Céspedes said he only visited the authorized spoil areas. Regarding claim 18, it mentions that witnesses Enrique Soler and Julio Esteban Carrasco testified about the automated points for vehicle flow control, and Mr. Claudio Pacheco acknowledged that neither the CNC nor Aresep has access to the concessionaire's computer systems, thereby demonstrating the concessionaire's failure to have the 10 automated traffic counting points according to point 2.7 of the bid specifications. Thus, from those points, the State, through those agencies, could establish the sufficiency of toll booths, the fare, the sufficiency of lanes, and know how much the concessionaire is actually receiving annually from tolls and at what point the present value of the work would be paid. Regarding claim 19, it cites CGR official communication 12 DFOE-IFR-IF-03-2011 regarding the vehicle count with differences of up to 80% for 4-axle vehicles, where the concessionaire reports 24 and the supervisor's count 145, this with a camera system installed in some toll booths, from which it infers that the concessionaire takes advantage of the lack of automated counting equipment and the lack of access to statistical data to report lower vehicle flows to the CNC than those actually received, and thereby, an illicit enrichment of the concessionaire. In relation to claim 20, it cites the testimony of Julio Esteban Carrasco, which proves that section 2 of route 27 is built of asphalt and not hydraulic concrete as established in the bid specifications, and he also testified about the surface roughness index, non-compliance ratified by witness Roy Barrantes from Lanamme, who acknowledged that, on that highway, only the bridges are built of concrete and that, for the year 2010, it had rutting and slippage problems in sections of the highway. In relation to claim 21, it recalls that, in its conclusions, it explained that neither the original contract, nor the addenda, nor the First Complementary Agreement contains authentication of the signatories' signatures as provided by Article 15 of the Organic Law of the PGR in relation to Article 34 of the Notarial Code, and that the award and signing of the contract are legality aspects that the CGR should have verified to approve. In that sense, failure to meet the deadline for signing the contract is a ground for nullity of all acts subsequent to the expiration of 90 days from the finality of the award. It recalls that witnesses Stefan Brunner, Montserrat Solano, and Enrique Soler mentioned that Acosol participated as the contract awardee, who did not meet the required financial solvency as recorded in the award act itself, and in addendum 1, said company was removed, resulting in a partial change of the concessionaire, which was not permitted, so in view of Articles 11 and 132 of the LGAP, the addendum and its approval are flawed and must be declared so. Regarding costs, it recalls the statements of witnesses Soler and Carrasco about the success of the highway due to more vehicles passing than anticipated, and being a present-value contract, the concession should end earlier, but witness Soler said it will end in 2033, which entails a great business for the concessionaire because with the addenda, the value increased from 212 million to 258 million dollars. Furthermore, as of February 15, 2000, the date the bid specifications were published, there was no decree of public interest as mandated by Article 2 of the General Concessions Law, so that procedure is completely null according to Articles 11 and 232 of the LGAP. Finally, it recalls that useful folios from the administrative file were provided on two occasions, at the end of January 2020, however, the Trial Court disregarded this abundant evidence that ratified the facts and the 21 claims of the complaint, as none of those documents were mentioned. XI.- Analysis of the appellate argument. Regarding the alleged disregard of testimonial statements and documentary evidence, the Chamber deems inadmissible the claims that allege their disregard, since those allegations are directed at substantive aspects that were not addressed by the Trial Court, because the complaint was dismissed, in summary, for lack of standing (legitimación activa) and constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). This is evident from the Trial Court's considerations regarding the claims: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, first part of 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. The second part of 13 and the first part of 14 due to constitutional res judicata, and the second part of the latter due to lack of right. In relation to the cited lack of standing, of interest for this challenged point, the Trial Court addressed it based on constitutional Article 49; 1, 2, 10, 20, 21, 37, and transitory III of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa); 9 and 32 of the Law on Promotion of Competition and Effective Consumer Defense (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor); 19 of the General Law on Public Works Concessions with Public Services (Ley General de Concesiones de Obra Pública con Servicios Públicos), as well as vote 598-F-SI-2017 from this Chamber. For this, it considered the lack of standing of the plaintiffs given the finality of the bidding process, the contract, and its various modifications, as well as that Article 19 ibid, on which the plaintiffs based their standing in the complaint, empowers users to directly resort to the administrative jurisdiction in defense of their rights, not the judicial jurisdiction, and regarding various annulment claims and claims about the execution of the contract, it is the Granting Administration that is empowered to claim against the concessionaire. Thus, the statements and other evidence sought by the appellant are irrelevant in the case, since, as stated, the Trial Court declared the lack of standing of the plaintiffs. In that sense, it is observed that the cassation representation links the evidence it cites to its theory of the case; however, that evidence regarding the claims was received according to what had to be resolved given the declared lack of standing, and therefore, it does not constitute a disregard of evidence. Now, regarding the second part of the fourteenth claim, the appellant merely indicates what, in its opinion, is proven by them, but without mention of a thesis and legal provision, both of a substantive nature, on which to base its claim. Thus, all the alleged evidence is disconnected in a clear and precise manner, and a technical-legal thesis (Article 139 subparagraph 3) of the CPCA) is also missing against the substantive grounds regarding the accepted defenses, nor are they associated with any substantive regulatory provision where a cassational claim could be framed to establish the pertinence of overturning the Trial Court's decision. Therefore, the appellate ground thus presented becomes inadmissible. XII.- Fifth ground. Based on Article 138 of the CPCA, it cites the grounds used by the Contentious-Administrative Court on the issue of standing (legitimación), namely: constitutional Article 49, 1, 2, and 37 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (hereinafter LRJCA). Thus, it considers Article 21 subparagraph 2 of the latter law applicable, which admits the challenge of acts referred to in subparagraph a) of the preceding paragraph when they are null and void (nulos de pleno derecho) and are producing effects, but only for their annulment and future inapplicability, from which it establishes: the decree of public interest, the concession bid specifications, the concession contract and its addenda, as well as the complementary agreements, by producing effects, are challengeable. Likewise, in accordance with canon 38 of that law, whose requirements it considers unmet, in none of these administrative files is there evidence that the bid specifications or the award act of the original contract were published, pursuant to Article 35 of the General Concessions Law in relation to Article 245 of the LGAP, since the only publication in Official Gazette 100 of May 25, 2001, omitted the requirement to provide the remedies, deadlines, and competent bodies to challenge the act, and consequently, the publication is absolutely null in accordance with Article 247 of the LGAP. Therefore, the award is not opposable to third parties, nor has any term for prescription or expiration begun. Likewise, neither the contract addenda nor its balances were published in the Official Gazette as prescribed by Articles 25.2 and 35 of the LGC in relation to Article 140 of the LGAP. Therefore, according to numeral 247 ibid, the prescriptive and expiration period against said acts began to run from the filing of the complaint, which binds all endorsements (refrendos). XIII.- Analysis of the appellate argument. The claim is inadmissible, because the first two proven facts demonstrate the publication of both the declaration of public interest of the San José Caldera corridor, according to the National System of Current Legislation (Sinalevi), and the bid specifications for the public works concession with public service. Thus, the Trial Court considered it proven: "1) That the National Concessions Council, in ordinary session 2-98 on August 26, 1998, adopted resolution 01-98 declaring the execution of infrastructure works in the San José - Caldera corridor to be of public interest. This is recorded in Considering IV of executive decree No. 31346-MOPT-II, published in Official Gazette No. 170 on Thursday, September 4, 2003, a decree that is part of the legal system, and which also in its article 1 granted the declaration of public interest to the contract for the concession of the San José - Caldera highway, as a requirement for its endorsement (refrendo) by the Contraloría General de la República. (SINALEVI) 2) That the National Concessions Council, in October of the year 2000, published the Bid Specifications (Cartel de Licitación) for the Public Works Concession with Public Service of the San José-Caldera Highway, which contained administrative bases, technical bases, economic bases, evaluation criteria and selection of offers, and their annexes." (CD highway claim Caldera 27JUN12, 01 Tender Document, Contract, Decree, Addendums// 00 Tender Document - OCT00, images 1-297).». In this way, the alleged breaches are not addressable. In any case, the appellant omits to question the elements held by the Court for the determination of those facts, his claim being extremely vague, referring to the absence of proof in the administrative file regarding those publications. In addition to the foregoing, the argument that considers article 21, subsection 2) of the LRJCA applicable is fruitless, since, through it, he seeks a declaration of absolute nullity of administrative acts. However, in the present case, the claim regarding those annulment-type pretensions were declared without merit for lack of standing. On that account, the reproach formulated is inadmissible. XIV.- Sixth ground. Based on article 138 of the CPCA, he refutes the Court's consideration that the users lack the standing as users of route 27 to file a lawsuit on their own before the contentious-administrative jurisdiction against the defendants, since the material legal relationship only enables them to act in the administrative and not the judicial venue. In this regard, the appellant states, the Court seems to base its criterion on the principle of relativity of contracts, regulated in article 1025 of the Civil Code, by virtue of which, contracts benefit and/or harm only the contracting parties. In his opinion, according to article 1, subsection b) of the General Concessions Law, in public works contracts with public service for a highway, one party is the granting administration, the other is the concessionaire, and the third party are the users obligated to pay for the works through the payment of a toll. In this way, the incorporation of the figure of the user as obligated to pay for the work is framed within article 1026 of the Civil Code. For this reason, the LGC itself detected the importance of the obligated third party in this type of contract by establishing in subsection b) of numeral 19 the standing of users to file complaints or claims before the corresponding administrative authorities, as occurs with articles 25.2 and 35 of the LGC in relation to 140 of the LGAP, where it is obligatory to publish the award and modifications of the contract in the official gazette so that users as obligated third parties can exercise subsequent control over the contract conditions. He adds, when the judges cite the second paragraph of article 32 of Law 7472 they seek to interpret the norms in a way that allows them to deny access to justice to the plaintiffs, violating the pro actione principle. He cites an excerpt from recital VI of opinion 599-F-SI-2013 and from recital VI of judgment 41-1995, both from this Chamber. Likewise, he recalls that in his conclusions he grounded the plaintiffs' standing on the protection of public funds, in respect of which, the Constitutional Chamber has linked it to diffuse interests in judgment 998-1998. Likewise, the lower court itself cited opinion 805-F-SI-2010 from this Chamber. Subsequently, he cites judgment 1262-F-SI-2015 from this Chamber, and 3173-93 from the Constitutional Chamber, the latter, in an effort to justify that the lower court's judgment violates the pro homine principle. Next, he cites article 8 of the American Convention on Human Rights, as well as an excerpt from the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Vargas Areco v. Paraguay. Afterward, he relates numeral 8 of the American Convention with 8.1 of the Organic Law of the Judiciary and 2.5 of the CPC. Following this, he cites an excerpt from judgment 11622-2008 of the Constitutional Chamber on the pro sentencia principle, from which, he deduces, this principle determines that norms must be applied to achieve an effective judgment on the merits, that is, a prompt and complete judgment that resolves on the merits all aspects submitted to the analysis of the respective Court, a principle breached by the lower court, since it sought the most restrictive interpretation of the regulations regarding standing so as not to be forced to analyze all aspects submitted for debate, aspects that were even demonstrated during the oral and public hearing with the statements of the witnesses. XV.- Resolution of the appeal argument. This Chamber disagrees with the interpretation given by the appellant to article 1 subsection b) of the LGC, which defines the contract as: «… an administrative contract by which the Administration entrusts a third party, which may be a public, private, or mixed entity, with the design, planning, financing, construction, conservation, expansion, or repair of any public real property, as well as its exploitation, providing the services foreseen in the contract in exchange for consideration charged to the users of the work or to the beneficiaries of the service.». Indeed, for the purposes of a public work such as route 27, the users or beneficiaries of the service constitute the final target group of it; however, the law does not clearly define them as a party to the contract in the manner intended by the cassation appellant. Interpreted otherwise, this incorporation of the user into the public works contract, as made by the appellant, redefines it according to his theory of the case and the perspective of one who finances a highway with the tolls they pay; nevertheless, the law in question is not limited to that type of public work but covers the general assumptions indicated in article 1 ibid. Therefore, the cassation thesis cannot be entertained. This is relevant for this appeal, as the appellant bases on that thesis the reproach against what the Court asserted regarding the manner in which users can claim their rights, which, as was stated in the judgment, based on the grounds given by the appellant himself, be it article 19 of the LGC, is related to resorting to the corresponding administrative forums. Likewise, it is reiterated, while it is true that the last paragraph of constitutional article 46 recognizes, among others, the right of consumers and users to the protection of their health, environment, safety, and economic interests, it is also clear in indicating that the law shall regulate that matter; and regarding this litigious point, numeral 19 ibid develops that right of users to resort, for the defense of their rights, to administrative forums, not directly to judicial ones, as the lower court well evidenced. Thus, although the appellant himself acknowledges having invoked, even in the trial's conclusions, the defense of diffuse interests regarding the protection of public funds, which he has constructed based on his own interpretations of jurisprudential reasoning, for this Chamber the scope of the cited canon 19 is clear, in the sense previously stated. On that account, the appeal's reproach is inadmissible. XVI.- Seventh ground. Based on articles 138 subsections a) and c) and 137 subsection d), both of the CPCA, he challenges the modification of the text of the second pretension by changing the word resolution to rescission, in pretension number 2. Likewise, he adds, despite the fact that this second pretension is in defense of public funds, since it seeks the collection of one thousand dollars daily for failing to maintain the Escazú-Circunvalación, and Circunvalación-Calle Morenos radial, an aspect accredited by the testimonial statement of Mr. Claudio Pacheco, the judges, ignoring the broad standing indicated by the Constitutional Chamber for individuals in the protection of public funds according to judgment 998-1998, make a restrictive interpretation of the legal system, violating the principles: pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as violating article 8 of the American Convention on Human Rights. XVII.- Eighth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he reproaches the modification of the word resolution to rescission, of the concession, in pretension number 3. Next, he points out, despite the pretension being in defense of public funds by seeking the collection of 150 base daily salaries for failing to maintain the Escazú-Circunvalación, Circunvalación-Calle Morenos radial, and that the contractual resolution was also requested for those breaches, the judges, ignoring the broad standing indicated by the Constitutional Chamber for individuals in the protection of public funds, according to judgment 998-1998, make a restrictive interpretation of the legal system, violating the principles: pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as violating article 8 of the American Convention on Human Rights. XVIII.- Ninth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 4 and the Court's grounds for its dismissal. In this regard, he points out, this pretension has a dual nature: first, protection of public funds, and second, environmental protection by requesting the updating of the guarantee amount in that matter, and despite being in the defense of diffuse interests, the judges, ignoring the broad standing indicated by the Constitutional Chamber for individuals in the protection of public funds, according to judgment 998-1998, make a restrictive interpretation of the legal system, violating the principles: pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as violating article 8 of the American Convention on Human Rights, since the proper course was to declare the standing of the plaintiffs, analyze that pretension on its merits, and declare it with merit. He cites what was considered by the Court regarding diffuse interests when quoting jurisprudence from this Chamber. XIX.- Tenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 5 and the Court's grounds for its dismissal. He considers that this pretension goes hand in hand with number 4 in its dual nature, since it is in the protection of public funds by seeking the updating of construction guarantees, but it is also environmental by requesting the updating of the guarantee in that matter, and despite being in the defense of diffuse interests, the judges, ignoring the broad standing indicated by the Constitutional Chamber for individuals in the protection of public funds according to judgment 998-1998, make a restrictive interpretation of the legal system, violating the principles: pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as violating article 8 of the American Convention on Human Rights, since the proper course was to declare the standing of the plaintiffs, analyze that pretension on its merits, and declare it with merit. He cites what was considered by the Court regarding diffuse interests when quoting jurisprudence from this Chamber. XX.- Eleventh ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 6 and the Court's grounds for its dismissal. He considers that this pretension goes hand in hand with numbers 4 and 5 in its dual nature, since it is in the protection of public funds by seeking the execution of construction guarantees, but it is also environmental for referring to the damage to the aquifer that was not compensated, and despite being in the defense of diffuse interests, the judges, ignoring the broad standing indicated by the Constitutional Chamber for individuals in the protection of public funds according to judgment 998-1998, make a restrictive interpretation of the legal system, violating the principles: pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as violating article 8 of the American Convention on Human Rights, since the proper course was to declare the standing of the plaintiffs, analyze that pretension on its merits, and declare it with merit for having been demonstrated in the oral and public hearing. XXI.- Twelfth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 7 and the Court's grounds for its dismissal. He considers that this pretension goes hand in hand with numbers 4, 5, and 7 (sic) in its dual nature, since it is in the protection of public funds by seeking the execution of the construction guarantees and execution of the amount of 35 million dollars paid in liquid cash to the concessionaire under the First Supplementary Agreement, but especially the environmental guarantee that was never adjusted for this Agreement as was demonstrated in the hearing, and despite being in the defense of diffuse interests, the judges, ignoring the broad standing indicated by the Constitutional Chamber for individuals in the protection of public funds according to judgment 998-1998, make a restrictive interpretation of the legal system, violating the principles: pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as violating article 8 of the American Convention on Human Rights, since the proper course was to declare the standing of the plaintiffs, analyze that pretension on its merits, and declare it with merit for having been demonstrated in the oral and public hearing. He cites what was considered by the Court regarding diffuse interests when quoting jurisprudence from this Chamber. XXII.- Thirteenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 10 and the Court's grounds for its dismissal. In this regard, he notes a serious error because, in the conclusions, the plaintiffs stated they are acting in the protection of public funds, related to road safety measures, and this was confirmed by the statements of Messrs. Andrés Henao and Roy Barrantes, regarding the breach of safety measures, the insufficiency of the provisional putting into service and its purely visual verification, the formation of slopes in mid-2010, at which time the highway did not meet the safety requirement imposed by the legal system and authorizing the collection of tolls, both aspects relating to the protection of public funds, since the work could not begin to be charged and paid for if it was not finished in aspects that, at least, guaranteed the safety of users. Likewise, the statement of Edwin Corrales, who recounted that in the first years of operation there were 2 or 3 deaths due to landslides. Furthermore, the purpose of protecting public funds is denoted because the request is to oblige the concessionaire to return the amounts received since the provisional putting into service if it is proven that the highway was not ready for this in January 2010, which was thus confirmed by the testimonies of the aforementioned individuals, as well as Mr. Claudio Pacheco. Thus, the judgment ignores the standing of users to access justice in matters of protecting public funds and the public treasury according to the jurisprudence cited in the appeal. XXIII.- Fourteenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 11, in respect of which, he points out, the Court once again varied its text by substituting the word resolution with rescission, and based on which, it constructed a whole argument, where, the appellant considers, there was bad faith; however, the Court omitted to vary the article on which the pretension was based, be it article 59 of the General Law on Public Works Concessions with Public Services, a precept reiterated several times throughout the complaint. It was even pronounced upon just before the legal grounds in the section titled "BREACH IN SAFETY ASPECTS". He adds, the seriousness of the judgment is that these insufficiencies were accredited by the testimonial statements of Julio Esteban Carrasco and Claudio Pacheco. He then reiterates that all these aspects of lacking road safety refer to the protection of public funds because it involves a public works administrative contract worth many millions of dollars, whose delivery should have been guaranteed according to the technical and regulatory specifications requested in the tender document and the contract. Therefore, from the principles pro homine, pro sentencia, and pro actione, users can claim in the judicial venue the breach of those safety parameters, where the State has had a lax and complacent participation with the concessionaire, since it is the users who pay part of that work and who are affected in their life, health, and physical integrity by the lack of the safety measures indicated in the tender document. For this reason, the judgment possesses a serious defect in that it ignores the standing of users to access the protection in matters of public funds and the public treasury according to the jurisprudence cited in this appeal. XXIV.- Fifteenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 12 and his grounds for dismissing it. In this respect, he explains, this petition relates to the protection of public funds, insofar as it seeks the collection from the concessionaire of a fine of fifty thousand dollars daily for the delay in the delivery of the work. However, the judges have made a restrictive interpretation when the Constitutional Chamber indicated in its judgment 998-1998 broad standing for individuals in the protection of this matter, which violates the principles pro actione, pro sentencia, and pro homine, as well as article 8 of the American Convention on Human Rights. To the above, he adds, the testimonial statements of Messrs. Esteban Carrasco and Enrique Soler accounted for the putting into service of the highway until the year 2015, that is, 5 years after its provisional putting into service. XXV.- Sixteenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 13 and his grounds for dismissing it. In this respect, he explains, this petition relates to numbers 4, 5, and 7 regarding its dual nature: in the protection of the environment and public funds given the uselessness of the policies to repair environmental damage to river and stream protection areas, confirmed by testimonial and documentary evidence, and the uselessness of traffic accident policies according to the reports presented for the years 2010 and 2011. Thus, despite being in the defense of diffuse and collective interests resulting from the landslides on the radial roads and the sums that CONAVI and the MOPT had to assume, which were the obligation of Autopistas del Sol, the judges, ignoring the broad standing recognized by the Constitutional Chamber according to its judgment 998-1998, opt for a restrictive interpretation against the plaintiffs, violating the principles pro actione, pro homine, and pro sentencia, as well as article 8 of the American Convention on Human Rights. He reiterates, regarding diffuse interests and the standing of individuals, he recalls, the Court itself made an analysis citing jurisprudence from this Chamber. XXVI.- Seventeenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 14 and his grounds for dismissing it. In this respect, he questions the Court's criterion regarding the occurrence of constitutional res judicata. In this regard, he cites article 163 of Law 7130, in force at the time of filing the complaint, as well as opinion 958-2009 of this Chamber, this, regarding material res judicata and the concurrence and identity of its elements: subjects, object, and cause. He considers the first element concurrent, however, he questions that the Constitutional Chamber was never asked to evaluate the loss of productivity and the inconveniences due to the lack of construction of the overpass on route 707. Furthermore, the cause would also not be the same, since Mr. Mario Valverde's pretension relates to an ordinary legality issue, which the Constitutional Court left open in its opinion 2010-007600. Likewise, he assures, the reason for withdrawing pretension number 15 was not the one indicated by the Contentious-Administrative Court, relating to the existence of the constitutional ruling, but rather because it implied joining the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to the litigation, which would have meant rolling back the proceedings, delaying it even further. Similarly, regarding the transcription made by the Court of the constitutional judgment, the appellant interprets that what that Chamber says is that rights are not violated by route 707 insofar as the disconnection is temporary during the construction of route 27, a key aspect because that reconnection never occurred. Likewise, he interprets that when the Chamber refers the issue of the affectation by route 27 to the legality venue, it refers to the contentious-administrative venue, and although the Administration approved in July 2008 the construction of an overpass at point PK 44+200, there is no record that it was built, which was also not proven, and therefore, they were even less able to assess whether Mr. Mario Valverde's affectations were resolved. For this reason, the lower court violated articles 82 and 110 of the CPCA regarding the ascertainment of the real truth of the facts, since the proper course was to consider it unproven. He cites opinion 994-F-SI-2016 as well as recital III of judgment 415-2013, and recital II of judgment 149-2017, all from this Chamber, which constitute reiterated jurisprudence. He then qualifies as irresponsible the lack of proof of damage in this regard that must be repaired, and that, in case of non-compliance, the party could resort to the Chamber via disobedience to authority, because, in the end, it does not matter to them whether the overpass was built or not, or whether the increase in distances affected Mr. Mario Valverde, but rather, ignoring the principles pro sentencia, pro homine, and pro actione, they simply indicated that if the matter was not resolved, one should again go to the Constitutional Chamber to file a proceeding for disobedience, which breaches precepts 41 and 49 of the Constitution, 82 and 110 of the CPCA, and 8 of the American Convention on Human Rights. He then questions the summary of the arguments of Mr. Mario Jiménez Alvarado, because his representation never said that the marginal road 4 does not exist, but rather that the marginal road built has never reached the level of that property, for which reason Mr. Alvarado was left with a large amount of land he cannot use, yet he must still face tax and municipal obligations, despite it being unusable. In this respect, he transcribes his substantive arguments, as well as what was argued by the PGR, the CGR, Autopistas del Sol, and the CNC. He then transcribes the fifteenth proven fact, and what was considered by the Contentious-Administrative Court which, he alleges, made the Chamber say something it did not say, as it neither affirmed that the properties were not isolated, but quite the opposite, nor did it indicate that terraces would be built to enable access to the farm. Likewise, he points out, the representative of the Attorney General's Office managed to confuse the Court by amalgamating the case of another plaintiff with that of Mr. Mario Jiménez Alvarado, for the latter, in his desperation at not having access to his properties and despite what was ordered in the constitutional judgment, since 2011 has had to resort to collecting the damages from that constitutional judgment, and as of the date of the complaint, the matter still remains unresolved. Furthermore, witness Julio Carrasco could not define which part of the land the road called Chepe Mora passes through and whether it is enabled or not, and later acknowledged that marginal road 4 supposedly enabled was several meters below those properties and never considered the existing difference in level. Moreover, that the representative of the Comptroller General's Office affirmed that marginal road 4 is the access street to Mr. Jiménez's properties and that there are billboards on some lands, but he did not prove it, based on which, the Court ruled without considering that marginal road 4 is not the same as what was recorded as a public road in the Public Registry certifications. Likewise, the CNC representative acknowledged that marginal road 4 is not a public road, disregarding what is provided by the General Public Roads Law and that CONAVI intervened it to re-establish the supposed access to Mr. Mario Jiménez's properties; however, the Chamber recognized the lack of access to his lands and ordered payment of the damages, still unresolved, an aspect of the lack of access not recognized by the Court, just as it did not recognize that the concession contract orders said concessionaire to repair the damages caused. Then, regarding the lower court's consideration concerning the lack of proof of the damages caused, he claims the violation of recital V of judgment 994-F-SI-2016 related to recital III of judgment 415-2013 and recital II of opinion 149-2017, all from this Chamber, relating to the obligation for judges to safeguard the principle of real truth in contentious-administrative proceedings. XXVII.- Eighteenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to pretension number 15 and his grounds for dismissing it. In this respect, he again questions the modification of the word resolution to rescission, and considers this pretension related to numbers 4, 5, 7, and 13 regarding its dual nature of protecting public funds and the environment, since the landslides on the Atenas radial road were assumed by CONAVI by contracting a company, when this was the obligation of Autopistas del Sol, and here also the policies were not used to repair the damages, both to the radial road and the potential environmental damages to the river and stream protection areas with the runoff from those landslides, confirmed by the testimony of Montserrat Solano during her statement as well as by the Environmental Audit and Monitoring report shown to Sandra Arredondo. Thus, despite being faced with diffuse or collective interests and being an obligation of Autopistas del Sol according to what was established by the Constitutional Chamber, the judges ignore the broad standing of the appellants in this matter according to judgment 998-1998 of that Chamber and opt for a restrictive interpretation with violation of the principles: pro homine, pro actione, and pro sentencia, as well as numeral 8 of the American Convention on Human Rights. He reiterates, in relation to diffuse interests, the lower court made a consideration drawing on the jurisprudence of this Chamber. XXVIII.- Nineteenth ground. Based on article 138 subsections a) and c) as well as 137 subsection d), both of the CPCA, he refers to the lower court's joint analysis of pretensions: final part of 13, 16, and 17 and its grounds for dismissing them. In this respect, he again questions the Court's modification of the words resolution to rescission in pretensions 16 and 17. He alleges the preterition of Montserrat Solano's testimony about the affectation of rivers and streams and what happened when, in plain sight and with the patience of the project manager, Mrs. Ada Muñoz, a dump truck was throwing material into a river, which she ratified upon seeing some photographs presented to her during her testimony. Likewise, he alleges the preterition of the report from SETENA's Environmental Audit and Monitoring Department, shown to witness Sandra Arredondo regarding environmental damages, and of resolution N9 1153-09-TAA indicated in fact 71 of the complaint, added to what was declared by Mrs. Solano about the water spilled into the Río Segundo not having been reinjected to redirect it to the same aquifer or to assess with AyA the possibility of supplying the population of the area. He then cites recital IV of judgment 805-F-SI-2010 of this Chamber regarding diffuse interests, and expresses his disagreement with the Court having classified the environmental damages as alleged, given the preterition of the indicated evidence. Then, regarding the lower court's citation of judgment 10-001203-0007-CO of the Constitutional Chamber, based on which it orders res judicata, the appellant recalls the elements indicated in article 163 of the Code of Civil Procedure, Law 7130, in force at the time of filing the complaint, as well as what was considered in judgment 958-2009 of this Chamber, reiterated in 470-1999, 933-2006, and 710-2008. Thus, he mentions that none of the plaintiffs were a party in the amparo appeal, and while the object is the same aquifer, in the present case what is claimed is the application of the recommendations given by the Administrative Environmental Tribunal, a legality aspect not evaluated by the Constitutional Chamber, so the 3 constitutive elements of material res judicata are not present. He cites judgment 2010-10750 of the Constitutional Chamber, from which the inexistence of identity of parties is clearly deduced. Thus, in fact 70 the existence of file N9 215-09-02-TAA and resolution N9 1153-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal was set forth, and in fact 71 the 24 affected areas. He then refutes the constitutional res judicata due to the inexistence of identity of parties, object, and cause with judgment 2010-10750 of that Chamber. Likewise, that the lower court preferred to pretermit resolution N9 1153-09-TAA as well as the statement of Montserrat Solano. It alleges a violation of Article 43.1 of the CPC because Mrs. Solano detailed the environmental damages caused by the company in charge of building Route 27, and it reiterates the content of Resolution No. 1153-09-TAA and that the photographs provided were ratified by Mrs. Solano. It reiterates the failure to observe rulings 994-F-SI-2016 and 415-2013 in their Considerando III, from this Chamber. Then, regarding the Court's consideration that the compensation for having the streets closed falls outside of diffuse interests and declaring a lack of active legal standing (legitimación activa) based on Article 19 of Law 7762, it recalls that in the closing arguments of Apreflofas and Mario Valverde, their legal standing was based on their status as users of the highway and on the protection of public funds (tutela de fondos públicos) since it involves a public work where users pay tolls to finance the existence and maintenance of that work, and precisely for this reason, the Constitutional Chamber has contemplated diffuse interests (intereses difusos) in the protection of public funds according to its judgment 998-1998. Likewise, it reiterates, the lower court (A Quo) ruled on diffuse interests by drawing on the jurisprudence of this Chamber. Next, regarding the Court's consideration of claims 16 and 17, it reiterates its considerations regarding constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) and the lack of coincidence in its elements in relation to the amparo judgment referred to by the Contentious-Administrative Court, which it again reproaches for changing the word resolution (resolución) to contractual rescission (rescisión contractual), and likewise, that during the closing arguments of Apreflofas and Mario Valverde, their representation justified their legal standing in the protection of public funds because they were facing a public work financed with tolls paid by users, which is supported by judgment 998-1998 of the Constitutional Chamber, and it recalls that the Court itself addressed the issue by citing jurisprudence from this Chamber. It recalls its legal standing from two aspects, since the contractual clause it considers disregarded refers to environmental matters, an aspect considered to have broad legal standing in the case of diffuse and collective interests, protected under constitutional canons 46 and 50. Then, regarding the Court's consideration of the concessionaire's obligation to understand and mitigate environmental impacts and the claim for compensation for not building biological corridors and the lack of tree planting, it considers the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) and the statement of Montserrat Solano, which prove non-compliance with the said plan, to have been overlooked. Then, regarding the consideration of the lack of specific proof of the existence of the other requested elements in a causal link and the legal standing of the claimants to initiate a sanctioning administrative proceeding, it alleges the lower court's ignorance of citizen legal standing to claim an environmental matter, by considering that being within a concession contract, it could only be through the administrative route, thereby ignoring the constitutional jurisprudence and that of this Chamber that grants broad environmental legal standing. In support of this, it refers to the Constitutional Chamber itself having annulled mining concessions for environmental reasons and cites its ruling 2004-13414, which annulled a mining exploitation concession as unconstitutional. Likewise, it cites Considerando VIII of ruling 90-F-SI-2011 from this Chamber, and ruling 3705-93 of the Constitutional Chamber. XXIX.- Thirty-first ground. It is placed on record that, from this cassation argument onward, the numbering cited in the appeal changes. Therefore, to maintain order in addressing it, the numbering will be kept as stated by the cassation appellant himself. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 18 and the basis for dismissing it. It reproaches the Court for changing the word resolution (resolución) to contractual rescission (rescisión contractual), which they based on Article 59 of the General Law on Concession of Public Works with Public Services. It reiterates that, during the closing arguments of the proceeding, they based their case on the protection of public funds because they were facing a public work financed with tolls paid by users, and where the Administration used public funds for the construction of additional works according to the first supplementary agreement. Therefore, being under that protection, judgment 998-1998 of the Constitutional Chamber recognizes a broad margin of legal standing, on which the appellants rely. It reiterates that the lower court made considerations regarding diffuse interests by drawing on the jurisprudence of this Chamber. In that regard, it again questions the Court's change of the words resolution (resolución) to rescission (rescisión) in claims 16 and 17. It alleges the overlooking of Montserrat Solano's testimony regarding the impact on rivers and streams and what occurred. XXX.- Thirty-second ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 19 and the basis for dismissing it. In this regard, it reiterates that this claim also defends public funds because it seeks to charge the concessionaire for the sums unreported due to the automated counting systems being poorly located and non-functional. Therefore, it is based on judgment 998-1998 of the Constitutional Chamber. XXXI.- Thirty-third ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 20 and the basis for dismissing it. In this regard, it again reproaches the change of the word resolution (resolución) to contractual rescission (rescisión contractual). It questions that the Court considers an "Alleged contractual breach," when the testimony of Mr. Julio Esteban Carrasco proved that the highway section is built in asphalt and not hydraulic concrete according to the bidding documents (cartel) and the contract, with other considerations about the projected surface roughness and that the skid resistance of vehicles when braking is better in hydraulic concrete than in asphalt, and the circumstances in which resurfacing work for potholes occurs, a breach ratified by the testimony of Mr. Roy Barrantes from Lanamme. Therefore, qualifying it as an alleged contractual breach vitiates the judgment, as it implies overlooking 3 testimonies. Likewise, regarding the Court's consideration of the active legal standing of the plaintiffs, it reiterates that this claim also defends public funds for the construction of the highway section in asphalt and not hydraulic concrete, as provided in the contract according to the testimony given and the missing safety aspects on the highway. Thus, these are diffuse interests presented in the trial's closing arguments, whose denial violates the pro sentencia, pro homine, and pro actione principles, legal standing which is recognized by judgment 998-1998 of the Constitutional Chamber. Furthermore, it recalls that the Court made its own arguments on diffuse interests using jurisprudence from this Chamber. XXXII.- Thirty-fourth ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 1 and the basis for dismissing it. In this regard, it argues that the Court knew that the administrative acts were being challenged in defense of public funds, because this was explained by the witnesses during the oral and public hearing. To this end, it cites the testimonial statements of Mr. Stefan Brunner, Amelia Jiménez Rueda, Enrique Soler, and Julio Carrasco, the extension of the concession term from 25 years to 25 years and 6 months, which implies giving away 6 months of toll collections to the concessionaire, as well as the disregard for Article 57 of the LGC, a protection of public funds that was presented in the closing arguments of Apreflofas and Mario Valverde because they were facing a public work financed with tolls paid by the users of Route 27 and the use of public funds for additional works according to the supplementary agreement number one. It concludes that claim 1 defends public funds because it seeks the annulment of acts that increased the terms and amounts in favor of the concessionaire beyond what was originally contemplated in the contract. In that sense, since public funds are involved, the Constitutional Chamber has related them to diffuse interests in judgment 998-1998. Likewise, it reiterates that the lower court made considerations on diffuse interests based on jurisprudence from this Chamber. XXXIII.- Thirty-fifth ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 8 and the basis for dismissing it. In this regard, it reiterates that during the closing arguments, the legal standing to act in the proceeding was based on the protection of public funds because they were facing a public work financed with tolls paid by users of Route 27 and the use of public funds for additional works according to the supplementary agreement number one. It adds that the non-existence of pedestrian crossings and missing bus bays in the first section according to the bidding documents was proven, an absence that demonstrates the violation of public funds, since, according to the law, they were essential works that had been recognized within the value of the work and whose absence endangers the lives of highway users. Despite this, it laments that the Court omitted the foregoing and the testimonial statements that prove them, and ignored the constitutional jurisprudence and that of this Chamber on the protection of public funds, and denied the legal standing of the road users. It cites the statements of the witnesses: Julio Esteban Carrasco and Claudio Pacheco, which prove what was stated in the lawsuit regarding the non-existence of pedestrian crossings in section one of the project and only 6 pedestrian bridges out of the 11 contemplated in the bidding documents and the contract, which demonstrates non-compliance with Article 18 of the Concessions Law and Law 7600. XXXIV.- Thirty-sixth ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 9 and the basis for dismissing it. In this regard, it points out that the testimonial evidence allowed the judges to appreciate the serious contractual breaches, since witness Enrique Soler could not explain why the Piedades Roundabout was not built, and from Claudio Pacheco's statement it is extracted that there are no bus bays in the second section of the project, nor sidewalks at the interchange between Siquiares and Turrúcares. It reiterates that during the closing arguments, the legal standing to act in the proceeding was based on the protection of public funds because they were facing a public work financed with tolls paid by users of Route 27 and the use of public funds for additional works according to the supplementary agreement number one, and the broad legal standing recognized by the Constitutional Chamber in its judgment 998-1998. Then, it recalls that the lower court made considerations on diffuse interests using jurisprudence from this Chamber. XXXV.- Thirty-sixth ground. It is placed on record that this ground is numbered as such. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it refers to the analysis of claim number 21 and the basis for dismissing it. In this regard, it points out that this claim is aimed at the nullity of the initial acts of the entire contract, which has a dual nature: protection of public funds, as they are abusive acts against users and the State, and environmental, because many environmental irregularities have occurred as a result of these contractual acts. However, the judges have ignored the broad legal standing recognized by the Constitutional Chamber in its ruling 998-1998 and performed a restrictive interpretation of the legal system, contradicting the principles: pro homine, pro sentencia, and pro actione, as well as Article 8 of the American Convention on Human Rights. Therefore, the proper course was to declare the legal standing of the plaintiffs regarding this claim, analyze it on its merits, and grant it according to what was proven in the oral and public hearing. Subsequently, regarding the expiration (caducidad) considered by the Court, the appellant considers Article 21, subsection 2), of the LRJCA applicable. Thus, it states that as long as the Public Interest Decree is not repealed, it will continue to have effects, as will the concession bidding documents, the concession contract, and its addenda 1, 2, 3, and 5, as well as the supplementary agreements, insofar as, being a concession in execution, they are fully challengeable under this article. Similarly, according to Article 38 of the LRJCA, in none of the administrative files provided is it recorded that the bidding documents or the contract award were published in accordance with Article 35 of the General Law on Concessions in relation to Articles 245 and 247 of the LGAP; those acts are not effective, are not opposable to third parties, and neither expiration nor the statute of limitations (prescripción) has operated, as the notification is null; nor were the addenda or their balances published as prescribed by numerals 25.2 and 35 of the LGC in relation to Article 140 of the LGAP; therefore, the prescriptive and expiration period according to Article 247 of the LGAP began to run with the filing of the lawsuit. Likewise, neither the contract, nor the addenda, nor the supplementary agreement have their signatures authenticated by a notary, thus disregarding Article 15 of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic in relation to Article 34 of the General Notary Law, for which the judges shirked their duty as controllers of legality. XXXVI.- Thirty-seventh ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it cites judgment 800-F-2005 of this Chamber and alleges the inconsistency of the ruling for changing the word resolution (resolución) to rescission (rescisión) in claims 2, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18, and 20. Thus, it reproaches an extra petita resolution, because a ruling was made on an issue not requested by any of the plaintiffs. In addition, the contractual resolution (resolución) was requested in accordance with Article 59 of the LGC, which indicates the prerequisites for proceeding in that manner regarding the public works concession contract with public service. It reiterates the deficiencies in road safety in the construction of Route 27 and the consequent violation of Article 18 of the LGC: safe pedestrian passage and the number of pedestrian bridges, the number of bus bays and their dimensions, shoulders and their dimensions, all of which was confirmed by the statements of witnesses Julio Esteban Carrasco, Claudio Pacheco, and Enrique Soler. Thus, by modifying the words, the judges managed to avoid being obligated to resolve these serious breaches as grounds for resolving (resolver) the contract according to their functions as controllers of legality. XXXVII.- Joint analysis of the appellate arguments cited in numerals XVI through XXXVII. Initially, regarding the alleged violation of the appellant's rights due to the modification of the word resolution (resolución) to rescission (rescisión), both contractual, a transversal theme in the different appellate grounds, the Chamber considers that this does not affect what was decided nor does it cause harm to the plaintiffs. This is because the judgment was dismissed due to a lack of active legal standing (legitimación activa), regarding which the Court was clear in indicating the differences between contractual resolution (resolución) and rescission (rescisión). However, for this Chamber, what is truly important, and what establishes the impropriety of this reproach, is that, as the lower court stated, for both cases, the legal standing lies with the granting Administration, without any further analysis being conducted on the appropriateness of the resolution (resolución) or rescission (rescisión), since, due to the way the matter was resolved, that was unnecessary. Subsequently, regarding the essential reproach indicated in the cassation claims addressed here, the Chamber observes their impropriety, as it is reiterated, although in the closing arguments—as expressly indicated by the cassation representation—a generic reference to diffuse interests (intereses difusos) may have been made, the structure of their lawsuit, its cause of action, legal basis, and claims are consistent with the precept invoked as justification for their legal standing, namely Article 19 of the LGC, which only allows them to resort to the administrative route in defense of their rights. This, this Chamber reiterates, as an ordinary law, develops the final paragraph of Article 46, the final paragraph of Article 49, and Article 50 of the Constitution, concerning that it is the law that is responsible for developing matters relating to the protection of consumer rights, the subjective rights and legitimate interests of the administered parties, as well as the responsibilities and penalties for environmental impacts. Thus, it is further considered that if, within the framework of a public works concession, the wording of Article 19 ibid is deemed insufficient or restrictive, anyone who considers themselves affected may challenge this precept before the authority and through the corresponding route. Subsequently, and also as a transversal element, the appellant bases their legal standing on ruling 998-1998 of the Constitutional Chamber. However, this refers to a different matter than the present one, where the access to the constitutional venue of a university professor who alleged a diffuse interest in the protection of public funds was analyzed, but within the framework of an unconstitutionality action against precepts of the Administrative Contracting Law and its Regulations. Meanwhile, according to what was considered previously, in the present case, the Chamber considers that Article 19 of the LGC, as the basis for the plaintiffs to justify their legal standing, has its scope limited to enabling the defense of the users of the works indicated in that law through the administrative route, which is per se a normative development of that right recognized at the constitutional level. As for the additional claims set forth in the seventeenth ground, referring to the fourteenth claim and the bases for rejecting it, the Chamber establishes that the Court did hear the allegations of the lawsuit regarding the lack of productivity of the properties, loss of value, and moral damages (daño moral), requested under canon 1045 of the Civil Code. In this regard, in summary, it considered the accusation to be extremely general and vague, as no proof of those claimed damages was provided. Next, the claim regarding the reason for dismissing claim number 15 does not allege a specific grievance beyond the stated disagreement with what was set forth by the lower court. Regarding the disagreement with the Court's interpretation of constitutional judgment 2010-007600, for this Chamber, the Constitutional Chamber considered that the rights of the amparo petitioners in that matter were not violated due to the temporary nature of the measures referring to the disconnection of Route 707 while Route 27 was being built, as well as the then-planned construction of an overpass at point PK 44+200. In that sense, in this Chamber's opinion, any non-compliance in those aspects is to be heard by the Constitutional Court, since, at the time, they conditioned the resolution of the amparo appeal, and the observance of those temporary aspects was not clearly remitted to the ordinary jurisdiction. In this regard, the Contentious-Administrative Court established that the Constitutional Chamber resolved, after considering it possible for the Administration to temporarily make changes to routes in pursuit of the construction of the San José-Caldera highway as a public interest project, and dismissing the injury to fundamental rights, among other things, due to the temporary nature of the project and the approval in July 2008 of the overpass at point PK 44+200, the following: "… To the above, it must be added that, if the appellants consider that the execution of the works caused them harm due to the increased distance they must travel to access their property, or from that place to travel to other locations, that is a legality situation that must be resolved in that jurisdiction." Thus, it is not proven, in the manner stated by the appellant, that the non-compliance with what was ordered by the Constitutional Court was remitted to the ordinary jurisdiction. Likewise, as will be transcribed immediately, the Chamber verifies that, although the challenger alleges an impact due to the inconveniences and increased distances for the neighbors, claim 14 is directly related to the access to the plaintiff's property and breaks down the damages caused in: the lack of productivity, loss of value, and moral damages (daño moral). In that sense, it was requested: "14. Similarly, in accordance with numeral 42, subsections C and D of the CPCA, point 1.9.7.3 of the bidding documents, as well as numeral 1045 of the Civil Code, we respectfully request that the Concessionaire, the CNC, and the State be ordered to reconnect the roads, such as Route 707 and Marginal 4 of Guachipelín de Escazú (…) and that the Concessionaire be ordered to pay for the damages caused especially to the plaintiffs Mario Valverde and Mario Jiménez. Regarding the damages to Mario Valverde and Mario Jiménez, given that we are dealing here with damages for lack of productivity of their properties, loss of value, and even moral damages, we could estimate the value of the damages in an amount between twenty and forty million colones each…". From the above, the Chamber does not verify that direct claim for the alleged increase in distances or other inconveniences. In relation to the foregoing regarding the disagreement with what was decided concerning Mr. Mario Jiménez Alvarado, this Chamber establishes that the alleged lack of productivity of the properties due to Marginal 4 originates, according to what was requested in the lawsuit, from the lack of connection of the roads. In that sense, the Court considered that this specific matter was resolved by the Constitutional Chamber in judgment 2011-10702, where the appeal was granted and the President and Secretary of the CNC were ordered to facilitate the protected party's access to his properties. Therefore, that main aspect, specifically claimed in the contentious-administrative jurisdiction, concerning access to the properties due to Marginal 4, is a matter already resolved in the constitutional venue; any non-observance would be for the affected party to make known to the Constitutional Chamber. Thus, if the solution adopted following that judgment does not comply with what was ordered through the amparo proceeding, it must be pursued in that venue, or in the criminal venue for disobedience to authority. In this regard, this Chamber disagrees with what was considered by the appellant, concerning that the lower court adopted a negligent stance by referring the amparo-protected parties to that Chamber. On the contrary, it is a matter of pursuing claims through the legally established routes for this, and the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the way to enforce the resolutions issued by the Constitutional Chamber. Therefore, the argument alleging the Court's violation of the principle of ascertaining the real truth in contentious-administrative proceedings is fruitless. Furthermore, it is considered pertinent to note that, although Article 137, subsection d), of the CPCA is cited as a basis in the different cassation grounds, the appellate arguments fail to justify how the Contentious-Administrative Court could have incurred this procedural cause for cassation. Next, what is alleged in the nineteenth ground of the appeal is fruitless, as the Court was clear in its reasons for dismissing the damages because the requirements to identify them according to the requirements of numeral 196 of the LGAP were not met, in the sense of being actual, evaluable, and individualizable in relation to a person or group. It was necessary for the cassation appellant to refute the above by indicating how those prerequisites were indeed met in relation to the evidence they claim was overlooked, namely the statement of Mrs. Montserrat Solano, the report submitted to Mrs. Sandra Arredondo, or Resolution No. 1153-09-TAA of the Environmental Administrative Tribunal. Likewise, it is reiterated that the challenger fails to question the lower court's own grounds for detracting credibility from Montserrat Solano's testimony, which also rules out that said evidence was overlooked. Nor is it shared that, in this case, the application of the recommendations made by the Environmental Administrative Tribunal is demanded, since claims: the final part of 13, 16, and 17, resolved jointly by the lower court and refuted in this cassation ground, are directly based on specific points of the bidding documents: 1.9.7; 1.9.7.3; 2.6.11; 2.3.2.1.14, and 2.9.2, subsection E, without reference being made to the recommendations of the Environmental Administrative Tribunal. XXXVIII.- Thirty-eighth ground. Based on Article 138, subsections a) and c), as well as 137, subsection d), both of the CPCA, it alleges a lack of reasoning in the judgment regarding what would constitute an exempting cause for costs (costas) according to Article 193 of the CPCA. It cites Article 136 of the LGAP by remission from Article 220 of the CPCA, from which it deduces that the judgment imposes an obligation, namely the costs of the proceeding on the plaintiffs, so it should have provided the reasons for imposing them and not merely limited itself to citing numeral 193 ibid. It states that, during the oral hearing, they based their legal standing on the rights of highway users and the defense of diffuse environmental interests and the protection of public funds and the public treasury, where legal standing is broad as recognized by the Constitutional Chamber in its judgment 998-1998, since this is a public work paid for with user tolls and where public funds were used for the construction of additional works according to the first supplementary agreement. Likewise, it reiterates that the Contentious-Administrative Court made arguments on diffuse interests based on the jurisprudence of this Chamber. Thus, it concludes that it misses the reasoning regarding the order to pay costs, which it considers serious, since there is broad legal standing to sue in defense of public funds or environmental matters, which is what occurred in the present case. Likewise, according to the testimonies given during the oral and public hearing, the relevant facts to uphold the lawsuit were proven. Finally, it refutes the imposed order to pay costs, since, in accordance with numeral 193.2 of the law ibid, in this case, as it involves the legitimate defense of the environment and public funds, as well as the interests of the users of Route 27, the plaintiffs had sufficient reason to litigate; therefore, the order to pay costs is not applicable to them. XXXIX.- Analysis of the appellate argument. In essence, the Chamber observes, beyond their lack of legal standing, for which the Contentious-Administrative Court had to conduct a lengthy and abundant development, discussed even in this venue, that the appellant is correct regarding the existence of a legitimate and sufficient cause to resort to the contentious-administrative jurisdiction to claim for the impact on their rights due to the challenged administrative acts. Thus, without prejudice to its impropriety due to the effect of the accepted exceptions, the claims for damages directly associated with the plaintiffs Valverde López and Jiménez Alvarado, as well as the invocation they make jointly together with the co-plaintiff association regarding their action in defense of diffuse interests of public funds and environmental matters, in this case, whose basis is the construction of a work declared of public interest with the specific alleged shortcomings, constitute, in this Chamber's opinion, a sufficient and adequate reason to litigate, since the invoked legal standing under Article 19 of the LGC, by the way it is structured, and in light of the cited constitutional jurisprudence, could have represented to the plaintiffs the certainty of a substantial legal relationship with the object claimed in the lawsuit. Therefore, it is considered that the cassation representation is correct in that the plaintiff party should be exempted from the costs incurred with their lawsuit. XL.- As a corollary of the foregoing, in what has been expressly challenged, the appeal must be partially granted, only insofar as it ordered the plaintiffs to pay costs (costas). Instead, they shall be exempted from this item, and in all other respects, the judgment challenged in this venue shall remain unaltered. THEREFORE The new evidence offered is rejected. The appeal is partially granted. The challenged judgment is reversed solely insofar as it ordered the plaintiffs to pay the costs. Instead, they are exempted from this item. In all other respects, the challenged judgment remains unaltered. JRODRIGUEZBAR Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Germán Jesús Serrano García Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- RG4XIBTTZDG61 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:40:00. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República