Res. 00391-2024 Sala Primera de la Corte — No liability for landslide on Río PirroDenegatoria de responsabilidad por deslizamiento en Río Pirro

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00391 - 2024

Fecha de la Resolución: 03 de Mayo del 2024 a las 09:25

Expediente: 11-007411-1027-CA

Redactado por: Iris Rocío Rojas Morales

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: SALA PRIMERA




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 11-007411-1027-CA

Res. 000391-F-S1-2024

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del tres de mayo de dos mil veinticuatro .

 Proceso de conocimiento establecido ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], representados por la licenciada [Nombre 008] (imagen 1384); [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 012], representados por el licenciado [Nombre 013] (imágenes 2020 a 2025 y 2036); contra la [Nombre 014], cédula jurídica [Valor 001] representada por [Nombre 016], mayor, casado en segunda nupcias, cédula [Valor 002], licenciado en contaduría pública, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, quien otorga poder especial judicial a favor de [Nombre 017], mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad [Valor 003] (imagen 256), [Nombre 018], cédula jurídica [Valor 004] representada por su apoderado especial judicial [Nombre 017], calidades indicadas anteriormente (imagen 494), [Nombre 035] representado por [Nombre 020], mayor de edad, casado una vez, pastor evangélico, vecino de Heredia, cédula de identidad [Valor 005], quien otorga poder especial judicial a [Nombre 021], mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula [Valor 006]  (imágenes 697, 1803 y 1817) y Municipalidad de Heredia, representada por el Alcalde [Nombre 022], mayor, divorciado, cédula de identidad [Valor 007], magíster en administración de Negocios, vecino de Heredia, quien otorga poder especial judicial a [Nombre 023], cédula de identidad número [Valor 008], carné del Colegio de Abogados [Valor 009] y [Nombre 024] portador de la cédula de identidad número [Valor 010], carné del Colegio de Abogados [Valor 011] (imagen 373). El licenciado [Nombre 013] en representación de [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 009] y [Nombre 012] impugna el fallo 37-2021 de las 10 horas 35 minutos del 26 de abril del año 2021, del Tribunal Contencioso Administrativo integrado por los jueces Sergio Mena García, Juan Luis Giusti Soto y Alexandra Zúñiga Mora.

Redacta la Magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

I.- Según se desprende de la sentencia, los señores [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011] y [Nombre 012], demandaron a la Municipalidad de Heredia, la [Nombre 014], a [Nombre 018] y la [Nombre 035] de Heredia. Instaurada la demanda y luego de múltiples subsanaciones, resolución de incidencias y aclaraciones a las pretensiones tramitadas a lo largo de cuatro audiencias preliminares, quedó establecido el siguiente cuadro petitorio: "1. Que se ordene a la Municipalidad de Heredia construir un muro de contención a lo largo del margen izquierdo del Río Pirru (Sic…) con el fin de impedir nuevos deslizamientos que pongan en riesgo la vida de los vecinos de la Urbanización San Fernando. 2. Que se ordene a la Municipalidad de Heredia no emitir nuevos permisos para realizar construcciones al margen del Río Pirru (Sic…), a fin de evitar un daño mayor al medio ambiente y al cause (Sic…) natural del río. Que se ordene a la [Nombre 035] y a la [Nombre 014] abstenerse de realizar cualquier tipo de construcción que altere el margen natural del Río Pirru (Sic…). . Que se ordene en forma solidaria a la Municipalidad de Heredia, a la [Nombre 035] y a la [Nombre 014] al pago de los daños y perjuicios ocasionados en contra de los afectados directos e indirectos todos vecinos de la urbanización San Fernando. 5. Que se condene a los demandados en forma solidaria al pago de las costas personales y procesales. 6. Que habiéndose determinado la existencia de daños y perjuicios producto de las conductas y omisiones por parte de los demandados se condene a estos en abstracto al pago solidario de daños y perjuicios los cuales serán liquidados en la respectiva ejecución de sentencia. La parte aclara que el monto de los daños y perjuicios corresponde a 120 millones para cada uno de los afectados directos y 60 millones para cada uno de los afectados indirectos.”. Todas las co demandadas se opusieron y plantearon las siguientes excepciones: La Municipalidad de Heredia: a) defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa, b) falta de legitimación activa, c) falta de representación, d) defectos no subsanados de la demanda, e) prescripción y f) falta de derecho. La [Nombre 014]: a) falta de legitimación. [Nombre 018] planteó: a) indebida representación, b) defectos no subsanados, c) indebida acumulación de pretensiones, d) prescripción o caducidad del derecho, e) falta de legitimación activa y pasiva, f) falta de derecho. La [Nombre 035] opuso: a) falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario, b) incompetencia por la materia, c) falta de agotamiento de la vía administrativa, d) falta de interés actual, e) falta de legitimación ad causam pasiva y f) falta de derecho. La parte actora busca responsabilizar a la Municipalidad demandada, y a las tres personas jurídicas de Derecho Privado, de los daños ocurridos en sus viviendas ubicadas en la Urbanización San Fernando, así como a la pérdida de la plusvalía de los terrenos, producto del derrumbe que ocurrió en el mes de octubre del año 2011. Atribuyen responsabilidad al gobierno local no sólo por sus acciones, sino también por omisiones. Le endilgan responsabilidad a la [Nombre 014]. y al [Nombre 035], ya que la construcción obras por ellas realizadas, son causantes de la afectación del Río Pirro, que tuvo como subsecuente efecto, la destrucción del talud y el deslizamiento del terreno donde se encontraban asentadas algunas de las viviendas de los actores. El Tribunal integrado por los jueces Sergio Mena García, Juan Luis Giusti Soto y Alexandra Zúñiga Mora, en el fallo 37-2021 de las 10 horas 35 minutos del 26 de abril del año 2021 dispuso declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos. Inconforme los actores [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 009] y [Nombre 012] interponen recurso de casación, en el que se plantean dos reparos, los cuales se pasan a resumir de seguido.

II.- Primero: Refiere la parte recurrente que presentó prueba para mejor resolver y el Tribunal la rechazó con el argumento de que se encontraba en etapa de juicio, lo cual, en su criterio, no es un motivo de rechazo pues de la inteligencia del artículo 50 del CPCA, dice, es claro que para que los documentos sean admitidos como prueba para mejor resolver deben valorarse, en este caso el Tribunal, no los admitió, pero tampoco los valoró. Así, arguye, debió valorarse el documento denominado avalúo de la propiedad de la señora [Nombre 010] el cual, estima, tiene un vínculo directo con la teoría del caso por cuanto dicho estudio detalla cual es la causa origen del estado de la vivienda. El documento IAR-O-F-0217-2016, define la responsabilidad del ente municipal en cuanto al manejo inadecuado y omiso, por décadas, de la cuenca del Río Pirro; al igual que el oficio DPM-lNF-0708-2012, que además, establece la relación causal existente entre los daños que sufrió la vivienda de la señora [Nombre 010]. Acusa la trasgresión del canon 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), en el tanto el rechazo adolece de una debida fundamentación al referirse únicamente a la admisibilidad y no a la valoración o eficacia de la prueba. Dentro de la prueba documental rechazada, alega, consta la orden Sanitaria N: 065-2016-AV, que sirve   para demostrar los daños materiales que sufrió la casa número 74 de la señora [Nombre 010]. Arguye, por el rechazo de dicha prueba se tuvo por no demostrado el daño sufrido por la vivienda debido al derrumbe acaecido el día 14 de octubre de 2011.

III. Sobre la prueba para mejor resolver. El Tribunal luego de hacer una exposición de la línea temporal de la presentación de la prueba, ya que se ofreció en diversos momentos procesales, explicó que existen distintas etapas procesales en donde las partes pueden ofrecer sus pruebas, de acuerdo con la naturaleza de cada proceso. En esa línea de pensamiento transcribió el precepto 50 del CPCA y resolvió: “…Según se señala en el artículo 50.2, si tales documentos son presentados antes de la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte para que se refiere a éstos. Para el caso en que se presenten después de la audiencia preliminar, quedará a juicio del Tribunal considerarlos como parte del acervo probatorio, en carácter de prueba para mejor resolver. En el caso que nos ocupa, es posible apreciar que las gestiones probatorias de los días treinta y uno de marzo y veintiuno de abril, ambos del año dos mil dieciséis, de los representes de los actores y actoras [Nombre 027] y [Nombre 008], se realizaron con anterioridad a la tercera audiencia preliminar. No obstante, la del veinte de octubre del dos mil dieciséis se hizo en la etapa de juicio. Así planteadas las cosas los dos primeros ofrecimientos se ubican en el inciso segundo párrafo primero del artículo cincuenta, haciendo la acotación que fue el Tribunal de Juicio el que debió conceder la audiencia a las partes, dada la omisión del juez de la etapa de trámite. Por otro lado, la tercera gestión encaja dentro del último párrafo del inciso segundo de la norma antes citada, dado que la prueba fue ofrecida con posterioridad a la audiencia preliminar y cuando el asunto había sido elevado a la fase de juicio. Como se desprende de la inteligencia que se encuentra plasmada en la norma citada, la prueba para mejor resolver tiene un carácter extraordinario, aunque uno de sus fines se encamina a desentrañar la verdad real de los hechos, jamás podrá convertirse en una herramienta procesal encaminada a subsanar las omisiones o yerros a la hora de ofrecer la prueba en la fase escrita de demanda, pues el derecho de defensa, el debido proceso y el abuso procesal son los elementos que deben tenerse en cuenta para valorar si se admite o no este tipo de prueba excepcional. Dada la forma en la que fue presentada la demanda y por las mismas quejas de indefensión que presentaron los accionados en el primero de los intentos fallidos de llevar a cabo el juicio, el Tribunal, permitió a los accionantes subsanar su demanda. Ese era el momento procesal oportuno para enderezar cualquier yerro, tanto de los hechos, como las pretensiones, lo concerniente a la participación subjetiva, así como la prueba de cargo. Llama la atención que la subsanación se produjo el veinticuatro de octubre del dos mil catorce, lo que suponía que ese era el momento procesal para que se fuera aportada  (sic) la prueba necesaria y suficiente para sustentar la teoría del caso que se venía esgrimiendo. Sin embargo, los representantes de los actores el treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, veintiuno de abril del dos mil dieciséis y veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, presentaron prueba para mejor resolver, en el primer caso un año y cinco meses, en el segundo, un año y seis meses y en el tercer caso, prácticamente dos años después. Algunos de esos documentos son anteriores a la fecha de la presentación de la demanda, otros fueron elaborados con posterioridad a la demanda. Si bien algunos de ellos pretenden demostrar la existencia de los daños ocurridos en algunas viviendas, así como sus valoraciones, considera el Tribunal, como se verá en el análisis de fondo de este caso, en el que uno de los aspectos esenciales a demostrar en esta causa es el nexo o vínculo causal entre estos daños y las conductas o actuaciones que se indican. Pese a ello, ninguna de estas pruebas resulta útil, por su falta de contundencia, para demostrar ese aspecto fundamental dicho y que será desarrollado en los considerandos que siguen. Incluso, dentro de la prueba para mejor resolver, la licenciada [Nombre 008] ofrece una gran cantidad de testimonios y declaraciones, justificando en que harán referencia "a los hechos de la demanda", sin precisar exactamente sobre cuál situación en concreto, que permita valorar su admisibilidad y atinencia a los hechos controvertidos. Se debe mencionar además, que algunos de los documentos ofrecidos por la profesional mencionada estaban borrosos y eran ilegibles. El Tribunal, ante el reclamo de las partes accionadas, hizo la prevención, para que fueran aportados nuevamente los que resultaba imposible su lectura, no obstante, no existe constancia de que la prevención se cumplió. La prueba debe ser rechazada en primer lugar no sólo porque no es pertinente y útil para demostrar uno de los aspectos primordiales que circundan este caso y que es el vínculo causal, bajo el planteamiento de la teoría del caso de los demandantes, sobre la relación causal que necesariamente debe existir entre las obras de construcción que mencionan y el deslizamiento del año dos mil once. Por otro lado, vista la dinámica procesal, esta prueba más que para mejor resolver, pareciera que pretende llenar el vacío probatorio de la fase de demanda y su subsanación, en una etapa muy avanzada. Nótese que no se trata de uno o pocos documentos, sino de una gran cantidad de prueba documental y testimonial, que pudo haber sido presentada no sólo en la fase de la demanda inicial, sino en la oportunidad brindada por el Tribunal para subsanarla. Bajo la garantía del debido proceso, el derecho de defensa, la equidad y el equilibrio procesal, la admisión de esta cantidad de elementos probatorios podría causar indefensión, por tratarse prácticamente de una gran cantidad de documentos y declaraciones que podrían ser sorpresivas en una fase en la que había sido superada la etapa de contestación de la demanda y su subsanación. Esta prueba abre el portillo al ingreso de hechos y situaciones nuevas que desbordan no sólo la demanda inicial sino la subsanación. A mayor abundamiento, incluso, sin perjuicio de que no es un aspecto jurídico netamente, tiene peso en la decisión de este Órgano Colegiado, pues aunque se llevó a cabo la prevención a la profesional en derecho para que sustituyera los documentos ilegibles o borrosos, nunca fue atendido el requerimiento del Tribunal.” Basado en la anterior fundamentación, el Tribunal rechazó la prueba para mejor resolver presentada por los actores y actoras, de los días 31 de marzo y 21 de abril, ambos del año 2016 así como la del 20 de octubre del 2017.  

IV.- En lo que se refiere a los medios probatorios, el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) dispone que se hace conjuntamente con la demanda y su contestación y, eventualmente, con la reconvención y la contestación de la misma.  Esa es la regla general que deriva del artículo 50 del CPCA que refiere a la presentación extemporánea de documentos, de la cual se extraen también excepciones a la regla. Reza la norma: “ARTÍCULO 50.- 1) Después de la demanda y la contestación, no se admitirán más documentos, salvo: a) Los de fecha posterior a dichos escritos. b) Los que no haya sido posible aportar con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte interesada. c) Los que, no siendo fundamento de la demanda, sirvan para combatir excepciones del demandado o constituyan una prueba complementaria. 2) De los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte, por un plazo de tres días hábiles; sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia.  Los que se presenten después de dicha audiencia solo podrán ser valorados por el órgano jurisdiccional, en caso de ser admitidos como prueba para mejor resolver.". En ese sentido, el inciso primero de la norma en mención permite que con posterioridad a la demanda y contestación, se presenten documentos con las siguientes características: i) nuevos; ii) que no era posible aportar antes; iii) que sirvan para combatir excepciones del demandado y iv) que constituyan prueba complementaria. Según señala el inciso 2) de la norma, si tales documentos son presentados antes de la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte para que se refiera a éstos. Para el caso en que se presenten después de la audiencia preliminar, quedará a juicio del Tribunal considerarlos como parte del acervo probatorio, en carácter de prueba para mejor resolver. Yerra la parte casacionista en indicar que para que los documentos sean admitidos como prueba para mejor resolver, debieron haberse valorado. Obsérvese que el mencionado inciso 2) del precepto 50 de CPCA establece que solo podrán ser valorados, los que fueron admitidos por el órgano jurisdiccional, como prueba para mejor resolver. La prueba no fue admitida, de ahí su falta de valoración, por lo que los juzgadores actuaron conforme la norma. En todo caso, tal y como se extrae del considerando anterior, al que se remite, en aras de no hacer reiteraciones innecesarias, los jueces fundamentaron ampliamente el rechazo de dicha prueba. No solo consideraron la extemporaneidad de su presentación, sino también, que ninguna de estas probanzas resultaba útil, por su falta de contundencia, para demostrar el nexo de causalidad entre los daños y las conductas o actuaciones que se endilgan a las co demandadas, lo cual no fue debidamente combatido por el recurrente, quien como prueba para mejor resolver presentó el avalúo de la propiedad de la señora [Nombre 010] y los documentos DPM-lNF-0708-2012 y IAR-O-F-0217-2016. Ninguno de los cuales, coincide esta Sala, se encarga de acreditar la relación causal, que necesariamente debe existir, entre los daños ocurridos por el deslizamiento y las obras de construcción que se mencionan. En razón de lo anterior resulta improcedente el agravio planteado.

V.- Segundo: Expone, el Tribunal hace una indebida valoración de la prueba que se enlista a continuación: 1) oficio IM-238-97, de fecha 1 de octubre de 2017, el cual, dice, demuestra que la [Nombre 014] realizó una alteración de las condiciones naturales del terreno, ya que este, posee una pendiente la cual descargaba sus aguas en el Residencial San Fernando y, resalta, el negocio educativo no realizó ninguna obra de recolección y conducción que impidiesen que esas aguas ingresaran y causaran los daños que se comprobaron en la urbanización San  Fernando. 2) oficio DPMINF-498-2005, mediante el cual, indica, la CNE establece recomendaciones para el manejo de la afectación que se ha dado a partir de esta fecha del cauce del Río Pirro, las cuales no son consideraciones de carácter particular, como equivocadamente establece la sentencia, sino que, estima, son recomendaciones de carácter general, que afectarían a todos los propietarios del terreno que se encuentran bajo la influencia del cauce del mencionado Río en la ubicación geográfica especificada. 3) voto 2006-0008554, mediante el cual, considera, se establece el trato negligente e inadecuado desde el punto de vista de los deberes constitucionales.  Acusa, el ente municipal ha sido omiso en cuanto a la realización de las obras para la protección del Residencial San Fernando; lo que demuestra esta prueba es el conocimiento, desde antes de que sucedieran los lamentables hechos objeto de esta causa, de la afectación que sufrían los márgenes del Río Pirro, sin embargo, concluye, nunca, realizó ninguna actuación tendiente a corregir esta situación. 4) oficio 06823-2006-DHR del 26 de agosto del 2006, con el cual, estima, se demuestra que a pesar de que la Municipalidad de Heredia conocía la peligrosidad de las márgenes del río Pirro y las condiciones inadecuadas existentes; nunca se realizó ningún estudio ni obra pertinente y tendiente a evitar los deslizamientos en el margen izquierdo del río, ni cumplió con lo prescrito en los artículos 11 y 87 de la Ley de Construcciones. 5) oficio DOPR-095-2008, mediante el cual, dice, se demuestra que las obras realizadas por el [Nombre 035], en principio se efectuaron sin permiso y modificaron el cauce del río, lo que provocó un daño ambiental que la Municipalidad de Heredia nunca corroboró, lo cual coadyubó a producir el acontecimiento que afectó a las viviendas de los aquí demandantes. 6) el oficio DOPR-618-2008, el cual, igual que el oficio anterior demuestra la afectación al entorno y al cauce del Río Pirro causada por la [Nombre 035], lo cual colaboró a generar la tragedia que se llevó a cabo el día 14 de octubre de 2011.

VI.- Respecto de estas pruebas los jueces refirieron lo siguiente: 1) oficio IM238-97: “En primer término, aunque en el informe IM-238-97 el Ingeniero Municipal [Nombre 028], en el marco de la construcción del edificio propiedad de [Nombre 029]., en el que funcionaría la [Nombre 014], hizo referencia a que se produjo una alteración de las condiciones naturales del terreno, no existe prueba alguna de naturaleza técnica que vincule estas manifestaciones dichas bajo ese contexto en ese año, como la causa eficiente del deslizamiento del catorce de octubre del dos mil once, que produjo los daños que aquí se reclaman. Contrario a esta tesis, la testigo funcionaria ofrecida por la Municipalidad de Heredia Ingeniera [Nombre 030], el día de su declaración ante el Tribunal, que consta en el soporte audiovisual, ubicó las instalaciones de la [Nombre 014] y la zona del trágico deslizamiento acaecido el catorce de octubre del año dos mil once, localizándolos en sentidos opuestos. Al contraponer las manifestaciones del oficio IM-238-97 con lo dicho por la testigo funcionaria, surgen muchas dudas al Tribunal relativas al nexo causal que pueda existir, dada la posición que ocupa en el plano la Universidad y la zona del deslizamiento, así como las causas que pudieron haber incidido en el deslizamiento. Así las cosas, surgen las preguntas de ¿cómo? y ¿por qué? fue que las obras de construcción desplegadas en las instalaciones del centro de educación superior privado que datan de los años mil novecientos noventa y siete pudieran incidir directa o indirectamente en el desplazamiento bajo análisis, que se produjo aproximadamente catorce años después. Los actores y actoras no ofrecieron la prueba técnica pertinente para que fuese vislumbrada por el Tribunal esta vinculación y tenerla como un hecho probado. En otras palabras, para este Órgano Decisor, no está acreditado que las obras del año mil novecientos noventa y siete,  en el marco de la construcción del edificio propiedad de [Nombre 029]., donde iba a funcionar la [Nombre 014] por sí mismas fueran la causa directa del deslizamiento del catorce de octubre del año dos mil once, pues no se aportó la prueba técnica pertinente que llevara a cabo ese vínculo causal dentro de ese contexto histórico del año mil novecientos noventa y siete con lo ocurrido en el dos mil once.” . Tal y como se lee de la fundamentación externada por los jueces, si bien, esa prueba hace referencia a que la construcción que sería para la [Nombre 014], excedió el área a asfaltar en la parte posterior del inmueble, no establece de forma concreta que dicha situación fuera la causante del deslizamiento y consecuente daño a la propiedad de la parte actora, tal y como argumentó el Tribunal. Lo anterior aunado a que los juzgadores, en contraposición a esa probanza, otorgaron gran valor a la declaración de la Ingeniera [Nombre 030] de la Municipalidad de Heredia, quien para empezar, ubicó las instalaciones de la universidad y la zona del deslizamiento en sentidos opuestos, lo que lleva a concluir, utilizando los principios de la lógica, que los trabajos de construcciones realizados en 1997 no podrían tener incidencia en el deslizamiento ocurrido en el año 2011. Los jueces extrañaron una prueba directa que vinculara la acción de la casa de estudios, con la tragedia ocurrida 14 años después, omisión que se mantiene y que esta prueba no es capaz de subsanar. En ese sentido, se tuvo por no demostrado que las obras realizadas por [Nombre 029]., en la propiedad en la cual funcionaría la [Nombre 014], fueran las causantes del daño, con lo cual estima esta Cámara, que hubo un correcta análisis de la prueba, donde en criterio de los jueces, la  declaración de la Ingeniera [Nombre 030], no solo tuvo mayor peso que el oficio IM-238-97, sino además que este oficio, no tiene la virtud de acreditar el nexo de causalidad necesario para la indemnización solicitada, que es finalmente el fundamento central del fallo para declarar sin lugar la demanda. En lo referido a las pruebas 2) oficio DPMINF-498-2005, 3) voto 2006-0008554 y 4) oficio 06823-2006-DHR, fundamentaron los juzgadores: “Por otro lado, tampoco se encuentra la conexión entre los acontecimientos narrados por los accionantes relativos al caso de la señora [Nombre 032], como lo son el informe DPM-INF-498-2005 y lo resuelto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo 2006-008554. Lo anterior, en primer término, porque de la prueba de los autos se desprende que se trata de un caso concreto como lo es el de la señora [Nombre 032], que no agrupó a los demandantes de este proceso en su causa ante la Sala Constitucional. En segundo lugar, porque la señora [Nombre 032] no figura como parte accionante de este proceso ni damnificada con el lamentable acontecimiento del año dos mil once. En tercero, de acuerdo con las manifestaciones ante el Tribunal de la testigo funcionaria [Nombre 030], así como el mismo croquis aportado por los actores, tanto en la demanda inicial como en su subsanación visible a imágenes 187 y 541 del archivo PDF generado por el escritorio virtual, la propiedad de la señora [Nombre 032] no colinda con el cauce del Río Pirro, sino con las instalaciones de la [Nombre 014] en el sector noreste y con un canal. En cuarto lugar y final, es importante señalar que al aplicar las reglas de la sana crítica racional, como son la lógica y la razonabilidad, no es posible extender los efectos del caso concreto que se refleja en el informe DPM-INF-498-2005 y en lo resuelto en el voto 2006-008554 de la Sala Constitucional a todos los actores y actoras damnificados con el evento dañoso, de la presente causa, pues se refieren a una situación individual y concreta como lo fue el caso de la señora [Nombre 032]. Al cotejar estos elementos aportados por los accionantes con las explicaciones dadas por la testigo funcionaria [Nombre 030], en la evacuación de prueba y que constan en el soporte audiovisual del juicio, el Tribunal no encuentra el nexo causal que permita relacionar lo ocurrido con el caso de la señora [Nombre 032] con el deslizamiento del catorce de octubre del año dos mil once. La teoría del caso presentada en esta sede contiene bastantes aseveraciones que apuntan a la supuesta responsabilidad, no obstante se encuentra ayuna de la prueba técnica que permita visualizar el nexo de causalidad. Con la idea de no reiterar, lo indicado con anterioridad, sobre el recurso de amparo de la señora [Nombre 032], aplican los mismos razonamientos esbozados en lo que respecta al informe y recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes mediante el oficio n° 06823-2006-DHR, en el sentido de que se refiere a un caso concreto, que responde al del señor [Nombre 033], quien residía en la casa n.° 75 del Residencial San Fernando, detrás de la [Nombre 014]. Su caso no puede ser extensible a todos los accionantes, pues no se ha logrado demostrar que los hechos que originaron el informe de recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes sean la causa eficiente o directa del colapso del talud acaecido el catorce de octubre del año dos mil once.”.  Coincide esta Sala con lo resuelto, los documentos cuya indebida valoración se acusa, refieren a la situación particular de dos personas que no son los actores. Las dos primeras pruebas conciernen a la señora [Nombre 032], que no forma parte de este proceso y en el caso del oficio n° 06823-2006-DHR, refiere al caso concreto del señor [Nombre 033]. En ambos casos sus propiedades se encuentran en sentido opuesto a la zona del deslizamiento, habida cuenta de que la heredad de la señora [Nombre 032] colinda con las instalaciones de la universidad, mientras que la de don [Nombre 033] se ubica detrás de esta, de ahí que de ningún modo puede considerarse que esa prueba puede acreditar el nexo de causalidad cuya omisión persiste.  En lo atinente a las probanzas 5) oficio DOPR-095-2008 y 6) el oficio  DOPR-618-2008, resolvió el Tribunal: “En lo que respecta a las obras que llevó a cabo el [Nombre 035] accionado que consistieron en la construcción de un muro de gaviones y otro de "llantiones", conforme a las probanzas aportadas a los autos, resulta imposible para el Tribunal tener acreditado que la Municipalidad de Heredia desplegara alguna conducta activa u omisiva que pueda ser considerada como ilícita o anormal y que fuera la que causó de manera directa o que resultara la causa eficiente de los acontecimientos lamentables del catorce de octubre del dos mil once. Contrario a lo que los accionantes (sic), en relación con los hechos relativos a la construcción del muro de gaviones, sin perjuicio de que inicialmente el [Nombre 035] empezó a realizar las obras sin permisos el día treinta de enero del dos mil ocho, el Coordinador Ambiental intervino, mediante el oficio DOPR-095-2008 al informar la situación al Alcalde Municipal. Consecuencia de lo anterior, fue que mediante acta de notificación n.°2879 la Municipalidad de Heredia, ordenó a la [Nombre 035] paralizar los trabajos en el área de protección del río y obtener el permiso del MINAE. Seguidamente el día seis de febrero del año dos mil ocho, mediante oficio RVLA-0254-2008-SETENA, la Secretaría Nacional Técnica Ambiental otorgó la viabilidad ambiental del muro de retención con gaviones de 200 metros cuadrados a la [Nombre 035]. Luego, consta que el día trece de febrero del dos mil ocho, la Municipalidad de Heredia llevó a cabo una inspección ocular con la finalidad de fiscalizar las obras de construcción que llevaba a cabo el [Nombre 035]. Seguidamente, el veintisiete de mayo del dos mil ocho, mediante el informe Técnico AT-0298-2008 de Recomendación de Obra en Cauce, del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, en relación con el muro de contención de gaviones de la [Nombre 035], en la evaluación ambiental se hace la siguiente observación: "Debe quedar claro que con la obra no se va a disminuir la sección del cauce por lo que no se va generar daños a terceros. La afectación que se presenta en las márgenes del Río Pirro se da por eventos hidrológicos extremos, por lo que se nota la afectación no sólo en la margen de derecha, en donde se inició la obra de protección con gaviones, sino que también se da en la margen izquierda en donde se encuentran los quejosos ante la Municipalidad". Posteriormente, el seis de junio del dos mil ocho, mediante el oficio DOPR-618-2008, el Ingeniero Municipal [Nombre 028], en su condición de Director Operativo, le informó al señor [Nombre 003], en atención a su nota del 30 de mayo del 2008, en relación con la construcción que estaba realizando el [Nombre 035] accionado del muro de gaviones. Finalmente, el ocho de octubre del dos mil ocho, el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante la resolución IMN-DA-33902008, aprobó la viabilidad ambiental para realizar la construcción de un muro de contención sobre la margen del cauce del Río Pirro. Así las cosas, el veintiocho de noviembre del dos mil ocho, la Municipalidad de Heredia otorgó el permiso de Construcción n.°13768 a la [Nombre 035] para la construcción de la obra que consistía en el muro de gaviones en la margen del Río Pirro.”. Sobre el análisis de estas pruebas, considera esta Cámara, en contraposición con la prueba 5 y 6, que refieren en forma genérica a que el [Nombre 035], sin contar con permiso en principio, realizó modificaciones en ambos márgenes y al cauce del río Pirro, las cuales, en criterio de la parte recurrente, acreditan la afectación al  entorno y al cauce del Río Pirro como causante de la tragedia del  14 de octubre de 2011; se encuentra el informe Técnico AT-0298-2008, que es la Recomendación de Obra en Cauce, del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, donde expresamente se indica que la afectación que se presenta en los márgenes del Río Pirro se da por eventos hidrológicos extremos. La resolución IMN-DA-33902008 del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el cual se aprobó la viabilidad ambiental para realizar la construcción de un muro de contención sobre la margen de derecha del cauce del Río Pirro y el permiso de Construcción n.°13768 a la [Nombre 035] para la construcción del muro de gaviones en la margen del Río Pirro. Este conjunto probatorio, sustenta la conclusión del Tribunal en el sentido de que las obras de la [Nombre 035], no fueron las causantes de la tragedia sufrida. Se trata de prueba concreta, específica y posterior a cuando se iniciaron las obras sin permiso y no ha sido desvirtuada en autos. Con base en el análisis de una única prueba acusada de mal valorada, esta Sala concluye que no se aprecia el vicio alegado, en el tanto los jueces no solo estudiaron con detalle estos elementos de prueba, sino todos los allegados al proceso, para concluir que de ellos no es posible acreditar el nexo de causalidad necesario entre la conducta desplegada por los demandados y los daños endilgados. Llama la atención de esta Sala que las otras probanzas que mencionaron los jueces para sustentar sus conclusiones, no fueron combatidas. En suma, de las pruebas valoradas en esta sede, tanto en criterio de los jueces como el de esta Cámara, no fue posible encontrar un ligamen directo que permita considerar a las co demandadas, como productoras del deslizamiento que provocó los daños que la parte actora reclama. Debe hacerse especial énfasis de que, tanto en lo atinente a la responsabilidad objetiva de la administración, que es la endilgada al ente municipal, como en relación a la responsabilidad civil extracontractual, que sería la correspondiente a las sociedades co demandadas, para que surja el deber de resarcir los daños como consecuencia de la responsabilidad, debe mediar necesariamente la relación de causalidad entre la acción u omisión dañina y la lesión del bien jurídico. La cual, dicho sea de paso debe quedar plenamente acreditada. Ese nexo causal es el elemento básico que da derecho a una indemnización, y sin el cual esta resulta improcedente, como sucedió en esta litis. Así es que, pese que se tiene por acreditado que se dio un deslizamiento en el río Pirro, que afectó la propiedad de la parte actora, no se logró acreditar que ese deslizamiento fuera provocado por acción u omisión de los co demandados lo que les exime de responsabilidad. Aunado a lo anterior, amerita hacer énfasis a que constan en autos pruebas que suponen la existencia de eximentes de responsabilidad por fuerza mayor y culpa de la víctima, tal y como se procede a explicar. 

VII.- Los juzgadores además de la prueba aludida por los accionantes analizaron  el oficio 2011-11-01 DPM-INF1003-2011, del 15 de octubre de 2011 del Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el que se indica que, de acuerdo con la valoración técnica llevada a cabo en el área donde se produjo el deslizamiento de tierra en la margen izquierda del Río Pirro, donde material (suelo y árboles), se deslizaron hacia el cauce y ocasionaron un represamiento momentáneo de flujo de agua, debido a los efectos de las lluvias del temporal que afectó el país en octubre del dos mil once. El informe en cuestión hizo las siguientes recomendaciones: "Debido a los efectos de las lluvias del temporal que afectó durante el mes de octubre el país, se produjo un deslizamiento de un talud compuesto de tierra y árboles que afecto la integridad de  cinco viviendas (de la 60 hasta la 63 y la 68) del Residencial San Fernando de San Francisco de Heredia, que al desprenderse dejó expuesto la (sic...) cimentaciones de las construcciones, implicando un riesgo a partir de esta fecha para ser habitadas hasta tanto no se efectúen los estudios técnicos y obras de contención necesarias para demostrar su habitabilidad o no...". Basándose en dicho informe, concluyó el Tribunal, que la causa eficiente del deslizamiento se atribuye a un evento propio de la naturaleza, denominado como de fuerza mayor, que opera como una eximente de responsabilidad bajo la óptica del esquema de responsabilidad que se analiza, para el caso del ente público territorial. Aunado a lo anterior y, a mayor abundamiento, expusieron los jueces, existe otro elemento probatorio, - aportado por el ente territorial-. Dicha prueba consiste en la declaración del Geólogo Geotecnista [Nombre 034], quien en el juicio oral y público explicó, que de la visita de campo plasmada en un informe que emitió en julio del año 2012 para la Municipalidad de Heredia, se atribuyó el deslizamiento a la precipitación ocurrida el día del incidente, que fue el 14 de octubre de 2011. Tal conclusión lo cual coincide con lo expuesto en el oficio 2011-11-01 DPM-INF1003-2011. Según resumieron los jueces, explicó el técnico: “…ese día la precipitación se disparó al doble de lo normal. Recordó que para la época el país sufrió un temporal por once días, calificándolo de anómalo, fuera de la media de precipitación. Mencionó que este fenómeno de precipitación tuvo incidencia directa en la saturación de los terrenos, lo que aumentó las fuerzas desestabilizadoras del terreno. Dicha sobre precipitación fue del 120% aproximadamente en ese entonces. Atribuyó las causas del deslizamiento al agua, que se manifestó en diferentes formas, como las aguas llovidas, las aguas en el talud, las aguas pluviales, las aguas negras, la pendiente y el material de relleno del talud. Aclaró que esa duplicación de la media de agua llovida, por el fenómeno atmosférico, sumado a las aguas pluviales de techos que desfogaban en el propio talud, así como las aguas negras de los tanques sépticos, que generaban en forma independiente no canalizada agua al sitio del evento. Según su criterio, todo este conjunto de aguas saturaba el suelo, generando la pérdida de cohesión en el terreno y su desestabilización. Mencionó que la estabilidad en un terreno no es la misma en la época seca que la lluviosa. Consideró que los sitios de infraestructura tanto del [Nombre 035] como los de la [Nombre 014], no tuvieron incidencia sobre el acontecimiento del catorce de octubre del dos mil once. Finalmente los jueces consideraron también la posible la existencia de la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima.  Lo anterior, al analizar el testimonio de la funcionaria Lorely Mena Marín, quien el día de la recepción de prueba declaró que unos tres o cuatro días después del evento dañoso en octubre del año dos mil once, se apersonó al sitio, para ver el muro anclado que existía en ese momento y poder verificar su comportamiento y si había respondido a las fuerzas que enfrentó el acontecimiento. Según indicó, pudo visualizar, después del evento en el muro, cerca de una de las casas afectadas un bajante de bastante diámetro de aguas pluviales que discurrían por el talud. De igual modo, recordó haber visto otras tuberías en dos lotes que desfogaban aguas de pilas detrás de la vivienda hacia el talud, así como otra tubería de un tanque séptico que salía de la parte trasera de otra vivienda hacia el talud. Señaló que dichas aguas no estaban dirigidas a los lugares que la ley debía establece (tanques especiales) sino al cause del rio. Estas manifestaciones de la testigo funcionaria, estimaron los jueces, podrían configurarse como culpa de la víctima.  Observa esta Sala, la parte recurrente tampoco combatió el fundamento de los jueces respecto de la presencia de las eximentes de responsabilidad por fuerza mayor y culpa de la víctima. Lo anterior lleva a concluir, que resulta imposible quebrar el fallo lo que rechazar el agravio.

VIII.- Finalmente, estima esta Cámara que acudiendo a lo establecido en el canon 150 inciso 3) del CPCA, por la naturaleza de las cuestiones debatidas, hubo motivo suficiente para recurrir. Entiende esta Sala que el dictamen preliminar pudo hacerle creer a la recurrente que las obras construidas sin permiso causaron el desastre. Amen de que la Municipalidad requirió de pericia especial posterior al evento, para conocer que hubo un hecho de la naturaleza extraordinario que fue el causante de lo ocurrido, además de que la culpa de la víctima, no esta identificada en un solo sujeto sino en varios. Todo lo cual lleva a considerar, que lo procedente es la exoneración de costas del recurso.

IX.- En mérito de lo expuesto, no se aprecian los vicios invocados por lo que procede rechazar el recurso de casación interpuesto. Se resolverá sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso de casación. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:38:51.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**I.** As indicated by the judgment, the plaintiffs [Name 009], [Name 010], [Name 011], and [Name 012], along with others, filed suit against the Municipality of Heredia, [Name 014], [Name 018], and the [Name 035] of Heredia. Once the lawsuit was filed and after numerous amendments, resolutions of procedural issues, and clarifications to the claims processed over four preliminary hearings, the following petitionary framework was established: "1. That the Municipality of Heredia be ordered to build a retaining wall along the left bank of the Pirru River (Sic...) in order to prevent new landslides that endanger the lives of the residents of the San Fernando Urbanization. 2. That the Municipality of Heredia be ordered not to issue new permits for construction on the banks of the Pirru River (Sic...), in order to avoid greater damage to the environment and to the natural bed (Sic...) of the river. That the [Name 035] and [Name 014] be ordered to refrain from carrying out any type of construction that alters the natural bank of the Pirru River (Sic...). . That the Municipality of Heredia, the [Name 035], and [Name 014] be jointly and severally ordered to pay the damages and losses caused to the direct and indirect victims, all residents of the San Fernando urbanization. 5. That the defendants be jointly and severally ordered to pay personal and procedural costs. 6. That having determined the existence of damages and losses resulting from the defendants' actions and omissions, they be jointly and severally ordered in the abstract to pay damages and losses, which will be liquidated in the respective sentence execution. The party clarifies that the amount of damages and losses corresponds to 120 million for each of the direct victims and 60 million for each of the indirect victims." All co-defendants opposed the lawsuit and raised the following exceptions: The Municipality of Heredia: a) defense of failure to exhaust administrative remedies, b) lack of standing, c) lack of representation, d) uncorrected defects in the complaint, e) statute of limitations, and f) lack of right. [Name 014]: a) lack of standing. [Name 018] raised: a) improper representation, b) uncorrected defects, c) improper joinder of claims, d) statute of limitations or expiry of the right, e) lack of standing, and f) lack of right. The [Name 035] opposed: a) failure to join a necessary party, b) lack of subject matter jurisdiction, c) failure to exhaust administrative remedies, d) lack of current interest, e) lack of standing to be sued, and f) lack of right. The plaintiff seeks to hold the defendant Municipality and the three private law legal entities liable for the damages occurring to their homes located in the San Fernando Urbanization, as well as for the loss of land value, as a result of the landslide that occurred in October 2011. They attribute liability to the local government not only for its actions but also for its omissions. They assign liability to [Name 014] and to the [Name 035], since the construction works carried out by them are the cause of the impact on the Pirro River, which had the subsequent effect of destroying the slope and causing the landslide of the land where some of the plaintiffs' homes were situated. The Court, composed of judges Sergio Mena García, Juan Luis Giusti Soto, and Alexandra Zúñiga Mora, in judgment 37-2021 delivered at 10:35 a.m. on April 26, 2021, ordered the dismissal of the lawsuit on all its grounds. Disagreeing, the plaintiffs [Name 010], [Name 011], [Name 009], and [Name 012] filed a cassation appeal, raising two objections, which are summarized below.

**II.** First: The appellant states that evidence for a better resolution was submitted and the Court rejected it on the grounds that it was in the trial phase, which, in their opinion, is not a reason for rejection because, from an understanding of Article 50 of the CPCA, it is clear that for documents to be admitted as evidence for a better resolution they must be assessed; in this case, the Court did not admit them, nor did it assess them. Thus, they argue, the document called an appraisal (avalúo) of the property owned by Mrs. [Name 010] should have been assessed, which, they estimate, has a direct link to the theory of the case since said study details the originating cause of the state of the home. Document IAR-O-F-0217-2016 defines the responsibility of the municipal entity regarding the inadequate and negligent management, for decades, of the Pirro River watershed; as does official communication DPM-lNF-0708-2012, which also establishes the causal link (relación causal) existing between the damages suffered by the home of Mrs. [Name 010]. The appellant accuses the transgression of canon 50 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), inasmuch as the rejection lacks proper justification when referring only to the admissibility and not to the assessment or efficacy of the evidence. Among the rejected documentary evidence, they allege, is Health Order No. 065-2016-AV, which serves to demonstrate the material damages suffered by house number 74 belonging to Mrs. [Name 010]. They argue that due to the rejection of said evidence, the damage suffered by the home due to the landslide that occurred on October 14, 2011, was deemed not proven.

**III.** Regarding evidence for a better resolution. After presenting the timeline of the evidence submission, since it was offered at various procedural moments, the Court explained that there are distinct procedural stages where the parties can offer their evidence, according to the nature of each process. In this line of thought, it transcribed Article 50 of the CPCA and resolved: "…As stated in Article 50.2, if such documents are submitted before the preliminary hearing, they will be disclosed to the counterparty so that it may comment on them. In the event that they are submitted after the preliminary hearing, it will be at the Court's discretion to consider them as part of the body of evidence, in the nature of evidence for a better resolution. In the case before us, it can be seen that the evidentiary filings of March thirty-first and April twenty-first, both of the year two thousand sixteen, by the legal representatives of the plaintiffs [Name 027] and [Name 008], were made prior to the third preliminary hearing. However, the filing of October twentieth of two thousand sixteen was made during the trial phase. With matters so framed, the first two submissions fall under the second paragraph, first sentence, of Article fifty, noting that it was the Trial Court that should have granted the hearing to the parties, given the omission by the judge during the procedural phase. On the other hand, the third filing fits within the last sentence of the second paragraph of the aforementioned rule, given that the evidence was offered after the preliminary hearing and when the matter had been elevated to the trial phase. As can be deduced from the understanding embodied in the cited rule, evidence for a better resolution has an extraordinary nature; although one of its aims is to reveal the actual truth of the facts, it can never become a procedural tool aimed at correcting omissions or errors when offering evidence in the written phase of the complaint, as the right of defense, due process, and procedural abuse are elements that must be considered when deciding whether to admit this type of exceptional evidence. Given the manner in which the complaint was filed and due to the very complaints of defenselessness presented by the defendants in the first unsuccessful attempts to hold the trial, the Court allowed the plaintiffs to amend their complaint. That was the opportune procedural moment to rectify any error, concerning the facts, the claims, subjective participation, and the evidence for the charge. It is striking that the amendment was made on October twenty-fourth of two thousand fourteen, which implied that this was the procedural moment for the necessary and sufficient evidence to support the theory of the case being put forward to be contributed (sic). However, on March thirty-first of two thousand sixteen, April twenty-first of two thousand sixteen, and October twenty-fourth of two thousand seventeen, the plaintiffs' representatives presented evidence for a better resolution—in the first case, one year and five months later; in the second, one year and six months later; and in the third case, practically two years later. Some of these documents predate the filing date of the complaint, others were created after the complaint. Although some of them aim to demonstrate the existence of the damages occurring in some homes, as well as their assessments, the Court considers, as will be seen in the substantive analysis of this case, in which one of the essential aspects to prove is the nexus or causal link between these damages and the conduct or actions indicated. Despite this, none of this evidence proves useful, due to its lack of forcefulness, to demonstrate that fundamental aspect mentioned and which will be developed in the recitals that follow. Even within the evidence for a better resolution, the licensed attorney [Name 008] offers a large amount of testimony and declarations, justifying that they will refer 'to the facts of the complaint,' without specifying exactly which specific situation, thus allowing an assessment of their admissibility and relevance to the disputed facts. It must also be mentioned that some of the documents offered by the mentioned professional were blurry and illegible. The Court, faced with the complaint from the defendant parties, issued a warning so that those whose reading was impossible be submitted again; however, there is no record that the warning was fulfilled. The evidence must be rejected, firstly, not only because it is not pertinent and useful to demonstrate one of the primary aspects surrounding this case, which is the causal link, under the theory of the case as proposed by the plaintiffs, regarding the causal relationship that must necessarily exist between the construction works they mention and the landslide of two thousand eleven. On the other hand, given the procedural dynamics, this evidence, rather than being for a better resolution, seems to aim to fill the evidentiary void from the complaint phase and its amendment, at a very advanced stage. Note that it is not just one or a few documents, but a large amount of documentary and testimonial evidence that could have been presented not only in the initial complaint phase but also during the opportunity granted by the Court to amend it. Under the guarantee of due process, the right of defense, equity, and procedural balance, admitting this quantity of evidentiary elements could cause defenselessness, as it involves practically a large amount of documents and declarations that could be surprising in a phase where the stage of answering the complaint and its amendment had been concluded. This evidence opens the door to the introduction of new facts and situations that overflow not only the initial complaint but also the amendment. Furthermore, even though it is not strictly a legal aspect, it carries weight in the decision of this Collegiate Body, because although the legal professional was warned to replace the illegible or blurry documents, the Court's requirement was never fulfilled." Based on the above reasoning, the Court rejected the evidence for a better resolution presented by the plaintiffs on March 31 and April 21, both of 2016, as well as that of October 20, 2017.

**IV.** Regarding evidentiary means, the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA) provides that this is done jointly with the complaint and its answer and, eventually, with the counterclaim and its answer. That is the general rule derived from Article 50 of the CPCA, which refers to the untimely presentation of documents, from which exceptions to the rule are also drawn. The rule states: "ARTICLE 50.- 1) After the complaint and the answer, no further documents shall be admitted, except: a) Those dated after said filings. b) Those which could not have been provided earlier, due to causes not attributable to the interested party. c) Those which, not being the basis of the complaint, serve to contest the defendant's exceptions or constitute complementary evidence. 2) Documents submitted after the complaint and the answer, and before the conclusion of the preliminary hearing, shall be disclosed to the counterparty, for a term of three business days; a decision on their admissibility shall be made in the judgment. Those submitted after said hearing may only be assessed by the jurisdictional body in the event that they are admitted as evidence for a better resolution." In this sense, the first paragraph of the mentioned rule allows that after the complaint and answer, documents with the following characteristics may be submitted: i) new; ii) which could not be provided before; iii) which serve to contest the defendant's exceptions, and iv) which constitute complementary evidence. As indicated in section 2) of the rule, if such documents are submitted before the preliminary hearing, they shall be disclosed to the counterparty to comment on them. In the event they are submitted after the preliminary hearing, it will be at the Court's discretion to consider them as part of the body of evidence, in the nature of evidence for a better resolution. The cassation appellant errs in stating that for documents to be admitted as evidence for a better resolution, they should have been assessed. Observe that the mentioned section 2) of Article 50 of the CPCA establishes that only those admitted by the jurisdictional body as evidence for a better resolution may be assessed. The evidence was not admitted, hence the lack of assessment, meaning the judges acted in accordance with the rule. In any case, as drawn from the preceding recital, to which the appellant is referred in order to avoid unnecessary reiteration, the judges extensively justified the rejection of said evidence. They not only considered the untimeliness of its submission but also that none of this evidence proved useful, due to its lack of forcefulness, to demonstrate the causal link between the damages and the actions or omissions attributed to the co-defendants, which was not properly contested by the appellant, who submitted as evidence for a better resolution the appraisal (avalúo) of the property of Mrs. [Name 010] and documents DPM-lNF-0708-2012 and IAR-O-F-0217-2016. None of which, as this Chamber agrees, substantiates the causal link that must necessarily exist between the damages caused by the landslide and the construction works mentioned. Consequently, the grievance raised is inadmissible.

**V.** Second: The appellant states that the Court makes an improper assessment of the evidence listed below: 1) official communication IM-238-97, dated October 1, 2017, which, they say, demonstrates that [Name 014] carried out an alteration of the natural conditions of the land, since it has a slope that drained its waters into the San Fernando Residential area and, they highlight, the educational business did not carry out any collection and conveyance works to prevent those waters from entering and causing the damages that were verified in the San Fernando urbanization. 2) official communication DPMINF-498-2005, through which, they indicate, the CNE establishes recommendations for managing the impact that has occurred on the Pirro River bed since this date, which are not considerations of a specific nature, as the judgment erroneously states, but rather, they estimate, are general recommendations that would affect all landowners located under the influence of the mentioned River bed in the specified geographic location. 3) vote 2006-0008554, through which, they consider, the negligent and inadequate treatment from the standpoint of constitutional duties is established. They accuse the municipal entity of having been negligent in carrying out the works for the protection of the San Fernando Residential area; what this evidence demonstrates is the knowledge, before the lamentable events subject to this case occurred, of the impact suffered by the banks of the Pirro River; however, they conclude, it never performed any act aimed at correcting this situation. 4) official communication 06823-2006-DHR of August 26, 2006, with which, they estimate, it is demonstrated that despite the Municipality of Heredia knowing the danger of the Pirro River banks and the inadequate existing conditions; no pertinent study or work aimed at preventing landslides on the left bank of the river was ever carried out, nor did it comply with the provisions of Articles 11 and 87 of the Construction Law. 5) official communication DOPR-095-2008, through which, they say, it is demonstrated that the works carried out by the [Name 035] were initially performed without a permit and modified the river bed, which caused environmental damage that the Municipality of Heredia never verified, which contributed to producing the event that affected the homes of the plaintiffs herein. 6) official communication DOPR-618-2008, which, like the previous official communication, demonstrates the impact on the environment and the Pirro River bed caused by the [Name 035], which contributed to generating the tragedy that took place on October 14, 2011.

**VI.** Regarding this evidence, the judges stated the following: 1) official communication IM238-97: "First of all, although in report IM-238-97 Municipal Engineer [Name 028], within the framework of the construction of the building owned by [Name 029]., where [Name 014] would operate, referred to an alteration of the natural conditions of the land having occurred, there is no technical evidence whatsoever linking these statements made under that context in that year as the efficient cause of the landslide of October fourteenth of two thousand eleven, which produced the damages claimed here. Contrary to this thesis, the official witness offered by the Municipality of Heredia, Engineer [Name 030], on the day of her statement before the Court, which is recorded in the audiovisual media, located the facilities of the [Name 014] and the zone of the tragic landslide that occurred on October fourteenth of the year two thousand eleven, in opposite directions. By contrasting the statements in official communication IM-238-97 with what was said by the official witness, many doubts arise in the Court regarding the causal link that may exist, given the position that the University and the landslide zone occupy on the map, as well as the causes that could have influenced the landslide. Thus, the questions arise: how? and why? was it that the construction works deployed on the facilities of the private higher education center dating from the year nineteen ninety-seven could directly or indirectly influence the displacement under analysis, which occurred approximately fourteen years later. The plaintiffs did not offer the pertinent technical evidence so that this link could be glimpsed by the Court and taken as a proven fact. In other words, for this Deciding Body, it is not proven that the works from the year nineteen ninety-seven, within the framework of the construction of the building owned by [Name 029]., where the [Name 014] would operate, were by themselves the direct cause of the landslide of October fourteenth of the year two thousand eleven, as no pertinent technical evidence was provided that would establish this causal link within that historical context of the year nineteen ninety-seven with what happened in two thousand eleven." As can be read from the justification given by the judges, although this evidence refers to the fact that the construction intended for [Name 014] exceeded the area to be paved in the rear part of the property, it does not establish in a concrete manner that this situation was the cause of the landslide and consequent damage to the plaintiffs' property, as argued by the Court. This is coupled with the fact that the judges, in contrast to this evidence, gave great weight to the statement of Engineer [Name 030] from the Municipality of Heredia, who, to begin with, located the university's facilities and the landslide zone in opposite directions, which leads to the conclusion, using the principles of logic, that the construction work carried out in 1997 could not have an impact on the landslide that occurred in 2011. The judges noted the absence of direct evidence linking the action of the educational institution to the tragedy that occurred 14 years later, an omission that persists and that this evidence is unable to remedy. In that sense, it was deemed not proven that the works carried out by [Name 029]., on the property where the [Name 014] would operate, were the cause of the damage. With this, this Chamber estimates that there was a correct analysis of the evidence, where, in the judges' opinion, the statement of Engineer [Name 030] not only had greater weight than official communication IM-238-97 but also that this official communication does not have the virtue of proving the necessary causal link for the indemnification requested, which is ultimately the central basis of the judgment for dismissing the lawsuit. Regarding evidence 2) official communication DPMINF-498-2005, 3) vote 2006-0008554, and 4) official communication 06823-2006-DHR, the judges reasoned: "On the other hand, no connection is found between the events narrated by the plaintiffs relating to the case of Mrs. [Name 032], such as report DPM-INF-498-2005 and the resolution by the Constitutional Chamber in amparo appeal 2006-008554. The foregoing, firstly, because it emerges from the evidence in the case file that it involves a specific case, that of Mrs. [Name 032], who did not group the plaintiffs of this process in her case before the Constitutional Chamber. Secondly, because Mrs. [Name 032] is not listed as a plaintiff in this process nor as a victim of the lamentable event of the year two thousand eleven. Thirdly, according to the statements made before the Court by official witness [Name 030], as well as the very sketch provided by the plaintiffs, both in the initial complaint and in its amendment visible at images 187 and 541 of the PDF file generated by the virtual desktop, Mrs. [Name 032]'s property does not border the Pirro River bed but rather adjoins the facilities of the [Name 014] in the northeast sector and a channel. Fourthly and finally, it is important to point out that by applying the rules of rational sound criticism, such as logic and reasonableness, it is not possible to extend the effects of the specific case reflected in report DPM-INF-498-2005 and in the resolution in vote 2006-008554 of the Constitutional Chamber to all the plaintiffs and victims of the harmful event in this present case, since they refer to an individual and specific situation, which was the case of Mrs. [Name 032]. By comparing these elements provided by the plaintiffs with the explanations given by official witness [Name 030] during the taking of evidence, and which are recorded in the audiovisual media of the trial, the Court does not find the causal link that would make it possible to relate what occurred in the case of Mrs. [Name 032] to the landslide of October fourteenth of the year two thousand eleven. The theory of the case presented in this venue contains many assertions that point to supposed liability; however, it is devoid of the technical evidence that would allow visualization of the causal link. With the aim of not reiterating what was previously indicated regarding the amparo appeal of Mrs. [Name 032], the same reasoning applies to the report and recommendations from the Ombudsman's Office via official communication No. 06823-2006-DHR, in the sense that it refers to a specific case, responding to that of Mr. [Name 033], who resided in house No. 75 of the San Fernando Residential area, behind the [Name 014]. His case cannot be extended to all the plaintiffs, as it has not been possible to demonstrate that the events giving rise to the Ombudsman's Office recommendation report are the efficient or direct cause of the slope collapse that occurred on October fourteenth of the year two thousand eleven." This Chamber concurs with what was resolved; the documents whose improper assessment is alleged refer to the particular situation of two people who are not the plaintiffs. The first two pieces of evidence concern Mrs. [Name 032], who is not a party to this process, and in the case of official communication No. 06823-2006-DHR, it refers to the specific case of Mr. [Name 033]. In both cases, their properties are located opposite the landslide zone, given that Mrs. [Name 032]'s property borders the university facilities, while Mr. [Name 033]'s is located behind it. Hence, in no way can this evidence be considered to substantiate the causal link whose omission persists. Regarding evidence 5) official communication DOPR-095-2008 and 6) official communication DOPR-618-2008, the Court resolved: "With respect to the works carried out by the defendant [Name 035], which consisted of the construction of a gabion wall and another of 'llantiones,' according to the evidence provided in the case file, it is impossible for the Court to have proof that the Municipality of Heredia deployed any active or omissive conduct that could be considered unlawful or abnormal and that was the direct cause or the efficient cause of the lamentable events of October fourteenth of two thousand eleven. Contrary to what the plaintiffs (sic) state in relation to the facts concerning the construction of the gabion wall, without prejudice to the fact that initially the [Name 035] began carrying out the works without permits on January thirtieth of two thousand eight, the Environmental Coordinator intervened, through official communication DOPR-095-2008 informing the Mayor of the situation."

As a consequence of the foregoing, through notification record No. 2879, the Municipality of Heredia ordered [Name 035] to halt work in the river's protection area and obtain a permit from MINAE. Subsequently, on February sixth, two thousand eight, through official letter RVLA-0254-2008-SETENA, the National Technical Environmental Secretariat (Secretaría Nacional Técnica Ambiental, SETENA) granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) for a 200-square-meter gabion retaining wall to [Name 035]. Later, the record shows that on February thirteenth, two thousand eight, the Municipality of Heredia conducted a visual inspection for the purpose of supervising the construction works being carried out by [Name 035]. Subsequently, on May twenty-seventh, two thousand eight, through Technical Report AT-0298-2008 on the Recommendation of Work in the Channel (Recomendación de Obra en Cauce), from the Department of Water (Departamento de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy, regarding the gabion retaining wall of [Name 035], the following observation is made in the environmental assessment: "It must be clear that the work will not reduce the channel cross-section and therefore will not cause damage to third parties. The impact on the banks of the Pirro River is due to extreme hydrological events, which is why the impact is noted not only on the right bank, where the gabion protection work began, but also on the left bank where the complainants before the Municipality are located." Later, on June sixth, two thousand eight, through official letter DOPR-618-2008, the Municipal Engineer [Name 028], in his capacity as Operational Director, informed Mr. [Name 003], in response to his note of May 30, 2008, regarding the construction of the gabion wall being carried out by the respondent [Name 035]. Finally, on October eighth, two thousand eight, the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, through resolution IMN-DA-33902008, approved the environmental feasibility to carry out the construction of a retaining wall on the bank of the Pirro River channel. Thus, on November twenty-eighth, two thousand eight, the Municipality of Heredia granted Construction Permit No. 13768 to [Name 035] for the construction of the work consisting of the gabion wall on the bank of the Pirro River." Regarding the analysis of this evidence, this Chamber considers, in contrast with evidence items 5 and 6, which generically state that [Name 035], initially without a permit, made modifications to both banks and the channel of the Pirro River—which, in the opinion of the appellant, prove the impact on the environment and the Pirro River channel as the cause of the tragedy of October 14, 2011—there is Technical Report AT-0298-2008, which is the Recommendation of Work in the Channel, from the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, which expressly indicates that the impact on the banks of the Pirro River is due to extreme hydrological events. Resolution IMN-DA-33902008 from the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, by which the environmental feasibility was approved to carry out the construction of a retaining wall on the right bank of the Pirro River channel, and Construction Permit No. 13768 to [Name 035] for the construction of the gabion wall on the bank of the Pirro River. This body of evidence supports the Court's conclusion that the works of [Name 035] were not the cause of the tragedy suffered. This is concrete, specific evidence from after the time the works began without a permit and has not been refuted in the case file. Based on the analysis of a single piece of evidence accused of being poorly weighed, this Chamber concludes that the alleged defect is not evident, as the judges not only studied these evidentiary elements in detail but all of those submitted to the process, to conclude that from them it is not possible to prove the necessary causal link between the conduct carried out by the defendants and the damages alleged. This Chamber notes that the other items of evidence the judges mentioned to support their conclusions were not challenged. In summary, from the evidence weighed in this venue, both in the opinion of the judges and that of this Chamber, it was not possible to find a direct link that would allow the co-defendants to be considered as the producers of the landslide that caused the damages claimed by the plaintiff. Special emphasis must be placed on the fact that, both regarding the objective liability of the administration, which is what is attributed to the municipal entity, and in relation to extracontractual civil liability, which would be that corresponding to the co-defendant companies, for the duty to compensate damages as a consequence of liability to arise, there must necessarily be a causal relationship between the harmful action or omission and the injury to the legal right. This causal link, it should be noted, must be fully proven. That causal link is the basic element that grants the right to compensation, and without which compensation is improper, as happened in this litigation. Thus, even though it is considered proven that a landslide occurred in the Pirro River that affected the plaintiff's property, it was not possible to prove that this landslide was caused by an action or omission of the co-defendants, which exempts them from liability. In addition to the foregoing, it is worth emphasizing that the case file contains evidence that suggests the existence of exemptions from liability due to force majeure (fuerza mayor) and fault of the victim (culpa de la víctima), as explained below.

VII.- The judges, in addition to the evidence alluded to by the plaintiffs, analyzed official letter 2011-11-01 DPM-INF1003-2011, of October 15, 2011, from the Department of Prevention and Mitigation (Departamento de Prevención y Mitigación) of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), which indicates that, according to the technical assessment carried out in the area where the landslide occurred on the left bank of the Pirro River, where material (soil and trees) slid towards the channel and caused a momentary damming of water flow, due to the effects of the rains from the storm that affected the country in October two thousand eleven. The report in question made the following recommendations: "Due to the effects of the rains from the storm that affected the country during the month of October, a landslide occurred on a slope composed of earth and trees that affected the integrity of five dwellings (60 through 63 and 68) in the Residencial San Fernando of San Francisco de Heredia, which upon detachment left the (sic...) foundations of the constructions exposed, implying a risk as of this date for them to be inhabited until such time as the necessary technical studies and retaining works are carried out to demonstrate their habitability or not..." Based on this report, the Court concluded that the efficient cause of the landslide is attributed to an event of nature, categorized as force majeure, which operates as an exemption from liability under the perspective of the liability scheme being analyzed, for the case of the territorial public entity. In addition to the foregoing and, furthermore, the judges stated there is another evidentiary element provided by the territorial entity. This evidence consists of the statement of the Geological Geotechnician [Name 034], who in the oral and public trial explained that, from the field visit recorded in a report he issued in July 2012 for the Municipality of Heredia, the landslide was attributed to the precipitation that occurred on the day of the incident, which was October 14, 2011. This conclusion coincides with what was stated in official letter 2011-11-01 DPM-INF1003-2011. As summarized by the judges, the technician explained: "...that day the precipitation shot up to double the normal amount. He recalled that at that time the country suffered a storm for eleven days, qualifying it as anomalous, outside the average precipitation. He mentioned that this precipitation phenomenon had a direct impact on the saturation of the terrain, which increased the destabilizing forces of the ground. This excess precipitation was approximately 120% at that time. He attributed the causes of the landslide to water, which manifested in different forms, such as rainwater, water in the slope, stormwater runoff, black water, the slope gradient, and the fill material of the slope. He clarified that this doubling of the average rainwater, due to the atmospheric phenomenon, added to the stormwater runoff from roofs that discharged onto the slope itself, as well as the black water from the septic tanks, which independently generated unchanneled water to the event site. In his opinion, this entire body of water saturated the soil, generating the loss of cohesion in the ground and its destabilization. He mentioned that the stability of a terrain is not the same in the dry season as in the rainy season. He considered that the infrastructure sites of both [Name 035] and those of [Name 014] had no impact on the event of October fourteenth, two thousand eleven." Finally, the judges also considered the possible existence of an exemption from liability due to fault of the victim. The foregoing, upon analyzing the testimony of the official Lorely Mena Marín, who on the day of the evidentiary hearing declared that about three or four days after the harmful event in October two thousand eleven, she appeared at the site to see the anchored wall that existed at that time and to verify its behavior and whether it had responded to the forces faced during the event. According to her indication, she was able to visualize, after the event at the wall, near one of the affected houses, a downspout of considerable diameter for stormwater runoff (aguas pluviales) that flowed down the slope. Likewise, she recalled having seen other pipes on two lots that discharged water from sinks behind the dwelling towards the slope, as well as another pipe from a septic tank that went from the rear part of another dwelling towards the slope. She noted that these waters were not directed to the places required by law (special tanks) but towards the river channel. These statements by the witness official, the judges considered, could be configured as fault of the victim. This Chamber observes that the appellant also did not challenge the judges' reasoning regarding the presence of exemptions from liability due to force majeure and fault of the victim. The foregoing leads to the conclusion that it is impossible to break the verdict and therefore the grievance must be rejected.

VIII.- Finally, this Chamber considers that, turning to the provisions of canon 150, subsection 3) of the CPCA, due to the nature of the issues debated, there was sufficient reason to file an appeal. This Chamber understands that the preliminary opinion could have led the appellant to believe that the works built without a permit caused the disaster. Besides the fact that the Municipality required special expert examination after the event to know that there was an extraordinary act of nature that was the cause of what happened, in addition to the fact that the fault of the victim is not identified in a single subject but in several. All of which leads to the consideration that the appropriate course is to exempt from costs for the appeal.

IX.- In merit of what has been set forth, the defects invoked are not evident, and therefore the appeal (recurso de casación) filed must be rejected. It will be resolved without special condemnation for costs.

POR TANTO

The appeal (recurso de casación) is declared without merit. It is resolved without special condemnation for costs.

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda



Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez

 

 

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