Res. 00685-2024 Sala Primera de la Corte — Jurisdiction over aquifer contamination by pineapple farmsCompetencia en contaminación de acuíferos por piñeras

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00685 - 2024

Fecha de la Resolución: 13 de Junio del 2024 a las 15:11

Expediente: 19-004749-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Conflicto de competencias

Subtemas:

Competencia para resolver.
Principio de perpetuidad de la competencia.

En el presente proceso, el Tribunal rechazó la excepción de incompetencia; decisión que no fue apelada, por lo que resulta improcedente presentar esta discusión en este momento procesal (voto 685-C-2024). 

Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Conflicto de competencias

Subtemas:

Administración pública.

Todo lo relativo a procesos en los que sea parte una Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, como lo es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, serán de conocimiento exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que se impone establecer la competencia de este asunto en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (artículos 1, 2, 5, 90 y 120 Código Procesal Contencioso Administrativo, 8.1 Código Procesal Civil) (voto 685-C-2024).

Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

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Exp. 19-004749-1027-CA 

 

Res. 000685-C-S1-2024

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas once minutos del trece de junio de dos mil veinticuatro .-

 En proceso de conocimiento de las ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DEL ACUEDUCTO RURAL DE SANTA RITA, SANTA ISABEL y LA TABLA, todas de Rio Cuarto de Alajuela y representadas por el licenciado Alejandro Vargas Alfaro, contra el INTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), representado por la licenciada Susana Fallas Cubero, y contra el SERVICIO FITOSANITARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, representado por la licenciada Gloria Elena Solano Martínez y otros, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por la parte demandada. Sin embargo, a pesar de que en su momento ninguna de las partes presentó recurso de apelación ni inconformidad, en la audiencia complementaria previo al dictado de la sentencia, las representantes de la parte demandada alegaron la falta de competencia del Tribunal Contencioso para continuar conociendo del caso, por la existencia de una sentencia de la Sala Contitucional, por lo que dicho tribunal ordenó remitir los autos en consulta ante esta Sala.

CONSIDERANDO

 I.- Las tres Asociaciones Administradoras de Acueductos, consideran que las instituciones demandadas han incumplido sus funciones y a pesar de diversas quejas formuladas durante varios años, han permitido la contaminación química de los suelos y los mantos acuíferos que ellos administran, al otorgar permisos de funcionamiento y explotación de suelos a diversas piñeras, por lo que han formulado un proceso contencioso administrativo para que en sentencia se declare lo siguiente: " 1.- PETITORIA PRINCIPAL: Se declare que ante la negligencia e ineficacia de las entidades estatales competentes, las ASADAS asumirán la restauración in integrum de las fuentes contaminadas: la protección y restauración de los bosques en las zonas de recarga y descarga hídrica, y la protección de los recursos hídricos. En vista de que se aporta un peritaje con el cual se determina la existencia y cuantificación del daño ambiental, así como las recomendaciones para la reparación integral tanto de las fuentes de agua como de los bosques que las protegen, se le ordene al Estado en forma solidaria con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA que depositen las sumas a las que se condene por esos extremos en las cuentas regulares que posee cada una de las ASADAS, o bien, en una cuenta especial que deberá abrir e identificar cada ASADA específicamente para esos efectos, teniendo en consideración que dichas sumas deberán destinarse única y exclusivamente para realizar las obras de reparación y restauración de las zonas afectadas. Igualmente. se le ordene al Ministerio de Hacienda que debe efectuar de inmediato la previsión presupuestaria de dichas cantidades con el fin de garantizar que la reparación será efectiva. Del mismo modo, se le ordene al Estado y al ICAA que deben brindarle todo el asesoramiento técnico y científico a las ASADAS con el fin de lograr la restitución en integrum de los suelos, de las fuentes de agua, y de los ecosistemas contaminados, volviéndolos a su estado original, en virtud de que se trata de bienes que son patrimonio de las comunidades. 2.- PETITORIA SUBSIDIARIA: Si los señores jueces consideran en forma justificada, razonada y fundamentada que la anterior petitoria no es procedente, entonces se le ordene a los demandados que deben proceder de inmediato y sin pretexto alguno a la restauración in integrum de las fuentes contaminadas, a efectuar acciones reales y efectivas para la protección y restauración de los bosques en las zonas de recarga y descarga hídrica, y para la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la biodiversidad. Del mismo modo. se les ordene proceder en cuanto a los dineros conforme se indicó en la petitoria principal, es decir, que se presupueste y se destine única y exclusivamente a los fines ya referidos. Con el fin de garantizar que los demandados cumplirán con lo ordenado por este Tribunal y por la Sala Constitucional. Se les ordene que deben presentar informes regularmente ante esta Autoridad Jurisdiccional durante el tiempo que los señores jueces consideren pertinente, en donde demuestren que se está actuando en forma real y efectiva para la restauración in integrum de las fuentes contaminadas. A efectuar acciones reales y efectivas para la protección y restauración de los bosques en las zonas de recarga y descarga hídrica, y la para la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la biodiversidad.". Además, de lo anterior solicitan se condene a la parte demandada pagar por concepto de daños y perjuicios sufridos y a efectos de reparar toda la contaminación provocada, una suma superior a los cuatro mil doscientos setenta y cinco millones de colones, distribuidos entre las tres asociaciones de administración de acueductos, producto de las diversas conductas omisivas que provocaron la contaminación del agua en las comunidades donde ellas dan el servicio público. (Según escrito de demanda inicial visible en expediente electrónico 18/07/2019).

 II.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución número 122-2022 del veintiocho de enero de dos mil veintidós, rechazó excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por la representante de la parte demandada, ya que consideró que tenía la competencia para conocer de las pretensiones objeto del proceso, sea la declaración de conductas omisivas por parte de las instituciones estatales que ocasionaron la contaminación del agua al permitir y otorgar permisos de funcionamiento y explotación de suelos a diversas piñeras y el cobro de daños y perjuicios contra el Estado por dicha conducta. Ante tal resolución ninguna de los representantes de la parte demandada presentó recurso de apelación ni inconformidad, por lo que el proceso continuó con normalidad, incluso de evacuó la prueba ofrecida por ambas partes. Fue hasta en la audiencia complementaria previo al dictado de la sentencia, que la representante de la procuraduría y la del A y A, alegaron que los hechos denunciados ya habían sido conocidos por un recurso planteado ante la Sala Constitucional, la cual mediante voto número 695-2019 de las nueve horas con quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve se había pronunciado y había ordenado a las instituciones encargadas del Estado, velar por la protección del medio ambiente y que se realizaran los estudios correspondientes y necesarios a efectos que reparar el daño ambiental, por lo que consideran que las pretensiones objeto de este proceso, corresponden a aspectos provenientes de una ejecución de sentencia de la Sala Constitucional y que es esa misma Sala las que los debe conocer y con respecto a la liquidación de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta omisiva de las instituciones demandas es al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la que le corresponde conocer por lo que consideran que el Tribunal Contencioso Administrativo carece de competencia de este proceso. Ante esta manifestación realizada, el Tribunal Contencioso mediante resolución de las quince horas con veinte siete minutos del veinte de febrero de dos mil veinticuatro señalo que la excepción de incompetencia alegada ya había sido resuelta desde enero del año dos veinte dos y que en su momento, no se presentó inconformidad ni apelación alguna, sin embargo, de conformidad con los artículos 5 y 120 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a efectos de evitar una futura nulidad de sentencia, realizará una revisión oficiosa de la competencia con respecto a los alegatos del discurso de apertura pero no de la excepción de incompetencia ya resuelta. Luego de un receso, rechazó los alegatos presentados y se declaró competente para conocer del caso todas las pretenciones con excepción de las referentes a los "costos de restauración de las fuentes afectadas"las cuales ordenó su separación. Ante esta decisión la parte demandada presentó inconformidad con la resolución anterior, en lo conducente alegó: "Conforme a los anículos 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se solicita declarar que la Sala Constitucional 5 competente para conocer las petitorias segunda, tercera y cuana (comprendiendo su estimación según lo recién expuesto), dado que la ejecucion material de fallos constitucionales le corresponde a la misma Sala... El órgano jurisdiccional encargado de conocer todo lo relativo a la ejecución de sentencia de procesos constitucionales de amparo, en lo que respecta a extremos indemnizatorios de los derechos fundamentales que se declararon conculcados, según los numerales 179 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 110 inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 87 inciso 2) del Reglamento Autónomo de Organización y Senvició de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y por ello se solicita declarar que las pretensiones indemnizatorias transcritas son competencia de ese órgano jurisdiccional.". Por lo que el caso fue remitido con consulta ante esta Sala. (Según registro audiencia complementaria visible en autos, realizada el 20/02/2024 15:27h).

III.- En este caso en particular, se discute si el asunto lo debe conocer la jurisdicción Civil o la Contencioso Administrativa. Al analizar de manera exhaustiva la demanda, las pretensiones y los motivos en que se da el conflicto de competencia en razón de materia y para dilucidar el punto, hay que establecer la naturaleza de las pretensiones principales, por lo que hay que poner énfasis en el objeto del proceso. La demanda inicial deja claro que la litis que desencadena en este proceso, deviene por un tema de contaminación de diversos mantos acuíferos que son administrados por las asociaciones demandantes, que otorgan un servicio de dominio público, cual es el agua potable que abastece varias comunidades de la zona de Rio Cuarto de la provincia de Alajuela y que pretenden se declare la omisión de las instituciones estatales de proteger el recurso hídrico al conceder permisos para el cultivo de piña, lo que provocó la contaminación química de los suelos y por ende del agua que ellas distribuyen, por lo que solicitan que se ordene a la parte demandada tomar diversas acciones para evitar que la contaminación continúe y desea además, cobrar por los daños y perjuicios provocados una suma superior a los cuatro mil doscientos setenta y cinco millones de colones a efecto de tomar las acciones necesarias para reparar el daño producido. En razón de lo anterior hay que hacer énfasis, de que la parte actora aclaró en la audiencia correspondiente que las pretensiones realizadas no tienen relación con el voto emitido por la Sala Constitucional número 2019-695, ya que son hechos nuevos ocurridos posterior a dicho voto, sin embargo, ese tema es de fondo y tendrá que ser evacuado posteriormente. Ahora bien, queda claro que ya el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda había resuelto la excepción de incompetencia planteada y la rechazó desde el inicio del proceso. Dicha decisión no fue apelada en su momento por lo que presentar esta discusión en este momento procesal es improcedente. Adicional a lo anterior, de todas maneras según lo expuesto en el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, todo lo relativo a procesos en los que sea parte una Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo como lo es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, serán de conocimiento exclusivo de la jurisdicción Contenciosa Administrativa. En mérito de lo expuesto y de conformidad con los artículos 1, 2, 5, 90 y 120 del Código Procesal Contencioso Administrativo y ordinal 8.1 del Código Procesal Civil, se impone establecer que la competencia de este asunto corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda al que se debe remitir hasta su fenecimiento.

 

POR TANTO

Se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. jorozcof

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 DUWUJXLQST461

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:39:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

FIRST DIVISION OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours eleven minutes on the thirteenth of June two thousand twenty-four.-

In cognitive proceedings brought by the ADMINISTRATIVE ASSOCIATIONS OF THE RURAL AQUEDUCT OF SANTA RITA, SANTA ISABEL, and LA TABLA, all of Rio Cuarto de Alajuela and represented by attorney Alejandro Vargas Alfaro, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA), represented by attorney Susana Fallas Cubero, and against the PLANT HEALTH SERVICE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK, represented by attorney Gloria Elena Solano Martínez and others, the Administrative and Civil Hacienda Trial Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) rejected an objection to jurisdiction based on subject matter (excepción de incompetencia por razón de la materia) filed by the defendant party. However, despite the fact that at the time none of the parties filed an appeal or objection, during the supplementary hearing prior to the issuance of the judgment, the representatives of the defendant party alleged that the Administrative Trial Court lacked jurisdiction to continue hearing the case, due to the existence of a ruling by the Constitutional Division (Sala Constitucional), and therefore said trial court ordered that the record be remitted for consultation before this Division.

I.- The three Administrative Associations of Aqueducts consider that the defendant institutions have failed to fulfill their functions and, despite various complaints made over several years, have allowed the chemical contamination of the soils and the aquifers that they manage, by granting operating and soil exploitation permits to various pineapple farms, and therefore they have brought a contentious-administrative proceeding so that the judgment may declare the following: "1.- MAIN PETITION: It be declared that, in view of the negligence and ineffectiveness of the competent state entities, the ASADAS shall assume the full restoration (restauración in integrum) of the contaminated sources: the protection and restoration of forests in water recharge and discharge zones, and the protection of water resources. Given that an expert report is provided which determines the existence and quantification of the environmental damage, as well as recommendations for the comprehensive repair of both the water sources and the forests that protect them, the State, jointly and severally with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), be ordered to deposit the sums for which they are condemned on these points into the regular accounts held by each of the ASADAS, or into a special account that each ASADA must open and identify specifically for these purposes, taking into consideration that said sums must be used solely and exclusively to carry out the works for the repair and restoration of the affected zones. Likewise, the Ministry of Finance be ordered to immediately make the budgetary provision for said amounts in order to guarantee that the repair will be effective. In the same manner, the State and the ICAA be ordered to provide all technical and scientific advice to the ASADAS in order to achieve the full restitution (restitución in integrum) of the soils, water sources, and contaminated ecosystems, returning them to their original state, by virtue of the fact that these are assets that are the heritage of the communities. 2.- SUBSIDIARY PETITION: Should Your Honors consider, in a justified, reasoned, and substantiated manner, that the foregoing petition is not admissible, then the defendants be ordered to immediately and without any pretext proceed with the full restoration of the contaminated sources, to carry out real and effective actions for the protection and restoration of forests in water recharge and discharge zones, and for the protection of water resources, the environment, and biodiversity. In the same manner, they be ordered to proceed with regard to the monies as indicated in the main petition, that is, that it be budgeted and allocated solely and exclusively for the aforementioned purposes. In order to guarantee that the defendants will comply with what is ordered by this Trial Court and by the Constitutional Division, they be ordered to submit reports regularly to this Jurisdictional Authority for as long as Your Honors deem pertinent, demonstrating that real and effective action is being taken for the full restoration of the contaminated sources, to carry out real and effective actions for the protection and restoration of forests in water recharge and discharge zones, and for the protection of water resources, the environment, and biodiversity." In addition to the foregoing, they request that the defendant party be ordered to pay, as compensation for damages suffered and for the purpose of repairing all the contamination caused, a sum exceeding four billion two hundred seventy-five million colones, distributed among the three aqueduct administration associations, resulting from the various omissions that caused the contamination of the water in the communities where they provide the public service. (According to initial complaint document visible in electronic file 07/18/2019).

II.- The Administrative and Civil Hacienda Trial Court, through resolution number 122-2022 of January twenty-eighth, two thousand twenty-two, rejected the objection to jurisdiction based on subject matter filed by the representative of the defendant party, as it considered that it had the jurisdiction to hear the claims that are the object of the proceeding, namely the declaration of omissions on the part of the state institutions that caused the contamination of the water by allowing and granting operating and soil exploitation permits to various pineapple farms, and the claim for damages against the State for said conduct. In the face of this resolution, none of the representatives of the defendant party filed an appeal or objection, and therefore the proceeding continued normally, including the discharge of the evidence offered by both parties. It was not until the supplementary hearing prior to the issuance of the judgment, that the representative of the Attorney General's Office and that of the A y A, alleged that the reported facts had already been heard through an appeal filed before the Constitutional Division, which, by means of ruling number 695-2019 of nine hours fifteen minutes on January eighteenth, two thousand nineteen, had ruled and had ordered the competent State institutions to ensure the protection of the environment and to carry out the corresponding and necessary studies for the purpose of repairing the environmental damage. For this reason, they consider that the claims that are the object of this proceeding correspond to aspects deriving from the enforcement of a judgment (ejecución de sentencia) of the Constitutional Division and that it is this same Division that must hear them, and with respect to the liquidation of the damages caused by the omission of the defendant institutions, it is the Administrative and Civil Hacienda Court (Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) that has jurisdiction. Therefore, they consider that the Administrative Trial Court lacks jurisdiction over this proceeding. In view of this statement made, the Administrative Trial Court, by means of a resolution at fifteen hours twenty-seven minutes on February twentieth, two thousand twenty-four, noted that the objection to jurisdiction alleged had already been resolved in January of the year two thousand twenty-two and that, at the time, no objection or appeal had been filed; however, in accordance with Articles 5 and 120 of the Administrative Contentious Procedural Code and 168 of the Organic Law of the Judicial Branch, and in order to avoid a future nullity of the judgment, it would conduct an ex officio review of the jurisdiction with respect to the arguments in the opening statement but not of the objection to jurisdiction already resolved. After a recess, it rejected the arguments presented and declared itself competent to hear all the claims in the case, with the exception of those referring to the "restoration costs of the affected sources," which it ordered to be severed. In the face of this decision, the defendant party presented an objection to the previous resolution, alleging as relevant: "Pursuant to Articles 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 167 of the Organic Law of the Judicial Branch, it is requested to declare that the Constitutional Division is competent to hear the second, third, and fourth petitions (encompassing their estimation as just set forth), given that the material execution of constitutional rulings corresponds to that same Division... The jurisdictional body responsible for hearing all matters related to the enforcement of judgments from constitutional amparo proceedings, as regards the indemnity aspects for the fundamental rights that were declared violated, according to numerals 179 of the Administrative Contentious Procedural Code, 110 subsection 2) of the Organic Law of the Judicial Branch, and 87 subsection 2) of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Administrative Contentious Jurisdiction, is the Administrative and Civil Hacienda Court, and for this reason it is requested to declare that the transcribed indemnity claims are the jurisdiction of that jurisdictional body." Therefore, the case was remitted for consultation before this Division. (According to the record of the supplementary hearing visible in the case file, held on 02/20/2024 15:27h).

III.- In this particular case, it is being discussed whether the matter should be heard by the Civil jurisdiction or the Administrative Contentious jurisdiction. Upon exhaustively analyzing the complaint, the claims, and the grounds on which the conflict of jurisdiction based on subject matter arises, and to elucidate the point, the nature of the main claims must be established, for which emphasis must be placed on the object of the proceeding. The initial complaint makes it clear that the dispute triggering this proceeding originates from an issue of contamination of various aquifers that are managed by the plaintiff associations, which provide a public domain service, namely the drinking water that supplies several communities in the Rio Cuarto area of the province of Alajuela, and that they seek a declaration of the omission of the state institutions to protect the water resource by granting permits for pineapple cultivation, which caused the chemical contamination of the soils and consequently of the water that they distribute. For this reason, they request that the defendant party be ordered to take various actions to prevent the contamination from continuing and also seek to recover, for the damages caused, a sum exceeding four billion two hundred seventy-five million colones in order to take the necessary actions to repair the harm produced. In light of the foregoing, it must be emphasized that the plaintiff party clarified in the corresponding hearing that the claims made are unrelated to ruling number 2019-695 issued by the Constitutional Division, as they are new facts occurring after said ruling; however, this issue concerns the merits and must be addressed later. Now, it is clear that the Administrative and Civil Hacienda Trial Court had already resolved the objection to jurisdiction that was raised and rejected it from the beginning of the proceeding. Said decision was not appealed at the time, so presenting this discussion at this procedural stage is inadmissible. In addition to the foregoing, in any event, according to Article 1 of the Administrative Contentious Procedural Code, all matters relating to proceedings in which a Public Administration subject to Administrative Law is a party, such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Plant Health Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, shall be exclusively heard by the Administrative Contentious jurisdiction. By virtue of the foregoing and in accordance with Articles 1, 2, 5, 90, and 120 of the Administrative Contentious Procedural Code and numeral 8.1 of the Civil Procedural Code, it is imperative to establish that jurisdiction over this matter corresponds to the Administrative and Civil Hacienda Trial Court, to which it must be remitted until its conclusion.

THEREFORE

It is declared that the hearing of the present proceeding corresponds to the Administrative and Civil Hacienda Trial Court. jorozcof

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jorge Leiva Poveda

Carlos Guillermo Zamora Campos

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:39:49.