Res. 01082-2024 Sala Primera de la Corte — Rejection of cassation appeal for unraised procedural accumulation in environmental nullity caseRechazo de casación por acumulación procesal no alegada en lesividad de parcela ambiental

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01082 - 2024

Fecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2024 a las 14:09

Expediente: 19-003693-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

*190036931027CA*

Exp: 19-003693-1027-CA

 

Res. 001082-A-S1-2024

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas nueve minutos del catorce de agosto de dos mil veinticuatro .

Proceso de lesividad declarado de puro derecho, establecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por su apoderada especial judicial, licenciada Karinna Castro Leitón, carné 16056, en contra de RICARDO MADRIGAL MADRIGAL, cédula de identidad número 1-0571-0168 y PAMELA LOUISE NAVE STOWERS, pasaporte número 175-61209-012136, ambos representados por el señor Roldan Morales Novoa, carné 18671. Intervienen como terceros interesados EL ESTADO, representado por la procuradora Susana Gabriela Fallas Cubero, cédula de identidad número 1-0873-0022, y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representado por José Guillermo Corrales Montero, carné 10135.               

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134, 139, 140 inciso c) y 142 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el recurso  deberá rechazarse de plano, por las razones que a continuación se exponen.

II.- El 27 de mayo del 2019, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) interpuso el presente proceso de lesividad contra Ricardo Madrigal Madrigal y Pamela Louise Nave Stowers. Solicita en lo medular, en sentencia se disponga: "1... 2. Que se declare absolutamente nulo el punto 22) del Acuerdo VI de la sesión 002-99 celebrada el 6 de enero de 1999 de la Junta Directiva del entonces Instituto de Desarrollo Agrario, por haber aprobado "declarar beneficiarios y adjudicatarios de lotes y parcelas en el Asentamiento Osa, sector Los Planes de Drake" a Ricardo Madrigal Madrigal y Pamela Louise Nave Stowers, de la parcela 14 del Asentamiento Los Planes de Drake, a pesar de que esos terrenos desde 1978 se encontraban en un cien por ciento de su cabida dentro del Área Silvestre Protegida llamada Golfo Dulce (Reserva Forestal Golfo Dulce) y, que todas sus áreas conforman al Patrimonio Natural del Estado, según se demuestra en certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 del 07 de febrero del 2018 y la certificación No. SINAC-ACOSA-PNE-032-2019 del 05 de abril del 2019 del Área de Conservación Osa del SINAC, puesto que ese acuerdo de Junta Directiva constituye una desafectación de terrenos de bosque afectados por Reserva Forestal Golfo de conformidad con el artículo 13, siguientes y concordantes de la Ley Forestal, y, por lo tanto, es un acto administrativo disconforme con el Ordenamiento Jurídico. 3. Que se ordene a la parte demandada a hacer entrega material inmediata y poner en posesión del bien objeto del proceso al Minae por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa”. El Estado se apersonó al proceso, solicitando ser tenido como tercero interesado. Los demandados contestaron en forma negativa y opusieron las defensas de falta de legitimación activa, indebida integración de la litis, caducidad y falta de derecho. El juez de trámite rechazó de la defensa de indebida integración de la litis (resolución no. 571-2020-T de las 10 horas 26 minutos del 27 de marzo del 2020); de igual manera, la de caducidad se rechazó interlocutoriamente (resolución No. 572-2020-T de las 10 horas 28 minutos del 27 de marzo del 2020). En escrito del 20 de abril del 2020, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se constituyó como tercero interesado. En la audiencia preliminar, el asunto fue declarado de puro derecho. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, integrado por los jueces José Roberto Garita, Cynthia Abarca Gómez y Daniel Aguilar Méndez, en sentencia no. 0134-2021-VI, de las 7 horas 30 minutos del 13 de octubre de 2021, resolvió: “POR TANTO. / Se rechaza la defensa de caducidad de la acción, así como las de falta de legitimación activa y falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar la demanda de lesividad formulada por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, en los siguientes términos: 1) Se declara la nulidad absoluta, para efectos de su inaplicabilidad a futuro, del Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo VI de la sesión 002-99, celebrada el 06 de enero de 1999, en su punto 22) en cuanto declara como beneficiarios y adjudicatarios de la parcela 14 del Asentamiento Campesino Osa, Sector Los Planes de Drake, sitio en SIERPE, Osa, al señor Ricardo Madrigal Madrigal y a la señora Pamela Louise Nave Stowers. 2) Una vez firme la sentencia, debe disponerse el desalojo y respectiva puesta en posesión a favor del MINAE, por medio de la Oficina Regional del Área de Conservación Osa, del inmueble objeto de este proceso, si otro motivo legal así no lo impide. 3) Se resuelve sin especial condena en costas. El juez Aguilar Méndez consigna nota separada”. El apoderado especial judicial de la parte actora formula recurso de casación por razones procesales.

III.- Acusa el casacionista violación directa de normas procesales, así como quebranto de los principios constitucionales de seguridad jurídica e igualdad, infracciones que dice le han generado a sus representados una gravísima indefensión. En primer lugar, alega inobservancia de las reglas de la acumulación de pretensiones dispuestas en los artículos 45 y 47 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), omisión que conlleva la nulidad de la sentencia impugnada. En su opinión la acumulación de procesos debió ordenarse de oficio cuando se le puso en conocimiento al juez tramitador de la existencia de un proceso ordinario tramitado bajo el expediente no. 15-004913-1027-CA. Aduce: “(…) ante la existencia de dos procesos con identidad de elementos, tramitados por diferentes jueces, y determinándose que existía conexión entre estos, en razón de que ambos proceso fueron generados con ocasión del mismo acto administrativo (la adjudicación de parcelas a favor de la población del asentamiento campesino de Osa), y puesto que en ninguno se había dictado sentencia lo procedente era ordenar la acumulación para tramitarse ante un único juez y que dicho proceso acumulados fueran resueltos en una única sentencia”. La acumulación, anota, se inspira en los principios de economía procesal y evita el dictado de sentencias contradictorias. La falla procedimental acusada, expresa,  debe subsanarse con la anulación de la sentencia impugnada y el reenvío del expediente. La ley, menciona, expresamente faculta al juez para ordenar de oficio la acumulación de procesos, según lo estipulan el artículo 45 y 47 del CPCA. Se tuvo como un hecho probado, indica, la existencia del proceso ordinario administrativo (expediente 15-004913-1027-CA), que inició en 2015. Este último, arguye, es más antiguo que el presente proceso de lesividad, por lo que debieron acumularse en el ordinario y tramitarse en forma conjunta. En los procesos de lesividad, advierte, no cabe una reconvención para cobrar daños y perjuicios, mejoras o indemnizaciones, ya que no es la naturaleza de este proceso, pero que si es procedente en el proceso ordinario, cuyas pretensiones también abarcan el reconocimiento por parte del Estado de las mejoras realizadas por sus representados y el derecho a que sean reconocidas; así como la responsabilidad objetiva de la Administración Pública con respecto al grave error que cometió a través del Poder Ejecutivo, en cuanto a decretar la expropiación número 10088-G-H y número 10244-G, en el año 1979. Hace luego una serie de consideraciones  en cuanto al fondo del asunto, a sus inconformidades con lo actuado por la Administración, a los errores que estima cometió al llevar a cabo la expropiación y titulación de parcelas en el asentamiento campesino de Osa. Al no haberse acumulado el proceso de lesividad en el ordinario, afirma, se le ha impedido a sus representados poder exigirle a la Administración responsabilidad en razón de sus errores. Para ello, explica, fue que se interpuso en el año 2015 el proceso ordinario, el cual fue suspendido a solicitud del INDER. Como normas procesales infringidas cita los numerales 45.1 y 47.1 del CPCA, el canon 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el numeral 222 de la Ley General de la Administración Pública y 25 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Acusa también quebrantados los principios de oficiosidad e igualdad, al no haber el Tribunal ordenado de oficio la acumulación referida y al darle un trato preferente al INDER en perjuicio de sus representados. Menciona también los preceptos 33 y 41 de la Constitución Política y jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto.

IV.- El fallo impugnado tuvo como hecho probado el siguiente: “8)  En el expediente judicial 15-004913-1027-CA, interpuesto por Pamela Louise Nave Stowers contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) -actual Inder-, se pretende: (i) la indemnización de dos propiedades ubicadas en la Reserva Forestal Golfo Dulce por encontrarse está en Patrimonio Natural del Estado, (ii) o la reubicación en fundo de iguales condiciones al amparo de los Acuerdos de Junta Directiva No. 11 de la sesión No. 400 del 08 de junio de 1965, No. VI de la sesión No. 1 196 de 16 de junio de 1970, No. 4 de la sesión No. 1832 del 11 de diciembre de 1974, y No. VI de la sesión No. 712 del 2 mayo de 1967, todos encaminados a dar solución a la problemática de tenencia de tierra de los poseedores de los terrenos denominados Osa Productos Forestales S.A: (iii) así como el pago de daños y perjuicios por la supuesta inacción administrativa.   (No controvertido)” (la negrita es suplida). El proceso referido (15-004913-1027-CA), según indicó el INDER en los hechos noveno y décimo de su demanda, estuvo acumulado a otros expedientes que surgieron a partir de controversias relacionadas con el tema de fondo de este asunto en 2012, pero que el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo ordenó desacumular en legajos separados. Los demandados al contestar la demanda, concretamente al referirse al hecho décimo indicaron: “Se rechaza por inexacto. Es cierto que existe un proceso judicial incoado, que se encuentra tramitado bajo expediente No, 15-4913-1027-CA. / Sin embargo, dicho proceso judicial busca declarar la conducta omisiva de la Administración Pública, no así la nulidad de los actos de la Administración que menciona la actora. Además, no es cierto que con dicho proceso se busque la indemnización de dos propiedades (ver Documento 2)”. Es decir, que los mismos demandados reconocen que se trata de procesos con pretensiones muy distintas y ni por asomo mencionan la necesidad de su acumulación.  Ni en la contestación de la demanda ni en ningún otro escrito gestionaron los accionados ante el Tribunal que se ordenara la acumulación del presente proceso en el tramitado bajo el expediente 15-004913-1027-CA, hecho por el cual tampoco se generó decisión alguna de los juzgadores al respecto. En otras palabras, el tema de la acumulación que trae ahora en casación a colación el recurrente, resulta del todo novedoso y sorpresivo. Se refiere a cuestiones no alegadas oportunamente, ni debatidas en el proceso, situación que, de conformidad con el numeral 69.5 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud del canon 220 del CPCA, obliga a rechazar de plano el recurso y así se hará.

V.- De acuerdo con lo manifestado, se deberá rechazar de plano el recurso.

POR TANTO

Se rechaza de plano el recurso. JCVILLALOBOS

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Maria Rosa Castro Garcia

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:53:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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First Chamber of the Court

Resolution No. 01082 - 2024

Date of Resolution: August 14, 2024 at 14:09

Expediente: 19-003693-1027-CA

Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Type of matter: COGNIZANCE

Analyzed by: FIRST CHAMBER

Text of the resolution

*190036931027CA*

Exp: 19-003693-1027-CA

Res. 001082-A-S1-2024

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours nine minutes on the fourteenth of August of two thousand twenty-four.

Proceeding of challenge of an administrative act favorable to the individual (lesividad) declared purely a matter of law, brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by its special judicial attorney-in-fact, licensed attorney Karinna Castro Leitón, ID number 16056, against RICARDO MADRIGAL MADRIGAL, identity card number 1-0571-0168 and PAMELA LOUISE NAVE STOWERS, passport number 175-61209-012136, both represented by Mr. Roldan Morales Novoa, ID number 18671. Appearing as interested third parties are EL ESTADO, represented by the procurator Susana Gabriela Fallas Cubero, identity card number 1-0873-0022, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), represented by José Guillermo Corrales Montero, ID number 10135.

Drafted by Magistrate Rivas Loáiciga

CONSIDERING

I.- In accordance with the provisions of articles 134, 139, 140 subsection c) and 142 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), the appeal must be rejected outright, for the reasons set forth below.

II.- On May 27, 2019, the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) filed this challenge of an administrative act favorable to the individual (lesividad) proceeding against Ricardo Madrigal Madrigal and Pamela Louise Nave Stowers. It requests in essence that the judgment order: "1... 2. That point 22) of Agreement VI of the session 002-99 held on January 6, 1999, of the Board of Directors of the then Instituto de Desarrollo Agrario be declared absolutely null and void, for having approved 'declaring beneficiaries and adjudicatees of lots and parcels in the Osa Settlement, Los Planes de Drake sector' in favor of Ricardo Madrigal Madrigal and Pamela Louise Nave Stowers, for parcel 14 of the Los Planes de Drake Settlement, despite the fact that since 1978 those lands were entirely within the Protected Wild Area called Golfo Dulce (Golfo Dulce Forest Reserve) and that all of its areas form part of the Natural Heritage of the State, as demonstrated in certification No. SINAC-ACOSA-PNE-001-2018 of February 7, 2018, and certification No. SINAC-ACOSA-PNE-032-2019 of April 5, 2019, from the Osa Conservation Area of SINAC, since that Board of Directors agreement constitutes a declassification (desafectación) of forest lands affected by the Golfo Forest Reserve in accordance with article 13 and following and concordant articles of the Ley Forestal, and, therefore, is an administrative act contrary to the Legal System. 3. That the defendants be ordered to immediately deliver material possession and place in possession of the property subject to the proceeding to MINAE through the Regional Office of the Osa Conservation Area." The State appeared in the process, requesting to be considered an interested third party. The defendants answered negatively and raised the defenses of lack of active standing, improper joinder of parties, expiration of the action (caducidad), and lack of right. The procedural judge rejected the defense of improper joinder of parties (resolution No. 571-2020-T of 10 hours 26 minutes on March 27, 2020); likewise, the defense of expiration of the action (caducidad) was rejected by interlocutory order (Resolution No. 572-2020-T of 10 hours 28 minutes on March 27, 2020). In a brief dated April 20, 2020, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) appeared as an interested third party. At the preliminary hearing, the matter was declared purely a matter of law. The Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sixth Section, composed of judges José Roberto Garita, Cynthia Abarca Gómez, and Daniel Aguilar Méndez, in judgment No. 0134-2021-VI, of 7 hours 30 minutes on October 13, 2021, resolved: "THEREFORE. / The defense of expiration of the action (caducidad) is rejected, as well as those of lack of active standing and lack of right. Consequently, the action of challenge of an administrative act favorable to the individual (lesividad) brought by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL is granted, in the following terms: 1) The absolute nullity is declared, for purposes of its future inapplicability, of the Agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in article VI of session 002-99, held on January 6, 1999, at its point 22) insofar as it declares Ricardo Madrigal Madrigal and Pamela Louise Nave Stowers as beneficiaries and adjudicatees of parcel 14 of the Osa Campesino Settlement, Los Planes de Drake Sector, located in SIERPE, Osa. 2) Once the judgment is final, the eviction and respective placing in possession in favor of MINAE, through the Regional Office of the Osa Conservation Area, of the real property subject to this proceeding must be ordered, if another legal reason does not prevent it. 3) No special award of costs is ordered. Judge Aguilar Méndez enters a separate opinion." The special judicial attorney-in-fact for the plaintiff files a cassation appeal on procedural grounds.

III.- The appellant alleges a direct violation of procedural rules, as well as a breach of the constitutional principles of legal certainty and equality, violations which he says have caused his clients a very serious defenselessness. In the first place, he alleges non-observance of the rules for the joinder of claims set forth in articles 45 and 47 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), an omission that entails the nullity of the appealed judgment. In his opinion, the joinder of proceedings should have been ordered ex officio when the procedural judge was made aware of the existence of an ordinary proceeding processed under expediente No. 15-004913-1027-CA. He argues: "(…) given the existence of two proceedings with identical elements, processed before different judges, and it being determined that there was a connection between them, because both proceedings arose on the occasion of the same administrative act (the adjudication of parcels in favor of the population of the Osa campesino settlement), and since judgment had not been handed down in either one, the proper course was to order their joinder to be heard before a single judge and for these joined proceedings to be resolved in a single judgment." The joinder, he notes, is inspired by the principles of procedural economy and avoids the issuing of contradictory judgments. The alleged procedural failure, he states, must be remedied by the annulment of the appealed judgment and the referral back of the expediente. The law, he mentions, expressly empowers the judge to order the joinder of proceedings ex officio, as stipulated in articles 45 and 47 of the CPCA. The existence of the ordinary administrative proceeding (expediente 15-004913-1027-CA), which began in 2015, was taken as a proven fact, he indicates. The latter, he argues, is older than this challenge of an administrative act favorable to the individual (lesividad) proceeding, so they should have been joined in the ordinary one and processed together. In challenge of an administrative act favorable to the individual (lesividad) proceedings, he warns, a counterclaim for claiming damages, improvements, or compensation is not possible, since this is not the nature of such a proceeding, but it is proper in the ordinary proceeding, whose claims also encompass the State's recognition of the improvements made by his clients and the right that they be recognized; as well as the strict liability of the Public Administration with respect to the serious error it committed through the Executive Branch, in decreeing expropriation number 10088-G-H and number 10244-G, in the year 1979. He then makes a series of observations regarding the merits of the matter, his disagreements with what was done by the Administration, the errors he estimates it committed in carrying out the expropriation and titling of parcels in the Osa campesino settlement. By not having joined the challenge of an administrative act favorable to the individual (lesividad) proceeding with the ordinary one, he affirms, his clients have been prevented from being able to demand liability from the Administration for its errors. For this purpose, he explains, was the ordinary proceeding filed in 2015, which was suspended at the request of INDER. As violated procedural rules, he cites articles 45.1 and 47.1 of the CPCA, canon 5 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, article 222 of the Ley General de la Administración Pública, and article 25 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. He also accuses the principles of officiality (oficiosidad) and equality of being breached, since the Tribunal did not order ex officio the referenced joinder and gave preferential treatment to INDER to the detriment of his clients. He also mentions precepts 33 and 41 of the Political Constitution and the case law of the Constitutional Chamber in this regard.

IV.- The appealed judgment took as a proven fact the following: "8) In judicial expediente 15-004913-1027-CA, filed by Pamela Louise Nave Stowers against the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) -now INDER-, the following is sought: (i) compensation for two properties located in the Golfo Dulce Forest Reserve because they are within the Natural Heritage of the State, (ii) or relocation on a property of equal conditions under the protection of Board of Directors Agreements No. 11 of session No. 400 of June 8, 1965, No. VI of session No. 1 196 of June 16, 1970, No. 4 of session No. 1832 of December 11, 1974, and No. VI of session No. 712 of May 2, 1967, all aimed at resolving the land tenure problem of the possessors of the lands called Osa Productos Forestales S.A: (iii) as well as the payment of damages for the supposed administrative inaction. (Not controverted)" (emphasis added). The referenced proceeding (15-004913-1027-CA), as INDER stated in facts nine and ten of its complaint, was joined with other expedientes arising from controversies related to the substantive issue of this matter in 2012, but the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo ordered them to be separated into distinct sub-files. The defendants, when answering the complaint, specifically when referring to fact ten stated: "It is denied as inaccurate. It is true that there is a judicial proceeding filed, which is being processed under expediente No. 15-4913-1027-CA. / However, this judicial proceeding seeks to declare the omissive conduct of the Public Administration, and not the nullity of the administrative acts mentioned by the plaintiff. Furthermore, it is not true that with this proceeding compensation for two properties is sought (see Document 2)." That is to say, the defendants themselves acknowledge that they are proceedings with very different claims and do not even remotely mention the need for their joinder. Neither in the answer to the complaint nor in any other brief did the defendants petition the Tribunal to order the joinder of this proceeding with the one processed under expediente 15-004913-1027-CA, a fact for which no decision by the judges was rendered in this regard. In other words, the issue of joinder that the appellant now brings up in cassation is entirely novel and surprising. It refers to matters not timely alleged, nor debated in the proceeding, a situation that, in accordance with article 69.5 of the Código Procesal Civil, of suppletory application by virtue of canon 220 of the CPCA, compels the outright rejection of the appeal, and this shall be done.

V.- According to what has been stated, the appeal must be rejected outright.

THEREFORE

The appeal is rejected outright. JCVILLALOBOS

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Jorge Leiva Poveda

Carlos Guillermo Zamora Campos

Maria Rosa Castro Garcia

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