Res. 01182-2024 Sala Primera de la Corte — Agrarian jurisdiction over land with alleged forest public domain statusCompetencia agraria sobre bienes con presunta demanialidad forestal

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01182 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Setiembre del 2024 a las 10:12

Expediente: 09-160114-0642-AG

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: ORDINARIO

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Agrario

Tema: Conflicto de competencia

Subtemas:

Bien demanial.
Destino del fundo.
Empresa agraria.

Esta Sala ha dado cabida a la competencia agraria en función de las normas genéricas establecidas en los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, cuando establece que conocerá y resolverá en forma exclusiva de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción animal o vegetal o bien, conexas de transformación, industrialización, comercialización y enajenación de productos agrarios. Se discute la determinación de derechos sobre propiedades de naturaleza agraria, pero con características de demanialidad. El artículo 22.ch de la Ley de la Jurisdicción Agraria prevé y permite tener como parte del proceso al Estado por medio de la Procuraduría General de la República, en los asuntos relativos a la tutela del dominio público. El simple hecho de que una de las partes sea el Estado y se discuta sobre un bien con presunta demanialidad, no lo convierte en un proceso contencioso administrativo, máxime si dicha propiedad existe actividad agraria o cuando sea parte un empresario agrícola, como sucede en este caso. Consecuentemente, el conflicto resulta de naturaleza agraria, por lo que su conocimiento en razón de materia y territorio corresponde al Juzgado Agrario de Puntarenas, que fue donde inició y donde se venía tramitando (mandatos 1,2 y 22 Ley de la Jurisdicción Agraria, 8.1, 8.3, y 8.3.1.1 Código Procesal Civil) (voto 1182-C-2024).

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución



Exp. 09-160114-0642-AG

Res. 001182-C-S1-2024

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas doce minutos del doce de setiembre de dos mil veinticuatro .-

En proceso agrario interpuesto por LA TURUBAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-275602, representada por el señor Carlos Alberto Hidalgo Cárdenas, agricultor, vecino de Parrita, en calidad de apoderado general y el licenciado Claudio Miranda Martínez en calidad de apoderado especial judicial, contra INVERSIONES RYMLAU SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-226958, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma Luis Ricardo Charpentier Soto y el licenciado Roberto Yglesias Mora; TRES - CIENTO DOS - CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, representada por Teresa Bueno, de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense y el licenciado Roberto Enrique Umaña Blaser; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número 4-000-0421143-11, representada por su presidente ejecutivo con facultades de apoderado generalísimo Ricardo Rodríguez Barquero y la licenciada Carmelina Vargas Hidalgo en calidad de apoderada especial judicial; JOSÉ RAMÓN TORRES AGUILAR, representado por el licenciado Miguel Ángel Quirós Miranda y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por la procuradora Heilyn Sánchez Calderón. El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia interpuesta por la representante del Estado, que inconforme presentó recurso de apelación el cual fue rechazado. En desacuerdo, el Estado interpuso recurso de disconformidad contra lo resuelto, por lo que se remitió el asunto en consulta ante esta Sala. 

CONSIDERANDO

I.- En la demanda principal se reclama que existe un traslape de las fincas 6-080352-000 y 6-111169-000. Se alega que la segunda fue vendida por el Inder al amparo de la "Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales”, declarada inconstitucional en voto 8560-2001 de la Sala Cuarta Constitucional. Se solicita que en sentencia se ordene: a) Se declare nula, por estar basada en una Ley declarada inconstitucional, la compraventa sobre la supuesta finca 6-111169-000 realizada entre Instituto de Desarrollo Agrario y José Ramón Torres Aguilar; se ordene al Registro Inmobiliario anular los asientos de inscripción de la supuesta finca 6- 111169-000 del 26 de julio de 1999, Tomo 467, Asiento 10696, consecutivo 01, b) Anular las compraventas sobre la supuesta finca 6-111169-000, realizada entre José Ramón Torres Aguilar e Inversiones Rymlau S.A., asiento de inscripción Tomo 470, Asiento 07113 y la de tal a 3-102-457874 S.R.L. y su asiento de inscripción Tomo 569, Asiento 51242-01, c) Anular la hipoteca en segundo grado citas: 569-51242-01-0030-001 sobre la supuesta finca 6-111169-000, cuyos acreedores son Inversiones Rymlau S.A., Rancho de Lujo S.A. y Marca ACE S.A., por estar constituida sobre un bien inmueble inexistente y su asiento de inscripción, d) Anular las servidumbres de paso citas: 569-51242-010012-001, constituidas sobre la finca 6-111169-000 y su asiento de inscripción, e) Ordenar al Catastro Nacional anular el plano catastrado P-558109-99, f) Declarar que las tierras usurpadas por la demandada 3-102-457874 S.R.L., son parte de la finca 6-080352-000 y pertenecen a Turubal S.A., se ordene su inmediata reposición y g) Se condene a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados. En la contrademanda de Inversiones Rymlau S.A., se pide se declaren válidos los traspasos realizados el 27 de agosto del año 1999 de la finca 111169-000 de Puntarenas, de José Ramón Torres Aguilar a favor de Inversiones Rymlau, y el 19 de octubre del año 2006, de la sociedad reconventora a favor de 3-102-457874 S.R.L. y sus asientos registrales y declarar que las inscripciones derivadas no fueron ni están afectadas por la (eventual) nulidad que acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 7599/1996, declarada en voto 8560-2001 de la Sala Cuarta Constitucional. Señala que la sociedad actora reconvenida La Turubal S.A., Carlos Alberto Hidalgo Cárdenas y José Ramón Torres Aguilar, han procedido con abuso de derecho y fraude legal y han causado daños y perjuicios, tanto materiales como morales, en su perjuicio. En la contrademanda del Estado se pide: la nulidad parcial de la escritura 25 del tomo 16 de la notaria Carmelina Vargas en cuanto traspasa a José Ramón Torres Aguilar un terreno de 86 hectáreas 4132.59 metros; la nulidad de los asientos de inscripción de las fincas 6-80352-001-002 y 6-111169-000; ordenar su cancelación ante el Registro Nacional y la nulidad de los planos catastrados P-929890-90 y P-558109-99. Todo lo anterior por reclamarse que se incluye indebidamente el Patrimonio Natural del Estado dentro de tales. En la contrademanda del Inder se pide se declare que el apoderado de Turubal S.A., reconoce que el plano catastrado P-929890-1990, tiene información cartográfica incorrecta, que la finca de Puntarenas 80352-000 fue inscrita con un plano catastrado que tiene información cartográfica incorrecta; pretende se ordene al Catastro Nacional anular y excluir del sistema de información el plano catastrado P 929890-1990 y se declare que Carlos Hidalgo Cárdenas indujo a error al Instituto de Desarrollo Agrario, al presentarle con el trámite de solicitud de título de propiedad del terreno un plano catastrado con información incorrecta. (Según expediente digital y documentos que constan en autos).

II.- La representante del Estado, en escrito de contestación formuló la excepción de incompetencia en razón de materia al considerar que el asunto es competencia de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, alegó. “(…) Se pretenden derechos sobre terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, por constituir bosque un 97% de su cobertura y pide al Estado y otras instituciones el pago de daños y perjuicios por una eventual nulidad de la inscripción registral. Por tratarse de bienes demaniales su régimen jurídico, incluidos los modos de aprovechamiento, se rigen por las normas y principios del Derecho Administrativo. Por ello, debe valorarse desde la perspectiva del Derecho Público si es procedente la pretensión esgrimida y examinar, siempre bajo esa óptica, la legitimidad de los actos en que se apoya. Por la naturaleza del bien litigioso, tal valoración debe hacerse en la jurisdicción contencioso administrativo, a la luz de los criterios que la informan, a fin de ejercer la protección y vigilancia de los bienes públicos (Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos. 1 y 36). La competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda sigue criterios diversos al derecho agrario, es improrrogable, y la regulan leyes especiales, posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria, de aplicación prevalente y acatamiento obligatorio, como lo son el Código Procesal Contencioso Administrativo…”. Mediante voto número 2024000331 de las catorce horas cincuenta y uno minutos del cinco de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó la excepción de incompetencia y mantuvo la competencia de este asunto a cargo de los tribunales agrarios, señaló: “En voto 982 de 24.11.2017 emitido en este proceso, se rechazó la excepción de incompetencia que interpuso la reconventora Rymlau, por no ser oponible esa defensa en un escrito de demanda. Los argumentos expuestos por el Estado como reconvenido -que interviene en el proceso posterior a ese voto-, no son de recibo. No se alegan aspectos sobrevinientes, que se desconociesen cuando se emitió, ni que hayan variado la situación de los bienes en litigio. El tema en discusión se relaciona con un alegado traslape que se afirma existe entre dos fincas que actualmente cuentan con título registral de propiedad privada; el origen de una de ellas relacionado con Ley 7599/1996, declarada inconstitucional en voto 8560-2001 de la Sala Cuarta Constitucional; los efectos de dicha situación; la nulidad de las escrituras, asientos registrales y planos relacionados con tales por el traslape referido. El Estado, a su vez, pide la nulidad de la inscripción de ambas fincas y sus planos por ser terrenos con bosque y considerar por ende que están dentro del Patrimonio Natural del Estado. Tal es un bien demanial conforme lo disponen los artículos 13 y 14 Ley Forestal 7575. Como se explicará, el que eventualmente pueda declararse lo último no cambia que la situación jurídica planteada involucra, en principio, la afectación a derecho reales de naturaleza privada. Si se comprueba que el bien objeto del proceso es demanial ello puede incidir en el resultado, pero no es un factor que impida a los tribunales agrarios resolver el conflicto debidamente y aplicar las normas correspondientes, sea para tutelar la propiedad privada y otros derechos reales o, en su caso, el demanio público. Tampoco son factores que impidan a los tribunales agrarios conocer el conflicto, el que se reclame como acción accesoria el pago de daños y perjuicios ni el que participen como partes el Estado y una institución autónoma estatal como lo es el Inder. Se aclara al respecto que, si en alguna situación jurídica (que implique determinar las consecuencias o efectos jurídicos concretos que se relacionan o surgen ante una situación de hecho relevante para el Derecho) interviene el Estado o sus instituciones como poder público, los conflictos relacionados con tal deben resolverse a través de normas de Derecho Público. Pero si intervienen sin potestades de imperio, se trata de una situación que debe resolver aplicando reglas del Derecho Privado (artículo 3 Ley General de Administración Pública). Existen así diversos supuestos en los cuáles, pese a participar en el proceso el Estado, un ente estatal o un órgano auxiliar de tal, por lo debatido, la competencia corresponde a la Jurisdicción Agraria (ver al respecto precedentes en votos 222 de 11.03.2015, 16 de 22.01.2009 y 246 de 17.03.2021). Además, en casos como el presente, por lo debatido, conforme lo disponen los numerales 1, 15, 22 Ley de Jurisdicción Agraria, en el tema de la competencia material, el principal criterio para fijarla no es el subjetivo (naturaleza organizativa de las partes), sino el de la actividad que se desarrolla o puede desarrollar en los bienes objeto de litigio y la naturaleza del presunto derecho debatido. En segundo lugar, lo que es objeto de pretensión no se puede considerar una situación jurídica que deba ser resuelta con base en normas y fines del Derecho Público, lo cual correspondería a una competencia exclusiva de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La tutela del dominio público es un deber que atañe a todo tipo de tribunal jurisdiccional, según sus competencias; máxime tratándose de inmuebles, porque pueden tener naturaleza agraria o bien ser bienes de interés ambiental, como sucede en el caso del Patrimonio Natural del Estado. Normas anteriores y posteriores al Código Procesal Contencioso-Administrativo: Ley 8508 del 28/04/ 2006, vigentes desde el 2008, así lo reconocen. Entre ellas del Código Penal (artículo 227: usurpación de dominio público); Ley de Informaciones Posesorias (artículo 7: permite titular áreas boscosas siempre que se demuestre los requisitos legales para ello); Código Procesal Civil (artículos 107 y 108, que se refieren a procesos sumarios en los cuáles puedan estar involucrados bienes demaniales) ... Tampoco es aplicable al caso, para efectos de determinar la competencia, lo reclamado en cuanto a que las normas del  Código Procesal Contencioso-Administrativo son posteriores a las de la Ley de Jurisdicción Agraria. La materia agraria es especial y las reformas que plantea ese Código a partir de su vigencia en el año 2008, no modificaron los criterios imperantes en cuanto a que es posible y pertinente que todo tribunal tutele el demanio público en la forma debida, cuando se pueda ver involucrado un bien con esa calificación en un proceso a su cargo. En este caso, como se indicó, se pretende la nulidad de escrituras, planos y asientos registrales de fincas de las partes actoras y reconventoras por alegarse existe una doble titulación y también la reivindicación. Esos reclamos se regulan por las reglas del Derecho Privado. El Estado, a través de la contrademanda, introduce otro tema a debatir: que los bienes en cuestión no pueden ser propiedad privada y por tanto pide la nulidad de sus asientos registrales y planos catastrados. Innegablemente, si lleva o no razón, eso deberá determinarse en la sentencia definitiva, antes de analizar las acciones de naturaleza privada referidas. Pero su planteamiento no implica, como se explicó, que los tribunales agrarios carezcan de competencia para hacer el análisis respectivo y declarar lo que proceda en relación con lo debatido en este caso. Finalmente, de la lectura de la demanda no se observa que se esté solicitando la nulidad o revocatoria de acto administrativo alguno o de alguna conducta estatal que deba exclusiva y necesariamente ordenarse por un tribunal contencioso administrativo. Cancelar escrituras, planos y asientos registrales, cuando deban ser anulados, es una facultad que ostentan también los tribunales agrarios, civiles, penales, etc., conforme se establece en los artículos 471 a 477 Código Civil. De igual forma, todo tribunal está capacitado para aplicar normas que regulen la responsabilidad por daños, independientemente de que sean a favor o en contra del Estado o una de sus entidades, aplicando los criterios de imputación pertinentes a la situación debatida (numerales 41 Constitución Política, 701 a 707 Código Civil). Conforme lo explicado, procede rechazar la excepción de incompetencia por razón de la materia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 a 4 Ley de Jurisdicción Agraria y 113 Ley Orgánica del Poder Judicial.”. La representante estatal en desacuerdo, presentó recurso de disconformidad, en el que alegó: “Fundamento mi disconformidad en los siguientes razonamientos: 1) La reconventora pretende que se declaren derechos sobre terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado por constituir bosque un 97% de su cobertura. 2) Se pretende que el Estado y otras instituciones cubran el pago de daños y perjuicios por una eventual nulidad de la inscripción registral. En ese sentido es necesario indicar que estaríamos debatiendo sobre bienes demaniales y al tratarse de un bien estatal, su régimen jurídico, incluidos los modos de aprovechamiento, se rigen por las normas y principios del Derecho Administrativo. 3) Es necesario valorar si desde la perspectiva del Derecho Público es procedente la pretensión esgrimida y examinar, siempre bajo esa óptica, la legitimidad de los actos en que se apoya. Por la naturaleza del bien litigioso, tal valoración debe hacerse en la jurisdicción contencioso administrativo, a la luz de los criterios que la informan, a fin de ejercer la protección y vigilancia de los bienes públicos. Además, el Estado figura como parte demandada. (Código Procesal Contencioso Administrativo, arts. 1° y 36). 4) La competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda sigue criterios diversos al derecho agrario, es improrrogable, y la regulan leyes especiales, posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria, de aplicación prevalente y acatamiento obligatorio, como lo son el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508/2008, arts. 1°, 2°, 3°, 5° y 36. 1. Es claro que la pretensión de este proceso involucra bienes demaniales por pertenecer al Patrimonio Natural del Estado, según se demuestra con oficio del SINAC-SE-IRT-038-2020, que consta en el expediente, y que indica que la finca 6-111169-000 con el plano catastrado número P-558109-99 presenta un 97% de cobertura forestal, lo que evidencia que en este caso estamos ante una indebida inscripción del dominio público. 5) El régimen jurídico que disciplina la titularidad, uso y tutela de ese tipo de bienes, es de Derecho Administrativo, y las controversias que los involucren, por la especialidad de la materia, han de dilucidarse en la vía de lo Contencioso Administrativo. El Derecho Administrativo, se sabe, constituye un sistema autónomo, con sus propios institutos, fuentes, método de análisis, concepción dogmática, irreconciliable con la superposición de otras ramas jurídicas sin el debido soporte legal. 6) La competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda sigue criterios diversos del derecho agrario, es improrrogable, y la regulan leyes especiales, posteriores a la Ley de Jurisdicción Agraria, de aplicación prevalente y acatamiento obligatorio, como son la Ley 7333/1993, reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 110, inciso 3°, el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508/2008, arts. 1°, 2°, 3°, 5° y 36; la Ley 7788/1998, de Biodiversidad, art. 108, etc… En virtud de lo anterior, solicito que se declare que la competencia para tramitar este proceso corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.”. En razón de lo anterior, se remitió el asunto en consulta ante esta Sala.

III.- La discusión aquí suscitada, tiende a determinar si el conflicto es de orden contencioso administrativo, o bien, agrario. Esta Sala ha dado cabida a la competencia agraria en función de las normas genéricas establecidas en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, cuando establece que ésta conocerá y resolverá en forma exclusiva de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción animal o vegetal o bien, conexas de transformación, industrialización, comercialización y enajenación de productos agrarios. En este caso en particular, del análisis de autos se observa, que la pretensión objeto del proceso corresponde el declarar la nulidad de escrituras, planos y asientos registrales de las propiedades en disputa, por tener supuestamente una doble titulación y un traslape. Aunado, pretenden se ordene la reivindicación. El Estado, a su vez, pide la nulidad de la inscripción de ambas fincas y sus planos por ser terrenos con bosque y considerar, por ende, que están dentro del Patrimonio Natural del Estado. En resumen, se discute la determinación de derechos sobre propiedades de naturaleza agraria, pero con características de demanialidad. Al respecto, el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Agraria señala: “Artículo 22. En los negocios de conocimiento de la jurisdicción agraria, son parte: (...) ch) La Procuraduría General de la República, en todos los asuntos relativos a la tutela del dominio público y al ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere en esta materia”. Como se ve, dicho numeral prevé y permite tener como parte del proceso al Estado por medio de la Procuraduría General de la República, en los asuntos relativos a la tutela del dominio público. Entonces, el simple hecho de que una de las partes sea el Estado, y se discuta sobre un bien inmueble con presunta demanialidad, esto no lo convierte en un proceso contencioso administrativo, máxime si dicha propiedad existe actividad agraria o cuando sea parte un empresario agrícola, como sucede en este caso, que la parte actora es un empresario agrícola. Consecuentemente, se reconoce que el conflicto resulta de naturaleza agraria, por lo que su conocimiento en razón de materia y territorio, según el artículo, 1,2 y 22 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, 8.1, 8.3, y 8.3.1.1 del Código Procesal Civil, corresponde al Juzgado Agrario de Puntarenas que fue donde inició y donde se venía tramitando.

POR TANTO

Se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Juzgado Agrario de Puntarenas. - 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 IO5FFVSBH43K61

Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]

Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:40:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Case file: 09-160114-0642-AG

Resolution: 001182-C-S1-2024

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours twelve minutes on the twelfth of September two thousand twenty-four.-

In an agrarian proceeding brought by LA TURUBAL SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-275602, represented by Mr. Carlos Alberto Hidalgo Cárdenas, farmer, resident of Parrita, in his capacity as general agent and licensed attorney Claudio Miranda Martínez in his capacity as special judicial agent, against INVERSIONES RYMLAU SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-226958, represented by its president with powers of generalísimo agent without limit of amount Luis Ricardo Charpentier Soto and licensed attorney Roberto Yglesias Mora; TRES - CIENTO DOS - CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, represented by Teresa Bueno, with a single surname due to her United States nationality, and licensed attorney Roberto Enrique Umaña Blaser; INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number 4-000-0421143-11, represented by its executive president with powers of generalísimo agent Ricardo Rodríguez Barquero and licensed attorney Carmelina Vargas Hidalgo in her capacity as special judicial agent; JOSÉ RAMÓN TORRES AGUILAR, represented by licensed attorney Miguel Ángel Quirós Miranda and the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA represented by attorney Heilyn Sánchez Calderón. The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José rejected the exception of lack of subject-matter jurisdiction (incompetencia en razón de la materia) filed by the representative of the State, who, dissatisfied, filed an appeal which was rejected. In disagreement, the State filed a challenge (recurso de disconformidad) against the ruling, and the matter was therefore referred in consultation to this Chamber.

WHEREAS (CONSIDERANDO)

I.- The main claim alleges an overlap of properties 6-080352-000 and 6-111169-000. It is alleged that the second was sold by Inder under the “Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales,” declared unconstitutional in vote 8560-2001 of the Constitutional Chamber (Sala Cuarta Constitucional). It is requested that the judgment order: a) That the sale of the alleged property 6-111169-000 carried out between Instituto de Desarrollo Agrario and José Ramón Torres Aguilar be declared null, for being based on a law declared unconstitutional; that the Real Property Registry (Registro Inmobiliario) be ordered to cancel the registration entries for the alleged property 6-111169-000 of July 26, 1999, Volume 467, Entry 10696, consecutive 01, b) Cancel the sales of the alleged property 6-111169-000, carried out between José Ramón Torres Aguilar and Inversiones Rymlau S.A., registration entry Volume 470, Entry 07113 and that from such to 3-102-457874 S.R.L. and its registration entry Volume 569, Entry 51242-01, c) Cancel the second-degree mortgage cites: 569-51242-01-0030-001 on the alleged property 6-111169-000, whose creditors are Inversiones Rymlau S.A., Rancho de Lujo S.A. and Marca ACE S.A., for being constituted on a non-existent real property and its registration entry, d) Cancel the easements (servidumbres) of passage cites: 569-51242-010012-001, constituted on property 6-111169-000 and its registration entry, e) Order the National Cadastre to cancel cadastral plan P-558109-99, f) Declare that the lands usurped by the defendant 3-102-457874 S.R.L., are part of property 6-080352-000 and belong to Turubal S.A., order their immediate restitution and g) Order the defendants to pay the damages caused. In the counterclaim of Inversiones Rymlau S.A., it is requested that the transfers carried out on August 27, 1999, of property 111169-000 of Puntarenas, from José Ramón Torres Aguilar in favor of Inversiones Rymlau, and on October 19, 2006, from the counterclaiming company in favor of 3-102-457874 S.R.L. and their registry entries be declared valid, and to declare that the derivative registrations were not and are not affected by the (eventual) nullity resulting from the declaration of unconstitutionality of Law 7599/1996, declared in vote 8560-2001 of the Constitutional Chamber (Sala Cuarta Constitucional). It indicates that the plaintiff counter-defendant company La Turubal S.A., Carlos Alberto Hidalgo Cárdenas and José Ramón Torres Aguilar, have proceeded with abuse of right (abuso de derecho) and legal fraud and have caused material and moral damages to its detriment. The State's counterclaim requests: the partial nullity of deed 25 of volume 16 of notary Carmelina Vargas insofar as it transfers to José Ramón Torres Aguilar a land of 86 hectares 4132.59 square meters; the nullity of the registration entries for properties 6-80352-001-002 and 6-111169-000; order their cancellation before the National Registry and the nullity of cadastral plans P-929890-90 and P-558109-99. All the foregoing because it is claimed that the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) is improperly included within them. In Inder's counterclaim, it is requested to be declared that the representative of Turubal S.A., acknowledges that cadastral plan P-929890-1990 contains incorrect cartographic information, that property 80352-000 of Puntarenas was registered with a cadastral plan that has incorrect cartographic information; it seeks to order the National Cadastre to cancel and exclude from the information system cadastral plan P 929890-1990 and to declare that Carlos Hidalgo Cárdenas induced the Instituto de Desarrollo Agrario into error by presenting it, with the title application procedure for the land, a cadastral plan with incorrect information. (According to the digital case file and documents contained in the record).

II.- The representative of the State, in her statement of defense, filed the exception of lack of subject-matter jurisdiction (incompetencia en razón de materia) considering that the matter falls within the jurisdiction of the Administrative Litigation Jurisdiction (jurisdicción Contenciosa Administrativa), alleging: “(…) Rights are claimed over lands that form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since forest constitutes 97% of its cover, and it demands payment of damages from the State and other institutions for an eventual nullity of the registry entry. Since these are public domain goods (bienes demaniales), their legal regime, including the modes of exploitation, is governed by the rules and principles of Administrative Law. Therefore, it must be assessed from the perspective of Public Law whether the claim brought is admissible and to examine, always under that perspective, the legality of the acts on which it is based. Due to the nature of the litigious good, such assessment must be made in the administrative litigation jurisdiction, in light of the criteria that inform it, in order to exercise the protection and surveillance of public goods (Administrative Litigation Procedure Code, articles. 1 and 36). The jurisdiction of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunals follows criteria different from agrarian law, is non-extendable, and is regulated by special laws, enacted after the Agrarian Jurisdiction Law, of prevailing application and mandatory compliance, such as the Administrative Litigation Procedure Code…”. By means of vote number 2024000331 of fourteen hours fifty-one minutes on April five, two thousand twenty-four, the Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José rejected the exception of lack of jurisdiction and maintained that the jurisdiction over this matter corresponds to the agrarian courts, stating: “In vote 982 of 24.11.2017 issued in this proceeding, the exception of lack of jurisdiction filed by the counterclaimant Rymlau was rejected, because that defense is not opposable in a statement of claim. The arguments presented by the State as counter-defendant—who intervened in the proceeding after that vote—are not admissible. No supervening aspects are alleged, which were unknown when it was issued, nor that the situation of the litigious goods has changed. The issue under discussion relates to an alleged overlap asserted to exist between two properties that currently have a registered title of private property; the origin of one of them related to Law 7599/1996, declared unconstitutional in vote 8560-2001 of the Constitutional Chamber (Sala Cuarta Constitucional); the effects of said situation; the nullity of the deeds, registry entries, and plans related to them due to the referred overlap. The State, in turn, requests the nullity of the entry for both properties and their plans because they are lands with forest and therefore considers they are within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). Such is a public domain good (bien demanial) as provided in articles 13 and 14 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575. As will be explained, the fact that the latter might eventually be declared does not change that the legal situation raised involves, in principle, the affectation of real rights of a private nature. If it is proven that the good subject to the proceeding is a public domain good, this may affect the outcome, but it is not a factor that prevents the agrarian courts from properly resolving the conflict and applying the corresponding rules, whether to protect private property and other real rights or, as the case may be, the public domain. Neither are factors that prevent the agrarian courts from hearing the conflict the claim for payment of damages as an accessory action, nor the participation as parties of the State and an autonomous state institution such as Inder. It is clarified in this regard that, if in any legal situation (which involves determining the specific legal consequences or effects that relate to or arise from a factual situation relevant to Law) the State or its institutions intervene as public authority, the conflicts related to this must be resolved through Public Law rules. But if they intervene without sovereign powers (potestades de imperio), it is a situation that must be resolved applying Private Law rules (article 3 General Public Administration Law). Thus, various scenarios exist in which, despite the State, a state entity, or an auxiliary body thereof participating in the proceeding, due to what is debated, jurisdiction corresponds to the Agrarian Jurisdiction (see in this regard precedents in votes 222 of 11.03.2015, 16 of 22.01.2009 and 246 of 17.03.2021). Furthermore, in cases such as the present one, due to what is debated, as provided in numerals 1, 15, 22 of the Agrarian Jurisdiction Law, on the issue of subject-matter jurisdiction, the main criterion for establishing it is not the subjective one (organizational nature of the parties), but rather that of the activity that is or can be developed on the goods subject to litigation and the nature of the alleged right under debate. Secondly, what is the object of the claim cannot be considered a legal situation that must be resolved based on rules and purposes of Public Law, which would correspond to the exclusive jurisdiction of the Administrative Litigation Jurisdiction. The protection of the public domain is a duty that concerns every type of jurisdictional court, according to its jurisdictions; especially in the case of real property, because they can have an agrarian nature or be goods of environmental interest, as occurs in the case of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). Rules enacted before and after the Administrative Litigation Procedure Code: Law 8508 of 28/04/2006, in force since 2008, recognize this. Among them, the Penal Code (article 227: usurpation of public domain); the Law on Possessory Informations (article 7: allows titling forested areas provided the legal requirements for it are demonstrated); Civil Procedure Code (articles 107 and 108, which refer to summary proceedings in which public domain goods (bienes demaniales) may be involved) ... Nor is the claim that the rules of the Administrative Litigation Procedure Code are subsequent to those of the Agrarian Jurisdiction Law applicable to this case, for purposes of determining jurisdiction. Agrarian matter is special and the reforms introduced by that Code as of its effectiveness in 2008 did not modify the prevailing criteria regarding the possibility and appropriateness for every court to protect the public domain in the proper manner, when a good with that classification may be involved in a proceeding before it. In this case, as indicated, the nullity of deeds, plans, and registry entries of the properties of the plaintiff and counterclaiming parties is sought because it is alleged there is double titling and also reivindication is sought. Those claims are governed by the rules of Private Law. The State, through the counterclaim, introduces another issue for debate: that the goods in question cannot be private property and therefore requests the nullity of their registry entries and cadastral plans. Undeniably, whether or not it is correct must be determined in the final judgment, before analyzing the referred private law actions. But its filing does not imply, as explained, that the agrarian courts lack jurisdiction to make the respective analysis and declare what is appropriate in relation to what is debated in this case. Finally, from a reading of the complaint, it is not observed that the nullity or revocation of any administrative act or any state conduct is being requested that must be exclusively and necessarily ordered by an administrative litigation court. Canceling deeds, plans, and registry entries, when they must be annulled, is a power also held by agrarian, civil, criminal courts, etc., as established in articles 471 to 477 of the Civil Code. Likewise, every court is capable of applying rules governing liability for damages, regardless of whether they are in favor of or against the State or one of its entities, applying the pertinent imputation criteria to the situation under debate (numerals 41 Political Constitution, 701 to 707 Civil Code). As explained, it is appropriate to reject the exception of lack of subject-matter jurisdiction (incompetencia en razón de la materia), in accordance with the provisions of numerals 1 to 4 of the Agrarian Jurisdiction Law and 113 of the Organic Law of the Judicial Branch." The state representative, in disagreement, filed a challenge (recurso de disconformidad), in which she alleged: "I base my disagreement on the following reasoning: 1) The counterclaimant seeks rights to be declared over lands that form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) because forest constitutes 97% of their cover. 2) It demands that the State and other institutions cover the payment of damages for an eventual nullity of the registry entry. In this sense, it is necessary to indicate that we would be debating public domain goods (bienes demaniales) and, being a state good, its legal regime, including the modes of exploitation, is governed by the rules and principles of Administrative Law. 3) It is necessary to assess whether, from the perspective of Public Law, the claim brought is admissible and to examine, always under that perspective, the legality of the acts on which it is based. Due to the nature of the litigious good, such assessment must be made in the administrative litigation jurisdiction, in light of the criteria that inform it, in order to exercise the protection and surveillance of public goods. Furthermore, the State appears as a defendant party. (Administrative Litigation Procedure Code, arts. 1° and 36). 4) The jurisdiction of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunals follows criteria different from agrarian law, is non-extendable, and is regulated by special laws, enacted after the Agrarian Jurisdiction Law, of prevailing application and mandatory compliance, such as the Administrative Litigation Procedure Code, Law 8508/2008, arts. 1°, 2°, 3°, 5° and 36. 1. It is clear that the claim in this proceeding involves public domain goods (bienes demaniales) because they belong to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as demonstrated by official communication SINAC-SE-IRT-038-2020, which appears in the case file, and which indicates that property 6-111169-000 with cadastral plan number P-558109-99 presents 97% forest cover (cobertura forestal), which shows that in this case we are dealing with an improper entry of the public domain. 5) The legal regime that disciplines the ownership, use, and protection of that type of goods is Administrative Law, and the controversies that involve them, due to the special nature of the matter, must be settled in the Administrative Litigation venue. Administrative Law, it is known, constitutes an autonomous system, with its own institutes, sources, method of analysis, dogmatic conception, irreconcilable with the superimposition of other legal branches without due legal support. 6) The jurisdiction of the Administrative Litigation and Civil Treasury Tribunals follows criteria different from agrarian law, is non-extendable, and is regulated by special laws, enacted after the Agrarian Jurisdiction Law, of prevailing application and mandatory compliance, such as Law 7333/1993, integral reform to the Organic Law of the Judicial Branch, article 110, subsection 3°, the Administrative Litigation Procedure Code, Law 8508/2008, arts. 1°, 2°, 3°, 5° and 36; Law 7788/1998, of Biodiversity, art. 108, etc.… By virtue of the foregoing, I request that it be declared that jurisdiction to process this proceeding corresponds to the administrative litigation jurisdiction." Due to the foregoing, the matter was referred in consultation to this Chamber.

III.- The discussion raised here tends to determine whether the conflict is of an administrative litigation nature or, rather, agrarian. This Chamber has accommodated agrarian jurisdiction based on the generic rules established in articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Law, when it establishes that it will exclusively hear and resolve conflicts arising from the application of agrarian legislation and legal provisions regulating animal or vegetable production activities or, alternatively, connected activities of transformation, industrialization, commercialization, and disposal of agrarian products. In this particular case, from the analysis of the record, it is observed that the claim object of the proceeding consists of declaring the nullity of deeds, plans, and registry entries of the properties in dispute, for supposedly having double titling and an overlap. In addition, they seek to order reivindication. The State, in turn, requests the nullity of the entry for both properties and their plans because they are lands with forest and therefore considering that they are within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). In summary, the determination of rights over properties of an agrarian nature is disputed, but with characteristics of being public domain (demanialidad). In this regard, article 22 of the Agrarian Jurisdiction Law states: "Article 22. In the matters under the jurisdiction of the agrarian jurisdiction, the parties are: (...) ch) The Procuraduría General de la República, in all matters relating to the protection of the public domain and the exercise of the powers that the law confers upon it in this matter". As can be seen, said numeral foresees and allows the State, through the Procuraduría General de la República, to be a party to the proceeding, in matters relating to the protection of the public domain. Therefore, the simple fact that one of the parties is the State, and that a discussion is held over a real property with presumed public domain status, this does not turn it into an administrative litigation proceeding, especially if agrarian activity exists on said property or when an agricultural entrepreneur is a party, as occurs in this case, where the plaintiff is an agricultural entrepreneur. Consequently, it is recognized that the conflict is of an agrarian nature, and therefore its hearing, by reason of subject matter and territory, according to articles 1, 2, and 22 of the Agrarian Jurisdiction Law, 8.1, 8.3, and 8.3.1.1 of the Civil Procedure Code, corresponds to the Agrarian Court of Puntarenas, which is where it began and where it had been being processed.

THEREFORE (POR TANTO)

It is declared that the hearing of the present proceeding corresponds to the Agrarian Court of Puntarenas. -

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

Rocío Rojas Morales

Damaris Vargas Vásquez

Jorge Leiva Poveda

Carlos Guillermo Zamora Campos

Digitally Signed Document

-- Verification code --

*IO5FFVSBH43K61*

Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected]

Classification prepared by SALA PRIMERA of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:40:43.