Res. 01337-2024 Sala Primera de la Corte — Lapse of ex officio environmental proceedingsCaducidad del procedimiento ambiental iniciado de oficio

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01337 - 2024

Fecha de la Resolución: 01 de Octubre del 2024 a las 13:51

Expediente: 15-000974-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA




Sentencia con Voto Salvado



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Caducidad procedimiento administrativo

Subtemas:

Concepto y alcance.

Instituto que garantiza la seguridad jurídica mediante el archivo de expedientes cuya tramitación se detuvo por un lapso superior a seis meses imputable al promovente (de oficio o a solicitud de parte), siempre y cuando éste no pueda ser justificado (numeral 340 Ley General de la Administración Pública). Es una sanción procesal prevista contra la indolencia en la sustanciación del procedimiento, que impide se vierta un pronunciamiento de fondo. Para que un procedimiento sea declarado caduco, han de materializarse estos requisitos: 1) Que el procedimiento se paralice. 2) Que sea por un plazo superior a seis meses y 3) Que no haya sido dictado el acto final. Resulta válido el acto administrativo dictado luego de una inercia de seis meses, atribuible a la Administración (precepto 329 ibídem), si antes no se reclamó la caducidad, que es una de las excepciones legales. Ver resolución 136-2022 de la Sala Primera. En la especie, hubo claridad del Tribunal al rechazar la caducidad opuesta, al indicar que no se evidenció una paralización del procedimiento en las etapas previas para que el asunto quedara listo para el dictado final y la objeción de caducidad no se planteó con antelación a ese momento (voto 1337-F-2024).

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Formalidades del recurso.

Se rechazan las censuras en estudio por carecer de requisitos de formalidad ante su falta de motivación (artículos 139.3 y 140.c Código Procesal Contencioso Administrativo). Se cuestiona un aspecto esbozado por los jueces, sin desvirtuarlo, es decir, no emite razón que intente revertir el planteamiento de los juzgadores. Expresa aspectos subjetivos, sin referirse a las razones expuestas en el fallo. Tampoco son admisibles en esa sede, la expresión de agravios novedosos no alegados ni debatidos oportunamente ni que constan analizados en el fallo que se impugna (ordinales 220 ibídem y 69.5.7 Código Procesal Civil) (voto 1337-F-2024).

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

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Exp: 15-000974-1027-CA

 

Res.  001337-F-S1-2024

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cincuenta y uno minutos del uno de octubre de dos mil veinticuatro .

 Proceso de conocimiento, presentado ante la sección octava del Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por los jueces Jonatan Canales Hernández, Fabián Nuñez Castrillo y Paulo André Alonso Soto. Promovido por la sociedad anónima Químicos Holanda, representada por su apoderado especial judicial Rubén Zamora Castro contra El Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; representados por los licenciados Mauricio Castro Lizano, Guillermo Corrales Montero y María Andrea Sánchez Solera respectivamente.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

I.- A la luz de los hechos que se tuvieron por demostrados, consta que el Área Rectora de Limón del Ministerio de Salud, aprobó el 28 de julio de 2006, el plan de Gestión Ambiental de la empresa Químicos Holanda (en lo sucesivo QH), la cual contó con un permiso sanitario de funcionamiento emitido el 20 de febrero de 2006 y con un vencimiento de cinco años; el cual se encontraba vigente al 16 de febrero de ese año. Justamente el día 13 de ese mes y año, por Decreto Ejecutivo, se declaró emergencia nacional por el incendio producido en esa data en la planta de QH ubicada en la zona de Moín, provincia de Limón. A raíz de ese siniestro, se emitieron diversos informes administrativos que dieron cuenta de su origen, de la afectación al servicio público de acueducto y la participación de dicha mercantil en la mitigación de los daños. Existe también un pronunciamiento constitucional, donde se declara con lugar un recurso por quebranto de los cardinales 21 y 50 de la Constitución Política y se ordena al Concejo Municipal de Limón, disponer la modificación del Plan Regulador, a efectos de incluir las disposiciones establecidas en el acuerdo no. 80-121 emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA en lo sucesivo). Luego, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), puso en conocimiento de QH, el informe de valoración del daño ambiental, elaborado por el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (en adelante IPS). QH, se opuso al informe y planteo un recurso de revocatoria el cual fue rechazado. En esa línea, dicho Tribunal, procedió con la apertura de un procedimiento administrativo con el objeto de determinar la responsabilidad de QH, por el daño ambiental existente y su respectiva indemnización. Se le imputó: a) que el incendio se extendió en un radio de 10 km, provocándose la muerte de personas, problemas con el abastecimiento y afectación del aire, agua, suelo y biodiversidad; generando la evacuación de una cantidad importante de personas en albergues temporales, b) contaminación del cuerpo de agua que abastece a 20.000 personas, con mezclas de productos químicos no determinados en canales que desfogan en una quebrada y luego en el río Moín; siendo el área afectada colindante con la naciente del AyA que abastece al 30% de la población de Limón, c) La emergencia  debió ser atendida por la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y AyA, d) El estado de conservación del sitio se redujo de un 73.30% a un 16.30% a raíz del daño ambiental causado, que se dio sin prever ninguna medida de prevención, mitigación o compensación, d) El costo a restaurar para recuperar el estado de conservación inicial del sitio, representa un total de ¢151.892. 897,00, que contempla estudios técnicos y apoyo cuidadoso del proceso natural de descontaminación del suelo y cuerpos de agua; así como monitoreo del sitio afectado para evaluar la recuperación y e) la determinación de un daño social que asciende a la suma de ¢3.253.567.817,00. Los representantes de QH, impugnaron tal decisión con recursos de revocatoria e incidentes de nulidad por caducidad, que fueron rechazados. Posteriormente, estos últimos, presentaron al procedimiento administrativo dos documentos con el fin de controvertir los estudios ambientales hechos anteriormente. Una vez realizada la audiencia oral y privada y realizadas las conclusiones, se emitió el acto final del procedimiento sancionatorio donde se acreditó el daño ambiental y se determinó la reparación correspondiente; la cual ascendió a la suma de ¢234.698,007,00. Con base en ese cuadro referencial, QH, decide traer a estrados judiciales al Estado y posteriormente se integra la litis con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al AyA. En una síntesis de sus alegatos, negó QH, tener responsabilidad con lo sucedido, pues sostiene, el Cuerpo de Bomberos tomó control de la emergencia y del lugar el día del siniestro; utilizando espumas y evidenciándose una ausencia de protocolos ambientales por parte de aquél. Sumado a ello, argumentó, que no se acreditó dentro del procedimiento que la planta se encontrara dentro de ese 73% de área conservada y emite cuestionamientos en torno al informe rendido por IPS. Apuntó que el acto emitido por el TAA, contiene vicios en el motivo y en el sujeto. En ese tanto exige, la declaratoria de: caducidad del procedimiento, disconformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución que le ordena el pago de ¢234.698.007,00, que hubo una indebida aplicación del artículo 109 de la Ley de Biodiversidad y que la estimación del daño ambiental debe estar bien fundamentada y cumplir con los parámetros del cardinal 16 de la LGAP. Pide también se declare, que el TAA, no está facultado para cobrar los gastos realizados por el AyA, ni de disponer de las sumas recaudadas y colocarlas en otra institución. El Estado, el SINAC y AyA por su parte, contestaron de forma negativa la demanda y opusieron en común la excepción de falta de derecho. El Tribunal al resolver, dio inicio con el análisis de la figura de la caducidad del procedimiento alegada por QH. Al respecto, hicieron los jueces, un estudio de las actuaciones relevantes del procedimiento, llegando a concluir que no existió evidencia de que este se paralizara por más de 6 meses a tenor del cardinal 340 de la LGPA. Además, se verificó que las gestiones y actuaciones fueron útiles para la emisión del acto final y el tiempo que se retrasó el asunto para el dictado de aquél, no genera caducidad pues la norma establece que la paralización debe suceder antes de que el asunto esté listo para la emisión de ese acto final. Acto seguido, se pronunciaron los sentenciadores a la existencia del daño ambiental atribuible a Químicos Holanda. Así, dijeron los jueces, les llamaba la atención que esa empresa intentara desvirtuar en esta sede la responsabilidad por el daño ambiental que le fue atribuido; ello, por cuanto la Sala Constitucional determinó la existencia de esa responsabilidad por negligencia por parte de aquella. Constató la lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dadas las explosiones que generaron una contaminación del ambiente y el fallecimiento de dos personas. En esa línea, dijeron los juzgadores a tenor del cardinal 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que el tema de la existencia del daño ambiental causado por negligencia de la sociedad actora; es un punto resuelto con autoridad de cosa juzgada material. Sumado a lo anterior el TTA, estableció con mayores elementos, no solo la existencia del daño ambiental sino la atribución de este a QH; sin que éste lograra desvirtuar tal hecho; pues no presentó prueba útil para negar el nexo causal. Luego, se refirieron los jueces a dos temas específicos: 1.-la forma como se tuvo por demostrado el daño ambiental, su cuantificación y la interpretación correcta del numeral 109 de la Ley de Biodiversidad y 2) la existencia del daño social y si el TAA, tenía competencia para ordenar la reparación por los gastos de un ente autónomo; destinando el monto de la condenatoria en la reparación del daño ambiental y no en la institución que lo erogó. Al respecto explicaron, ha quedado fuera de discusión que QH no pudo demostrar ni en el procedimiento administrativo ni en el plenario, que la planta de Moín no fuera de su propiedad y que el incendio ocurrido contaminó gravemente el suelo, el agua y el aire de la zona. Tampoco desacreditó la conclusión del acto final, en el sentido de que, si bien el siniestro no se dio por dolo, si se produjo por negligencia y que no se establecieron las medidas para evitar la conflagración, ni impedir la propagación del suelo, agua y aire; y en ese tanto, debe responder plenamente por su reparación a tenor de los cardinales 50 Constitucional, 2, 98 y de la Ley Orgánica del Ambiente. Fueron enfáticos los sentenciadores al indicar que el tema del daño ambiental es distinto al daño regulado por el Código Civil. Su reparación e indemnización tiene características y un alcance distinto. Para sustentar tal postura, se cita el voto emitido por esta Sala no. 675-F-2007. Refirieron los jueces, que el fundamento de los montos impuestos se encuentra en el punto 7.2.1 del acto final y concluyen que vista la gravedad de la explosión e incendios acaecidos en la planta QH de Moín en diciembre del 2006 y la enorme y severa contaminación del ecosistema, contaminación que se probó en sede administrativa y no pudo ser desvirtuada en esta sede; la imposición del pago de comentario resulta ser útil y necesario para la efectiva reparación del daño ambiental sufrido. En ese tanto, enfatizaron, que la reparación plena del daño ambiental no solo involucra el efectivo restablecimiento del ecosistema, sino también el costo del diagnóstico, que es la carga que se establece en la resolución que se impugna. Así, dijeron los jueces, al no desvirtuarse la ocurrencia del daño, al no probarse que fuera atribuible a otros sujetos la responsabilidad y al no cuestionarse tampoco si la cantidad impuesta era desmedida; debe descartarse que esta parte del acto cuestionado sea contrario a derecho y rechazar la petición para que se invalide su contenido y argumentos. El numeral 109 cuestionado, tampoco se observa incorrectamente aplicado, dijeron los jueces. Se evidenció, el análisis de todos los argumentos planteados por la actora. Para rechazar el alegato de que se contaban con los permisos del Ministerio de Salud, se indicó que se trata de aspectos distintos. Que una cosa son esos permisos y otra el daño ambiental causado. En cuanto a la existencia del daño social y a la procedencia de cobro y retención de sumas hecha a favor del AyA, estimaron los jueces que el daño quedó más que demostrado y que la reparación plena establecida por el numeral 50 de la Constitución hace legítimo el cobro y su destino. Pues los montos impuestos, tenían la virtud de restaurar el daño ambiental en el sitio y no la de reparar un daño a un patrimonio institucional. Es competencia del TAA, la declaratoria de un daño ambiental y su efectiva reparación. Puede notarse, explicaron, que los dineros no están destinados al AyA como ente autónomo sino al restablecimiento ambiental del sitio; por ello, explicaron los jueces, no pueden tener lugar los alegatos. En tal medida, se declaró con lugar la excepción de falta de derecho planteada por los accionados. Al no existir, razón para eximir del pago de costas al vencido, se las impuso. La demanda se declaró sin lugar en todos sus extremos. Inconforme con lo resuelto, la empresa actora recurrió.

II.-Son tres las censuras planteadas. Todas de carácter sustancial. En la primera, acusa violación directa de ley por indebida aplicación e interpretación del cardinal 340 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Dice, el Tribunal se equivoca, pues no distingue el contexto que tiene cado uno de los tres incisos del citado artículo. Refiere, el CPCA, reformó la norma de cita y contempla la posibilidad de que la caducidad aplique a favor del interesado y se abre la posibilidad de que caduquen los procedimientos que iniciaron a instancia de la Administración. En la especie, explica, el procedimiento inició contra QH y en este caso el TAA cómo órgano desconcentrado del MINAET es el responsable de la paralización injustificada que se dio durante el curso del procedimiento; así quedó constando en el hecho probado no.7. Pese a ello, alega, se resuelve utilizando un presupuesto establecido en el inciso 2 del artículo 340 únicamente cuando el procedimiento a iniciado a gestión de parte. Para ilustrar, lo dicho transcribe la literalidad del cardinal 340. En esa línea, el Tribunal tiene como probado que es la Administración la que inicia el procedimiento y sin embargo, para rechazar la caducidad planteada en la demanda aplica indebidamente el inciso 2 que resulta aplicable únicamente en los casos cuando el procedimiento haya iniciado a gestión de parte como expresa y literalmente lo indica la norma. La interpretación que hace el Tribunal, va en contra de la literalidad de la norma y constituye una infracción en el numeral 10 del Código Civil cuando se indica “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras.”. Asegura, el Tribunal en momento alguno analiza, transcribe o se refiere al punto expuesto, lo cual estima, constituye una severa omisión; pues en la especie el procedimiento no inició de su parte sino de la Administración. No hay una lógica en el contexto de la norma, dice, ya que es un sinsentido y un despropósito que la caducidad no aplique cuando el procedimiento esté listo para el dictado del acto final. Sin justificación, explica, se dejó el procedimiento paralizado por 4 años. Para sustentar su alegato, ofrece una crónica de la inactividad que aduce observada en el procedimiento. En una segunda censura, acusa indebida aplicación del cardinal 50 de la Constitución Política, 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 98,99 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA). Al respecto, explica, se opone a la postura del Tribunal de pretender que, con la existencia de un fallo constitucional, donde los hechos se conocieron de forma somera; sirva de fundamento para justificar y motivar lo resuelto el TAA. Desde su perspectiva, la resolución constitucional funciona en la visión del Tribunal como una especie de ejecución de un recurso de amparo. Los preceptos 98, 99 y 11 de la LOA, se quebrantan, por cuanto según la interpretación de los jueces esas normas conceden al TAA un cheque en blanco para establecer el monto que quiera como supuesta indemnización. Critica, se visualice una obligación compensatoria que puede ser arbitraria y discrecional, puede incluir montos del AyA, aunque no tengan que ver con montos de remediación del sitio. Añade, la interpretación de los artículos 98 y 99 también resultan indebidos puesto que se ha realizado en concordancia con lo que dispone el 111 de esa misma Ley, el cual establece en su inciso c) que la competencia del TAA versa sobre indemnizaciones que pueden originarse en relación con los daños producidos. Reclama, nunca se le dio traslado de los montos como suerte de multas o sanciones, sino que desde un inicio los montos por los cuales se le condenan tuvieron naturaleza jurídica de un monto para remediar los daños producidos. El Tribunal desnaturaliza el monto de la condena, argumentando que se trata de una sanción al estilo de multa que pueda disponerse de forma discrecional. Califica de atropello la posición del Tribunal de retrotraer -según dice- el procedimiento administrativo y convertir un costo específico que se incluyó dentro de la valoración del daño ambiental en un costo social. Se muestra inconforme con la sustanciación del Tribunal cuando se refiere a los montos que le correspondían al AyA. Desde su perspectiva no pueden los jueces motivar actos administrativos a posteriori. El Juez es un contralor de legalidad y no reparador de actos administrativos viciados, refiere. Reitera sus comentarios, en torno a los montos que en su criterio debieron reembolsarse al AyA.  Afirma, el 98 de la LOA, no hace referencia al cobro de gastos institucionales y tampoco al cambio de los destinos; de ahí que exista una incorrecta aplicación de dicha norma en concordancia del 111 citado. Ninguno, dice, ni el TAA, ni el Tribunal, pueden sustentar el cobro ni el cambio de destino. Finalmente, en su tercera censura, dice que con los quebrantos normativos referidos en los dos primeros reproches se han producido violaciones al principio de razonabilidad dado que su explicación e interpretación no corresponde con lo que establece el texto de dichos numerales. Sostiene, se vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, pues al no apegarse a lo establecido por las normas se está resolviendo más allá de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.

III.-Entonces, recapitulando, el argumento de la quejosa en su primera censura, es que el Tribunal se equivoca al aplicar el inciso 2) del cardinal 340 de la LGAP, toda vez que para rechazar la caducidad del procedimiento, -según dice- actúa un presupuesto que es aplicable a los procedimientos que son iniciados a gestión de parte y no de oficio según sucede en la especie. En criterio de este órgano decisor, es el objetante quien hace una interpretación errada de la norma. No es el Tribunal el que se equivoca. El fallo se encuentra ajustado a derecho. Así lo ha resuelto esta Cámara en reiterados precedentes. Se ha indicado con contundencia que: la caducidad del procedimiento es un instituto que pretende garantizar la seguridad jurídica, mediante el archivo de aquellos expedientes cuya tramitación se haya detenido por un lapso superior a seis meses imputable al promovente, siempre y cuando éste no pueda ser justificado. Se encuentra regulado en el numeral 340 de la LGAP y se concibe como una sanción procesal prevista contra la indolencia en la sustanciación del procedimiento, que impide se vierta un pronunciamiento de fondo. La norma 340 íbidem establece lo siguiente: “1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo (…) 2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haber operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final (…). Entonces, es relevante hacer ver que, la caducidad aplica tanto a los procedimientos iniciados a gestión de parte como a los oficiosos. En este punto, es necesario realizar algunas precisiones según el tipo de procedimiento que se trate, ya que, cuando este ha iniciado como consecuencia de una petición particular en la que se deduzca una pretensión propia (285 LGAP) para que pueda ser declarada la caducidad, la inercia debe ser imputable a este. Esto implica que la continuación del procedimiento dependía, exclusivamente, de una actuación suya que no se dio dentro del plazo legal fijado (6 meses). Por el contrario, en aquellos casos iniciados en forma oficiosa, la anterior precisión no resulta aplicable, siendo que al administrado no le asiste ninguna responsabilidad de impulsar la tramitación, según lo ya dicho, pues lo determinante es el transcurso de los seis meses sin actuaciones tendientes al avance del trámite. No obstante, debe entenderse, que cuando se haga patente tal paralización por parte de la administración, conforme al inciso 2 de la norma de cita, el interesado podrá alegar la caducidad del procedimiento, únicamente antes de que este se encuentre listo para el dictado del acto final; de lo contrario no procederá esa declaratoria. Así, conforme con lo dispuesto por el cardinal 340 de referencia, para que un procedimiento sea declarado caduco, han de materializarse estos requisitos: 1) Que el procedimiento se paralice, 2) que sea por un plazo superior a seis meses y 3) que no haya sido dictado el acto final. En esa línea, se considera un requisito procedimental, que debe acatarse a la hora de analizar la existencia de una caducidad del procedimiento, y es que esta se haya declarado o alegado dentro de aquél para ponerle fin. Ello, también se desprende de la interpretación del numeral 329 de la LGAP, pues resultaría válido el acto administrativo que se dicte luego de una inercia de seis meses, atribuible a la Administración, si antes no se reclamó la caducidad que es una de las excepciones dispuestas en la ley. (al respecto puede consultarse el fallo no. 136-2022 del 7 de julio de 2022). Lo anterior, da claridad a la interpretación correcta del cardinal 340 de la LGAP que estima incorrectamente aplicado el inconforme. Se repite, el instituto de la caducidad aplica tanto en los procedimientos iniciados de forma oficiosa o bien a gestión de parte. En el caso de estudio, estamos ante un procedimiento iniciado por la Administración donde quien tenía que invocar la caducidad (QH), tenía que hacerlo según el inciso 2 de ese numeral cuando el expediente se encontrara listo para dictar el acto final. No es cierto que el Tribunal no se pronunciara en esos términos según lo acusa el quejoso. Hubo claridad por parte de los sentenciadores al rechazar la caducidad opuesta, al indicar que no se había evidenciado una paralización del procedimiento en las etapas previas para que el asunto quedara listo para el dictado final, y la objeción de caducidad, no se planteó con antelación a ese momento. Así es evidente que no lleva razón el casacionista en la interpretación que da a la norma y tampoco en esta sede desvirtúa el planteamiento del Tribunal. La norma está correctamente aplicada. No se observan las equivocaciones directas argumentadas, lo que impone el rechazo del cargo. 

IV.-Las censuras mencionadas como segunda y tercera serán rechazadas por carecer de requisitos de formalidad ante su falta de motivación, a tenor de los cardinales 139.3 y 140 c) del CPCA. En la segunda inconformidad, muestra su descontento el objetante con la postura esbozada por los jueces, cuando determinaron que la responsabilidad que le fue atribuida ya había quedado definida en un fallo constitucional por lo que era un punto analizado y resuelto con autoridad de cosa juzgada. Ese aspecto, fue únicamente cuestionado, pero no desvirtuado por el objetante. No hubo emisión de razón alguna que intentara revertir el planteamiento de los jueces. De igual manera, menciona su inconformidad con la sustanciación del fallo, cuando se toma decisión en cuanto a los montos a los que fue condenada la mercantil y la afectación ocasionada a la AyA. En este punto, no solo expresa aspectos subjetivos sin referirse a las razones expuestas en el fallo, las cuales fueron ampliamente expuestas en el primer considerando de esta resolución, sino que no apunta con claridad cuál es su afectación con la decisión en torno a las sumas que se impusieron para reparar lo relativo al daño generado a las nacientes de agua.  Tampoco son admisibles en esta sede, la expresión de agravios novedosos que no fueron alegados ni debatidos oportunamente ni que constan analizados en el fallo que se impugna, tales como la naturaleza de la sanción y de que no le fueron nunca notificados los montos que le serían impuestos: ello por orden del numeral 69.5.7 del Código Procesal Civil y 220 del CPCA. El último reproche debe ser rechazado también, por cuanto refiere al quebranto de principios constitucionales al incurrirse en las ilegalidades referidas en las censuras primera y segunda. Ya está visto que ambos reparos fueron rechazados por las razones expuestas por lo que de manera consecuente al ser estos desestimados, la tercera queja no tendría lugar tampoco. En tales términos los citados agravios deben rechazarse. 

V. Voto salvado del Magistrado Leiva Poveda. Caducidad del procedimiento cuando este se ha iniciado de oficio y se presenta una paralización que opera de previo al dictado del acto final.  Respeto el criterio de mayoría pero no lo comparto. Concuerdo con la mayoría en cuanto a que el instituto de la caducidad del procedimiento es una sanción procedimental por inactividad injustificada. No obstante lo anterior, en criterio de mayoría se establece que la limitación a la aplicación del instituto de la caducidad del procedimiento regulada en la oración final del inciso 2) del artículo 340 de la LGAP, resulta de aplicación a los procedimientos administrativos iniciados de oficio, todo lo cual estimo contrario a la evolución histórica de la norma y al funcionamiento del "sistema" de normas iusadministrativas patrias. Con la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública el r de diciembre de 1978, el artículo 340, introdujo el instituto de la "caducidad del procedimiento", únicamente para los procedimientos iniciados a gestión de parte. El inciso primero establecía la regla general, que señalaba que si había inactividad por parte de quien es interesado en iniciar el procedimiento, podía haber una sanción procedimental, a saber la caducidad del procedimiento. En la versión original de la LGAP, el artículo 340 no incorporaba un castigo para la Administración si esta, incurría en inactividad en procedimientos iniciados de oficio. El inciso primero de la norma referida sancionaba únicamente la inactividad en los procedimientos iniciados a gestión de parte, siendo este el único supuesto de procedencia de la caducidad del procedimiento, ello bajo la siguiente regulación "paralizare por más de seis meses en virtud de causa imputable al interesado que lo ha promovido". De ahí que de forma lógica y sistemática, el inciso segundo, también en su versión original, regulaba excepciones a la aplicabilidad de la caducidad del procedimiento, justamente a los procedimientos iniciados a gestión de parte. Esto explica por qué el inciso 2) en su versión original iniciaba estableciendo "No procederá la caducidad cuando el interesado ha dejado de gestionar". Cerca de treinta años más tarde, con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508, el instituto de la caducidad del procedimiento se transformó ampliando de forma importante su ámbito de aplicación y provocando un enorme impacto en el funcionamiento práctico de las administraciones públicas. El inciso 1) del artículo 340 se reformó agregando un segundo supuesto de hecho para la procedencia de la caducidad del procedimiento. A partir de aquel momento la norma indicó: "Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, (...) o a la Administración que lo haya Iniciado, de oficio o por denuncia" (El original no está destacado en negrita). Claramente la modificación implicó que a partir de aquel momento, el instituto de la caducidad del procedimiento fuese aplicable a un cúmulo de procedimientos a los cuales no había alcanzado en las tres décadas precedentes (los iniciados de oficio). Esta radical ampliación hizo necesario precisar el alcance de la limitación para que opere la caducidad del procedimiento establecida en el inciso 2) del artículo 340, norma que como se indicó antes, hasta aquel instante, regulaba las excepciones a la aplicación de la caducidad del procedimiento de trámites iniciados a gestión de parte. La modificación del inciso primero, implicó que el legislador también ajustara el inciso 2 bajo análisis, cuya primera oración originalmente indicaba "No procederá la caducidad cuando el interesado ha dejado de gestionar en virtud de haberse operado el silencio positivo o negativa?, con el fin de que a partir del 2008 la nueva norma señalara "No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando ..." (El original no está destacado en negrita). Resulta evidente que la añadidura, tiene como único efecto el restringir los alcances del inciso 2) a los procedimientos iniciados a gestión de parte, pues ellos se caracterizan porque el gestionante tiene un interés en su inicio y en su pronta resolución. De ahí que esté previsto el silencio administrativo, e incluso, la improcedencia de la aplicabilidad de la caducidad del procedimiento "cuando el expediente se encuentre listo para la resolución final", pues si el trámite está listo para el dictado del acto final, es porque no hay nada que le corresponda hacer a quien lo inició, contrario sensu, en caso de que esté pendiente algo que le corresponde hacer al administrado, entonces lógicamente el procedimiento no estaría listo para el dictado del acto final. Situación distinta es la que se presenta con procedimientos iniciados de oficio o por denuncia, en los que en casi en la totalidad de supuestos, tales procedimientos tienen por efecto la emisión de un acto administrativo ablativo (perjudicial), o al menos de doble efecto. En tales casos, tiene sentido el que en procedimientos iniciados de oficio, listo el expediente para la emisión del acto final, por ejemplo en un procedimiento sancionatorio, haya un plazo que conlleve una sanción a la administración que no dicte la resolución correspondiente en el plazo semestral, ello claro está con los efectos regulados en el artículo 340 inciso 3) y 341 de la LGAP. Por lo anterior, me separo del voto por establecer que resulta aplicable las regulaciones del inciso 2) del artículo 340 LGAP, a los procedimientos administrativos iniciados de oficio, ello no solo por contravenir el texto literal de la norma, sino también, su evolución histórica y relación sistemática con el resto de regulaciones en materia de caducidad del procedimiento.

VI.  Nota de la Magistrada Rojas Morales.  El principio de autointegración normativa debe siempre aplicarse conforme al principio de razonabilidad en sentido estricto; por ello debo indicar que la caducidad — al igual que la prescripción — no ha sido prevista por el legislador en favor ni en contra de determinados intervinientes o sujetos procesales; antes bien, la figura jurídica se establece por interés público — desprovista de la condición de parte -; ello para potenciar la seguridad jurídica y por ello no es trascendente la división entre procedimiento iniciado de oficio o por gestión de parte en la aplicación del instituto de referencia.

VII.- En consecuencia, por mayoría se rechaza el recurso planteado. El primer agravio se rechaza por motivos de fondo y el segundo y tercero por razones de informalidad. Salva voto el magistrado Leiva Poveda únicamente en lo referente al primer cargo analizado por el fondo. Pone nota la magistrada Rojas Morales.

POR TANTO

Por mayoría se rechaza de plano el recurso. Salva el voto el magistrado Leiva Poveda, únicamente en lo referente al primer cargo analizado por el fondo. Pone nota la magistrada Rojas Morales. ATREJOSA

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:56:27.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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First Chamber of the Court

Resolution No. 01337 - 2024

Date of Resolution: October 1, 2024 at 13:51

Case File: 15-000974-1027-CA

Drafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Type of matter: ORDINARY PROCEEDINGS

Analyzed by: FIRST CHAMBER

Judgment with Dissenting Vote

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Lapse of administrative procedure

Subtopics:

Concept and scope.

An institute that guarantees legal certainty through the archiving of case files whose processing has been halted for a period exceeding six months attributable to the promoter (ex officio or at the request of a party), provided that this cannot be justified (numeral 340 of the General Law of Public Administration). It is a procedural sanction provided against indolence in the substantiation of the procedure, which prevents a ruling on the merits from being issued. For a procedure to be declared lapsed, these requirements must materialize: 1) That the procedure is halted. 2) That it is for a period exceeding six months and 3) That the final act has not been issued. The administrative act issued after an inertia of six months, attributable to the Administration (precept 329 ibid.), is valid if the lapse was not claimed beforehand, which is one of the legal exceptions. See resolution 136-2022 of the First Chamber. In the present case, there was clarity from the Court in rejecting the argued lapse, by indicating that a halting of the procedure in the stages prior to the matter being ready for the final issuance was not evidenced, and the lapse objection was not raised prior to that moment (vote 1337-F-2024).

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Administrative Litigation

Topic: Cassation appeal

Subtopics:

Formalities of the appeal.

The censures under study are rejected for lacking the formal requirements due to their lack of motivation (articles 139.3 and 140.c of the Administrative Litigation Procedural Code). An aspect outlined by the judges is questioned, without disproving it, that is, no reason is given that attempts to reverse the judges' approach. It expresses subjective aspects, without referring to the reasons set forth in the ruling. Also inadmissible in this venue are the expression of new grievances not alleged or debated in a timely manner, nor that appear to have been analyzed in the appealed ruling (ordinals 220 ibid. and 69.5.7 of the Civil Procedural Code) (vote 1337-F-2024).

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution



Exp: 15-000974-1027-CA

Res. 001337-F-S1-2024

FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours fifty-one minutes of October first, two thousand twenty-four.

Ordinary proceedings, filed before the eighth section of the Administrative Litigation Court, composed of judges Jonatan Canales Hernández, Fabián Nuñez Castrillo and Paulo André Alonso Soto. Brought by the corporation Químicos Holanda, represented by its special judicial attorney-in-fact Rubén Zamora Castro against the State, the National System of Conservation Areas and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; represented by attorneys Mauricio Castro Lizano, Guillermo Corrales Montero and María Andrea Sánchez Solera respectively.

Drafted by Judge Rivas Loáiciga

I.- In light of the facts that were taken as proven, it is recorded that the Rector Health Area of Limón of the Ministry of Health approved, on July 28, 2006, the Environmental Management Plan of the company Químicos Holanda (hereinafter QH), which had a sanitary operating permit issued on February 20, 2006, with an expiration of five years; which was in force as of February 16 of that year. Precisely on the 13th day of that month and year, by Executive Decree, a national emergency was declared due to the fire that occurred on that date at the QH plant located in the Moín area, province of Limón. As a result of that incident, various administrative reports were issued detailing its origin, the impact on the public aqueduct service, and the participation of said company in mitigating the damages. There is also a constitutional ruling, which declares a recourse valid for the violation of precepts 21 and 50 of the Political Constitution and orders the Municipal Council of Limón to arrange the modification of the Regulatory Plan, in order to include the provisions established in agreement no. 80-121 issued by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA hereinafter). Later, the Administrative Environmental Court (TAA), brought to QH's attention the environmental damage assessment report, prepared by the Institute of Policies for Sustainability (hereinafter IPS). QH opposed the report and filed a revocation appeal which was rejected. Along these lines, said Court proceeded to open an administrative procedure for the purpose of determining the responsibility of QH for the existing environmental damage and its respective compensation. It was imputed to it: a) that the fire spread within a radius of 10 km, causing the death of people, supply problems and affecting the air, water, soil and biodiversity; generating the evacuation of a significant number of people to temporary shelters, b) contamination of the body of water that supplies 20,000 people, with undetermined mixtures of chemical products in channels that discharge into a stream and then into the Moín River; the affected area being adjacent to the AyA spring (naciente) that supplies 30% of the population of Limón, c) The emergency had to be attended by the National Emergency Commission, the Ministry of Health and AyA, d) The state of conservation of the site was reduced from 73.30% to 16.30% as a result of the caused environmental damage, which occurred without providing any prevention, mitigation or compensation measure, d) The restoration cost to recover the initial conservation status of the site represents a total of ¢151,892,897.00, which includes technical studies and careful support of the natural process of decontamination of the soil and water bodies; as well as monitoring of the affected site to evaluate recovery and e) the determination of a social damage amounting to the sum of ¢3,253,567,817.00. The representatives of QH challenged that decision with revocation appeals and nullity incidents based on lapse, which were rejected. Subsequently, the latter presented two documents to the administrative procedure in order to controvert the environmental studies previously conducted. Once the oral and private hearing was held and the conclusions were made, the final act of the sanctioning procedure was issued, where the environmental damage was accredited and the corresponding remediation was determined; which amounted to the sum of ¢234,698,007.00. Based on that referential framework, QH decides to bring the State to the judicial stage, and subsequently the litis is joined with the National System of Conservation Areas (SINAC) and AyA. In a summary of its allegations, QH denied having responsibility for what happened, as it maintains that the Fire Department took control of the emergency and the site on the day of the incident; using foams and evidencing an absence of environmental protocols on the part of the former. Added to this, it argued that it was not accredited within the procedure that the plant was within that 73% of conserved area and issues questions regarding the report prepared by IPS. It noted that the act issued by the TAA contains defects in the motive and in the subject. To that extent, it demands the declaration of: lapse of the procedure, non-conformity with the legal system of the resolution ordering it to pay ¢234,698,007.00, that there was an improper application of Article 109 of the Biodiversity Law and that the estimation of environmental damage must be well-founded and comply with the parameters of precept 16 of the LGAP. It also requests it be declared that the TAA is not empowered to collect the expenses incurred by AyA, nor to dispose of the amounts collected and place them in another institution. The State, SINAC and AyA, for their part, answered the lawsuit in a negative manner and jointly raised the defense of lack of right. The Court, upon resolving, began with the analysis of the figure of the lapse of the procedure alleged by QH. In this regard, the judges conducted a study of the relevant procedural actions, concluding that there was no evidence that it was halted for more than 6 months pursuant to precept 340 of the LGPA. Furthermore, it was verified that the steps and actions were useful for the issuance of the final act and the time the matter was delayed for the pronouncement thereof does not generate lapse, as the norm establishes that the halting must occur before the matter is ready for the issuance of that final act. Immediately thereafter, the judges ruled on the existence of environmental damage attributable to Químicos Holanda. Thus, the judges said, it was striking that this company attempted to disprove, in this venue, the responsibility for the environmental damage attributed to it; this, because the Constitutional Chamber determined the existence of that responsibility due to negligence on the part of the former. It verified the injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, given the explosions that generated environmental contamination and the death of two people. Along these lines, the judges said, pursuant to precept 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, that the issue of the existence of environmental damage caused by the plaintiff company's negligence is a point resolved with the authority of material res judicata. Added to the above, the TTA established with greater elements, not only the existence of the environmental damage but the attribution thereof to QH; without the latter managing to disprove such a fact; as it did not present useful evidence to deny the causal link. Next, the judges addressed two specific topics: 1-the way the environmental damage was taken as proven, its quantification and the correct interpretation of numeral 109 of the Biodiversity Law and 2) the existence of social damage and whether the TAA had the competence to order remediation for the expenses of an autonomous entity; allocating the amount of the condemnation to the remediation of environmental damage and not to the institution that incurred it. In this regard, they explained, it has been left undebated that QH could not demonstrate, either in the administrative procedure or in the plenary hearing, that the Moín plant was not its property and that the fire that occurred seriously contaminated the soil, water, and air of the area. Nor did it discredit the conclusion of the final act, in the sense that, although the incident did not occur due to malice, it did occur due to negligence and that measures were not established to prevent the conflagration, nor to impede the spread to the soil, water, and air; and to that extent, it must fully answer for its remediation pursuant to constitutional precepts 50, and 2, 98 and of the Organic Environmental Law. The judges were emphatic in indicating that the issue of environmental damage is different from the damage regulated by the Civil Code. Its remediation and compensation has different characteristics and scope. To support this position, the vote issued by this Chamber no. 675-F-2007 is cited. The judges stated that the basis of the imposed amounts is found in point 7.2.1 of the final act and conclude that in view of the severity of the explosion and fires that occurred at the QH plant in Moín in December 2006 and the enormous and severe contamination of the ecosystem, contamination that was proven in the administrative venue and could not be disproved in this venue; the imposition of the payment under consideration turns out to be useful and necessary for the effective remediation of the environmental damage suffered. To that extent, they emphasized that the full remediation of environmental damage not only involves the effective restoration of the ecosystem, but also the cost of diagnosis, which is the charge established in the resolution being challenged. Thus, the judges said, as the occurrence of the damage was not disproved, as it was not proven that the responsibility was attributable to other subjects, and as it was also not questioned whether the amount imposed was excessive; it must be ruled out that this part of the challenged act is contrary to law and the request to invalidate its content and arguments must be rejected. The questioned numeral 109 was also not observed to be incorrectly applied, the judges said. The analysis of all the arguments raised by the plaintiff was evidenced. To reject the claim that it had the Ministry of Health's permits, it was indicated that these are different aspects. That those permits are one thing and the environmental damage caused is another. Regarding the existence of social damage and the appropriateness of the collection and retention of sums made in favor of AyA, the judges considered that the damage was more than proven and that the full remediation established by numeral 50 of the Constitution makes the collection and its purpose legitimate. For the imposed amounts had the virtue of restoring environmental damage at the site and not that of repairing damage to an institutional patrimony. It is the TAA's competence to declare environmental damage and its effective remediation. It can be noted, they explained, that the moneys are not destined for AyA as an autonomous entity but for the environmental restoration of the site; therefore, the judges explained, the allegations cannot be upheld. To such extent, the defense of lack of right raised by the defendants was granted. As there was no reason to exempt the losing party from paying costs, they were imposed. The lawsuit was declared without merit in all its aspects. Dissatisfied with the resolution, the plaintiff company appealed.

II.- There are three censures raised. All of a substantial nature. In the first, it accuses a direct violation of law due to improper application and interpretation of precept 340 of the General Law of Public Administration (LGAP). It says the Court errs, as it does not distinguish the context of each of the three subsections of the cited article. It states that the CPCA reformed the cited norm and contemplates the possibility that lapse may apply in favor of the interested party, opening the possibility for procedures initiated at the Administration's instance to lapse. In the present case, it explains, the procedure was initiated against QH and in this case the TAA, as a deconcentrated body of MINAET, is responsible for the unjustified halting that occurred during the course of the procedure; this was recorded in proven fact no. 7. Despite this, it alleges, the resolution is made using a premise established in subsection 2 of Article 340, only when the procedure was initiated at the request of a party. To illustrate, it transcribes the literal text of precept 340. Along these lines, the Court takes as proven that it is the Administration that initiates the procedure, and yet, to reject the lapse raised in the lawsuit, it improperly applies subsection 2, which is applicable only in cases when the procedure was initiated at the party's request as the norm expressly and literally indicates. The interpretation made by the Court goes against the literal wording of the norm and constitutes an infraction of numeral 10 of the Civil Code, which indicates: "Norms shall be interpreted according to the proper meaning of their words." It asserts that the Court at no time analyzes, transcribes, or refers to the point raised, which it considers constitutes a severe omission; because in the present case the procedure did not begin at its own request but by the Administration. There is no logic in the context of the norm, it says, since it makes no sense and defeats the purpose that lapse does not apply when the procedure is ready for the pronouncement of the final act. Without justification, it explains, the procedure was left halted for 4 years. To support its allegation, it offers a chronicle of the inactivity it observes in the procedure. In a second censure, it accuses improper application of precept 50 of the Political Constitution, 13 of the Constitutional Jurisdiction Law and 98, 99, and 111 of the Organic Environmental Law (LOA). In this regard, it explains, it opposes the Court's posture of having it intended that, with the existence of a constitutional ruling, where the facts were known in a superficial manner; it serves as a basis to justify and motivate what the TAA resolved. From its perspective, the constitutional resolution functions in the Court's view as a kind of execution of an amparo appeal. Precepts 98, 99, and 111 of the LOA are violated, because according to the judges' interpretation, those norms grant the TAA a blank check to establish whatever amount it wants as a supposed compensation. It criticizes that a compensatory obligation is visualized that can be arbitrary and discretionary, and may include amounts from AyA, even if they have nothing to do with site remediation amounts. It adds that the interpretation of articles 98 and 99 is also improper since it has been carried out in accordance with what is provided in 111 of that same Law, which establishes in subsection c) that the TAA's competence deals with compensations that may originate in relation to the damages produced. It claims it was never given notice of the amounts as a sort of fines or sanctions, but rather that from the beginning the amounts for which it is condemned had the legal nature of an amount to remedy the damages produced. The Court distorts the nature of the condemnation amount, arguing that it is a sanction akin to a fine that can be ordered in a discretionary manner. It qualifies the Court's position of retracing—as it says—the administrative procedure and converting a specific cost that was included within the environmental damage assessment into a social cost. It shows its disagreement with the Court's substantiation when referring to the amounts corresponding to AyA. From its perspective, judges cannot motivate administrative acts a posteriori. The Judge is a controller of legality and not a repairer of defective administrative acts, it states. It reiterates its comments regarding the amounts that, in its opinion, should have been reimbursed to AyA. It affirms that 98 of the LOA does not refer to the collection of institutional expenses, nor to the change of purposes; hence, there is an incorrect application of said norm in conjunction with the cited 111. Neither, it says, the TAA nor the Court, can uphold the collection or the change of purpose. Finally, in its third censure, it says that with the normative violations referred to in the first two reproaches, violations of the principle of reasonableness have occurred because their explanation and interpretation does not correspond to what the text of said numerals establishes. It maintains that the principles of legal certainty and legality are violated, because by not adhering to what is established by the norms, the resolution is being made beyond what is provided by the legal system.

III.- Thus, recapitulating, the argument of the complainant in its first censure is that the Court errs by applying subsection 2) of precept 340 of the LGAP, given that to reject the lapse of the procedure, it—according to its claim—acts on a premise that is applicable to procedures that are initiated at the request of a party and not ex officio as happens in this case. In the opinion of this decision-making body, it is the objector who makes an erroneous interpretation of the norm. It is not the Court that is mistaken. The ruling is in accordance with law. This has been resolved by this Chamber in reiterated precedents. It has been forcefully stated that: the lapse of the procedure is an institute that aims to guarantee legal certainty, through the archiving of those case files whose processing has been halted for a period exceeding six months attributable to the promoter, provided that it cannot be justified. It is regulated in numeral 340 of the LGAP and is conceived as a procedural sanction provided against indolence in the substantiation of the procedure, which prevents a ruling on the merits from being issued. Norm 340 ibid establishes the following: "1) When the procedure is halted for more than six months due to a cause, exclusively imputable to the interested party that has promoted it or to the Administration that has initiated it, ex officio or by complaint, the lapse shall occur and its archiving shall be ordered (…) 2) The lapse of the procedure initiated at the request of a party shall not proceed when the interested party has stopped managing due to positive or negative silence having operated, or when the case file is ready to issue the final act (…). So, it is relevant to note that lapse applies both to procedures initiated at the request of a party and to ex officio procedures. On this point, it is necessary to make some clarifications according to the type of procedure in question, since, when it has been initiated as a consequence of a private request in which a personal claim is deduced (285 LGAP), so that the lapse can be declared, the inertia must be attributable to the latter. This implies that the continuation of the procedure depended exclusively on an action by that party that was not carried out within the legally established period (6 months). On the contrary, in those cases initiated ex officio, the previous clarification does not apply, as the administered party has no responsibility to drive the processing forward, according to what has already been said, since the decisive factor is the passage of six months without actions aimed at advancing the procedure. However, it must be understood that when such halting by the administration becomes evident, in accordance with subsection 2 of the cited norm, the interested party may allege the lapse of the procedure, only before it is ready for the pronouncement of the final act; otherwise, that declaration shall not proceed. Thus, in accordance with the provisions of precept 340 of reference, for a procedure to be declared lapsed, these requirements must materialize: 1) That the procedure is halted, 2) that it is for a period exceeding six months and 3) that the final act has not been issued. Along these lines, it is considered a procedural requirement that must be observed when analyzing the existence of a lapse of the procedure, and it is that this must have been declared or alleged within the procedure to put an end to it. This also emerges from the interpretation of numeral 329 of the LGAP, since the administrative act issued after an inertia of six months, attributable to the Administration, would be valid if the lapse was not claimed beforehand, which is one of the exceptions provided in the law. (on this matter, ruling no. 136-2022 of July 7, 2022, can be consulted). The foregoing provides clarity to the correct interpretation of precept 340 of the LGAP, which the disagreeing party considers incorrectly applied. It is repeated, the institute of lapse applies both in procedures initiated ex officio or at the request of a party. In the case under study, we are facing a procedure initiated by the Administration where the party that had to invoke the lapse (QH) had to do so according to subsection 2 of that numeral, when the case file was ready to issue the final act. It is not true that the Court did not pronounce itself in those terms as the complainant accuses. There was clarity on the part of the judges in rejecting the argued lapse, by indicating that a halting of the procedure in the stages prior to the matter being ready for the final issuance had not been evidenced, and the lapse objection was not raised prior to that moment. Thus, it is evident that the appellant is not correct in the interpretation it gives to the norm, nor in this venue does it disprove the Court's approach. The norm is correctly applied. The direct errors argued are not observed, which imposes the rejection of the charge.

IV.- The censures mentioned as second and third shall be rejected for lacking the formal requirements due to their lack of motivation, pursuant to precepts 139.3 and 140 c) of the CPCA. In the second disagreement, the objector shows its discontent with the posture outlined by the judges when they determined that the responsibility attributed to it had already been defined in a constitutional ruling, thus it was a point analyzed and resolved with the authority of res judicata. That aspect was only questioned, but not disproved by the objector. There was no issuance of any reason that attempted to reverse the judges' approach. Similarly, it mentions its disagreement with the substantiation of the ruling when a decision is made regarding the amounts to which the company was condemned and the impact caused to AyA. On this point, it not only expresses subjective aspects without referring to the reasons set forth in the ruling, which were extensively presented in the first whereas clause of this resolution, but it also does not clearly indicate what its impact is with the decision regarding the sums imposed to repair the damage generated to the water springs (nacientes). Also inadmissible in this venue are the expression of new grievances that were not alleged or debated in a timely manner, nor that appear to have been analyzed in the appealed ruling, such as the nature of the sanction and that the amounts that would be imposed were never notified to it: this by order of numeral 69.5.7 of the Civil Procedural Code and 220 of the CPCA. The last reproach must also be rejected, as it refers to the violation of constitutional principles by incurring the illegalities referred to in the first and second censures. It has already been seen that both reproaches were rejected for the reasons stated, so consequently, as these are dismissed, the third complaint would also have no grounds. In such terms, the cited grievances must be rejected.

V. Dissenting vote of Judge Leiva Poveda. Lapse of the procedure when it has been initiated ex officio and a halting occurs prior to the issuance of the final act. I respect the majority opinion but do not share it. I agree with the majority in that the institute of lapse of the procedure is a procedural sanction for unjustified inactivity. Notwithstanding the above, the majority opinion establishes that the limitation on the application of the institute of lapse of the procedure regulated in the final clause of subsection 2) of Article 340 of the LGAP is applicable to administrative procedures initiated ex officio, all of which I consider contrary to the historical evolution of the norm and to the functioning of the "system" of national ius-administrative norms. With the entry into force of the General Law of Public Administration on the first of December 1978, Article 340 introduced the institute of "lapse of the procedure," only for procedures initiated at the request of a party. The first subsection established the general rule, which indicated that if there was inactivity on the part of the party interested in initiating the procedure, there could be a procedural sanction, namely the lapse of the procedure. In the original version of the LGAP, Article 340 did not incorporate a penalty for the Administration if it incurred inactivity in procedures initiated ex officio. The first subsection of the referred norm sanctioned only inactivity in procedures initiated at the request of a party, this being the only case where lapse of the procedure was admissible, under the following regulation: "is halted for more than six months due to a cause attributable to the interested party who has promoted it." Hence, in a logical and systematic manner, the second subsection, also in its original version, regulated exceptions to the applicability of the lapse of the procedure, precisely to procedures initiated at the request of a party. This explains why subsection 2) in its original version began by establishing: "Lapse shall not proceed when the interested party has stopped managing." Nearly thirty years later, with the enactment of the Administrative Litigation Procedural Code, Law 8508, the institute of lapse of the procedure was transformed, significantly expanding its scope of application and causing an enormous impact on the practical functioning of public administrations. Subsection 1) of Article 340 was reformed, adding a second factual premise for the lapse of the procedure to proceed. From that moment on, the norm indicated: "When the procedure is halted for more than six months due to a cause, (...) or to the Administration that has initiated it, ex officio or by complaint" (The original is not highlighted in bold). Clearly, the modification implied that from that moment on, the institute of lapse of the procedure would be applicable to a multitude of procedures it had not reached in the preceding three decades (those initiated ex officio).

This radical expansion made it necessary to specify the scope of the limitation for the expiration of the proceeding (caducidad del procedimiento) established in subsection 2) of Article 340 to operate, a provision that, as indicated above, until that moment regulated the exceptions to the application of the expiration of the proceeding for proceedings initiated upon party request. The amendment of the first subsection meant that the legislature also adjusted subsection 2 under analysis, whose first sentence originally stated, "Expiration shall not apply when the interested party has ceased to act by virtue of positive or negative administrative silence (silencio positivo o negativo) having occurred," so that as of 2008 the new provision indicated, "Expiration of the proceeding initiated upon party request shall not apply when…" (The original is not highlighted in bold). It is evident that the addition has the sole effect of restricting the scope of subsection 2) to proceedings initiated upon party request, since they are characterized by the fact that the applicant has an interest in their initiation and prompt resolution. Hence, administrative silence is provided for, and even the inapplicability of the expiration of the proceeding "when the case file is ready for final resolution," because if the proceeding is ready for the issuance of the final act, it is because there is nothing that the person who initiated it must do; conversely, if something that the administered party must do is pending, then logically the proceeding would not be ready for the issuance of the final act. A different situation arises with proceedings initiated ex officio or by complaint, in which, in almost all cases, such proceedings result in the issuance of an ablative (prejudicial) administrative act, or at least one of double effect. In such cases, it makes sense that in proceedings initiated ex officio, when the case file is ready for the issuance of the final act, for example in a sanctioning proceeding, there be a time limit that entails a sanction against the administration that fails to issue the corresponding resolution within the six-month period, this, of course, with the effects regulated in Article 340 subsection 3) and Article 341 of the LGAP. For the foregoing reasons, I dissent from the vote by establishing that the regulations of subsection 2) of Article 340 LGAP are applicable to administrative proceedings initiated ex officio, not only because it contravenes the literal text of the provision, but also its historical evolution and systematic relationship with the rest of the regulations on the expiration of the proceeding.

VI. Note by Judge Rojas Morales. The principle of normative self-integration must always be applied in accordance with the principle of reasonableness in the strict sense; therefore, I must point out that expiration—like the statute of limitations (prescripción)—has not been provided for by the legislature in favor of or against certain parties or procedural subjects; rather, the legal figure is established in the public interest—devoid of the party condition—to enhance legal certainty, and for this reason the division between proceedings initiated ex officio and those initiated upon party request is not relevant in the application of the institute referred to.

VII.- Consequently, by majority, the appeal filed is dismissed. The first grievance is dismissed on substantive grounds and the second and third for reasons of informality. Judge Leiva Poveda dissents solely with respect to the first charge analyzed on the merits. Judge Rojas Morales appends a note.

THEREFORE

By majority, the appeal is summarily dismissed. Judge Leiva Poveda dissents, solely with respect to the first charge analyzed on the merits. Judge Rojas Morales appends a note. ATREJOSA

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez





Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

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