Res. 01339-2024 Sala Primera de la Corte — Sala Primera upholds AyA's discretionary power over expropriation and rules that expropriation claims must be pursued through specific proceedings, not ordinary processSala Primera confirma que ordenar la expropiación es potestad discrecional del AyA y debe tramitarse en vía expropiatoria, no en proceso de conocimiento

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01339 - 2024

Fecha de la Resolución: 01 de Octubre del 2024 a las 13:55

Expediente: 15-002687-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp: 15-002687-1027-CA

 

Res. 001339-F-S1-2024

 

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del uno de octubre de dos mil veinticuatro .

Proceso de conocimiento, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por la empresa RÍO SEGUNDO DE LAS FUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA., representada por Diego Antonio Gutiérrez Victory, cédula de identidad número 1-499-303, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA o el Instituto), representado por las licenciadas Eugenia Solís Cambronero, cédula de identidad número 1-803-261 y Kattya Ramírez Barrera, cédula de identidad número 1-833-261, en su calidad de apoderadas generales judiciales del Instituto. Actúan como apoderados especiales judiciales de la actora, los licenciados Rosario Salazar Delgado, cédula de identidad número 1-458-839 y Fernando Morera Solano, cédula de identidad número 1-597-818.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

CONSIDERANDO

I.- El Tribunal integrado por las juezas Rosa Cortés Morales y Laura García Carballo, así como el juez Paulo André Alonso Soto, tuvo por probados los hechos que se detallan a continuación. La compañía Río Segundo de las Fuentes Sociedad Anónima es propietaria de la finca inscrita en Partido de Alajuela, matrícula de folio real 125.052-000, cuya naturaleza es terreno para agricultura con una casa, situada en el distrito noveno (Río Segundo), del Cantón primero de Alajuela, con una medida de 68.431.000,00 metros cuadrados. El inmueble fue inscrito a nombre de dicha empresa, el 30 de octubre de 2010. En el plano catastrado no. A-19116-95, correspondiente a la mencionada propiedad, consta la existencia dentro del inmueble de tres tanques y una acequia. Mediante oficio no. MA-PU-U-01780-2011, de la Municipalidad de Alajuela, del 21 de octubre de 2011, se denegó el uso de suelo para segregación habitacional realizado por la actora dentro de la mencionada finca, debido a que la zona está clasificada como de protección de reserva absoluta de nacientes y área de flujo, donde no se permite la construcción de ningún tipo de infraestructura. El 8 de junio de 2012, la sociedad solicitó a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que debido a la naturaleza de su inmueble, al producir la recarga y protección de nacientes, y no poder desarrollarla para un proyecto habitacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Instituto (LCAYA), Ley de Agua Potable (LAP), Ley de Planificación Urbana (LPU), Ley de Aguas (LA), Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Ley Forestal (LF) y su Reglamento (RLF) y Ley de Expropiaciones (LE), se procediera al traspaso del inmueble al AyA, fuera a través de una compra directa o vía expropiación. En memorando no. CO 2012-945, del 7 de agosto de 2012, dirigido a Kattya Ramírez Barrera y elaborado por Juan Carlos Vindas Villalobos, se informó: “Las nacientes Lankaster y Gutiérrez, con coordenadas Lambert Norte 515 256/221 289 y 515 142 / 221 239 respectivamente, son de aprovechamiento permanente por

parte del este Instituto y en específico por el sistema de acueducto de la Cantonal de Alajuela. Las fuentes Lancaster abastecen al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, un sector de Barrio El Cacique y las instalaciones de la empresa Coopemontecillos. La producción de las Fuentes Gutiérrez se conducen al tanque de almacenamiento El Cacique, cuya zona de presión brinda servicio a aproximadamente 40.000 habitantes. Además de la localización de las fuentes Lankaster y Gutiérrez propiamente dichas, en el mismo terreno están instaladas las respectivas tuberías de conducción que trasiegan la producción de las fuentes mencionadas a los tanques de almacenamiento. Se indica además que por dicho terreno atraviesan adicionalmente las tuberías de conducción de las fuentes Quesada (ubicadas en otro terreno) que abastecen al Tanque Juan León y Borbón componentes todos del acueducto El Pasito de Alajuela. Por lo indicado anteriormente, es criterio de la Región Central que en la finca citada es (sic) ubica

infraestructura y fuentes de producción, que son de aprovechamiento en el sistema de acueducto de El Pasito y que opera la cantonal de Alajuela”. En el “Informe de Gira: Inspección de las Nacientes Lankaster y Gutiérrez. (Río Segundo de Alajuela”, elaborado por Mauricio A. Zúñiga Calderón, en agosto de 2012, con la elaboración, participación y supervisión de Viviana Ramos Sánchez, de la Dirección del Área Funcional de Hidrogeología, se arribó a las siguientes conclusiones: “En visita de inspección se detectaron un total de 3 nacientes captadas, la naciente llamada Lankaster posee un caudal aprovechado de aproximadamente 26 l/s, las 2 nacientes llamadas Gutiérrez, tienen un caudal captado de 24 l/s. La zona de protección absoluta determinada por Rodríguez y Arredondo (1995), solo toma en cuenta para la protección a la naciente Lankaster, y no así a las nacientes Gutiérrez, según el levantamiento de campo realizado. Mediante inspección de campo, estudios efectuados en la zona por Rodríguez y Arredondo (1995), las Fuentes Lankaster y Gutiérrez, se encuentran abarcando el lote del Sr. Rojas (Fig.3), y debido a la importancia que ha sido manifiesta por la Región Central Oeste, mediante oficio CO-2012-945, este terreno es de suma importancia para la protección y conservación del Recurso Hídrico para esta Región. Según lo observado en el campo, las tomas de las nacientes no se encuentran protegidas de vandalismo o fuentes de contaminación, pues la zona que debió ser destinada únicamente a reforestación, actualmente es un potrero donde se mantiene ganado para producción de carne, este ganado tiene acceso hasta las cercanías inmediatas a las captaciones. Además la toma de la naciente Gutiérrez 2 se encuentra abierta, expuesta a ser contaminada por diferentes factores, tanto antrópicos como naturales”.  Mediante oficio SGG-2012-1145, del 5 de noviembre de 2012, firmado por el señor Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General del AyA, se le informó a la sociedad actora que se habían realizado estudios técnicos preliminares en la propiedad, y que se encontraba en una etapa de definición de aspectos previo a brindar una respuesta a su gestión, en la que imperaría el interés público en la decisión administrativa sobre una eventual adquisición. En oficio no. SGG-2012-1352, del 20 de diciembre de 2012, el señor Lezama Fernández, en su calidad dicha, informó a la sociedad que su gestión estaba siendo atendida, que se encontraba coordinando con las diferentes áreas técnicas del Instituto, los estudios y levantamientos correspondientes. Mediante acto no. SUB-G-AID-UEN-GA-2012-2151, del 11 de diciembre de 2012, realizado por Gerardo Ramírez Villegas y Viviana Ramos Sánchez, se emitió el denominado “Resumen del Estudio Hidrogeológico sobre la Definición de Zonas de Protección en las Fuentes Gutiérrez y Lancaster-Río Segundo-Provincia de Alajuela”. De importancia, en el análisis realizado se determinó: “Las Fuentes Gutiérrez 1 y 2 se encuentran separadas por aproximadamente 25 metros. La Fuente Gutiérrez 1 se encuentra localizada en las siguientes coordenadas: 515142 E y 221244 N (ver Figura No. 1). La Fuente Gutiérrez 2 se encuentra localizada en las siguientes coordenadas: 515150 E y 221225 E (ver Figura No. 1). La Fuente Lankaster se encuentra localizada en las siguientes coordenadas: 515249 E y 221297 N (Ver Figura No.1). La distancia entre las captaciones de las Fuentes Gutiérrez 1 y 2 con respecto a la Fuente Lankaster es de 120 metros aproximadamente (Ver Figura No. 1). En los alrededores de la zona de estudio se presentan dos formaciones geológicas (ver Figura No. 2): - Parte superficial del terreno: tobas metaforizadas del miembro Lalajuela, pertenecientes a la formación Barva. - Debajo de estas tobas (acuífero captado), se encuentran lavas blocosas del miembro Bermúdez pertenecientes a la formación Barva. De acuerdo a las condiciones geológicas de la zona, se define el acuífero como de tipo freático (libre), cubierto por tobas arcillosas (ver Figura No. 3). Para determinar la conductividad hidráulica de la zona no saturada (tobas), se llevaron a cabo cinco (5) pruebas de infiltración directamente en el terreno, situado hacia el sector superior de las captaciones mencionadas anteriormente (ver Figura No. 4). Se determinó que la velocidad resultante de infiltración en sentido vertical de la zona no saturada (tobas), es de 1 metros por día. La velocidad del agua dentro del acuífero, es decir de forma horizontal en las lavas del miembro Bermúdez, es de 1.46 por día. Para la determinación de la zona de protección de las nacientes, se utiliza como parámetro un tiempo de 100 días entre el tiempo de tránsito vertical desde la superficie y posteriormente el horizontal en el acuífero, esto por ser un medio fracturado (lavas). A partir de lo descrito anteriormente, se establece una distancia de 134 metros hacia aguas arriba desde los sitios de captación de las nacientes y definida como la zona de protección microbiológica (ver Figura No. 5). La vulnerabilidad a la contaminación según el método G.O.D. es de tipo media, basados en los parámetros hidrogeológicos de las nacientes (ver Figura No. 5). El área total de la finca en la cual se ubican los sitios de captación de fuentes Gutiérrez 1 y 2 y Lankaster es de 65.595.53 m2 según el plano catastrado. El área correspondiente a la delimitación de las zonas de protección para las nacientes captadas es de 30.353.16 m2, lo cual representa un 44,25% del área total de la finca (ver Figura No. 6)”. En nota del 8 de enero de 2013 (con sello de fecha de

presentación ilegible), dirigida al señor Lezama Fernández, la compañía de cita solicita dar respuesta a lo pedido, para proceder conforme a la ley, o de lo contrario, se dé por agotada la vía administrativa, para acudir ante los tribunales de justicia. Mediante oficio no. SGG-2012-002, del 15 de enero de 2012 (así consignado, aunque pareciera haber un error material en el año), firmada por el señor Lezama Fernández en su condición dicha, se le indicó a la actora que por oficio no. SGG-2012-1352, del 21 de diciembre de 2012, se le había informado que se estaban coordinando los informes técnicos y levantamientos correspondientes, por lo que su gestión estaba siendo atendida. Respecto de la anterior nota, en la que la compañía externó su inquietud sobre el tiempo de gestión, se le indicó que los estudios técnicos eran complejos debido a su grado de especialidad, por lo que se debía contar con el tiempo necesario para su elaboración. Se le reiteró que la gestión estaba siendo atendida. En acto no. SGG-2013-334 del 30 de abril de 2013, firmado por el señor Lezama Fernández, en su calidad dicha, se le indicó a la empresa, que de acuerdo con la reunión a la que había sido citado su representante a finales de febrero, en la cual se manifestó su interés para que el AyA adquiriera el inmueble de su propiedad, se le había explicado por parte del Instituto la importancia de los estudios técnicos, que se le había mencionado que se estaba coordinando con UEN de Gestión Ambiental, con el Departamento de Topografía y el Área de Avalúos, la definición de las áreas, según criterios técnicos, y que una vez finalizados, se coordinaría con la Dirección Jurídica, para continuar con el proceso. Se le indicó además que era de interés del Instituto mantener una estrecha comunicación y estarle informando, sobre el avance del proceso. En escrito recibido en la Sugerencia del AyA dirigida al señor Lezama Fernández, firmada por don Jorge Rojas Villalobos, apoderado especial de la sociedad, le otorgó al Instituto un plazo de quince días hábiles, para que resolviera su solicitud. Mediante nota recibida el 7 de julio de 2013, firmada por el señor Rojas Villalobos en representación de la compañía, se interpuso denuncia ante la Contraloría de Servicios del Instituto, por la tardanza en la resolución de su gestión. En oficio no. PRE-0680-2013, del 25 de junio de dos mil trece, firmada por la entonces Presidenta Ejecutiva de la Institución, Yesenia Calderón Solano, respondió al señor Rojas Villalobos, en lo referido a lo solicitado por este último ante la Casa Presidencial, en el sentido de que los estudios eran complejos y especializados, por lo que las áreas técnicas del AyA, habían requerido mayor tiempo para su elaboración, que existía un avance importante en los estudios y levantamientos realizados a la fecha, que restaban por concluir algunos y ser analizados en forma integral por la Administración, indicó que las instituciones debían de actuar apegados al principio de legalidad, por lo que sus actuaciones debían des estar fundamentadas en criterios técnicos especializados. Mediante acto no. SUB-G-AID-UEN-PYC-A-2013-075, del 24 de setiembre de 2013, firmado por Bernal Alvarado Sánchez y dirigido al señor Lezama Fernández, se remitió el informe pericial para la expropiación del lote con captaciones. En memorándum no. SUB-G-AID-UEN-GA-2014-84, del 16 de enero de 2014, dirigido a Arturo Apú, de la UEN Programación y Control, Topografía, firmado por Gerardo Ramírez Villegas y Viviana Ramos Sánchez, de la Dirección Área Funcional Hidrogeología UEN de Gestión Ambiental, se rindió el criterio técnico utilizado para la adquisición de terreno para la protección de las Nacientes Gutiérrez 1 y 2, así como Lankaster, en los siguientes términos: “1. En el año 1995, se realiza un estudio denominado “Estudio hidrogeológico para la protección de los manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Bogantes, Alajuela, Costa Rica”, el cual fue elaborado por SENARA y AyA, se debe indicar que este estudio no se delimitaron las fuentes Gutiérrez 1 y 2. Ante esta situación la Sugerencia General del AyAm solicita a la UEN Gestión Ambiental-Area Funcional de Hidrogeología, actualizar la información en relación a las Fuentes Gutiérrez 1 y 2 y Lankaster (Fig. 1). 2. Mediante Licitación Abreviada 2012 CDS-0065-PRI de la UEN Gestión Ambiental-Area Funcional Hidrogeología, se efectuó el

estudio técnico denominado “Definición de la zona de protección absoluta inmediata de las nacientes Gutiérrez 1 y 2 y Lankaster, Alajuela, elaborado por el Hidrog. Hugo

Rodríguez E. Se debe indicar que este estudio fue exhaustivo con trabajo de campo y realizó pruebas de campo insitu (sic), entre otros. Se debe indicar que fue avalado por la Dirección de Hidrogeología del AyA. 3. Se crea por parte de la Subgerencia General un Grupo Multidisciplinario conforma (sic) por Topografía-UEN Programación y Control, Avalúos -UEN programación y Control, Asesoría Legal Ambiental-Dirección Jurídica, Director y parte técnica Región Central Oeste, Expropiaciones-Dirección Jurídica, y la UEN Gestión Ambiental (Director y parte técnica), con el objetivo de delimitar desde el punto de vista operativo, legal, ambiental e hidrogeológico la zona de protección de las Fuentes en estudio, debido a la forma que presenta la zona de protección delimitada. 4. A partir del criterio técnico, operativo, legal, ambiental e hidrogeológico, donde se ubican las Fuentes Gutiérrez 1 y 2 y Lankaster, se indica (Fig.3): Zona de protección absoluta inmediata: esta soca comprende un área total de 9862 m2 (Fig-3), que abarca el plazo A-1707633-2013 con el área de 6940 m2, corresponde a las Fuentes Lankaster y el plano A-1707385-2913 (sic) con el área de 2922, corresponde a las Fuentes Gutiérrez 1 y 2. En esta zona la función es proteger la estructura física de las tomas y de prevenir la infiltración de fluidos cerca de las mismas. Esta zona (9862), es la que actualmente esta (sic) gestionando adquirir el AyA y que está comprendida dentro de los planos citados. Por lo tanto se indica que la zona de protección absoluta inmediata indicada en los planos: A-170633-2013 con el área de 6940 m2, corresponde a las Fuentes Lankaster . A-1707385-2913 (sic) con el área 2922 m2, corresponde a las Fuentes Gutiérrez 1 y 2, la cual corresponde con un área total de 9862 m2, será la zona que deberá adquirir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, basado en el criterio ambiental, legal, hidrogeológico y operacional”.  Mediante resolución no. 2014001301, de 9 horas 5 minutos del 31 uno de enero de 2014, en el expediente no. 14-00034-0007-CO, en que se resolvió el recurso de amparo interpuesto en favor del señor Diego Antonio Gutiérrez Victory y Río Segundo S.A, el cual fue declarado sin lugar, con base en las siguientes consideraciones: “II.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Los recurrentes alegan que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados utiliza dos nacientes que se encuentran en su propiedad para abastecer a varias comunidades del recurso hídrico, sin embargo, a la fecha no han ejecutado la expropiación correspondiente. Considera que dicha actuación no le permite el goce absoluto de su propiedad. De los informes rendidos –los cuales son rendidos bajo la solemnidad del juramento – así como de la prueba que consta en autos, se desprende que en el inmueble propiedad de la sociedad Río Segundo S.A. existen tres nacientes: la naciente llamada Lankaster que posee un caudal aprovechado de aproximadamente 26 l/s y las 2 nacientes llamadas Gutiérrez que tienen un caudal captado de 24 l/s. De igual forma se logró acreditar que el 08 de junio del 2012 los propietarios registrales solicitaron al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solución al problema mediante la compra o expropiación del inmueble. A partir de esa solicitud el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados inició una serie de estudios en coordinación con la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, determinando que era necesaria la expropiación de la porción del terreno, es a partir de esa determinación que el Departamento de Topografía confeccionó los respectivos planos catastrados (planos números A-1707633-2013 y A-1707385-2013) –planos que no han sido visados por la Municipalidad de Alajuela por la morosidad de los recurrentes en el pago de impuestos-. De lo anterior se desprende que el accionar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha sido diligente, y lejos de violentar el derecho a la propiedad de los recurrentes y en aras de proteger las nacientes ubicadas en el inmueble propuso la expropiación que los amparados solicitan ante esta vía. Por lo tanto, al momento en que los amparados cancelen los impuestos municipales que adeudan al gobierno local, podrá el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados continuar con el trámite respectivo y de esa forma girar a favor de los mismos la indemnización conforme a la ley. Por lo tanto lo procedente es declarar sin lugar el recurso, no sin antes advertirles a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que una vez visados los planos deben trasladar los mismos en un plazo razonable a conocimiento de la Junta Directiva para su eventual aprobación, si otra causa no lo impide”. En certificación emitida por la Municipalidad de Alajuela, el 23 de enero de 2014, se consignó que la sociedad se encontraba al día en el pago de impuestos y servicios municipales. Mediante acto no. SB-AID-PC-2014-165, del 3 de febrero de 2014, dirigido a Nora Sequeira Castro, de Bienes Inmuebles, firmado por Arturo Apu B, de la UEN, Programa de Control, se comunicó que los impuestos municipales de la sociedad se encuentran al día, pero que en la minuta de rechazo, retirada el día treinta de enero de este año, la Municipalidad solicitó la firma, copia de la cédula, copia de la personería jurídica del representante legal de la sociedad, con no más de un mes de emitida. En oficio no. SGG-2014-244, del 24 de febrero de 2014, firmado por el señor Lezama Fernández y dirigida al entonces Alcalde de Alajuela,

Roberto Thompson, se le solicitó la colaboración institucional para el visado de los

planos. Mediante acto no. PRE-J-BI-2461, del 5 de junio de 2014, dirigido a José Luis Arguedas, de UEN Programación y Control y firmado por Eugenia Solís de Bienes Inmuebles, se informó que la Municipalidad de Alajuela denegó el visado de los planos, por encontrarse los lotes ubicados en áreas de protección, por lo que requirió al ente municipal que se presentaran los levantamientos para otorgar el visado previo, razón por la que se le solicitó al funcionario que se les informara del avance de dicha gestión, para así poder seguirán el trámite técnico de avalúo, justificación técnica y declaratoria de utilidad pública de los terrenos. En líbelo presentado el 7 de julio de 2014 sociedad, dirigida a Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva del AyA, se le solicitó que el proceso de expropiación fuera tramitado diligentemente, además de que se le indicara si el avalúo se iba a actualizar en razón del tiempo transcurrido, si la porción de terreno por expropiar violaría el artículo 31 de la Ley de Aguas, si sería necesario hacer algún pronunciamiento respecto de ese artículo y si se había considerado la aplicación del artículo 17 de la Ley de Expropiaciones. Mediante escrito recibido el 24 de setiembre de 2014, la compañía solicitó a Viviana Ramos Sánchez, de la Sección de Hidrogeología del AyA, que se le informara si se estaba pretendiendo por parte del Instituto, la expropiación de un área menor a los cien metros de radio estipulados en la Ley Forestal, o el por qué se aplicaba un criterio diferente en este tipo de casos. Mediante oficio no. SUB-AID-GA-2014-1374, del 9 de octubre de 2014, se le dio respuesta, indicándosele: “En lo que resulta competencia del Instituto, dentro del marco de lo que establecen los artículos 1 y 2 de la Ley Nº2726, artículos 2 y 16 de la Ley General de Agua Potable y el artículo 31 de la Ley de Aguas, es posible establecer los perímetros de protección de fuentes captadas para abastecimiento poblacional, basados en criterios técnicos, los cuales permiten definir no solo el área que debe considerarse de protección absoluta la cual resulta de interés público, sino emitir las recomendaciones técnicas que permitan al particular disponer de su propiedad y realizar distintas actividades y desarrollos, sin perjuicio de la protección a las fuentes. Por lo que, los criterios hidrogeológicos emitidos para este caso, precisamente lo que hacen es considerar aspectos como los antes indicados”. En acto no. PRE-2014-1119, del 18 de agosto de 2014, la presidenta ejecutiva del AyA, solicitó al Concejo Municipal de Alajuela una audiencia para que los técnicos de la Institución efectuaran una presentación en lo referido a temas de interés para el visado de los planos. Dicho pedido fue reiterado mediante el oficio no. PRE-2015-072 del 22 de enero de 2015. En escrito recibido en la Presidencia Ejecutiva del AyA, el 13 de marzo de 2015, la compañía actora reiteró su solicitud de que se siguiera con los trámites de expropiación, en virtud de haber cancelado los impuestos municipales. Mediante oficio no. PRE-J-BI-1169-2015, firmado por Eugenia Solís C y dirigido a Eduardo Lezama F, se indicó que mediante acto no. PRE-2014-849, se le había dado respuesta a la sociedad, a la vez que señaló que fue atendida en dos ocasiones por la Presidencia Ejecutiva, la Subgerencia General y con la participación de varios funcionarios. Respecto al visado de los planos, indicó que en documento no. SUB-G-AID-UEN-PyC-2014, el Departamento de Topografía de la UEN Programación y Control, informó de los requisitos que faltaban para otorgar el visado, que eran la falta de personería jurídica, fotocopia de la cédula del representante legal, firma de éste y pago de los impuestos. Finalmente señaló que en oficio no. MA-PPCI-0312-2014, mencionó tres razones por las cuales no se visaron los planos, lo que estaba siendo analizado conjuntamente por parte del Instituto con el municipio. Mediante acto no. PRE-2015-500, del 6 de abril de 2015, la Presidencia Ejecutiva dio respuesta a la nota de la empresa, en la que se indicó que en oficio no. PRE-2014-849 del 12 de julio de 2014 se le había dado respuesta a la compañía, en cuanto a que se habían mantenido reuniones con el representante de la empresa en el Instituto, y en lo tocante a los otros motivos por lo que la Municipalidad no había visado los planos, era necesario que fueran analizados por el Instituto, para lo que se estaba gestionando una audiencia con el Alcalde Municipal. De igual forma mencionó que la sociedad estaba al día con el pago de los impuestos municipales y que estaban dispuestos a firmar los planos. También se indicó que el AyA era respetuoso de lo dispuesto en el voto de la Sala Constitucional no. 2014-001301. Mediante acto no. SGG-2015-293 del 5 de febrero de 2015, el señor Lezama Fernández, en su calidad dicha, solicitó la colaboración en el visado de los planos. En líbelo recibido el 16 de julio de 2016, dirigido a la Presidenta Ejecutiva del Instituto, la empresa solicitó, con base en los antecedentes

expuestos, que se ordenara la expropiación total de la finca de marras, con una indemnización por el valor total del terreno, el pago de los daños y perjuicios ocasionados por no haber podido explotar la finca por un período de doce años, así

como los honorarios de los abogados por todos los trámites administrativos realizados a efectos de obtener la expropiación. En oficio no. PRE-2016-00797, dirigido al señor Diego Antonio Gutiérrez Victory, representante de la sociedad, la señora Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto, dio respuesta a la anterior nota, indicando en primer lugar, que lo solicitado estaba siendo discutido en vía judicial, que bajo los criterios técnicos se determinó el área a expropiar, que por parte del AyA no existía ninguna limitación para que se dispusiera del inmueble. También se le solicitó la colaboración para que firmara el trámite del visado de planos ante la Municipalidad de Alajuela, con el fin de poder continuar con la indemnización correspondiente a la compañía. Los planos catastrados números 2-1707633-2013 y 2-1707385-2013, fueron visados por la Municipalidad de Alajuela, el 14 de diciembre de 2016. En el informe pericial rendido por el perito Guillermo Alvarado Araya, se determinó que el área afectada, según el radio de los 200 metros de circunferencia de las Fuentes Gutiérrez y Lankaster era de 62.127,18 metros cuadrados y la zona no afectada era de 4.451,80 metros cuadrados, que corresponde al 6.50% del área del derrotero del plano. La perita valuadora Nancy Reyes Sevilla, determinó un valor total del terreno, en la suma de ¢859.853.130,36. En resolución de 9 horas 49 minutos del 11 de junio de 2015, se notificó el avalúo al demandado (el 7 de julio de ese mismo año). Mediante escrito presentado el 24 de marzo de 2015, la sociedad interpuso proceso de conocimiento en contra del AyA, donde solicitó: “1-) Que se ordene a la entidad demandada proceder en el plazo de un mes hábil a partir de la firmeza de la sentencia que se dicte en este proceso, a la expropiación de la totalidad de la finca de mi representada inscrita bajo el Sistema de Folio Real, Partido de Alajuela, matrícula número 125052 -000, plano castrado A 191116-94, con una medida de 68.431.53 metros cuadrados, conforme a las áreas de protección establecidas por nuestra legislación; y a indemnizar a mi representada por el valor del terreno que se expropie, conforme al valor de mercado que se establecerá por perito que se nombre al efecto por parte del TRIBUNAL. [Subsidiariamente, en el evento de que se determine que no procede decretar la expropiación de la totalidad de la finca dicha, solicito que se ·ordene a la entidad demandada proceder en el plazo de un mes hábil a partir de la firmeza de la sentencia que se dicte en este proceso, a la expropiación del área que se considere procedente de la citada finca, y a indemnizar a mi representada por el valor del terreno que se expropie, conforme al valor de mercado que se establecerá por perito que se nombre al efecto por parte del TRIBUNAL. 2-) En el evento de que se determine que debe ser expropiada en forma parcial la finca de mi representada inscrita bajo el Sistema de Folio Real, Partido de Alajuela, matrícula número 125052 -000, y se determine que la parte no expropiada no puede ser explotada por la actora, solicito se condene a la parte demandada a indemnizar a la accionante por el daño económico que se le ocasione por no poder realizar tal explotación. 3-) Que se condene a la parte demandada a pagarle a la actora las costas procesales y personales así como al pago de honorarios de abogado de este proceso. 4-) Que se condene al Instituto demandado a pagarle a mi representada los daños y perjuicios

que se le ha ocasionado por no poder explotar la finca inscrita bajo el Sistema de Folio Real, Partido de Alajuela, matrícula número 125052 -000, por once años, según

estimación que haga el perito nombrado al efecto. El daño patrimonial es el ocasionado a mi representada por la inmovilización del inmueble dicho y el no uso del mismo por un plazo de once años, suma que se determinará mediante un peritaje. Los perjuicios son los intereses que genere esa suma que se determinará mediante un peritaje. Para todos los efectos se estima esta acción en la suma de DOS MIL MILLONES DE COLONES. El AyA contestó negativamente la demanda e interpuso las defensas previas de falta de integración de la litis (que fue resuelta interlocutoriamente), cosa juzgada y prescripción. Como excepciones de fondo, opuso las de falta de: derecho e interés actual. El Tribunal rechazó la prueba para mejor resolver solicitada por la parte actora. Además, desestimó las defensas de cosa juzgada, prescripción y falta de interés opuestas por el AyA; acogió la excepción de falta de derecho interpuesta por el Instituto. Declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda, y dispuso Que el AyA únicamente debía proceder a resolver la solicitud hecha por la parte actora, en el plazo máximo de seis meses a partir de la firmeza de esta sentencia. Condenó a la demandante al pago de ambas costas del proceso. Inconforme la vencida formula recurso de casación donde desarrolla cinco reproches adjetivos y tres sustantivos.

Recurso de casación por razones procesales

II.- Primero: alega, la sentencia recurrida incurrió en falta de motivación [artículo 137.1.d del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA)]. Señala, el precepto 57 ibid dispone que toda resolución debe estar debidamente motivada. Entre otras cosas expone, el cardinal 58 inciso c) del mencionado Código faculta a las partes a invocar el derecho que consideren aplicable a su caso; y en su inciso f) otorga a las partes la posibilidad de ofrecer prueba. Asimismo, que los cánones 104 y 109 del CPCA brindan a las partes la facultad de formular sus alegatos y conclusiones. Agrega, el artículo 61.2.3 del Código Procesal Civil (CPC) estipula que las sentencias deben contener un análisis de las cuestiones debatidas por las partes, de las excepciones opuestas y lo relativo a las costas, con la debida fundamentación jurídica, con las citas estrictamente indispensables de legislación, jurisprudencia y doctrina que se consideren aplicables, —de conformidad con lo regulado en el precepto 220 del CPCA—. Argumenta, el fallo impugnado tiene una fundamentación incompleta, contradictoria, oscura e ilegal, puesto que al proporcionar las razones por las cuales declara sin lugar en todos sus extremos la demanda y la condena a la al pago de ambas costas, se limitó a hacer una serie de afirmaciones, sin citar la normativa legal aplicable al caso y sin referirse a la prueba ofrecida por las partes, ni a los alegatos de éstas. Apunta en el elenco de hechos probados se limitó a citar la prueba documental, testimonial y pericial, resumiendo su contenido, pero sin efectuar un análisis de la misma (CONSIDERANDO II); luego expone los HECHOS NO PROBADOS (CONSIDERANDO III); seguidamente realiza una síntesis de la teoría del caso de la parte actora (CONSIDERANDO IV); resume los argumentos dados por la parte demandada (CONSIDERANDO V); se refiere al rechazo de las excepciones de cosa juzgada, prescripción y falta de interés (CONSIDERANDOS VII, VIII y IX); hace unas consideraciones generales sobre el derecho de propiedad, sus limitaciones y la potestad expropiatoria (CONSIDERANDO IX (debió ser X) ); y finalmente en el CONSIDERANDO XI denominado "DEL ANÁLISIS DE CASO CONCRETO" se constriñó a hacer una serie de afirmaciones, sin citar la normativa legal aplicable al caso y sin referirse a la prueba ofrecida por las partes. Lo anterior, recalca, vulnera el cardinal 61.2.3 del CPC, el cual ordena que en las sentencias se cite la normativa aplicable; el canon 82 del CPCA, que en su inciso 1) ordena que las pruebas se evacúen para determinar la verdad real de los hechos y en su inciso 4) establece que las pruebas deben ser valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica; y el numeral 41.5 del CPC, regula que las pruebas se apreciarán en su totalidad, conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. Segundo: de nuevo, reclama, la sentencia incurre en falta de motivación (artículo 137.1.d del CPCA), e infringió los preceptos 57, 58, incisos c) y f), 82, incisos 1) y 4), 104 y 109 de ese cuerpo normativo; así como los numerales 28.1, 41.5 y 61.2.3 del CPC. Increpa, el vicio se produce, ya que el fallo tiene una fundamentación incompleta, contradictoria, oscura e ilegal. Esto, primero, ya que al proporcionarse las razones por las cuales se declaró sin lugar la demanda en su totalidad y la condenó al pago de ambas costas, se limitó a hacer una serie de afirmaciones, sin citar la normativa legal aplicable al caso y sin referirse a la prueba ofrecida por las partes, ni a los alegatos de éstas (41.5, 61.2.3 del CPC y 82 del CPCA). Indica, en el elenco de hechos probados se limitó a citar la prueba documental, testimonial y pericial, resumiendo su contenido, pero sin efectuar un análisis de esta (CONSIDERANDO II). Luego, se expusieron los hechos no probados (CONSIDERANDO III); continuó con el conocimiento del caso, para finalmente, dice, hacer una serie de afirmaciones, sin citar la normativa legal aplicable al caso y sin referirse a la prueba ofrecida por las partes. Así, en su opinión, vulneraron los artículos 41.5 y 61.2.3 del CPC, así como el 82 del CPCA. Lo expresado, arguye, le afectó, porque sin analizar la prueba ni la normativa aplicable, se declaró sin lugar la demanda y se le condenó al pago de las costas. Segundo, se dispuso, ella pretende que se le expropie en forma total su inmueble, debido a que la Municipalidad de Alajuela le negó el permiso de suelo para el desarrollo de un condominio, por ser una zona de reserva para la protección del recurso hídrico, lo que en su criterio, le impide el ejercicio del derecho de propiedad. Las personas juzgadoras, señalaron, tal razonamiento lleva en su génesis un planteamiento incorrecto, ya que no se ha logró acreditar que no pueda ejercer el derecho de propiedad, pues éste no lleva aparejado necesariamente la posibilidad de efectuar construcciones en los terrenos, ya que eso depende del ordenamiento urbanístico establecido por el Ayuntamiento, de la naturaleza del inmueble; y dado que muchos fundos tienen como vocación exclusiva la protección ambiental y sus titulares ejercen su derecho de esa forma. Agregó, uno de los tres motivos por los cuales se rechazó la demanda fue porque ella no demostró, le fuera imposible ejercer su derecho de propiedad. Alega, dicha afirmación se contradice con el elenco de hechos no probados, ya que en ninguno de ellos se menciona que no se haya demostrado que la parte actora no puede ejercer su derecho de propiedad sobre el inmueble. También, asevera, resulta contrario al hecho probado 6, puesto que se afirmó que en el informe de gira: inspección de las nacientes Lankaster y Gutiérrez (Río Segundo de Alajuela) elaborado por Mauricio A. Zúñiga Calderón, en agosto de 2012, se indicó  que: "la zona debió ser destinada únicamente a reforestación". En cuanto a este punto, reprocha, existe falta de fundamentación de la sentencia, ya que no analizó de modo alguno la legislación que invocó, ni las argumentaciones contenidas en su demanda y conclusiones, ni las pruebas que suministró sobre ese extremo. Adiciona, fundó su teoría del caso, principalmente en el precepto 31 de la LA, el cual dispone, en lo que interesa para este proceso: "Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio". Acota, en la demanda expresó que, conforme a esa estipulación, no puede ejercer su derecho de propiedad sobre la finca inscrita en el Partido de Alajuela, matrícula 125.052-000, por estar la casi totalidad en el citado radio de 200 metros. En el hecho SEXTO de la demanda, dice, expuso que solicitó a la Municipalidad de Alajuela uso de suelo para realizar una segregación habitacional; en el hecho SEPTIMO, consignó que ese Ayuntamiento lo denegó, y alegó que el inmueble se ubica dentro de la zona de protección, reserva absoluta de nacientes y área de flujo de las nacientes del Pasito (Lankaster y Gutiérrez), donde no se permite la construcción de ningún tipo de infraestructura. Además, en el hecho vigésimo sexto apuntó que, en una reunión entre la Licenciada Yamileth Astorga, Presidente Ejecutiva del AyA y su representante, éste insistió en que debía expropiarse el inmueble, pero ajustándose al área de 200 metros de radio establecida por el citado cardinal 31 de la LA. Al contestar este hecho, la institución demandada aceptó que la compañía actora pretendió en esa reunión, que se le expropiara la totalidad de la finca. También en su demanda, ofreció como prueba pericial, nombrar Perito Topógrafo que determinara la dimensión de terreno que es necesario expropiar en la finca del Partido de Alajuela número 125.052-000, de acuerdo con el canon 31 de cita y elaborara el plano respectivo; y que, en el evento de que determinara que había una parte de la finca fuera de la zona establecida por esa norma, determinara si quedaba enclavada y si ese resto era adecuado o no para uso o explotación racional y qué tipo de explotación se podría realizar. Señala, dicha probanza fue admitida en la audiencia preliminar, de manera que, se nombró perito al topógrafo Guillermo Alvarado Araya quien en su dictamen determinó que el área de la finca objeto de litigio afectada según el radio de 200 metros alrededor de las nacientes Gutiérrez, y Lankaster es de 64.127,18 metros cuadrados, y que la zona que no lo era, es de 4.451.80 metros cuadrados (hecho probado 34). En el debate, expone, el perito afirmó que el área si afectación no cuenta con salida a calle pública y se halla en el sur de la finca. Dicho perito elaboró su dictamen, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LA, calculando un radio de 200 metros alrededor de la naciente Lankaster y otro también de 200 metros alrededor de las nacientes Gutiérrez, por lo que, alegó en las conclusiones, la cabida de 64.127,18 metros cuadrados debe ser expropiada, al igual que el resto de la finca fuera de esa área, por quedar enclavado. Conforme a los alegatos dados en el proceso, subraya, debe expropiarse toda la finca. Sin embargo, refuta, la fundamentación de Tribunal resulta incompleta e ilegal porque no analizó, ni refirió a su argumento de que debía expropiarse la totalidad del inmueble, porque no puede ejercer su derecho de propiedad. Reprocha, no tomó en consideración esa, ni a la prueba documental ofrecida por ella, en especial la siguiente: informe de gira: inspección de las nacientes Lankaster y Gutiérrez (Río Segundo de Alajuela) de agosto de 2.012, elaborado por el asistente de geología Mauricio A. Zaiga Calderón y por la Msc. Viviana Ramos Sánchez, de la Dirección a.i en Gestión Ambiental, Dirección del Área Funcional de Hidrogeología; memorando SUB-G-AID-UEN-GA-2012-2151 de 11 de diciembre del 2012, elaborado por el Geólogo Ramírez Villegas, UEN-GESTION AMBIENTAL, y la hidróloga Viviana Ramos Sánchez, asunto: resumen del estudio hidrogeológico sobre la definición de zonas de protección en las fuentes Gutiérrez y Lankaster Río Segundo-provincia de Alajuela, dirigido al Ing. Eduardo Lezama Fernández. Estos informes, apunta, se ofrecieron en la demanda como pruebas documentales números 7 y 12, respectivamente, y fueron admitidos como prueba en la audiencia preliminar. También, manifiesta, en sus conclusiones recalcó aspectos de esos informes que se citan a continuación: en el informe de la gira, se consignó que, mediante "Estudio Hidrogeológico para la protección de los Manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Bogantes, Alajuela-Costa Rica,elaborado por el Hidrog. Hugo Rodríguez —AyA y la Geóloga Sandra Arrendondo — SENARA, en el año 1995, establecen para estas nacientes su respectiva zona de protección absoluta, la cual tiene como una longitud máxima de 298 metros de largo y 100 metros de ancho Esto nos da un área de 29.800 metros cuadrados. Manifiesta que ese Estudio Hidrogeológico establece que la naciente Lankaster se encuentra en la zona de protección absoluta”. En lo tocante a la naciente Gutiérrez, señaló: "debido a la importancia para el AyA —Región Central Oeste, se establece un radio de 200 m de ley de aguas. Además, el INFORME DE GIRA: INSPECCIÓN DE LAS NACIENTES LÁNKASTER Y GUTIÉRREZ (RIO SEGUNDO DE ALAJUELA) de agosto de 2012 indica que "la zona debió ser destinada únicamente a reforestación".  Lo cual, recrimina no fue considerado por el Tribunal, pese a que es claro que en el inmueble no puede desarrollarse ninguna actividad económica, salvo la reforestación, lo cual, en su criterio, implica un vaciamiento del derecho de propiedad. Refuta, el fallo afirma que, ella no demostró que le resultase imposible ejercer su derecho de propiedad sobre el inmueble. Sin embargo, dice, no se tomó en cuenta lo consignado en ese informe, ni lo dicho en las conclusiones sobre tal extremo. Consecuentemente, acusa, la fundamentación de la sentencia en este aspecto, es omisa. Esto, en su concepto, tuvo serias  implicaciones en el resultado del proceso, ya que en el “CONSIDERANDO IX DEL FONDO DEL ASUNTO: DEL DERECHO DE PROPIEDAD, LA POTESTAD EXPROPIATORIA Y LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD”, el Tribunal expresó casi al final que: "En el plano ambiental, hay limitaciones para la protección de los recursos, que imponen a los propietarios regulaciones específicas en cuanto al ejercicio de su derecho, siempre y cuando no se haga nugatorio el mismo, en cuyo caso surge la obligación de expropiar el bien”. Estima, las personas juzgadoras decidieron que, si las limitaciones impuestas a un inmueble son de tal naturaleza que convierten en nugatorio el derecho de propiedad entonces existe la obligación para el ente público de expropiarlo. En lo que concierne al memorando SUB-G-AID-UEN-GA-2012, manifiesta, consigna que, la distancia entre las Fuentes Gutiérrez 1 y 2 es de aproximadamente 25 metros. Que la distancia entre las fuentes Gutiérrez y la fuente Lankaster es de 120 metros aproximadamente. Para la determinación de la zona de protección de las nacientes, estableció una distancia de 134 metros aguas arriba, desde los sitios de captación de las nacientes y lo definió como zona de protección microbiológica. De igual modo que "El área correspondiente a la delimitación de las zonas de protección para las nacientes captadas es de 30.353.16 m2, lo cual representada un 44,25 % del área total de la finca". Adiciona, en sus conclusiones solicitó que, en tanto el Tribunal considerara que no procedía la expropiación de toda la finca objeto de litigio, al menos se ordenase la expropiación de esa área de 30.353.16 metros cuadrados. No obstante, reclama, el fallo recurrido no se pronunció sobre esa solicitud, así como que en sus argumentaciones no mencionó ese informe. Tal omisión, estima, tiene serias implicaciones en el resultado del proceso, ya que, de haber tomado en cuenta lo dicho en este aspecto por el memorándum en comentario, podría haberse admitido la pretensión expropiatoria de dicha área. Arguye, tampoco se consideró el argumento realizado en las conclusiones, en cuanto a que  el AyA, aunque insiste en que el área que debe ser expropiada es de 9.862 metros cuadrados, no presentó ningún dictamen que estableciera cuáles fueron las razones técnicas para determinar esa cabida. Tercero, expone, las personas juzgadoras como segunda razón por la cual rechazaron las pretensiones fue que, las nacientes siempre han estado dentro de la finca objeto de litigio, y que por tal motivo soporta una limitación. Además, que fue un hecho conocido por la actora desde que adquirió el inmueble. Increpa, no indicaron en qué normativa sustentaron ese argumento, ni la fecha cuando adquirió el inmueble, ni con base en qué elementos probatorios arribaron a tal conclusión. Por consiguiente, apunta, la fundamentación del fallo resulta incompleta e ilegal (cardinales 57, 82, incisos 1 y 2 y 137.1.d del CPCA; 28.1, 41.5 y 61.2.3 del CPC). En su apoyo cita jurisprudencia de esta Sala, que manifiesta concierne a dicho particular. Cuarto, expresa, el tercer motivo por el  que se resolvió como se hizo señaló que las pretensiones  debían ser rechazadas, dado que el Instituto ya había iniciado con el procedimiento de expropiación, y que no ha finalizado, por razones imputables a ella. Asimismo, debido a que la decisión de expropiar es discrecional y no puede ser sustituida por el órgano jurisdiccional, ni ser debatida en proceso ordinario. De igual forma, apuntó que en caso de que el AyA acceda a la declaratoria de interés público y ella no estuviera de acuerdo con el precio que se llegara a fijar en el avalúo administrativo, así como con el área a expropiar, la vía que quedaría expedita para discutirlo es la de las diligencias de expropiación para la determinación del justiprecio. Finalmente, aunque rechazó sus pretensiones, le advirtió al Instituto: "en razón de que en principio se cuenta con todos los insumos para tomar una decisión, en aplicación del principio de seguridad jurídica, se adopte la misma dentro de un plazo razonable que no exceda los seis meses después de la firmeza de la sentencia”. Objeta, esa argumentación resulta contradictoria, porque primero indicó que la entidad demandada no ha podido finalizar el procedimiento expropiatorio porque no se ha podido obtener el visado municipal de los lotes a expropiar, ya ella no pagó los impuestos municipales, ni firmó los documentos exigidos por la Municipalidad para conseguirlo. Sin embargo, el Tribunal no brindó las razones por las cuales esa falta de visado suspendió el trámite expropiatorio, ni por qué no se podía hacer la declaratoria de utilidad pública sin tal visado. Luego, de manera contradictoria a lo anterior, la sentencia afirma que el AyA cuenta con los insumos necesarios para tomar una decisión. Recrimina, si se concluyó que el Instituto estaba en posibilidades de pronunciarse sobre la expropiación y no lo hizo, contaba con derecho para presentar esta demanda, y entonces no se le podía condenar a pagar costas. Recalca, lo argüido por el Tribunal resulta incompleto porque afirma que la potestad expropiatoria es discrecional y que no puede ser sustituida por el órgano jurisdiccional; pero no señala en qué normativa se fundamentó. Además, decidió que el procedimiento expropiatorio no puede discutirse en proceso ordinario, sin  señalar la normativa aplicada. Tercero: acusa, se afectaron sus derechos de defensa y del debido proceso (precepto 137.1.b del CPCA y 39 de la Constitución Política) Alega, se quebrantan los Artículo 58 inciso c y f, 82 incisos 1 y 4; 104 y 109 del CPCA. En su apoyo cita doctrina nacional sobre el particular, así como una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, referida a la falta de fundamentación de una resolución administrativa. Explica fueron infringidas, ya que el Tribunal al desarrollar las razones por las cuales declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda y la condenó al pago de ambas costas, se limitó a hacer una serie de afirmaciones, sin citar la normativa aplicable al caso, sin referirse a la prueba ofrecida por las partes, ni a los alegatos de éstas. Adiciona, en el elenco de hechos probados se constriñó a citar la prueba documental, testimonial y pericial, resumió su contenido, pero no la analizó. Luego, indica, expuso los hechos no probados (Considerando III); seguidamente hizo una síntesis de su teoría del caso (Considerando IV); resumió los argumentos dados por la parte demandada (Considerando V); se refirió al rechazo de las excepciones de cosa juzgada, prescripción y falta de interés (Considerandos VII, VIII y IX). Posteriormente efectuó unas consideraciones generales sobre el derecho de propiedad, sus limitaciones y la potestad expropiatoria (Considerando IX que debió ser X) ); y, finalmente en el Considerando XI denominado "DEL ANÁLISIS DE CASO CONCRETO" se constriñó a hacer una serie de afirmaciones, sin citar la normativa legal aplicable al caso y sin referirse a la prueba ofrecida por las partes, ni a sus alegatos. Lo expuesto, arguye, tuvo graves repercusiones para ella, ya que sin analizar la prueba ni la normativa aplicable, ni sus alegatos, se declaró sin lugar la demanda y fue condenada a cancelar las costas. Ello, afirma, la colocó en estado de indefensión y afectó sus derechos de defensa y del debido proceso. Cuarto: aduce,  las personas juzgadoras incurrieron en el motivo de casación por violación de normas procesales (canon 137.1.b del CPCA), pues, se le colocó en indefensión y se  afectaron sus derechos de defensa y del debido proceso, dado que no analizó la prueba que ofreció, ni los alegatos ni la normativa que invocó, conculcando los artículos 39 de la CP; 58 incisos c y f, 82 incisos 1 y 4, 104 y 109 del CPCA, que facultan a las partes a formular sus alegatos y conclusiones. De nuevo, en su apoyo, cita doctrina nacional, fallos del Tribunal Contencioso Administrativo y menciona lo que se resolvió en los considerandos del II al V, y del VII al IX. Luego, reitera exactamente los argumentos expuestos en el segundo agravio. Además, lo apuntado en el reproche tercero en lo atinente a la prueba ofrecida, las normas aplicables, las cuales señala, fueron desdeñadas por el Tribunal, colocándolo en estado de indefensión y vulnerando sus derechos de defensa y del debido proceso. Quinto: asevera, la sentencia incurre en el motivo de casación por violación de normas procesales establecido por el artículo 137.1.d del Código Procesal Contencioso Administrativo relativo a falta de motivación en cuanto a la condenatoria en costas de que fue objeto. Expone, se decidió que de conformidad con el cardinal 193 del CPCA, se le impuso el pago de las costas personales y procesales por resultar vencida en el proceso; y no encontrarse una causal que permitiera eximirla de este. Acusa, la fundamentación es ilegal e incompleta, ya que no es cierto que resultara vencida, pues, las personas juzgadoras acogieron parcialmente referida a que se tramitara la expropiación en cuanto a la finca del Partido de Alajuela matrícula número 125,052-000, Ello, debido a que en el dispositivo del fallo, en lo que interesa, se dispuso: "debiendo únicamente proceder el Instituto a resolver la solicitud hecha por la parte actora, en el plazo máximo de seis meses a partir de la firmeza de esta sentencia”. Manifiesta, solicitó adición y aclaración sobre dicho extremo y el Tribunal, mediante resolución número 143-2020-VIII-BIS de 14 horas 25 minutos del doce de enero de 2021, en su CONSIDERANDO IV, indicó en lo que interesa: "Lo único que se está ordenando es que se resuelva la solicitud de expropiación hecha en vía administrativa por la parte actora, sin que este Tribunal haya emitido un criterio en cuanto a la procedencia de la expropiación total o parcial". La principal pretensión de la demanda era que se ordenara al AyA que procediera a la expropiación de la totalidad de la citada finca y de forma subsidiaria que se le ordenara proceder a la expropiación del área que se determinara. De ahí, en su opinión, se acogió parcialmente su pretensión, al ordenarle al Instituto que en el plazo de seis meses, resuelva la solicitud de expropiación formulada por la actora. Por consiguiente, al no resultar vencida en la totalidad de sus pretensiones, de acuerdo con lo estipulado en el precepto 193 del CPCA, no procedía que se le condenara al pago de las costas, por lo que la sentencia impugnada tiene una motivación ilegal en este aspecto. En este aspecto, la resolución impugnada, en cuanto condena a costas a la actora, está mal motivada, puesto pese a estimar que hay un atraso injustificado en el trámite de expropiación, no concluyó que tuvo motivo bastante para litigar, lo cual es una causal para exonerarla del pago de las costas, conforme al inciso b del artículo 193 del ibid.

 III.- Debido a que en los cargos primero, segundo, y quinto se acusa el yerro de falta de motivación y dado que los argumentos de su procedencia resultan similares, entonces se conocerán de forma conjunta. La motivación no sólo deviene obligatoria de conformidad con lo regulado en el precepto 57 del CPCA, sino que como reproche susceptible de ser revisado mediante el recurso extraordinario de casación, en los términos del canon 137, inciso d) del CPCA, no debe entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia.  No se trata de determinar si el juzgador se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. Es así como este Órgano decisor ha dispuesto que, el citado vicio se produce cuando la motivación del fallo no existe, o bien, su desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que impide tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva. Ello provocaría un quebranto a las partes de sus derechos procesales. De esa manera, no se trata de determinar si las personas juzgadoras resolvieron sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso (vicio de incongruencia), sino por el contrario, si brindó las bases sobre las cuales adoptó la respectiva decisión. Igualmente, ha de tenerse presente, es un motivo de naturaleza adjetiva, lo cual atañe a eventuales incumplimientos de disposiciones procesales que norman el íter procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. La impugnante en el primero de los agravios, reclama de manera general, el fallo adolece de falta de fundamentación fáctica y jurídica en lo referido a la declaratoria sin lugar en todos los extremos de la demanda, sin mencionar el Derecho aplicable, ni aludir a las probanzas. En el segundo motivo, reitera lo atinente a la declaratoria sin lugar de la demanda, así como haberse omitido la mención de normas y dejado de analizar la prueba. Aquí también alude a cuestiones de fondo (no poder ejercer su derecho de propiedad, se obvió su principal argumento en cuanto a lo regulado en el artículo 31 de la LA y se pretirieron las probanzas), que reitera en sus agravios de fondo, por lo que se conocerán en su oportunidad. Por último, en el quinto cargo, aduce, se omitió sustentar la imposición de las costas en su contra. En cuanto a lo refutado en el primero y segundo reparo, es claro, la casacionista no alcanza exponer de modo diáfano y concreto como se configuran las conculcaciones, Aunque alega, la sentencia no posee fundamentación, sus razonamientos son muy generales y vagos, sin hacer referencia a alguna contradicción o carencia de fundamentos para decidirse como se hizo, declarando sin lugar en todos sus extremos la demanda. Por el contrario, según se expresó alude a cuestiones sustantivas sobre preterición probatoria, pero, sin explicar de forma adecuada dicha causal. Sin embargo, del examen del fallo, se observa, el Tribunal, en los considerandos IX (en realidad X) y XI, expuso los motivos normativos y fácticos por los cuales cabía declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos. De ahí, la falta de motivación acusada no se configura. En lo tocante a lo recriminado en el quinto cargo, de igual manera no halla esta Cámara una falta de motivación. Nótese, en lo concerniente a la condena en costas, de modo diáfano las personas juzgadoras explicaron que, actuando el cardinal 193 del CPCA, estimaban lo procedente era cargarlas a la parte actora, al resultar  perdidosa. Asimismo, señalaron, no encontraron ninguna causal que la eximiera de su pago. Por ende, dado que, la regla procesal es la condena al vencido, el Tribunal se encuentra obligado a fundamentar la exoneración, solo en caso de que decida aplicar facultativamente esa opción y no, en todas las condenas, pues precisamente la aplicación de la regla se encuentra motivada en la misma norma. Por lo expuesto, procede la desestimación de los reproches.

 IV.- En los reproches tercero y cuarto la recurrente acusa infracción a sus derechos de defensa y debido proceso. Esto, indica, ya que el Tribunal no se refirió a las pruebas ni a las normas que citó en su apoyo. Resulta indudable que alude al cargo procesal de indefensión, según lo manifiesta, regulado en el inciso b), párrafo primero del precepto 137 del CPCA: “Indefensión de la parte, que no le sea imputable, cuando se le afecten los derechos   de defensa y del debido proceso.” Este Órgano decisor sobre el vicio acusado, ha expresado: “La indefensión como motivo de casación (cardinal 137.1.b Código Procesal Contencioso Administrativo) debe ser enfocada desde el derecho de defensa, siendo el núcleo del debido proceso. El derecho de defensa se desprende del artículo 39, párrafo 2, incisos a, c, d, e, f y g Constitucional y 8, párrafos 3 y 5 de la Convención Americana, de lo cual resulta una serie de consecuencias: acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, repreguntando y tachando o recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los testimonios y dictámenes deben presentarse en presencia del imputado y su defensor, salvo una absoluta imposibilidad material -como la muerte del testigo-; el derecho a un proceso público. El derecho de defensa debe ser formal y material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura por ese ejercicio. Ver resoluciones 1739-1992 y 18335-2009 Sala Constitucional y 162-2015 Sala Primera”. Sentencia no. 4157 de 14 horas 55 minutos del 28 de noviembre de 2019. De igual forma la Cámara Constitucional ha dispuesto, de las normas de la Carta Magna citadas, se derivan los principios de bilateralidad y de contradicción, así como la obligación de notificar el traslado de la demanda y su ampliación (sobre el particular pueden ser consultados los fallos 4975-2016, 76-2017 y 40-2018). Además, la citada Cámara ha señalado, el vicio de indefensión únicamente se configura cuando se afectan el derecho de defensa y el debido proceso. Tocante a lo cual ha concretado aluden a actuaciones judiciales que atienden a la notificación de lo actuado a los contendientes, derecho a ser escuchados, oportunidad de presentar sus alegatos, producir prueba, acceso a la información y piezas del expediente, derecho a ser representados y asesorados por abogados, técnicos y personas calificadas, notificación de lo resuelto, las razones en los que se sustentan, y derecho a recurrir. Es respecto a dichos parámetros que debe analizarse el agravio. La impugnante asevera, las personas juzgadoras omitieron mencionar las normas aplicables al presente asunto, así como dejaron de referirse a la prueba aportada por las partes, ni a sus alegatos. Según lo expresado supra, la inconformidad de indefensión solo se configura cuando se ven afectados el derecho de defensa y el debido proceso. No obstante, en los agravios no se precisa de modo claro y preciso como el Tribunal juzgador lesionó alguno de los elementos que conforman el debido proceso y el derecho de defensa. Es menester señalar, alude en esencia a cuestiones de fondo, pues, recrimina la forma como se resolvió, declarando sin lugar en todos sus extremos la demanda, pues en su opinión, dejó de apreciar las probanzas allegadas al proceso y obvió aludir al Derecho invocado. No obstante, como se explicó supra, en los considerandos IX (X) y XI proporcionó los fundamentos jurídicos y de hecho del porqué resolvió como lo hizo. Además, en el elenco de hechos probados aludió a la prueba que consta en el expediente y como contribuyó a determinar la base fáctica del caso. De igual forma en los considerandos IV y V se refirió al objeto del proceso y a los alegatos de cada una de las partes, respectivamente. En consecuencia, el proceder de las personas juzgadoras no vulneró el derecho de defensa ni el debido proceso de la accionante. Por ende, han de desestimarse los reproches sobre dicho particular.

Recurso de casación por razones de fondo

V.- Primero: apunta, se pretirió prueba fundamental para la resolución de este caso (artículo 138 inciso a del CPCA), con vulneración del precepto 82 incisos 1 y 4 ibid. Expone, pretendió que se ordenara al Instituto a expropiarle la totalidad de la finca del Partido de Alajuela, matrícula de folio real 125.052-000; y en forma subsidiaria, solicitó que si se rechaza tal pretensión, se ordenara la expropiación del área de la finca que se determinara. El Tribunal, reprocha, declaró sin lugar la demanda y la condenó a cancelar las costas del proceso, argumentando que no demostró que le sea imposible ejercer su derecho de propiedad. Afirmó que ella pidió se le expropiara en forma total su inmueble, dado que, el Ayuntamiento de Alajuela  le negó el permiso de suelo para el desarrollo de un condominio, —por ser una zona de reserva para la protección del recurso hídrico—, lo que en su criterio, le impide el ejercicio del derecho de propiedad. Argumentaron las personas juzgadoras, que dicho razonamiento posee un planteamiento incorrecto en su origen, ya que no se logró acreditar que no pudiera ejercer el derecho de propiedad, porque tal derecho no necesariamente conlleva la posibilidad de efectuar construcciones en los terrenos, ya que eso depende del ordenamiento urbanístico establecido por la respectiva Municipalidad, la naturaleza del inmueble. De ahí que, gran cantidad de terrenos tienen como vocación exclusiva la protección ambiental y sus titulares ejercen su derecho de esa forma. Increpa, fundó su teoría del caso, esencialmente en el artículo 31 de la LA, el cual transcribe. Expuso, no puede ejercer su derecho de propiedad sobre la finca de Alajuela, número 125.052-000, por estar la casi totalidad dentro del citado radio de 200 metros que regula la LA. En el hecho sexto consta que solicitó a la Municipalidad de Alajuela uso de suelo para realizar una segregación habitacional. Por otro lado, en el hecho sétimo se consigna que ese Ayuntamiento denegó tal permiso, alegando que la finca objeto de litigio se ubica dentro de la zona de protección, —reserva absoluta de nacientes y área de flujo de las nacientes del Pasito (Lankaster y Gutiérrez)— donde no se permite la construcción de ningún tipo de infraestructura. Además, en el hecho Vigésimo sexto se indica que en una reunión entre la Licenciada Yamileth Astorga, Presidente Ejecutiva del AyA y el representante de la actora, éste último insistió en que debía expropiarse el inmueble, pero ajustándose al área de 200 metros de radio establecida por el citado precepto 31 ibid. Al contestar este hecho, la institución demandada aceptó que ella pretendió, que se le expropiara la totalidad de la finca. También en la demanda, ofreció como prueba pericial, nombrar perito Topógrafo que determinara la dimensión de terreno que era necesario expropiar, de acuerdo con lo estipulado en el mencionado cardinal 31; así como que elaborara el plano respectivo. Asimismo, en el evento de que determinara que había una parte del inmueble fuera de la zona establecida por esa norma, determinara si esa quedaba enclavada y si ese era adecuado o no para uso o explotación racional y qué tipo de uso se podría realizar. Dicha prueba se admitió en la audiencia preliminar, de forma que se nombró perito al topógrafo Guillermo Alvarado Araya, quien determinó que el área de la finca objeto de litigio afectada según el radio de 200 metros alrededor de las nacientes Gutiérrez, y Lankaster es de 64.127,18 metros cuadrados, y que la zona no afectada es de 4.451.80 metros cuadrados (hecho probado 34). Consecuentemente, en sus conclusiones expresó debía expropiarse la totalidad del inmueble porque no puede ejercer su derecho de propiedad según lo dispuesto en el artículo 31 de la LA. No obstante, reprocha, el Tribunal al pronunciarse sobre la procedencia de sus pretensiones, no analizó, ni se refirió a tal argumento y tampoco aludió ni analizó esa probanza. Por ende, argumenta, su derecho de propiedad experimenta un vaciamiento debido a lo cual la finca debe ser expropiada en su totalidad. Las personas juzgadoras, refuta, consideraron que ella no demostró que no pueda ejercer su derecho de propiedad sobre el inmueble, pero sin mencionar el citado peritaje. Agrega, el vaciamiento de su derecho de propiedad también se constata con los siguientes elementos de convicción. informe de gira: inspección de las nacientes Lankaster y Gutiérrez (Río Segundo de Alajuela) de agosto de 2012, elaborado por el asistente de geología Mauricio A. Zaiga Calderón y por la Msc. Viviana Ramos Sánchez, de la Dirección a.i en Gestión Ambiental, Dirección del Área Funcional de Hidrogeología; memorando SUB-G-AID-UEN-GA-2012-2151 de 11 de diciembre del 2012, elaborado por el Geólogo Ramírez Villegas, UEN-GESTION AMBIENTAL, y la hidróloga Viviana Ramos Sánchez, asunto: resumen del estudio hidrogeológico sobre la definición de zonas de protección en las fuentes Gutiérrez y Lankaster Río Segundo-provincia de Alajuela, dirigido al Ing. Eduardo Lezama Fernández. Estos informes, apunta, se ofrecieron en la demanda como pruebas documentales números 7 y 12, respectivamente, y fueron admitidos como prueba en la audiencia preliminar. También, manifiesta, en sus conclusiones recalcó aspectos de esos informes que se citan a continuación: en el informe de la gira, se consignó que, mediante "Estudio Hidrogeológico para la protección de los Manantiales El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Bogantes, Alajuela-Costa Rica, elaborado por el Hidrog. Hugo Rodríguez —AyA y la Geóloga Sandra Arrendondo — SENARA, en el año 1995, establecen para estas nacientes su respectiva zona de protección absoluta, la cual tiene como una longitud máxima de 298 metros de largo y 100 metros de ancho Esto nos da un área de 29.800 metros cuadrados. Manifiesta que ese Estudio Hidrogeológico establece que la naciente Lankaster se encuentra en la zona de protección absoluta”. En lo tocante a la naciente Gutiérrez, señaló: "debido a la importancia para el AyA —Región Central Oeste, se establece un radio de 200 m de ley de aguas. Además, el INFORME DE GIRA: INSPECCIÓN DE LAS NACIENTES LÁNKASTER Y GUTIÉRREZ (RIO SEGUNDO DE ALAJUELA) de agosto de 2012 indica que "la zona debió ser destinada únicamente a reforestación". Lo cual, recrimina no fue considerado por el Tribunal, pese a que es claro que en el inmueble no puede desarrollarse ninguna actividad económica, salvo la reforestación, lo cual, en su criterio, implica un vaciamiento del derecho de propiedad. Refuta, el fallo afirma que, ella no demostró que le resultase imposible ejercer su derecho de propiedad sobre el inmueble. Sin embargo, dice, no se tomó en cuenta lo consignado en ese informe, ni lo dicho en las conclusiones sobre tal extremo. Consecuentemente, acusa, la fundamentación de la sentencia en este aspecto, es omisa. Esto, en su concepto, tuvo serias  implicaciones en el resultado del proceso, ya que en el “CONSIDERANDO IX DEL FONDO DEL ASUNTO: DEL DERECHO DE PROPIEDAD, LA POTESTAD EXPROPIATORIA Y LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD”, el Tribunal expresó casi al final que: "En el plano ambiental, hay limitaciones para la protección de los recursos, que imponen a los propietarios regulaciones específicas en cuanto al ejercicio de su derecho, siempre y cuando no se haga nugatorio el mismo, en cuyo caso surge la obligación de expropiar el bien”. Estima, las personas juzgadoras decidieron que, si las limitaciones impuestas a un inmueble son de tal naturaleza que convierten en nugatorio el derecho de propiedad entonces existe la obligación para el ente público de expropiarlo. En lo que concierne al memorando SUB-G-AID-UEN-GA-2012, manifiesta, consigna que, la distancia entre las Fuentes Gutiérrez 1 y 2 es de aproximadamente 25 metros. Que la distancia entre las fuentes Gutiérrez y la fuente Lankaster es de 120 metros aproximadamente. Para la determinación de la zona de protección de las nacientes, estableció una distancia de 134 metros aguas arriba, desde los sitios de captación de las nacientes y lo definió como zona de protección microbiológica. De igual modo que "El área correspondiente a la delimitación de las zonas de protección para las nacientes captadas es de 30.353.16 m2, lo cual representada un 44,25 % del área total de la finca". Adiciona, en sus conclusiones solicitó que, en tanto el Tribunal considerara que no procedía la expropiación de toda la finca objeto de litigio, al menos se ordenase la expropiación de esa área de 30.353.16 metros cuadrados. No obstante, reclama, el fallo recurrido no se pronunció sobre esa solicitud, así como que en sus argumentaciones no mencionó ese informe. Señala, debió tomarse en consideración que en la primera pretensión, se solicitó ordenar la expropiación total; pero en forma subsidiaria se pidió que, si se rechaza lo anterior, se ordene la expropiación de la parte de ese inmueble que se considerara pertinente. En la figura 5 de dicho documento, apunta, se estableció "un área en forma de lazo", como la denominó en el juicio oral la testigo Viviana Ramos Sánchez. Allí, menciona, la naciente Lankaster queda por fuera de esa figura, por lo que el área debió ser mayor. Al no valorarse esa prueba considera, la sentencia vulnera sus derechos, porque rechaza sus pretensiones de expropiación y la condena a pagar las costas, alegando que la demandante no demostró que no pudiera ejercer su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de litigio. Aduce, con dicho proceder se infringió el artículo 45 de la CP y en su apoyo reproduce parte de un fallo de la Sala Constitucional sobre las limitaciones a este derecho y el deber de indemnizarlas, cuando sean expropiatorias. De igual modo, acusa infringidos los artículos 264, 266, 277, 287,288, 290,292 del CC en el tanto regulan los atributos del derecho de propiedad, otorgando al dueño de una cosa la facultad de disfrutarla, sometido únicamente a las limitaciones que establezca la ley, con derecho a usufructuar de todos los frutos naturales, industriales o civiles que produzca, es decir, indica, de explotarlo, dedicándolo a actividades que le generan provecho, pudiendo transformarla, según juzgue conveniente. Sea en actividades tales como agricultura, ganadería, industria, construcción de proyectos de vivienda, entre otros, según su naturaleza. Por esto, si alguna ley, como en este caso, el artículo 31 de la LA, establece limitaciones a un inmueble de manera que no pueda ser explotado, ni disfrutado por su dueño, el mismo tiene derecho a que se le expropie, pagándosele un precio justo. Además, de conformidad con los derechos a ser indemnizado que le confieren los artículos 316, 324, y 325 del CC, así como los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 22,23 ,24, 27 a 48 de la Ley de Expropiaciones (LE). El artículo 31 de la LA, arguye, dispone, en lo que interesa: "Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: 8) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio". El dictamen pericial preterido, señala, es claro en que la mayor parte del inmueble objeto de litigio se encuentra dentro del área de reserva y que el remanente del inmueble queda enclavado. En su apoyo, menciona un fallo de la Sala Constitucional donde se avaló el derecho del propietario quien no pudo desarrollar un complejo habitacional a ser resarcido, dado que la restricción impuesta por la existencia de una naciente de agua vedó su derecho de dominio. Por lo que consideró, existía el derecho de indemnizar a la dueña dado esas restricciones. Segundo: acusa, el Tribunal incurrió en el motivo de casación por violación de normas sustantivas establecido por el artículo 138 inciso c del CPCA. Explica, conculcó los preceptos 31 de la LA; 45 de la CP; 264, 266, 277, 287,288, 290,292, 316, 324, y 325 del CC; 1,2, 3, 5, 6,22,23 ,24, 27 a 48 de la LE, por falta de aplicación. Argumenta fundó su teoría del caso, principalmente en el cardinal 31 de la LA, en cuanto dispone un rango de 200 metros alrededor de las tomas de agua. Así, con sustento en tal norma, argumentó no puede ejercer su derecho de propiedad sobre la finca inscrita en el Partido de Alajuela, matrícula número 125.052-000, por estar la casi en su totalidad del citado radio de 200 metros. Las personas juzgadoras tuvieron por probado que es propietaria del citado inmueble y que su cabida es de 68.431 metros cuadrados (1).  En el hecho 34) tuvo por acreditado que el perito topógrafo Guillermo Alvarado Araya, en su experticia determinó que el área afectada de acuerdo con el radio de 200 metros alrededor de las nacientes Gutiérrez, y Lankaster es de 64.127,18 metros cuadrados y que la zona no afectada es de 4.451.80 metros cuadrados. En el hecho probado 3) se tuvo que el Ayuntamiento de Alajuela, mediante oficio no. MA-PU-U-01780-2011 le negó el uso de suelo para segregación habitacional, porque ese predio se ubica dentro de la zona de protección de reserva absoluta de nacientes y área de flujo, donde no se permite la construcción de ningún tipo de infraestructura. Por su lado en el hecho probado 6) que en el “INFORME DE GIRA: INSPECCIÓN DE LAS NACIENTES LÁNKASTER Y GUTIÉRREZ (RIO SEGUNDO DE ALAJUELA)” elaborado por Mauricio A. Zaffiga Calderón en agosto de 2012, se indicó que: "la zona debió ser destinada únicamente a reforestación".  Por ende, indica, se acreditó que la casi totalidad del inmueble objeto de litigio se encuentra dentro del área de reserva establecida por el artículo 31 de la LA. Pese a esto, reclama el Tribunal no citó tal estipulación, debido a lo cual alega, dejó de aplicar esa regulación al caso concreto. Manifiesta, según lo ha resuelto el Tribunal Contencioso Administrativo cuando las limitaciones nieguen por completo el derecho de dominio se impone el deber de indemnizar. Recalca, en la especie, la restricción edilicia que impone el plan regulador dentro de la propiedad de la accionante, se trata de un interés público específico que se impone como criterio de base, para que dentro de su inmueble, no se permita segregación habitacional y en general, construcción alguna. Desde ese plano, arguye, se le priva del atributo de transformación. No se acreditó, dice, que la actividad a la que se dedica le permita destinar ese bien a otras labores, como podría ser el pastoreo de ganado u otras. Por el contrario, la petición de uso de suelo para segregación habitacional pone en evidencia que el bien tiene un uso eminentemente habitacional, por lo que la restricción impuesta veda el derecho de dominio. El artículo 45 de la CP estipula la inviolabilidad de la propiedad.  Debido a lo expuesto, apunta, la Sala Constitucional ha decidido: "El congelamiento de una finca como acto de afectación de ésta a un proyecto de interés del Estado, es un acto de confiscación de la propiedad que ha ejercido el Estado sobre los bienes de determinados propietarios, y esa conducta del Estado ya esta Sala la ha considerado indebida, basado en el principio general de la igualdad ante las cargas públicas, que establece un equilibrio entre los ciudadanos para soportarlas, de manera que no solo uno tenga que tolerar mayores sacrificios que otro. El congelamiento de fincas, implica una carga mayor que la que soportan los demás ciudadanos, y un acto de afectación temporal en favor del Estado y desde luego un enriquecimiento ilícito de éste, en perjuicio del patrimonio del particular”. Los artículos 264, 266, 277, 287,288, 290,292 del CC preceptúan los atributos del derecho de propiedad, otorgando al dueño de una cosa la facultad de disfrutarla, sometido únicamente a las limitaciones que establezca la ley, teniendo derecho a usufructuarla. De ahí, si alguna disposición, como en este caso, el canon 31 de la LA, establece limitaciones de modo que no pueda ser explotado, ni disfrutado por su dueño, entonces, tiene derecho a que se le expropie, pagándosele un precio justo por su terreno, de conformidad con los derechos a ser indemnizado que le confieren los artículos 316, 324, y 325 del CC, así como los cardinales 1, 2, 3, 5, 6, 22,23 ,24, 27 a 48 de la LE. El Tribunal, subraya, conculcó la mencionada normativa al no ordenar al ente demandado expropiarle la totalidad de su finca, al haber sufrido un vaciamiento del derecho de propiedad. Tercero: acusa quebranto de normas sustantivas (cardinal 138 inciso c del CPCA), por haber conculcado el canon 193 ibid. Ello, dice, dado que se decidió de conformidad con dicha disposición se le condenaba al pago de las costas personales y procesales por resultar vencida en el proceso; y no encontrarse una causal que la eximiera de su pago. El artículo 193 de cita, se infringió ya que no resultó vencida, debido a que el Tribunal acogió de manera parcial su pretensión de que se tramitara la expropiación en cuanto a la finca del Partido de Alajuela número 125.052-000. Adiciona, en la resolución número 143-2020-VIII-BIS de 14 horas 25 minutos del 12 de enero de 2021, al resolver su solicitud de adición y aclaración, en su Considerando IV, indicó, en lo que interesa: "Lo único que se está ordenando es que se resuelva la solicitud de expropiación hecha en vía administrativa por la parte actora, sin que este Tribunal haya emitido un criterio en cuanto a la procedencia de la expropiación total o parcial". Manifiesta, su principal pretensión fue que se ordenara al accionado que procediera a la expropiación de la totalidad de la finca objeto del debate; y en forma subsidiaria que se le ordenara proceder a la expropiación del área que se determinara. En consecuencia, en su criterio, se acogió parcialmente la demanda. De ahí, al no resultar vencida en la totalidad de sus pretensiones, conforme a lo dispuesto por el artículo 193 del CPCA, no procedía la condena en costas. Arguye, si se concluyó que el AyA estaba en posibilidades de pronunciarse sobre la expropiación y no lo hizo, entonces tuvo derecho a presentar esta demanda, por esa razón no se le debió condenar a cancelar las resultas económicas del proceso. Expresa, desde el 8 de junio de 2012, solicitó al Instituto que le expropiara el inmueble (hecho probado 4); aunque el AyA inició los trámites de expropiación, los mismos se han dilatado mucho tiempo. Debido a eso, debió presentar varias gestiones solicitando se resolviera sobre la expropiación (HECHOS PROBADOS 5 a 33). Reclama, sin embargo, más de ocho años después, no se ha resuelto, y pese a que la interposición de este proceso no suspendió su tramitación. Acota, fue por dicha razón que debió interponer la demanda. Insiste, la resolución impugnada, en cuanto la condenó en costas, vulnera el cardinal 193 del ibid pues aunque hubo un atraso injustificado en el trámite de expropiación, no concluyó que implicaba tuvo motivo bastante para litigar, lo cual es una causal para exonerarla del pago de las costas, conforme al inciso b del citado canon.

 VI.- Dado que los reparos primero y segundo se encuentran relacionados, se conocerán de forma conjunta. El Tribunal en cuanto a lo sustantivo del caso de examen, en los considerandos IX (x) y XI, en lo que interesa, dispuso que, de acuerdo con el precepto 45 de la CP, en principio la propiedad es inviolable, pero, como todo derecho no se encuentra exento de limitaciones. Dicha norma enumera dos motivos, el primero, cuando por interés público se expropie, claro, a cambio del pago de un resarcimiento. Segundo, todo propietario debe tolerar las limitaciones que se dispongan por razones de utilidad pública. En lo referido a las expropiaciones, apuntaron, como ejercicio de una potestad pública, se efectúa unilateralmente, por medio de las administraciones autorizadas normativamente. Ello, se resuelve con fundamento en necesidades e intereses públicos, de modo que se definen los bienes indispensables para solventar tales requerimientos. Este procedimiento tiene como base la discrecionalidad de conformidad con lo estipulado en los cardinales 15, 16 y 17 de la LGAP. Lo decidido por la Administración puede ser controlado en sede contencioso administrativa, para verificar que se ajuste al ordenamiento jurídico, sin que esto signifique que las personas juzgadoras puedan sustituir ese ejercicio administrativo. Esto solo podría efectuarlo cuando por alguna razón se elimine la discrecionalidad y deba tomarse una decisión precisa. Adicionaron, la Ley no.9286, —reforma a la Ley de Expropiaciones—, regula un procedimiento dirigido a la adquisición de los bienes que sean de utilidad pública. Este se divide en dos fases, a saber, administrativa y jurisdiccional (la última de ser necesaria). En sede administrativa se realiza un avalúo, el cual se comunica al administrado, quien está en la posibilidad de aceptarlo (compra directa). O bien, si no estuviera de acuerdo accede a la vía judicial, donde el juez determina el justiprecio, con sustento en un nuevo peritaje. En ambas sedes se aprecia tanto el área que será objeto de expropiación, así como cuanto se ve afectada la cabida restante —de haberla—. En lo que concierne a las limitaciones —las que no son resarcibles—, es mediante Ley que se imponen, pudiendo ser de naturaleza sanitaria, ambiental y urbanística. A estas dos últimas la Sala Constitucional las ha calificado como ambientales (canon 50 de la CP), y dispuesto que deben soportarse en beneficio de la generalidad. El Tribunal expresó, en la especie, la actora pretende se expropie la totalidad de su finca, ya que la Municipalidad le denegó el permiso de uso de suelo para edificar un condominio, por encontrarse en una zona de reserva que protege el recurso hídrico. De ahí la accionante ha argüido en el proceso, dicha circunstancia imposibilita el ejercicio de su derecho de propiedad. Sin embargo, se resolvió, tal postura resulta incorrecta, sin que se acreditara no lo podía ejercitar, porque dicho derecho no conlleva inexorablemente la facultad de construir un desarrollo urbanístico, pues, depende del plan regulador del Ayuntamiento y de la propia naturaleza del inmueble. Se acoto, la compañía ha desplegado su derecho, dado que el peritaje de la señora Reyes Sevilla indicó, en la propiedad había ganado. Se hizo patente, algunas fincas tienen como única naturaleza la protección ambiental y sus dueños ejercitan su derecho de ese modo. Agregaron, esas nacientes siempre han estado ahí, la demandante lo conocía ya que se desprende del plano catastrado, así como que se observa a simple vista. Asimismo, que con independencia del área de protección, por su naturaleza soporta limitaciones. Avaló lo argumentado por el AyA, en lo referido a que la actora ha pretendido desnaturalizar el procedimiento de expropiación, sin que haya concluido. Hizo patente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Expropiaciones, se efectuaron los estudios técnicos y se concluyó la recopilación de datos necesarios, de forma que la Junta Directiva del Instituto, como su jerarca (artículo 11 de su Ley Constitutiva), proceda a tomar la decisión. De conformidad con lo expresado, aún se está en la fase preparatoria, y no existe la voluntad administrativa para expropiar, ni se ha establecido el precio justo a cancelar en caso de que procediera a expropiar, por lo que tampoco existe un menoscabo posible de resarcimiento.  En consecuencia, se acotó que ha existido un diligenciamiento, aún sin definir, debido a ciertos atrasos (algunos imputables a la accionante). Se recalcó que al no demostrarse la imposibilidad de ejercicio del derecho de la demandante y por no haber concluido el procedimiento con la decisión de expropiar, —que es de carácter discrecional, por lo que el Instituto no puede ser sustituido por el órgano jurisdiccional—, no resultaban procedentes las pretensiones esbozadas por la sociedad, en cuanto a que se ordene la expropiación. Luego, que de concluirse con el procedimiento y la actora no estuviera de acuerdo con el precio que se fije ni el área, queda abierta la posibilidad de acudir a las diligencias de expropiación para que se determine el justiprecio, donde se discutirán tales aspectos con la prueba atinente, lo cual no puede realizarse en proceso ordinario. Con la advertencia al AyA para que, por contar con los documentos y datos requeridos, en aplicación del principio de seguridad jurídica, procediera a tomar la decisión en un lapso razonable, que fijó en seis meses, a partir de la firmeza del fallo. Por ende, en esencia se decidió que de conformidad con el ordenamiento jurídico el proceso de conocimiento no es el pertinente para resolver en materia expropiatoria. Además, que la autoridad judicial, —en principio—, así como en el caso de análisis no puede sustituir la voluntad administrativa (ya que se trata de una potestad discrecional de acuerdo con lo regulado en la LGAP) a fin de determinar la procedencia o no de la expropiación. Ello corresponde a la Administración que por Ley le corresponda declarar la utilidad y pública y de ser necesario expropiar sea total o parcialmente el inmueble. Lo expresado tiene raigambre constitucional (precepto 50 de la CP) y se desarrolla con detalle en la Ley de Expropiaciones. No obstante, pese a constituir las principales razones por las que el Tribunal resolvió como lo hizo, la demandante no las combate de modo apropiado, debido a lo cual no se puede acceder a quebrar lo fallado según lo reclama la impugnante. Nótese, en los motivos de fondo primero y segundo insiste en que en el proceso solicitó se le expropiara de modo total su finca, o en su defecto subsidiariamente, al menos el área que se determinara. Sin embargo, como lo dispuso el Tribunal no puede sustituir la voluntad de la Administración en dicho particular. La recurrente, reitera se le denegó el uso de suelo para desarrollar un condominio, debido a que parte de su inmueble es área de protección del recurso hídrico, sin refutar lo fallado por las personas juzgadoras en lo tocante a que independientemente de ese aspecto, de por sí las nacientes soportan limitaciones (no indemnizables), y su existencia (desde cuando adquirió el terreno) era notoria a simple vista y porque está consignada en el levantamiento catastral. Tampoco, reprocha, lo apuntado en cuanto a que pese a tales restricciones muchos propietarios ejercen su derecho de propiedad, de diversas formas, de acuerdo con lo estipulado en el plan regulador municipal y que en su finca había ganado. De igual forma, ya que este derecho no siempre implica la posibilidad de edificar inmuebles. Su principal argumento, es que de manera primordial sustentó su teoría del caso en el cardinal 31 de la LA, pero, parece olvidar lo reseñado en lo concerniente a que esa decisión es de naturaleza discrecional de la Administración, en este asunto del AyA, sin que el órgano judicial puede sustituir su voluntad a ese respecto. De ahí, que estableciera corresponde al Instituto la declaratoria de utilidad pública, determinar el área y fijar el precio justo. Por consiguiente, las pruebas que acusa mal valoradas o dejadas de apreciar resultan inocuas, ya que no se discute la existencia de las nacientes, las limitaciones, las zonas de protección, ni las distancia a las que se encuentran las nacientes unas de otras. Igualmente, en este momento no interesa la determinación de la cabida a expropiar (radio de 200 metros alrededor de las tomas de agua), por ser competencia del AyA con sustento en los estudios técnicos y avalúos realizados. También carece de importancia si corresponde o no expropiar la totalidad de la propiedad, dado que es a la Administración a quien corresponde dictar el acto de utilidad pública y el precio a cancelar por el terreno que se deba expropiar. De no estar de acuerdo con el área ni con el precio establecido, la sociedad tiene la posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa para que se fijen, sea, el terreno a expropiar, y el justiprecio, como lo dispuso el Tribunal, y es avalado por esta Sala.  Pero, se insiste, hasta una vez que el órgano administrativo competente dicte lo referido a la expropiación, no de previo, como lo ha pretendido la actora en el presente proceso. Ha de insistirse, no es posible discutir ni determinar si debido al área a expropiar se hace nugatorio su derecho de propiedad, —por lo que se le debe indemnizar—, dado que dicho análisis solo puede efectuarse hasta que el Instituto determine la cabida que expropiará; así como con vista en los estudios técnicos y los respectivos avalúos, parte conformante del procedimiento administrativo de expropiación. Aunado a lo expresado, de los hechos probados (7, 8 y 9, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 28 y 29) se constata el AyA comunicó a la actora que estaban atendiendo su solicitud referida a la expropiación de la finca de Alajuela no. 125.052-000, mediante la realización de los estudios técnicos y levantamientos correspondientes. En consecuencia, no se producen las infracciones normativas acusadas, por lo que se desestiman los agravios.

 VII.- La actora en el tercero de los cargos expone su disconformidad debido a que se le condenó al pago de las costas en favor del AyA. Arguye, no resultó vencida, ya que el Tribunal acogió de modo parcial su pretensión dirigida a que se tramitara la expropiación de su inmueble de Alajuela no. 125.052-000. En cuanto a los efectos económicos del proceso el CPCA en el precepto 193, estipula: “En las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio. No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. B) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal motivo bastante para litigar”. Asimismo, cuando la parte vencedora incurrió en “plus petitio” según se regula en el canon 194 ibid. De igual modo, con la salvedad de que exista acuerdo de los contendientes, cuando hubiere desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal de la pretendido antes o durante la audiencia preliminar, con excepción de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 197 del CPCA, sea, cuando se origine una vez concluida la audiencia preliminar. De lo expresado, es claro, la regla en materia contencioso administrativa, es la imposición de costas a la parte que resulte vencida en el proceso, lo cual habrá de realizarse de oficio. En todo caso, como se expuso, existen causas que permiten la exoneración, en lo que interesa, en el subexamine las personas juzgadoras estimaron, como la accionante resultó vencida y no encontraron alguna causal que permitiera eximirla, entonces, las costas debían cargarse a ella en favor del Instituto demandado. Para esta Sala, distinto a lo expresado por la impugnante, el Tribunal lleva razón en su proceder, ya que actuó de acuerdo con lo estipulado en el artículo de cita. Sobre este particular, las personas juzgadoras al resolver la solicitud de adición y aclaración formulada por la casacionista, en lo que interesa, decidieron: “III.- Aclaración y adición de la parte demandada. La sociedad actora solicita aclaración y adición en los siguientes términos: "a.- La demanda fue declarada sin lugar o parcialmente con lugar. b.- Que se aclare en el por tanto de la sentencia a que solicitud hecha por mi mandante se refiere. c.- Si se mantiene la condenatoria en costas. Que se aclare porque se ordena que se condene en costas, si se ordena en el mismo por tanto de la sentencia resolver la solicitud hecha por mi mandante. d.- Si se mantiene la condenatoria en costas." IV.- Revisado el texto integral de la sentencia, considera el Tribunal que no procede la gestión hecha por la accionante según lo que a continuación se explica: Las pretensiones de la parte actora estaban encaminadas a que este Órgano ordenara la expropiación total de la finca de su propiedad, y subsidiariamente en forma parcial, lo cual fue rechazado en la demanda, según se explicó ampliamente dentro del texto de la sentencia. De igual forma fue rechazada la petición indemnizatoria. Lo único que se está ordenando es que se resuelva la solicitud de expropiación hecha en vía administrativa por la parte actora, sin que este Tribunal haya emitido un criterio en cuanto a la procedencia de la expropiación total o parcial. Por ello consideró, según se desprende con total claridad del texto de la demanda, que no le asistía el derecho en ninguna de las pretensiones planteadas y se le condenó en costas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 del CPCA. Lo dispuesto en cuanto a la resolución por parte del Instituto demandado, de la solicitud por la actora en cuanto a que se le expropie, es una consecuencia de las actuaciones acreditadas en el expediente, que no se desprenden del derecho invocado, sino, como se expresó en el texto de la sentencia, del principio de seguridad jurídica. En razón de lo anterior, por bastarse a sí misma la sentencia en cuanto a lo resuelto por el Tribunal, se rechaza la gestión solicitada y se mantiene incólume el texto de la mencionada sentencia”. De lo reproducido, concuerda este Órgano decisor con lo dispuesto en cuanto a que, contrario a lo argumentado por la actora, su demanda no fue acogida de modo alguno, ni aun de manera parcial. Considera esta Sala, no le asiste razón a la empresa demandante en lo referido a que su demanda fue acogida parcialmente, en consecuencia, bien hicieron las personas juzgadoras al condenarla en costas. Lo peticionado por ella, estaba dirigido a que se obligara al AyA a expropiarle su finca del partido de Alajuela no. 125.052-000, en primer lugar, de modo total, y subsidiariamente de forma parcial, así como que se le resarciera, todo lo cual fue denegado. En consecuencia, es claro, no tiene derecho en lo referido a ninguno de sus pedimentos. Además, lo decidido en lo tocante a que se le proporcionaron seis meses al AyA para que resuelva lo relativo a la expropiación, se debió a la aplicación del principio de seguridad y según consta en el expediente, producto de la actuación del Instituto en tal sentido, sin que se originen en las normas señaladas por la accionante. La imposición de las costas, tiene su origen en la necesidad de reconocer a la victoriosa los costos en que incurrió para ejercer la defensa de un interés o derecho que debió tutelar debido a la perturbación provocada por la demanda, al defenderse de pretensiones desplegadas en su contra; gastos que, de no haberse formulado el proceso, no tendría que haber sufragado. Así, lo procedente es rechazar el motivo.

VIII.- En mérito de las razones expuestas y dado que no se producen las inconformidades acusadas, se impone desestimar el recurso planteado, con sus costas a cargo de quien lo formuló [artículo 150, inciso 3) del CPCA].

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso de casación, son sus costas a cargo de la promovente. HBRENES

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OQNFEXFH3N461

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:40:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at thirteen hours fifty-five minutes on October first, two thousand twenty-four.

Ordinary proceeding, filed in the Administrative and Civil Treasury Court by the company RÍO SEGUNDO DE LAS FUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA., represented by Diego Antonio Gutiérrez Victory, identity card number 1-499-303, in his capacity as unlimited general attorney-in-fact, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA or the Institute), represented by licensed attorneys Eugenia Solís Cambronero, identity card number 1-803-261 and Kattya Ramírez Barrera, identity card number 1-833-261, in their capacity as general judicial attorneys-in-fact of the Institute. Acting as special judicial attorneys-in-fact for the plaintiff are licensed attorneys Rosario Salazar Delgado, identity card number 1-458-839 and Fernando Morera Solano, identity card number 1-597-818.

Judge Rivas Loáiciga writes the opinion

**CONSIDERING**

I.- The Court composed of judges Rosa Cortés Morales and Laura García Carballo, as well as judge Paulo André Alonso Soto, held the following facts as proven. The company Río Segundo de las Fuentes Sociedad Anónima is the owner of the property registered in the Alajuela Registry Section, real folio registration number 125,052-000, whose nature is land for agriculture with a house, located in the ninth district (Río Segundo), of the First Canton of Alajuela, with an area of 68,431.000.00 square meters. The property was registered in the name of said company on October 30, 2010. In cadastral map no. A-19116-95, corresponding to the mentioned property, the existence within the property of three tanks and a canal (acequia) is recorded. By official letter no. MA-PU-U-01780-2011, from the Municipality of Alajuela, dated October 21, 2011, the land use (uso de suelo) for residential subdivision (segregación habitacional) carried out by the plaintiff within the mentioned property was denied, because the zone is classified as a protection zone of absolute reserve for springs (nacientes) and flow area, where the construction of any type of infrastructure is not permitted. On June 8, 2012, the company requested the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) that, due to the nature of its property, as it produces recharge and protection of springs (nacientes), and being unable to develop it for a residential project, in accordance with the provisions of the "Ley Constitutiva del Instituto" (LCAYA), "Ley de Agua Potable" (LAP), "Ley de Planificación Urbana" (LPU), "Ley de Aguas" (LA), "Ley Orgánica del Ambiente" (LOA), "Ley Forestal" (LF) and its "Reglamento" (RLF) and "Ley de Expropiaciones" (LE), the transfer of the property to AyA be carried out, either through a direct purchase or via expropriation. In memorandum no. CO 2012-945, dated August 7, 2012, addressed to Kattya Ramírez Barrera and prepared by Juan Carlos Vindas Villalobos, it was reported: "The Lankaster and Gutiérrez springs (nacientes), with Lambert coordinates North 515 256/221 289 and 515 142 / 221 239 respectively, are permanently utilized by

this Institute and specifically by the aqueduct system of the Alajuela Cantonal Office. The Lancaster sources supply the Juan Santamaría International Airport, a sector of Barrio El Cacique, and the facilities of the company Coopemontecillos. The production from the Gutiérrez Sources is conveyed to the El Cacique storage tank, whose pressure zone serves approximately 40,000 inhabitants. In addition to the location of the Lankaster and Gutiérrez sources themselves, the respective conveyance pipes that carry the production from the mentioned sources to the storage tanks are installed on the same land. It is also noted that the conveyance pipes for the Quesada sources (located on another property) that supply the Tanque Juan León and Borbón tanks, all components of the El Pasito de Alajuela aqueduct, additionally cross through said property. Due to the foregoing, it is the criteria of the Central Region that on the cited property is (sic) located

infrastructure and production sources, which are utilized in the El Pasito aqueduct system and which the Alajuela Cantonal Office operates." In the "Field Trip Report: Inspection of the Lankaster and Gutiérrez Springs (nacientes) (Río Segundo de Alajuela)", prepared by Mauricio A. Zúñiga Calderón, in August 2012, with the preparation, participation, and supervision of Viviana Ramos Sánchez, from the Functional Area Directorate of Hydrogeology, the following conclusions were reached: "During the inspection visit, a total of 3 captured springs (nacientes) were detected; the spring called Lankaster has an exploited flow of approximately 26 l/s, the 2 springs called Gutiérrez have a captured flow of 24 l/s. The absolute protection zone determined by Rodríguez and Arredondo (1995), only takes the Lankaster spring into account for protection, and not the Gutiérrez springs, according to the field survey conducted. Through field inspection, studies carried out in the area by Rodríguez and Arredondo (1995), the Lankaster and Gutiérrez Sources are located encompassing the lot belonging to Mr. Rojas (Fig.3), and due to the importance that has been manifested by the West Central Region, through official letter CO-2012-945, this land is of utmost importance for the protection and conservation of the Water Resource for this Region. According to what was observed in the field, the spring intakes (tomas de las nacientes) are not protected from vandalism or sources of contamination, since the area that should have been designated solely for reforestation is currently a pasture where cattle are kept for meat production; this cattle has access up to the immediate vicinity of the spring catchments (captaciones). In addition, the intake of the Gutiérrez 2 spring is open, exposed to being contaminated by different factors, both anthropic and natural." By official letter SGG-2012-1145, dated November 5, 2012, signed by Mr. Eduardo Lezama Fernández, Deputy General Manager of AyA, the plaintiff company was informed that preliminary technical studies had been carried out on the property, and that it was in a stage of defining aspects prior to providing a response to its request, in which the public interest would prevail in the administrative decision regarding a potential acquisition. In official letter no. SGG-2012-1352, dated December 20, 2012, Mr. Lezama Fernández, in said capacity, informed the company that its request was being addressed, that he was coordinating the corresponding studies and surveys with the different technical areas of the Institute. Through official act no. SUB-G-AID-UEN-GA-2012-2151, dated December 11, 2012, carried out by Gerardo Ramírez Villegas and Viviana Ramos Sánchez, the so-called "Summary of the Hydrogeological Study on the Definition of Protection Zones at the Gutiérrez and Lancaster Sources-Río Segundo-Province of Alajuela" was issued. Importantly, the analysis carried out determined: "The Gutiérrez 1 and 2 Sources are separated by approximately 25 meters. The Gutiérrez 1 Source is located at the following coordinates: 515142 E and 221244 N (see Figure No. 1). The Gutiérrez 2 Source is located at the following coordinates: 515150 E and 221225 E (see Figure No. 1). The Lankaster Source is located at the following coordinates: 515249 E and 221297 N (See Figure No. 1). The distance between the catchments of the Gutiérrez 1 and 2 Sources with respect to the Lankaster Source is approximately 120 meters (See Figure No. 1). In the surroundings of the study area, two geological formations are present (see Figure No. 2): - Surface part of the terrain: metamorphized tuffs of the Lalajuela member, belonging to the Barva formation. - Below these tuffs (tapped aquifer), blocky lavas of the Bermúdez member belonging to the Barva formation are found. According to the geological conditions of the area, the aquifer is defined as phreatic (unconfined) type, covered by clayey tuffs (see Figure No. 3). To determine the hydraulic conductivity of the unsaturated zone (tuffs), five (5) infiltration tests were carried out directly on the terrain, located towards the upper sector of the aforementioned catchments (see Figure No. 4). It was determined that the resulting infiltration velocity in the vertical direction of the unsaturated zone (tuffs) is 1 meter per day. The velocity of the water within the aquifer, that is, horizontally in the lavas of the Bermúdez member, is 1.46 per day. For the determination of the protection zone for the springs (nacientes), a time parameter of 100 days is used between the vertical transit time from the surface and subsequently the horizontal transit time in the aquifer, this being a fractured medium (lavas). Based on the above, a distance of 134 meters upstream from the spring catchment sites is established and defined as the microbiological protection zone (see Figure No. 5). The vulnerability to contamination according to the G.O.D. method is medium type, based on the hydrogeological parameters of the springs (see Figure No. 5). The total area of the property on which the catchment sites for the Gutiérrez 1 and 2 and Lankaster sources are located is 65,595.53 m² according to the cadastral map. The area corresponding to the delimitation of the protection zones for the captured springs is 30,353.16 m², which represents 44.25% of the total area of the property (see Figure No. 6)." In a note dated January 8, 2013 (with an illegible filing date stamp), addressed to Mr. Lezama Fernández, the cited company requests a response to what was requested, to proceed according to the law, or otherwise, that the administrative route be deemed exhausted, in order to go before the courts of justice. By official letter no. SGG-2012-002, dated January 15, 2012 (as recorded, although there appears to be a material error in the year), signed by Mr. Lezama Fernández in said capacity, the plaintiff was informed that by official letter no. SGG-2012-1352, dated December 21, 2012, it had been informed that the corresponding technical reports and surveys were being coordinated, so its request was being addressed. Regarding the previous note, in which the company expressed its concern about the processing time, it was indicated that the technical studies were complex due to their degree of specialty, so the necessary time for their preparation had to be allowed. It was reiterated that the request was being addressed. In official act no. SGG-2013-334 of April 30, 2013, signed by Mr. Lezama Fernández, in said capacity, the company was informed that, according to the meeting to which its representative had been summoned at the end of February, in which it expressed its interest for AyA to acquire its property, the Institute had explained the importance of the technical studies, that it had been mentioned that the Environmental Management UEN, the Topography Department, and the Appraisal Area were coordinating the definition of the areas, according to technical criteria, and that once finalized, it would coordinate with the Legal Directorate to continue with the process. It was also indicated that it was in the Institute's interest to maintain close communication and to keep it informed about the progress of the process. In a document received at the Deputy General Manager's Office of AyA addressed to Mr. Lezama Fernández, signed by Mr. Jorge Rojas Villalobos, special attorney-in-fact of the company, the Institute was granted a period of fifteen business days to resolve its request. By note received on July 7, 2013, signed by Mr. Rojas Villalobos representing the company, a complaint was filed before the Institute's Services Comptroller's Office for the delay in resolving its request. In official letter no. PRE-0680-2013, dated June twenty-fifth, two thousand thirteen, signed by the then Executive President of the Institution, Yesenia Calderón Solano, responded to Mr. Rojas Villalobos regarding what was requested by the latter before the Presidential Office, in the sense that the studies were complex and specialized, so AyA's technical areas had required more time for their preparation, that there was significant progress in the studies and surveys carried out to date, that some remained to be concluded and to be analyzed comprehensively by the Administration, she indicated that institutions had to act in adherence to the principle of legality, so their actions had to be based on specialized technical criteria. Through official act no. SUB-G-AID-UEN-PYC-A-2013-075, dated September 24, 2013, signed by Bernal Alvarado Sánchez and addressed to Mr. Lezama Fernández, the expert report for the expropriation of the lot with spring catchments (captaciones) was submitted. In memorandum no. SUB-G-AID-UEN-GA-2014-84, dated January 16, 2014, addressed to Arturo Apú, from the UEN Programming and Control, Topography, signed by Gerardo Ramírez Villegas and Viviana Ramos Sánchez, from the Functional Area Directorate of Hydrogeology, Environmental Management UEN, the technical criterion used for the acquisition of land for the protection of the Gutiérrez 1 and 2 and Lankaster Springs (Nacientes) was provided, in the following terms: "1. In 1995, a study was conducted called 'Hydrogeological study for the protection of the El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada and Bogantes springs (manantiales), Alajuela, Costa Rica', which was prepared by SENARA and AyA. It must be indicated that this study did not delimit the Gutiérrez 1 and 2 sources. Given this situation, the Deputy General Management of AyA requests the UEN Environmental Management-Functional Area of Hydrogeology to update the information regarding the Gutiérrez 1 and 2 and Lankaster Sources (Fig. 1). 2. Through Abbreviated Tender 2012 CDS-0065-PRI of the UEN Environmental Management-Functional Area of Hydrogeology, the

technical study called 'Definition of the immediate absolute protection zone for the Gutiérrez 1 and 2 and Lankaster springs (nacientes), Alajuela, prepared by Hydrogeologist Hugo

Rodríguez E., was carried out. It must be indicated that this study was exhaustive with fieldwork and performed in situ field tests (sic), among others. It must be indicated that it was endorsed by the Hydrogeology Directorate of AyA. 3. A Multidisciplinary Group is created by the Deputy General Management, comprised (sic) of Topography-UEN Programming and Control, Appraisals -UEN Programming and Control, Environmental Legal Advisory-Legal Directorate, Director and technical personnel of the West Central Region, Expropriations-Legal Directorate, and the UEN Environmental Management (Director and technical personnel), with the objective of delimiting from an operational, legal, environmental, and hydrogeological point of view the protection zone for the Sources under study, due to the shape presented by the delimited protection zone. 4. Based on the technical, operational, legal, environmental, and hydrogeological criterion, where the Gutiérrez 1 and 2 and Lankaster Sources are located, it is indicated (Fig.3): Immediate absolute protection zone: this zone comprises a total area of 9862 m² (Fig-3), which encompasses map A-1707633-2013 with an area of 6940 m², corresponding to the Lankaster Sources and map A-1707385-2913 (sic) with an area of 2922, corresponding to the Gutiérrez 1 and 2 Sources. In this zone, the function is to protect the physical structure of the intakes and to prevent the infiltration of fluids near them. This zone (9862) is the one that AyA is currently managing to acquire and which is included within the cited maps. Therefore, it is indicated that the immediate absolute protection zone indicated in the maps: A-170633-2013 with an area of 6940 m², corresponds to the Lankaster Sources. A-1707385-2913 (sic) with an area of 2922 m², corresponds to the Gutiérrez 1 and 2 Sources, which corresponds to a total area of 9862 m², will be the zone that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must acquire, based on the environmental, legal, hydrogeological, and operational criterion." By resolution no. 2014001301, at 9 hours 5 minutes on January 31, two thousand fourteen, in file no. 14-00034-0007-CO, in which the amparo appeal filed in favor of Mr. Diego Antonio Gutiérrez Victory and Río Segundo S.A. was resolved, it was declared without merit, based on the following considerations: "II.- ON THE SPECIFIC CASE: The appellants allege that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados uses two springs (nacientes) located on their property to supply several communities with water resources; however, to date, they have not executed the corresponding expropriation. They consider that said action does not allow them the absolute enjoyment of their property. From the reports submitted—which are submitted under the solemnity of oath—as well as from the evidence in the record, it is clear that on the property owned by the company Río Segundo S.A. there are three springs (nacientes): the spring called Lankaster which has an exploited flow of approximately 26 l/s and the 2 springs called Gutiérrez which have a captured flow of 24 l/s. Similarly, it was possible to prove that on June 8, 2012, the registered owners requested the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a solution to the problem through the purchase or expropriation of the property. Following that request, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados began a series of studies in coordination with the Directorate of the Environmental Management UEN, determining that the expropriation of the portion of land was necessary. It is from that determination that the Topography Department prepared the respective cadastral maps (map numbers A-1707633-2013 and A-1707385-2013) —maps that have not been approved (visados) by the Municipality of Alajuela due to the appellants' delay in paying taxes—. From the foregoing, it follows that the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados have been diligent, and far from violating the property right of the appellants and for the sake of protecting the springs (nacientes) located on the property, it proposed the expropriation that the protected parties request through this means. Therefore, at the moment the protected parties pay the municipal taxes they owe to the local government, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados may continue with the respective procedure and thus issue compensation to them in accordance with the law. Therefore, the appropriate course is to declare the appeal without merit, but not without first warning the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that once the maps are approved (visados), they must forward them within a reasonable period to the Board of Directors for eventual approval, if no other cause prevents it." In a certification issued by the Municipality of Alajuela, on January 23, 2014, it was recorded that the company was up to date in the payment of municipal taxes and services. Through official act no. SB-AID-PC-2014-165, dated February 3, 2014, addressed to Nora Sequeira Castro, from Real Estate, signed by Arturo Apu B., from the UEN, Control Program, it was communicated that the municipal taxes of the company were up to date, but that in the rejection minute, withdrawn on January thirtieth of this year, the Municipality requested the signature, copy of the ID, copy of the legal capacity of the company's legal representative, certified no more than one month prior. In official letter no. SGG-2014-244, dated February 24, 2014, signed by Mr. Lezama Fernández and addressed to the then Mayor of Alajuela,

Roberto Thompson, institutional collaboration was requested for the approval (visado) of the

maps. Through official act no. PRE-J-BI-2461, dated June 5, 2014, addressed to José Luis Arguedas, from UEN Programming and Control and signed by Eugenia Solís from Real Estate, it was reported that the Municipality of Alajuela denied the approval (visado) of the maps, because the lots were located in protection areas, so the municipal entity requested that the surveys be presented to grant the prior approval, which is why the official was requested to inform them of the progress of said procedure, in order to be able to continue with the technical appraisal process, technical justification, and declaration of public utility of the lands. In a document filed on July 7, 2014, addressed to Yamileth Astorga Espeleta, Executive President of AyA, the company requested that the expropriation process be processed diligently, and also that it be indicated whether the appraisal would be updated given the time elapsed, whether the portion of land to be expropriated would violate Article 31 of the "Ley de Aguas", whether it would be necessary to make any pronouncement regarding that article, and whether the application of Article 17 of the "Ley de Expropiaciones" had been considered. By a document received on September 24, 2014, the company requested Viviana Ramos Sánchez, from the Hydrogeology Section of AyA, to be informed whether the Institute was seeking the expropriation of an area smaller than the one hundred meter radius stipulated in the "Ley Forestal", or why a different criterion was applied in this type of case. Through official letter no. SUB-AID-GA-2014-1374, dated October 9, 2014, a response was provided, stating: "In what concerns the Institute's competence, within the framework of what is established in Articles 1 and 2 of Law No. 2726, Articles 2 and 16 of the "Ley General de Agua Potable" and Article 31 of the "Ley de Aguas", it is possible to establish the protection perimeters for sources captured for population supply, based on technical criteria, which allow defining not only the area that must be considered of absolute protection, which is of public interest, but also issuing technical recommendations that allow the individual to dispose of their property and carry out different activities and developments, without prejudice to the protection of the sources. Therefore, the hydrogeological criteria issued for this case are precisely what consider aspects such as those indicated above." In official act no. PRE-2014-1119, dated August 18, 2014, the executive president of AyA requested the Municipal Council of Alajuela an audience so that the Institution's technicians could make a presentation regarding topics of interest for the map approval (visado de los planos). Said request was reiterated through official letter no. PRE-2015-072 of January 22, 2015. In a document received at the Executive Presidency of AyA on March 13, 2015, the plaintiff company reiterated its request to continue with the expropriation procedures, by virtue of having paid the municipal taxes. Through official letter no. PRE-J-BI-1169-2015, signed by Eugenia Solís C. and addressed to Eduardo Lezama F., it was indicated that through official act no. PRE-2014-849, a response had been given to the company, while also noting that it was attended to on two occasions by the Executive Presidency, the Deputy General Management, and with the participation of several officials. Regarding the approval (visado) of the maps, it indicated that in document no. SUB-G-AID-UEN-PyC-2014, the Topography Department of the UEN Programming and Control reported the requirements that were missing to grant the approval, which were the lack of legal capacity certification, photocopy of the legal representative's ID, his signature, and payment of taxes. Finally, it noted that in official letter no. MA-PPCI-0312-2014, it mentioned three reasons for which the maps were not approved, which was being jointly analyzed by the Institute and the municipality. Through official act no. PRE-2015-500, dated April 6, 2015, the Executive Presidency responded to the company's note, stating that in official letter no. PRE-2014-849 of July 12, 2014, a response had been given to the company, in that meetings had been held with the company's representative at the Institute, and regarding the other reasons why the Municipality had not approved the maps, it was necessary for them to be analyzed by the Institute, for which purpose an audience with the Municipal Mayor was being arranged. Similarly, it mentioned that the company was up to date with the payment of municipal taxes and that they were willing to sign the maps. It was also indicated that AyA was respectful of what was ordered in Constitutional Chamber ruling no. 2014-001301. Through official act no. SGG-2015-293 of February 5, 2015, Mr. Lezama Fernández, in said capacity, requested collaboration in the approval (visado) of the maps. In a document received on July 16, 2016, addressed to the Executive President of the Institute, the company requested, based on the presented

background, that the total expropriation of the property in question be ordered, with compensation for the total value of the land, payment for the damages caused by not having been able to exploit the property for a period of twelve years, as well

as the attorneys' fees for all administrative procedures carried out for the purpose of obtaining the expropriation. In official letter no. PRE-2016-00797, addressed to Mr. Diego Antonio Gutiérrez Victory, representative of the company, Mrs. Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Institute, responded to the previous note, indicating firstly that what was requested was being discussed in judicial proceedings, that under the technical criteria the area to be expropriated had been determined, that AyA did not impose any limitation on the disposal of the property. Collaboration was also requested so that he would sign the map approval procedure at the Municipality of Alajuela, in order to be able to proceed with the corresponding compensation to the company. The cadastral maps numbers 2-1707633-2013 and 2-1707385-2013 were approved (visados) by the Municipality of Alajuela on December 14, 2016. In the expert report issued by expert Guillermo Alvarado Araya, it was determined that the affected area, according to the 200-meter radius of the circumference of the Gutiérrez and Lankaster Sources, was 62,127.18 square meters and the unaffected zone was 4,451.80 square meters, which corresponds to 6.50% of the area of the map survey route. The valuation expert Nancy Reyes Sevilla determined a total value of the land in the sum of ¢859,853,130.36. In a resolution at 9 hours 49 minutes on June 11, 2015, the appraisal was notified to the defendant (on July 7 of that same year). By means of a document filed on March 24, 2015, the company filed an ordinary proceeding against AyA, in which it requested: "1-) That the defendant entity be ordered to proceed, within a period of one business month from the finality of the judgment issued in this proceeding, with the expropriation of the entirety of the property belonging to my principal, registered under the Real Folio System, Alajuela Registry Section, registration number 125052 -000, cadastral map A 191116-94, with a measurement of 68,431.53 square meters, in accordance with the protection areas established by our legislation; and to compensate my principal for the value of the land expropriated, according to the market value to be established by an expert appointed for that purpose by the COURT. [Alternatively, in the event that it is determined that decreeing the expropriation of the entirety of said property is not appropriate, I request that the defendant entity be ordered to proceed, within a period of one business month from the finality of the judgment issued in this proceeding, with the expropriation of the area considered appropriate of the cited property, and to compensate my principal for the value of the land expropriated, according to the market value to be established by an expert appointed for that purpose by the COURT. 2-) In the event that it is determined that the property of my principal registered under the Real Folio System, Alajuela Registry Section, registration number 125052 -000 must be partially expropriated, and it is determined that the non-expropriated part cannot be exploited by the plaintiff, I request that the defendant be ordered to compensate the plaintiff for the economic damage caused by not being able to carry out such exploitation. 3-) That the defendant be ordered to pay the plaintiff the procedural and personal costs as well as the payment of attorneys' fees for this proceeding. 4-) That the defendant Institute be ordered to pay my principal the damages

caused by not being able to exploit the property registered under the Real Folio System, Alajuela Registry Section, registration number 125052 -000 for eleven years, according to

the estimate made by the expert appointed for this purpose. The economic damage is that caused to my principal by the immobilization of said property and the non-use thereof for a period of eleven years, an amount to be determined through an expert appraisal. The consequential losses are the interest generated by that amount to be determined through an expert appraisal."

For all purposes, this action is valued at the sum of TWO BILLION COLONES. AyA filed a negative answer to the complaint and interposed the preliminary defenses of failure to join necessary parties (which was resolved interlocutorily), res judicata, and statute of limitations. As substantive defenses, it raised lack of: right and current interest. The Court rejected the evidence for better resolution requested by the plaintiff. Additionally, it dismissed the defenses of res judicata, statute of limitations, and lack of interest raised by AyA; it granted the exception of lack of right interposed by the Institute. It declared the complaint without merit in all its aspects, and ordered that AyA must only proceed to resolve the request made by the plaintiff, within a maximum period of six months from the finality of this judgment. It ordered the plaintiff to pay both costs of the proceeding. Disagreeing, the losing party files a cassation appeal where it develops five procedural objections and three substantive ones.

Cassation appeal on procedural grounds

II.- First: it alleges that the appealed judgment incurred in a lack of reasoning (lack of motivation) [article 137.1.d of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA)]. It points out that provision 57 of the same code provides that every decision must be duly reasoned. Among other things, it states that cardinal 58(c) of the aforementioned Code empowers the parties to invoke the law they consider applicable to their case; and its subsection f) grants the parties the possibility of offering evidence. Likewise, that canons 104 and 109 of the CPCA give the parties the power to formulate their arguments and conclusions. It adds that article 61.2.3 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil, CPC) stipulates that judgments must contain an analysis of the issues debated by the parties, of the defenses raised, and matters relating to costs, with the appropriate legal basis, with the strictly indispensable citations of legislation, jurisprudence, and doctrine considered applicable—in accordance with the provisions of precept 220 of the CPCA. It argues that the contested judgment has an incomplete, contradictory, obscure, and illegal reasoning, because when providing the reasons why it declares the complaint without merit in all its aspects and orders her to pay both costs, it limited itself to making a series of assertions, without citing the legal rules applicable to the case and without referring to the evidence offered by the parties, or to their arguments. It notes that in the list of proven facts, it limited itself to citing the documentary, testimonial, and expert evidence, summarizing its content, but without analyzing it (CONSIDERANDO II); then it sets out the UNPROVEN FACTS (CONSIDERANDO III); next it summarizes the case theory of the plaintiff (CONSIDERANDO IV); it summarizes the arguments given by the defendant (CONSIDERANDO V); it refers to the rejection of the defenses of res judicata, statute of limitations, and lack of interest (CONSIDERANDOS VII, VIII, and IX); it makes some general considerations on the right to property, its limitations, and the expropriation power (CONSIDERANDO IX (should have been X) ); and finally, in CONSIDERANDO XI called "ON THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE," it limited itself to making a series of assertions, without citing the legal rules applicable to the case and without referring to the evidence offered by the parties. The foregoing, it emphasizes, violates cardinal 61.2.3 of the CPC, which orders that judgments must cite the applicable rules; canon 82 of the CPCA, which in its subsection 1) orders that evidence must be taken to determine the material truth of the facts and in its subsection 4) establishes that evidence must be assessed according to the rules of sound criticism; and numeral 41.5 of the CPC, which regulates that evidence must be assessed in its entirety, according to criteria of logic, experience, science, and correct human understanding, unless a legal text expressly provides a different assessment rule. Second: again, it claims that the judgment incurs in a lack of reasoning (lack of motivation) (article 137.1.d of the CPCA), and infringed precepts 57, 58 subsections c) and f), 82 subsections 1) and 4), 104 and 109 of that normative body; as well as numerals 28.1, 41.5, and 61.2.3 of the CPC. It rebukes that the defect occurs because the judgment has an incomplete, contradictory, obscure, and illegal reasoning. This, first, because when providing the reasons why the complaint was declared entirely without merit and she was ordered to pay both costs, it limited itself to making a series of assertions, without citing the legal rules applicable to the case and without referring to the evidence offered by the parties, or to their arguments (41.5, 61.2.3 of the CPC and 82 of the CPCA). It indicates that in the list of proven facts, it limited itself to citing the documentary, testimonial, and expert evidence, summarizing its content, but without analyzing it (CONSIDERANDO II). Then, the unproven facts were set out (CONSIDERANDO III); it continued with the examination of the case, to finally, it says, make a series of assertions, without citing the legal rules applicable to the case and without referring to the evidence offered by the parties. Thus, in its opinion, articles 41.5 and 61.2.3 of the CPC were violated, as well as 82 of the CPCA. What was stated, it argues, affected her, because without analyzing the evidence or the applicable rules, the complaint was declared without merit and she was ordered to pay costs. Second, it was decided; she seeks the total expropriation of her property, because the Municipality of Alajuela denied her the land-use permit (permiso de suelo) for the development of a condominium, since it is a reserve zone for the protection of water resources, which in her view, prevents her from exercising her right to property. The judges stated that such reasoning carries in its genesis an incorrect approach, since it was not proven that she cannot exercise the right to property, as this right does not necessarily entail the possibility of constructing on the land, since that depends on the urban planning established by the Municipality and on the nature of the property; and given that many estates have the exclusive vocation of environmental protection and their owners exercise their right in that manner. It added that one of the three reasons for which the complaint was rejected was because she did not demonstrate that it was impossible for her to exercise her right to property. It alleges that said statement contradicts the list of unproven facts, since none of them mentions that it was not demonstrated that the plaintiff cannot exercise her right to property over the property. Also, it asserts that it is contrary to proven fact 6, since it was affirmed in the field inspection report: inspection of the Lankaster and Gutiérrez springs (Río Segundo de Alajuela) prepared by Mauricio A. Zúñiga Calderón, in August 2012, that: "the zone should have been destined solely for reforestation." Regarding this point, it reproaches that there is a lack of reasoning in the judgment, since it did not analyze in any way the legislation it invoked, nor the arguments contained in its complaint and conclusions, nor the evidence it provided on that matter. It adds that it founded its case theory mainly on precept 31 of the Water Law (LA), which provides, insofar as it is relevant to this proceeding: "The following are declared as public domain reserve in favor of the Nation: a) The lands that surround the sites of capture or intakes of potable water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius." It notes that in the complaint it stated that, pursuant to that stipulation, it cannot exercise its right to property over the property registered in the Registry of Alajuela, folio number 125,052-000, because almost all of it lies within the cited 200-meter radius. In the SIXTH fact of the complaint, it says, it stated that it requested a land-use permit from the Municipality of Alajuela to carry out a residential segregation (segregación habitacional); in the SEVENTH fact, it recorded that said Municipality denied it, arguing that the property is located within the protection zone, absolute reserve of springs, and flow area of the Pasito springs (Lankaster and Gutiérrez), where no type of infrastructure construction is permitted. Moreover, in the twenty-sixth fact, it pointed out that at a meeting between Ms. Yamileth Astorga, Executive President of AyA, and its representative, the latter insisted that the property must be expropriated, but adjusting to the 200-meter radius area established by the cited cardinal 31 of the LA. In answering this fact, the defendant institution accepted that the plaintiff company sought in that meeting for the entire property to be expropriated. Also in its complaint, it offered as expert evidence the appointment of a Surveyor Expert to determine the dimension of land that must be expropriated in the property of the Registry of Alajuela number 125,052-000, in accordance with canon 31 cited, and to prepare the respective plan; and that, in the event that it determined that there was a part of the property outside the zone established by that rule, to determine if it was landlocked and if that remainder was suitable or not for rational use or exploitation and what type of exploitation could be carried out. It points out that said evidence was admitted at the preliminary hearing, so surveyor Guillermo Alvarado Araya was appointed as an expert, who in his expert opinion determined that the area of the property subject to litigation affected according to the 200-meter radius around the Gutiérrez and Lankaster springs is 64,127.18 square meters, and that the zone not affected is 4,451.80 square meters (proven fact 34). At the hearing, it states, the expert affirmed that the unaffected area does not have access to a public road and is located in the south of the property. Said expert prepared his opinion based on the provisions of article 31 of the LA, calculating a 200-meter radius around the Lankaster spring and another also of 200 meters around the Gutiérrez springs; therefore, it argued in its conclusions that the area of 64,127.18 square meters must be expropriated, as well as the rest of the property outside that area, since it would be landlocked. According to the arguments given in the proceeding, it emphasizes, the entire property must be expropriated. However, it counters that the reasoning of the Court is incomplete and illegal because it did not analyze or refer to its argument that the entire property should be expropriated because it cannot exercise its right to property. It reproaches that it did not take into consideration that argument, nor the documentary evidence offered by it, especially the following: field inspection report: inspection of the Lankaster and Gutiérrez springs (Río Segundo de Alajuela) of August 2012, prepared by geology assistant Mauricio A. Zaiga Calderón and by Msc. Viviana Ramos Sánchez, of the ad interim Directorate of Environmental Management, Directorate of the Functional Hydrogeology Area; memo SUB-G-AID-UEN-GA-2012-2151 of December 11, 2012, prepared by Geologist Ramírez Villegas, UEN-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, and hydrologist Viviana Ramos Sánchez, subject: summary of the hydrogeological study on the definition of protection zones for the Gutiérrez and Lankaster sources, Río Segundo-Province of Alajuela, addressed to Eng. Eduardo Lezama Fernández. These reports, it notes, were offered in the complaint as documentary evidence numbers 7 and 12, respectively, and were admitted as evidence at the preliminary hearing. Also, it states that in its conclusions it emphasized aspects of those reports that are cited below: in the field inspection report, it was recorded that by means of the "Hydrogeological Study for the protection of the El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada and Bogantes Springs, Alajuela-Costa Rica, prepared by Hydrol. Hugo Rodríguez —AyA and Geologist Sandra Arrendondo —SENARA, in the year 1995, they establish for these springs their respective absolute protection zone, which has a maximum length of 298 meters in length and 100 meters in width. This gives us an area of 29,800 square meters. It states that this Hydrogeological Study establishes that the Lankaster spring is located in the absolute protection zone." Regarding the Gutiérrez spring, it pointed out: "due to its importance for AyA —Central West Region, a radius of 200 m is established per the water law. In addition, the FIELD INSPECTION REPORT: INSPECTION OF THE LÁNKASTER AND GUTIÉRREZ SPRINGS (RIO SEGUNDO DE ALAJUELA) of August 2012 indicates that 'the zone should have been destined solely for reforestation'." Which, it rebukes, was not considered by the Court, despite it being clear that no economic activity can be developed on the property, except reforestation, which in its view, implies a hollowing out of the right to property. It counters that the judgment affirms that it did not demonstrate that it was impossible for it to exercise its right to property over the property. However, it says, what was recorded in that report and what was said in the conclusions on that matter was not taken into account. Consequently, it accuses that the reasoning of the judgment in this aspect is omitted. This, in its view, had serious implications for the outcome of the proceeding, since in “CONSIDERANDO IX ON THE MERITS OF THE MATTER: ON THE RIGHT TO PROPERTY, THE EXPROPRIATION POWER AND THE LIMITATIONS TO PROPERTY,” the Court stated almost at the end that: "In the environmental sphere, there are limitations for the protection of resources, which impose specific regulations on owners regarding the exercise of their right, provided that the right is not rendered nugatory, in which case the obligation to expropriate the property arises." It considers that the judges decided that if the limitations imposed on a property are of such a nature that they render the right to property nugatory, then there is an obligation for the public entity to expropriate it. With regard to memo SUB-G-AID-UEN-GA-2012, it states that it records that the distance between the Gutiérrez 1 and 2 Sources is approximately 25 meters. That the distance between the Gutiérrez sources and the Lankaster source is approximately 120 meters. For the determination of the protection zone of the springs, it established a distance of 134 meters upstream from the spring capture sites and defined it as a microbiological protection zone. Likewise, that "The area corresponding to the delimitation of the protection zones for the captured springs is 30,353.16 m2, which represents 44.25% of the total area of the property." It adds that in its conclusions, it requested that, if the Court considered that the expropriation of the entire property subject to litigation was not appropriate, at least it should order the expropriation of that area of 30,353.16 square meters. However, it claims that the appealed judgment did not rule on that request, nor did it mention that report in its reasoning. Such omission, it considers, has serious implications for the outcome of the proceeding, since if what was said in this regard by the memo in question had been taken into account, the expropriation claim for that area could have been admitted. It argues that the argument made in the conclusions was also not considered, in which AyA, although it insists that the area to be expropriated is 9,862 square meters, did not present any expert opinion establishing what the technical reasons were for determining that area. Third, it states that the judges' second reason for rejecting the claims was that the springs have always been within the property subject to litigation, and that for this reason it bears a limitation. Moreover, that it was a fact known to the plaintiff since it acquired the property. It rebukes that they did not indicate on what legal basis they supported that argument, nor the date when it acquired the property, nor on the basis of what evidentiary elements they reached such a conclusion. Consequently, it points out that the reasoning of the judgment is incomplete and illegal (cardinals 57, 82, subsections 1 and 2, and 137.1.d of the CPCA; 28.1, 41.5, and 61.2.3 of the CPC). In support, it cites jurisprudence of this Chamber, which it states concerns that particular matter. Fourth, it states that the third reason for which it was decided as it was, pointed out that the claims had to be rejected, given that the Institute had already initiated the expropriation procedure, and that it has not concluded for reasons attributable to it. Likewise, because the decision to expropriate is discretionary and cannot be substituted by the jurisdictional body, nor debated in an ordinary proceeding. Similarly, it pointed out that if AyA agrees to the declaration of public interest and it did not agree with the price that may be fixed in the administrative appraisal, as well as with the area to be expropriated, the available avenue to discuss it is the expropriation proceedings for the determination of just compensation (justiprecio). Finally, although it rejected its claims, it warned the Institute: "because, in principle, all the inputs to make a decision are available, in application of the principle of legal certainty, the decision be adopted within a reasonable period not exceeding six months after the finality of the judgment." It objects that this argument is contradictory, because it first indicated that the defendant entity has not been able to finalize the expropriation procedure because it was not possible to obtain the municipal approval (visado municipal) of the lots to be expropriated, since it did not pay the municipal taxes, nor sign the documents required by the Municipality to obtain it. However, the Court did not provide the reasons why that lack of approval suspended the expropriation process, nor why the declaration of public utility could not be made without such approval. Then, contradictorily to the above, the judgment affirms that AyA has the necessary inputs to make a decision. It rebukes that if it was concluded that the Institute was in a position to rule on the expropriation and did not do so, it had the right to file this complaint, and therefore it could not be ordered to pay costs. It emphasizes that what was argued by the Court is incomplete because it affirms that the expropriation power is discretionary and cannot be substituted by the jurisdictional body; but it does not indicate on what legal basis it was based. Furthermore, it decided that the expropriation procedure cannot be discussed in an ordinary proceeding, without indicating the applied rules. Third: it accuses that its rights to defense and due process were affected (precept 137.1.b of the CPCA and 39 of the Political Constitution). It alleges that Articles 58 subsections c and f, 82 subsections 1 and 4, 104 and 109 of the CPCA are violated. In its support, it cites national doctrine on the matter, as well as a judgment of the Administrative Litigation Court, referring to the lack of reasoning of an administrative decision. It explains they were infringed because the Court, when developing the reasons why it declared the complaint without merit in all its aspects and ordered it to pay both costs, limited itself to making a series of assertions, without citing the rules applicable to the case, without referring to the evidence offered by the parties, or to their arguments. It adds that in the list of proven facts, it limited itself to citing the documentary, testimonial, and expert evidence, summarized its content, but did not analyze it. Then, it indicates, it set out the unproven facts (Considerando III); next it summarized its case theory (Considerando IV); it summarized the arguments given by the defendant (Considerando V); it referred to the rejection of the defenses of res judicata, statute of limitations, and lack of interest (Considerandos VII, VIII, and IX). Subsequently, it made some general considerations on the right to property, its limitations, and the expropriation power (Considerando IX which should have been X); and, finally, in Considerando XI called "ON THE ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE," it limited itself to making a series of assertions, without citing the legal rules applicable to the case and without referring to the evidence offered by the parties, or to its arguments. What was stated, it argues, had serious repercussions for it, because without analyzing the evidence or the applicable rules, or its arguments, the complaint was declared without merit and it was ordered to pay costs. This, it affirms, placed it in a defenseless state and affected its rights to defense and due process. Fourth: it alleges that the judges incurred in the cassation ground for violation of procedural rules (canon 137.1.b of the CPCA), since it was placed in defenselessness and its rights to defense and due process were affected, given that it did not analyze the evidence it offered, nor the arguments, nor the rules it invoked, violating articles 39 of the Political Constitution (CP); 58 subsections c and f, 82 subsections 1 and 4, 104 and 109 of the CPCA, which empower the parties to formulate their arguments and conclusions. Again, in its support, it cites national doctrine, decisions of the Administrative Litigation Court, and mentions what was resolved in considerandos II to V, and VII to IX. Then, it exactly reiterates the arguments set out in the second grievance. Additionally, what was pointed out in the third objection regarding the evidence offered and the applicable rules, which it states were disregarded by the Court, placing it in a defenseless state and violating its rights to defense and due process. Fifth: it asserts that the judgment incurs in the cassation ground for violation of procedural rules established by article 137.1.d of the Code of Administrative Litigation Procedure relating to a lack of reasoning (lack of motivation) regarding the order to pay costs to which it was subjected. It states that it was decided that pursuant to cardinal 193 of the CPCA, it was ordered to pay personal and procedural costs because it was the losing party in the proceeding; and no ground was found to exempt it from this. It accuses that the reasoning is illegal and incomplete, since it is not true that it was the losing party, because the judges partially granted the request regarding the processing of the expropriation of the property of the Registry of Alajuela, folio number 125,052-000. This, because in the operative part of the judgment, insofar as relevant, it was ordered: "the Institute must only proceed to resolve the request made by the plaintiff, within a maximum period of six months from the finality of this judgment." It states that it requested addition and clarification on that matter, and the Court, by means of resolution number 143-2020-VIII-BIS of 14:25 hours on January 12, 2021, in its CONSIDERANDO IV, indicated insofar as relevant: "The only thing being ordered is that the request for expropriation made in the administrative channel by the plaintiff be resolved, without this Court having issued an opinion as to the appropriateness of total or partial expropriation." The main claim of the complaint was that AyA be ordered to proceed with the expropriation of the entirety of the cited property, and subsidiarily, that it be ordered to proceed with the expropriation of the area to be determined. Hence, in its opinion, its claim was partially granted by ordering the Institute to resolve the expropriation request made by the plaintiff within six months. Consequently, since it is not the losing party on all its claims, pursuant to the provisions of precept 193 of the CPCA, it was not appropriate to order the payment of costs, so the appealed judgment has an illegal motivation in this regard. In this aspect, the contested decision, insofar as it orders the plaintiff to pay costs, is poorly reasoned, because despite finding that there is an unjustified delay in the expropriation process, it did not conclude that it had sufficient reason to litigate, which is a ground to exonerate it from the payment of costs, pursuant to subsection b of article 193 of the same code.

III.- Because in the first, second, and fifth charges, the error of lack of motivation is alleged and given that the arguments for its applicability are similar, they will be addressed jointly. Reasoning is not only mandatory in accordance with precept 57 of the CPCA, but as a challenge capable of being reviewed through the extraordinary appeal of cassation, in the terms of canon 137, subsection d) of the CPCA, it should not be understood as a mechanism to question the legal grounds of the judgment. It is not a matter of determining whether the judge ruled on all the claims incorporated into the proceeding, but on the contrary, that the judgment contains the grounds upon which the corresponding decision was adopted. As such, this Deciding Body has held that the cited defect occurs when the reasoning of the judgment does not exist, or its development is extremely confusing or contradictory, in such a way that it prevents clarity regarding the reasoning that led to the decision adopted in the operative part. That would cause a violation of the parties' procedural rights. Thus, it is not a matter of determining whether the judges resolved all the claims incorporated into the proceeding (defect of inconsistency), but on the contrary, whether they provided the bases upon which they adopted the respective decision. Likewise, it must be borne in mind that it is a ground of procedural nature, which concerns potential non-compliance with procedural rules governing the procedural path or the judgment, as well as the legal relationship that binds the parties and the judge within the framework of a judicial proceeding, and from which rights and obligations derive. The appellant, in the first of the grievances, claims generally that the judgment suffers from a lack of factual and legal reasoning regarding the declaration without merit of all aspects of the complaint, without mentioning the applicable law, or alluding to the evidence. In the second ground, it reiterates the matter concerning the declaration without merit of the complaint, as well as the omission to mention rules and the failure to analyze the evidence. Here it also alludes to substantive issues (not being able to exercise its right to property, its main argument regarding the provisions of article 31 of the LA was ignored, and the evidence was disregarded), which it reiterates in its substantive grievances, so they will be addressed in due course. Finally, in the fifth charge, it argues that the reasoning for imposing costs against it was omitted. Regarding what was objected to in the first and second objections, it is clear that the cassation appellant fails to clearly and concretely set out how the violations are configured. Although it alleges that the judgment lacks reasoning, its arguments are very general and vague, without referring to any contradiction or lack of grounds for deciding as it did, declaring the complaint without merit in all its aspects. On the contrary, as stated, it alludes to substantive questions about disregard of evidence, but without adequately explaining that ground. However, from an examination of the judgment, it is observed that the Court, in considerandos IX (actually X) and XI, set out the normative and factual reasons why it was appropriate to declare the complaint without merit in all its aspects. Hence, the alleged lack of motivation is not configured. Regarding what was objected to in the fifth charge, this Chamber likewise does not find a lack of motivation. Note that, concerning the order to pay costs, the judges clearly explained that, applying cardinal 193 of the CPCA, they considered that the appropriate course was to charge them to the plaintiff, since she was the losing party. Likewise, they pointed out that they did not find any ground to exempt her from its payment. Therefore, given that the procedural rule is that costs are imposed on the losing party, the Court is required to reason an exoneration only if it decides to apply that option facultatively, and not in all cost orders, since precisely the application of the rule is grounded in the rule itself. For the foregoing reasons, the dismissal of these objections is appropriate.

IV.- In the third and fourth objections, the appellant accuses infringement of its rights to defense and due process. This, it indicates, because the Court did not refer to the evidence or the rules it cited in its support. There is no doubt that it alludes to the procedural ground of defenselessness, according to what it states, regulated in subsection b), first paragraph of precept 137 of the CPCA: "Defenselessness of the party, not attributable to it, when the rights to defense and due process are affected." This Deciding Body, regarding the alleged defect, has stated: "Defenselessness as a cassation ground (cardinal 137.1.b Code of Administrative Litigation Procedure) must be approached from the right to defense, being the core of due process. The right to defense stems from article 39, paragraph 2, subsections a, c, d, e, f and g of the Constitution and 8, paragraphs 3 and 5 of the American Convention, from which a series of consequences result: unrestricted access to the evidence for the prosecution and the possibility of challenging it, cross-examining and objecting to or recusing witnesses and experts, which further entails that testimonies and expert reports must be presented in the presence of the accused and their defender, except for absolute material impossibility —such as the death of the witness—; the right to a public process. The right to defense must be formal and material, that is, exercised in fact, fully and effectively, which also implies the right to make use of all legal or reasonable defense resources, without exposing oneself to sanction or censure for that exercise. See resolutions 1739-1992 and 18335-2009 Constitutional Chamber and 162-2015 First Chamber." Judgment no. 4157 of 14:55 hours on November 28, 2019.

Similarly, the Constitutional Chamber has held that the principles of bilaterality and contradiction, as well as the obligation to notify the transfer of the complaint and its amendment, derive from the cited norms of the Magna Carta (on this point, rulings 4975-2016, 76-2017 and 40-2018 may be consulted). Furthermore, the aforementioned Chamber has indicated that the defect of defenselessness (indefensión) is only configured when the right of defense and due process are affected. Regarding which it has specified that they refer to judicial actions concerning the notification of what has been done to the parties, the right to be heard, the opportunity to present their arguments, produce evidence, access to information and case documents, the right to be represented and advised by lawyers, technicians and qualified persons, notification of the decision, the reasons on which it is based, and the right to appeal. It is with respect to those parameters that the grievance must be analyzed. The appellant asserts that the judges omitted to mention the rules applicable to this matter, and failed to refer to the evidence provided by the parties, or to their arguments. As stated above, the challenge of defenselessness is only configured when the right of defense and due process are affected. However, the grievances do not specify clearly and precisely how the judging Court injured any of the elements that constitute due process and the right of defense. It must be noted that she essentially alludes to substantive issues, since she reproaches the way the matter was resolved, declaring the complaint without merit in all its aspects, because in her opinion, it failed to assess the evidence submitted to the process and omitted to refer to the Law invoked. However, as explained above, in recitals IX (X) and XI it provided the legal and factual grounds for why it resolved as it did. Moreover, in the list of proven facts, it referred to the evidence in the case file and how it contributed to determining the factual basis of the case. Similarly, in recitals IV and V it referred to the object of the process and to the arguments of each of the parties, respectively. Consequently, the conduct of the judges did not violate the plaintiff's right of defense or due process. Therefore, the criticisms on this particular point must be dismissed.

Cassation appeal on substantive grounds

V.- First: she points out that fundamental evidence for the resolution of this case was overlooked (article 138, subsection a of the CPCA), with violation of precept 82, subsections 1 and 4 ibid. She explains that she sought to order the Institute to expropriate the entirety of her property in the Partido de Alajuela, Folio Real registration number 125.052-000; and subsidiarily, she requested that if such claim were rejected, the expropriation of the area of the property to be determined be ordered. The Court, she reproaches, declared the complaint without merit and ordered her to pay the costs of the process, arguing that she did not prove that it is impossible for her to exercise her right of property. She affirmed that she requested that her property be expropriated in its entirety, given that the Municipality of Alajuela denied her the land-use permit (permiso de suelo) for the development of a condominium—because it is a reserve zone for water resource protection—which, in her opinion, prevents her from exercising her right of property. The judges argued that this reasoning has an incorrect premise at its origin, since it was not proven that she could not exercise her right of property, because such right does not necessarily entail the possibility of constructing on the land, as that depends on the urban planning regulations established by the respective Municipality, and the nature of the property. Hence, a large number of lands have as their exclusive purpose environmental protection and their owners exercise their right in that way. She reproaches that she based her theory of the case essentially on Article 31 of the LA, which she transcribes. She stated that she cannot exercise her right of property over the Alajuela property, number 125.052-000, because almost its entirety is within the cited 200-meter radius regulated by the LA. In proven fact six, it is recorded that she requested a land use permit from the Municipality of Alajuela to carry out a residential segregation. On the other hand, in proven fact seven it is recorded that said Municipality denied such permit, alleging that the property subject to litigation is located within the protection zone—absolute reserve for springs (nacientes) and the flow area of the Pasito springs (Lankaster and Gutiérrez)—where the construction of any type of infrastructure is not permitted. Moreover, in proven fact twenty-six it is indicated that in a meeting between Ms. Yamileth Astorga, Executive President of AyA, and the plaintiff's representative, the latter insisted that the property should be expropriated, but adjusting to the 200-meter radius area established by the cited precept 31 ibid. When answering this fact, the defendant institution accepted that she sought the expropriation of the entirety of the property. Also, in the complaint, she offered as expert evidence the appointment of a Surveyor expert to determine the dimension of land that needed to be expropriated, according to the provisions of the aforementioned provision 31; and to prepare the respective map. Likewise, in the event that it was determined that there was a part of the property outside the zone established by that norm, to determine if that part was landlocked (enclavada) and if it was suitable or not for rational use or exploitation and what type of use could be made. Said evidence was admitted at the preliminary hearing, and surveyor Guillermo Alvarado Araya was appointed as expert, who determined that the area of the property subject to litigation affected according to the 200-meter radius around the Gutiérrez and Lankaster springs is 64,127.18 square meters, and that the unaffected area is 4,451.80 square meters (proven fact 34). Consequently, in her conclusions she expressed that the entirety of the property should be expropriated because she cannot exercise her right of property according to the provisions of Article 31 of the LA. However, she reproaches that the Court, when ruling on the merits of her claims, did not analyze or refer to such argument, nor did it allude to or analyze that evidence. Therefore, she argues, her right of property undergoes an emptying (vaciamiento) due to which the property must be expropriated in its entirety. The judges, she refutes, considered that she did not prove that she cannot exercise her right of property over the property, but without mentioning the cited expert report. She adds that the emptying of her right of property is also confirmed by the following evidentiary elements: inspection report of the Lankaster and Gutiérrez springs (Río Segundo de Alajuela) of August 2012, prepared by geology assistant Mauricio A. Zaiga Calderón and by Msc. Viviana Ramos Sánchez, from the a.i. Directorate of Environmental Management, Directorate of the Hydrogeology Functional Area; memorandum SUB-G-AID-UEN-GA-2012-2151 of December 11, 2012, prepared by Geologist Ramírez Villegas, UEN-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, and hydrologist Viviana Ramos Sánchez, subject: summary of the hydrogeological study on the definition of protection zones at the Gutiérrez and Lankaster sources, Río Segundo-province of Alajuela, addressed to Eng. Eduardo Lezama Fernández. These reports, she points out, were offered in the complaint as documentary evidence numbers 7 and 12, respectively, and were admitted as evidence at the preliminary hearing. Also, she states, in her conclusions she highlighted aspects of those reports that are cited below: in the inspection report, it was recorded that, through the "Hydrogeological Study for the protection of the El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada and Bogantes Springs, Alajuela-Costa Rica, prepared by Hydrologist Hugo Rodríguez —AyA and Geologist Sandra Arrendondo —SENARA, in 1995, they established for these springs their respective absolute protection zone, which has a maximum length of 298 meters and width of 100 meters. This gives us an area of 29,800 square meters. She states that this Hydrogeological Study establishes that the Lankaster spring is located in the absolute protection zone.” Regarding the Gutiérrez spring, she pointed out: "due to its importance for AyA —Central West Region, a 200 m radius is established as per the water law." Furthermore, the INSPECTION REPORT OF THE LÁNKASTER AND GUTIÉRREZ SPRINGS (RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA) of August 2012 indicates that "the zone should have been destined solely for reforestation." Which, she criticizes, was not considered by the Court, despite it being clear that no economic activity can be developed on the property, except reforestation, which, in her opinion, implies an emptying of the right of property. She refutes that the ruling affirms that she did not prove that it was impossible for her to exercise her right of property over the property. However, she says, what was recorded in that report was not taken into account, nor what was said in the conclusions on that point. Consequently, she accuses that the grounds of the judgment on this aspect are omitted. This, in her view, had serious implications for the outcome of the process, since in "RECITAL IX ON THE MERITS OF THE MATTER: ON THE RIGHT OF PROPERTY, THE EXPROPRIATION POWER AND LIMITATIONS ON PROPERTY," the Court expressed almost at the end that: "In the environmental sphere, there are limitations for the protection of resources, which impose on owners specific regulations regarding the exercise of their right, provided that it is not rendered nugatory, in which case the obligation to expropriate the asset arises." She considers that the judges decided that if the limitations imposed on a property are of such a nature that they render the right of property nugatory, then there is an obligation for the public entity to expropriate it. Regarding memorandum SUB-G-AID-UEN-GA-2012, she states that it records that the distance between the Gutiérrez 1 and 2 sources is approximately 25 meters. That the distance between the Gutiérrez sources and the Lankaster source is approximately 120 meters. For the determination of the protection zone of the springs, it established a distance of 134 meters upstream from the spring catchment sites and defined it as a microbiological protection zone. Likewise, that "The area corresponding to the delimitation of the protection zones for the captured springs is 30,353.16 m2, which represented 44.25% of the total area of the property." She adds that in her conclusions she requested that, if the Court considered that the expropriation of the entire property subject to litigation was not appropriate, at least the expropriation of that area of 30,353.16 square meters be ordered. However, she claims, the appealed ruling did not rule on that request, nor did its arguments mention that report. She points out that it should have been taken into consideration that in the first claim, she requested the total expropriation be ordered; but subsidiarily she requested that, if the above is rejected, the expropriation of the part of that property deemed pertinent be ordered. In figure 5 of said document, she points out, "a loop-shaped area" was established, as witness Viviana Ramos Sánchez called it at the oral hearing. There, she mentions, the Lankaster spring is outside that figure, so the area should have been larger. By not assessing that evidence, she considers that the judgment violates her rights, because it rejects her expropriation claims and orders her to pay costs, alleging that the plaintiff did not prove that she could not exercise her right of property over the property subject to litigation. She argues that this conduct infringed Article 45 of the CP and, in support, she reproduces part of a ruling of the Constitutional Chamber on limitations to this right and the duty to indemnify them when they are expropriatory. Similarly, she accuses a violation of Articles 264, 266, 277, 287, 288, 290, 292 of the CC insofar as they regulate the attributes of the right of property, granting the owner of a thing the power to enjoy it, subject only to the limitations established by law, with the right to usufruct all natural, industrial, or civil fruits it produces, that is, she indicates, to exploit it, dedicating it to activities that generate profit, being able to transform it, as deemed convenient. Be it in activities such as agriculture, livestock, industry, construction of housing projects, among others, according to its nature. Therefore, if any law, as in this case, Article 31 of the LA, establishes limitations on a property in such a way that it cannot be exploited or enjoyed by its owner, the latter has the right to have it expropriated, with payment of a fair price. In addition, in accordance with the rights to be compensated conferred by Articles 316, 324, and 325 of the CC, as well as numerals 1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 24, 27 to 48 of the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones, LE). Article 31 of the LA, she argues, provides, insofar as relevant: "The following are declared as a reserve of ownership in favor of the Nation: 8) The lands that surround the catchment sites or intakes supplying potable water, within a perimeter of not less than two hundred meters in radius." The overlooked expert opinion, she points out, is clear that the greater part of the property subject to litigation is within the reserve area and that the remainder of the property is left landlocked. In support, she mentions a ruling of the Constitutional Chamber where the right of the owner who could not develop a housing complex to be compensated was endorsed, given that the restriction imposed by the existence of a water spring barred his right of ownership. Therefore, she considered that there was a right to indemnify the owner given those restrictions. Second: she accuses the Court of incurring the cassation ground for violation of substantive norms established by Article 138, subsection c of the CPCA. She explains that it violated precepts 31 of the LA; 45 of the CP; 264, 266, 277, 287, 288, 290, 292, 316, 324, and 325 of the CC; 1,2, 3, 5, 6,22,23,24, 27 to 48 of the LE, for lack of application. She argues she based her theory of the case mainly on provision 31 of the LA, insofar as it provides for a 200-meter range around water intakes. Thus, based on that norm, she argued she cannot exercise her right of property over the property registered in the Partido de Alajuela, registration number 125.052-000, as almost its entirety is within the cited 200-meter radius. The judges considered it proven that she is the owner of the cited property and that its area is 68,431 square meters (1). In proven fact 34) it was considered proven that surveyor expert Guillermo Alvarado Araya, in his expert report, determined that the affected area according to the 200-meter radius around the Gutiérrez and Lankaster springs is 64,127.18 square meters and that the unaffected area is 4,451.80 square meters. In proven fact 3) it was held that the Municipality of Alajuela, by official letter no. MA-PU-U-01780-2011 denied her the land-use permit for residential segregation, because that property is located within the absolute reserve protection zone for springs and flow area, where the construction of any type of infrastructure is not permitted. On its part, in proven fact 6) that in the “INSPECTION REPORT OF THE LÁNKASTER AND GUTIÉRREZ SPRINGS (RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA)” prepared by Mauricio A. Zaffiga Calderón in August 2012, it was indicated that: "the zone should have been destined solely for reforestation." Therefore, she indicates, it was proven that almost the entirety of the property subject to litigation is within the reserve area established by Article 31 of the LA. Despite this, she claims the Court did not cite such stipulation, due to which she alleges it failed to apply that regulation to the specific case. She states, as the Contentious-Administrative Court has resolved, when limitations completely deny the right of ownership, the duty to indemnify is imposed. She emphasizes that in this case, the building restriction imposed by the regulatory plan within the plaintiff's property constitutes a specific public interest imposed as a basic criterion, so that within her property, residential segregation and, in general, any construction is not permitted. From that perspective, she argues, she is deprived of the attribute of transformation. It was not proven, she says, that the activity to which it is dedicated allows her to allocate that property to other tasks, such as cattle grazing or others. On the contrary, the request for land use for residential segregation demonstrates that the property has an eminently residential use, so the imposed restriction bars the right of ownership. Article 45 of the CP stipulates the inviolability of property. Due to the foregoing, she points out, the Constitutional Chamber has decided: "The freezing (congelamiento) of a property as an act of affecting it for a project of State interest is an act of confiscation of property that the State has exercised over the assets of certain owners, and this Court has already considered that conduct of the State to be improper, based on the general principle of equality before public burdens, which establishes a balance among citizens to bear them, so that not only one has to tolerate greater sacrifices than another. The freezing of properties implies a greater burden than that borne by other citizens, and an act of temporary affectation in favor of the State and, of course, an illicit enrichment of the latter, to the detriment of the individual's patrimony." Articles 264, 266, 277, 287, 288, 290, 292 of the CC prescribe the attributes of the right of property, granting the owner of a thing the power to enjoy it, subject only to the limitations established by law, having the right to usufruct it. Hence, if any provision, as in this case, canon 31 of the LA, establishes limitations such that it cannot be exploited or enjoyed by its owner, then the latter has the right to have it expropriated, with payment of a fair price for their land, in accordance with the rights to be compensated conferred by Articles 316, 324, and 325 of the CC, as well as provisions 1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 24, 27 to 48 of the LE. The Court, she underlines, violated the aforementioned regulations by not ordering the defendant entity to expropriate the entirety of her property, having suffered an emptying of the right of property. Third: she accuses a breach of substantive norms (provision 138, subsection c of the CPCA), for having violated canon 193 ibid. This, she says, because it was decided that in accordance with said provision she was ordered to pay personal and procedural costs because she was the losing party in the process; and no cause was found to exempt her from payment. The cited Article 193 was infringed since she was not the losing party, because the Court partially granted her claim that the expropriation be processed regarding the property of the Partido de Alajuela number 125.052-000. She adds that in resolution number 143-2020-VIII-BIS of 14:25 hours on January 12, 2021, when resolving her request for addition and clarification, in its Recital IV, it indicated, insofar as relevant: "The only thing being ordered is that the expropriation request made administratively by the plaintiff be resolved, without this Tribunal having issued a criterion as to the appropriateness of total or partial expropriation." She states that her main claim was that the defendant be ordered to proceed with the expropriation of the entirety of the property under debate; and subsidiarily that it be ordered to proceed with the expropriation of the area to be determined. Consequently, in her opinion, the complaint was partially granted. Hence, as she did not lose on the totality of her claims, according to the provisions of Article 193 of the CPCA, the condemnation in costs was not appropriate. She argues that if it was concluded that AyA was in a position to rule on the expropriation and did not do so, then she had the right to file this complaint, and for that reason she should not have been ordered to pay the economic consequences of the process. She states that since June 8, 2012, she requested the Institute to expropriate the property (proven fact 4); although AyA initiated the expropriation procedures, they have been delayed for a long time. Due to that, she had to file several requests to have the expropriation resolved (PROVEN FACTS 5 to 33). She claims, however, more than eight years later, it has not been resolved, and despite the fact that the filing of this process did not suspend its processing. She notes that it was for that reason that she had to file the complaint. She insists that the challenged resolution, insofar as it ordered her to pay costs, violates provision 193 ibid because even though there was an unjustified delay in the expropriation process, it did not conclude that this implied she had sufficient reason to litigate, which is a cause to exempt her from the payment of costs, according to subsection b of the cited canon.

VI.- Given that the first and second criticisms are related, they will be addressed jointly. The Court, regarding the substantive aspects of the case under review, in recitals IX (x) and XI, insofar as relevant, provided that, in accordance with precept 45 of the CP, in principle property is inviolable, but, like any right, it is not exempt from limitations. Said norm lists two reasons: first, when it is expropriated for public interest, of course, in exchange for the payment of compensation. Second, every owner must tolerate the limitations established for reasons of public utility. Regarding expropriations, they pointed out that as an exercise of a public power, it is carried out unilaterally, by the administrations normatively authorized to do so. This is resolved based on public needs and interests, so that the indispensable assets to meet such requirements are defined. This procedure is based on discretion in accordance with the provisions of provisions 15, 16 and 17 of the LGAP. The decision made by the Administration may be reviewed in the contentious-administrative venue, to verify that it conforms to the legal system, without this meaning that the judges can substitute that administrative exercise. This could only be done when for some reason the discretion is eliminated and a precise decision must be made. They added that Law No. 9286—reform to the Expropriations Law—regulates a procedure aimed at the acquisition of assets that are of public utility. This is divided into two phases, namely, administrative and jurisdictional (the latter if necessary). In the administrative venue, an appraisal is carried out, which is communicated to the administered party, who has the possibility of accepting it (direct purchase). Or, if they do not agree, they proceed to the judicial route, where the judge determines the just price (justiprecio), based on a new expert report. In both venues, both the area that will be subject to expropriation, as well as how much the remaining area is affected—if any—are assessed. Regarding limitations—which are not compensable—they are imposed by Law, and may be of a sanitary, environmental, and urban planning nature. The Constitutional Chamber has classified the latter two as environmental (canon 50 of the CP), and has ordered that they must be borne for the benefit of the general public. The Court expressed that in this case, the plaintiff seeks the expropriation of the entirety of her property, since the Municipality denied her the land-use permit to build a condominium, because it is located in a reserve zone that protects the water resource. Hence, the plaintiff has argued in the process that this circumstance makes the exercise of her right of property impossible. However, it was resolved that such a position is incorrect, and that it was not proven that she could not exercise it, because said right does not inexorably entail the power to build an urban development, as that depends on the regulatory plan of the Municipality and on the very nature of the property. It was noted that the company has exercised its right, given that the expert report of Ms. Reyes Sevilla indicated there was livestock on the property. It was made clear that some properties have environmental protection as their sole nature and their owners exercise their right in that way. They added that those springs have always been there, the plaintiff knew it as it is evident from the cadastral map, and it is also observable by the naked eye. Likewise, that regardless of the protection area, by its nature it bears limitations. It endorsed what was argued by AyA, in reference to the fact that the plaintiff has attempted to distort the expropriation procedure, without it having concluded. It made clear that, in accordance with the provisions of the Expropriations Law, the technical studies were carried out and the necessary data collection was completed, so that the Institute's Board of Directors, as its highest authority (Article 11 of its Constitutive Law), proceeds to make the decision. In accordance with what has been expressed, it is still in the preparatory phase, and there is no administrative will to expropriate, nor has the fair price to be paid in the event expropriation were to proceed been established, so there is also no possible impairment for compensation. Consequently, it was noted that there has been processing, still without definition, due to certain delays (some attributable to the plaintiff). It was emphasized that since the impossibility of exercising the plaintiff's right was not demonstrated and because the procedure had not concluded with the decision to expropriate—which is discretionary in nature, meaning the Institute cannot be substituted by the jurisdictional body—the claims outlined by the company, insofar as ordering the expropriation, were not appropriate. Then, if the procedure concludes and the plaintiff does not agree with the price set or the area, the possibility remains open to resort to expropriation proceedings for the determination of the just price, where such aspects will be discussed with the pertinent evidence, which cannot be done in an ordinary process. With the warning to AyA so that, as it has the required documents and data, in application of the principle of legal certainty, it proceeds to make the decision within a reasonable time, which it set at six months from the finality of the ruling. Therefore, in essence it was decided that in accordance with the legal system, the ordinary proceeding is not the appropriate one to resolve expropriation matters. Moreover, that the judicial authority—in principle—and in the case under analysis cannot substitute the administrative will (since it is a discretionary power in accordance with what is regulated in the LGAP) in order to determine the appropriateness or not of the expropriation. That corresponds to the Administration that according to the Law is responsible for declaring the public utility and, if necessary, expropriating the property totally or partially. What has been expressed has constitutional roots (precept 50 of the CP) and is developed in detail in the Expropriations Law. However, even though they constitute the main reasons why the Court resolved as it did, the plaintiff does not challenge them appropriately, due to which it is not possible to agree to overturn the ruling as claimed by the appellant. Note that in the first and second substantive grounds she insists that in the process she requested that her property be expropriated totally, or failing that subsidiarily, at least the area determined. However, as the Court provided, it cannot substitute the will of the Administration on that particular point. The appellant reiterates that she was denied the land-use permit to develop a condominium, because part of her property is a water resource protection area, without refuting the judges' ruling regarding the fact that regardless of that aspect, the springs inherently bear limitations (non-indemnifiable), and their existence (since when she acquired the land) was noticeable to the naked eye and because it is recorded in the cadastral survey. Nor does she reproach what was pointed out regarding that despite such restrictions many owners exercise their right of property in diverse ways, in accordance with the provisions of the municipal regulatory plan, and that there was livestock on her property. Likewise, that this right does not always imply the possibility of building on properties. Her main argument is that she primarily supported her theory of the case on provision 31 of the LA, but she seems to forget what was outlined regarding that this decision is discretionary in nature for the Administration, in this matter for AyA, without the judicial body being able to substitute its will in that respect. Hence, it established that it corresponds to the Institute to declare the public utility, determine the area and set the fair price. Therefore, the evidence she accuses of being poorly assessed or disregarded is innocuous, since the existence of the springs, the limitations, the protection zones, or the distances between the springs are not disputed. Likewise, at this moment, the determination of the area to be expropriated (200-meter radius around the water intakes) is not of interest, as it is the competence of AyA based on the technical studies and appraisals carried out.

Nor is it important whether the expropriation of the entire property is appropriate or not, given that it is the Administration’s responsibility to issue the declaration of public utility and the price to be paid for the land that must be expropriated. If the company does not agree with the area or the price established, it has the option of resorting to contentious-administrative proceedings to have the land to be expropriated and the just price (justiprecio) determined, as ordered by the lower court and endorsed by this Chamber. But, it must be insisted, only once the competent administrative body issues the decision regarding the expropriation, and not beforehand, as the plaintiff has sought in this proceeding. It must be stressed that it is not possible to discuss or determine whether, due to the area to be expropriated, her property right is rendered nugatory—for which she should be compensated—since such an analysis can only be carried out once the Institute determines the area it will expropriate, and also in light of the technical studies and respective appraisals, which are a constituent part of the administrative expropriation procedure. In addition to the foregoing, from the proven facts (7, 8 and 9, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 28 and 29), it is verified that AyA informed the plaintiff that they were attending to her request regarding the expropriation of the Alajuela property no. 125.052-000, by carrying out the corresponding technical studies and surveys. Consequently, the alleged regulatory violations have not occurred, and the grievances are therefore dismissed.

VII.- In the third of her charges, the plaintiff expresses her disagreement with having been ordered to pay costs in favor of AyA. She argues that she was not the losing party, since the lower court partially granted her claim seeking that the expropriation of her Alajuela property no. 125.052-000 be processed. Regarding the economic effects of the proceeding, the CPCA in Article 193 stipulates: "In judgments and orders having the character of a judgment, the losing party shall be ordered to pay personal and procedural costs, a pronouncement that must be made ex officio. Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from paying costs when: a) The judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party could not reasonably have known, and, because of this, the party's opposition was adjusted. B) By the nature of the issues debated, the Court considers there was sufficient reason to litigate." Likewise, when the winning party incurred in "excessive claim (plus petitio)" as regulated in canon 194 ibid. Similarly, with the exception of an agreement between the litigants, when there has been a withdrawal, acquiescence, or extra-procedural satisfaction of the claim before or during the preliminary hearing, with the exception of the provisions of subsection b) of Article 197 of the CPCA, that is, when it originates after the conclusion of the preliminary hearing. From the foregoing, it is clear that the rule in contentious-administrative matters is the imposition of costs on the party that is unsuccessful in the proceeding, which must be done ex officio. In any case, as stated, there are grounds that permit exoneration; relevantly, in the case under review (subexamine) the judges considered that since the plaintiff was the losing party and they found no ground that would permit her exoneration, costs should therefore be borne by her in favor of the defendant Institute. For this Chamber, contrary to what the appellant expresses, the lower court was correct in its course of action, since it acted in accordance with the provisions of the cited article. On this point, when resolving the motion for supplementation and clarification (adición y aclaración) filed by the appellant on cassation, the judges decided, relevantly: “III.- Clarification and supplementation by the defendant party. The plaintiff company requests clarification and supplementation in the following terms: \"a.- Whether the lawsuit was declared without merit or partially with merit. b.- That the operative part (por tanto) of the judgment be clarified as to which request made by my principal it refers to. c.- Whether the order to pay costs is upheld. That it be clarified why the order to pay costs is made, if the same operative part of the judgment orders the resolution of the request made by my principal. d.- Whether the order to pay costs is upheld.\" IV.- Having reviewed the full text of the judgment, the Court considers that the request made by the plaintiff is not appropriate, as explained below: The plaintiff's claims were aimed at having this Body order the total expropriation of the property she owns, and subsidiarily, partial expropriation, which was rejected in the lawsuit, as extensively explained within the text of the judgment. The claim for compensation was likewise rejected. The only thing being ordered is that the request for expropriation made through administrative channels by the plaintiff be resolved, without this Court having issued an opinion regarding the appropriateness of the total or partial expropriation. For this reason, it considered, as is clearly evident from the text of the lawsuit, that she was not entitled to relief on any of the claims raised, and she was ordered to pay costs, in accordance with the provisions of Article 193 of the CPCA. The order regarding the resolution by the defendant Institute of the plaintiff's request for expropriation is a consequence of the actions accredited in the case file, which do not derive from any right invoked, but rather, as expressed in the text of the judgment, from the principle of legal certainty. By reason of the foregoing, as the judgment is self-sufficient in what was resolved by the Court, the requested motion is rejected and the text of the aforementioned judgment remains intact.” From the reproduced text, this deciding Body concurs with the ruling that, contrary to what the plaintiff argues, her lawsuit was not granted in any way, not even partially. This Chamber considers that the plaintiff company is not correct in asserting that her lawsuit was partially granted; consequently, the judges acted rightly in ordering her to pay costs. What she petitioned for was aimed at compelling AyA to expropriate her property in the Alajuela district no. 125.052-000, first, totally, and subsidiarily, partially, as well as to be compensated, all of which was denied. It is therefore clear that she is not entitled to relief regarding any of her petitions. Moreover, the decision concerning the granting of six months to AyA to resolve the matter of the expropriation was due to the application of the principle of legal certainty and, as recorded in the case file, resulted from the Institute's actions in that regard, without originating from the norms cited by the plaintiff. The imposition of costs originates from the need to reimburse the successful party for the costs it incurred in defending an interest or right it had to protect due to the disturbance caused by the lawsuit, by defending itself against claims deployed against it; expenses that, had the proceeding not been filed, it would not have had to bear. Thus, it is appropriate to reject this ground.

VIII.- By virtue of the reasons set forth and given that the alleged disagreements have not occurred, the appeal filed must be dismissed, with its costs to be borne by the party who filed it [Article 150, subsection 3) of the CPCA].

POR TANTO

The appeal on cassation is declared without merit, with its costs to be borne by the appellant. HBRENES

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez





Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

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