Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VII.- Analizados los anteriores planteamientos, se observa que el casacionista no respeta, las reglas que es menester acatar a la hora de interponer un recurso extraordinario de casación. En relación con los agravios por violación de normas sustantivas, hay que indicar, no basta en esta etapa procesal, expresar una serie de yerros, también es necesario indicar, la forma cómo este se presentó. En todos los quince agravios, el recurrente no se preocupa por desarrollar las exposiciones más allá de las simples disconformidades de criterio con los hechos probados y con la probanza que estima indebidamente valorada. (...) Es indispensable citar las normas jurídicas que estima lesionadas, vincularlas o relacionarlas con cada probanza indebidamente valorada, o al menos justificarla suficientemente, si estima que ese es el derecho de fondo combatido. Ejercicio y esfuerzo que se extraña en estos cargos. (...) Toda la probanza acusada de preterida e indebidamente valorada en esos apartados del recurso, carecen de análisis normativo; es decir, no se encuentran relacionados a los fundamentos jurídicos de sus motivos. Se extraña este análisis, requisito lógico e indispensable si se recurre violación indirecta de normas por error de hecho y de derecho (artículos 138 incisos a), b) y 140 inciso c) del CPCA).
VIII.- En suma, no habiendo prosperado ninguno de sus reproches, el recurso deberá rechazarse.
English (translation)VII.- Having analyzed the foregoing arguments, it is observed that the appellant does not respect the rules that must be followed when filing an extraordinary cassation appeal. Regarding the grievances for violation of substantive rules, it must be noted that it is not enough at this procedural stage to express a series of errors; it is also necessary to indicate how the error occurred. In all fifteen grievances, the appellant fails to develop the arguments beyond mere disagreements of opinion with the proven facts and the evidence it considers improperly assessed. (...) It is essential to cite the legal rules that are considered violated, to link or relate them to each piece of evidence improperly assessed, or at least to sufficiently justify them, if it is believed that this is the substantive law being challenged. This exercise and effort is lacking in these charges. (...) All the evidence accused of being omitted and improperly assessed in those sections of the appeal lacks normative analysis; that is, it is not related to the legal grounds of the grievances. This analysis is lacking, a logical and indispensable requirement when alleging indirect violation of rules due to error of fact and law (Articles 138(a), (b) and 140(c) of the Contentious Administrative Procedure Code).
VIII.- In sum, none of the objections having succeeded, the appeal must be rejected.
Rejected
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 01139 - 2024 Fecha de la Resolución: 30 de Agosto del 2024 a las 14:35 Expediente: 10-003499-1027-CA Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Admisibilidad. La casación es una instancia de carácter extraordinaria, pues procede sólo para causales procesales y sustantivas por violación indirecta (desapego o contradicción, preterición o indebida valoración de la prueba) y directa (incorrecta interpretación, aplicación o desaplicación indebida) (mandatos 137 y 138 Código Procesal Contencioso Administrativo) y contra sentencias y autos con carácter de sentencia que producen cosa juzgada material; así como las resoluciones que declara inadmisible la demanda (ordinal 62.3 ibídem) o acoge las defensas previas del ordinal 92.6 ibídem. A pesar de su vocación antiformalista, se contempla requisitos de admisibilidad relativos al tiempo, lugar y forma; así como la motivación o fundamentación fáctica y jurídica del caso, como requerimiento material (norma 139 ibídem). Ver resolución 318-2008 de la Sala Primera (voto 1139-F-2024). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Fundamentación. Sobre los agravios por violación de normas sustantivas, no basta en esta etapa procesal expresar una serie de yerros, también es necesario indicar, la forma cómo este se presentó. El recurrente desarrolla simples disconformidades de criterio con los hechos probados y con la probanza que estima indebidamente valorada, siendo menester el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su criterio, tuvo lugar. Unos alegatos carecen de la fundamentación jurídica que, de manera sistemática y específica, combata los fundamentos de la resolución recurrida con otras razones normativas. Es indispensable citar las normas jurídicas que estima lesionadas, vincularlas o relacionarlas con cada probanza indebidamente valorada, o al menos justificarla suficientemente, si estima que ese es el derecho de fondo combatido; ejercicio y esfuerzo que se extraña en los cargos. Toda la probanza acusada de preterida e indebidamente valorada carece de análisis normativo, es decir, no se encuentran relacionados a los fundamentos jurídicos de sus motivos; requisito lógico e indispensable si se recurre violación indirecta de normas por error de hecho y de derecho (artículos 138.a y b y 140.c Código Procesal Contencioso Administrativo). En sus planteamientos, no se encuentra análisis a los preceptos de fondo que se habrían violentado. En todo caso, no basta citar los preceptos o traer a colación una serie de normas, es necesario realizar su desarrollo. Tampoco citando normas procesales o de valoración probatoria se tiene por solventado el requerimiento. Cada cargo es independiente y este enfoque debe realizarse en cada planteamiento con las normas atinentes al caso (voto 1139-F-2024). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas: Costas. Se rechaza el recurso y se impone al recurrente el pago de las costas generadas con el ejercicio de esta instancia (cardinal 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 1139-F-2024). ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución Exp. 10-003499-1027-CA Res. 001139-F-S1-2024 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil veinticuatro. Proceso de conocimiento interpuesto por ELOY MÉNDEZ RAMÍREZ; contra el ESTADO, el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN; en el cual, el representante del INDER interpone recurso de casación en contra de la resolución no. 636-2023 de las 14 horas 11 minutos del 10 de mayo de 2023, que resuelve sobre la homologación de transacción parcial, así como su adición y aclaración emitida a las 15 horas 7 minutos del 28 de junio de 2023, ambas dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo, del II Circuito Judicial de San José; integrado por el juez Gerardo Antonio Pérez Alfaro. Intervienen, el licenciado Daniel Rojas Pochet, como apoderado especial judicial del actor; el licenciado Jonathan Jiménez Ruiz, como apoderado especial judicial del INDER; el licenciado Andrés Alvarado Ramírez, como apoderado especial judicial del SINAC; y la procuradora Yannia Salas Víquez, en representación del Estado. Redacta la magistrada Castro García; CONSIDERANDO I.- Se califica la casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Frente a esta fórmula genérica, el propio CPCA, puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad: la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3) y la que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita. Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso recursivo a la etapa casacional. En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 Ibid. Para las primeras se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”. II.- Una vez hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y esencia, pues al fin y al cabo se mantiene incólume su rol y finalidad dentro del régimen procesal moderno. III.- Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la legislación procesal vigente para formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia o ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala o el Tribunal no solo se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto la estandarización del régimen recursivo que presenta el Código, dado que, por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones. Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente. IV.- A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento material (artículo 139.3 ibídem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata de la motivación del recurso, que por las características de la casación ha de ser clara y precisa. En este sentido debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí, y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dispuesto ya la Sala Primera y este Tribunal de Casación, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y, por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos del mismo Código de referencia. V.- En la especie, el apoderado del INDER pretende someter a conocimiento de esta Sala la resolución no. 636-2023, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, a las 14 horas 11 minutos del 10 de mayo de 2023 y la que resolvió la adición y aclaración de las 15 horas 07 minutos del 28 de junio de 2023, mediante la cual dispuso: “De conformidad con lo expuesto, y con el artículo 76 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se homologa el acuerdo de transacción parcial presentado, el cual se estableció en los siguientes términos: "PRIMERO: Que el señor ELOY MÉNDEZ RAMÍREZ, se compromete a respetar perpetuamente las áreas de bosque y patrimonio natural del Estado de conformidad con las regulaciones de la Ley Forestal y la Ley Orgánica del Ambiente. SEGUNDO: Que, en este mismo acto, la representación del SINAC manifiesta estar conforme con el inmueble descrito por el plano catastrado 6-2200582-2020 en el tanto, dicho inmueble no abarca áreas de patrimonio natural del Estado según lo indicado por los oficios SINAC-SE-IRT-136-2020 del 08 de agosto de 2020 emitido por el Departamento del Información y Regularización Territorial del SINAC y el informe ACLAP-SRCB-1345-2013 del 31 de octubre de 2013. TERCERO: Siendo que, el inmueble descrito por el plano 6-2200582-2020 objeto del proceso no abarca patrimonio natural del Estado, la parte promovente desiste de la demanda contra el Estado y con el SINAC por carecer de interés actual porque no existen pretensiones contra los codemandados. CUARTO: Cada parte correrá con las costas propias de este asunto. QUINTO: Notificaciones. Las partes indican el siguiente lugar para notificaciones derivadas del presente acuerdo: Eloy Méndez Ramírez: Con su apoderado especial judicial, Daniel Rojas Pochet, mediante el correo electrónico [email protected], y subsidiariamente, el fax 2290-1405 / 2201-8707. SINAC: Mediante el correo electrónico [email protected] y subsidiariamente el correo [email protected]”. El mismo es de acatamiento obligatorio y produce cosa juzgada. En caso de incumplimiento, se procederá conforme al procedimiento de ejecución de sentencia.” (el subrayado y resaltado es del original. VI.- El casacionista presenta su recurso estructurado en quince agravios, todos por violación de normas sustantivas, alegando una indebida valoración de la prueba y una indebida fundamentación jurídica. Señala, se está en presencia de la causal del artículo 134 inciso 1) y el artículo 138 incisos a), c) y d) del Código Procesal Contencioso Administrativo. En el primer agravio, acusa la homologación efectuada por el Tribunal Contencioso Administrativo incurre en una indebida valoración probatoria, lo cual viola el artículo 82 inciso 4) del CPCA. Considera, este error transgrede las reglas de la sana crítica y el principio de valoración razonable de la prueba, esenciales para el debido proceso. Afirma, el error radica en no reconocer que el plano número 6-2200582-2020 estaba cancelado en el Registro Nacional. Manifiesta, al homologar la transacción parcial sin considerar esta cancelación, se otorgó validez jurídica a un plano catastral inválido, violando así las normas fundamentales de valoración de la prueba y el debido proceso. En el segundo agravio, acusa el Tribunal incurre en un error al homologar la transacción parcial basándose incorrectamente en la valoración del informe ACLAP-SRCB-1345-2013 del 31 de octubre de 2013, emitido por el Área de Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sostiene, dicho informe únicamente analiza los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007, concluyendo que: 1. El plano P-748062-2001 presenta 14.4 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado, y, 2. El plano P-1170755-2007 presenta 39.1 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado; sin embargo, el informe no analiza el inmueble descrito en el plano 6-2200582-2020, ya que dicho plano fue elaborado en 2020, posteriormente a la emisión del informe en 2013. Además, menciona, el informe no concluye que el plano 6-2200582-2020 no presente áreas de Patrimonio Natural del Estado y se refiere exclusivamente a los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007, no al plano 6-2200582-2020. En el tercer agravio, acusa que se homologó erróneamente la transacción parcial basándose incorrectamente en la valoración del oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 del 8 de agosto de 2020, emitido por el Departamento de Información y Regulación Territorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual afirma que, según el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. Sin embargo, este oficio carece de un método técnico-científico detallado que sustente esta afirmación. Destaca, el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, analiza únicamente los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007, concluyendo que: 1. El plano P-748062-2001 presenta 14,4 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado, y 2. El plano P-1170755-2007 presenta 39,1 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado. Plantea, el informe no analiza el plano 6-2200582-2020, ya que fue elaborado en 2020, posterior a la emisión del informe en 2013. Por lo tanto, el informe no contiene ninguna conclusión sobre la ausencia de áreas de Patrimonio Natural del Estado en el plano 6-2200582-2020, y solo se refiere a los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007. En el cuarto agravio, sostiene que el Tribunal homologó la transacción parcial basándose incorrectamente en la valoración del oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, ya que dicho oficio indica que, según el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. Sin embargo, este oficio carece de un método técnico-científico detallado que demuestre que el plano 6-2200582-2020 no presenta ninguna área de Patrimonio Natural del Estado. Simplemente, se basa en el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el cual únicamente analiza los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007. Agrega, el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 no contiene un estudio técnico-científico histórico de imágenes aéreas o satelitales que demuestre con certeza la cobertura boscosa del terreno descrito en el plano 6-2200582-2020 desde 1994 hasta la fecha, y, según los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal no. 7575, los bosques del Estado y de las instituciones públicas cuentan con una afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado si están cubiertos de bosque. Además, el Decreto Ejecutivo no. 28788-H del 2 de julio de 2000 dispuso que los inmuebles en Puntarenas, matrículas 8508-000 y 12402-000, fueran donados al Instituto de Desarrollo Agrario. En el quinto motivo, acusa que el Tribunal homologó la transacción parcial basándose erróneamente en el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, ya que dicho oficio afirma que, según el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. Sin embargo, el oficio carece de un método técnico-científico detallado que demuestre esta afirmación. Simplemente, a su parecer, se basa en el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, que únicamente analiza los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007, concluyendo que 1. El plano P-748062-2001 presenta 14,4 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado, y 2. El plano P-1170755-2007 presenta 39,1 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado. Indica, el informe ACLAP-SRCB-1345-2013 no analiza el plano 6-2200582-2020, ya que fue elaborado en 2020, posterior a la emisión del informe en 2013. Por lo tanto, el informe no contiene ninguna conclusión sobre la ausencia de áreas de Patrimonio Natural del Estado en el plano 6-2200582-2020 y solo se refiere a los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007. En el sexto agravio, sostiene que el Tribunal homologó la transacción parcial basándose en una indebida valoración probatoria del oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, resultando en la inaplicación de los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal no. 7575, los cuales protegen los bosques del Estado y de sus instituciones públicas, incorporándolos automáticamente al Patrimonio Natural del Estado si están cubiertos de bosque. Expresa, dicho oficio señala que, según el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado, sin embargo, este oficio carece de un método técnico-científico detallado que demuestre con precisión que el plano 6-2200582-2020 no presenta ninguna área de Patrimonio Natural del Estado. Destaca, se basa únicamente en el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, que analiza solo los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007; y el oficio mencionado supra, no contiene un estudio técnico-científico histórico de imágenes aéreas o satelitales que demuestre si el terreno descrito en el plano 6-2200582-2020 estuvo cubierto de bosque desde 1994 hasta la fecha. En el sétimo motivo, acusa que se dio una indebida valoración probatoria del oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 y del informe ACLAP-SRCB-1345-2013 del 31 de octubre de 2013, ambos emitidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dejándose de aplicar el artículo 13 de la Ley Forestal no. 7575, que protege los terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado y de sus instituciones públicas, integrándolos al Patrimonio Natural del Estado. Argumenta, ni el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, ni el informe ACLAP-SRCB-1345-2013 contienen el estudio técnico-científico del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) que demostraría con certeza que el plano número 6-2200582-2020 se encuentra fuera de las categorías VII y VIII, las cuales corresponden a terrenos forestales y de aptitud forestal, conformando así el Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal no. 7575. En el octavo agravio, sostiene que el Tribunal incurrió en un error al homologar la transacción parcial, realizando una indebida valoración del oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, el cual indica que, según el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado, sin embargo, este oficio no incluye un método técnico-científico detallado que demuestre que el plano 6-2200582-2020 no contiene áreas de Patrimonio Natural del Estado, limitándose a afirmar que el plano no presenta dichas áreas, basándose en el informe mencionado. Señala, el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 no contiene un estudio histórico foto-interpretativo de imágenes aéreas y/o satelitales que demuestre con certeza si el terreno descrito en el plano 6-2200582-2020 estuvo cubierto de bosque desde 1994 hasta la fecha. A su parecer, al carecer de un estudio técnico-científico que determine con certeza la cobertura boscosa del inmueble desde 1994, la homologación ignoró los principios ambientales constitucionales de precautorio, indubio pro natura, no regresión en materia ambiental, irreductibilidad del bosque y la objetivación de la tutela ambiental incorporados en el artículo 50 de la Constitución Política, que establecen la prevalencia de la protección jurídica del bosque en todo momento. En el noveno motivo, acusa que el Tribunal homologó la transacción parcial basándose en una indebida valoración del informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el cual solamente analiza los planos P-748062-2001 y P-1170755-2007, concluyendo que estos presentan 14,4 y 39,1 hectáreas de Patrimonio Natural del Estado, respectivamente. No obstante, menciona, el informe no incluye un método técnico-científico detallado que demuestre que el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas de Patrimonio Natural del Estado, careciendo de un estudio histórico foto-interpretativo de imágenes aéreas y/o satelitales, necesario para determinar con certeza si el terreno descrito en el plano 6-2200582-2020 estuvo cubierto de bosque desde 1994 hasta la fecha. Acusa, el informe omite la comprobación técnica y científica de dicha cobertura boscosa desde 1994, cuando el artículo 15 de la Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense no. 7471 estableció que los bienes no vendidos o transferidos al finalizar la liquidación del banco pasarán a ser propiedad del Estado, además, el Decreto Ejecutivo no. 28788-H del 2 de julio de 2000 dispuso que ciertos inmuebles en Puntarenas fueran donados al Instituto de Desarrollo Agrario. En el décimo agravio, sostiene que el vicio consiste en que la homologación del Tribunal valoró indebidamente el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 y el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, concluyendo que el inmueble descrito en el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado. Expresa, tanto el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, como el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, no contienen un estudio técnico-científico del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) que demuestre con certeza que el plano 6-2200582-2020 se encuentra fuera de las categorías VII y VIII, que son terrenos forestales y de aptitud forestal. Considera, la ausencia de un estudio técnico-científico del INTA que confirme con certeza que el plano 6-2200582-2020 está fuera de estas categorías implica que la homologación de la transacción ignoró principios ambientales de rango constitucional, como el principio precautorio o indubio pro natura, el principio de no regresión en materia ambiental, la irreductibilidad del bosque y la objetivación de la tutela ambiental o el principio de vinculación a la ciencia y la técnica. En el décimo primer motivo, acusa que el vicio consiste en que la homologación del Tribunal valoró indebidamente que el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 y el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, simplemente indicando que el inmueble descrito en el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado. Destaca, tanto el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, como el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, no contienen ningún método técnico-científico detallado que argumente y demuestre por qué el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado. Considera, los oficios del SINAC carecen de una relación detallada de sus resultados, así como de los elementos técnicos y probatorios utilizados para concluir que el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado. Concluye, la homologación de la transacción ignoró el principio ambiental de rango constitucional de la objetivación de la tutela ambiental, o el principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, incorporado en el artículo 50 de la Constitución Política. En el décimo segundo agravio, sostiene que el error del Tribunal radica en homologar la transacción parcial mediante una valoración indebida del oficio SINAC-SE-IRT-136-2020, el cual señala que, según el levantamiento del Patrimonio Natural del Estado realizado por el Área de Conservación La Amistad Pacífico en el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, el plano 6-2200582-2020 no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado; sin embargo, el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 carece de un método técnico-científico detallado que argumente y demuestre que el plano 6-2200582-2020 no presenta ninguna área de Patrimonio Natural del Estado, ya que simplemente se limita a afirmar que, según el informe ACLAP-SRCB-1345-2013, dicho plano no presenta áreas declaradas como Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, el oficio SINAC-SE-IRT-136-2020 no contiene ningún estudio histórico foto-interpretativo de imágenes aéreas o satelitales que demuestre con certeza si el terreno descrito en el plano 6-2200582-2020 estaba cubierto de bosque desde 1994 hasta el presente. No es necesario que el Patrimonio Natural del Estado sea declarado como tal, ya que los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal no. 7575 protegen los recursos naturales para que los bosques del Estado y sus instituciones públicas tengan una afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado. Considera, dicho oficio omitió la comprobación técnica y científica de la cobertura boscosa desde 1994, dado que, si el terreno tuvo cobertura boscosa en ese año, se incorporaría automáticamente al Patrimonio Natural del Estado. En el décimo tercer motivo, acusa que la homologación del Tribunal valoró indebidamente los documentos SINAC-SE-IRT-136-2020 y ACLAP-SRCB-1345-2013, al concluir que el inmueble descrito en el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado. Acusa, ambos documentos carecen de un estudio técnico-científico del uso conforme de las tierras del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Revela, este estudio sería necesario para demostrar con certeza que el plano número 6-2200582-2020 está fuera de las categorías VII y VIII, áreas de terrenos forestales y de aptitud forestal definidas en el artículo 13 de la Ley Forestal no. 7575, que incluyen el Patrimonio Natural del Estado. Afirma, la falta de este estudio técnico-científico implica que la homologación omitió aplicar los principios ambientales de rango constitucional, tales como el principio precautorio o indubio pro natura, el principio de no regresión en materia ambiental, el principio de irreductibilidad del bosque y el principio de objetivación de la tutela ambiental, o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. En el décimo cuarto agravio, sostiene que la homologación determinó que el inmueble descrito en el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado, ignorando que los bosques del Estado y de sus instituciones públicas tienen una afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado. Expresa, la homologación de la transacción parcial carece del estudio histórico foto-interpretativo de imágenes aéreas y/o satelitales que debe realizar el SINAC para demostrar con certeza que, desde 1994 hasta el presente, el terreno descrito en el plano 6-2200582-2020 ha tenido cobertura boscosa. Afirma, la falta de este estudio es crucial, ya que, si se hubiera comprobado que el terreno tenía cobertura boscosa durante esos años, este se habría incorporado automáticamente al Patrimonio Natural del Estado, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense no. 7471 del 27 de diciembre de 1994; además, el Decreto Ejecutivo número 28788-H del 02 de julio del 2000 dispuso que los inmuebles ubicados en Puntarenas, matrículas número 8508-000 y 12402-000, fueran donados al Instituto de Desarrollo Agrario. Destaca, al no existir un estudio técnico-científico que determinara con certeza la cobertura boscosa del inmueble desde 1994 hasta el presente, la homologación omitió aplicar la jurisprudencia constitucional de carácter vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el voto número 16975-2008 del 12 de noviembre de 2008 y el voto número 7934-2013 del 14 de junio de 2013, que establece que los bosques del Estado y de sus instituciones públicas tienen una afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado. Finalmente, en el décimo quinto motivo, acusa que la homologación determinó que el inmueble descrito en el plano 6-2200582-2020 no abarca Patrimonio Natural del Estado, ignorando que los terrenos forestales y de aptitud forestal del Estado y de sus instituciones públicas tienen una afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado. Argumenta, la homologación de la transacción parcial carece del estudio técnico-científico del uso conforme de las tierras del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), necesario para demostrar con certeza que el plano número 6-2200582-2020 se encuentra fuera de las categorías VII y VIII, que corresponden a áreas de terrenos forestales y de aptitud forestal. Indica, al no existir un estudio técnico-científico del INTA que determinara con certeza que el plano número 6-2200582-2020 se encuentra fuera de áreas de terrenos forestales y de aptitud forestal, la homologación omitió aplicar la jurisprudencia constitucional de carácter vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, establecida en el voto número 16975-2008 del 12 de noviembre de 2008 y en el voto número 7934-2013 del 14 de junio de 2013, que establece que las áreas de terrenos forestales y de aptitud forestal del Estado y de sus instituciones públicas tienen una afectación legal inmediata y automática al Patrimonio Natural del Estado. VII.- Analizados los anteriores planteamientos, se observa que el casacionista no respeta, las reglas que es menester acatar a la hora de interponer un recurso extraordinario de casación. En relación con los agravios por violación de normas sustantivas, hay que indicar, no basta en esta etapa procesal, expresar una serie de yerros, también es necesario indicar, la forma cómo este se presentó. En todos los quince agravios, el recurrente no se preocupa por desarrollar las exposiciones más allá de las simples disconformidades de criterio con los hechos probados y con la probanza que estima indebidamente valorada. Olvida que esta instancia procesal, no corresponde a un recurso ordinario (como es el de apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas, en tanto es menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su criterio, tuvo lugar. A partir de lo que se explicó en el considerando V, es claro que ambos alegatos, reseñados en los motivos del recurso, carecen de la fundamentación jurídica que, de manera sistemática y específica, combata los fundamentos de la resolución recurrida con otras razones normativas, y no con simples y genéricas disconformidades de criterio. No basta con hacer meras referencias a razones que subjetivamente se estimen como violaciones cometidas por el Tribunal para sustentar los planteamientos, pretendiendo, a partir de ello, desvirtuar la consideración de los Jueces sobre determinados extremos y en relación con probanza que estima fue preterida o indebidamente valorada. Es indispensable citar las normas jurídicas que estima lesionadas, vincularlas o relacionarlas con cada probanza indebidamente valorada, o al menos justificarla suficientemente, si estima que ese es el derecho de fondo combatido. Ejercicio y esfuerzo que se extraña en estos cargos. En orden a tales exigencias, es deber suyo, como parte interesada, evidenciar con cuidado y precisión los motivos concretos por los que se estima vulnerado en sus derechos, y particularizar las normas jurídicas que considera violadas, corolario del cargo que realiza. El recurso de casación, en orden a tales exigencias, debe bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento, para que la Sala Primera o el Tribunal de Casación lleve a cabo la labor contralora que le es propia y evitar que tenga que verse obligada a interpretarlo, más aún, realizar una labor de juez de instancia, a fin de desentrañar a qué se refiere el recurrente, es decir, esclarecer todo aquello que debió decir de modo explícito y comprensible. Toda la probanza acusada de preterida e indebidamente valorada en esos apartados del recurso, carecen de análisis normativo; es decir, no se encuentran relacionados a los fundamentos jurídicos de sus motivos. Se extraña este análisis, requisito lógico e indispensable si se recurre violación indirecta de normas por error de hecho y de derecho (artículos 138 incisos a), b) y 140 inciso c) del CPCA). Ergo, por un error en la técnica del recurso, omite citar y analizar la normativa de fondo lesionada, sea aquella atinente al caso en estudio. En los planteamientos citados, no se encuentra un solo análisis a los preceptos de fondo que se habrían violentado. En todo caso, se advierte, no basta citar los preceptos o traer a colación una serie de normas, es necesario realizar el desarrollo aquí comentado. Tampoco citando normas procesales o de valoración probatoria se tiene por solventado el requerimiento. Todo lo anterior, se insiste, es un requisito esencial de un recurso técnico y extraordinario como el de casación. Cada cargo es independiente y este enfoque debe realizarse en cada planteamiento con las normas atinentes al caso. Así, los alegatos traídos al asunto que se analiza, no van más allá de la simple referencia argumentativa y de reproche contra lo resuelto, sin que se refiera la forma en la que, conforme lo establece el canon 140 inciso c) del CPCA, la resolución recurrida contraviene el bloque de legalidad, ya que no esgrime ni explica la normativa sustantiva, que haya sido quebrantada por el fallo judicial. En estas condiciones, las argumentaciones indicadas resultan ayunas de la fundamentación exigida por el CPCA, motivo por el cual este órgano casacional también procederá a rechazarlas. VIII.- En suma, no habiendo prosperado ninguno de sus reproches, el recurso deberá rechazarse. Conforme a lo señalado por el artículo 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá imponerse al INDER, recurrente ante la Sala, el pago de las costas generadas con el ejercicio de esta instancia. POR TANTO Se rechaza de plano el recurso. Son las costas generadas con el ejercicio de esta instancia a cargo de la parte recurrente. JZUNIGAAL TSZSMLS7ZPK61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A 6BHWEDZP36I61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - MAGISTRADO/A MADXWYJCM5U61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A KF69QSRIBCE61 IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A F30347I7JXVY61 JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:42:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small First Chamber of the Court Resolution No. 01139 - 2024 Date of Resolution: August 30, 2024, at 2:35 p.m. Case File: 10-003499-1027-CA Drafted by: María Rosa Castro García Type of matter: COGNIZANCE Analyzed by: FIRST CHAMBER Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics: Admissibility. Cassation is an extraordinary instance, as it proceeds only for procedural and substantive grounds due to indirect violation (lack of adherence or contradiction, pretermission or improper weighing of evidence) and direct violation (incorrect interpretation, application, or improper non-application) (mandates 137 and 138 Administrative Litigation Procedure Code) and against judgments and orders with the character of a judgment that produce substantive res judicata; as well as resolutions that declare the claim inadmissible (ordinal 62.3 ibid.) or uphold the preliminary defenses of ordinal 92.6 ibid. Despite its anti-formalist vocation, admissibility requirements related to time, place, and form are contemplated; as well as the factual and legal motivation or basis of the case, as a material requirement (norm 139 ibid.). See resolution 318-2008 of the First Chamber (vote 1139-F-2024). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics: Grounding. Regarding grievances for violation of substantive norms, it is not enough at this procedural stage to express a series of errors; it is also necessary to indicate how it occurred. The appellant develops simple disagreements of criteria with the proven facts and with the evidence deemed improperly weighed, with the contrast of what was decided with the general infraction that, in their opinion, took place being necessary. Some allegations lack the legal grounding that, in a systematic and specific manner, combats the foundations of the appealed resolution with other normative reasons. It is essential to cite the legal norms considered violated, to link or relate them to each piece of evidence improperly weighed, or at least sufficiently justify it, if it is considered that this is the substantive law being challenged; an exercise and effort that is absent in the charges. All the evidence accused of being pretermitted and improperly weighed lacks normative analysis, that is, they are not found related to the legal foundations of its grounds; a logical and indispensable requirement if indirect violation of norms is appealed due to error of fact and law (articles 138.a and b and 140.c Administrative Litigation Procedure Code). In its arguments, no analysis of the substantive precepts that would have been violated is found. In any case, it is not enough to cite the precepts or bring up a series of norms; it is necessary to develop them. Nor does citing procedural or evidentiary weighing norms satisfy the requirement. Each charge is independent, and this approach must be carried out in each argument with the norms pertinent to the case (vote 1139-F-2024). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics: Costs. The appeal is rejected, and the appellant is ordered to pay the costs generated by the exercise of this instance (cardinal 150.3 Administrative Litigation Procedure Code) (vote 1139-F-2024). ... See more Citations of Legislation and Doctrine Text of the resolution FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours thirty-five minutes on the thirtieth of August, two thousand twenty-four. Cognizance proceeding filed by ELOY MÉNDEZ RAMÍREZ; against the STATE, the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, INDER), and the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC); in which, the representative of INDER files a cassation appeal against resolution no. 636-2023 of 14 hours 11 minutes on May 10, 2023, which resolves the homologation of a partial settlement (transacción parcial), as well as its addition and clarification issued at 15 hours 7 minutes on June 28, 2023, both issued by the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo), of the II Judicial Circuit of San José; integrated by Judge Gerardo Antonio Pérez Alfaro. The attorney Daniel Rojas Pochet participates as special judicial representative (apoderado especial judicial) of the plaintiff; the attorney Jonathan Jiménez Ruiz as special judicial representative of INDER; the attorney Andrés Alvarado Ramírez as special judicial representative of SINAC; and the Procurator Yannia Salas Víquez, representing the State. Drafted by Magistrate Castro García; WHEREAS I.- Cassation is classified as an extraordinary instance, basically for two reasons. First, because not every judicial resolution is subject to such an appeal, but only those contemplated by law. And, second, because the grounds for challenge in that review stage are not open but pre-established, in the same way, by the legal system. Regarding the first aspect, it should be noted, as a general rule, that judgments and orders with the character of a judgment capable of producing substantive res judicata are subject to the cassation appeal. Faced with this generic formula, the CPCA itself specifies some particular resolutions to which this option is granted. By way of example, among this possibility are: the one that declares the inadmissibility of the claim (art. 62.3) and the one that upholds the preliminary defenses indicated in section 6) of canon 92 of the cited Code. Therefore, ordinary orders and resolutions that do not define the merits of the matter or do not put an end to the proceeding are barred from the recourse path to the cassation stage. Regarding the grounds, it should be added that a duality operates between the procedural and the substantive. This is set forth in precepts 137 and 138 Ibid. For the former, a list is made in broad terms, with great coverage, and in the applicable premises, adjusted to the rules of orality. Regarding the substantive ones, a possible violation of the evidentiary elements is foreseen (due to lack of adherence or contradiction with them, or pretermission or improper weighing), commonly called “indirect violation.” On the other hand, forming part of this last group, there is the strictly normative violation, which occurs in the case of improper application, incorrect interpretation, or a reprehensible non-application of the norm, known in Costa Rican legal tradition as “direct violation.” II.- Once mention has been made of the resolutions subject to cassation appeal and its grounds, it is essential to focus on the necessary requirements for its admissibility. In this sense, it is good to remember that the anti-formalist vocation with which the CPCA bursts into the Costa Rican legal system permeates each and every one of its own institutes. In this way, the cassation appeal is also freed from excessive admissibility requirements, so that the cassation body (as the vertex of the system) can, most of the time, enter into the analysis of the alleged breaches, whether procedural or substantive, in fulfillment of the essential purpose of this jurisdictional instance and of those who resort to it. This is how a less rigorous cassation has been established regarding admissibility aspects, without abandoning the technicality that is its own nor its nature and essence, since ultimately its role and purpose remain intact within the modern procedural regime. III.- Now, despite the informality advocated by the current procedural legislation for formulating the cassation appeal, a series of minimum and essential requirements related to time, place, and form are articulated, as is logical. They are created by law, as they are essential for this particular extraordinary appeal, since without them there would be no order or procedural balance; however, they must be interpreted flexibly and reasonably, as it is necessary to remember that those indicated in article 139 of the reference Code are the only requirements and formalities foreseen for the cassation appeal, according to subsection 5) of that same precept. Thus, in section 1) of the recently cited norm, it is established that the mentioned appeal must be filed directly before the First Chamber of the Supreme Court of Justice or before the Administrative Litigation Cassation Court (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo). The system until now in force in civil procedural legislation is slightly modified for administrative litigation, given that now the Chamber or the Court not only rules on admissibility; in accordance with canon 142.1 of the Code of the matter, it notifies the opposing party within a period of 10 days (notifying them by the means they have established, in accordance with the communication previously sent by the lower court). This seeks the standardization of the recourse regime presented by the Code, given that, as a rule, whether ordinary or extraordinary, they are filed directly before the superior body charged with hearing them. In another order of ideas, in the same normative section, the period for its filing is established: 15 business days counted from the business day following the notification of all parties. If an addition or clarification has been filed, the indicated period will begin to run from the business day following the notification of all parties of what was resolved regarding it. Once the time and place of filing are passed, a series of “information” and “identification” requirements of the appellant and the proceeding are listed in section 2), which, by their nature (“data,” “procedural information”), can be corrected within a period of three days, pursuant to the provisions of numeral 141 of the same normative body. Thus, the following must be indicated: a) the type of proceeding; b) the full name of the parties; c) the signature of the appellant or appellants authenticated by a lawyer; d) time and date of the appealed resolution; e) case file number in which it was issued; and f) means to receive notifications. This completes the simple list of instrumental or adjective requirements of the appeal. Only in the event that the prevention issued to that effect is not complied with, will outright rejection and, therefore, the archiving of the matter be ordered, but in that case, not only for the omission itself, but for the disregard of what was judicially ordered. IV.- A final material requirement is added to the previous requirements (article 139.3 ibid.), as it is necessary for admissibility and for the subsequent evaluation of the appeal on the merits. It concerns the motivation (motivación) of the appeal, which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as provided by the precept under discussion, the factual and legal grounding (fundamentación fáctica y jurídica) of the case. Factual, to the extent that it shows disagreement with the facts that have been held as proven or unproven (which leads to the weighing of the evidence) or with the circumstances that occurred in the violation of procedural norms; and legal, when it is a problem presented regarding the application, omission, or improper interpretation of any norm that makes up the block of legality, including, of course, constitutional principles or that which also operates by reflexive or indirect effect, after the facts of the challenged judgment are modified. In both procedural and evidentiary violations, together with the legal reasons (always necessary), those of a factual nature may concur, and in that sense, the referred grounds must be directed along both lines, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that, by express legal mandate, the indication of those canons relating to the value of the improperly assessed evidentiary element or elements is exempted from the legal grounding. Likewise, it is not essential to cite the precepts that establish the requirements, deadlines, and basic rules for the admission of the appeal. Before citing the latter, what is essential is that they are complied with, that they are put into practice when drafting and filing the cassation. Thus, the grounding required by law can be understood, roughly, as that technical-legal argumentation in which a series of articles, or legal rules interwoven or concatenated with each other, are mentioned and reasonably linked in a double perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment under attack. To the extent that a set of legal norms (or if applicable, a single one of them) is cited that is pertinent and clearly linked to the challenged judgment (whether in its factual or legal basis) and the arguments of the appeal, there is legal grounding. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made, but generally do not form part of their essence. As the First Chamber and this Cassation Court have already ordered, interpreting the referenced article 139, “the appeal is required to have a minimum legal grounding [...] the reasons on which its action is based must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and recording, at least, some normative reference that gives it support” (resolution no. 318-A-2008, of 14 hours 25 minutes on May 8, 2008). The grounding is, therefore, alien to the confused display of norms and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the propriety or justice of the case; or, to the recounting of the errors considered committed in the appealed judgment without support in legal norms or criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship referred to, or the one it carries out is impertinent or manifestly and evidently disconnected from the case, it must be understood that it lacks “total legal grounding,” and, therefore, fails to comply with the necessary requirement established in numeral 139.3, which is sanctioned with outright rejection (rechazo de plano), pursuant to the provisions of article 140 subsection c), both of the same reference Code. V.- In this case, the representative of INDER intends to submit to the cognizance of this Chamber resolution no. 636-2023, issued by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), Second Judicial Circuit of San José, at 14 hours 11 minutes on May 10, 2023, and the one that resolved the addition and clarification at 15 hours 07 minutes on June 28, 2023, by which it ordered: “In accordance with the foregoing, and with article 76 of the Administrative Litigation Procedure Code, the partial settlement (transacción parcial) agreement presented is homologated, which was established in the following terms: \"FIRST: That Mr. ELOY MÉNDEZ RAMÍREZ commits to perpetually respect the forested areas and State Natural Heritage (patrimonio natural del Estado) in accordance with the regulations of the Forest Law (Ley Forestal) and the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). SECOND: That, in this same act, the representation of SINAC states its conformity with the property described by cadastral plan (plano catastrado) 6-2200582-2020 insofar as said property does not cover areas of State Natural Heritage as indicated by official letters (oficios) SINAC-SE-IRT-136-2020 of August 8, 2020, issued by the Department of Territorial Information and Regularization (Departamento del Información y Regularización Territorial) of SINAC, and report (informe) ACLAP-SRCB-1345-2013 of October 31, 2013. THIRD: Given that the property described by plan 6-2200582-2020 subject to the proceeding does not cover State Natural Heritage, the moving party withdraws the claim against the State and SINAC for lacking current interest because there are no claims against the co-defendants. FOURTH: Each party shall bear its own costs of this matter. FIFTH: Notifications. The parties indicate the following place for notifications derived from this agreement: Eloy Méndez Ramírez: With his special judicial representative, Daniel Rojas Pochet, via email [email protected], and subsidiarily, fax 2290-1405 / 2201-8707. SINAC: Via email [email protected] and subsidiarily the email [email protected]”. The same is of mandatory compliance and produces res judicata. In case of non-compliance, it will be proceeded in accordance with the judgment enforcement procedure.” (the underlining and highlighting are from the original). VI.- The cassation appellant presents their appeal structured in fifteen grievances (agravios), all for violation of substantive norms, alleging improper weighing of evidence (indebida valoración de la prueba) and improper legal grounding (indebida fundamentación jurídica). They indicate that the ground of article 134 subsection 1) and article 138 subsections a), c), and d) of the Administrative Litigation Procedure Code is present. In the first grievance, they accuse the homologation carried out by the Administrative Litigation Court of incurring in improper evidentiary weighing, which violates article 82 subsection 4) of the CPCA. They consider that this error transgresses the rules of sound judgment (sana crítica) and the principle of reasonable weighing of evidence (principio de valoración razonable de la prueba), essential for due process. They affirm that the error lies in not recognizing that plan number 6-2200582-2020 was canceled in the National Registry. They state that by homologating the partial settlement without considering this cancellation, legal validity was granted to an invalid cadastral plan, thus violating the fundamental norms of weighing of evidence and due process. In the second grievance, they accuse the Court of making an error by homologating the partial settlement based incorrectly on the weighing of report ACLAP-SRCB-1345-2013 of October 31, 2013, issued by the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico) of the National System of Conservation Areas. They maintain that said report only analyzes plans P-748062-2001 and P-1170755-2007, concluding that: 1. Plan P-748062-2001 presents 14.4 hectares of State Natural Heritage, and, 2. Plan P-1170755-2007 presents 39.1 hectares of State Natural Heritage; however, the report does not analyze the property described in plan 6-2200582-2020, since said plan was prepared in 2020, after the issuance of the report in 2013. Furthermore, they mention, the report does not conclude that plan 6-2200582-2020 does not present areas of State Natural Heritage and refers exclusively to plans P-748062-2001 and P-1170755-2007, not to plan 6-2200582-2020. In the third grievance, they accuse that the partial settlement was erroneously homologated based incorrectly on the weighing of official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 of August 8, 2020, issued by the Department of Territorial Information and Regularization of the National System of Conservation Areas, which affirms that, according to report ACLAP-SRCB-1345-2013, plan 6-2200582-2020 does not present areas declared as State Natural Heritage. However, this official letter lacks a detailed technical-scientific method supporting this affirmation. They highlight that report ACLAP-SRCB-1345-2013 analyzes only plans P-748062-2001 and P-1170755-2007, concluding that: 1. Plan P-748062-2001 presents 14.4 hectares of State Natural Heritage, and 2. Plan P-1170755-2007 presents 39.1 hectares of State Natural Heritage. They argue that the report does not analyze plan 6-2200582-2020, as it was prepared in 2020, after the issuance of the report in 2013. Therefore, the report contains no conclusion about the absence of areas of State Natural Heritage in plan 6-2200582-2020, and only refers to plans P-748062-2001 and P-1170755-2007. In the fourth grievance, they maintain that the Court homologated the partial settlement based incorrectly on the weighing of official letter SINAC-SE-IRT-136-2020, since said official letter indicates that, according to report ACLAP-SRCB-1345-2013, plan 6-2200582-2020 does not present areas declared as State Natural Heritage. However, this official letter lacks a detailed technical-scientific method demonstrating that plan 6-2200582-2020 does not present any area of State Natural Heritage. It is simply based on report ACLAP-SRCB-1345-2013, which only analyzes plans P-748062-2001 and P-1170755-2007. They add that official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 does not contain a historical technical-scientific study of aerial or satellite images that demonstrates with certainty the forest cover (cobertura boscosa) of the land described in plan 6-2200582-2020 from 1994 to date, and, according to articles 13 and 15 of the Forest Law (Ley Forestal) no. 7575, forests of the State and public institutions have an immediate and automatic legal encumbrance (afectación legal) to the State Natural Heritage if they are covered with forest. Furthermore, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) no. 28788-H of July 2, 2000, ordered that the properties in Puntarenas, registrations (matrículas) 8508-000 and 12402-000, be donated to the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario). In the fifth ground, they accuse that the Court homologated the partial settlement based erroneously on official letter SINAC-SE-IRT-136-2020, since said official letter affirms that, according to report ACLAP-SRCB-1345-2013, plan 6-2200582-2020 does not present areas declared as State Natural Heritage. However, the official letter lacks a detailed technical-scientific method demonstrating this affirmation. In their view, it is simply based on report ACLAP-SRCB-1345-2013, which only analyzes plans P-748062-2001 and P-1170755-2007, concluding that 1. Plan P-748062-2001 presents 14.4 hectares of State Natural Heritage, and 2. Plan P-1170755-2007 presents 39.1 hectares of State Natural Heritage. They indicate that report ACLAP-SRCB-1345-2013 does not analyze plan 6-2200582-2020, as it was prepared in 2020, after the issuance of the report in 2013. Therefore, the report contains no conclusion about the absence of areas of State Natural Heritage in plan 6-2200582-2020 and only refers to plans P-748062-2001 and P-1170755-2007. In the sixth grievance, they maintain that the Court homologated the partial settlement based on an improper evidentiary weighing of official letter SINAC-SE-IRT-136-2020, resulting in the non-application (inaplicación) of articles 13 and 15 of the Forest Law no. 7575, which protect the forests of the State and its public institutions, automatically incorporating them into the State Natural Heritage if they are covered with forest. They express that said official letter indicates that, according to report ACLAP-SRCB-1345-2013, plan 6-2200582-2020 does not present areas declared as State Natural Heritage; however, this official letter lacks a detailed technical-scientific method that precisely demonstrates that plan 6-2200582-2020 does not present any area of State Natural Heritage. They highlight that it is based solely on report ACLAP-SRCB-1345-2013, which analyzes only plans P-748062-2001 and P-1170755-2007; and the aforementioned official letter does not contain a historical technical-scientific study of aerial or satellite images that demonstrates whether the land described in plan 6-2200582-2020 was covered with forest from 1994 to date. In the seventh ground, they accuse that there was an improper evidentiary weighing of official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 and report ACLAP-SRCB-1345-2013 of October 31, 2013, both issued by the National System of Conservation Areas, failing to apply article 13 of the Forest Law no. 7575, which protects forest lands or lands of forest aptitude (terrenos forestales o de aptitud forestal) of the State and its public institutions, integrating them into the State Natural Heritage. They argue that neither official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 nor report ACLAP-SRCB-1345-2013 contain the technical-scientific study of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA) that would demonstrate with certainty that plan number 6-2200582-2020 is outside categories VII and VIII, which correspond to forest lands and lands of forest aptitude, thus forming the State Natural Heritage according to article 13 of the Forest Law no. 7575. In the eighth grievance, they maintain that the Court incurred an error by homologating the partial settlement, carrying out an improper weighing of official letter SINAC-SE-IRT-136-2020, which indicates that, according to report ACLAP-SRCB-1345-2013, plan 6-2200582-2020 does not present areas declared as State Natural Heritage; however, this official letter does not include a detailed technical-scientific method demonstrating that plan 6-2200582-2020 does not contain areas of State Natural Heritage, limiting itself to affirming that the plan does not present said areas, based on the mentioned report. They point out that official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 does not contain a historical photo-interpretive study (estudio histórico foto-interpretativo) of aerial and/or satellite images that demonstrates with certainty whether the land described in plan 6-2200582-2020 was covered with forest from 1994 to date. In their view, by lacking a technical-scientific study that determines with certainty the forest cover of the property since 1994, the homologation ignored the constitutional environmental principles of precautionary (precautorio), in dubio pro natura, non-regression (no regresión) in environmental matters, irreducibility of the forest (irreductibilidad del bosque), and the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental) incorporated in article 50 of the Political Constitution, which establish the prevalence of the legal protection of the forest at all times. In the ninth ground, they accuse that the Court homologated the partial settlement based on improper weighing of report ACLAP-SRCB-1345-2013, which only analyzes plans P-748062-2001 and P-1170755-2007, concluding that these present 14.4 and 39.1 hectares of State Natural Heritage, respectively. However, they mention, the report does not include a detailed technical-scientific method demonstrating that plan 6-2200582-2020 does not present areas of State Natural Heritage, lacking a historical photo-interpretive study of aerial and/or satellite images, necessary to determine with certainty whether the land described in plan 6-2200582-2020 was covered with forest from 1994 to date. They accuse that the report omits the technical and scientific verification of said forest cover since 1994, when article 15 of the Law for the Dissolution of the Anglo Costarricense Bank (Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense) no. 7471 established that assets not sold or transferred upon the completion of the bank's liquidation would become property of the State; furthermore, Executive Decree no. 28788-H of July 2, 2000, ordered that certain properties in Puntarenas be donated to the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario). In the tenth grievance, they maintain that the defect consists in that the Court's homologation improperly weighed official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 and report ACLAP-SRCB-1345-2013, concluding that the property described in plan 6-2200582-2020 does not cover State Natural Heritage. They express that both official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 and report ACLAP-SRCB-1345-2013 do not contain a technical-scientific study from the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA) that demonstrates with certainty that plan 6-2200582-2020 is outside categories VII and VIII, which are forest lands and lands of forest aptitude. They consider that the absence of a technical-scientific study from INTA confirming with certainty that plan 6-2200582-2020 is outside these categories implies that the homologation of the settlement ignored constitutional environmental principles, such as the precautionary principle or in dubio pro natura, the principle of non-regression in environmental matters, the irreducibility of the forest, and the objectification of environmental protection or the principle of linkage to science and technique (principio de vinculación a la ciencia y la técnica). In the eleventh ground, they accuse that the defect consists in that the Court's homologation improperly weighed that official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 and report ACLAP-SRCB-1345-2013 simply indicated that the property described in plan 6-2200582-2020 does not cover State Natural Heritage. They highlight that both official letter SINAC-SE-IRT-136-2020 and report ACLAP-SRCB-1345-2013 do not contain any detailed technical-scientific method that argues and demonstrates why plan 6-2200582-2020 does not cover State Natural Heritage. They consider that the official letters of SINAC lack a detailed account of their results, as well as the technical and evidentiary elements used to conclude that plan 6-2200582-2020 does not cover State Natural Heritage. They conclude that the homologation of the settlement ignored the constitutional environmental principle of the objectification of environmental protection, or the principle of linkage to science and technique, incorporated in article 50 of the Political Constitution. In the twelfth grievance, he maintains that the Tribunal's error lies in homologating the partial settlement through an improper assessment of official communication SINAC-SE-IRT-136-2020, which indicates that, according to the survey of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) conducted by the Área de Conservación La Amistad Pacífico in report ACLAP-SRCB-1345-2013, plan 6-2200582-2020 does not present areas declared as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado); however, official communication SINAC-SE-IRT-136-2020 lacks a detailed technical-scientific method that argues and demonstrates that plan 6-2200582-2020 does not present any area of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), since it merely states that, according to report ACLAP-SRCB-1345-2013, said plan does not present areas declared as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He maintains that official communication SINAC-SE-IRT-136-2020 does not contain any historical photo-interpretive study of aerial or satellite images that demonstrates with certainty whether the land described in plan 6-2200582-2020 was covered by forest from 1994 to the present. It is not necessary for the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) to be declared as such, since Articles 13 and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 protect natural resources so that the forests of the State and its public institutions have an immediate and automatic legal attachment to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He considers that said official communication omitted the technical and scientific verification of forest cover (cobertura boscosa) since 1994, given that, if the land had forest cover (cobertura boscosa) in that year, it would automatically be incorporated into the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). In the thirteenth ground, he accuses that the Tribunal's homologation improperly assessed documents SINAC-SE-IRT-136-2020 and ACLAP-SRCB-1345-2013, by concluding that the property described in plan 6-2200582-2020 does not encompass State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He accuses that both documents lack a technical-scientific study of the compliant land use (uso conforme de las tierras) from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). He reveals that this study would be necessary to demonstrate with certainty that plan number 6-2200582-2020 is outside categories VII and VIII, areas of forest lands (terrenos forestales) and lands of forest aptitude (aptitud forestal) defined in Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, which include the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He affirms that the lack of this technical-scientific study implies that the homologation omitted applying environmental principles of constitutional rank, such as the precautionary principle or in dubio pro natura principle, the principle of non-regression in environmental matters, the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest, and the principle of objectification of environmental protection, or the principle of adherence to science and technique, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. In the fourteenth grievance, he maintains that the homologation determined that the property described in plan 6-2200582-2020 does not encompass State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), ignoring that the forests of the State and its public institutions have an immediate and automatic legal attachment to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He states that the homologation of the partial settlement lacks the historical photo-interpretive study of aerial and/or satellite images that SINAC must carry out to demonstrate with certainty that, from 1994 to the present, the land described in plan 6-2200582-2020 has had forest cover (cobertura boscosa). He affirms that the lack of this study is crucial, since, if it had been proven that the land had forest cover (cobertura boscosa) during those years, it would have been automatically incorporated into the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), pursuant to Article 15 of the Law for the Dissolution of Banco Anglo Costarricense No. 7471 of December 27, 1994; furthermore, Executive Decree number 28788-H of July 2, 2000, ordered that the properties located in Puntarenas, registration numbers 8508-000 and 12402-000, be donated to the Instituto de Desarrollo Agrario. He stresses that, in the absence of a technical-scientific study that determined with certainty the forest cover (cobertura boscosa) of the property from 1994 to the present, the homologation omitted applying the binding constitutional jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, specifically vote number 16975-2008 of November 12, 2008, and vote number 7934-2013 of June 14, 2013, which establishes that the forests of the State and its public institutions have an immediate and automatic legal attachment to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Finally, in the fifteenth ground, he accuses that the homologation determined that the property described in plan 6-2200582-2020 does not encompass State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), ignoring that the forest lands (terrenos forestales) and lands of forest aptitude (aptitud forestal) of the State and its public institutions have an immediate and automatic legal attachment to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). He argues that the homologation of the partial settlement lacks the technical-scientific study of compliant land use (uso conforme de las tierras) from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), necessary to demonstrate with certainty that plan number 6-2200582-2020 is located outside categories VII and VIII, which correspond to areas of forest lands (terrenos forestales) and lands of forest aptitude (aptitud forestal). He indicates that, in the absence of a technical-scientific study from INTA that determined with certainty that plan number 6-2200582-2020 is located outside areas of forest lands (terrenos forestales) and lands of forest aptitude (aptitud forestal), the homologation omitted applying the binding constitutional jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, established in vote number 16975-2008 of November 12, 2008, and in vote number 7934-2013 of June 14, 2013, which establishes that the areas of forest lands (terrenos forestales) and lands of forest aptitude (aptitud forestal) of the State and its public institutions have an immediate and automatic legal attachment to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). VII.- Having analyzed the foregoing arguments, it is observed that the cassation appellant does not respect the rules that must be followed when filing an extraordinary cassation appeal. Regarding the grievances for violation of substantive norms, it must be stated that it is not enough at this procedural stage to express a series of errors; it is also necessary to indicate the manner in which they occurred. In all fifteen grievances, the appellant does not bother to develop the arguments beyond simple disagreements of opinion with the proven facts and with the evidence he deems improperly assessed. He forgets that this procedural instance does not correspond to an ordinary appeal (such as an appeal), nor is it sufficient to express a series of general and merely argumentative disagreements, as it is necessary, as has been said, to contrast what was decided with the general infraction that, in his opinion, took place. Based on what was explained in recital V, it is clear that both arguments, outlined in the grounds of the appeal, lack the legal foundation that, in a systematic and specific manner, combats the grounds of the appealed resolution with other normative reasons, and not with simple and generic disagreements of opinion. It is not enough to make mere references to reasons that are subjectively deemed as violations committed by the Tribunal to support the arguments, thereby attempting to refute the consideration of the Judges on certain points and in relation to evidence he deems was pretermitted or improperly assessed. It is essential to cite the legal norms that he deems violated, to link or relate them to each piece of improperly assessed evidence, or at least to sufficiently justify it, if he deems that this is the substantive right being contested. An exercise and effort that is lacking in these charges. In order to meet such requirements, it is his duty, as an interested party, to demonstrate with care and precision the concrete reasons for which he deems his rights violated, and to particularize the legal norms he considers violated, a corollary of the charge he makes. The cassation appeal, in order to meet such requirements, must be self-sufficient in terms of its full understanding, so that the First Chamber or the Court of Cassation can carry out its proper oversight function and avoid being forced to interpret it, much less, to perform the work of a trial judge, in order to unravel what the appellant is referring to, that is, to clarify everything that he should have stated explicitly and understandably. All the evidence accused of being pretermitted and improperly assessed in those sections of the appeal lacks normative analysis; that is, they are not related to the legal foundations of his grounds. This analysis is lacking, a logical and indispensable requirement if an indirect violation of norms due to error of fact and error of law is claimed (Articles 138 subsections a), b) and 140 subsection c) of the CPCA). Ergo, due to an error in the technique of the appeal, he omits citing and analyzing the substantive norms violated, that is, those pertinent to the case under study. In the cited arguments, there is not a single analysis of the substantive precepts that would have been violated. In any event, it is noted, it is not enough to cite the precepts or to bring up a series of norms; it is necessary to carry out the development discussed here. Nor is the requirement satisfied by citing procedural norms or norms on evidentiary assessment. All of the above, it is insisted, is an essential requirement of a technical and extraordinary appeal such as cassation. Each charge is independent, and this approach must be carried out in each argument with the norms pertinent to the case. Thus, the allegations brought to the matter under analysis do not go beyond simple argumentative reference and reproach of what was decided, without referring to the manner in which, as established by canon 140 subsection c) of the CPCA, the appealed resolution contravenes the block of legality, since it neither sets forth nor explains the substantive norms that were breached by the judicial ruling. Under these conditions, the indicated arguments are devoid of the foundation required by the CPCA, which is why this cassation body will also proceed to reject them. VIII.- In summary, since none of its reproaches has succeeded, the appeal must be rejected. As provided by Article 150.3 of the Contentious Administrative Procedure Code, the costs incurred in the exercise of this instance must be imposed on INDER, the appellant before the Chamber. THEREFORE The appeal is rejected outright. The costs incurred in the exercise of this instance are to be borne by the appellant. JZUNIGAAL TSZSMLS7ZPK61 LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRATE 6BHWEDZP36I61 MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - MAGISTRATE MADXWYJCM5U61 CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRATE KF69QSRIBCE61 IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRATE F30347I7JXVY61 JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRATE Classification prepared by the FIRST CHAMBER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. Faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 13:42:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República