Res. 01562-2024 Sala Primera de la Corte — INALIENABILITY OF FORESTED INDER LANDS BARS PRIVATE TITLINGInalienabilidad de terrenos boscosos del INDER impide su titulación privada

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01562 - 2024

Fecha de la Resolución: 07 de Noviembre del 2024 a las 09:15

Expediente: 15-010360-1027-CA

Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 15-010360-1027-CA

Res. 001562-F-S1-2024

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro .

 Proceso de lesividad interpuesto por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula de persona jurídica 4-000-042143, contra JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ y PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A., cédula de persona jurídica 3-101-352921. Figura el ESTADO como tercero interesado. Intervienen los abogados Karina Castro Leitón en su calidad de apoderada especial judicial del Instituto; José Luis Rodríguez Jiménez en su condición de apoderado especial judicial de la sociedad codemandada; Max Chinchilla Fernández en carácter de director del proceso del codemandado Porras Sánchez, y Susana Fallas Cubero en su condición de Procuradora. El representante de la sociedad codemandada formula recurso de casación contra la sentencia 2024002255, dictada a las catorce horas con veinticinco minutos del ocho de abril del dos mil veinticuatro por el Tribunal Contencioso Administrativo, integrado por las personas juzgadoras Eduardo González Segura, Lourdes Vargas Castillo y Marco Antonio Hernández Vargas.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez;

 

CONSIDERANDO

          El INDER inició proceso de lesividad con el objeto de que se disponga la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la autorización de segregación y traspaso de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que generó la titulación de la finca Partido de Puntarenas Folio Real matrícula 139716-000, a favor del señor José Delio Porras Sánchez, según plano catastrado P-0857134-2003. Explicó, en el trámite de adjudicación se incumplieron los requisitos dispuestos legalmente al efecto y este se dictó en detrimento del Patrimonio Natural del Estado.  Pretendió: “1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 1-39716-000 a favor del señor JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0857134-2003. 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139716-000 a favor del señor JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, de calidades antes indicadas, correspondiente al Plano Catastrado P-0857134-2003. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, Folio Real Matrícula número 139716-000 emitido por el Registro Nacional. 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare (sic) de la inscripción del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Provincia de Puntarenas Folio Real Matrícula número 139716-000. 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio”.  Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. contestó la demanda y opuso las excepciones de caducidad, prescripción y falta de derecho. Por resolución de las 14:50 horas del 4 de noviembre de 2016, la Jueza Tramitadora declaró en estado de rebeldía al codemandado José Delio Porras Sánchez y en relación con él tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos. En la audiencia preliminar del 12 de diciembre de 2016, la Jueza Tramitadora difirió las defensas previas de caducidad y prescripción para ser conocidas y resueltas en sentencia, además, la parte actora presentó solicitud de integración de litisconsorcio pasivo necesaria con el Estado y el SINAC, la cual fue rechazada posteriormente de forma interlocutoria. Además, debido a que el codemandado José Delio Porras Sánchez estaba declarado rebelde y se apersonó sin patrocinio letrado, el Tribunal Colegiado le previno que en el plazo de 15 días hábiles apersonara a un abogado que lo representara en el proceso.  El señor José Delio Porras Sánchez se apersonó al proceso, señaló medio para recibir notificaciones, contestó la demanda y opuso la excepción de falta de derecho. El Estado se apersonó como parte interesada. En sentencia 2024002255, dictada a las catorce horas con veinticinco minutos del ocho de abril del dos mil veinticuatro, por la antigua Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, rechazó las defensas de caducidad y prescripción, así como la excepción de falta de derecho, declaró con lugar la demanda interpuesta,  lesivo a los intereses públicos y, en consecuencia, anuló parcialmente el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 39, de la sesión 031-04, de fecha 23 de agosto del 2004, únicamente en lo que se refiere a la autorización de segregación y traspaso de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que generó la titulación de la finca Partido de Puntarenas Folio Real Matrícula 139716-000 a favor del señor José Delio Porras Sánchez, según plano catastrado P-0857134-2003. Por conexidad, anuló parcialmente la escritura pública ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, por medio de la cual el señor Marco Aurelio Bolaños Víquez, Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de ese ente, segregó de la finca folio real matrícula 219039-000 del partido de San José (Proyecto Puriscal-Parrita), la parcela 97044, según plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al señor José Delio Porras Sánchez. Por conexidad, anuló el asiento registral de inscripción de la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional, debiendo incorporarse el área de esa finca a la finca madre folio real matrícula 219039-000 de la provincia de San José, propiedad del INDER. Indicó, en caso de no poder volverse a incorporar esa área a la finca madre indicada, el Registro Nacional deberá inscribir el inmueble descrito en el plano P-857134-2003, a nombre del INDER como su dueño. Por conexidad, anuló el asiento registral de inscripción del plano de catastro número P-857134-2003 emitido por el Registro Nacional y resolvió sin especial condena en costas. Disconforme, el representante de la sociedad codemandada, interpuso recurso de casación.

Motivos de forma

      En el primer motivo de este tipo alega incongruencia.  Explica, de la demanda y contestación no se deriva que alguna de las partes haya solicitado que el inmueble 139716-000 de la provincia de Puntarenas, descrito en el plano P-857134-2003, se procediera a inscribir a nombre del INDER, lo único que se solicitó fue la declaratoria de lesividad del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto, en el artículo 29, de la sesión 031-04 de fecha 23 agosto de 2004, y por conexidad se procediere con la anulación de la inscripción del inmueble de cita.  Aduce, frente a lo planteado por las partes, el Tribunal incurre en un vicio de ultra petita y extra petita, al otorgar más de lo pedido y a su vez, al no ser coincidente con lo solicitado por las partes, al ordenar al Registro Nacional la inscripción del inmueble a nombre del INDER.  Señala, si bien el numeral 122.c CPCA, establece que dentro de las facultades del juzgador se encuentran la de modificar o adaptar, según corresponda, la conducta administrativa a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, que podría comprenderse como un pequeño margen de discrecionalidad, este no puede significar que quien juzga sustituya la voluntad de las partes que llevan a juicio sus pretensiones. Reitera, la actuación del Tribunal, al pretender la inscripción del inmueble a nombre del INDER, es arbitraria y confiscatoria, violenta el numeral 45 de la Constitución Política, desconociendo los derechos posesorios por más de 50 años, así como los títulos traslativos de dominio existentes.
  En la sentencia se tuvo por probado que el IDA -actual INDER- tenía un título registral sobre la parcela 97044, ya que formaba parte de la finca folio real matrícula 1-219039-000, inscrita a nombre del Instituto, y que la parcela 97044  tenía bosque porque la certificación SINAC-DSOFAU- 4264-2003 declaraba que ese terreno era constitutivo del Patrimonio Natural del Estado, en complemento con la escritura pública ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, que declaró que era terreno de montaña, ambos documentos coincidentes en el área descrita en el plano catastrado P-857134-03.  Así, consideró procedente por conexidad, anular el asiento registral de inscripción de la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, emitido por el Registro Nacional, debiendo incorporarse el área de esa finca a la finca madre folio real matrícula 219039- 000 de la provincia de San José, propiedad del INDER. Además, explicó que en caso de no poder volverse a incorporar esa área a la finca madre indicada, el Registro Nacional deberá inscribir el inmueble descrito en el plano P-857134-2003, a nombre del INDER.
     El agravio debe rechazarse.  Contrario a lo afirmado por el casacionista, el numeral 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo señala que la persona juzgadora, cuando declare procedente la pretensión, total o parcialmente, debe, según corresponda, entre otros, reconocer, restablecer o declarar cualquier situación jurídica tutelable, adoptando cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello.   En el caso concreto, al tener por probado que la parcela 97044, formaba parte de la finca folio real matrícula 1-219039-000, inscrita a nombre del IDA y que esta formaba parte del Patrimonio Natural del Estado por la naturaleza de bosque que ostentaba; entonces, ante la nulidad declarada, la disposición dada en la sentencia para restablecer esa condición respecto de la finca objeto del proceso, tiene asidero legal y por consiguiente, aun cuando tal pretensión no estuviera dentro de las expuestas por las partes, no existe incongruencia alguna, porque, como se dijo, su asiento es de orden normativo.  Por lo anterior, procede el rechazo del agravio. 

Motivos de fondo

         El primer motivo lo asientan en el numeral 138 inciso c del Código Procesal Contencioso Administrativo. Acusa, indebida valoración de los presupuestos jurídicos para la declaratoria de la lesividad de los actos.  Explica, el Tribunal realiza una errada valoración del elemento objetivo o temporal. Arguye, contrario a lo planteado en la sentencia que se recurre, la resolución administrativa que declara la lesividad no establece ni determina en forma alguna cuál es la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico que configura la invalidez del acto administrativo declarado lesivo (art. 158.2 de la Ley General de la Administración Pública); ni siquiera hace un análisis de los elementos del acto a fin de ubicar la existencia de algún vicio en uno de estos, según pauta orientadora del numeral 158.1 Ibidem, ni identifica frente a cuál, el interés público aquél otro acto resulta lesivo, lo cual obviamente no constituye una debida y correcta fundamentación, conforme a los artículos 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública. Aduce que, si bien ante evidente omisión, se pretende realizar la subsanación en el escrito inicial que suscribe el apoderado especial judicial del INDER, es una actuación que no le pertenece, no es el momento ni instancia, toda vez que es el acto administrativo el que debe contener por sí mismo todos sus elementos. Sostiene, contrario al criterio del Tribunal, es claro que, con los supuestos tres vicios de nulidad vertidos en la resolución administrativa, meditaron todo un análisis de motivos, tanto así que el representante legal de la parte actora procedió a verter su teoría del caso, como una forma de subsanar la evidente omisión existente del acto administrativo que realiza la declaratoria de lesividad del acto de titulación del inmueble 139716-000- Puntarenas, (art. 136.1 LGAP).  Dice, según se indica en el acuerdo de cita, se establecen como supuestas omisiones del INDER y, que sirven de base para la solicitud de lesividad, consistentes en la ausencia de “estudio de suelo” (hecho 6) y “estudio del IGN” (hecho 7), caen dentro de la esfera a lo sumo de la nulidad relativa, por tanto, es dable aplicar el régimen de saneamiento o convalidación de los actos administrativos; de forma que se está ante un grave vicio en el elemento objetivo para la declaratoria de lesividad del acto, máxime como se ha indicado, se pretende no solo anular un acto administrativo, sino suprimir y denegar derechos subjetivos. Añade, el supuesto faltante en el expediente administrativo del “estudio de suelo” y “estudio del IGN”, son elementos totalmente subsanables; circunstancia, que, a pesar de ser alegada, no entró el tribunal a valorar. Nótese que al estar ante defectos subsanables lo que la Administración debe hacer es aplicar el numeral el inciso 2 del numeral 174 de la Ley General de la Administración Pública. Añade,  el motivo que da sustento a la supuesta lesividad de los acuerdos de Junta Directiva del INDER, no poseen conexidad, ni causalidad con el proyecto de titulación del inmueble de mi representada, Puriscal Parrita, toda vez, que de la lectura integral del Informe No DFOE-PGAA-20-2008 de fecha 27 de agosto del 2008 de la Contraloría General de la República denominado “Resultados del Estudio de Titulación de Tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado”, elemento que es preterido por el Tribunal en su análisis, si bien forma parte de los hechos probados en el punto 10 (visible a folio 36), se dice que dicho informe “se hace referencia, entre otros, al Proyecto Puriscal-Parrita, Decreto N°3667-G del 17 de abril de 1974”, sin embargo, del simple cotejo del informe se puede encontrar que el proyecto de titulación Parrita, solamente se cita una única vez donde se mencionan los nombres de los proyectos de titulación realizados por el IDA, actual INDER; sin embargo, el proyecto Puriscal Parrita, no es objeto de análisis, circunstancia que deviene en absoluta trascendencia, toda vez, que la CGR, solicita realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho procedan a efecto de recuperar las tierras de los 15 casos que son analizados en el Informe Técnico, del cual no forma parte el inmueble, ni siquiera una sola propiedad del proyecto Puriscal -Parrita.  Continúa, en el punto segundo de dicho informe, se solicita realizar un análisis completo de las titulaciones efectuadas por el INDER, que no formaron parte de la muestra que realiza la CGR, a efecto de determinar si existen casos de titulaciones en terrenos propiedad de Patrimonio Natural del Estado, para realizar el proceso de recuperación, este último elemento, es determinante, toda vez, que de la totalidad del expediente judicial y expediente administrativo que remite el INDER; no existe prueba alguna de un análisis técnico o jurídico que venga a determinar cuáles fueron los elementos motivacionales para acreditar que efectivamente el inmueble que fue titulado administrativamente por el señor José Delio Porras era según el dicho de la administración dominio público. Aduce, el acto que declara la lesividad se sustenta únicamente en el supuesto faltante de dos elementos subsanables y una certificación del SINAC, que no posee motivación, ni argumentación técnica, versus las dimensiones que pretenden la declaratoria de lesividad del acto.  Dice, respecto, del presupuesto de temporalidad, se concluye en la sentencia que al ser el bien de carácter demanial, no se encontraba sujeto a plazo, encontrando sustento en la emisión de una certificación emitida por el MINAE, SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 del 21 de julio de 2003, donde dice “se determinó con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-857134-2003 a nombre del IDA, en posesión de José Delio Porras Sánchez, que este describe un inmueble que se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría en manejo administrativa por el Ministerio de Ambiente y Energía, sin embargo constituye Patrimonio Natural del Estado, según artículos 13, 14, y 15 de la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996.”.   Objeta, el inmueble nunca ha formado parte del Patrimonio Natural del Estado, porque según lo dispuesto por el legislador, debe interpretarse que la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien, al demostrar que han poseído por diez años o más en forma quieta pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueños, cuidando el terreno o bien el bosque delimitado con cercas o carriles y según consta en el expediente, por el mismo señor José Porras, quien realiza la titulación y el testigo, el inmueble, se encontró en posesión por parte de la familia Porras por más de cincuenta años, circunstancias que devienen en que no se cumplan con los presupuestos de la Ley 7575. Sustenta, el inmueble objeto de este proceso, no tiene la condición de bien de dominio público, la acción para establecer la lesividad en la vía contenciosa sí está sujeta a plazo, plazo que en el caso particular está sobrepasado pues vencía el 23 de agosto de 2008. Así, no se cumplen a cabalidad con los presupuestos para la lesividad.
                  El segundo agravio lo asienta en el numeral 138 incisos a) y c) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Acusa indebida valoración y pretensión probatoria.  Dice, el Tribunal determina que el bien que es objeto de este proceso es de dominio público, por una errada interpretación normativa que deriva en una conclusión equivocada de que el inmueble objeto de este proceso es bien de dominio público o Patrimonio Natural del Estado. Explica, partiendo de la supuesta interpretación de reserva nacional de la Ley 7575 de 1996, primeramente, el Decreto Ejecutivo 3667-G del 18 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 72 del 17 de abril de 1974, fue creado de conformidad con las entonces leyes 2825 Ley Tierras y Colonización de 14 de octubre de 1961 y la 5064 Ley de Titulación de 22 de agosto de 1972, no las normas de cita indicadas por el A quo, el decreto tiene a su vez asidero en lo establecido por la Ley 4686 de 3 de diciembre de 1970, que aprobó el Acuerdo de Préstamo entre los Gobiernos de la República de Costa Rica y de los Estados Unidos de América, por intermedio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.), lo que, dice, significa que como el caso de la propiedad que fue titulada, no era, ni fue propiedad del IDA hoy INDER, dado que provenía de una posesión, que cumplía con todos presupuestos de buena fe, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, por un plazo que inclusive supera sobradamente lo establecido por los numerales, se cumplía con todos los atributos necesarios para realizar un proceso de información posesoria, utilizando únicamente el trámite administrativo del INDER, como una forma de facilitar el proceso de inscripción ante el Registro Nacional, dicho trámite se realizó partiendo de la confianza legítima en la Administración, la cual hoy busca realizar una confiscación de hecho y desconocer los derechos de propiedad. Señala, la certificación SINAC-DSOFAU- 4264-2003, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, es el único elemento probatorio utilizado para declarar la demanialidad del inmueble, documento que concluye por la sola condición de que la finca no había sido inscrita por el titular y tener bosque, que es dominio público. Acusa, con esto se traslada la carga de la prueba a su representada de que el bien no es demanial, cuando es la institución que pretende la lesividad que debe hacerlo. Evidencia de ello, reprocha, son los hechos no probados que parten de dos supuestos, que la propiedad fuera de particulares (cuando existe un título de casi 50 años) y que la propiedad en algún momento fueran repastos, caña de azúcar o tacotales, a pesar de existir prueba.  Añade, el hecho de que el inmueble se encuentre a nombre del INDER, no puede ser base para atribuir que es de dominio público. Indica, la Ley N°7599 de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, no constituye un elemento que permita derivar que se trate de un bien de dominio público o Patrimonio Natural del Estado. Arguye, si bien, el numeral fue declarado inconstitucional, por evidentes elementos de incompetencia de INDER, el conceptualiza como reserva nacional, los terrenos que no estén inscritos a nombre de personas físicas o jurídicas, ni pertenecen al Estado, ni a sus instituciones, nótese que no se habla puntualmente sobre la naturaleza de estos, puesto que inclusive se hace mención en el numeral de inmuebles con aptitud agropecuaria, son considerados reserva nacional. Aduce, el numeral buscaba establecer el concepto de “reserva nacional”, a inmuebles no titulados; así que no podría atribuirse en automático sinónimo dominio público, pero la norma derogada, lo planteaba más bien como un requisito para realizar el trámite de titulación, sea que no se encontraba inscrito a nombre de ninguna persona, para proceder a la titulación.  En este sentido, señala, la misma Sala Constitucional analizó el contenido del numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, confirmando la posibilidad de titular inmuebles cubiertos de bosque, aun cuando fuera en áreas silvestres protegidas.  Menciona, el Patrimonio Natural del Estado, antes fue denominado Patrimonio Agrícola del Estado, donde para 1961, se entendía que comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales; características que no posee el inmueble del cual se pretende declarar la nulidad de su título; como se plantea con posteriores reformas fue introducido el concepto de reserva nacional, realizando la exclusión de los inmuebles que estuvieran amparados a una posesión decenal, dado que como se expone en el extracto de cita, los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio Agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico, tanto por el proceso de información posesoria, como por el procedimiento administrativo de titulación que realizaba el entonces IDA.  Aduce, es de importancia que el concepto de Patrimonio Natural del Estado fue acuñado finalmente, por la Ley N° 7575 Ley Forestal, del 16 de abril de 1996, donde en los numerales 13 y 14 dispone: "los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública", entran a formar parte de dominio público.   Considera, el legislador en la Ley Forestal 7575, en su artículo 72, introduce una modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite la titulación de terrenos cubiertos de bosque, aun en aquellos casos donde dichos terrenos formen parte de áreas silvestres protegidas, este elemento fue planteado desde el escrito de contestación, sin embargo, no fue de análisis en la sentencia que se recurre, por parte del Tribunal. Y es que, dice, a partir de lo dispuesto por el legislador, debe interpretarse que la naturaleza demanial del bien surge siempre y cuando no existan en el terreno poseedores que pudieren titular dicho bien, al demostrar que han poseído por diez años o más en forma quieta pública, pacífica ininterrumpida y a título de dueños, cuidando el bosque delimitado con cercas o carriles. Indica, en el expediente administrativo que dio origen a la titulación quedó acreditado que la finca no está ubicada en ningún área silvestre protegida, y que aun cuando es una finca con cobertura boscosa y tacotal según el plano de 2003, ha estado en posesión al menos decenal por el titulante Porras Sánchez. Continúa, si el dominio público se reconoce sin sujeción a esa excepción, nadie podría titular terrenos en bosque, caso en el cual el numeral 7 citado no tendría razón alguna de ser.  Acusa, el Tribunal, comete un error sustantivo en el análisis del expediente, por que inclusive del mismo se deriva, que el inmueble estuvo en posesión del señor José Delio Porras, sea que se procedió a inscribir a nombre del IDA (hoy INDER) para cumplir con el requisito, de forma que no se está ante un bien Patrimonio Natural del Estado, porque como consta en el expediente, existía una posesión que cumplía con todos los presupuestos sobre el inmueble que data de 1940, información que fue incorporada como prueba para mejor resolver en aras de la reconstrucción de la verdad real.  Solicita sea valorada bajo los presupuestos de razonabilidad y proporcionalidad, dado que permiten acreditar la existencia de una posesión que data de 1940, posteriormente, vende los derechos posesorios al señor Víctor Godínez en 1969, y éste, vende a quien fuera su padre el señor Filiberto Porras Fonseca, quien posteriormente dona los derechos de posesión sobre el inmueble en parte iguales a sus hijos Marvin y José Delio Porras. Sobre lo expuesto, considera, resulta vital para establecer elementos de juicio y valor, para demostrar el título traslativo de dominio del inmueble, tomando en consideración, que el área que fue poseída era mayor, cuando quien en vida el señor Filiberto Porras, traspasó la integralidad de la posesión a sus hijos Marvin Porras y José Delio Porras, la propiedad fue dividida, de forma que no responde a la realidad material en la integralidad del inmueble objeto de titulación, a su vez, de los documentos en mención, se puede derivar que la naturaleza del inmueble no siempre fue tacotal o montaña como refiere el plazo de 2003, sino que tuvo naturaleza de repasto, caña de azúcar, árboles frutales, tacotal. Dice, por las características de los documentos, permiten dar credibilidad respecto de su validez.  Arguye, a los efectos, la carga de la prueba para fundar la causal de nulidad absoluta es del INDER, y lo aportado no vino a establecer de manera indubitable que estamos ante un bien destinado al uso público o lograren acreditar que es un inmueble que se encuentra en zona marítimo terrestre, las islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los dos kilómetros de radio en Volcanes y Parques Nacionales, sea que fueran tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión; la realidad es que tampoco entran a desacreditar la posesión sobre dicho inmueble, puesto que es claro que para realizar el procedimiento en la vía administrativa se debía cumplir con dicho requisito. Dice, el Tribunal pretende desconocer los derechos de posesión inclusive del señor José Delio Porras y los anteriores poseedores, si bien es claro un poseedor no ostenta todos los atributos del dominio, esto no le limita el atributo de defensa y exclusión. Aduce, la posesión decenal del señor Porras Sánchez, fue uno de los requisitos para la titulación del inmueble, conforme a la declaración jurada visible a imágenes 43- 44 del expediente judicial y la prueba para mejor resolver, de imágenes 193- 199, que dan fe del título traslativo de dominio, de la posesión y la naturaleza del inmueble en el tiempo. Respecto al título traslativo de dominio, menciona, este plantea que los derechos posesorios fueron adquiridos por quien fuera padre de los señores Víctor Fonseca y Víctor Godínez, que la finca nunca fue del IDA -ahora INDER-, y se inscribió a nombre del IDA, solo para facilitar el proceso de titulación y, tiempo después la vendió a su representada, para actividades de ecoturismo. A pesar de ser un argumento alegado por las representaciones del señor Porras Sánchez como por la defensa de Paraísos Tropicales La Selvita, acusa, el Tribunal no entra en análisis de los elementos de la posesión, sino que a su vez realiza una grosera desacreditación de este. Afirma, es claro que el inmueble nunca fue del IDA, hoy INDER, que se utilizó la figura de la titulación administrativa únicamente, como un beneficio, partiendo de la confianza legítima en la Administración, de forma que no es correcto, venir a desconocer los atributos de posesión de buena fe, pública, pacífica e ininterrumpida por casi 50 años, al momento de realizar la titulación; dado que se convierte en una acción confiscatoria ilegítima del dominio privado, ocasionando una grave lesión a los principios de justicia y seguridad jurídica.  Argumenta, el INDER en la demanda admite que su actuación en la titulación se limitó a reconocer derechos ya adquiridos del titulante, quien cumplía con los requisitos respectivos y dice, salvo un documento sin sustento técnico, no cuenta la parte actora con prueba que venga a acreditar que el inmueble era de dominio público, circunstancia que en virtud de la declaratoria de lesividad les corresponde la carga de la prueba. 
Por la conexidad de ambos reproches se procederá al análisis conjunto de estos.  No obstante, de previo, resulta necesario analizar lo dispuesto en la sentencia para declarar con lugar la demanda.
 Al respecto, el Tribunal de forma general determinó que el acto impugnado presenta un vicio grave en el elemento motivo, dado que violentó directamente los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal (N°7575). Explicó, de conformidad con estas normas de rango legal, las áreas de bosque y terrenos forestales pertenecientes al Estado, a municipalidades y a entes autónomos, constituyen Patrimonio Natural del Estado, y en tal condición, resultan inembargables e inalienables; la posesión ejercida por particulares no genera derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria que ejerza el Estado es imprescriptible; además, no son susceptibles de ser inscritas mediante información posesoria. Adicionalmente, explicó, si estos terrenos del Estado, de municipalidades o de entes autónomos, están cubiertos de bosque, automáticamente quedan incorporados al Patrimonio Natural del Estado y dicha condición es per se una limitación legal para que tales terrenos sean enajenados e inscritos en el Registro Público. Detalló, en este caso, la certificación SINAC-DSOFAU- 4264-2003, emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, que fue presentada por el codemandado Porras Sánchez cuando éste gestionó ante el IDA la titulación de la parcela número 97044 de la finca 1-219039-000, claramente indicaba que el inmueble descrito en el plano catastrado P-857134-2003, constituía Patrimonio Natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, N°7575 del 16 de abril de 1996.  Indicó, la certificación referida es un documento público y, como tal, cuenta con plena autenticidad, validez y eficacia (artículo 45.1 y 45.2 del CPC). Señaló, la declaración contenida en ese documento, según la cual, el inmueble correspondiente al plano P-857134-2003, constituía Patrimonio Natural del Estado de conformidad con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, no podía ser obviada por la Administración del IDA (hoy INDER). Dijo, por imperio de ley, esa declaración contenida en la mencionada certificación impedía jurídicamente que el IDA enajenara la parcela 97044 de la finca de su propiedad folio real matrícula 1- 219039-000, toda vez que los terrenos formaban parte del Patrimonio Natural del Estado por tratarse de bosque dentro de una finca que era perteneciente al ente autónomo aquí actor (IDA), y siendo así se encontraban protegidos por la condición de inalienabilidad establecida por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Concluyó, esos terrenos sí tenían naturaleza de bosque al momento de que fueron enajenados a favor del codemandado José Delio Porras Sánchez, porque la escritura ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, por medio de la cual el IDA segregó la parcela número 97044, de la finca folio real matrícula 219039-000 del partido de San José (Proyecto Puriscal-Parrita), plano catastrado P-857134-03, y se la vendió al codemandado Porras Sánchez, claramente indica en su texto que la “…PARCELA NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO, … es terreno de montaña…”. Dijo, al ser un instrumento público, esa indicación consignada por el notario de que la parcela era terreno de montaña, hace plena prueba de que su naturaleza era de bosque y, debe recordarse que de conformidad con el artículo 31 del Código Notarial, en virtud de la fe pública se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él, en concordancia con el artículo 45.2 párrafo segundo del Código Procesal Civil, que dispone que el documento otorgado por las partes ante un notario hace fe, no solo de la existencia de la convención o disposición para la cual ha sido otorgado, sino aun de los hechos o actos jurídicos anteriores que se relatan en él. Por ende, sostuvo, la declaración contenida en la certificación SINAC-DS-OFAU-4264-2003, referente a que el área descrita en el plano catastrado P-857134-2003 era Patrimonio Natural del Estado, en complemento con la descripción contenida en la escritura pública ciento uno, otorgada ante el Notario Luis Enrique Wong Sánchez a las 9:00 horas del 9 de setiembre de 2004, según la cual, la parcela 97044, representada en el mismo plano catastrado P-857134-2003, era terreno de montaña, son pruebas claras y contundentes que acreditan sin lugar a dudas que esa porción de tierra que pertenecía al INDER, formaba parte de la finca 219039-000 de su propiedad, nunca debió ser segregada y traspasada al codemandado José Delio Porras Sánchez, porque la Ley Forestal lo impedía expresamente. Resumió la posición señalando, el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, contenido en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, es ilegal por haber segregado y enajenado en favor de un particular, señor José Delio Porras Sánchez, un inmueble que era parte del Patrimonio Natural del Estado, en abierta contradicción con los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Sustentó, ese acuerdo violó flagrantemente la inalienabilidad de los terrenos de bosque-montaña de la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que formaban parte de la finca 219039-000 perteneciente al IDA (hoy INDER), y autorizó su entrega a manos de un particular, existiendo una expresa prohibición legal para ello. Determinó, esta es causa suficiente para que el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del IDA en el artículo 39 de la sesión número 031-04 celebrada el 23 de agosto de 2004, sea absolutamente nulo, por haber incurrido en una infracción sustancial del ordenamiento jurídico (artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública), sea, la violación directa de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. 
     En cuanto a los dos temas concretos, en torno a los que giran los agravios,  el Tribunal, descartó los argumentos con el que las codemandadas aducen que el acuerdo no señaló los vicios y que los acusados eran subsanables por ser vicios de forma, explicando que la parcela 97044 del Proyecto Puriscal-Parrita, que le fue traspasada al señor José Delio Porras Sánchez y que generó la finca de la provincia de Puntarenas folio real matrícula 139716-000, estaba previamente inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, pues formaba parte de la finca folio real matrícula 1-219039-000. Por ello, si el IDA era el ente autónomo propietario, no poseedor, del área correspondiente a la parcela 97044, no resulta oponible alegar derechos de posesión del señor Porras Sánchez y de sus predecesores frente al derecho de propiedad del IDA sobre áreas que eran de dominio público (por ser Patrimonio Natural del Estado), con fundamento en el artículo 14 de la Ley Forestal, que claramente señala, la posesión sobre esos terrenos por parte de los particulares no causará derecho alguno a su favor, sumado a la innegable condición de inalienabilidad de los mismos, no sólo por las disposiciones de los numerales 14 y 15 de la Ley Forestal, sino además por la reiterada jurisprudencia constitucional que así lo ha establecido con base en el numeral 261 del Código Civil.  Además, expuso, el acuerdo de la Junta Directiva del INDER contenido en el artículo 47 de la sesión ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015, indica que en el expediente de titulación de la parcela 97044: i. consta certificación del MINAE que establece que la parcela constituía Patrimonio Natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal; ii. que no consta que se haya presentado estudio de uso conforme de suelos del INTA, y, iii. que no consta Informe del Instituto Geográfico Nacional. Además, dijo, a pesar de estos elementos, el acuerdo impugnado dio origen al título de propiedad que le fue dado -entre otros- a José Delio Porras Sánchez, y que ese acto es lesivo a los intereses públicos porque dicho título fue otorgado en detrimento del Patrimonio Natural del Estado. Por consiguiente, el acuerdo de la Junta Directiva del INDER contenido en el artículo 47 de la sesión ordinaria 36, celebrada el 5 de octubre de 2015, es claro y suficiente en su fundamentación, pudiendo determinarse a partir de dicha motivación que la infracción sustancial con el ordenamiento que presenta el acto cuestionado, es la violación de la inalienabilidad del terreno traspasado en contradicción con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, que impedía enajenar áreas que eran Patrimonio Natural del Estado. Por ende, concluyó, el acuerdo indicado sí cumple con las exigencias de los artículos 133, 136 y 158 de la Ley General de la Administración Pública. Además, dijo que son improcedentes los argumentos de que las supuestas omisiones consistentes en la ausencia de estudio de suelo y estudio del Instituto Geográfico Nacional, constituyan omisiones que caen dentro de la esfera de la nulidad relativa y dable aplicar el régimen de saneamiento o convalidación de los actos administrativos; ya que en el acuerdo hay una infracción sustancial al ordenamiento jurídico por la violación directa de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, al haberse enajenado terrenos que eran de bosque y formaban parte del Patrimonio Natural del Estado, siendo este motivo suficiente para que el acto cuestionado sea absolutamente nulo y fue claramente incluido dentro de la fundamentación del acuerdo que declaró su lesividad en vía administrativa. Por ende, consideró estéril discutir si la falta del estudio de suelo del INTA y la falta del informe del IGN, serían o no defectos que acarrean una nulidad relativa, porque aun suprimiendo estos requisitos que se estimaron ausentes en el acto impugnado, subsistiría la infracción de los numerales de la Ley Forestal indicados. Consecuentemente, resulta inaplicable el artículo 174 inciso 2 de la LGAP.   En cuanto al segundo tema relativo a que el titulante Porras Sánchez ejerció actos posesorios previos a la compra, explicó improcedente la invocación que hace la parte demandada a la excepción que establece el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, ya que los fines y alcances de la Ley de Informaciones Posesorias se circunscriben a regular la posesión sobre terrenos que carezcan de título inscrito, y en este caso, los terrenos de la parcela 97044 formaban parte de una finca que ya estaba previamente inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER), por consiguiente, los documentos privados de carta de venta, según las cuales, en 1969 Pedro Godínez Zúñiga le vendió a Víctor Godínez Zúñiga el derecho de posesión del área de la parcela 97044, y luego el 15 de abril de 1974 el señor Godínez se lo vendió a Filiberto Porras Quesada (quien se lo traspasó a su vez a José Delio Porras Sánchez), resultan irrelevantes e inoponibles para intentar justificar un mejor derecho del codemandado Porras Sánchez, además, señaló, estos documentos privados carecen de las solemnidades necesarias para darles algún valor, pues no están autenticados, no están protocolizados y no tienen fecha cierta, sumado a que la aparente área a la que se hace referencia en forma genérica en esos actos, no está respaldada por algún plano catastrado que permita su debida ubicación e identificación.   Apuntó,  al margen de lo dicho, la Ley de Informaciones Posesorias no es norma que resulte aplicable a este asunto, porque el título registral que el demandado José Delio Porras Sánchez obtuvo, correspondiente a la finca folio real matrícula 139716-000 de la provincia de Puntarenas, no nació a causa de la interposición y ejecución de un procedimiento de información posesoria (regulado por la Ley de Informaciones Posesorias), sino que surgió a causa de un procedimiento administrativo de Titulación tramitado ante el Instituto de Desarrollo Agrario, con base en un Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales (emitido por el IDA), que fue anulado por la Sala Constitucional en la sentencia N°2063-07 del 14 de febrero de 2007 de las 14:40 del 14 de febrero de 2007, aclarada por resolución 517-07 de las 18:19 horas del 28 de marzo de 2007. Explicó, este no es un proceso ordinario de acción reivindicatoria del INDER y contrademanda de usucapión de Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A., de consiguiente, la invocación que hace la codemandada de la Ley de Informaciones Posesorias y los temas que plantea no resultan procedentes en este asunto, porque exceden su objeto. Analizó, este es un proceso de lesividad en el que no se está discutiendo acerca del mejor derecho de posesión o de propiedad del señor José Delio Porras Sánchez sobre los terrenos de la parcela 97044, sino que se está discutiendo sobre la validez de un acto administrativo que autorizó un traspaso de ese inmueble a favor del señor Porras Sánchez, en violación del ordenamiento jurídico, en otras palabras, el objeto de este proceso es la revisión de la legalidad de esa conducta administrativa, y por conexidad la consecuencia jurídica derivada de ese acto administrativo que sería la nulidad del título inscribible que resultó de la ejecución del mismo. 
         Ambos agravios deben rechazarse.  Concuerda esta Cámara con el análisis probatorio y normativo realizado por el Tribunal.  Contrario a lo alegado por el casacionista, de la lectura de los documentos en los que se plasma la declaratoria de lesividad se puede constatar que la Administración detalló claramente los vicios que generan la nulidad absoluta, a saber: a) La determinación, por certificación del MINAE, de que la parcela constituía Patrimonio Natural del Estado según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal; b) que no consta que se haya presentado estudio de uso conforme de suelos del INTA, y, c) que no consta Informe del Instituto Geográfico Nacional.  En ese sentido, tal y como lo señala la sentencia, con solo la constatación del primero de ellos resulta suficiente para determinar la nulidad del acto administrativo.  Ahora bien, el casacionista combate ese fundamento de la sentencia explicando que la parcela no forma parte del Patrimonio Natural del Estado.  Asienta su posición en que existe un error en la certificación, en que el terreno era de siembra y no bosque y, por último, que ejerció actos posesorios de forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de 10 años, por lo que, de conformidad con la Ley de Informaciones Posesorias, debe reconocerse su derecho de propiedad.  Ninguno de estos argumentos resulta de recibo.  En cuanto al supuesto error en la certificación, lo dicho por el recurrente carece de prueba alguna y, no resulta de recibo sustentar una oposición a un documento público válido y eficaz, en su mero dicho.  En cuanto al destino del bien, tampoco hay en el expediente prueba alguna que sostenga lo argüido, y, por el contrario, como se evidencia en la sentencia, hay dos documentos públicos, la certificación emitida por el MINAE y la escritura pública, que sí dan cabida a la afirmación de que la zona es bosque.  Por último, concuerda esta Cámara con las personas juzgadoras en cuando aseveran, el objeto del proceso se circunscribe a determinar la existencia de vicios que generen nulidad absoluta del acto de adjudicación, lo cual quedó debidamente demostrado, por lo que cualquier discusión respecto de un mejor derecho de posesión o la aplicación de la Ley de Informaciones Posesorias carece de la posibilidad de ser atendido, puesto que no se está ante  un proceso ordinario de acción reivindicatoria y contrademanda de usucapión,  siendo que esos planteamientos resultan improcedentes en este asunto, ya que desbordan el objeto del proceso, pues, como se dijo, no existe un planteamiento de las partes en ese sentido, siendo la revisión de las conductas administrativas para determinar la procedencia de la lesividad,  lo único interpuesto en la demanda. Así, los agravios carecen de la fuerza para revertir lo dispuesto y, por el contrario, lo que procede es su rechazo. 
     En consecuencia, por todas las razones señaladas, el recurso deberá declararse sin lugar.  Son sus costas a cargo del perdidoso.              

POR TANTO

 Se declara sin lugar el recurso.  Son sus costas a cargo del perdidoso. KAM

 

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:19:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Resolution No. 01562 - 2024

Date of Resolution: November 7, 2024 at 09:15

Docket: 15-010360-1027-CA

Drafted by: Damaris María Vargas Vásquez

Type of matter: KNOWLEDGE

Analyzed by: SALA PRIMERA

Text of the resolution

Exp. 15-010360-1027-CA
Res. 001562-F-S1-2024
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on November seven, two thousand twenty-four.

Lesivity proceeding (proceso de lesividad) filed by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identification number 4-000-042143, against JOSÉ DELIO PORRAS SÁNCHEZ and PALACIOS Y PARAÍSOS TROPICALES LA SELVITA S.A., legal identification number 3-101-352921. The STATE appears as an interested third party. Attorneys Karina Castro Leitón appears in her capacity as special judicial representative of the Institute; José Luis Rodríguez Jiménez in his capacity as special judicial representative of the co-defendant corporation; Max Chinchilla Fernández in his capacity as process director for co-defendant Porras Sánchez, and Susana Fallas Cubero in her capacity as Procuradora. The representative of the co-defendant corporation files a cassation appeal against judgment 2024002255, delivered at fourteen hours twenty-five minutes on April eight, two thousand twenty-four, by the Tribunal Contencioso Administrativo, composed of the judges Eduardo González Segura, Lourdes Vargas Castillo, and Marco Antonio Hernández Vargas.

Justice Vargas Vásquez drafts;

CONSIDERING

          INDER initiated lesivity proceedings with the purpose of seeking the absolute nullity of the agreement adopted by the Institute's Board of Directors, in Article 39, of Session 031-04, dated August 23, 2004, solely with respect to the authorization for the segregation (segregación) and transfer of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which generated the titling of the property Partido de Puntarenas Folio Real registration number 139716-000, in favor of Mr. José Delio Porras Sánchez, according to cadastral plan P-0857134-2003. It explained that the adjudication process failed to comply with the legally established requirements for that purpose and was executed to the detriment of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). It sought: "1. That the present complaint be deemed filed. 2. That, as it is harmful to public interests, the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 39, of Session 031-04, dated August 23, 2004, be annulled, solely with respect to the titling of the property Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 1-39716-000 in favor of Mr. JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, of qualities previously indicated, corresponding to Cadastral Plan P-0857134-2003. 3. Consequently, that the public deed issued by the Instituto de Desarrollo Agrario be annulled, solely with respect to the titling of the property Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139716-000 in favor of Mr. JOSE DELIO PORRAS SÁNCHEZ, of qualities previously indicated, corresponding to Cadastral Plan P-0857134-2003. 4. Consequently, that the registry entry of inscription of the property registered under the Folio Real system Partido de Puntarenas, Folio Real Registration number 139716-000 issued by the National Registry be annulled. 5. Consequently, any inscription deriving from the inscription of the property registered in the National Registry, Province of Puntarenas Folio Real Registration number 139716-000 be annulled. 6. That the defendant be ordered to pay both costs of this proceeding." Palacios y Paraísos Tropicales La Selvita S.A. answered the complaint and raised the defenses of expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), and lack of right. By resolution at 14:50 hours on November 4, 2016, the Processing Judge declared co-defendant José Delio Porras Sánchez in default and, regarding him, deemed the complaint affirmatively answered concerning the facts. At the preliminary hearing on December 12, 2016, the Processing Judge deferred the preliminary defenses of expiration and statute of limitations to be addressed and resolved in judgment; additionally, the plaintiff filed a request for the necessary joinder of the State and SINAC as passive co-litigants, which was subsequently rejected on an interlocutory basis. Furthermore, because co-defendant José Delio Porras Sánchez was declared in default and appeared without legal representation, the Collegiate Court warned him to retain a lawyer to represent him in the process within a period of 15 business days. Mr. José Delio Porras Sánchez appeared in the process, indicated a means to receive notifications, answered the complaint, and raised the defense of lack of right. The State appeared as an interested party. In judgment 2024002255, delivered at fourteen hours twenty-five minutes on April eight, two thousand twenty-four, by the former Second Section of the Tribunal Contencioso Administrativo, it rejected the defenses of expiration and statute of limitations, as well as the exception of lack of right, declared the complaint filed to be with merit, harmful to public interests and, consequently, partially annulled the agreement adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 39, of Session 031-04, dated August 23, 2004, solely with respect to the authorization for the segregation and transfer of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which generated the titling of the property Partido de Puntarenas Folio Real Registration 139716-000 in favor of Mr. José Delio Porras Sánchez, according to cadastral plan P-0857134-2003. Consequently, it partially annulled public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 hours on September 9, 2004, through which Mr. Marco Aurelio Bolaños Víquez, General Manager of the Instituto de Desarrollo Agrario, acting as unlimited general power of attorney for that entity, segregated from the property folio real registration 219039-000 of the district of San José (Puriscal-Parrita Project), parcel 97044, according to cadastral plan P-857134-03, and sold it to Mr. José Delio Porras Sánchez. Consequently, it annulled the registry entry of inscription of the property folio real registration 139716-000 of the province of Puntarenas, issued by the National Registry, and ordered that the area of that property be incorporated into the parent property folio real registration 219039-000 of the province of San José, owned by INDER. It indicated that, should it not be possible to reincorporate that area into the indicated parent property, the National Registry must register the property described in plan P-857134-2003 in the name of INDER as its owner. Consequently, it annulled the registry entry of inscription of cadastral plan number P-857134-2003 issued by the National Registry and ruled without special award of costs. In disagreement, the representative of the co-defendant corporation filed a cassation appeal.

Procedural grounds

      In the first ground of this type, it alleges inconsistency (incongruencia). It explains that neither the complaint nor the answer derives from any party having requested that property 139716-000 of the province of Puntarenas, described in plan P-857134-2003, be registered in the name of INDER; the only thing requested was the declaration of lesivity of the agreement taken by the Institute's Board of Directors, in Article 29, of Session 031-04 dated August 23, 2004, and consequently, the annulment of the inscription of the cited property. It argues that, given what the parties raised, the Court incurred in a vice of ultra petita and extra petita, by granting more than what was requested and, in turn, by not coinciding with what the parties requested, ordering the National Registry to register the property in the name of INDER. It points out that, although numeral 122.c CPCA establishes that among the judge's powers is that of modifying or adapting, as appropriate, the administrative conduct to the rules established in the legal system, which could be understood as a small margin of discretion, this cannot mean that the judge substitutes the will of the parties who bring their claims to trial. It reiterates that the Court's action, in seeking the registration of the property in the name of INDER, is arbitrary and confiscatory, violating numeral 45 of the Political Constitution, ignoring possessory rights for more than 50 years, as well as the existing deeds transferring ownership.

  In the judgment, it was found proven that the IDA - now INDER - had a registered title over parcel 97044, since it formed part of the property folio real registration 1-219039-000, registered in the name of the Institute, and that parcel 97044 had forest because certification SINAC-DSOFAU-4264-2003 declared that said land constituted State Natural Heritage, in complement with public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 hours on September 9, 2004, which declared that it was mountain terrain, both documents coinciding in the area described in cadastral plan P-857134-03. Thus, it considered it appropriate to consequently annul the registry entry of inscription of the property folio real registration 139716-000 of the province of Puntarenas, issued by the National Registry, and that the area of that property be incorporated into the parent property folio real registration 219039-000 of the province of San José, owned by INDER. Furthermore, it explained that if it were not possible to reincorporate that area into the indicated parent property, the National Registry must register the property described in plan P-857134-2003 in the name of INDER.

     The challenge must be rejected. Contrary to what the appellant affirmed, numeral 122 of the Código Procesal Contencioso Administrativo indicates that the judge, when declaring the claim admissible, totally or partially, must, as appropriate, among other things, recognize, restore, or declare any protectable legal situation, adopting as many measures as are necessary and appropriate for that purpose. In the specific case, having found it proven that parcel 97044 formed part of the property folio real registration 1-219039-000, registered in the name of the IDA and that this formed part of the State Natural Heritage due to the forest nature it held; then, before the declared nullity, the provision given in the judgment to restore that condition regarding the property subject to the process has a legal basis and, consequently, even if such a claim was not among those raised by the parties, there is no inconsistency whatsoever, because, as stated, its basis is of a normative order. Therefore, the rejection of the challenge proceeds.

Substantive grounds

         The first ground is based on numeral 138 paragraph c of the Código Procesal Contencioso Administrativo. It challenges the improper assessment of the legal requirements for the declaration of lesivity of the acts. It explains that the Court makes an erroneous assessment of the objective or temporal element. It argues that, contrary to what was raised in the appealed judgment, the administrative resolution that declares the lesivity does not establish or determine in any way what the substantial disagreement with the legal system is that constitutes the invalidity of the administrative act declared harmful (art. 158.2 of the Ley General de la Administración Pública); it does not even make an analysis of the elements of the act in order to locate the existence of some vice in one of them, according to the guiding rule of numeral 158.1 Ibidem, nor does it identify against which public interest that other act is harmful, which obviously does not constitute proper and correct reasoning, in accordance with Articles 133 and 136 of the Ley General de la Administración Pública. It argues that, even if before an evident omission, an attempt is made to correct it in the initial pleading filed by the special judicial representative of INDER, this is an action that does not belong to him/her, it is not the right moment or instance, since it is the administrative act itself that must contain all its elements by itself. It maintains that, contrary to the Court's criterion, it is clear that with the three alleged nullity vices set forth in the administrative resolution, they pondered an entire analysis of reasons, so much so that the legal representative of the plaintiff proceeded to present his/her theory of the case as a way of correcting the evident omission existing in the administrative act that makes the declaration of lesivity of the titling act of property 139716-000- Puntarenas, (art. 136.1 LGAP). It says that, as indicated in the cited agreement, the alleged omissions of INDER that serve as the basis for the lesivity request are established, consisting of the absence of a "soil study" (hecho 6) and "IGN study" (hecho 7); these fall within the sphere of relative nullity at most, therefore, it is feasible to apply the regime of correction or validation (saneamiento o convalidación) of administrative acts; thus, there is a serious defect in the objective element for the declaration of lesivity of the act, especially since, as indicated, it seeks not only to annul an administrative act but also to suppress and deny subjective rights. It adds that the alleged missing "soil study" and "IGN study" in the administrative file are fully correctable elements; a circumstance that, despite being alleged, the court did not evaluate. Note that, being before correctable defects, what the Administration must do is apply paragraph 2 of numeral 174 of the Ley General de la Administración Pública. It adds that the reason supporting the alleged lesivity of the INDER Board of Directors' agreements lacks connection or causality with my represented party's property titling project, Puriscal Parrita, since a comprehensive reading of Report No. DFOE-PGAA-20-2008 dated August 27, 2008, from the Contraloría General de la República titled "Results of the Study of Land Titling in National Reserves on Lands Belonging to the State Natural Heritage," an element omitted by the Court in its analysis, although it forms part of the proven facts in point 10 (visible on folio 36), it is stated that said report "refers, among others, to the Puriscal-Parrita Project, Decreto N°3667-G de 17 de abril de 1974," however, from the simple comparison of the report, one can find that the Parrita titling project is only cited once where the names of the titling projects carried out by the IDA, now INDER, are mentioned; however, the Puriscal Parrita project is not an object of analysis, a circumstance that becomes absolutely transcendental, since the CGR requests carrying out the administrative procedures and actions legally appropriate to recover the lands of the 15 cases analyzed in the Technical Report, of which the property does not form part, nor even a single property of the Puriscal-Parrita project. It continues that in the second point of said report, a complete analysis of the titlings carried out by INDER that were not part of the sample taken by the CGR is requested, in order to determine if there are cases of titling on lands owned by the State Natural Heritage, to carry out the recovery process; this last element is decisive, since from the entirety of the judicial file and the administrative file submitted by INDER, there is no evidence whatsoever of a technical or legal analysis that determines what the motivational elements were to prove that the property administratively titled by Mr. José Delio Porras was, according to the administration's statement, public domain (dominio público). It argues that the act declaring the lesivity is based solely on the alleged absence of two correctable elements and a SINAC certification, which lacks reasoning and technical argumentation, versus the dimensions intended by the declaration of lesivity of the act. It says that, regarding the temporality requirement, the judgment concludes that, as the asset is of public domain character (carácter demanial), it was not subject to a deadline, finding support in the issuance of a certification issued by MINAE, SINAC-DS-OFAU-C-3125-2003 of July 21, 2003, where it says "it was determined based on the location shown in cadastral plan number P-857134-2003 in the name of the IDA, in possession of José Delio Porras Sánchez, that it describes a property located outside any protected wildlife area regardless of its administrative management category by the Ministerio de Ambiente y Energía, however it constitutes State Natural Heritage, according to Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575 of April 16, 1996." It objects that the property has never formed part of the State Natural Heritage, because according to what was established by the legislator, it must be interpreted that the public domain nature (naturaleza demanial) of the asset arises provided that there are no possessors on the land who could title said asset, by demonstrating that they have possessed it for ten years or more in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owners, caring for the land or the forest delimited with fences or firebreaks, and as stated in the file, by Mr. José Porras himself, who carries out the titling, and the witness, the property was found to be in possession by the Porras family for more than fifty years, circumstances that mean the requirements of Ley 7575 are not met. It maintains that the property subject to this process does not have the status of a public domain asset, and the action to establish lesivity in the contentious-administrative jurisdiction is subject to a statute of limitations, a period that in the particular case has been exceeded since it expired on August 23, 2008. Thus, the requirements for lesivity are not fully met.

                  The second challenge is based on numeral 138 paragraphs a) and c) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. It challenges improper assessment and evidentiary claim. It says that the Court determines that the asset subject to this process is public domain, based on an erroneous normative interpretation that leads to the mistaken conclusion that the property subject to this process is a public domain asset or State Natural Heritage. It explains that, starting from the supposed interpretation of national reserve of Ley 7575 of 1996, firstly, Decreto Ejecutivo 3667-G of March 18, 1974, published in the Official Gazette La Gaceta 72 of April 17, 1974, was created in accordance with the then laws 2825 Ley Tierras y Colonización of October 14, 1961 and 5064 Ley de Titulación of August 22, 1972, not the norms cited by the A quo; the decree in turn has its basis in what was established by Ley 4686 of December 3, 1970, which approved the Loan Agreement between the Governments of the Republic of Costa Rica and the United States of America, through the Agency for International Development (A.I.D.), which, it says, means that, as in the case of the property that was titled, it was not, nor was it, property of the IDA today INDER, given that it originated from a possession, which met all requirements of good faith, public, peaceful, uninterrupted, as owner, for a period that even amply exceeds what was established by the numerals; all the necessary attributes were met to carry out a possessory information process, using only the INDER administrative procedure, as a way to facilitate the registration process before the National Registry; said procedure was carried out based on legitimate trust in the Administration, which today seeks to carry out a de facto confiscation and disregard property rights. It points out that certification SINAC-DSOFAU- 4264-2003, issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, is the only evidentiary element used to declare the public domain character of the property, a document that concludes solely based on the condition that the property had not been registered by the titleholder and having forest, that it is public domain. It challenges that this shifts the burden of proof to its represented party to show that the asset is not public domain, when it is the institution seeking the lesivity that must do so. Evidence of this, it reproaches, are the unproven facts that start from two assumptions: that the property belonged to private individuals (when there is a title of almost 50 years) and that the property was at some point pastureland (repastos), sugar cane, or thickets (tacotales), despite evidence existing. It adds that the fact that the property is in the name of INDER cannot be a basis for attributing that it is public domain. It indicates that Ley N°7599 for the Titling of Lands Located in National Reserves does not constitute an element that allows deriving that it is a public domain asset or State Natural Heritage. It argues that, although the numeral was declared unconstitutional, for evident elements of INDER's incompetence, it conceptualizes as a national reserve (reserva nacional) lands that are not registered in the name of natural or legal persons, nor belong to the State or its institutions; note that it does not speak specifically about the nature of these, since mention is even made in the numeral of properties with agricultural suitability, considered national reserve. It argues that the numeral sought to establish the concept of "national reserve" for untitled properties; so it could not automatically be attributed as a synonym for public domain, but the repealed norm posed it rather as a requirement to carry out the titling process, i.e., that it was not registered in the name of any person, in order to proceed with the titling. In this sense, it points out that the Constitutional Chamber itself analyzed the content of numeral 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, confirming the possibility of titling properties covered by forest, even when they were in protected wildlife areas. It mentions that the State Natural Heritage was previously called State Agricultural Heritage (Patrimonio Agrícola del Estado), where by 1961, it was understood to comprise all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim (denuncio) or possession, among others, the maritime terrestrial zone, islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks; characteristics that the property whose title nullity is sought does not possess; as is set forth with subsequent reforms, the concept of national reserve was introduced, making the exclusion of properties that were protected by a ten-year possession, given that, as stated in the cited excerpt, lands that form part of national reserves, such as lands for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private individuals for more than ten years and that do not form part of the State Agricultural Heritage, were susceptible to legal recognition, both through the possessory information process and through the administrative titling procedure carried out by the then IDA. It argues that it is important that the concept of State Natural Heritage was finally coined by Ley N° 7575 Ley Forestal, of April 16, 1996, where numerals 13 and 14 provide: "the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration," enter to form part of the public domain. It considers that the legislator in Ley Forestal 7575, in its article 72, introduces a modification to article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which allows the titling of lands covered by forest, even in those cases where said lands form part of protected wildlife areas; this element was raised in the answer brief but was not analyzed in the appealed judgment by the Court. And, it says, based on what was established by the legislator, it must be interpreted that the public domain nature of the asset arises provided that there are no possessors on the land who could title said asset, by demonstrating that they have possessed it for ten years or more in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owners, caring for the forest delimited with fences or firebreaks. It indicates that in the administrative file that gave rise to the titling, it was proven that the property is not located in any protected wildlife area, and that even though it is a property with forest cover (cobertura boscosa) and thicket according to the 2003 plan, it has been in at least ten-year possession by the titleholder Porras Sánchez. It continues that if public domain were recognized without being subject to that exception, no one could title lands in forest, in which case cited numeral 7 would have no reason to exist. It challenges that the Court commits a substantive error in the analysis of the file, because even from the file itself, it is derived that the property was in possession of Mr. José Delio Porras, i.e., it was registered in the name of the IDA (today INDER) to comply with the requirement, so that it is not a State Natural Heritage asset, because, as stated in the file, there was a possession that met all the requirements over the property dating back to 1940, information that was incorporated as evidence for better provision in the interest of reconstructing the real truth. It requests that it be evaluated under the principles of reasonableness and proportionality, given that they allow proving the existence of a possession dating from 1940; subsequently, the possessory rights are sold to Mr. Víctor Godínez in 1969, and he sells to who was his father, Mr. Filiberto Porras Fonseca, who subsequently donates the possession rights over the property in equal parts to his sons Marvin and José Delio Porras. Regarding the foregoing, it considers it vital to establish elements of judgment and value to demonstrate the title transferring ownership of the property, taking into consideration that the area that was possessed was larger; when the late Mr. Filiberto Porras transferred the entirety of the possession to his sons Marvin Porras and José Delio Porras, the property was divided, so that it does not correspond to the material reality in the entirety of the property subject to titling; in turn, from the documents in mention, it can be derived that the nature of the property was not always thicket or mountain as the 2003 plan refers, but rather it had the nature of pastureland, sugar cane, fruit trees, thicket. It says that, due to the characteristics of the documents, they allow credibility regarding their validity. It argues that, for these purposes, the burden of proof to base the cause of absolute nullity lies with INDER, and what was provided did not establish indisputably that we are before an asset destined for public use or succeeded in proving that it is a property located in the maritime terrestrial zone, islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the two-kilometer radius around Volcanoes and National Parks, i.e., that they were inalienable lands and not susceptible to acquisition by claim or possession; the reality is that they also do not succeed in discrediting the possession over said property, since it is clear that to carry out the procedure in the administrative route, that requirement had to be met. It says the Court seeks to ignore the possessory rights including of Mr. José Delio Porras and the previous possessors; although it is clear a possessor does not hold all the attributes of ownership, this does not limit the attribute of defense and exclusion. It argues that the ten-year possession of Mr. Porras Sánchez was one of the requirements for the titling of the property, according to the sworn statement visible in images 43-44 of the judicial file and the evidence for better provision, images 193-199, which attest to the title transferring ownership, the possession, and the nature of the property over time. Regarding the title transferring ownership, it mentions that this establishes that the possessory rights were acquired by who was the father of Messrs. Víctor Fonseca and Víctor Godínez, that the property never belonged to the IDA -now INDER-, and it was registered in the name of the IDA, only to facilitate the titling process and, sometime later, it was sold to its represented party, for ecotourism activities. Despite being an argument alleged by the representations of Mr. Porras Sánchez and the defense of Paraísos Tropicales La Selvita, it challenges that the Court does not analyze the elements of possession, but rather grossly discredits it. It affirms it is clear that the property never belonged to the IDA, now INDER, that the figure of administrative titling was used only as a benefit, based on legitimate trust in the Administration, so it is not correct to come to disregard the attributes of bona fide possession, public, peaceful, and uninterrupted for almost 50 years at the time of titling; given that it becomes an illegitimate confiscatory action of private domain, causing serious harm to the principles of justice and legal certainty.

The INDER argues in its complaint that its action in the titling process was limited to recognizing already-acquired rights of the titleholder, who met the respective requirements, and states that, except for one document lacking technical support, the plaintiff has no evidence to prove that the property was public domain, a circumstance for which, by virtue of the declaration of lesividad (declaratoria de lesividad), the burden of proof falls on them.
Given the connection between both objections, they will be analyzed jointly. However, beforehand, it is necessary to examine the provisions of the judgment that upheld the complaint.
In that regard, the lower court generally determined that the challenged act contains a serious defect in the motive element, given that it directly violated Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (Ley Forestal) (Law 7575). It explained that, in accordance with these legal provisions, forested areas and forest lands belonging to the State, municipalities, and autonomous entities constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and as such, are unseizable and inalienable; possession exercised by private parties does not generate any right in their favor, and the reivindicatory action brought by the State is imprescriptible; furthermore, they are not susceptible to being registered through possessory information (información posesoria). Additionally, it explained that if these lands of the State, municipalities, or autonomous entities are covered by forest, they are automatically incorporated into the State Natural Heritage, and that condition is per se a legal limitation preventing such lands from being alienated and registered in the Public Registry. It detailed that, in this case, certification SINAC-DSOFAU-4264-2003, issued by the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, which was presented by co-defendant Porras Sánchez when he processed the titling of parcel number 97044 of farm 1-219039-000 with the IDA, clearly indicated that the property described in cadastral plan P-857134-2003 constituted State Natural Heritage under Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, Law 7575 of April 16, 1996. It indicated that the referenced certification is a public document and, as such, has full authenticity, validity, and efficacy (Article 45.1 and 45.2 of the Civil Procedure Code). It noted that the declaration contained in that document, according to which the property corresponding to plan P-857134-2003 constituted State Natural Heritage in accordance with Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, could not be overlooked by the Administration of the IDA (now INDER). It stated that, by operation of law, that declaration contained in the aforementioned certification legally prevented the IDA from alienating parcel 97044 of the farm it owned under registered folio number 1-219039-000, since the lands formed part of the State Natural Heritage because they were forest within a farm belonging to the autonomous entity acting here as plaintiff (IDA), and that being the case, they were protected by the condition of inalienability established by Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law. It concluded that those lands did indeed have the nature of forest at the time they were alienated in favor of co-defendant José Delio Porras Sánchez, because deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, by means of which the IDA segregated parcel number 97044 from the farm under registered folio number 219039-000 of the San José circuit (Puriscal-Parrita Project), cadastral plan P-857134-03, and sold it to co-defendant Porras Sánchez, clearly indicates in its text that the “...PARCEL NINETY-SEVEN THOUSAND FORTY-FOUR, … is mountain terrain (terreno de montaña)…”. It stated that, being a public instrument, that indication by the notary that the parcel was mountain terrain provides full proof that its nature was forest and, it must be remembered that in accordance with Article 31 of the Notarial Code, by virtue of public faith, the statements of the notary contained in the instruments and other documents authorized by him are presumed true, in concordance with Article 45.2, second paragraph, of the Civil Procedure Code, which provides that a document granted by the parties before a notary attests not only to the existence of the agreement or provision for which it was granted, but also to the previous legal facts or acts related therein. Therefore, it held that the declaration contained in certification SINAC-DS-OFAU-4264-2003, stating that the area described in cadastral plan P-857134-2003 was State Natural Heritage, together with the description contained in public deed number one hundred one, granted before Notary Luis Enrique Wong Sánchez at 9:00 a.m. on September 9, 2004, according to which parcel 97044, depicted in the same cadastral plan P-857134-2003, was mountain terrain, constitute clear and conclusive evidence proving without doubt that that portion of land that belonged to the INDER, forming part of farm 219039-000 owned by it, should never have been segregated and transferred to co-defendant José Delio Porras Sánchez, because the Forest Law expressly prohibited it. It summarized the position by noting that the agreement of the IDA Board of Directors, contained in Article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, is illegal for having segregated and alienated in favor of a private individual, Mr. José Delio Porras Sánchez, a property that was part of the State Natural Heritage, in open contradiction with numerals 13, 14, and 15 of the Forest Law. It held that this agreement flagrantly violated the inalienability of the forest-mountain lands of parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which formed part of farm 219039-000 belonging to the IDA (now INDER), and authorized its transfer into the hands of a private individual, despite an express legal prohibition against doing so. It determined that this is sufficient cause for the agreement adopted by the IDA Board of Directors in Article 39 of session number 031-04 held on August 23, 2004, to be absolutely null, for having incurred a substantial violation of the legal order (Article 158 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)), that is, the direct violation of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law.
Regarding the two specific issues around which the grievances revolve, the lower court dismissed the arguments by which the co-defendants claim that the agreement did not point out the defects and that the alleged defects were curable because they were formal defects, explaining that parcel 97044 of the Puriscal-Parrita Project, which was transferred to Mr. José Delio Porras Sánchez and which generated farm of the province of Puntarenas under registered folio number 139716-000, was previously registered in the name of the Institute of Agricultural Development, as it formed part of the farm under registered folio number 1-219039-000. Therefore, if the IDA was the autonomous entity owner, not possessor, of the area corresponding to parcel 97044, it is not permissible to claim possessory rights of Mr. Porras Sánchez and his predecessors against the IDA’s ownership right over areas that were public domain (because they are State Natural Heritage), based on Article 14 of the Forest Law, which clearly states that possession over those lands by private parties shall not give rise to any right in their favor, in addition to the undeniable condition of inalienability of the same, not only due to the provisions of numerals 14 and 15 of the Forest Law, but also due to the reiterated constitutional jurisprudence that has so established based on numeral 261 of the Civil Code. Furthermore, it explained that the agreement of the INDER Board of Directors contained in Article 47 of ordinary session 36, held on October 5, 2015, indicates that in the titling file for parcel 97044: i. there is a certification from MINAE establishing that the parcel constituted State Natural Heritage under Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law; ii. there is no record that a conforming land-use study (estudio de uso conforme de suelos) from INTA was submitted; and, iii. there is no record of a Report from the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional). Furthermore, it stated that, despite these elements, the challenged agreement gave rise to the title of ownership that was granted – among others – to José Delio Porras Sánchez, and that this act is harmful (lesivo) to public interests because said title was granted to the detriment of the State Natural Heritage. Consequently, the agreement of the INDER Board of Directors contained in Article 47 of ordinary session 36, held on October 5, 2015, is clear and sufficient in its reasoning, it being determinable from said reasoning that the substantial violation of the legal order presented by the questioned act is the violation of the inalienability of the transferred land in contradiction with Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, which prevented alienating areas that were State Natural Heritage. Therefore, it concluded that the indicated agreement does meet the requirements of Articles 133, 136, and 158 of the General Law of Public Administration. Furthermore, it stated that the arguments are unfounded which claim that the supposed omissions consisting of the absence of a soil study and a study from the National Geographic Institute constitute omissions falling within the sphere of relative nullity and subject to the application of the regime of cure (saneamiento) or validation (convalidación) of administrative acts; given that in the agreement there is a substantial violation of the legal order due to the direct violation of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, because lands that were forest and formed part of the State Natural Heritage were alienated, this being sufficient grounds for the questioned act to be absolutely null, and it was clearly included within the reasoning of the agreement that declared its lesividad in the administrative proceeding. Therefore, it considered it fruitless to discuss whether the lack of the INTA soil study and the lack of the IGN report would or would not be defects entailing relative nullity, because even eliminating these requirements that were deemed absent in the challenged act, the violation of the indicated numerals of the Forest Law would still subsist. Consequently, Article 174, paragraph 2, of the LGAP is inapplicable. Regarding the second issue related to the titleholder Porras Sánchez having performed possessory acts prior to the purchase, it explained that the invocation by the defendant of the exception established in Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) is unfounded, since the purposes and scope of the Possessory Information Law are limited to regulating possession over lands lacking a registered title, and in this case, the lands of parcel 97044 formed part of a farm that was already previously registered in the name of the Institute of Agricultural Development (now INDER); consequently, the private sale documents, according to which, in 1969, Pedro Godínez Zúñiga sold Víctor Godínez Zúñiga the possessory right to the area of parcel 97044, and then, on April 15, 1974, Mr. Godínez sold it to Filiberto Porras Quesada (who in turn transferred it to José Delio Porras Sánchez), are irrelevant and unenforceable for attempting to justify a better right of co-defendant Porras Sánchez; moreover, it pointed out that these private documents lack the necessary formalities to give them any value, since they are not authenticated, are not protocolized, and have no fixed date, in addition to the fact that the apparent area referred to generically in those acts is not supported by any cadastral plan that allows its proper location and identification. It noted that, aside from what has been said, the Possessory Information Law is not a rule applicable to this matter, because the registered title that defendant José Delio Porras Sánchez obtained, corresponding to the farm under registered folio number 139716-000 of the province of Puntarenas, did not arise from the filing and execution of a possessory information proceeding (regulated by the Possessory Information Law), but rather arose from an administrative Titling proceeding processed before the Institute of Agricultural Development, based on a Regulation for the Titling of Lands in National Reserves (issued by the IDA), which was annulled by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in judgment No. 2063-07 of February 14, 2007, at 2:40 p.m. on February 14, 2007, clarified by resolution 517-07 at 6:19 p.m. on March 28, 2007. It explained that this is not an ordinary action for reivindication (acción reivindicatoria) by the INDER and counterclaim for adverse possession (usucapión) by Palacios and Paraísos Tropicales La Selvita S.A.; consequently, the invocation by the co-defendant of the Possessory Information Law and the issues it raises are not pertinent in this matter, because they exceed its object. It analyzed that this is a lesividad proceeding in which the better right of possession or ownership of Mr. José Delio Porras Sánchez over the lands of parcel 97044 is not being discussed, but rather the validity of an administrative act that authorized a transfer of that property in favor of Mr. Porras Sánchez, in violation of the legal order, in other words, the object of this proceeding is the review of the legality of that administrative conduct, and by connection, the legal consequence derived from that administrative act, which would be the nullity of the registrable title that resulted from its execution.
Both grievances must be rejected. This Chamber agrees with the evidentiary and normative analysis performed by the lower court. Contrary to what the appellant claims, from a reading of the documents in which the declaration of lesividad is set forth, it can be verified that the Administration clearly detailed the defects that generate absolute nullity, namely: a) The determination, by certification from MINAE, that the parcel constituted State Natural Heritage under Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law; b) that there is no record that a conforming land-use study from INTA was submitted; and, c) that there is no record of a Report from the National Geographic Institute. In that sense, as the judgment indicates, the verification of the first of these alone is sufficient to determine the nullity of the administrative act. Now, the appellant contests that basis of the judgment by explaining that the parcel is not part of the State Natural Heritage. They base their position on the existence of an error in the certification, that the land was for planting and not forest, and, finally, that they performed possessory acts publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owner for more than 10 years, and that, therefore, in accordance with the Possessory Information Law, their right of ownership must be recognized. None of these arguments is acceptable. Regarding the alleged error in the certification, what the appellant says lacks any proof, and it is not acceptable to base an opposition to a valid and effective public document on their mere statement. Regarding the use of the property, neither is there any proof in the file to support what is argued, and, on the contrary, as is evidenced in the judgment, there are two public documents, the certification issued by MINAE and the public deed, which do support the assertion that the area is forest. Finally, this Chamber agrees with the judges in that they assert that the object of the proceeding is limited to determining the existence of defects that generate absolute nullity of the adjudication act, which was duly demonstrated, and therefore any discussion regarding a better possessory right or the application of the Possessory Information Law cannot be addressed, since this is not an ordinary action for reivindication and counterclaim for adverse possession, those arguments being unfounded in this matter, as they exceed the object of the proceeding, since, as stated, there is no submission by the parties in that sense, the review of the administrative conduct to determine the appropriateness of the lesividad being the only thing raised in the complaint. Thus, the grievances lack the force to overturn what has been decided, and, on the contrary, they must be rejected.
Consequently, for all the stated reasons, the appeal shall be dismissed. Costs are to be borne by the losing party.

POR TANTO

The appeal is dismissed. Costs are to be borne by the losing party. KAM

 

 

 

  

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

  

 



Rocío Rojas Morales

  

 

Damaris Vargas Vásquez



Jorge Leiva Poveda

  

 

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 JGSXNTJD5VA61

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:19:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República