Res. 01624-2024 Sala Primera de la Corte — Annulment of construction permit in Cartago agricultural zoneAnulación de licencia de construcción en zona agropecuaria de Cartago

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01624 - 2024

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2024 a las 11:06

Expediente: 17-004347-1027-CA

Redactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp: 17-004347-1027-CA

 

Res. 001624-F-S1-2024

 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas seis minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticuatro .

Proceso ordinario interpuesto por SERGIO NAVARRO CERDAS, cédula de identidad 3-0339-0526, contra la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, representada por Wilberth Quesada Garita, cédula de identidad 3-0320-0395, en su calidad de apoderado especial judicial del Municipio, así como contra la sociedad LA ANGELINA ILSE UNO AP S.A., cédula de persona jurídica 3-101-716658, representada por la señora Patricia Hernández Conejo, cédula de identidad 1-981-700, en su calidad de Secretaria con facultades de apoderada generalísima sin límite de la sociedad. Actúa como apoderado especial del actor, el licenciado Marvin Alonso Villalobos García. En esa misma condición han actuado por la sociedad demandada, los licenciados Ronald Hidalgo Cuadra, cédula de identidad 1-595-023 (quien renunció antes de la celebración del juicio oral y público), Gonzalo Gutiérrez Acevedo, cédula de identidad 1-596-287 y Juan Guillermo Zamora Chavarría, cédula de identidad 1-548-308.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

 

CONSIDERANDO

I.- El 12 de mayo de 2017, Sergio Alberto Navarro Cerdas interpuso el presente proceso de conocimiento en contra de la Municipalidad de Cartago (en adelante la Municipalidad).  Según relató en su demanda, en el mes de mayo de 2015, luego de varios meses de buscar una propiedad en la comunidad de La Angelina en el San Nicolás de Cartago, adquirió la finca matrícula 198564-000 ubicada en el distrito San Nicolás, cantón Cartago, provincia de Cartago. De previo a ello, dijo, constató en el Plan Regulador Territorial del Cantón de Cartago (Plan Regulador en lo que resta) el tipo de zona en la que se encontraba la propiedad, los servicios públicos disponibles y algunos aspectos de seguridad. En febrero de 2016, refirió, a unos 500 metros de distancia de su predio, en un nivel inferior a su terreno, iniciaron una construcción que conforme iba avanzando pudo observar que no cumplía con los parámetros establecidos para las construcciones en la zona, pues se encuentra en Zona Agropecuaria, según el Plan Regulador que entró en vigencia en 2014. Esa zona, dice, a la luz del Plan Regulador tiene como objetivo preservar y consolidar la actividad agrícola, pecuaria y forestal, existente y futura, así como la contención del crecimiento urbano y el fortalecimiento del paisaje en el Cantón, entre otras. En esa misma línea, advirtió, la construcción de viviendas, la cual debe estar ligada a la actividad agropecuaria, no debe sobrepasar los 150 metros cuadrados. El Plan Regulador en su anexo uno, agregó, establece también que los lotes que se segreguen deben tener mínimo una medida de 5.000 metros cuadrados y las edificaciones una altura máxima de siete metros, así como una cobertura máxima de 10%. La casa aludida, mencionó, sobrepasa los 7 metros de altura y cuenta con más de 150 metros de construcción. Manifestó, entre junio y setiembre de 2016, visitó varias veces el Departamento de Urbanismo de la Municipalidad a presentar su queja formal ante las anomalías referidas. El funcionario Manuel Sánchez Zeledón, encargado de los trámites de la construcción cuestionada, narró, se comprometió a enviar un inspector a verificar la situación denunciada. En ese departamento, anotó, pudo constatar en planos, que la casa aludida tenía una dimensión de 490 metros cuadrados y una altura de 10.4 metros. El 4 octubre de 2016, contó, vecinos a la construcción objetada, mostraron ante la Municipalidad su preocupación sobre un aparente condominio que se decía se iba a erigir en el terreno donde se construía la obra civil cuestionada. Días después, comentó, la Municipalidad realizó una inspección en la obra denunciada, en la cual él participó. El día 14 siguiente, expresó, presentó a la Municipalidad un documento donde adjuntó el permiso municipal no. 24700-A que se otorgó para la construcción en discusión, donde nuevamente hizo referencia a las infracciones al Plan Regular. Aludió a un oficio (Arqueología no. 063-2015 de 14 de noviembre de 2016), donde se notifica a la Municipalidad de una inspección que se realizó en la zona donde se ubica la edificación controvertida, en la cual se advierte de la necesidad de que el ente municipal comunique al Museo Nacional sobre los permisos que se estén otorgando en la zona para que se le dé seguimiento, por encontrarse adyacente al sitio arqueológico Aurora, aunque no se confirmó la presencia de evidencia cultural precolombina en el terreno. De esto, apuntó, se enteró por conversaciones con el señor Juan Carlos Guzmán, director del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad. El 8 de diciembre de 2016, señaló, la Municipalidad emitió la resolución URB-OF-1535-2016, donde se indica que en la construcción denunciada se hizo un piso adicional donde debía ir una losa de cimentación, por lo que al no cumplir con los parámetros del Plan Regulador se clausuró e inhabilitó ese piso añadido. Por último, subrayó, a la fecha de presentación de la demanda, la Municipalidad no se había manifestado sobre la segregación de 5 lotes con una medida inferior a la permitida, sobre la altura y metros cuadrados en exceso permitidos a la construcción refutada y sobre el uso del terreno. Pretende con la interposición de presente proceso: "A- Que se declare disconforme con el ordenamiento jurídico vigente la licencia de construcción 24700-A del Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de Cartago en cuanto a 1- el área de construcción de la vivienda, 2- la altura de la vivienda y 3- la no verificación de la vinculación a las actividades agraria, pecuaria o forestal y por tanto su nulidad y su invalidez jurídica. / B-Que se condene a la Municipalidad de Cartago a que en adelante omita dar licencias de construcción a ciudadanos para 1- construir casas no ligadas a la actividad agraria, pecuaria o forestal 2- construir casas de más de 7 metros de altura hasta la cumbrera del techo y 3- construir casas de más de 150 metros cuadrados de construcción entre área del piso sujetada al suelo y área de plantas superiores. / C- Que se condene a la Administración a abstenerse de realizar conductas que lesione el interés público y / CH- Que se condene a la Municipalidad de Cartago al pago de daños y perjuicios subjetivos y daño ambiental colectivo. Por el daño moral, psicológico y material estimo una suma a resarcir de 20 millones de colones por el daño material, 20 millones de colones por el daño psicológico y 30 millones de colones por el daño moral. Además como daño ambiental lo estimo prudencialmente en 25 millones de colones. / En el tanto la Municipalidad realiza un acto nulo por su disconformidad con el ordenamiento jurídico se ocasiona un daño material ya que permite la construcción de una mega-casa que no encuentra equilibrio con la zona agropecuaria por lo que ese desequilibrio hace que el rubro de vista para la valoración económica de mi propiedad desaparezca para potenciales compradores amantes de lo verde y lo rural. A su vez, este permiso ilegal y su consecuencia directa que consiste en la construcción de marras me ha perturbado mentalmente de forma considerable ya que dentro de mis perspectivas y ambiciones nunca esperé que un órgano estatal fuera a violentar tan groseramente el Plan Regulador por lo que me ha generado angustia, enojo y desilusión. Además, todo (sic) esta situación hace que mis sentimientos y mi noción de lo bueno y lo malo se haya visto afectado ya que he tenido que sufrir por un acto indecente, he tenido que gastar tiempo y energías en la lucha por hacer verle a la Municipalidad su acto y no obtener una respuesta. Además, el emitir un permiso de construcción ilegal ha provocado que los objetivos del Plan Regulador en cuanto al uso del suelo en la zona agropecuaria de Cartago se haya vulnerado ocasionando que tierra para el cultivo se haya eliminado, que el paisaje se haya desentonado y que familias citadinas perturben la cultura rural de Cartago". Por resolución de las 10 horas 17 minutos del 15 de junio de 2017, se integró de oficio como litis consorte pasivo necesario, a la sociedad La Angelina Ilse Uno AP, S.A. (La Angelina en lo sucesivo), propietaria de la construcción cuestionada. La Municipalidad contestó en forma negativa e interpuso la defensa previa de falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de derecho y falta de legitimación activa. La sociedad codemandada contestó igualmente de forma negativa y opuso la defensa previa de defectos en la demanda que impiden verter criterio sobre el fondo, así como la falta derecho como defensa de fondo.  En la audiencia preliminar celebrada el 18 de octubre de 2018, las pretensiones se fijaron tal y como estaban en el escrito de interposición de la demanda, con las siguientes aclaraciones: "En cuanto a la pretensión C se aclara que las conductas a las que se refiere es al otorgamiento de la licencia de construcción sin el amparo del plan regulador. En cuanto a la pretensión identificada como CH se aclara que el daño moral pretendido es subjetivo, en cuanto al daño material se aclara que es el otorgamiento de la licencia de construcción. En cuanto a los perjuicios se aclara que corresponde a la pérdida de valor de la propiedad del actor estimado en la suma de ¢15.000.000 de colones". Por resolución 1687-2028, se rechazaron las defensas previas interpuestas.

II.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, Segundo Circuito Judicial, San José, integrado por los jueces Rosa Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto y Billy Araya Olmos, mediante sentencia no. 78-2021-VIII, de las 11 horas 45 minutos del 8 de setiembre de 2021, resolvieron: “POR TANTO / Se rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Municipalidad de Cartago, con excepción de lo relativo a la condena del pago del daño ambiental. Se declara parcialmente con lugar la excepción de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad y la compañía La Angelina Use Uno AP S.A. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta en su contra por Sergio Navarro Cerdas, entendiéndose por denegada en lo no concedido expresamente, en los siguientes términos: 1) Se declara la nulidad absoluta   de   la   licencia de construcción   24700-A otorgada a la compañía demandada. 2) A la firmeza de esta sentencia se ordena poner en conocimiento de esta situación, al Alcalde de Cartago, al Concejo Municipal, para lo cual deberá a quien ejerza la Presidencia del Órgano, como a la Auditoría Municipal, con el fin de que se inicie una investigación para determinar si existen irregularidades, al menos respecto del visado de los planos que en esta sentencia se mencionan, incluido el de la propiedad codemandada, así como de las licencias de construcción que se han otorgado en el sector (Distrito 4 San Nicolás),  desde  la  entrada  en vigencia  del  plan  regulador, y tomar las acciones correspondientes para conservar la zona tal cual se estableció en el plan, así como para determinar las responsabilidades de los funcionarios que pudieren haber incurrido en acciones contrarias a derecho. A estos efectos contará la Municipalidad con un plazo de seis meses a partir de la firmeza de la sentencia, para presentar los resultados de la investigación en la etapa de ejecución de sentencia. Corresponderá a esta etapa valorar el informe presentado, autorizar las posibles prórrogas para que el mismo sea cumplido, sin que pueda excederse de un año, y tomar las medidas que considere pertinentes con base en los resultados de la investigación. 3) Se condena a la Municipalidad de Cartago a pagar al actor, la suma de un millón de colones, por concepto de daño moral subjetivo. Sobre la suma anterior correrán intereses legales, en la tasa establecida en el artículo 1163 del Código Civil, desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago. 4) Se condena a la Municipalidad de Cartago al pago de ambas costas del proceso. Respecto de la sociedad codemandada, se resuelve sin especial condenatoria en costas". La Municipalidad y la sociedad codemandada presentaron sendos recursos de casación.

De la solicitud de admisión de prueba nueva

III.- Solicita la empresa codemandada se admita como prueba documental nueva, el Oficio OPU-112-2015 emitido por el arquitecto Óscar López Valverde, director de la Oficina de Planificación Urbana de la Municipalidad de Cartago, así como una declaración jurada de la señora Patricia Hernández Conejo, en su condición de representante legal de La Angelina.  El artículo 145, inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), dispone: “Durante la tramitación del recurso, se podrá aportar prueba documental que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida”. El oficio aportado por la representación de La Angelina, como se observa, es de fecha anterior a la contestación de la demanda, por lo que bien pudo aportarlo al hacerlo. Si bien aporta la solicitante una declaración jurada, que igualmente pide sea admitida como prueba nueva, donde la señora Patricia Hernández Conejo, representante legal de la sociedad codemandada,  admite que el referido documento, “consta en los expedientes municipales y que no se encontraba en su posesión”, tal declaración no puede entenderse como un juramento de que lo desconocía. Por el contrario, más parece una confesión espontánea de que lo conocía y que simplemente no gestionó oportunamente la obtención de una copia certificada, a fin de aportarla al proceso oportunamente. Al incumplir la documentación con los requerimientos para su admisión, se deberá rechazar la gestión.

Recurso de casación de La Angelica por razones procesales

 IV.- Primero: Acusa una falta de fundamentación del fallo impugnado. Es un requisito ineludible, alega, que toda sentencia contenga una exhaustiva relación de los hechos probados, ya que sobre esta base se deben fundamentar las conclusiones del tribunal. Sin embargo, advierte, en el texto de la sentencia impugnada se omite completamente esta relación de hechos probados. Este análisis que se extraña, opina, es esencial porque debe surgir de un ejercicio intelectual realizado por el tribunal sobre las pruebas presentadas, lo que permite establecer cuáles hechos se consideran efectivamente probados. Si este análisis se omite o se desconoce, anota, resulta imposible para las partes afectadas ejercer el control de legalidad de la sentencia, y el tribunal queda impedido de llegar a conclusiones jurídicas válidas que definan la situación de las partes. Al examinar lo que el tribunal titula como "II. DE LOS HECHOS PROBADOS: DE LA PRUEBA DOCUMENTAL", aduce, es evidente que lo expuesto es una mera transcripción textual de los documentos presentados en el expediente. Esta transcripción, en su criterio, no puede de ninguna manera sustituir el ejercicio intelectual que debería realizarse sobre esos documentos para extraer de ellos los hechos probados. Así, considera que la sentencia impugnada no contiene una relación debida de los hechos probados, sino únicamente una enumeración de las pruebas allegadas, lo cual es insuficiente y no cumple con los requisitos establecidos. Aunque el Tribunal procede luego a emitir sus conclusiones en los Considerandos, observa que estas no se basan en una exposición concreta y exacta de los hechos probados, ya que, como ha señalado, lo que se considera como tales son solamente transcripciones de documentos. Este enfoque, critica, no puede sustituir la correcta y exhaustiva relación de hechos probados que exige la normativa procesal. En consecuencia, añade, las conclusiones del fallo recurrido carecen de la debida fundamentación, lo que constituye un motivo suficiente para solicitar su nulidad. Esta omisión, expone, es particularmente grave, ya que al no establecerse una clara relación de los hechos probados (más allá de la mera transcripción de documentos), se impide el control del principio de correlación entre acusación y sentencia. Esto, anota, significa que no se sabe con precisión cuál es la base fáctica que sustenta las conclusiones del Tribunal, lo que incluso afecta los alcances de la cosa juzgada material. Por lo tanto, en aplicación del principio de supletoriedad contenido en el artículo 220 del CPCA, el cual ordena que para lo no previsto en dicho cuerpo normativo se aplicarán los principios del Derecho Público y procesal en general, es evidente que, al no contarse con una debida relación de hechos probados, sino únicamente con una transcripción de documentos, se ha quebrantado lo ordenado por el artículo 155 inciso 3 c) del Código Procesal Civil. Esta norma, de carácter indisponible de derecho público, establece que la sentencia debe contener una declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente.

 V.- Segundo: Además del motivo anterior, exterioriza, que por sí solo justifica la nulidad de la sentencia, también alega una falta de fundamentación en la conclusión del Tribunal respecto a la nulidad de la Licencia de Construcción 24700-A, la cual fue emitida en conformidad con la legalidad aplicable. El Tribunal, explica, en los Considerandos IX y X, expone su análisis sobre las disposiciones del Plan Regulador y la nulidad de la licencia. Como base para decretar dicha nulidad, agrega, el Tribunal sostiene que, debido a la fecha de segregación de la finca, esta se encuentra sujeta a las regulaciones del Plan Regulador vigente. Sin embargo, manifiesta, para llegar a una conclusión de tal magnitud, es indispensable que esté debidamente fundamentada en una clara relación de hechos probados. Tal como señaló anteriormente, repite, el Tribunal no realizó este ejercicio intelectual, sino que se limitó a transcribir documentos, lo cual no puede sustituir el análisis propio y jurisdiccional que corresponde. Esta deficiencia genera una falta de fundamentación y provoca incerteza jurídica. El Tribunal, arguye, al omitir enumerar adecuadamente los hechos probados, concluye de manera directa que se aplican las regulaciones del Plan Regulador vigente y decreta la nulidad absoluta de la licencia. No obstante, censura, no incluye en los hechos probados la fecha de entrada en vigencia del Plan Regulador, un hecho esencial que no puede ser sustituido por simples transcripciones. Esta omisión, anota, impide a las partes conocer la base fáctica de la sentencia y tener certeza sobre la conclusión alcanzada.

 VI.- En los dos cargos anteriores se alega como causal de casación la falta de fundamentación o motivación del fallo, razón por la cual serán resueltos de manera conjunta. La fundamentación o motivación se refiere a la obligación que tienen los tribunales de explicar los motivos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión. Esto incluye no solo la exposición clara de los hechos que se consideran probados y cómo se han valorado las pruebas, sino también la explicación de la aplicación del derecho (normas jurídicas) a esos hechos. La fundamentación de una sentencia es uno de los pilares del debido proceso y una garantía esencial en los sistemas jurídicos contemporáneos. La importancia de que las decisiones judiciales estén adecuadamente motivadas radica en la necesidad de que las partes comprendan los motivos por los cuales un tribunal llega a una conclusión específica, lo que permite el ejercicio de los derechos de defensa e impugnación. Se trata de una exigencia del estado de derecho, ya que constituye una expresión del principio de legalidad y una garantía contra la arbitrariedad, pues permite controlar si las personas juzgadoras han actuado conforme a la ley, los principios de equidad y de justicia. La falta de motivación es un vicio que afecta la validez de la sentencia que puede dar lugar a la nulidad de la sentencia y afectar gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva.

 VII.- De la lectura de la sentencia impugnada se desprende con claridad las razones que llevaron al Tribunal a resolver como lo hizo. Primero que todo se debe aclarar que los hechos probados no solo están referidos a las pruebas documentales aludidas en el respectivo apartado, a meras trascripciones, como asegura el recurrente, sino también a la declaración de parte, a la deposición de testigos en el juicio oral y público, así como a la prueba pericial. Además, revisado detenidamente el apartado de los hechos probados de la sentencia impugnada, se tiene que éste, contrario a lo que asevera el recurrente, sí contiene hechos en sentido jurídico, es decir, acontecimientos, sucesos, eventos, todos conectados claramente con las normas jurídicas aplicables al caso. En ese Considerando, el Tribunal detalla y expone los hechos que ha considerado ciertos o verdaderos durante el proceso judicial, redactados de manera clara, precisa y objetiva, basándose en las pruebas presentadas y valoradas, base fáctica para la fundamentación jurídica del fallo recurrido, lo cual hizo en los siguiente términos: “X.- DE LA NULIDAD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: De acuerdo con la fecha de segregación de la finca del Partido de Cartago, matrícula de Folio Real número 250671-000, fue inscrita el día primero de abril de dos mil quince, por lo que le aplican plenamente las regulaciones indicadas en el Plan Regulador vigente, en sus disposiciones respecto a los usos permitidos, al encontrarse ubicada en el Distrito Cuarto del Cantón de Cartago. La finca en mención tiene una cabida de tres mil doscientos treinta y nueve metros cuadrados, lo que hacía imposible que desde un inicio se pudiera avalar su segregación por parte de la Municipalidad en el correspondiente plano catastrado C-1775341-2014 (lo que no es objeto de este proceso, pero que llama la atención del Tribunal), menos aún haber otorgado un uso de suelo conforme para la construcción de una vivienda, así como la licencia de construcción impugnada. De acuerdo con el plan regulador citado, tal y como lo acotó el actor, la zona agropecuaria tiene como objeto "el desarrollo de carácter productivo ligados a los recursos agrícolas, avícolas, pecuarios, de reforestación y cultivo", además de que sirven de contención al desarrollo urbano. Por ello se establecieron los parámetros para la construcción de vivienda, ligada a la actividad agropecuaria, con un máximo de ciento cincuenta metros de construcción, o las denominadas parcelas agrícolas, según el artículo 12.2.1, con las condiciones impuestas en ese mismo numeral, con un área de cobertura máximo de un quince por ciento, pero siempre con un área máxima cinco mil metros cuadrados. Finalmente en el anexo 1 del citado plan, se establece esa misma área para poder construir en el distrito de San Nicolás. Frente a la contundencia de las normas, al incumplir la propiedad con el área requerida, existe una nulidad absoluta por ausencia de motivo legítimo para su otorgamiento, de la licencia de construcción, frente a la cual no puede evadirse la Municipalidad de su deber de cumplir con el ordenamiento que ella misma promulgó, al cual debe someterse. Tampoco son de recibo los alegatos de la parte codemandada, en cuanto a la ausencia de la exposición de los motivos de nulidad del acto por la parte actora, los cuales en todo caso fueron hechos en el escrito de demanda, así como en su posición genérica de cumplimiento de los requisitos. Considera el Tribunal que las circunstancias en los que se otorgó la licencia son de especial gravedad, por cuanto no solo son contrarios al ordenamiento jurídico, sino que tienen un impacto en la zona agropecuaria, por cuanto se está disponiendo del espacio destinado a la producción agrícola, pecuaria y forestal entre otros, apreciación que no se basa en el dicho del actor, sino de las mismas manifestaciones de la perito judicial, la cual informó de una incipiente urbanización de la zona. En virtud de lo expuesto, se reitera la declaratoria de nulidad absoluta de la licencia de construcción 24700-A, otorgada a la sociedad demandada, por carecer la misma de los tres elementos materiales del acto administrativo: motivo, por contravenir las disposiciones previstas en el plan regulador, en los artículos 56.7, 58.1.11 y 12.2.1 y el anexo 1 del Plan Regulador del Cantón de Cartago, que son las normas que establecen el antecedente jurídico (motivo), para el otorgamiento de las licencias de construcción, contenido: por ser este contrario a las mencionadas normas y fin, por estarse otorgando una licencia de construcción que desvía el uso de la zona agrícola,  lo que desvía la protección en beneficio de la colectividad, según lo prevé el mismo plan; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 y siguientes, relativos a los elementos de validez del acto administrativo, así como 169 y siguientes, concernientes a los vicios de nulidad absoluta, todos de la Ley General de la Administración Pública”. Es claro, entonces, que el Tribunal motivó debidamente su decisión, manera clara y precisa, no incurriendo, entonces en el vicio imputado. Por otra parte, leído el elenco de hechos probados del fallo impugnado, no encuentra esta Cámara que los mismos no constituyan base fáctica suficiente de lo decidido. De ellos es posible extraer la existencia de las infracciones urbanística acusadas, así como establecer cuál es la legislación aplicable al caso, tema este último que resulta ajeno al vicio procesal alegado y que, de todas maneras, será abordado al resolverse los cargos por el fondo alegados por los recurrentes. Debido a lo anterior, deberá desestimarse el cargo.

 VIII.- Tercero: Acusa el casacionista “Incongruencia entre lo Tenido como "Hecho Probado" y el Fundamento de la Nulidad Decretada”. El recurrente señala una incongruencia “insalvable” en la sentencia impugnada. El Tribunal, comenta, llega a la conclusión de que, debido a la fecha de segregación de la finca, las regulaciones del Plan Regulador aplican plenamente al caso, lo que justifica la nulidad de la licencia de construcción. Sin embargo, recrimina, no menciona la fecha de entrada en vigencia de dicho Plan Regulador, lo cual es esencial y debería constar como un hecho probado. Además, amplía, en la sentencia impugnada, menciona el Tribunal el Decreto No. 25092-MIVAH-MP-MINAE, el cual admite, se estaba utilizando para todo lo relacionado con el uso de suelo y las licencias, pero el Tribunal no explica cómo este decreto se relaciona con la normativa que dice aplicar, el Plan Regulador. Esta falta de correlación entre lo tenido como "hecho probado" y la fundamentación de la nulidad decretada genera una inseguridad jurídica indebida. Señala: “En ese sentido, dicha incongruencia provoca automáticamente la enajenación del fundamento de la nulidad decretada, al no existir la debida correlación entre lo tenido como “probado” y lo sentenciado finalmente”. Se refiere a una prueba que solicitó se admitiera en este estadio procesal (Oficio OPU-112-2015, emitido por el Director de Planificación Urbana de la Municipalidad), prueba que esta Sala no admitió (Considerando III) y que según el recurrente confirma que el proceso se inició bajo la normativa anterior (Decreto Ejecutivo no. 25902-MINAH-MP-MINAE, de 7 de abril de 1997), bajo expediente no. 118769. Se refiere, además, a una declaración jurada rendida por la señora Patricia Hernández Conejo, representante legal de La Angelina, que igualmente solicita tener como prueba en casación, pero que tampoco admitió esta Cámara. Finalmente menciona: “(…) si bien el visado de planos no crea por sí mismo un derecho subjetivo, sí crea un interés legítimo digno de protegerse y es lo cierto que .se marca el inicio la tramitación y, por tanto, define la normativa bajo la cual se continuará la misma, no siendo, como se ha insistido y demostrado en la misma sentencia, el Plan Regulador sobre el que se basa el Tribunal y cuya fecha de entrada en vigencia, además, no consta como hecho probado”. Cita doctrina y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en respaldo de su dicho. Insiste en que las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico eran las contenidas en la normativa anterior al Plan Regulador sobre el cual se basa el Tribunal para resolver: “(…) los límites y condiciones sobre los cuales mi representada inició sus trámites no es ni era el Plan Regulador de la Provincia de Cartago, como sí lo tuvo como fundamento el Tribunal, más sin emitir pronunciamiento acerca de la no relevancia de los argumentos de defensa”.

 IX.- Lo argüido lejos está de constituir una incongruencia. La incongruencia como vicio procesal de una sentencia se refiere a la falta de correspondencia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el tribunal en la sentencia. En otras palabras, ocurre cuando la resolución judicial se desvía de lo que fue objeto de debate o de lo que las partes pidieron en sus escritos, generando una disonancia entre lo que se discute y lo que se decide. La falta de correspondencia entre lo tenido como "hecho probado" y la fundamentación de la nulidad decretada, desde ningún punto de vista se asemeja a una incongruencia en estricto sentido. De ahí que no lleva razón el recurrente, lo cual obliga a que el agravio se deba rechazar. Valga decir, a mayor abundamiento de razones, que los planes reguladores son normas de carácter técnico y legal que tienen fuerza vinculante. Su elaboración y aprobación está regulada por leyes específicas, y una vez aprobados, forman parte del ordenamiento jurídico, por lo que su entrada en vigencia no requiere enlistarse como un hecho probado.

Recurso de casación de la Municipalidad por razones procesales

 X.- Único: Por razones procesales acusa la parte recurrente indefensión no imputable a su representada, que afecta sus derechos de defensa y del debido proceso. Ello, dice, ya que el tribunal emitió una condena que no guarda relación con el objeto del proceso, tal como se establece en la propia sentencia impugnada. El Tribunal, explica, dictó una sentencia que incluye órdenes para investigar irregularidades en la segregación de terrenos y en la emisión de licencias de construcción, lo cual no formaba parte del objeto del proceso. La Municipalidad, reprocha, no tuvo oportunidad de defenderse adecuadamente sobre este punto, al haberse ordenado en sentencia, lo que vulnera su derecho de defensa y debido proceso. El fallo recurrido, en su considerando XI, anota, hace referencia a "otras segregaciones en el sector" y ordena a la Municipalidad investigar estas situaciones. Sin embargo, añade, el propio Tribunal reconoce que estas cuestiones no eran parte del objeto del proceso. La sentencia recurrida, insiste, condena a la Municipalidad a realizar una serie de acciones e investigaciones basadas en aspectos que no fueron parte del proceso original, extendiendo así el objeto del proceso de manera ultra vires. El Tribunal, recrimina, utiliza un informe pericial destinado exclusivamente a valorar la eventual disminución del valor de la propiedad del actor, por el otorgamiento de la licencia de construcción objeto de este proceso, para fundamentar la condena discutida, pese a que dicho informe no estaba destinado a evaluar la legalidad de otras licencias de construcción ni de otras segregaciones. Lo anterior, asegura, pone en evidencia la arbitrariedad del fallo. El Tribunal, indica, tenía vedado pronunciarse sobre asuntos ajenos a la causa petendi. El fallo, insiste, incluye una condena que va más allá de lo que fue objeto de debate en el proceso. Finaliza el casacionista pidiendo se case la sentencia impugnada “(…) porque, en todo caso, se manifiesta una grosera incongruencia (ver entre otros muchos votos el voto voto (sic) 1136-F-2019), en tanto lo resuelto se aparta de la causa de pedir, por la gran cantidad de razones que se han dado”

 XI.- De la lectura del cargo se tiene que, pese a que se alega indefensión en el título del reproche, en realidad lo argüido, como lo menciona el recurrente en el cierre del agravio, dice de una eventual incongruencia. Interesa, a fin de establecer si el Tribunal incurrió o no en el vicio procesal invocado, trascribir la decisión cuestionada: “(…) 2) A la firmeza de esta sentencia se ordena poner en conocimiento de esta situación, al Alcalde de Cartago, al Concejo Municipal, para lo cual deberá a quien ejerza la Presidencia del Órgano,  como a la Auditoría Municipal, con el fin de que se inicie una investigación para determinar si existen irregularidades, al menos respecto del visado de  los planos que en esta sentencia se mencionan, incluido el de la propiedad codemandada, así como de las licencias de construcción que se han otorgado en el sector (Distrito 4 San Nicolás), desde la entrada en vigencia del plan regulador, y  tomar las acciones correspondientes para conservar la zona tal cual se estableció en el plan, así como para determinar las responsabilidades de los funcionarios que pudieren haber incurrido en acciones contrarias a derecho. A estos efectos contará la Municipalidad con un plazo de seis meses a partir de la firmeza de la sentencia, para presentar los resultados de la investigación en la etapa de ejecución de sentencia. Corresponderá a esta etapa valorar el informe presentado, autorizar las posibles prórrogas para que el mismo sea cumplido, sin que pueda excederse de un año, y tomar las medidas que considere pertinentes con base en los resultados de la investigación”.

XII.- Las personas juzgadoras están obligadas a resolver sobre lo que las partes han planteado en el proceso, respetando el principio de congruencia. Esto significa que su fallo debe estar estrictamente relacionado con las pretensiones y la causa de pedir invocadas por las partes. Por lo tanto, en principio, no pueden ordenar de oficio conductas específicas que no formen parte del objeto del proceso, ya que eso podría ir más allá de las pretensiones de las partes. No obstante, existen excepciones a este principio de congruencia, especialmente en cuestiones que afecten al orden público o al interés general. En esa línea, el artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), dispone que: “Cuando la sentencia declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos: (…) g) condenar a la Administración a realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico”. De tal manera, si durante el proceso se revela una ilegalidad manifiesta o un riesgo grave para el interés público que no ha sido expresamente solicitado por las partes, las personas juzgadoras tiene la facultad de ordenar a la Administración realizar determinadas acciones para corregir dicha situación. Este poder excepcional, se insiste, se justifica en la protección del interés general o del orden público, principios fundamentales que pueden justificar una intervención judicial más allá de las pretensiones de las partes. Así, en ciertas situaciones, las personas juzgadoras pueden considerar que, aunque el litigio planteado por las partes no incluya ciertas conductas específicas, la omisión de estas conductas por parte de la Administración podría comprometer gravemente el orden público o el interés general. En tales casos, podrían sentirse obligadas a intervenir de oficio para ordenar a la Administración que actúe de determinada manera, aunque esa actuación no esté directamente relacionada con el objeto del proceso. Es importante subrayar que, aunque el tribunal puede actuar de oficio, su intervención está sujeta a límites, principalmente por el principio de separación de poderes. El tribunal no debe asumir funciones propias de la Administración ni dictar órdenes que excedan su competencia. Su actuación debe ser siempre excepcional, proporcionada y motivada por la necesidad de proteger el interés general. En la especie, el Tribunal fundamentó su decisión en los siguientes términos: “X. DE LAS OTRAS SEGREGACIONES EN EL SECTOR: Otro de los aspectos señalados por el actor, es que se han venido permitiendo fraccionamientos de lotes de menos de cinco mil metros dentro del sector de San Nicolás. si bien de la prueba documental se extrae que en un inicio la Municipalidad rechazó el visado a lotes de menor dimensión a la señalada, lo cierto es que en la misma escritura de segregación de la propiedad de la codemandada, se inscribieron las siguientes fincas del Partido de Cartago: a) doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y dos-cero cero cero, con el plano catastrado número C-1778026-2014, con una medida de mil quinientos cuarenta y ocho metros cuadrados, b) doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y tres-cero cero cero, con el plano catastrado C-17753402014, con una medida de novecientos veintidós metros cuadrados, c) doscientos cincuenta mil seiscientos setenta y tres-cero cero cero, con el plano catastrado C-1775339-2014, con una medida de seiscientos cincuenta y dos metros cuadrados, los cuales provienen de la misma finca madre. Si bien no es parte del objeto del proceso, referirse a dicha segregación, el Tribunal encuentra una base suficiente para inferir posibles infracciones al ordenamiento urbanístico alegadas por el actor, nótese que la misma perito nombrada aconsejó una investigación en cuanto a la posibilidad de que se haya actuado en forma laxa, en el otorgamiento de las licencias de construcción, lo anterior, aunado a lo acreditado con respecto  a la licencia de construcción que se está anulando, por lo que a la firmeza de esta sentencia se ordena poner en conocimiento de esta situación, tanto al Alcalde de Cartago, al Concejo Municipal por notificación a quien ejerza la presidencia del órgano, y a la Auditoría Municipal, con el fin de que se inicie una investigación con el fin de determinar si existen irregularidades al menos respecto del visado de  los planos que en esta sentencia se mencionan, incluido el de la propiedad codemandada, así como de las licencias de construcción que se han otorgado en el sector, desde la entrada en vigencia del plan regulador, con el fin de tomar las acciones correspondientes para conservar la zona tal cual se estableció en el plan, así como para determinar las responsabilidades de los funcionarios que pudieren haber incurrido en acciones contrarias a derecho. A estos efectos contará la Municipalidad con un plazo de seis meses a partir de la firmeza de la sentencia, para presentar los resultados de la investigación en la etapa de ejecución de sentencia. Corresponderá a esta etapa valorar el informe presentado, autorizar las posibles prórrogas para que el mismo sea cumplido, sin que pueda excederse de un año, y tomar las medidas que considere pertinentes con base en los resultados de la investigación”. A criterio de esta Sala, la anterior transcripción permite comprobar que el Tribunal actúo dentro de las competencias que le confiere el artículo 122 inciso g) del CPCA, al ordenar una investigación “(…) con el fin de determinar si existen irregularidades al menos respecto del visado de  los planos que en esta sentencia se mencionan, incluido el de la propiedad codemandada, así como de las licencias de construcción que se han otorgado en el sector, desde la entrada en vigencia del plan regulador, con el fin de tomar las acciones correspondientes para conservar la zona tal cual se estableció en el plan (…)”. Como se observa, la decisión del Tribunal no solo está debidamente motivada, sino también dictada con el objetivo de proteger un interés general. Además, la medida ordenada, considera esta Cámara, resulta proporcionada al daño urbanístico y ambiental que se pretende evitar. No se estima entonces que el Tribunal haya asumido funciones propias de la Administración, ni dictado órdenes que excedan su competencia, mucho menos, como se explicó supra, que haya incurrido en indefensión o incongruencia. Deberá, entonces, rechazarse el cargo.

Recurso de casación por razones de fondo de La Angelina

 XIII.- Único: Acusa violación “directa” de normas sustantivas. Cuestiona la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal, lo cual habría conducido a una inaplicación indebida de la normativa sustantiva pertinente al caso, en perjuicio de los intereses legítimos de su representada. En primer lugar, señala que el proceso de solicitud de visados enfilados a la construcción de la vivienda familiar en cuestión, que es el centro de la controversia, comenzó bajo la normativa del Decreto Ejecutivo No. 25092-MIVAH-MP-MINAE, y no bajo el Plan Regulador vigente que aplicó el Tribunal en su fallo. Este hecho, expresa, que es corroborado tanto por el representante municipal como por la parte demandante, y que el propio Tribunal reconoció como probado en la prueba documental, no fue considerado adecuadamente. A pesar de ser un aspecto central para la defensa, el Tribunal no justificó por qué desestimó el citado derecho a favor del Plan Regulador, cuya fecha de entrada en vigencia tampoco fue especificada. Además, critica que el Tribunal no emitió pronunciamiento alguno sobre los argumentos de la defensa que señalaban la aplicación de la normativa anterior. Esta omisión, considera, crea un desequilibrio procesal, pues los argumentos presentados por la defensa, que eran válidos y legítimos, no fueron considerados ni discutidos en la sentencia. Arguye, la falta de explicación sobre por qué se desechó la normativa defendida y se aplicó el Plan Regulador en su lugar resulta en una falta de claridad y transparencia, lo que quebranta el requisito establecido en el artículo 155 del Código Procesal Civil, que obliga a los juzgadores a resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, incluyendo los presentados por la defensa. Este escenario, según expone, constituye una desaplicación reprochable de la norma sustantiva. El Tribunal, increpa, al aplicar únicamente el Plan Regulador, no justificó por qué no se consideró la normativa bajo la cual se inició el proceso de solicitud de visados, lo que supone una violación directa del derecho a un proceso equilibrado y justo. Su representada, concluye, no busca que el Tribunal dicte sentencia a su favor sin más, sino que se incluya un pronunciamiento claro sobre por qué la normativa inicialmente aplicada no tiene validez ni eficacia jurídica, algo que fue alegado por la defensa en todo momento. Esta inaplicación de la normativa pertinente, reitera, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también representa un claro desequilibrio procesal que debe ser corregido.              XIV.- En lo que interesa manifestó el Tribunal al resolver sobre la nulidad de la licencia de construcción peticionada: “(…) De acuerdo con la fecha de segregación de la finca del Partido de Cartago, matrícula de Folio Real número 250671-000, fue inscrita el día primero de abril de dos mil quince, por lo que le aplican plenamente las regulaciones indicadas en el Plan Regulador vigente, en sus disposiciones respecto a los usos permitidos, al encontrarse ubicada en el Distrito Cuarto del Cantón de Cartago” . Si bien es cierto, el Tribunal tuvo por demostrado que la Municipalidad de Cartago conoció, en 2012, una solicitud de visado de planos de agrimensura para la segregación de varios lotes que formaban parte de la finca folio real matrícula 3194022-000 (hecho probado 1), inmueble del cual luego se segregó la finca folio real matrícula 250671-000, fundo respecto del cual se otorgó la licencia de construcción cuestionada; también lo es, que el plano que dio lugar a la finca que interesa (folio real 250671-000), es el plano 3-1775341-2014, el cual fue visado por la Municipalidad de Cartago, para efectos de catastro, el día 1 de agosto de 2014. Cabe mencionar también, que la segregación que originó la finca folio real 250671-000, fue inscrita, como indica la sentencia impugnada, el 1 de abril de 2015. El Plan Regulador, como bien citó el Tribunal al referirse a sus disposiciones, respecto de las zonas agrícolas indica: “58.1.11.- Zona agropecuaria (ZAG) / Sector que la compone / S10: (…) Parámetros / Ver la ficha urbanística y la tabla de parámetros para cada sector (Anexo 1) /  Los lotes o fincas y las obras existentes con dimensiones diferentes a las señaladas no se verán afectados, si su segregación ocurrió antes de la vigencia de este Plan Regulador, presentando las evidencias de rigor”. De tal manera, si bien el trámite para el visado de los planos referido inició antes de que entrara en vigencia el Plan Regulador el 20 de diciembre de 2012 (Diario Oficial La Gaceta, Alcance digital 208), la segregación del lote que interesa se dio con posterioridad a la entrada en vigencia del Plan Regulador. Ergo, es este último el que resulta aplicable a la especie, tal y como estableció el Tribunal, no el decreto citado. Importa indicar, a manera de aclaración, respecto a la falta de indicación de la fecha de entrada en vigor del Plan Regulador como un hecho probado (lo cual cuestiona el recurrente), que la vigencia de una norma jurídica es una cuestión de derecho, no de hecho. Esto significa que el Tribunal puede aplicar la norma jurídica en vigencia sin necesidad de que su entrada en vigencia sea probada como un hecho en el proceso. Así las cosas, no llevando razón el recurrente, lo que procede es el rechazo del cargo.

 Recurso de casación por razones de fondo de la Municipalidad

 XV.- Primero: Inicia con una trascripción del por tanto de la sentencia impugnada.  En su opinión, el Tribunal declaró la nulidad absoluta de la licencia de construcción 24700-A otorgada a la compañía demandada, basándose en la interpretación de varios artículos del Plan Regulador, específicamente los artículos 1, 56.7, 58.1.11, 12.2.1 y los anexos correspondientes a la zona agropecuaria del Distrito de San Nicolás. Según el Tribunal, dice, la finca de la sociedad codemandada, inscrita en abril de 2015, estaba sujeta a las regulaciones vigentes del Plan Regulador, las cuales establecían limitaciones en los usos permitidos y la cobertura máxima de construcción. Sin embargo, argumenta, el Tribunal cometió un error al interpretar y aplicar estas normas. Señala que, aunque el inmueble está ubicado en la zona agropecuaria del Distrito de San Nicolás, la licencia de construcción fue otorgada cumpliendo con todos los requisitos legales. La construcción en discusión explica, que abarca un total de 490 m² en dos niveles, tiene una huella de 235 m², lo que representa un 7.3% de cobertura sobre el terreno total de 3.239 m², por lo tanto, se encuentra dentro del límite del 10% permitido por el anexo del Plan Regulador para esa zona. El Tribunal, señala, basó su decisión en el artículo 58.1.11 del Plan Regulador, que establece que, en caso de construcción de vivienda ligada a actividades agropecuarias, el área máxima permitida es de 150 m², reservando el resto de la cobertura permitida para edificaciones relacionadas con actividades agrícolas o forestales. No obstante, asevera el recurrente, esta norma debe interpretarse junto con el anexo del Plan Regulador que permite una cobertura máxima del 10%, y con el artículo 12.2.1, que establece un límite de cobertura del 15%. Además, aduce, el Índice de Fragilidad Ambiental de la zona donde se ubica la construcción permite una cobertura de hasta el 20% bajo ciertas condiciones, lo que refuerza la validez de la licencia de construcción aprobada. Finalmente, sostiene, el Tribunal no aplicó ni interpretó adecuadamente los artículos 1, 56.7, 58.1.11, 12.2.1 y los anexos del Plan Regulador para la zona agropecuaria del Distrito de San Nicolás. Argumenta que la construcción se realizó cumpliendo con todos los parámetros de cobertura establecidos en dichos artículos y anexos, y que esto está debidamente documentado en la prueba presentada, incluyendo la certificación de la licencia de construcción. Por lo tanto, considera que la anulación de la licencia por parte del Tribunal no está ajustada a Derecho.

 XVI.- No lleva razón el casacionista. El articulo 58.1.11 “Zona agropecuaria (ZAG) que compone S10”, que cita el Tribunal y acepta el casacionista como norma aplicable al caso, señala claramente; “(…) En caso de construcción de vivienda (ligada a la actividad agropecuaria) queda sujeta a un área máxima de 150 m2, el resto de la cobertura permitida en la zona, será la destinada para las edificaciones y estructuras requeridas por la actividad agropecuaria o forestal”. Si bien el Anexo para la zona agropecuaria del Distrito de San Nicolás que cita el casacionista,  permite una cobertura máxima de un 10%, ha de interpretarse a la luz de la disposición antes citada. Es decir que, si bien la cobertura permitida es un 10%, que equivale en este caso a 323.9 metros cuadrados, ha de entenderse que de esos 323.9 metros cuadrados, únicamente 150 metros cuadrados pueden ser destinados a la construcción de vivienda y que los restantes 173 metros cuadrados será lo que podrá disponerse para edificaciones y estructuras requeridas por la actividad agropecuaria o forestal. Por otra parte, el artículo 12.2.1 del Plan Regulador en su párrafo final, es claro al establecer que: “Para fines agrícolas, pecuarias y forestales se podrán permitir segregaciones de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los cinco mil metros cuadrados (…)”, disposición que el anexo para la zona agropecuaria del Distrito de San Nicolás ratifica al establecer un tamaño mínimo de lote de cinco mil metros cuadrados para ese tipo de parcelas (agrícolas y forestales). Este anexo, además, establece una altura máxima de 7 metros para las construcciones, dos pisos como máximo, frente mínimo de 30 metros, con una cobertura máxima del 10%, en los términos antes indicados. Tales limitaciones son propias de una zona que se ha definido como agropecuaria.  Los desarrollos urbanísticos pueden alterar el entorno rural, afectando negativamente la calidad del suelo, el suministro de agua, y el ecosistema local, lo cual justifica la restricción de dichos proyectos en áreas agropecuarias. Las normas de zonificación en un plan regulador están diseñadas para asegurar que el uso del suelo sea consistente con el propósito de la zona designada. De tal manera, en una zona agropecuaria, las regulaciones suelen prohibir o limitar la urbanización para proteger las actividades agropecuarias. Ello por cuanto, la coexistencia de proyectos urbanísticos con actividades agropecuarias puede generar conflictos, como la contaminación de cultivos por desechos urbanos o la competencia por recursos hídricos. Para evitar estos conflictos, los planes reguladores tienden a separar claramente las áreas urbanas de las rurales. Limitar los proyectos urbanísticos en zonas agropecuarias es una medida que busca la sostenibilidad a largo plazo, preservando tierras agrícolas para las generaciones futuras y evitando el desarrollo descontrolado. De tal manera, encuentra esta Sala que la interpretación que el Tribunal hace de la normativa contenida en el Plan Regulador para la zona agropecuaria del Distrito San Nicolás de la provincia de Cartago, resulta acorde con los fines perseguidos con su promulgación, a saber, proteger y fomentar las actividades rurales y preservar los recursos naturales en el área. La segregación de la finca de marras y la licencia de construcción, como bien estableció el Tribunal, no cumplían con las normas urbanísticas vigentes, razón por la cual procedía decretarse, como se hizo, la nulidad pretendida. No existiendo las infracciones legales acusadas, se deberá desatender la censura formulada.

 XVII.- Segundo: Alega aplicación indebida de normas sustantivas, según lo establecido en el artículo 138 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Este vicio, apunta, se origina porque el Tribunal, al resolver el caso, parte de la premisa errónea de que la finca de la sociedad codemandada, identificada con el número 250671-000, fue inscrita el 1 de abril de 2015. Basándose en esta fecha, crítica, el Tribunal aplica indebidamente las regulaciones del Plan Regulador, argumentando que estas disposiciones son aplicables a la finca al encontrarse en el Distrito Cuarto del Cantón de Cartago. Este error, indica, llevó al Tribunal a anular de la licencia de construcción discutida, argumentando que las segregaciones realizadas en la finca no cumplían con las normas urbanísticas vigentes. En particular, el Tribunal se basa en el considerando XI del fallo, que señala posibles infracciones al ordenamiento urbanístico, sugiriendo incluso que se inició una investigación sobre las licencias de construcción otorgadas en la zona. Empero, el Tribunal ignora que la finca en cuestión se originó mediante un proceso de solicitud de visado de segregación en 2012, bajo el expediente número 118769, presentado el 8 de agosto de ese año, mucho antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador. Este hecho, destaca, es relevante porque la normativa aplicable al caso no es la del Plan Regulador vigente en 2015, sino las disposiciones contenidas en el Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE. Este decreto establece, comenta, entre otras cosas, la creación de una "Zona Especial de Protección" y regula los fraccionamientos y construcciones en dicha zona. Concretamente, alude, el Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE dispone en su artículo 3.3 que solo se permitirá el fraccionamiento frente a caminos públicos existentes antes de la promulgación del Reglamento del Gran Área Metropolitana (GAM), solo si esos caminos cuentan con los servicios básicos requeridos. Además, agrega, prohíbe el fraccionamiento en caminos que no cumplan con estos requisitos, salvo ciertas excepciones para fines agrícolas. Estas regulaciones, afirma, son las que debieron aplicarse al caso en cuestión, ya que el proceso de visado de segregación se inició cuando estas normas estaban vigentes, y no las del Plan Regulador. Adicionalmente, alega, el Tribunal ignoró la validez del certificado de uso de suelo otorgado a su sociedad codemandada, que es un acto administrativo favorable y que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional (voto No. 2019-010962, entre otros), está protegido por el principio de intangibilidad de los actos propios, consagrado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Este principio, explica, establece que los actos administrativos favorables, como el certificado de uso de suelo, no pueden ser anulados sin seguir los requisitos formales y sustanciales correspondientes.

 XVIII.- El tema de la normativa que aplica al caso ya fue resuelto en el Considerando XIII, al zanjar este Órgano colegiado el debate planteado por el apoderado especial judicial de la empresa codemandada al respecto. En ese apartado quedó claramente establecido porqué es el Plan Regulador la normativa a aplicar al presente asunto y no el Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE, por lo que resulta innecesario repetir las consideraciones hechas en ese acápite para rechazar el cargo. Cabe agregar, que si bien el recurrente alude al certificado de uso de suelo que el Tribunal menciona en el hecho probado 6 y que dice el recurrente sirvió de base para el otorgamiento de la licencia que se anula, no consigue revelar en qué radicaría la indebida apreciación de ese documento que parece alegar, falencia que obliga también el rechazo de esa censura

 XIX.- Tercero: El Tribunal, reclama valoró indebidamente la prueba presentada por su representada, lo que llevó a la anulación de una licencia de construcción legítimamente otorgada y a la emisión de pronunciamientos impropios respecto a visados aprobados por la Municipalidad, tal como dice expuso en los vicios procesales y sustantivos previamente desarrollados. En este contexto, y sin perjuicio de reiterar lo expuesto en los puntos anteriores, dice, destaca tres puntos. Primero, el Tribunal, acusa, ha hecho un uso indebido del informe pericial en el Considerando XI, al intentar fundamentar “su condena N°2”. El Tribunal, comenta, afirma que la perito aconsejó investigar la posibilidad de una actuación laxa en el otorgamiento de licencias de construcción. No obstante, el Tribunal, anota, omite flagrantemente que esta prueba fue ofrecida y aceptada únicamente para determinar la posible disminución del valor de la propiedad del actor debido a la licencia de construcción en cuestión, como consta en el expediente. De hecho, amplía, una vez practicada la prueba, la perito descartó cualquier disminución de valor, y en su conclusión, dejó claro que la mención a la "laxitud" era solo una recomendación general y no una conclusión del peritaje. Segundo, el Tribunal ha aplicado incorrectamente la normativa en lo que respecta a los visados, particularmente en “la condena N°2”, lo cual también afecta la “condena N°1”. El Tribunal, señala, sostuvo que debía aplicarse el Plan Regulador. Sin embargo, arguye, que como dice desarrolló anteriormente, y se reitera ahora, lo que corresponde aplicar es el Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE, ya que el trámite de visado no se presentó en 2015, sino el 8 de agosto de 2012, antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador el 20 de diciembre de 2012, según consta en el expediente 118769. Si se hubiera aplicado el Decreto no. 25902-MIVAH-MP-MINAE, asegura, el caso se habría resuelto de otra manera, dado que los visados cuestionados se originaron antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador, y no existía en el decreto ninguna norma que prohibiera la licencia y los visados en cuestión. Tercero, el Tribunal, exclama, valoró de manera indebida el expediente de la licencia de construcción. Este expediente, que dice fue requerido por segunda vez por el Tribunal, contiene los planos constructivos y la documentación completa de la vivienda afectada por la anulación ordenada, incluyendo su área total, distribución arquitectónica y los dos pisos que la componen. El Tribunal, reprocha, debió haber considerado que la cobertura máxima autorizada por el Plan Regulador para la Zona Agropecuaria, específicamente para el Distrito de San Nicolás, no fue violada por su representada. La construcción autorizada bajo la licencia, que ahora se anula, revela, se edificó con una cobertura del 7.3%, cumpliendo así con el significado y contenido del Plan Regulador (artículo 12.2.1), así como con los artículos 56.7, 58.1.11 y los anexos que regulan la zona agropecuaria del Distrito de San Nicolás. De conformidad con estas disposiciones, asevera, la cobertura máxima autorizada no se sobrepasó, ya que el proyecto fue aprobado para una vivienda de 490 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con una huella de edificación de solo 235 metros cuadrados. Considerando que la finca en cuestión tiene un área de 3.239 metros cuadrados, la cobertura fue de apenas 7.3%. El Tribunal, recrimina, también ignoró el oficio URB-OF-972-2017 que demuestran estos cálculos, así como el testimonio consistente del ingeniero Cristian Solano Orozco, autor del oficio, quien depuso en la audiencia del juicio oral y público. Esta omisión, reprueba, ha puesto en indefensión a su representada. Asimismo, profiere, el Tribunal no aplicó correctamente la prueba relativa a los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), los cuales indican que en la zona donde se sitúa la construcción denunciada, el índice 11-A permite el desarrollo de infraestructura de ocupación humana, bajo la condición de que la cobertura no sea mayor al 20%.

 XX.- Como se observa, las tres inconformidades que expone el casacionista no son más que reiteraciones de cargos anteriores, tal como el propio recurrente admite, reproches que ya fueron resueltos supra. Por lo anterior, en aras de no caer en redundancias, se debe estar a lo ya dicho y tenerse por desestimados.   El oficio citado y la deposición de su autor, prueba que acusa el casacionista preterida, no aportan datos que pudieran influir en un cambio de lo resuelto, pues fueron calculados al amparo de una interpretación normativa que como ya se dijo resulta equívoca. Es decir, que la eventual preterición de esas pruebas resultaría intranscendente y, en consecuencia, el estudio del cargo resultaría inútil a los efectos de casar el fallo, lo que obliga a desestimarse también, por esta razón, la censura formulada.

 XXI.- Cuarto: El Tribunal, discute, valoró incorrectamente la prueba documental que se consideró como hecho probado número 10. En dicho apartado, expone, se menciona que, el 4 de octubre de 2016, trece personas enviaron una carta al Departamento de Urbanismo de la Municipalidad. Transcribe el contenido del indicado hecho probado, que básicamente resume el contenido de la misiva. El nombre y la firma del actor, enuncia, no aparecen entre los firmantes de dicha carta, lo cual se evidencia en las imágenes 29 a 33 del expediente judicial. Durante la audiencia del juicio oral y público, menciona, se informó al Tribunal que la carta fue presentada por personas que se identifican como vecinos de los terrenos en conflicto, pero no se encontraban autenticadas las firmas, lo que significa que no se pudo verificar que los firmantes realmente fueran vecinos. Esta falta de autenticación, alega, es crucial, ya que las personas presentaron el documento bajo la calidad de vecinos, no como cualquier otra persona. Por lo tanto, la sentencia se basó en un hecho "probado" que no debió ser considerado como tal debido, lo cual dice de una indebida valoración de esta prueba.

XXII.- Para que un error en la apreciación de la prueba pueda fundamentar la casación de una sentencia, este error debe ser transcendente. Es decir, debe tener una influencia decisiva en el fallo recurrido. Un error es considerado transcendente cuando, de no haberse cometido, el resultado del proceso habría sido diferente. Es decir, no cualquier error en la valoración de la prueba justifica la casación de una sentencia. Así lo ha sostenido esta Sala en forma reiterada.  Por lo tanto, si el error en la apreciación de la prueba no tiene un impacto significativo en el resultado del proceso, no será suficiente para quebrar la sentencia impugnada. El casacionista entonces, está obligado a explicar de manera clara y precisa por qué considera que el error en la valoración de la prueba es trascendente. De tal manera, el recurrente no solo debe demostrar la existencia del error probatorio, sino que además debe revelar cómo dicho error ha influido de manera decisiva en el fallo recurrido. El casacionista, evidentemente, no cumple con ese deber de motivación, razón suficiente para desestimar el cargo. De todas maneras, no encuentra esta Cámara que la errónea apreciación del aludido documento acusada, de haber ocurrido, podría tener la virtud la modificar lo resuelto por el Tribunal. Es decir, resultaría intrascendente a la luz de lo resuelto.

 XXIII.- Quinto: Imputa al fallo impugnado aplicación indebida o falta de aplicación del numeral 193 inciso b) del CPCA, al no haber exonerado del pago de costas del proceso a la Municipalidad, pese a que, por la naturaleza de las cuestiones debatidas, tuvo motivo bastante para litigar.  Manifiesta que de los autos es posible extraer que sí existió motivo bastante para litigar, dada la naturaleza de las cuestiones debatidas, en razón de lo cual, como consta en la en la grabación de la audiencia del juicio oral y público, el Tribunal declaró la resolución del caso como compleja. En su criterio: “(…) al estarse ante un proceso que tiene por objeto enfrentar no dos tesis jurídicas (la de la actora (si) y la de mi representada), sino hasta la de la sociedad codemandada que, evidentemente, no es igual a la de mi representada, y. en el caso propiamente de la esgrimida por la comuna, esta se ha acompañado de abundante y adecuada fundamentación jurídica, así como de probanzas que se han considerado idóneas y pertinentes para fundar la tesis municipal, por lo que considero que ha de casar la sentencia en cuanto al extremo de costas por existir mérito suficiente para litigar, amén del acaecimiento del referido vicio de indebida aplicación del numeral 193 inciso b) del CPCA”. El Tribunal, concluye, no razonó si existía o no motivo bastante para litigar, debido a la naturaleza de las cuestiones debatidas.

 XXIV.- El fallo impugnado dispuso: “XIV.- DE LAS COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo, con las excepciones contenidas en los incisos a) y b) del mismo artículo. El actor demandó inicialmente a la Municipalidad de Cartago. La compañía codemandada fue integrada en razón de la obvia afectación que el resultado de este juicio podía tener respecto a la licencia otorgada, conforme el artículo 12.3) del CPCA.  Al no encontrar este Tribunal ninguna causal que exonere a la Municipalidad de Cartago de las mismas, debe de condenársele a su pago. Con respecto a la compañía, se resuelve sin especial condenatoria en costas”.

 XXV.- Este Órgano Colegiado comparte lo dispuesto en la condenatoria. Esta Sala ha indicado, en reiteradas ocasiones, que las costas son un pronunciamiento oficioso, condenando al vencido por el solo hecho de serlo, sin que ello permita considerarse al perdidoso como un litigante temerario o de mala fe (véase en ese sentido, entre otros, los votos no. 4146-F-S1-2019 de las 16 horas con 10 minutos del 26 de noviembre de 2019, no. 3877-2019 de las 11 horas con 45 minutos del 14 de noviembre de 2019 y no. 1029-F-S1-2018 de las 10 horas con 20 minutos del 28 de noviembre de 2018 ). La regla general es la imposición de las costas al vencido como reconocimiento al ganancioso, al haber tenido este que defender su derecho o interés, ante la perturbación de un tercero o ante la defensa de pretensiones ejercidas en su contra. La contraparte se vio obligada a litigar e incurrir en diversos gastos para sostener su defensa técnica, esto genera que la parte perdidosa deba asumir las consecuencias económicas del proceso. El artículo 193 del CPCA, fija los supuestos para relevar a la parte de esa obligación patrimonial: "...a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar.”. Sin embargo, cuando se ha hecho una indebida aplicación de estas excepciones, resulta factible revisar en casación el ejercicio valorativo del juez, es decir, el juzgador tiene la obligación de motivar su condena, únicamente cuando aplica alguno de los supuestos de exoneración, ya que tales consideraciones gozan de excepcionalidad. En ese sentido, a criterio de esta Cámara, en la especie las personas juzgadoras no incurrieron en el quebranto legal aducido, al imponer el pago de las costas a la parte vencida tal como lo señala la citada norma. A mayor abundamiento de razones, la existencia de tesis encontradas entre las partes no es, por sí sola, una justificación válida para exonerar de responsabilidad o para eximir el pago de costas. Para que proceda la exoneración de costas, el recurrente debe demostrar de manera clara y precisa que había un motivo bastante para litigar, es decir, que había fundamentos jurídicos sólidos y una controversia legítima en la interpretación de la ley o de los hechos, lo cual se extraña.

De modo que la censura esgrimida deberá ser denegada.

 XXVI.- En mérito de lo expuesto, se declaran sin lugar los recursos presentados por la Municipalidad de Cartago y la sociedad codemandada. Serán las costas su cargo de sus promoventes, de conformidad con el artículo 150 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.

 POR TANTO

 Se declaran sin lugar los recursos presentados por la Municipalidad de Cartago y La Angelina Ilse Uno AP S.A. Son las costas a cargo de sus promoventes.  JCVILLALOBOS

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

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1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:42:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at eleven hours six minutes on the fourteenth of November two thousand twenty-four.

Ordinary proceeding filed by **SERGIO NAVARRO CERDAS**, identity card 3-0339-0526, against the **MUNICIPALIDAD DE CARTAGO**, represented by Wilberth Quesada Garita, identity card 3-0320-0395, in his capacity as special judicial attorney-in-fact of the Municipality, as well as against the company **LA ANGELINA ILSE UNO AP S.A.**, legal entity identification number 3-101-716658, represented by Mrs. Patricia Hernández Conejo, identity card 1-981-700, in her capacity as Secretary with powers of unlimited general attorney-in-fact of the company. The attorney Marvin Alonso Villalobos García acts as special attorney-in-fact for the plaintiff. The attorneys Ronald Hidalgo Cuadra, identity card 1-595-023 (who resigned before the oral and public trial), Gonzalo Gutiérrez Acevedo, identity card 1-596-287, and Juan Guillermo Zamora Chavarría, identity card 1-548-308, have acted in that same capacity for the defendant company.

Drafted by Judge Rivas Loáiciga

**CONSIDERANDO**

I.- On May 12, 2017, Sergio Alberto Navarro Cerdas filed this declaratory proceeding against the Municipalidad de Cartago (hereinafter the Municipality). As he related in his complaint, in May 2015, after several months of searching for a property in the community of La Angelina in San Nicolás de Cartago, he acquired farm registration number 198564-000 located in the San Nicolás district, Cartago canton, Cartago province. Prior to that, he stated, he verified in the Cantón de Cartago Territorial Regulatory Plan (Plan Regulador in what follows) the type of zone where the property was located, the available public services, and some security aspects. In February 2016, he recounted, at about 500 meters distance from his property, on a level lower than his land, a construction began, which as it progressed, he could observe did not comply with the parameters established for constructions in the zone, since it is located in an Agricultural Zone (Zona Agropecuaria), according to the Plan Regulador that came into effect in 2014. That zone, he says, in light of the Plan Regulador has the objective of preserving and consolidating existing and future agricultural, livestock, and forestry activity, as well as containing urban growth and strengthening the landscape in the Canton, among others. Along those same lines, he warned, the construction of dwellings, which must be linked to agricultural activity, must not exceed 150 square meters. The Plan Regulador in its Anexo 1, he added, also establishes that lots that are segregated must have a minimum size of 5,000 square meters and buildings a maximum height of seven meters, as well as a maximum coverage of 10%. The aforementioned house, he mentioned, exceeds 7 meters in height and has more than 150 square meters of construction. He stated that, between June and September 2016, he visited the Municipality's Urban Planning Department (Departamento de Urbanismo) several times to file his formal complaint regarding the aforementioned anomalies. Official Manuel Sánchez Zeledón, responsible for handling the questioned construction, he narrated, undertook to send an inspector to verify the reported situation. In that department, he noted, he was able to verify in plans that the aforementioned house had a size of 490 square meters and a height of 10.4 meters. On October 4, 2016, he recounted, neighbors to the objected construction showed the Municipality their concern about an apparent condominium that was supposedly going to be erected on the land where the questioned civil work was being built. Days later, he commented, the Municipality carried out an inspection of the denounced work, in which he participated. On the following 14th, he expressed, he presented the Municipality with a document attaching municipal permit no. 24700-A that was granted for the construction in dispute, where he again referred to the infractions of the Plan Regular. He alluded to an official letter (Arqueología no. 063-2015 of November 14, 2016), where the Municipality is notified of an inspection carried out in the area where the contentious building is located, which warns of the need for the municipal entity to inform the Museo Nacional about permits being granted in the area for monitoring, as it is adjacent to the archaeological site Aurora, although the presence of pre-Columbian cultural evidence on the land was not confirmed. He pointed out that he learned of this through conversations with Mr. Juan Carlos Guzmán, director of the Municipality's Urban Planning Department (Departamento de Urbanismo). On December 8, 2016, he indicated, the Municipality issued resolution URB-OF-1535-2016, stating that in the denounced construction, an additional floor was built where a foundation slab should have been, and therefore, for failure to comply with the Plan Regulador parameters, that added floor was closed and disabled. Finally, he stressed, that as of the date the complaint was filed, the Municipality had not pronounced on the segregation of 5 lots with a measurement less than permitted, on the excess height and square meters permitted for the refuted construction, and on the use of the land. He seeks with the filing of this proceeding: "A- That construction permit 24700-A from the Urban Planning Department (Departamento de Urbanismo) of the Municipalidad de Cartago be declared non-compliant with the current legal system regarding 1- the construction area of the dwelling, 2- the height of the dwelling, and 3- the failure to verify the link to agricultural, livestock, or forestry activities, and therefore its absolute nullity (nulidad) and its legal invalidity. / B- That the Municipalidad de Cartago be ordered to henceforth refrain from granting construction permits to citizens for 1- building houses not linked to agricultural, livestock, or forestry activity, 2- building houses over 7 meters high to the roof ridge, and 3- building houses over 150 square meters of construction between the floor area attached to the ground and the area of upper floors. / C- That the Administration be ordered to refrain from conduct that harms the public interest and / CH- That the Municipalidad de Cartago be ordered to pay subjective damages (daños y perjuicios) and collective environmental damage. For moral, psychological, and material damage, I estimate a sum to be compensated of 20 million colones for material damage, 20 million colones for psychological damage, and 30 million colones for moral damage. Additionally, as environmental damage, I prudentially estimate it at 25 million colones. / In as much as the Municipality carries out an act null due to its non-conformity with the legal system, material damage is caused since it allows the construction of a mega-house that does not find balance with the agricultural zone, thus that imbalance makes the vista value for the economic valuation of my property disappear for potential buyers who love greenery and rural life. In turn, this illegal permit and its direct consequence, consisting of the aforementioned construction, has mentally disturbed me considerably since within my perspectives and ambitions I never expected that a state body would so grossly violate the Plan Regulador, which has caused me anguish, anger, and disillusionment. Furthermore, this whole (sic) situation means that my feelings and my notion of right and wrong have been affected since I have had to suffer from an indecent act, I have had to spend time and energy in the struggle to make the Municipality see its act and not obtain a response. Moreover, issuing an illegal construction permit has caused the objectives of the Plan Regulador regarding land use (uso del suelo) in the agricultural zone of Cartago to be violated, causing land for cultivation to be eliminated, the landscape to be disrupted, and city families to disturb the rural culture of Cartago." By resolution at 10 hours 17 minutes on June 15, 2017, the company La Angelina Ilse Uno AP, S.A. (La Angelina henceforth), owner of the questioned construction, was joined ex officio as a necessary passive litisconsorte. The Municipality answered in the negative and interposed the preliminary defenses (defensa previa) of failure to exhaust administrative remedies, lack of right (falta de derecho), and lack of active standing (falta de legitimación activa). The co-defendant company likewise answered in the negative and opposed the preliminary defense of defects in the complaint that prevent rendering an opinion on the merits, as well as lack of right (falta derecho) as a defense on the merits. At the preliminary hearing held on October 18, 2018, the claims were fixed as stated in the complaint filing document, with the following clarifications: "Regarding claim C, it is clarified that the conduct referred to is the granting of the construction permit without the protection of the regulatory plan. Regarding the claim identified as CH, it is clarified that the moral damage sought is subjective, regarding the material damage it is clarified that it is the granting of the construction permit. Regarding the damages, it is clarified that this corresponds to the loss of value of the plaintiff's property, estimated at the sum of ₡15,000,000 colones." By resolution 1687-2028 [sic], the preliminary defenses interposed were rejected.

II.- The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Eighth Section, Second Judicial Circuit, San José, composed of judges Rosa Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto, and Billy Araya Olmos, by judgment no. 78-2021-VIII, at 11 hours 45 minutes on September 8, 2021, resolved: “POR TANTO / The defense of lack of active standing (legitimación activa) opposed by the Municipalidad de Cartago is rejected, except for what relates to the order for payment of environmental damage. The defense of lack of right (falta de derecho) interposed by the Municipality and the company La Angelina Use Uno AP S.A. is partially granted. Consequently, the complaint filed against them by Sergio Navarro Cerdas is partially granted, it being understood as denied in what is not expressly granted, in the following terms: 1) The absolute nullity (nulidad absoluta) of construction permit 24700-A granted to the defendant company is declared. 2) Upon the finality of this judgment, it is ordered that this situation be brought to the attention of the Mayor of Cartago, the Municipal Council, for which purpose whoever exercises the Presidency of the Body, as well as the Municipal Auditor, shall be notified, so that an investigation may be initiated to determine if there are irregularities, at least regarding the approval (visado) of the plans mentioned in this judgment, including that of the co-defendant's property, as well as the construction permits that have been granted in the sector (District 4 San Nicolás), since the entry into force of the regulatory plan, and to take the corresponding actions to conserve the zone as established in the plan, as well as to determine the responsibilities of the officials who may have incurred in actions contrary to law. For these purposes, the Municipality shall have a period of six months from the finality of the judgment to present the results of the investigation in the judgment execution phase. It shall be for this phase to evaluate the report presented, authorize possible extensions for its fulfillment, without exceeding one year, and take measures it deems pertinent based on the results of the investigation. 3) The Municipalidad de Cartago is ordered to pay the plaintiff the sum of one million colones, for subjective moral damage. Legal interest shall run on the above sum, at the rate established in article 1163 of the Civil Code, from the finality of the judgment until its effective payment. 4) The Municipalidad de Cartago is ordered to pay both costs of the proceeding. Regarding the co-defendant company, it is resolved without special order as to costs." The Municipality and the co-defendant company filed respective cassation appeals.

Regarding the request for admission of new evidence

III.- The co-defendant company requests that Official Letter OPU-112-2015 issued by architect Óscar López Valverde, director of the Urban Planning Office (Oficina de Planificación Urbana) of the Municipalidad de Cartago, be admitted as new documentary evidence, as well as a sworn statement from Mrs. Patricia Hernández Conejo, in her capacity as legal representative of La Angelina. Article 145, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), provides: "During the processing of the appeal, documentary evidence that is sworn not to have been known previously, regarding new facts subsequent to the appealed judgment, may be adduced." The official letter provided by the representation of La Angelina, as observed, is dated prior to the answer to the complaint, and therefore it could well have been provided at that time. Although the applicant provides a sworn statement, which she likewise requests be admitted as new evidence, where Mrs. Patricia Hernández Conejo, legal representative of the co-defendant company, admits that the referenced document "appears in the municipal files and was not in her possession", such a statement cannot be understood as an oath that she was unaware of it. On the contrary, it appears more as a spontaneous confession that she knew of it and that she simply did not timely manage obtaining a certified copy, in order to provide it to the proceeding in a timely manner. Since the documentation does not meet the requirements for its admission, the request must be rejected.

Cassation appeal by La Angelina for procedural reasons

IV.- First: It alleges a lack of grounding of the contested ruling. It is an unavoidable requirement, it argues, that every judgment contain an exhaustive statement of proven facts, since the court's conclusions must be based on this basis. However, it warns that the text of the contested judgment completely omits this statement of proven facts. This missing analysis, it opines, is essential because it must arise from an intellectual exercise carried out by the court on the presented evidence, which allows establishing which facts are considered effectively proven. If this analysis is omitted or unknown, it notes, it becomes impossible for the affected parties to exercise legality control over the judgment, and the court is prevented from reaching valid legal conclusions that define the situation of the parties. Upon examining what the court titles "II. DE LOS HECHOS PROBADOS: DE LA PRUEBA DOCUMENTAL", it alleges, it is evident that what is presented is a mere textual transcription of the documents submitted in the file. This transcription, in its view, can in no way substitute the intellectual exercise that should be carried out on those documents to extract proven facts from them. Thus, it considers that the contested judgment does not contain a proper statement of proven facts, but only an enumeration of the adduced evidence, which is insufficient and does not meet the established requirements. Although the Court then proceeds to issue its conclusions in the Considerandos, it observes that these are not based on a concrete and exact exposition of the proven facts, since, as it has indicated, what is considered as such are only transcriptions of documents. This approach, it criticizes, cannot substitute the correct and exhaustive statement of proven facts required by procedural regulations. Consequently, it adds, the conclusions of the contested ruling lack proper grounding, which constitutes sufficient grounds to request its nullity. This omission, it exposes, is particularly serious, since by not establishing a clear statement of proven facts (beyond the mere transcription of documents), control of the principle of correlation between charge and judgment is prevented. This, it notes, means that the factual basis supporting the Court's conclusions is not known with precision, which even affects the scope of the material res judicata (cosa juzgada material). Therefore, in application of the principle of suppletory nature contained in article 220 of the CPCA, which orders that for matters not provided for in said normative body the principles of Public Law and procedural law in general shall apply, it is evident that, by lacking a proper statement of proven facts but only a transcription of documents, what is ordered by article 155 subsection 3 c) of the Código Procesal Civil has been breached. This rule, of an unavailable public law nature, establishes that the judgment must contain a concrete declaration of the facts that the court holds as proved, citing the evidentiary elements that demonstrate them and the respective folios of the file.

V.- Second: In addition to the previous grounds, it expresses, which by itself justifies the nullity of the judgment, it also alleges a lack of grounding in the Court's conclusion regarding the nullity of Construction Permit 24700-A, which was issued in accordance with the applicable legality. The Court, it explains, in Considerandos IX and X, sets out its analysis of the provisions of the Plan Regulador and the nullity of the permit. As a basis for decreeing said nullity, it adds, the Court maintains that, due to the date of segregation of the farm, it is subject to the regulations of the current Plan Regulador. However, it states, to reach a conclusion of such magnitude, it is indispensable that it be duly grounded in a clear statement of proven facts. As it previously pointed out, it repeats, the Court did not carry out this intellectual exercise but limited itself to transcribing documents, which cannot substitute the proper and jurisdictional analysis that corresponds. This deficiency generates a lack of grounding and causes legal uncertainty. The Court, it argues, by omitting to properly enumerate the proven facts, directly concludes that the current Plan Regulador regulations apply and decrees the absolute nullity of the permit. However, it censures, it does not include in the proven facts the date of entry into force of the Plan Regulador, an essential fact that cannot be replaced by simple transcriptions. This omission, it notes, prevents the parties from knowing the factual basis of the judgment and being certain about the conclusion reached.

VI.- In the two previous grounds, the lack of reasoning or statement of reasons (fundamentación or motivación) for the ruling is alleged as a ground for cassation, which is why they will be resolved jointly. The statement of reasons or reasoning refers to the obligation courts have to explain the factual and legal motives that support their decision. This includes not only the clear exposition of the facts considered proven and how the evidence has been assessed, but also the explanation of the application of the law (legal norms) to those facts. The reasoning of a judgment is one of the pillars of due process and an essential guarantee in contemporary legal systems. The importance that judicial decisions be adequately reasoned lies in the necessity for the parties to understand the reasons why a court reaches a specific conclusion, which enables the exercise of the rights of defense and challenge. It is a requirement of the rule of law, as it constitutes an expression of the principle of legality and a guarantee against arbitrariness, because it allows controlling whether the adjudicating persons have acted in accordance with the law, the principles of equity, and justice. The lack of reasoning is a defect that affects the validity of the judgment that can give rise to the nullity of the judgment and seriously affect the right to effective judicial protection.

VII.- From the reading of the contested judgment, the reasons that led the Court to resolve as it did are clearly evident. First of all, it must be clarified that the proven facts are not only referred to the documentary evidence mentioned in the respective section, to mere transcriptions, as the appellant asserts, but also to the party testimony (declaración de parte), to the deposition of witnesses in the oral and public trial, as well as to the expert evidence. Moreover, upon carefully examining the section on proven facts of the contested judgment, it is found that it, contrary to what the appellant asseverates, does contain facts in a legal sense, that is, events, occurrences, happenings, all clearly connected with the legal norms applicable to the case. In that Considerando, the Court details and exposes the facts it has considered certain or true during the judicial process, drafted in a clear, precise, and objective manner, based on the evidence presented and assessed, factual basis for the legal reasoning of the contested ruling, which it did in the following terms: "X.- DE LA NULIDAD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: According to the date of segregation of the farm of the Partido de Cartago, Folio Real registration number 250671-000, it was registered on the first day of April two thousand fifteen, therefore the regulations indicated in the current Plan Regulador fully apply to it, in its provisions regarding permitted uses, being located in the Fourth District of the Cantón de Cartago. The farm in question has an area of three thousand two hundred thirty-nine square meters, which made it impossible from the outset that its segregation could be endorsed by the Municipality in the corresponding cadastral plan C-1775341-2014 (which is not the object of this proceeding, but which draws the Court's attention), much less having granted a compliant land use (uso de suelo) permit for the construction of a dwelling, as well as the contested construction permit. According to the cited regulatory plan, as the plaintiff pointed out, the agricultural zone has the purpose of 'development of a productive nature linked to agricultural, poultry, livestock, reforestation, and cultivation resources', in addition to serving as containment for urban development. Therefore, parameters were established for the construction of a dwelling, linked to agricultural activity, with a maximum of one hundred fifty square meters of construction, or the so-called agricultural parcels, according to article 12.2.1, with the conditions imposed in that same numeral, with a maximum coverage area of fifteen percent, but always with a maximum area of five thousand square meters. Finally, in Anexo 1 of the cited plan, that same area is established for being able to build in the San Nicolás district. Given the conclusiveness of the norms, as the property does not comply with the required area, there is an absolute nullity due to the absence of legitimate motive for its granting, of the construction permit, in the face of which the Municipality cannot evade its duty to comply with the legal system that it itself enacted, to which it must submit. Nor are the allegations of the co-defendant party regarding the absence of the exposition of the motives for nullity of the act by the plaintiff party, which in any case were made in the complaint document, as well as their generic position of fulfillment of the requirements, receivable. The Court considers that the circumstances under which the permit was granted are of special gravity, because they are not only contrary to the legal system, but also have an impact on the agricultural zone, because the space destined for agricultural, livestock, and forestry production among others is being disposed of, an assessment that is not based on the plaintiff's word, but on the very statements of the judicial expert, who reported on an incipient urbanization of the zone. By virtue of the foregoing, the declaration of absolute nullity of construction permit 24700-A, granted to the defendant company, is reiterated, because it lacks the three material elements of the administrative act: motive, for contravening the provisions set forth in the regulatory plan, in articles 56.7, 58.1.11 and 12.2.1 and Anexo 1 of the Cantón de Cartago Plan Regulador, which are the norms establishing the legal antecedent (motive), for the granting of construction permits; content: because it is contrary to the aforementioned norms; and purpose (fin), because a construction permit is being granted that diverts the use of the agricultural zone, which diverts the protection for the benefit of the community, as foreseen in the same plan; the foregoing in accordance with the provisions of article 128 et seq., relating to the validity elements of the administrative act, as well as 169 et seq., concerning the defects of absolute nullity, all of the Ley General de la Administración Pública." It is clear, therefore, that the Court duly reasoned its decision, in a clear and precise manner, thus not incurring the attributed defect. On the other hand, having read the list of proven facts of the contested judgment, this Chamber does not find that they do not constitute a sufficient factual basis for what was decided. From them it is possible to extract the existence of the accused urban planning infractions, as well as to establish what the applicable legislation to the case is, this last topic being alien to the alleged procedural defect and which, in any event, will be addressed when resolving the grounds on the merits alleged by the appellants. Due to the foregoing, the ground must be dismissed.

VIII.- Third: The appellant alleges "Incongruence between What is Held as a 'Proven Fact' and the Basis of the Decreed Nullity". The appellant points out an "unbridgeable" incongruence in the contested judgment. The Court, it comments, reaches the conclusion that, due to the date of segregation of the farm, the Plan Regulador regulations fully apply to the case, which justifies the nullity of the construction permit. However, it recriminates, it does not mention the date of entry into force of said Plan Regulador, which is essential and should be stated as a proven fact. Furthermore, it amplifies, in the contested judgment, the Court mentions Decreto No. 25092-MIVAH-MP-MINAE, which it admits was being used for everything related to land use (uso de suelo) and permits, but the Court does not explain how this decree relates to the normativity it says it applies, the Plan Regulador. This lack of correlation between what is held as a "proven fact" and the reasoning for the decreed nullity generates undue legal uncertainty. It points out: "In that sense, said incongruence automatically causes the alienation of the basis of the decreed nullity, as the proper correlation between what is held as 'proven' and what was ultimately adjudged does not exist." It refers to evidence it requested be admitted at this procedural stage (Official Letter OPU-112-2015, issued by the Director of Urban Planning of the Municipality), evidence that this Chamber did not admit (Considerando III) and that according to the appellant confirms that the process began under the previous regulation (Decreto Ejecutivo no. 25902-MINAH-MP-MINAE, of April 7, 1997), under file no. 118769. It also refers to a sworn statement given by Mrs. Patricia Hernández Conejo, legal representative of La Angelina, which it likewise requests to be admitted as evidence in cassation, but which this Chamber also did not admit. Finally, it mentions: "(…) although the approval (visado) of plans does not in itself create a subjective right, it does create a legitimate interest worthy of protection, and it is true that it marks the beginning of the processing and, therefore, defines the regulations under which it will be continued, not being, as has been insisted and demonstrated in the judgment itself, the Plan Regulador on which the Court bases itself and whose date of entry into force, moreover, is not stated as a proven fact." It cites doctrine and pronouncements of the Procuraduría General de la República in support of its statement. It insists that the conditions demanded by the legal system were those contained in the regulation prior to the Plan Regulador on which the Court bases its decision: “(…) the limits and conditions under which my represented party began its procedures is not and was not the Plan Regulador de la Provincia de Cartago, as the Court did hold as a basis, but without issuing a pronouncement on the non-relevance of the defense arguments.”

IX.- What is argued is far from constituting an incongruence. Incongruence as a procedural defect in a judgment refers to the lack of correspondence between what was requested by the parties and what was resolved by the court in the judgment. In other words, it occurs when the judicial resolution deviates from what was the subject of debate or from what the parties asked for in their briefs, generating a dissonance between what is discussed and what is decided. The lack of correspondence between what is held as a "proven fact" and the reasoning of the decreed nullity in no way resembles an incongruence in the strict sense.

Hence the appellant is incorrect, which means the grievance must be dismissed. It is worth adding, for further reasoning, that regulatory plans (planes reguladores) are norms of a technical and legal nature that have binding force. Their preparation and approval is regulated by specific laws, and once approved, they form part of the legal system, so their entry into force does not require being listed as a proven fact.

Cassation appeal of the Municipality on procedural grounds

X.- Sole: On procedural grounds, the appellant alleges defenselessness (indefensión) not attributable to its represented party, affecting its rights of defense and due process. This, it states, is because the court issued a judgment that bears no relation to the object of the proceedings (objeto del proceso), as established in the contested judgment itself. The Court, it explains, issued a judgment that includes orders to investigate irregularities in land segregations and in the issuance of construction licenses (licencias de construcción), which was not part of the object of the proceedings. The Municipality, it reproaches, had no opportunity to adequately defend itself on this point, having been ordered in the judgment, which violates its right of defense and due process. The appealed ruling, in its Considering XI, it notes, makes reference to "other segregations in the sector" and orders the Municipality to investigate these situations. However, it adds, the Court itself acknowledges that these matters were not part of the object of the proceedings. The appealed judgment, it insists, condemns the Municipality to carry out a series of actions and investigations based on aspects that were not part of the original process, thus extending the object of the proceedings in an ultra vires manner. The Court, it recriminates, uses an expert report intended exclusively to assess the potential decrease in the value of the plaintiff's property due to the granting of the construction license that is the object of this process, to support the discussed condemnation, even though said report was not intended to evaluate the legality of other construction licenses or other segregations. This, it asserts, highlights the arbitrariness of the ruling. The Court, it indicates, was prohibited from ruling on matters outside the causa petendi. The ruling, it insists, includes a condemnation that goes beyond what was the object of debate in the process. The cassation appellant concludes by requesting that the contested judgment be quashed “(…) because, in any case, a gross incongruence is evident (see among many other rulings, the ruling ruling [sic] 1136-F-2019), as what was decided departs from the cause of action, for the many reasons that have been given”

XI.- From reading the complaint, it is clear that, although defenselessness (indefensión) is alleged in the title of the reproach, in reality what is argued, as the appellant mentions in closing the grievance, speaks of a possible incongruence. In order to establish whether or not the Court incurred the invoked procedural defect, it is pertinent to transcribe the questioned decision: “(…) 2) Upon this judgment becoming final, it is ordered that this situation be brought to the attention of the Mayor of Cartago and the Municipal Council, for which notification shall be made to whoever holds the Presidency of the Body, as well as to the Municipal Auditor, in order that an investigation be initiated to determine if there are irregularities, at least regarding the approval (visado) of the plans mentioned in this judgment, including that of the co-defendant property, as well as of the construction licenses (licencias de construcción) that have been granted in the sector (District 4 San Nicolás), since the entry into force of the regulatory plan (plan regulador), and to take the corresponding actions to conserve the zone as established in the plan, as well as to determine the responsibilities of the officials who may have engaged in actions contrary to law. For these purposes, the Municipality shall have a period of six months from the finality of the judgment to present the results of the investigation in the judgment execution stage (etapa de ejecución de sentencia). This stage shall be responsible for assessing the submitted report, authorizing possible extensions for its fulfillment, without being able to exceed one year, and taking the measures it deems pertinent based on the results of the investigation”.

XII.- The judging persons are obliged to rule on what the parties have raised in the process, respecting the principle of congruence (principio de congruencia). This means that their ruling must be strictly related to the claims and the cause of action invoked by the parties. Therefore, in principle, they cannot order specific conducts sua sponte that are not part of the object of the proceedings (objeto del proceso), as that could go beyond the parties' claims. However, there are exceptions to this principle of congruence, especially in matters affecting public order or the general interest. In that line, Article 122 of the Contentious-Administrative Procedural Code (CPCA) provides that: “When the judgment declares the claim admissible, in whole or in part, it must make, as appropriate, among others, the following pronouncements: (…) g) condemn the Administration to carry out any specific administrative conduct imposed by the legal system.” Thus, if during the process a manifest illegality or a serious risk to the public interest is revealed that has not been expressly requested by the parties, the judging persons have the power to order the Administration to carry out certain actions to correct said situation. This exceptional power, it is insisted, is justified in the protection of the general interest or public order, fundamental principles that may justify judicial intervention beyond the parties' claims. So, in certain situations, the judging persons may consider that, although the litigation raised by the parties does not include certain specific conducts, the omission of these conducts by the Administration could seriously compromise public order or the general interest. In such cases, they might feel obliged to intervene sua sponte to order the Administration to act in a certain way, even if that action is not directly related to the object of the proceedings. It is important to emphasize that, although the court can act sua sponte, its intervention is subject to limits, principally by the principle of separation of powers. The court must not assume functions proper to the Administration nor issue orders that exceed its competence. Its action must always be exceptional, proportionate, and motivated by the need to protect the general interest. In this case, the Court based its decision on the following terms: “X. OF THE OTHER SEGREGATIONS IN THE SECTOR: Another of the aspects pointed out by the plaintiff is that subdivisions (fraccionamientos) of lots of less than five thousand meters within the San Nicolás sector have been permitted. Although from the documentary evidence it is extracted that initially the Municipality rejected the approval (visado) for lots of smaller dimension than indicated, the truth is that in the same deed of segregation (escritura de segregación) of the co-defendant's property, the following properties of the Partido de Cartago were registered: a) two hundred fifty thousand six hundred seventy-two-zero zero zero, with cadastral plan number C-1778026-2014, measuring one thousand five hundred forty-eight square meters, b) two hundred fifty thousand six hundred seventy-three-zero zero zero, with cadastral plan C-17753402014, measuring nine hundred twenty-two square meters, c) two hundred fifty thousand six hundred seventy-three-zero zero zero, with cadastral plan C-1775339-2014, measuring six hundred fifty-two square meters, which originate from the same mother property. Although it is not part of the object of the proceedings (objeto del proceso) to refer to said segregation, the Court finds sufficient basis to infer possible infractions of the urban planning regulations alleged by the plaintiff; note that the appointed expert herself advised an investigation regarding the possibility that lax action was taken in the granting of construction licenses (licencias de construcción), the foregoing, coupled with what was accredited with respect to the construction license that is being annulled, therefore, upon this judgment becoming final, it is ordered that this situation be brought to the attention of the Mayor of Cartago, the Municipal Council by notification to whoever holds the presidency of the body, and the Municipal Auditor, in order that an investigation be initiated to determine if there are irregularities, at least regarding the approval (visado) of the plans mentioned in this judgment, including that of the co-defendant property, as well as of the construction licenses (licencias de construcción) that have been granted in the sector, since the entry into force of the regulatory plan (plan regulador), in order to take the corresponding actions to conserve the zone as established in the plan, as well as to determine the responsibilities of the officials who may have engaged in actions contrary to law. For these purposes, the Municipality shall have a period of six months from the finality of the judgment to present the results of the investigation in the judgment execution stage (etapa de ejecución de sentencia). This stage shall be responsible for assessing the submitted report, authorizing possible extensions for its fulfillment, without being able to exceed one year, and taking the measures it deems pertinent based on the results of the investigation”. In the opinion of this Chamber, the previous transcription allows verification that the Court acted within the powers conferred by Article 122 subsection g) of the CPCA, by ordering an investigation “(…) in order to determine if there are irregularities, at least regarding the approval (visado) of the plans mentioned in this judgment, including that of the co-defendant property, as well as of the construction licenses (licencias de construcción) that have been granted in the sector, since the entry into force of the regulatory plan (plan regulador), in order to take the corresponding actions to conserve the zone as established in the plan (…)”. As observed, the Court's decision is not only duly motivated, but also issued with the objective of protecting a general interest. Furthermore, this Chamber considers that the ordered measure is proportionate to the urban and environmental damage sought to be avoided. It is not considered, then, that the Court assumed functions proper to the Administration, nor issued orders exceeding its competence, much less, as explained supra, that it incurred defenselessness (indefensión) or incongruence. The complaint must therefore be dismissed.

Cassation appeal on substantive grounds by La Angelina

XIII.- Sole: It alleges a “direct” violation of substantive norms. It questions the assessment of the evidence carried out by the Court, which would have led to an improper non-application of the substantive regulations pertinent to the case, to the detriment of the legitimate interests of its represented party. First, it points out that the process of requesting approvals (visados) aimed at building the family dwelling in question, which is the center of the controversy, began under the regulations of Executive Decree No. 25092-MIVAH-MP-MINAE, and not under the current Regulatory Plan (Plan Regulador) applied by the Court in its ruling. This fact, it states, which is corroborated by both the municipal representative and the plaintiff, and which the Court itself recognized as proven in the documentary evidence, was not adequately considered. Despite being a central aspect of the defense, the Court did not justify why it dismissed the cited right in favor of the Regulatory Plan, whose date of entry into force was also not specified. Moreover, it criticizes that the Court did not issue any pronouncement on the defense's arguments indicating the application of the previous regulations. This omission, it considers, creates a procedural imbalance, as the arguments presented by the defense, which were valid and legitimate, were not considered or discussed in the judgment. It argues that the lack of explanation as to why the defended regulation was discarded and the Regulatory Plan applied in its place results in a lack of clarity and transparency, which violates the requirement established in Article 155 of the Civil Procedural Code, which obliges judges to resolve each and every point that has been the object of debate, including those presented by the defense. This scenario, according to its statement, constitutes a reprehensible non-application of the substantive norm. The Court, it reproaches, by applying only the Regulatory Plan, did not justify why the regulation under which the approval application process began was not considered, which constitutes a direct violation of the right to a balanced and fair process. Its represented party, it concludes, does not seek that the Court simply rule in its favor, but rather that a clear pronouncement be included on why the initially applied regulation has no legal validity or efficacy, something that was alleged by the defense at all times. This non-application of the pertinent regulation, it reiterates, not only generates legal uncertainty but also represents a clear procedural imbalance that must be corrected. XIV.- In what is relevant, the Court stated when resolving on the nullity of the requested construction license (licencia de construcción): “(…) According to the date of segregation of the property Partido de Cartago, Folio Real registration number 250671-000, it was registered on the first day of April two thousand fifteen, therefore the regulations indicated in the current Regulatory Plan (Plan Regulador) apply fully, in its provisions regarding permitted uses, as it is located in the Fourth District of the Canton of Cartago.” While it is true that the Court demonstrated that the Municipality of Cartago learned, in 2012, of a request for approval of survey plans (visado de planos de agrimensura) for the segregation of several lots that were part of the property folio real registration 3194022-000 (proven fact 1), a property from which the property folio real registration 250671-000 was later segregated, the land in respect of which the questioned construction license was granted; it is also true that the plan that gave rise to the property of interest (folio real 250671-000) is plan 3-1775341-2014, which was approved (visado) by the Municipality of Cartago, for cadastre purposes, on August 1, 2014. It is also worth mentioning that the segregation that originated the property folio real 250671-000 was registered, as the contested judgment indicates, on April 1, 2015. The Regulatory Plan, as the Court cited when referring to its provisions, regarding agricultural zones indicates: “58.1.11.- Agricultural Zone (ZAG) / Composing Sector / S10: (…) Parameters / See the urban planning sheet and the table of parameters for each sector (Annex 1) / Lots or properties and existing constructions with dimensions different from those indicated will not be affected, if their segregation occurred before the validity of this Regulatory Plan, presenting the rigorous evidence”. Thus, while the procedure for the approval of the referred plans began before the Regulatory Plan entered into force on December 20, 2012 (Official Gazette La Gaceta, Digital Supplement 208), the segregation of the lot of interest occurred after the entry into force of the Regulatory Plan. Ergo, it is the latter that is applicable to the case, as established by the Court, not the cited decree. It is important to indicate, as a clarification, regarding the lack of indication of the Regulatory Plan's entry-into-force date as a proven fact (which the appellant questions), that the validity of a legal norm is a matter of law, not of fact. This means that the Court can apply the legal norm in force without needing its entry into force to be proven as a fact in the process. Therefore, the appellant being incorrect, the rejection of the complaint is what proceeds.

Cassation appeal on substantive grounds by the Municipality

XV.- First: It begins with a transcription of the Operative Part (por tanto) of the contested judgment. In its opinion, the Court declared the absolute nullity of the construction license (licencia de construcción) 24700-A granted to the defendant company, based on the interpretation of various articles of the Regulatory Plan (Plan Regulador), specifically articles 1, 56.7, 58.1.11, 12.2.1 and the corresponding annexes for the agricultural zone (zona agropecuaria) of the District of San Nicolás. According to the Court, it says, the property of the co-defendant company, registered in April 2015, was subject to the current regulations of the Regulatory Plan, which established limitations on permitted uses and maximum construction cover (cobertura). However, it argues, the Court made an error in interpreting and applying these norms. It points out that, although the property is located in the agricultural zone (zona agropecuaria) of the District of San Nicolás, the construction license was granted in compliance with all legal requirements. The construction under discussion, it explains, covers a total of 490 m² on two levels, has a footprint of 235 m², which represents 7.3% coverage (cobertura) on the total land of 3,239 m², therefore, it is within the 10% limit permitted by the Regulatory Plan annex for that zone. The Court, it indicates, based its decision on article 58.1.11 of the Regulatory Plan, which establishes that, in the case of construction of a dwelling linked to agricultural activities, the maximum permitted area is 150 m², reserving the rest of the permitted coverage for buildings related to agricultural or forest activities. However, the appellant asserts, this norm must be interpreted jointly with the annex of the Regulatory Plan that allows a maximum coverage of 10%, and with article 12.2.1, which establishes a coverage limit of 15%. Moreover, it adduces, the Environmental Fragility Index (Índice de Fragilidad Ambiental) of the zone where the construction is located permits a coverage of up to 20% under certain conditions, which reinforces the validity of the approved construction license. Finally, it maintains, the Court did not properly apply or interpret articles 1, 56.7, 58.1.11, 12.2.1 and the annexes of the Regulatory Plan for the agricultural zone (zona agropecuaria) of the District of San Nicolás. It argues that the construction was carried out in compliance with all the coverage parameters established in said articles and annexes, and that this is duly documented in the evidence presented, including the certification of the construction license. Therefore, it considers that the annulment of the license by the Court is not in accordance with Law.

XVI.- The cassation appellant is incorrect. Article 58.1.11 “Agricultural Zone (ZAG) composing S10”, which the Court cites and the cassation appellant accepts as the norm applicable to the case, clearly states: “(…) In case of construction of a dwelling (linked to agricultural activity), it is subject to a maximum area of 150 m2, the rest of the permitted coverage (cobertura) in the zone will be that destined for the buildings and structures required by the agricultural or forest activity”. While the Annex for the agricultural zone (zona agropecuaria) of the District of San Nicolás cited by the cassation appellant permits a maximum coverage of 10%, it must be interpreted in light of the previously cited provision. That is to say, although the permitted coverage is 10%, which in this case equates to 323.9 square meters, it must be understood that of those 323.9 square meters, only 150 square meters can be destined for dwelling construction and the remaining 173 square meters will be what can be allocated for buildings and structures required by the agricultural or forest activity. On the other hand, article 12.2.1 of the Regulatory Plan, in its final paragraph, is clear in establishing that: “For agricultural, livestock, and forest purposes, segregations of parcels with frontage on special easements (servidumbres especiales), which shall hereinafter be called agricultural and forest, may be permitted, the resulting portions must be equal to or greater than five thousand square meters (…)”, a provision that the annex for the agricultural zone (zona agropecuaria) of the District of San Nicolás ratifies by establishing a minimum lot size of five thousand square meters for this type of parcel (agricultural and forest). This annex also establishes a maximum height of 7 meters for constructions, two floors maximum, minimum frontage of 30 meters, with a maximum coverage (cobertura) of 10%, in the terms previously indicated. Such limitations are typical of a zone that has been defined as agricultural. Urban developments can alter the rural environment, negatively affecting soil quality, water supply, and the local ecosystem, which justifies the restriction of such projects in agricultural areas. The zoning norms in a regulatory plan (plan regulador) are designed to ensure that land use is consistent with the purpose of the designated zone. Thus, in an agricultural zone, regulations usually prohibit or limit urbanization to protect agricultural activities. This is because the coexistence of urban projects with agricultural activities can generate conflicts, such as contamination of crops by urban waste or competition for water resources. To avoid these conflicts, regulatory plans tend to clearly separate urban areas from rural ones. Limiting urban projects in agricultural zones is a measure that seeks long-term sustainability, preserving agricultural lands for future generations and avoiding uncontrolled development. Therefore, this Chamber finds that the Court's interpretation of the regulations contained in the Regulatory Plan for the agricultural zone (zona agropecuaria) of the San Nicolás District of the province of Cartago is in accordance with the objectives pursued with its promulgation, namely, to protect and promote rural activities and preserve natural resources in the area. The segregation of the property in question and the construction license, as the Court well established, did not comply with the current urban planning norms, which is why nullity as sought was decreed, as was done. As the legal infractions alleged do not exist, the formulated censure must be dismissed.

XVII.- Second: It alleges improper application of substantive norms, as established in article 138, paragraph c) of the Contentious-Administrative Procedural Code (CPCA). This defect, it points out, originates because the Court, in resolving the case, starts from the erroneous premise that the co-defendant company's property, identified with number 250671-000, was registered on April 1, 2015. Based on this date, it criticizes, the Court improperly applies the regulations of the Regulatory Plan (Plan Regulador), arguing that these provisions are applicable to the property as it is located in the Fourth District of the Canton of Cartago. This error, it indicates, led the Court to annul the discussed construction license (licencia de construcción), arguing that the segregations carried out on the property did not comply with the current urban planning norms. In particular, the Court relies on Considering XI of the ruling, which points out possible infractions of urban planning regulations, even suggesting that an investigation into the construction licenses granted in the area was initiated. However, the Court ignores that the property in question originated through a process of requesting segregation approval (visado de segregación) in 2012, under file number 118769, submitted on August 8 of that year, long before the entry into force of the Regulatory Plan. This fact, it highlights, is relevant because the regulation applicable to the case is not that of the Regulatory Plan in force in 2015, but the provisions contained in Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. This decree establishes, it comments, among other things, the creation of a "Special Protection Zone" and regulates subdivisions (fraccionamientos) and constructions in said zone. Specifically, it alludes, Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE provides in its article 3.3 that subdivisions (fraccionamientos) shall only be permitted facing public roads existing before the promulgation of the Regulation of the Greater Metropolitan Area (GAM), and only if those roads have the required basic services. Furthermore, it adds, it prohibits subdivisions (fraccionamientos) on roads that do not meet these requirements, except for certain exceptions for agricultural purposes. These regulations, it affirms, are those that should have been applied to the case in question, since the segregation approval process (visado de segregación) began when these norms were in force, and not those of the Regulatory Plan. Additionally, it claims, the Court ignored the validity of the land-use certificate (certificado de uso de suelo) granted to its co-defendant company, which is a favorable administrative act and which, according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Voto No. 2019-010962, among others), is protected by the principle of intangibility of one's own acts (principio de intangibilidad de los actos propios), enshrined in article 173 of the General Law of Public Administration. This principle, it explains, establishes that favorable administrative acts, such as the land-use certificate, cannot be annulled without following the corresponding formal and substantial requirements.

XVIII.- The issue of the regulation applicable to the case has already been resolved in Considering XIII, when this Collegiate Body settled the debate raised in this regard by the special judicial representative of the co-defendant company. In that section, it was clearly established why the Regulatory Plan (Plan Regulador) is the regulation applicable to this matter and not Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, thus making it unnecessary to repeat the considerations made in that section to dismiss the complaint. It is worth adding that, although the appellant alludes to the land-use certificate (certificado de uso de suelo) that the Court mentions in proven fact 6 and that the appellant says served as the basis for granting the license being annulled, it fails to reveal where the improper assessment of that document, which it seems to allege, would lie, a shortcoming that also compels the rejection of that censure.

XIX.- Third: The Court, it claims, improperly assessed the evidence presented by its represented party, which led to the annulment of a legitimately granted construction license (licencia de construcción) and the issuance of improper pronouncements regarding approvals (visados) approved by the Municipality, as it says it stated in the procedural and substantive defects previously developed. In this context, and without prejudice to reiterating what was stated in the previous points, it says, it highlights three points. First, the Court, it accuses, made improper use of the expert report in Considering XI, by attempting to support its “Condemnation No. 2”. The Court, it comments, states that the expert advised investigating the possibility of lax action in granting construction licenses. However, the Court, it notes, flagrantly omits that this evidence was offered and accepted solely to determine the possible decrease in the value of the plaintiff's property due to the construction license in question, as recorded in the file. In fact, it expands, once the evidence was practiced, the expert ruled out any decrease in value, and in her conclusion, made it clear that the mention of "laxity" was only a general recommendation and not a conclusion of the expert report. Second, the Court has incorrectly applied the regulation with regard to approvals (visados), particularly in “Condemnation No. 2”, which also affects “Condemnation No. 1”. The Court, it points out, held that the Regulatory Plan (Plan Regulador) should be applied. However, it argues, as it says it previously developed, and is now reiterated, that what should be applied is Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE, since the approval procedure (trámite de visado) was not submitted in 2015, but on August 8, 2012, before the entry into force of the Regulatory Plan on December 20, 2012, as recorded in file 118769. If Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE had been applied, it asserts, the case would have been resolved differently, given that the questioned approvals (visados) originated before the entry into force of the Regulatory Plan, and there was no norm in the decree that prohibited the license and approvals in question. Third, the Court, it exclaims, improperly assessed the construction license file. This file, which it says was requested a second time by the Court, contains the construction plans and the complete documentation for the dwelling affected by the ordered annulment, including its total area, architectural layout, and the two floors that comprise it. The Court, it reproaches, should have considered that the maximum coverage (cobertura máxima) authorized by the Regulatory Plan for the Agricultural Zone (Zona Agropecuaria), specifically for the District of San Nicolás, was not violated by its represented party. The construction authorized under the license, which is now annulled, it reveals, was built with a coverage (cobertura) of 7.3%, thus complying with the meaning and content of the Regulatory Plan (article 12.2.1), as well as with articles 56.7, 58.1.11 and the annexes that regulate the agricultural zone (zona agropecuaria) of the District of San Nicolás. In accordance with these provisions, it avers, the maximum authorized coverage (cobertura máxima) was not exceeded, as the project was approved for a dwelling of 490 square meters, distributed over two floors, with a building footprint of only 235 square meters. Considering that the property in question has an area of 3,239 square meters, the coverage was barely 7.3%. The Court, it recriminates, also ignored official communication URB-OF-972-2017 that demonstrates these calculations, as well as the consistent testimony of engineer Cristian Solano Orozco, author of the communication, who testified in the oral and public trial hearing.

This omission, she reproaches, has left her client defenseless. Likewise, she proclaims, the Trial Court did not correctly apply the evidence relating to the Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), which indicate that in the area where the denounced construction is located, index 11-A allows the development of human-occupancy infrastructure, under the condition that the coverage is not greater than 20%.

XX.- As can be observed, the three disagreements set out by the appellant are nothing more than reiterations of previous counts, as the appellant himself admits, reproaches that have already been resolved above. Therefore, for the sake of avoiding redundancies, we must abide by what has already been said and they shall be deemed dismissed. The cited official communication and the deposition of its author, evidence that the appellant accuses of having been disregarded, do not provide data that could influence a change in what was decided, since they were calculated under the protection of a normative interpretation that, as already stated, is erroneous. That is to say, the eventual disregard of this evidence would be inconsequential and, consequently, the examination of the count would be futile for the purposes of quashing the judgment, which also obliges the dismissal, for this reason, of the formulated censure.

XXI.- Fourth: The Trial Court, he argues, incorrectly assessed the documentary evidence that was considered as proven fact number 10. In that section, he states, it is mentioned that, on October 4, 2016, thirteen people sent a letter to the Department of Urbanism of the Municipality. He transcribes the content of the indicated proven fact, which basically summarizes the content of the missive. The name and signature of the plaintiff, he declares, do not appear among the signatories of that letter, which is evidenced in images 29 to 33 of the judicial file. During the oral and public trial hearing, he mentions, the Court was informed that the letter was presented by people who identify themselves as residents of the lands in conflict, but the signatures were not authenticated, which means that it could not be verified that the signatories were indeed residents. This lack of authentication, he alleges, is crucial, since the people presented the document in their capacity as residents, not as any other person. Therefore, the judgment was based on a "proven" fact that should not have been considered as such, which speaks of an improper assessment of this evidence.

XXII.- For an error in the appreciation of evidence to ground the cassation of a judgment, this error must be transcendental. That is, it must have a decisive influence on the appealed decision. An error is considered transcendental when, had it not been committed, the outcome of the proceeding would have been different. That is to say, not any error in the evaluation of evidence justifies the cassation of a judgment. This Chamber has so held repeatedly. Therefore, if the error in the appreciation of evidence does not have a significant impact on the outcome of the proceeding, it will not be sufficient to quash the contested judgment. The appellant is thus obliged to explain clearly and precisely why he considers that the error in the evaluation of evidence is transcendental. In such manner, the appellant must not only demonstrate the existence of the evidentiary error, but must also reveal how that error has decisively influenced the appealed decision. The appellant evidently does not fulfill that duty to provide reasons, a sufficient ground to dismiss the count. In any case, this Chamber does not find that the accused erroneous appreciation of the aforementioned document, had it occurred, could have the virtue of modifying what was decided by the Trial Court. That is, it would be inconsequential in light of the decision.

XXIII.- Fifth: He imputes to the contested judgment improper application or lack of application of subsection 193 b) of the CPCA, for not having exonerated the Municipality from the payment of costs of the proceeding, despite the fact that, due to the nature of the debated issues, it had sufficient grounds to litigate. He states that from the case file it is possible to deduce that there was indeed sufficient grounds to litigate, given the nature of the debated issues, by reason of which, as recorded in the recording of the oral and public trial hearing, the Trial Court declared the resolution of the case as complex. In his opinion: "(...) being in a process intended to confront not two legal theses (that of the plaintiff (yes) and that of my client), but also that of the codefendant company which, evidently, is not the same as that of my client, and, in the case specifically of the one argued by the municipality, this has been accompanied by abundant and adequate legal reasoning, as well as by evidence that has been considered suitable and pertinent to support the municipal thesis, for which reason I believe that the judgment must be quashed regarding the matter of costs because sufficient merit to litigate exists, in addition to the occurrence of the mentioned defect of improper application of subsection 193 b) of the CPCA." The Trial Court, he concludes, did not reason whether or not sufficient grounds to litigate existed, due to the nature of the debated issues.

XXIV.- The contested judgment ordered: "XIV.- REGARDING COSTS: In accordance with Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so, with the exceptions contained in subsections a) and b) of the same article. The plaintiff initially sued the Municipality of Cartago. The codefendant company was joined by reason of the obvious impact that the outcome of this trial could have regarding the granted license, pursuant to Article 12.3) of the CPCA. As this Court finds no ground that exonerates the Municipality of Cartago from them, it must be ordered to pay them. With respect to the company, it is resolved without special order as to costs."

XXV.- This Collegiate Body shares what was ordered in the ruling on costs. This Chamber has indicated, on repeated occasions, that costs are an ex officio pronouncement, condemning the losing party for the mere fact of being so, without this allowing the losing party to be considered a reckless or bad faith litigant (see in this sense, among others, rulings no. 4146-F-S1-2019 of 16 hours and 10 minutes of November 26, 2019, no. 3877-2019 of 11 hours and 45 minutes of November 14, 2019 and no. 1029-F-S1-2018 of 10 hours and 20 minutes of November 28, 2018). The general rule is the imposition of costs on the losing party as recognition to the winning party, for having had to defend their right or interest, before the disturbance of a third party or before the defense of claims exercised against them. The counterparty was forced to litigate and incur various expenses to sustain its technical defense, which means the losing party must assume the economic consequences of the process. Article 193 of the CPCA establishes the assumptions for relieving the party of that patrimonial obligation: "...a) The judgment is issued by virtue of evidence of whose existence the opposing party has not plausibly known and, for this reason, the party's opposition has been adjusted. b) Due to the nature of the debated issues, there has been, in the Court's opinion, sufficient grounds to litigate." However, when an improper application of these exceptions has been made, it is feasible to review the judge's evaluative exercise in cassation, that is, the judge is obliged to provide reasons for their ruling on costs, only when applying one of the exoneration assumptions, since such considerations enjoy exceptionality. In this sense, in the opinion of this Chamber, in the instant case the judging persons did not incur the alleged legal breach, by imposing the payment of costs on the losing party as the cited norm indicates. For greater abundance of reasons, the existence of conflicting theses between the parties is not, by itself, a valid justification to exonerate from liability or to exempt from the payment of costs. For the exoneration of costs to proceed, the appellant must demonstrate clearly and precisely that there were sufficient grounds to litigate, that is, that there were solid legal foundations and a legitimate controversy in the interpretation of the law or the facts, which is lacking.

Therefore, the censure argued must be denied.

XXVI.- By virtue of the foregoing, the appeals filed by the Municipality of Cartago and the codefendant company are declared without merit. The costs shall be borne by their promoters, in accordance with Article 150 subsection 3) of the Contentious Administrative Procedure Code.

POR TANTO

The appeals filed by the Municipality of Cartago and La Angelina Ilse Uno AP S.A. are declared without merit. The costs are to be borne by their promoters. JCVILLALOBOS

 

 

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Luis Guillermo Rivas Loaiciga

\t

 





Rocío Rojas Morales

\t

 

\t

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

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\t

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 LE74SBY4CUO61

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:42:37.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República