Res. 01627-2024 Sala Primera de la Corte — Water connection for irregular urban development and water availabilityConexión de agua en proyecto urbanístico irregular y disponibilidad hídrica

Grande
Normal
Pequeña
Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01627 - 2024

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2024 a las 11:15

Expediente: 18-007811-1027-CA

Redactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución



Exp. 18-007811-1027-CA

Res. 001627-F-S1-2024

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas quince minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticuatro .

En el proceso de conocimiento establecido por LUIS ALEJANDRO UREÑA GARITA, representado por su apoderado especial judicial, Walter Brenes Soto, contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), representado por su apoderado especial judicial, Marco Antonio Arroyo Vargas; la parte actora formula recurso de casación contra la sentencia No. 1492-2023-VIII de las 15 horas 3 minutos del 3 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con la integración de los juzgadores Laura García Carballo, Jonatán Canales Hernández y Rodolfo Marenco Ortíz.

Redacta el magistrado Zamora Campos

CONSIDERANDO

I.- Conforme lo expuesto en la demanda base de esta contienda judicial, en el año 1995, la sociedad Fincas Aguas Claras Hermanos Madrigal S.A. era propietaria del inmueble de Limón inscrito bajo la matrícula 65885-000. En ese mismo año, la referida compañía segregó un lote del terreno citado, el cual vendió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Este último lote se inscribió bajo la matrícula 70299-000 a nombre del referido Instituto, con el fin de construir un tanque para el proyecto Guápiles. Sobre el terreno reservado (finca 65885-000), se constituyó una servidumbre de acueducto y paso. De este último bien, luego surgió la finca 74235-000 y, de esta última, el fundo 117940-000. Todos ellos han soportado el gravamen descrito. El inmueble 117940-000 pertenece al señor Luis Alejandro Ureña Garita. Sobre este, el referido señor construyó cuatro locales comerciales, gracias al financiamiento que adquirió mediante un préstamo con garantía hipotecaria suscrito con el Banco Nacional de Costa Rica. Al momento de ejecutar el permiso de construcción otorgado por el gobierno local, el inmueble en cuestión contaba con disponibilidad de agua debidamente otorgada por el AyA; no obstante, en la actualidad, dicha institución no ha interconectado la propiedad con el sistema de agua potable de la zona de Guápiles, pese a que sí existe disponibilidad de agua e incluso la servidumbre del acueducto pasa por su propia heredad.

II.- El señor Luis Alejandro Ureña Garita interpuso el presente proceso de conocimiento contra el AyA. En su demanda, originalmente, planteó las siguientes pretensiones: “1. Se le ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alacantarillados [sic] realizar la conexión definitiva de la propiedad del señor Alejandro Ureña Garita, propiedad matrícula número 7-117940-000, al sistema de acueducto público de agua potable del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. / 2. Se condene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de ambas costas relacionadas con el presente expediente judicial”. Luego, en la audiencia preliminar celebrada el 11 de febrero de 2019, amplió su petitoria en los siguientes términos: 1) Se anule la resolución número GSP-RHC-P-2018-0037 del 3 de mayo de 2018. 2) Que de conformidad con el informe que presentó el AyA, se ordene al demandado realizar la implementación de obras técnicas y científicas para asegurar la prestación de un servicio de agua potable de calidad, continuo y de una cantidad que permita abastecer a los usuarios del cantón de Pococí, distrito de Guápiles, Limón, específicamente en la propiedad del señor Alejandro Ureña Garita, matrícula número 7-117940-000. 3) Se condene al AyA al pago de ambas costas. Posteriormente, en la audiencia preliminar celebrada el 4 de setiembre de 2020, el actor desistió de la primera pretensión citada. La segunda quedó igual, pero se hizo la aclaración de que existe una omisión por parte del demandado de las obras técnicas y científicas necesarias para el abastecimiento de agua. La representación del accionado contestó negativamente la demanda y opuso la excepción de falta derecho. Mediante sentencia No. 1492-2023-VIII de las 15 horas 3 minutos del 3 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con la integración de los juzgadores Laura García Carballo, Jonatán Canales Hernández y Rodolfo Marenco Ortíz, se declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y se impusieron ambas costas a cargo del actor. Inconforme este último con lo resuelto, incoó recurso de casación ante esta Sala, el cual fue parcialmente admitido.

Casación por motivos procesales

III. En el único cargo procesal, se acusa la falta de motivación del fallo. El casacionista pide revisar la ampliación de la pretensión hecha durante la audiencia preliminar del día 11 de febrero de 2019. Considera que el Tribunal no hizo una debida fundamentación en cuando a la forma como fue abordada dicha pretensión. Solicita revisar el considerando X, página 50, en el que se hizo un supuesto análisis del particular. Alega que, de la lectura de lo allí esgrimido, no se logra apreciar un pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de ordenar al accionado implementar sus criterios técnicos y científicos para asegurar la prestación del servicio de agua potable, que fue lo que se pidió. Advierte, la conducta omisiva reprochada se acreditó mediante la prueba que fue aportada por el propio demandado, quien indicó que se debían realizar obras para tener la suficiente capacidad para abastecer de agua a los vecinos del cantón de Pococí, incluido el actor. Insiste, no hay razonamientos sobre ello en la sentencia objetada, pese a que se trata de la pretensión principal del proceso. Añade: “Como bien se aprecia, no existe en la sentencia, ninguna prueba de que la demandada haya implementado una solución de forma técnica y científica para asegurar la prestación del servicio de agua potable a mi representado ni a los otros vecinos del cantón de Pococí, siendo el único argumento improcedente, ya que los juzgadores se avocaron a realizar comentarios en relación con la falta de individualización de usuarios del cantón de Pococí que tenían la necesidad de brindarles el servicio de agua, lo cual no es relevante, ya que según se observa en la pretensión se incluyó “específicamente en la propiedad del señor Alejandro Ureña Garita”, que es la parte actora del proceso, lo que evidencia la falta de motivación. / La omisión advertida por el tribunal, hace que el fallo resulte confuso y contradictorio, por cuanto existen pruebas documentales que acreditan que mi cliente es propietario de una finca ubicada en el cantón de Pococí, incluso la ubicación de la finca objeto del litigio es en Pococí se tuvo en los hechos probados del 1 al 7 dentro de esta sentencia”. En su apoyo, transcribe extractos de sentencias en los que se ha explicado el vicio argüido. Aduce el quebranto de los ordinales 11, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 48 de la Constitución Política, así como 61.2.3 del Código Procesal Civil.

IV.- Al pronunciarse sobre el fondo del asunto, el A quo primero se refirió al origen de la finca del actor, pues lo consideró necesario para entender el contexto en el que se encuentra inmerso dicho inmueble. Así, señaló que, en el año 1995, de la finca 7-65885-000 que pertenecía a la sociedad Finca Aguas Claras Hermanos Madrigal S.A., se segregó un inmueble con una medida de 1.339,56 m², que se traspasó al AyA conforme la Ley de Expropiaciones, para la construcción de un tanque para el proyecto de Guápiles, además se impuso una servidumbre de acueducto y de paso sobre el resto reservado. Luego, indicó, el fundo 7-65885-000 sufrió 12 segregaciones y una de ellas dio nacimiento al inmueble 7-117940-000, con una medida de 296.99 m², el cual se encuentra inscrito a nombre del actor desde el 23 de enero de 2018. Por otra parte, los juzgadores advirtieron que, de previo a pronunciarse sobre la disponibilidad de agua reclamada, se referirían a las definiciones insertas en el Formulario de Solicitud de Nuevos Servicios de AyA (Conexión Permanente), y que resultan coincidentes con el Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA. Transcribieron las siguientes definiciones: “Nuevo Servicio Agua Potable y Alcantarillado Sanitario: Corresponde a servicios para una vivienda o un comercio en una finca individual y hasta seis fraccionamientos de la finca y con frente a calle pública o servidumbre de acceso, donde existen redes de distribución y/o recolección. No corresponde a este concepto los desarrollos urbanísticos (urbanizaciones, condominios y fraccionamientos de más seis fincas). Nuevo Servicio Solo Alcantarillado Sanitario: Se trata de una solicitud de servicio de saneamiento, donde el inmueble cuenta con el servicio de agua potable. […] Servicio Provisional para Construcción de Proyectos Urbanísticos: Servicio que por la naturaleza de la actividad, se presta por un periodo determinado para la construcción de proyectos urbanísticos (urbanizaciones, condominios y fraccionamiento de más de seis fincas). El Proyecto deberá contar con la aprobación por parte del Área Funcional de Urbanizaciones del AyA”. Después de ello, el Tribunal señaló, el 15 de noviembre de 2011, la señora Dunia Garita Vindas hizo una solicitud ante la Unidad Regional del AyA, relativo al proyecto de vivienda unifamiliar, tendiente a la dotación de un servicio de agua potable, sobre la finca que hoy pertenece al actor (7-117940-000). En respuesta, mediante nota del 22 de noviembre de 2011, No. DA-POC/ 2011-0999, se dispuso: “*Sí hay disponibilidad de agua potable al frente de la propiedad. *No hay disponibilidad del Sistema de Alcantarillado al frente de la propiedad. […] ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 12 MESES PARA CUALQUIER TIPO DE DESARROLLO URBANÍSTICO; Y DE 6 MESES PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, A PARTIR DE ESTA FECHA”. Tiempo después, concretamente el 5 de junio de 2014, doña Dunia volvió a solicitar una certificación de disponibilidad de agua potable, la cual fue atendida el 11 de junio de 2014, mediante certificación No. SSB-GSP-RHA-P-2014-884, en la que se indicó exactamente lo mismo que en la anterior. En data 9 de octubre de 2017, doña Dunia volvió a solicitar una certificación en los mismos términos, cuya respuesta se brindó mediante documento No. 2017-13781 del 11 de octubre de 2017, en el que se dispuso: “[…] Esta propiedad es parte de un Desarrollo o Fraccionamiento Urbanístico, la cual no cuenta con la aprobación previa de disponibilidad de agua potable por parte de AyA […] No hay disponibilidad de agua potable frente a la propiedad. No hay disponibilidad de Sistema de Alcantarillado frente a la propiedad”. Dicho documento fue recibido por el señor Alejandro Ureña el 15 de mayo de 2018. Inconforme el actor con esa disposición, en fecha 12 de abril de 2018, dirigió una nota a la Región Huetar Atlántica Cantonal Pococí. Esta fue atendida mediante el oficio GSP-GHC-P-2018-00377 del 3 de mayo de 2018, en el que se advirtió que la finca en cuestión formaba parte de un desarrollo urbanístico que a la fecha no había cumplido con la normativa técnica y específica, prevista en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados. Además, se indicó que el proyecto urbanístico no contaba con estudios ni aprobación por parte del AyA. Tampoco con información sobre el tratamiento de aguas pluviales y residuales, por lo que no cumplía con la normativa técnica legal. A partir del anterior recuento de actuaciones, el Tribunal consideró importante destacar que, en primer lugar, al momento de responderse la última solicitud de disponibilidad de agua citada, el AyA ya consideraba que la propiedad del aquí accionante formaba parte de un desarrollo o fraccionamiento urbanístico, por lo que debía cumplir con la normativa específica establecida para ese supuesto, además, el plazo de vigencia de la certificación sería de 12 meses. En segundo lugar, que cuando la Municipalidad de Pococí le otorgó al actor el permiso de construcción No. 20829-2018 del 10 de enero de 2018, para una construcción en la finca de marras, el inmueble no contaba con disponibilidad de agua potable, ni alcantarillado sanitario, sin que hubiera podido invocar la disponibilidad de agua potable de los años 2011 o 2014, porque el plazo de vigencia de ambas ya había vencido y, además, no se contaba con servicio de alcantarillado sanitario. Resaltó, la certificación de disponibilidad de agua resultaba necesaria para tramitar los permisos para planos constructivos, visados catastrales, trámites de otra naturaleza e incluso para contar posteriormente con el servicio de agua potable, tal como lo prevé el Reglamento de Prestación de Servicios Públicos del AyA. Acto seguido, el Tribunal explicó que, hasta ese momento se había hecho mención de las disponibilidades de agua solicitadas por los dueños de la finca 7-117940-000; no obstante, resaltó que, en ese ínterin hubo estudios e informes emitidos por los órganos técnicos del AyA, los cuales consideró relevante citar. Así, mencionó el memorando SUB-AID-GA-2015-432 del 28 de abril de 2015, emitido por la Directora del Área Funcional de Hidrogeología UEN de Gestión Ambiental, en el que se analizaba la exoneración de redes de alcantarillado sanitario para el Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles, en el cual se concluyó: “[…] desde el punto de vista hidrogeológico, geológico, protección del acuífero y a las Fuentes Numancia del AyA y de todos los estudios técnicos existentes en la zona y del Diagnóstico Plan Regulador de Pococí- Tomo 1, no se recomienda exonerar al Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles […] debido a que es un acuífero vulnerable a la contaminación”. También se hizo mención del memorando GSP-RHA-2015-02419 del 26 de octubre de 2015, en el que la Región Huetar le indicó a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos, que le adjuntaba el informe diagnóstico de producción, que describía su preocupación sobre la capacidad del sistema de Guápiles, La Rita y Roxana y, reiteró la necesidad de que el Instituto efectuara los estudios pertinentes y con la antelación que se requiere. En el informe citado, se indicó: “6.1 Resulta evidente el crecimiento acelerado en la cantidad de servicios registrados en los sistemas de cantón de Pococí que prácticamente se ha duplicado del año 2000 a la fecha. 6.2 Por otro lado, las fuentes de abastecimiento siguen siendo las mismas, con el agravante de los posibles efectos de fenómeno de cambio climático. 6.3 Con el análisis mostrado, se evidencia que el acueducto está sobrepasado en su capacidad al comparar las demandas contra una producción mínima de períodos secos. Esta situación ya se evidencia con la disminución de presiones y faltante de agua en las zonas más altas de la ciudad de Guápiles. 6.4 El escenario mostrado indica que de presentarse una época seca marcada y con el ritmo de crecimiento actual, ya para el año 2016 se presentarían déficit importantes. (…) 6.6 Ante estas condiciones es recomendable no emitir más disponibilidades para proyectos (incluyendo extensiones de ramal) hasta tanto no se establezcan las mejoras necesarias que garanticen un adecuado abastecimiento. Esto por cuanto el crecimiento vegetativo es considerable es (Sic) las áreas que ya se tienen cubiertas. 6.7 Es importante retomar la búsqueda de nuevas fuentes […]”. Asimismo, citó el memorando GSP-RA-P-2018-01031 del 30 de octubre de 2018, mediante el cual el Jefe de la Unidad Cantonal de Pococí de la Región Huetar Atlántica, se pronunció sobre los hechos de esta demanda, en los siguientes términos: “La certificación de no disponibilidad de agua potable se confeccionó porque la propiedad indicada forma parte de un desarrollo urbanístico, que a la fecha no ha cumplido, con la norma técnica, y específica que además tiene un fundamento legal indicado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados […] Este Proyecto Urbanístico, no cuenta con estudios ni aprobación previa, por parte de Acueductos y Alcantarillados, ni se tiene información del tratamiento que se le dará, a las aguas pluviales, ni a las aguas residuales, motivo por el cual, no se puede aprobar la disponibilidad del servicio de agua, hasta que cumplan con la norma técnica y legal. En esta propiedad según lo detallado, el propietario registral de la finca con Folio Real 7-117940-000, efectuado [sic] todas las gestiones necesarias, para obtener certificación de disponibilidad de agua potable, pero a la fecha, no ha formalizado en ningún momento la solicitud o instalación material de un servicio de agua potable […]”. Refirió también al oficio GSP-RA-2019-00303 del 22 de febrero de 2019, emitido con ocasión de este proceso judicial, en el que se dispuso: “[…] Efectivamente el desarrollo en la finca 7-065885-000 (conocido como Nuevo Guápiles) de donde se segregan las propiedades 7-74325-000 y 7-117940-000 le aplican restricciones de capacidad hídrica establecidas en el informe “Diagnóstico Producción y Demanda para el Acueducto de Guápiles-La Rita-Roxana de Pococí” emitido en el año 2015. Punto 3-B. La restricción corresponde a un déficit en la producción en las fuentes actuales que abastecen el sistema Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez con respecto a la demanda. No obstante, esta limitación no es la única condición que se debe ser atendida para obtener los servicios de AyA. Debe cumplirse además toda la normativa aplicable a desarrollos urbanísticos. Punto 4-B y 5-B. Si bien AyA trabaja ya en obras para ampliar la oferta hídrica, en eso no es exclusivo para el sector donde se ubica la finca 7-117940-000. En este sentido AyA viene desarrollando varios proyectos tales como: construcción de pozos, mejoras y construcción de obras de captación, redes de conducción, entre otros, todo lo cual ha permitido aprobar disponibilidades para cerca de 1200 servicios. También se desarrollan proyectos de mediano plano como las captaciones Santa Clara, Guápiles 1 y plan maestro para el cantón de Pococí en el largo plazo. Es importante aclarar que, aún existiendo disponibilidad hídrica, el desarrollo debe cumplir con la normativa propia para esta actividad tal y como se ha venido anotando y no se deben aprobar servicios para lotes individuales que forman parte de un desarrollo, para evitar que mediante este mecanismo se burle la legislación que rige la materia de urbanizaciones, principalmente lo establecido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA. Punto 6-B y 7-B. Si se mantienen vigentes las condiciones técnicas y ambientales descritas en el oficio GSP-RHA-2015-02239 ya que se refieren a la naturaleza del espacio biofísico que ocupa el desarrollo de la finca 7-065885-000 de donde se segregan la propiedad con número de finca 7-117940-000. Esto por cuanto el oficio de referencia describe la existencia de un acuífero que subyace el terreno a desarrollar y que posee una alta vulnerabilidad de acuerdo a los estudios efectuados por diferentes instituciones (AyA y SENARA). En relación con la ubicación de (sic) inmueble del demandante respecto a las zonas de protección, ya se refirió que este terreno se ubica sobre el acuífero caracterizado como de alta vulnerabilidad General de SENARA, que para acuíferos caracterizado como de alta vulnerabilidad. Para estos casos debe aplicarse lo indicado en la Matriz de Vulnerabilidad General de SENARA, que para acuíferos de alta vulnerabilidad, permite el desarrollo de lotes no menores a 1000 m2 siempre y cuando se disponga de alcantarillado sanitario con tratamiento, situación que no cumple el caso analizado. (…) Punto9-B. El desarrollador del proyecto Nuevo Guápiles si debe considerar la construcción del alcantarillado sanitario y su tratamiento y no debe segregar terrenos sin atender lo anterior. (…) Punto 11.B. La construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento por parte de AyA solo aplica como obra pública. No deben utilizarse recursos públicos para atender proyectos privados. En este caso por tratarse de un desarrollado privado le corresponde al interesado la construcción de otras”. Con base en lo anterior, el A quo resaltó que, desde el 28 de abril de 2015, la Dirección del Área Funcional de Hidrogeología UEN de Gestión Ambiental del AyA había alertado sobre el Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles e hizo la recomendación citada supra. Aunado a ello, refirió a lo dispuesto en el Informe diagnóstico y demanda de agua potable para el acueducto de Guápiles-La Rita-Roxana de Pococí, transcrito líneas atrás. Por otro lado, el Tribunal señaló que, con respecto a si el lote del accionante forma parte del desarrollo urbanístico citado, debía mencionarse las certificaciones de disponibilidad de agua y lo indicado en el memorando GSP-RA-P-2018-01031 del 30 de octubre de 2018, donde se señaló que la certificación de no disponibilidad de agua obedecía a que la propiedad formaba parte de un desarrollo urbanístico que a la fecha no había cumplido con la norma técnica y específica (artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA), así como que el proyecto urbanístico no contaba con estudios ni aprobación previa del AyA, ni se tenía información del tratamiento que se le daría a las aguas pluviales y residuales. En esa misma línea, consideró relevante la declaración testimonial del señor Alejandro Rodríguez Vindas, quien es ingeniero civil y labora en la Dirección Huetar Caribe del AyA. Lo anterior, porque el deponente explicó en qué consistía el Proyecto Nuevo Guápiles y la negativa del desarrollador de hacer la planta de tratamiento y construir el alcantarillado, limitándose a hacer cerca de 246 fraccionamientos, para que cada nuevo propietario, de forma individual, gestionara el servicio. Aunado a permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Pococí, la apertura de caminos y calles públicas sin requisitos, lo que dio lugar a una urbanización ilegal. El testigo también indicó que, desde el año 2015, se habían determinado las condiciones de vulnerabilidad del manto acuífero de esa zona, de la gran cantidad de agua subterránea que discurre por debajo de ese proyecto, de ahí la necesidad de evitar que posibles tanques sépticos contaminaran esos mantos acuíferos, y de tratar las aguas residuales y enviarlas al río para que no se filtrara la contaminación. Explicó con detalle que desde que tuvieron conocimiento de esa problemática a través de los estudios pertinentes, no se otorgaron más disponibilidades de agua y alcantarillado sanitario. También advirtió sobre los riesgos de otorgar disponibilidades de agua individuales, de la imposibilidad de obligar a cada propietario a hacer una planta de tratamiento, y de la falta de control que habría de esas aguas residuales, pero sobre todo del riesgo que implicaría generar un colapso y daño al acuífero y a la salud pública por una contaminación que inutilizaría esa agua para consumo humano, lo cual resultaba muy grave dado el problema de abastecimiento y crecimiento que enfrenta el cantón. Explicó que, si bien al principio se otorgaron disponibilidades de agua y alcantarillado individuales, luego cuando se tuvo conocimiento de la posible situación de contaminación de las aguas subterráneas, por la construcción de tanques sépticos, no se otorgaron más. Pues bien, del análisis de la probanza citada, el Tribunal concluyó que, cuando el actor obtuvo el permiso municipal de construcción, ya tenía pleno conocimiento de la situación relacionada con la falta de disponibilidad de agua potable y alcantarillado y, si aun así decidió construir unos locales comerciales, no podía ahora atribuirle al AyA la obligación de construir las obras técnicas necesarias para asegurarle la prestación de un servicio de agua potable continuo y de calidad, porque cuando construyó era sabedor de que no contaba con las disponibilidades citadas, ni mucho menos pretender endilgarle una omisión, porque en la especie no existía una obligación legal de hacer esas obras. Añadió: “No puede dejarse de mencionar que la pretensión del actor, no hace referencia al Alcantarillando Sanitario, y que el Instituto fue enfático en aseverar que en esa zona no se podían construir tanques sépticos, porque se contaminarían los mantos acuíferos, con el grave perjuicio que ello representaría para la población que se abastece de ellos y como futura reserva para los pozos que se han construido, de ahí que los locales comerciales del actor, no podrían tampoco funcionar legalmente sin contar con ese requisito. Se concluye entonces que el Instituto, al tener conocimiento, de que por medio del fraccionamiento individual, el dueño del Proyecto Nuevo Guápiles, trataba de eludir sus obligaciones legales, obligando a cada propietario individual a gestionar los permisos correspondientes, trató de impedir ese mecanismo elusivo de requisitos legales, pero además tampoco podía a partir del conocimiento del riesgo de contaminación de los mantos acuíferos y de las zonas de protección, olvidar la obligación legal que le imponía su Ley Constitutiva de proteger y conservar las fuentes de agua (artículo 2 de la ley y principio precautorio), y otorgar pese a lo anterior permisos de Disponibilidad de Agua Potable porque no podía hacerlo, por la escasez y necesidad de planificar la dotación de ese servicio no de forma individual – como se pretendía por medio de los fraccionamientos-, lo que como ya se ha explicado generaría un desorden, falta de control, lo que se agravaría sobre todo por la escasez del recurso imperante en la zona. Lo anterior sin dejar de lado- aunque no forma parte de la pretensión- que la propiedad tampoco contaba con disponibilidad de alcantarillado sanitario, y por ello ya con agua, se obligaría al Instituto a autorizar la construcción de un tanque séptico que pondrían en riesgo los mantos acuíferos”. Seguidamente, citó una línea jurisprudencial seguida por la Sala Constitucional donde se avala que el Instituto no preste sus servicios cuando hay razones técnicas y legales que lo justifican. Luego, en el considerando atinente a la resolución de las excepciones formuladas, los juzgadores expusieron lo siguiente: “[…] no podría declararse la existencia de una omisión ante la inexistencia de un deber legal de parte del Instituto, de construir en este caso, las obras que aseguren la prestación de un servicio de agua potable. Si bien el artículo El artículo [sic] 9 del Reglamento para la Prestación de Servicio de AyA, señala que la prestación del servicio de agua en las áreas de cobertura existente, se brindará bajo el principio de que el consumo humano es prioritario, y que el caso de sistemas deficitarios, AyA deberá prever las condiciones hídricas e hidráulicas necesarias; tendientes a otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio, y aún y cuanto [sic] el artículo 7 indica que es obligación de AyA, dotar al usuario de un servicio óptimo en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derecho humano, existen casos de fuerza mayor, o fortuitos, o razones técnicas propias de la zona donde está localizada la propiedad, como en este caso, en donde AyA no puede prestar el servicio, porque se afectaría no solo una gran cantidad de población que se abastece de esos servicios, propiciándose más gestiones indidivuales [sic] de servicios, al margen de que el Desarrollo Urbanístico, no había cumplido con los requisitos legales, y no contar con una Disponibilidad de Agua Potable vigente. Como ya se indicó el actor tenía pleno conocimiento de que en esa zona no existía disponibilidad de agua potable ni de alcantarillado sanitario, por las razones técnicas que se le explicaron, y aún así decidió construir los locales comerciales, de ahí que no proceda, alegar una omisión del Instituto, cuando no existía un deber legal que cumplir, y pretender por esta vía obligarlo a realizar las obras que le permitan el abastecimiento de agua del actor, sin contar con una Disponibilidad vigente, ni haber demostrado haber solicitado el nuevo servicio tal y como lo prevé el artículo 51 Reglamento de Prestación de Servicio, que establece cuáles son las condiciones generales para el trámite de un nuevo servicio, disponiendo que para el otorgamiento del servicio, el inmueble para el cual se solicita debe contar previamente con la disponibilidad de servicios positiva y asociada a los fines, naturaleza y propósitos para lo que fue aprobada. De toda suerte que el actor pretende, sin contar con Disponibilidad de agua positiva, ni haber solicitado un nuevo servicio, y sin haber demostrado cumplir con los requisitos, que prevé la norma antes citada, que el Instituto le instale el servicio, lo cual a criterio de esta Cámara resulta improcedente. El actor al atribuirle al accionado haber incurrido en una “omisión” - que no se acredita- quiere obligar al Instituto, en contra de los criterios técnicos, y sin haber demostrado haber cumplido con la normativa a la cual se ha hecho mención, a dotarlo de agua potable. También pretende el actor sin haber individualizado quienes son los usuarios del cantón de Pococí, que tenían la necesidad de que se les asegurara la prestación de un servicio de agua potable de calidad, continuo, que se les hubiera denegado, y que lo requirieran que en su propiedad -que no precisa donde se ubica-, a que se obligue al accionado a realizar la implementación de obras técnicas y científicas para que permita abastecerlos de agua. Lo cual no solo es improcedente, sino que además no le asistiría legitimación en su reclamo”.

V.- En síntesis, el casacionista alega que el Tribunal no explicó por qué rechazaba su pretensión principal, la cual redacta en los siguiente términos: “Que de conformidad con el informe que presentó el AyA, solicita como nueva pretensión que se ordene al demandado, realizar la implementación de obras técnicas y científicas para asegurar la prestación de un servicio de agua potable de calidad, continuo y de una cantidad que permita abastecer a los usuarios del cantón de Pococí, distrito de Guápiles, Limón. Específicamente en la propiedad del señor Alejandro Ureña Garita, matrícula número 7-117940-000”. No obstante, de la lectura del fallo y su amplio resumen expuesto en el considerando precedente, queda claro que el rechazo de tal pretensión obedeció a que el Tribunal estimó que no existía un deber legal del AyA de proceder en la forma que lo requería la actora. Del análisis de la prueba allí citada, el Tribunal estimó que, al constituirse el fraccionamiento del cual surgió la propiedad del demandante (Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles), se incumplieron una serie de requisitos legales, dentro de ellos, lo estatuido en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA, de ahí que el actor no podía ahora endilgarle una omisión al demandado, cuando el error o incumplimiento surgió al momento de hacerse los fraccionamientos. Además, explicó que la construcción que el accionante realizó en su finca, la hizo con conocimiento de que el inmueble carecía de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario, por lo que debía asumir las consecuencias de su desidia y no pretender ahora que el AyA realizare las obras necesarias para dotarle del servicio de agua. Pues bien, con lo descrito, es claro que el Tribunal expuso las razones fácticas y jurídicas en las que apoyó su decisión. Desde ese plano, esta Sala no aprecia la configuración del vicio argüido (falta de motivación), pues, se reitera, allí se expusieron los motivos que condujeron al Tribunal a resolver en la forma que lo hizo, sin que sea posible apreciar ambigüedades, contradicciones o confusiones en la fundamentación. Importa recodar, la falta de motivación no debe entenderse como incorrecta fundamentación de la sentencia, ni tampoco como la exigencia de profusos y lucubrados argumentos, sino falta plena de aquella, ya sea por su ausencia total, seriamente confusa o abiertamente contradictoria, supuestos no apreciados en lo resuelto. Así, en apego a lo esbozado, se rechazará el embate.

Casación por motivos sustantivos

VI.- En el primer reproche, se aduce la falta de aplicación de los cánones 1 y 2 de la Ley Constitutiva del AyA, Ley No. 2726, los cuales disponen: “ARTÍCULO 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado”. “ARTÍCULO 2.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: / a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; / b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; […] / i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; […]”. De conformidad con dichas normas, acota, el AyA tiene la competencia nacional, como ente rector, del suministro de agua potable y de resolver lo relacionado con ese servicio público en todo el territorio nacional. Así, agrega, a esa Institución le corresponde proteger y regular lo referente al agua en el país y, por tanto, también resolver los inconvenientes causados al actor. Arguye, el Tribunal valoró únicamente lo expuesto por el demandado, en relación con la problemática existente con la supuesta contaminación de los mantos acuíferos; sin embargo, dejó de observar y analizar la pretensión desarrollada por el actor, la cual es clara en cuanto a que lo solicitado estriba en que el AyA implementara una solución técnica y científica a la situación que se presenta en la propiedad del accionante, de conformidad con los preceptos citados supra. Aduce, el A quo desaplicó las competencias otorgadas por Ley a la parte demandada, quien está obligada a “resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional”. Pide considerar que en el hecho probado 21, se hizo referencia a ese deber, en los siguientes términos: “[…] Además de los impedimentos técnicos por restricción hídrica que actualmente subsisten en el distrito de Guápiles, los cuales fueron plasmados en el Informe Técnico “Diagnóstico Producciones y Demanda para el Acueducto de Guápiles La Rita-Roxana Pococí”. (El resaltado es del casacionista). Insiste en la infracción normativa acusada, porque “se tuvo por probado que existe un supuesto problema que impidía [sic] que mi representada no cumpliera con los requisitos legales, teniendo las facultades la demandada de buscar las soluciones para que la actora tenga la posibilidad de obtener un derecho fundamental, como lo es el acceso al agua, lo cual nunca se hizo, sino que se utilizó como argumento que la propiedad de mi cliente era parte del proyecto “Nuevo Guápiles”, el cual nunca fue formalizado legalmente ante “INVU”, como urbanización, según dicta la Ley de Planificación Urbana”. En la segunda censura, se alega el quebranto del principio constitucional de seguridad jurídica, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, pues se declaró la falta de derecho en relación con un derecho vigente y legítimo que ostenta el actor a través de lo regulado en los ordinales 1 y 2 de la Ley Constitutiva del AyA. Resalta, el Tribunal omitió por completo lo establecido en la ley citada, pues en su momento le fue otorgada la disponibilidad de agua y después le fue negada por razones improcedentes. En su apoyo, transcribe un extracto del voto No. 17397-2019 de la Sala Constitucional, en el que se hace referencia al derecho fundamental al agua potable. Concluye indicando que la única vía que tenía el actor para exigir su derecho a contar con agua potable era ante el Tribunal; sin embargo, este desconoció por completo las pruebas documentales, a pesar de que el proyecto Nuevo Guápiles nunca fue una urbanización.

VII.- En términos generales, el recurrente alega que el Tribunal desaplicó las normas citadas, porque es deber del AyA proveer de agua potable a la población y, por ende, al actor, en tanto su acceso constituye un derecho humano y fundamental. Ahora bien, de la revisión de lo resuelto por el Tribunal, cuyo resumen se puede leer en el considerando IV de esta sentencia, se observa que el objetante omite combatir toda la probanza que sirvió de base al Tribunal para considerar que el AyA no tenía el deber de proceder de tal forma, debido a las circunstancias especiales que rodean la finca del accionante, tal como que el inmueble forma parte de un proyecto urbanístico que a la fecha no ha cumplido con los requisitos legales, concretamente, el canon 21 de la Ley Constitutiva del AyA. Aunado a ello, el problema descrito en algunos de los memorandos citados por los juzgadores y la exposición del testigo Alejandro Rodríguez Vindas, quien explicó que, por las condiciones del suelo donde se ubica el proyecto urbanístico Nuevo Guápiles (donde se ubica el lote del accionante), a su desarrollador se le indicó que debía construir una planta de tratamiento y alcantarillado sanitario, a fin de recolectar las aguas residuales de los lotes, para luego tratarlas y descargarlas en un río fuera del manto acuífero. Por lo anterior, indicó el deponente, la disponibilidad de agua del proyecto se debe ver en conjunto, pues resulta imposible exigirle a cada propietario que construya una planta de tratamiento y que envíe las aguas a un río, pues ello supondría que de las 246 fincas o más saldrían tubos hasta el río más cercano, lo que considera inviable, pues es imposible su seguimiento y se corre el riesgo también de que todos los sistemas de tratamiento colapsen y terminen generando daños en el manto acuífero y en la salud pública. También indicó que el proyecto urbanístico en sí, tiene disponibilidad de agua, pero es necesario que el desarrollador implemente las obras necesarias y cumpla con toda la normativa ambiental, de manera que el AyA pueda tener certeza de que ese proyecto no contaminará el manto acuífero. Recalcó que no puede dotarse de agua a cada finca de forma individual por el riesgo de que con ello se afecte el acuífero. Como se observa, el recurrente se abstrae de toda esa problemática y enfoca su postura en que el AyA debe realizar las obras necesarias para dotarle de agua; no obstante, esta Sala no puede hacer caso omiso a los inconvenientes e incumplimientos descritos, respecto de los cuales, como se adelantó, el recurrente omite su combate. El casacionista advierte que el rechazo en cuestión obedece a que se ha considerado que su propiedad es parte del proyecto Nuevo Guápiles, el cual nunca fue formalizado legalmente ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) como urbanización. Sin embargo, no indica la probanza que respalda su dicho. Tampoco desacredita, ni explica por qué el oficio GSP-RA-P-2018-01031 del 30 de octubre de 2018 y la declaración del deponente citado, elementos de juicio que sirvieron de base a los juzgadores para considerar que la finca del actor forma parte de ese proyecto, no tenían la aptitud de probar ese hecho. Desde ese plano, al no haberse proporcionado los elementos fácticos o jurídicos suficientes para arribar a una solución distinta a la fallada, no queda más que imponer el rechazo de los reproches.

VIII.- En el tercer reparo, se aduce la indebida interpretación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Explica el recurrente, el Tribunal sabe que el AyA se encuentra obligado por imperio de ley a proveer al actor de agua potable e, incluso, en caso de ser necesario, a construir, ampliar o reformar el sistema de acueducto de agua potable; sin embargo, pese a tal exigencia, estimó condenar en costas al accionante, pese a que tuvo motivo suficiente para litigar. Transcribe un extracto del voto No. 129-2018, autoría de esta Sala, en el que se explican los alcances de tener motivo suficiente para litigar. Cita el elenco de hechos no probados, a fin de indicar que, en relación con el primero, no se puede hablar de la existencia de un desarrollo o fraccionamiento urbanístico cuando no existe prueba de que este se hubiera tramitado ante el INVU, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Planificación Urbana. Alega que no se probó que el proyecto no fuera más que una idea que nunca pasó de la fase inicial ante el demandado. Por otro lado, advierte, en el segundo hecho no probado, se comete el error de considerar que una solicitud de disponibilidad de agua sea igual que un permiso para construir. Refiere que nunca existieron razones de fondo para revocar la disponibilidad de agua existente desde el año 2011 en la propiedad del actor, ni tampoco para que las propiedades vecinas sean las únicas conectadas al sistema de agua potable. Reclama también haberse cometido el error de considerarse que la disponibilidad de agua fuese para una vivienda, cuando era de tipo comercial. Por último, indica, se tuvo por acreditado que el lote del accionante se encuentra en el cantón de Pococí y, además, existe un estudio técnico que evidencia la necesidad de asegurar la prestación de un servicio de agua potable de calidad, continuo y de una cantidad suficiente en la zona, así como la necesidad de que en su propiedad se realice la implementación de obras técnicas y científicas para que se permita su abastecimiento de agua, lo cual fue precisamente lo pretendido en esta causa. Considera que tuvo motivo suficiente para litigar, pues existe una lesión a un derecho fundamental, lo que faculta al actor a solicitar el servicio de agua potable para su propiedad.

IX.- Conforme el canon 193 del CPCA, por regla general, las costas se imponen a cargo de la parte vencida y, solo por excepción, se le exonera de ese pago. Como supuestos de dispensa, la misma norma dispone los siguientes: a) La sentencia se hubiese dictado en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar. En este caso, el Tribunal aplicó la regla general y, por consiguiente, condenó al actor al pago de ambas costas por resultar perdidoso. Este último, inconforme con tal postura, pide su exoneración bajo la tesis de que tuvo motivo suficiente para litigar. En relación con este supuesto de dispensa, es preciso recordar que ello implica no sólo la convicción de la parte vencida de la tesis defendida por ella, sino también que ese convencimiento se halle sustentado en datos objetivos del proceso, a partir de los cuales la persona juzgadora pueda concluir que la parte perdidosa tenía motivos racionalmente fundados para creer en la bondad de su pretensión o de su defensa, según sea el caso. (Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las sentencias de esta Sala No. 359 de las 11 horas del 18 de febrero de 2021 y No. 595 de las 10 horas 410 minutos del 16 de marzo de 2021). Del análisis de lo debatido en este caso y la probanza recabada, esta Cámara considera que el accionante sí tuvo razón suficiente para entablar esta causa. En primer término, si se toma en cuenta que, en los años 2011 y 2014, el AyA otorgó disponibilidad de agua a la finca del actor, pero luego en el año 2017 ello cambió, es razonable que el actor considerase que tenía motivo plausible para demandar a dicha institución y exigir la prestación de ese servicio. Además, es conforme con algunos oficios que presentó el AyA en este proceso, que el actor conoce el problema con la dotación de agua en la zona, lo que lo motivó incluso a cambiar su pretensión para se le ordenase al demandado implementar obras técnicas y científicas para asegurar la prestación de un servicio de agua potable de calidad, continuo y de una cantidad que permitiese abastecer a los usuarios del cantón de Pococí y, específicamente, a su heredad. Por lo anterior, se estima que en la especie sí medió el supuesto cuya aplicación solicita el recurrente y, en consecuencia, procederá acoger el cargo con las consecuencias que se dirán.

X.- En mérito de lo expuesto, se declarará parcialmente con lugar el recurso de casación formulado por la parte actora y, en consecuencia, se casará el fallo recurrido únicamente en cuanto se impusieron ambas costas a cargo dicha parte. En su lugar, fallando por el fondo, de conformidad con el canon 150.2 del CPCA, se resolverá el asunto sin especial condenatoria en costas. En lo demás se mantendrá incólume

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso de casación formulado por la parte actora y, en consecuencia, se casa el fallo recurrido únicamente en cuanto se impusieron ambas costas a cargo dicha parte. En su lugar, fallando por el fondo, se resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas. En lo demás se mantiene incólume. ERAMIREZCA

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez




Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 WEUSSWIEO6C61

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:42:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Large
Normal
Small
First Chamber of the Court

Resolution No. 01627 - 2024

Date of Resolution: November 14, 2024 at 11:15

Expediente: 18-007811-1027-CA

Drafted by: Carlos Guillermo Zamora Campos

Case type: ORDINARY PROCEEDINGS

Analyzed by: FIRST CHAMBER



Text of the resolution



Exp. 18-007811-1027-CA

Res. 001627-F-S1-2024

 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours fifteen minutes on November fourteenth, two thousand twenty-four.

In the ordinary proceedings brought by LUIS ALEJANDRO UREÑA GARITA, represented by his special judicial attorney-in-fact, Walter Brenes Soto, against INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA), represented by its special judicial attorney-in-fact, Marco Antonio Arroyo Vargas; the plaintiff files a cassation appeal against judgment No. 1492-2023-VIII of 15 hours 3 minutes on August 3, 2023, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, with the panel composed of judges Laura García Carballo, Jonatán Canales Hernández, and Rodolfo Marenco Ortíz.

Judge Zamora Campos writes

CONSIDERING

I.- According to the complaint that serves as the basis for this judicial dispute, in 1995, the company Fincas Aguas Claras Hermanos Madrigal S.A. was the owner of the Limón property registered under folio number 65885-000. That same year, the aforementioned company segregated a lot from the cited land, which it sold to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). This latter lot was registered under folio number 70299-000 in the name of the aforementioned Institute, for the purpose of building a tank for the Guápiles project. An easement (servidumbre) for aqueduct and passage was constituted over the reserved land (farm 65885-000). From this latter property, farm 74235-000 later emerged and, from this latter one, the land 117940-000. All of them have borne the described encumbrance. Property 117940-000 belongs to Mr. Luis Alejandro Ureña Garita. On this property, the aforementioned gentleman built four commercial premises, thanks to financing he acquired through a loan with a mortgage guarantee signed with Banco Nacional de Costa Rica. At the time of executing the construction permit granted by the local government, the property in question had water availability (disponibilidad de agua) duly granted by AyA; however, currently, said institution has not interconnected the property with the potable water system of the Guápiles area, despite the fact that water availability does exist and even the aqueduct easement (servidumbre de acueducto) passes through his own estate.

II.- Mr. Luis Alejandro Ureña Garita filed this ordinary proceeding against AyA. In his complaint, originally, he sought the following relief: "1. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alacantarillados [sic] be ordered to carry out the definitive connection of the property of Mr. Alejandro Ureña Garita, property folio number 7-117940-000, to the public potable water aqueduct system of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. / 2. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be ordered to pay both costs related to this judicial file". Later, at the preliminary hearing held on February 11, 2019, he expanded his petition in the following terms: 1) That resolution number GSP-RHC-P-2018-0037 of May 3, 2018, be annulled. 2) That in accordance with the report submitted by AyA, the defendant be ordered to carry out the implementation of technical and scientific works to ensure the provision of a quality potable water service, continuous and in a quantity that allows supplying the users of the canton of Pococí, district of Guápiles, Limón, specifically on the property of Mr. Alejandro Ureña Garita, folio number 7-117940-000. 3) That AyA be ordered to pay both costs. Subsequently, at the preliminary hearing held on September 4, 2020, the plaintiff withdrew the first cited claim. The second remained the same, but it was clarified that there is an omission by the defendant of the necessary technical and scientific works for water supply. The defendant's representation answered the complaint negatively and raised the defense of lack of right. By judgment No. 1492-2023-VIII of 15 hours 3 minutes on August 3, 2023, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, with the panel composed of judges Laura García Carballo, Jonatán Canales Hernández, and Rodolfo Marenco Ortíz, the complaint was dismissed in its entirety and both costs were imposed on the plaintiff. Dissatisfied with the ruling, the latter filed a cassation appeal before this Chamber, which was partially admitted.

Cassation on procedural grounds

III. In the sole procedural charge, a lack of reasoning (falta de motivación) in the judgment is alleged. The cassation appellant requests a review of the expansion of the claim made during the preliminary hearing on February 11, 2019. He considers that the Court did not provide adequate reasoning regarding how said claim was addressed. He requests a review of considering X, page 50, in which a supposed analysis of the matter was made. He alleges that, from a reading of what was argued there, one cannot discern a ruling on the appropriateness or inappropriateness of ordering the defendant to implement its technical and scientific criteria to ensure the provision of potable water service, which is what was requested. He warns that the reproached omission was proven through the evidence provided by the defendant itself, which indicated that works needed to be carried out to have sufficient capacity to supply water to the residents of the canton of Pococí, including the plaintiff. He insists that there is no reasoning on this matter in the challenged judgment, despite the fact that it is the main claim in the proceeding. He adds: "As can be clearly seen, there is no evidence in the judgment that the defendant has implemented a technical and scientific solution to ensure the provision of potable water service to my represented party or to the other residents of the canton of Pococí, with the only argument being inappropriate, since the judges engaged in making comments regarding the lack of individualization of the users of the canton of Pococí who needed to be provided with water service, which is not relevant, since it is observed in the claim that it included 'specifically on the property of Mr. Alejandro Ureña Garita', who is the plaintiff in the proceeding, thus evidencing the lack of reasoning (falta de motivación). / The omission noted by the court makes the ruling confusing and contradictory, since there is documentary evidence proving that my client is the owner of a farm located in the canton of Pococí; even the location of the farm subject to litigation is in Pococí, as was established in proven facts 1 through 7 within this judgment". In support, he transcribes excerpts from rulings in which the alleged defect has been explained. He claims the violation of articles 11, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, and 48 of the Political Constitution, as well as 61.2.3 of the Civil Procedure Code.

IV.- In ruling on the merits of the matter, the A quo first referred to the origin of the plaintiff's farm, as it considered this necessary to understand the context in which said property is involved. Thus, it noted that, in 1995, from farm 7-65885-000, which belonged to the company Finca Aguas Claras Hermanos Madrigal S.A., a property measuring 1,339.56 m² was segregated and transferred to AyA under the Expropriation Law, for the construction of a tank for the Guápiles project; in addition, an aqueduct and passage easement (servidumbre de acueducto y de paso) was imposed on the remaining reserved portion. Later, it indicated, land 7-65885-000 underwent 12 segregations, and one of them gave rise to property 7-117940-000, measuring 296.99 m², which has been registered in the plaintiff's name since January 23, 2018. On the other hand, the judges noted that, before ruling on the claimed water availability (disponibilidad de agua), they would refer to the definitions included in AyA's New Services Application Form (Permanent Connection), which coincide with the Reglamento para la Prestación de Servicios of AyA. They transcribed the following definitions: "New Potable Water and Sanitary Sewerage Service: Corresponds to services for a dwelling or a business on an individual farm and up to six subdivisions (fraccionamientos) of the farm with frontage on a public street or access easement (servidumbre de acceso), where distribution and/or collection networks exist. Urban developments (urbanizations, condominiums, and subdivisions (fraccionamientos) of more than six farms) do not correspond to this concept. New Sanitary Sewerage Only Service: This is a sanitation service request, where the property has potable water service. [...] Provisional Service for Construction of Urban Projects: Service that, due to the nature of the activity, is provided for a determined period for the construction of urban projects (urbanizations, condominiums, and subdivisions (fraccionamientos) of more than six farms). The Project must have approval from AyA's Functional Urbanizations Area". Following this, the Court noted that on November 15, 2011, Mrs. Dunia Garita Vindas made a request before AyA's Regional Unit regarding a single-family housing project, aimed at providing potable water service for the farm that now belongs to the plaintiff (7-117940-000). In response, by note of November 22, 2011, No. DA-POC/ 2011-0999, it was stated: "*There is potable water availability (disponibilidad de agua potable) in front of the property. *There is no Sewerage System availability in front of the property. [...] THIS DOCUMENT IS VALID FOR 12 MONTHS FOR ANY TYPE OF URBAN DEVELOPMENT; AND FOR 6 MONTHS FOR SINGLE-FAMILY HOUSING, AS OF THIS DATE". Some time later, specifically on June 5, 2014, Ms. Dunia again requested a certification of potable water availability (disponibilidad de agua potable), which was addressed on June 11, 2014, through certification No. SSB-GSP-RHA-P-2014-884, in which exactly the same as the previous one was stated. On October 9, 2017, Ms. Dunia again requested a certification in the same terms, the response to which was provided through document No. 2017-13781 of October 11, 2017, in which it was stated: "[...] This property is part of an Urban Development or Subdivision (Fraccionamiento Urbanístico), which does not have prior approval for potable water availability (disponibilidad de agua potable) from AyA [...] There is no potable water availability (disponibilidad de agua potable) in front of the property. There is no Sewerage System availability in front of the property". Said document was received by Mr. Alejandro Ureña on May 15, 2018. Disagreeing with that provision, on April 12, 2018, he sent a note to the Región Huetar Atlántica Cantonal Pococí. This was addressed through official letter GSP-GHC-P-2018-00377 of May 3, 2018, in which it was noted that the farm in question was part of an urban development that to date had not complied with the specific technical regulations provided for in Article 21 of the Constitutive Law of Acueductos y Alcantarillados. Furthermore, it was indicated that the urban project did not have studies or approval from AyA, nor information on the treatment of stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales), and therefore did not comply with the legal technical regulations. Based on the foregoing account of actions, the Court considered it important to highlight that, first, at the time the last cited request for water availability (disponibilidad de agua) was answered, AyA already considered that the property of the plaintiff here was part of an urban development or subdivision (fraccionamiento urbanístico), and therefore had to comply with the specific regulations established for that scenario, and additionally, the validity period of the certification would be 12 months. Second, that when the Municipality of Pococí granted the plaintiff construction permit No. 20829-2018 of January 10, 2018, for a building on the farm in question, the property did not have potable water availability (disponibilidad de agua potable), nor sanitary sewerage, and he could not have invoked the potable water availability (disponibilidad de agua potable) from 2011 or 2014, because the validity period of both had already expired and, moreover, there was no sanitary sewerage service. It emphasized that the water availability (disponibilidad de agua) certification was necessary to process permits for construction plans, cadastral approvals, other types of procedures, and even to subsequently have potable water service, as provided for in the Reglamento de Prestación de Servicios Públicos of AyA. Immediately thereafter, the Court explained that, up to that point, mention had been made of the water availabilities (disponibilidades de agua) requested by the owners of farm 7-117940-000; however, it highlighted that, in the interim, there were studies and reports issued by AyA's technical bodies, which it considered relevant to cite. Thus, it mentioned memorandum SUB-AID-GA-2015-432 of April 28, 2015, issued by the Director of the Functional Hydrogeology Area UEN de Gestión Ambiental, in which the exemption of sanitary sewerage networks for the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles was analyzed, concluding: "[...] from the hydrogeological, geological, aquifer protection, and AyA's Numancia Sources standpoint, and from all existing technical studies in the area and the Pococí Regulatory Plan Diagnosis - Volume 1, it is not recommended to exempt the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles [...] because it is an aquifer vulnerable to contamination". Mention was also made of memorandum GSP-RHA-2015-02419 of October 26, 2015, in which the Región Huetar informed the Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos that it was attaching the production diagnostic report, which described its concern about the capacity of the Guápiles, La Rita, and Roxana system and reiterated the need for the Institute to carry out the pertinent studies well in advance. In the cited report, it was stated: "6.1 The accelerated growth in the number of registered services in the systems of the canton of Pococí is evident, having practically doubled from the year 2000 to date. 6.2 On the other hand, the supply sources remain the same, with the aggravating factor of the possible effects of the climate change phenomenon. 6.3 With the analysis shown, it is evident that the aqueduct is over capacity when comparing demand against minimum production during dry periods. This situation is already evidenced by decreased pressure and water shortages in the highest areas of the city of Guápiles. 6.4 The scenario shown indicates that if a marked dry season occurs and with the current growth rate, significant deficits would already appear by the year 2016. (...) 6.6 Under these conditions, it is advisable not to issue more availabilities (disponibilidades) for projects (including branch extensions) until the necessary improvements to guarantee adequate supply are established. This is because vegetative growth is considerable in the areas already covered. 6.7 It is important to resume the search for new sources [...]". Likewise, it cited memorandum GSP-RA-P-2018-01031 of October 30, 2018, by which the Head of the Cantonal Unit of Pococí of the Región Huetar Atlántica commented on the facts of this lawsuit in the following terms: "The certification of no potable water availability (disponibilidad de agua potable) was issued because the indicated property forms part of an urban development that to date has not complied with the specific technical standard, which also has a legal basis indicated in Article 21 of the Constitutive Law of Acueductos y Alcantarillados [...] This Urban Project does not have studies or prior approval from Acueductos y Alcantarillados, nor is there information on the treatment that will be given to stormwater (aguas pluviales) or wastewater (aguas residuales), which is why the water service availability (disponibilidad del servicio de agua) cannot be approved until they comply with the technical and legal standard. On this property, as detailed, the registered owner of the farm with Real Folio 7-117940-000 has carried out all necessary steps to obtain certification of potable water availability (disponibilidad de agua potable), but to date has not at any time formalized the application or material installation of a potable water service [...]". It also referred to official letter GSP-RA-2019-00303 of February 22, 2019, issued on the occasion of this judicial proceeding, which stated: "[...] Indeed, the development on farm 7-065885-000 (known as Nuevo Guápiles) from which properties 7-74325-000 and 7-117940-000 are segregated is subject to water capacity restrictions established in the report 'Production and Demand Diagnosis for the Guápiles-La Rita-Roxana de Pococí Aqueduct' issued in 2015. Point 3-B. The restriction corresponds to a deficit in production from the current sources that supply the Guápiles-La Rita-Roxana-Jiménez system relative to demand. However, this limitation is not the only condition that must be met to obtain AyA services. All regulations applicable to urban developments must also be complied with. Point 4-B and 5-B. Although AyA is already working on projects to expand water supply, this is not exclusive to the sector where farm 7-117940-000 is located. In this regard, AyA has been developing several projects such as: construction of wells, improvements and construction of catchment works, conduction networks, among others, all of which has allowed for the approval of availabilities (disponibilidades) for nearly 1200 services. Medium-term projects are also being developed, such as the Santa Clara intakes, Guápiles 1, and a master plan for the canton of Pococí in the long term. It is important to clarify that, even if water availability (disponibilidad hídrica) exists, the development must comply with the specific regulations for this activity as has been noted, and services should not be approved for individual lots that form part of a development, to avoid bypassing through this mechanism the legislation governing urbanizations, mainly the provisions of Article 21 of the Constitutive Law of AyA. Point 6-B and 7-B. The technical and environmental conditions described in official letter GSP-RHA-2015-02239 remain in effect since they refer to the nature of the biophysical space occupied by the development on farm 7-065885-000 from which the property with farm number 7-117940-000 is segregated. This is because the referenced official letter describes the existence of an aquifer underlying the land to be developed and which has high vulnerability according to studies carried out by different institutions (AyA and SENARA). In relation to the location of the plaintiff's property with respect to protection zones, it has already been stated that this land is located over an aquifer characterized as having high General vulnerability according to SENARA, which applies to aquifers characterized as having high vulnerability. For these cases, what is indicated in SENARA's General Vulnerability Matrix must be applied, which for high vulnerability aquifers allows the development of lots of no less than 1000 m² provided that sanitary sewerage with treatment is available, a situation that the case analyzed does not meet. (...) Point 9-B. The developer of the Nuevo Guápiles project must indeed consider the construction of sanitary sewerage and its treatment and must not segregate lands without addressing the foregoing. (...) Point 11.B. The construction of sewerage systems and treatment plants by AyA only applies as public works. Public resources must not be used to serve private projects. In this case, as it is a private development, the construction of others corresponds to the interested party". Based on the above, the A quo highlighted that, since April 28, 2015, the Directorate of the Functional Hydrogeology Area UEN de Gestión Ambiental of AyA had warned about the Proyecto Urbanización Nuevo Guápiles and made the recommendation cited above. In addition, it referred to the provisions of the Diagnostic Report and Potable Water Demand for the Guápiles-La Rita-Roxana de Pococí Aqueduct, transcribed above. On the other hand, the Court noted that, regarding whether the plaintiff's lot forms part of the cited urban development, the water availability (disponibilidad de agua) certifications and what was indicated in memorandum GSP-RA-P-2018-01031 of October 30, 2018, should be mentioned, where it was stated that the certification of no water availability (disponibilidad de agua) was due to the property forming part of an urban development that to date had not complied with the specific technical standard (Article 21 of the Constitutive Law of AyA), as well as the fact that the urban project did not have studies or prior approval from AyA, nor was there information on the treatment that would be given to stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales). In the same vein, it considered the testimonial statement of Mr. Alejandro Rodríguez Vindas relevant, who is a civil engineer and works in the Dirección Huetar Caribe of AyA. This was because the deponent explained what the Proyecto Nuevo Guápiles consisted of and the developer's refusal to build the treatment plant and construct the sewerage system, limiting itself to making approximately 246 subdivisions (fraccionamientos), so that each new owner would individually manage the service. In addition to construction permits granted by the Municipality of Pococí, the opening of roads and public streets without requirements, which gave rise to an illegal urbanization. The witness also indicated that, since 2015, the vulnerability conditions of the aquifer in that area had been determined, along with the large amount of groundwater that flows beneath that project, hence the need to prevent possible septic tanks from contaminating those aquifers, and to treat wastewater (aguas residuales) and send it to the river to prevent contamination from filtering through. He explained in detail that since they became aware of this problem through the pertinent studies, no further potable water and sanitary sewerage availabilities (disponibilidades de agua y alcantarillado sanitario) were granted. He also warned about the risks of granting individual water availabilities (disponibilidades de agua), the impossibility of forcing each owner to build a treatment plant, and the lack of control that would exist over that wastewater (aguas residuales), but above all the risk of causing a collapse and damage to the aquifer and public health due to contamination that would render that water useless for human consumption, which was very serious given the supply and growth problem facing the canton. He explained that, although individual water and sewerage availabilities (disponibilidades de agua y alcantarillado) were initially granted, later, when they became aware of the possible situation of groundwater contamination due to the construction of septic tanks, no more were granted. Now then, from the analysis of the cited evidence, the Court concluded that, when the plaintiff obtained the municipal construction permit, he was already fully aware of the situation related to the lack of potable water and sewerage availability (disponibilidad de agua potable y alcantarillado) and, if he still decided to build some commercial premises, he could not now attribute to AyA the obligation to build the technical works necessary to ensure the provision of a continuous and quality potable water service, because when he built he was aware that he did not have the cited availabilities (disponibilidades), nor could he attempt to impute an omission, because in this case there was no legal obligation to carry out those works. It added: "It cannot be overlooked that the plaintiff's claim makes no reference to Sanitary Sewerage (Alcantarillado Sanitario), and that the Institute was emphatic in asserting that septic tanks could not be built in that area, because the aquifers would be contaminated, with the serious harm that this would represent for the population that depends on them and as a future reserve for the wells that have been constructed, hence the plaintiff's commercial premises could not function legally without meeting that requirement either. It is therefore concluded that the Institute, upon becoming aware that through individual subdivision (fraccionamiento), the owner of the Proyecto Nuevo Guápiles was trying to evade its legal obligations by forcing each individual owner to manage the corresponding permits, tried to prevent this mechanism for evading legal requirements, but also, based on the knowledge of the risk of contamination of the aquifers and protection zones, could not forget the legal obligation imposed by its Constitutive Law to protect and conserve water sources (Article 2 of the law and the precautionary principle), and grant Potable Water Availability (Disponibilidad de Agua Potable) permits despite the foregoing because it could not do so, due to the scarcity and the need to plan the provision of that service not on an individual basis – as was intended through the subdivisions (fraccionamientos) – which, as already explained, would generate disorder and lack of control, which would be aggravated above all by the prevailing scarcity of the resource in the area. The foregoing without leaving aside – although it is not part of the claim – that the property also lacked sanitary sewerage availability (disponibilidad de alcantarillado sanitario), and if it already had water, the Institute would be forced to authorize the construction of a septic tank that would put the aquifers at risk". Subsequently, it cited a line of jurisprudence followed by the Constitutional Chamber where it is endorsed that the Institute not provide its services when there are technical and legal reasons justifying it. Then, in the considering section related to the resolution of the raised defenses, the judges stated the following: "[...] the existence of an omission could not be declared in the absence of a legal duty on the part of the Institute to build, in this case, the works that ensure the provision of a potable water service. Although Article 9 of the Reglamento para la Prestación de Servicio of AyA states that the provision of water service in existing coverage areas will be provided under the principle that human consumption is a priority, and that in the case of deficient systems, AyA must foresee the necessary water and hydraulic conditions tending to grant the availability (disponibilidad) and eventual connection of the service, and although Article 7 indicates that it is AyA's obligation to provide the user with optimal service in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, there are cases of force majeure, or fortuitous events, or technical reasons specific to the area where the property is located, as in this case, where AyA cannot provide the service because it would affect not only a large population that depends on these services, encouraging more individual service requests, on the fringes of the fact that the Urban Development had not complied with legal requirements and did not have a valid Potable Water Availability (Disponibilidad de Agua Potable). As already indicated, the plaintiff was fully aware that in that area there was no potable water availability (disponibilidad de agua potable) or sanitary sewerage (alcantarillado sanitario), for the technical reasons explained to him, and even so he decided to build the commercial premises; therefore, it is not appropriate to allege an omission by the Institute when there was no legal duty to fulfill, and to seek by this route to force it to carry out the works that allow the plaintiff's water supply, without having a valid Availability (Disponibilidad), nor having demonstrated having requested the new service as provided for in Article 51 of the Reglamento de Prestación de Servicio, which establishes the general conditions for processing a new service, providing that for the granting of service, the property for which it is requested must previously have a positive service availability (disponibilidad de servicios) associated with the purpose, nature, and ends for which it was approved. Thus, the plaintiff seeks, without having positive Water Availability (Disponibilidad de agua), nor having requested a new service, and without having demonstrated compliance with the requirements provided for in the aforementioned rule, for the Institute to install the service for him, which in this Chamber's opinion is inappropriate. The plaintiff, by attributing to the defendant having incurred an 'omission' – which is not proven – seeks to force the Institute, against technical criteria, and without having demonstrated compliance with the regulations that have been mentioned, to provide him with potable water."

The plaintiff also seeks—without having identified who the users of the canton of Pococí are, who had a need to be assured the provision of a quality, continuous drinking-water service, who were denied it, and who require that on his property—the location of which he does not specify—the defendant be compelled to implement technical and scientific works to enable their water supply. This is not only improper, but moreover he would lack standing in his claim.”

V.- In summary, the cassation appellant alleges that the Trial Court did not explain why it rejected his main claim, which he worded as follows: “That in accordance with the report submitted by AyA, he requests as a new claim that the defendant be ordered to implement technical and scientific works to ensure the provision of a quality, continuous drinking-water service in a quantity sufficient to supply the users of the canton of Pococí, district of Guápiles, Limón. Specifically, on the property of Mr. Alejandro Ureña Garita, title number 7-117940-000.” However, from a reading of the judgment and its extensive summary set out in the preceding recital, it is clear that the rejection of that claim was due to the Trial Court’s finding that there was no legal duty on AyA to proceed in the manner requested by the plaintiff. From the analysis of the evidence cited therein, the Trial Court found that, when the subdivision (fraccionamiento) from which the plaintiff's property arose (Nuevo Guápiles Urbanization Project) was formed, a series of legal requirements were breached, among them, the provisions of Article 21 of the Constitutive Law of AyA; hence, the plaintiff could not now attribute an omission to the defendant when the error or breach arose at the time the subdivisions (fraccionamientos) were made. Likewise, it explained that the plaintiff undertook construction on his farm with knowledge that the property lacked water and sanitary sewer availability, and must therefore assume the consequences of his neglect and not now seek that AyA carry out the works necessary to provide him with water service. Thus, from what has been described, it is clear that the Trial Court set out the factual and legal reasons upon which it based its decision. From that standpoint, this Chamber does not perceive the configuration of the alleged defect (lack of reasoning), since, it bears repeating, the reasons that led the Trial Court to rule as it did were set forth, without it being possible to discern any ambiguity, contradiction, or confusion in the grounds. It is important to recall that lack of reasoning should not be understood as incorrect reasoning of the judgment, nor as the requirement of profuse and lucubrated arguments, but rather the complete absence thereof, be it through total omission, serious confusion, or open contradiction—none of which scenarios are present in what was decided. Accordingly, in keeping with what has been outlined, the challenge will be rejected.

Cassation on substantive grounds

VI.- In the first objection, the failure to apply Canons 1 and 2 of the Constitutive Law of AyA, Law No. 2726, is alleged, which provide: “ARTICLE 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting the planning, financing, and development, and of resolving everything related to the supply of drinking water and the collection and disposal of black water and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of storm drainage systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created as an autonomous institution of the State.” “ARTICLE 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for: / a) Directing and overseeing everything concerning the provision to the inhabitants of the republic of a service of drinking water, collection and disposal of black water and liquid industrial waste, and storm water in urban areas; / b) Determining the priority, suitability, and feasibility of the different projects proposed for constructing, reforming, expanding, modifying aqueduct and sewer works; which may not be executed without its approval; […] / i) Constructing, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where necessary and so advised by the best satisfaction of national needs; […]”. In accordance with these rules, he notes, AyA has national competence, as the governing body, for the supply of drinking water and for resolving matters related to that public service throughout the national territory. Thus, he adds, that Institution is responsible for protecting and regulating matters concerning water in the country and, therefore, also for resolving the inconveniences caused to the plaintiff. He argues that the Trial Court only assessed what was stated by the defendant regarding the existing problem of alleged contamination of the aquifers; however, it failed to observe and analyze the claim developed by the plaintiff, which is clear that what was requested was for AyA to implement a technical and scientific solution to the situation present on the plaintiff's property, in accordance with the precepts cited above. He argues that the lower court failed to apply the powers granted by Law to the defendant, who is obligated to “resolve everything related to the supply of drinking water and the collection and disposal of black water and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of storm drainage systems in urban areas, for the entire national territory.” He asks that it be considered that in proven fact 21, reference was made to that duty, in the following terms: “[…] In addition to the technical impediments due to water restriction that currently remain in the district of Guápiles, which were recorded in the Technical Report ‘Diagnosis of Production and Demand for the Guápiles La Rita-Roxana Pococí Aqueduct’.” (The highlighting is by the cassation appellant). He insists on the accused normative violation, because “it was held as proven that there is an alleged problem that prevented [sic] my client from meeting the legal requirements, the defendant having the authority to seek solutions so that the plaintiff could have the possibility of obtaining a fundamental right, such as access to water, which was never done, but rather it was used as an argument that my client’s property was part of the ‘Nuevo Guápiles’ project, which was never legally formalized before ‘INVU’ as an urbanization, as dictated by the Urban Planning Law.” In the second censure, the violation of the constitutional principle of legal certainty, provided for in Article 50 of the Political Constitution, is alleged, since a lack of right was declared in relation to a valid and legitimate right held by the plaintiff through what is regulated in articles 1 and 2 of the Constitutive Law of AyA. He highlights that the Trial Court completely omitted what is established in the cited law, since at one time water availability was granted and later it was denied for improper reasons. In support, he transcribes an excerpt from vote No. 17397-2019 of the Constitutional Chamber, which refers to the fundamental right to drinking water. He concludes by indicating that the only avenue the plaintiff had to demand his right to drinking water was before the Trial Court; however, it completely disregarded the documentary evidence, despite the fact that the Nuevo Guápiles project was never an urbanization.

VII.- In general terms, the appellant alleges that the Trial Court failed to apply the cited rules, because it is the duty of AyA to provide drinking water to the population and, therefore, to the plaintiff, as his access constitutes a human and fundamental right. That said, from the review of what was resolved by the Trial Court, a summary of which can be read in recital IV of this judgment, it is observed that the objector omits to contest all the evidence that served as the basis for the Trial Court to consider that AyA did not have the duty to proceed in such a manner, due to the special circumstances surrounding the plaintiff's farm, such as the fact that the property forms part of an urban development project that to date has not met the legal requirements, specifically, Canon 21 of the Constitutive Law of AyA. Added to this is the problem described in some of the memoranda cited by the judges and the testimony of the witness Alejandro Rodríguez Vindas, who explained that, due to the soil conditions where the Nuevo Guápiles urban development project is located (where the plaintiff’s lot is located), its developer was told that it had to build a treatment plant and sanitary sewer system, in order to collect the residual waters from the lots, then treat them and discharge them into a river outside the aquifer. For the foregoing reason, the deponent indicated, the water availability for the project must be viewed as a whole, since it is impossible to demand that each owner build a treatment plant and send the waters to a river, as that would mean that from the 246 farms or more, pipes would exit to the nearest river, which he considers unfeasible, since it is impossible to monitor and there is also the risk that all the treatment systems could collapse and end up causing damage to the aquifer and public health. He also indicated that the urban development project itself has water availability, but it is necessary for the developer to implement the necessary works and comply with all environmental regulations, so that AyA can have certainty that the project will not contaminate the aquifer. He stressed that water cannot be provided to each farm individually due to the risk of affecting the aquifer. As can be observed, the appellant abstracts himself from this entire problem and focuses his position on the idea that AyA must carry out the necessary works to provide him with water; however, this Chamber cannot ignore the described drawbacks and breaches, with respect to which, as previously mentioned, the appellant omits to challenge them. The cassation appellant notes that the rejection in question is due to the fact that his property has been considered part of the Nuevo Guápiles project, which was never legally formalized before the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) as an urbanization. However, he does not indicate the evidence that supports his statement. Nor does he discredit, or explain why, official letter GSP-RA-P-2018-01031 of October 30, 2018, and the statement of the cited deponent—elements of judgment that served as the basis for the judges to consider that the plaintiff’s farm is part of that project—did not have the aptitude to prove that fact. From that standpoint, since the sufficient factual or legal elements were not provided to arrive at a solution different from the one decided, there is no alternative but to impose the rejection of the objections.

VIII.- In the third objection, the erroneous interpretation of Article 193 of the Code of Administrative Litigation Procedure (CPCA) is alleged. The appellant explains that the Trial Court knows that AyA is obligated by force of law to provide the plaintiff with drinking water and, even, if necessary, to construct, expand, or reform the drinking-water aqueduct system; however, despite such requirement, it deemed it appropriate to assess costs against the plaintiff, even though he had sufficient reason to litigate. He transcribes an excerpt from vote No. 129-2018, authored by this Chamber, in which the scope of having sufficient reason to litigate is explained. He cites the list of unproven facts in order to indicate that, regarding the first, one cannot speak of the existence of an urban development or subdivision (fraccionamiento) when there is no proof that it was processed before INVU, in compliance with what is established by the Urban Planning Law. He alleges that it was not proven that the project was anything more than an idea that never passed the initial phase before the defendant. On the other hand, he warns, in the second unproven fact, the error is made of considering that a water availability request is the same as a building permit. He states that there were never substantive reasons to revoke the water availability that had existed since 2011 on the plaintiff’s property, nor for the neighboring properties to be the only ones connected to the drinking-water system. He also complains of the error of considering that the water availability was for a dwelling, when it was of a commercial type. Finally, he indicates, it was accepted as proven that the plaintiff’s lot is located in the canton of Pococí and, additionally, there is a technical study that shows the need to ensure the provision of a quality, continuous drinking-water service in sufficient quantity in the area, as well as the need for the implementation of technical and scientific works on his property to enable his water supply, which was precisely what was sought in this case. He considers that he had sufficient reason to litigate, since there is harm to a fundamental right, which empowers the plaintiff to request drinking-water service for his property.

IX.- Pursuant to Canon 193 of the CPCA, as a general rule, costs are imposed on the losing party and, only by exception, is that party exonerated from such payment. As grounds for exemption, the same rule provides the following: a) The judgment was issued by virtue of evidence whose existence the opposing party could not reasonably have known, and, for that reason, that party's opposition was justified. b) Due to the nature of the issues debated, there existed, in the opinion of the Trial Court, sufficient reason to litigate. In this case, the Trial Court applied the general rule and, consequently, assessed both costs against the plaintiff for being the unsuccessful party. The latter, dissatisfied with this stance, requests his exoneration under the thesis that he had sufficient reason to litigate. In relation to this ground for exemption, it is necessary to recall that it implies not only the conviction of the losing party regarding the thesis defended by him, but also that this conviction is supported by objective data from the proceeding, from which the adjudicator can conclude that the losing party had rationally founded reasons to believe in the soundness of his claim or his defense, as the case may be. (On this subject, one may consult, among others, the judgments of this Chamber No. 359 of 11:00 a.m. on February 18, 2021, and No. 595 of 10:410 a.m. on March 16, 2021). From the analysis of what was debated in this case and the evidence gathered, this Chamber considers that the plaintiff did have sufficient reason to bring this cause. First, taking into account that, in the years 2011 and 2014, AyA granted water availability to the plaintiff’s farm, but later in 2017 this changed, it is reasonable that the plaintiff considered that he had a plausible reason to sue that institution and demand the provision of that service. Furthermore, it is consistent with certain official letters that AyA presented in this proceeding that the plaintiff is aware of the problem with water supply in the area, which even motivated him to change his claim to request that the defendant be ordered to implement technical and scientific works to ensure the provision of a quality, continuous drinking-water service in a quantity sufficient to supply the users of the canton of Pococí and, specifically, his property. For the foregoing reasons, it is found that in this case the ground whose application the appellant requests did indeed exist and, consequently, the charge will be upheld with the consequences to be stated below.

X.- By virtue of the foregoing, the cassation appeal filed by the plaintiff will be partially granted and, consequently, the appealed judgment will be overturned solely insofar as both costs were assessed against said party. In its stead, ruling on the merits, in accordance with Canon 150.2 of the CPCA, the matter will be resolved without special assessment of costs. In all other respects, the judgment shall remain undisturbed.

THEREFORE

The cassation appeal filed by the plaintiff is partially granted and, consequently, the appealed judgment is overturned solely insofar as both costs were assessed against said party. In its stead, ruling on the merits, the matter is resolved without special assessment of costs. In all other respects, it remains undisturbed. ERAMIREZCA

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 


Rocío Rojas Morales

	

 

	

Damaris Vargas Vásquez


Jorge Leiva Poveda

	

 

	

Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 WEUSSWIEO6C61

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:42:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República