Res. 01755-2024 Sala Primera de la Corte — Annulment for lack of factual clarity in banana company liabilityAnulación por falta de claridad fáctica en responsabilidad de empresa bananera

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01755 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Diciembre del 2024 a las 09:16

Expediente: 11-001169-1027-CA

Redactado por: Jorge Leiva Poveda

Clase de asunto: CONOCIMIENTO

Analizado por: SALA PRIMERA





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Casación por razones procesales.

Tema: Debido proceso

Subtemas:

Derecho de defensa.

Análisis sobre el vicio adjetivo de falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados (artículos 137.c Código Procesal Contencioso Administrativo) y su distinción con los hechos tenidos por probados con la prueba constante en el expediente (causal sustantiva). Ver resoluciones 502-2010, 396-2012 y 1407-2012 de la Sala Primera. El fallo impugnado no determina de manera clara y precisa cuál es el hecho acreditado en virtud del cual se declaró a la codemandada responsable de construir sin los permisos legales, unos diques y movimientos de tierras en los ríos y canales de la zona de San Pancracio de Siquirres. En consecuencia, hay una imposibilidad para tener certeza de la valoración realizada por los juzgadores para llegar a esa conclusión, ello por una defectuosa formulación del cuadro asertivo y contradicciones en la parte considerativa. Por ende, la sentencia impugnada no tiene una fundamentación fáctica adecuada de un hecho de relevancia que le permita a las partes ejercer el derecho de defensa e impugnar con claridad, ya que no hay certeza de la valoración realizada por los juzgadores, lo cual es violatorio del debido proceso (voto 1755-F-2024).

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Tipo de contenido: Voto unánime

Rama del Derecho: Contencioso Administrativo

Tema: Recurso de casación

Subtemas:

Reenvío.

Se casa la resolución recurrida por razones de forma (vicio de falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados). Se anula la sentencia recurrida y ordena el reenvío al Tribunal para que dicte sentencia conforme a derecho (ordinal 150.1 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 1755-F-2024).

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Texto de la resolución

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Exp. 11-001169-1027-CA

Res. 001755F-S1-2024

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas dieciseis minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro .

Proceso ordinario presentado por  Franklin Robinson Barnaby, cédula: 7-037-527, Adolfo Valentín Barahona Chévez, cédula: 7-044-969, Alexander Fernández Delgado, cédula: 7-101-233, Omar Carrillo Cabezas, cédula: 5-052-522, Danilo Antonio Carrillo López, cédula: 5-153-298, María Cecilia Medina Navarrete, cédula: 5-260-589, Alexander Pérez Murillo, cédula: 1-834-790, María Lidia Matarrita Molina, cédula: 5-156-617,  Dolores Julián Cortés Cortés, cédula: 5-137-547, Elías Marcelino Jaén Jaén, cédula: 5-200-942, Mario Israel Piña Guido, cédula: 5-159-430,  Carlos Luis Álvarez Álvarez, cédula: 6-115-131, 13. Fernando Pérez Murillo, cédula: 1-921-227,  Santos Milton Baltodano López, cédula: 5-213-527,  Olman Carrillo López, cédula: 2-386-320,  Maynor Fernández Delgado, cédula: 7-090-468, Ana Julia Hernández Espinoza, cédula: 2-206-893,  María Elena Chavarría Castillo, cédula: 2-535-540,  Vilma Blandón Blandón, cédula: 5-143-1352,  Rodrigo Obando Hernández, cédula: 2-365-877, 21. Wilbert Jiménez Mesén, cédula: 6-124-108, 22. Víctor Manuel Quirós Díaz, cédula: 9-079-470, 23. José Eitel López López, cédula: 5-142-451, 24. Íris María Florián Blandón, cédula: 5-313-691, Marianela Sequeira Hernández, cédula: 2-507-684, 26. Nautilio Ramos Baltodano, cédula: 2-529-953 y la Sucesión de Rafael Cortés Ramírez, representada por la albacea Lilliam Damaris Hernández Marín, cédula:  3-321-673; contra: 1. Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima (en adelante, "Bandeco"), representados por apoderados especiales judiciales Álvaro Meza Lázarus y Jimmy Meza Lázarus; 2. Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada (anteriormente Compañía Bananera Atlántica Limitada, "COBAL o "CB", en lo sucesivo CB), representados por los apoderados especiales judiciales por Aldo Milano Sánchez, y María Lourdes Echandi Gurdián; 3. El Estado, representado por el procurador adjunto Bernardo Lara Flores. 4. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (en adelante la CNE), representada por sus apoderados especiales judiciales Arianna Jiménez Espinoza, carné número 12211 y José Fernando Rodríguez Paniagua y; 5. La Municipalidad de Siquirres, actúa como apoderado especial judicial el licenciado José Alonso Valverde. Además, como tercero interesado, el Instituto de Desarrollo Rural (en lo sucesivo el INDER) representada por la apoderada especial judicial Natanael Barrantes Azofeifa. Intervienen como apoderados especiales judiciales de las partes accionantes la licenciada Mariela Martínez Gómez, los licenciados Roger Guevara Vega y John Brenes Rodríguez. Los apoderados de la parte codemandada Chiquita Brands Costa Rica S.R.L., la CNE y de las partes accionantes interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia número 55-2021 de las 11 horas 45 minutos del 22 de junio de 2021, dictada por las personas juzgadoras Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales y Fabián Núñez Castrillo de la Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Redacta el magistrado Leiva Poveda

CONSIDERANDO

  I. En la acción origen de este proceso reformulada el 19 de abril de 2013, plantearon proceso de conocimiento en contra de Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima, Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, El Estado, La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y La Municipalidad de Siquirres. Lo anterior en virtud de que, según indican los actores, el Asentamiento San Pancracio se creó en la finca registrada bajo el folio real número 7-913-000, ubicada en el Distrito de Siquirres, Cantón de Siquirres, en la Provincia de Limón. Esta finca era propiedad del señor Jorge Garita Hernández, quien la vendió al Instituto de Desarrollo Agrario (conocido en lo sucesivo como IDA, ahora INDER) mediante una escritura otorgada a las 15 horas del 26 de marzo de 1998. Afirman que el IDA realizó estudios agrológicos preliminares antes de comprar la finca, determinando que esta es apta para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Señalan que la entidad también llevó a cabo estudios en las tierras que conforman el Asentamiento San Pancracio, concluyendo que las parcelas son aptas para el establecimiento de cultivos de ciclo anual y permanente. Explican, en el acuerdo del IDA número IV de la sesión 091-01, celebrada el 3 de diciembre de 2001, se declaró como beneficiarios del Asentamiento, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio a los actores: Elías Marcelino Jaén Jaén, a quién se le otorgó la Parcela número 5 (que se refiere a las Fincas del Partido de Limón, matrícula de folio real número 102597-000 y 102598-000); Carlos Álvarez Álvarez, a quién se le otorgó la Parcela número 7 (referente a las fincas matrícula 7-102601-000 y 7-102600-000); Wilberth Jiménez Mesén, a quién se le otorgó la Parcela número 9 (Fincas matrícula: 7-102605-000 y 102604-000); y Rodrigo Obando Hernández, a quién se le otorgó la Parcela número 8 (Fincas matrículas: 7-102603-000 y 7-102602-000). Indica, mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA, en artículo VIII de la sesión No. 093-01 celebrada el 10 de diciembre de 2001, se declaró beneficiaria del Asentamiento, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio a la actora María Lidia Matarrita Molina, a quién se le otorgó la Parcela número 4 (Fincas matrículas: 7-102606-000 y 7-102607-000). Menciona, en acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA, en la sesión N° 014-03 celebrada el 17 de marzo de 2003, se declaró beneficiario del Asentamiento, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio al actor Mario Israel Piña Guido, a quien se le otorgó la Parcela número 2 (que se refiere a la Finca matrícula 106446000). Refieren, por medio de acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA, en la sesión número 060-00 celebrada el 21 de agosto de 2000, se declaró como beneficiarios del Asentamiento, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio a los actores: Valentín Barahona Chévez, a quién se le otorgó la Parcela número 11 (que se refiere a los planos catastrados números L-850059-2003 y L-850089-2003), Rafael Ángel Cortés Ramírez, a quién se le otorgó la Parcela número 21 (que se refiere al plano catastrado L-850085-2003); y Alexander Fernández Delgado, a quien se le otorgó la Parcela número 10. Por medio de acuerdo tomado por la Junta Directiva del IDA en la sesión N° 042-2004, celebrada el 15 de noviembre de 2004, se declaró como beneficiarios del Asentamiento, para que se les extienda el correspondiente título supletorio de dominio a los actores: María Cecilia Medina Navarrete, a quién se le otorgó la Parcela número 15, Alexander Pérez Murillo, a quién se le otorgó la Parcela número 13-1, Fernando Pérez Murillo; a quien se le otorgó la granja número A-3; y María Elena Chavarría Castillo, a quién se le otorgó la Parcela número 14. Indican, el caso de los actores Frankiln Robinson Barnaby, Alexander Pérez Murillo, María Lidia Matarrita Molina, Julián Cortés Cortés, Elías Marcelino Jaén Jaén, Mario Israel Piña Guido, Rafael Cortés Ramírez, Carlos Luis Álvarez Álvarez, Santos Baltodano López, Olman Carrillo López, Mainor Fernández Delgado, Rodrigo Obando Hernández, Wilberth Jiménez Mesén, Víctor Manuel Quirós Días, Eitel López López, y Omar Carrillo Cabezas, además de contar con los acuerdos de adjudicación del IDA, cuentan con las escrituras de traspaso de sus parcelas expedidas por el IDA o bien con escrituras de compraventa privada firmadas con particulares antiguos propietarios o poseedores. Con relación a los demandantes Danilo Antonio Carrillo López, Iris María Florian Blandón, Olman Carrillo López, Ana Julia Hernández Espinoza, Vilma Blandón Blandón y Nautilio Ramos Baltodano, indican, que son poseedores legítimos de parcelas que constituyen parte integral del Asentamiento San Pancracio desde su establecimiento en el año 1997. Desde esa fecha, aseveran, que han llevado a cabo actividades agropecuarias en sus parcelas, mantenido una posesión continua, pacífica, pública y notoria de sus respectivas propiedades. Sobre el origen de los daños en perjuicio de las sociedades demandadas: indican que ambas Compañías COBAL y BANDECO figuran nacional e internacionalmente como compañías exportadoras ambientalmente comprometidas con el desarrollo y con "políticas serias" de Responsabilidad Social Corporativa, encontrándose en el Asentamiento que se ubica en una posición que colinda con las empresas bananeras demandadas de la siguiente forma: (i) Con BANDECO: colinda al este con la finca conocida como Finca Imperio I. (ii) Con COBAL: al sur con las fincas conocidas como Doble Alianza· y Gigante. Reseña que la compañía COBAL es propietaria de las fincas bananeras del Partido de Limón, matrículas de folio real número 111328-000 y 11329-000 que corresponden a la Finca Gigante y Doble Alianza. Por su parte la compañía BANDECO es propietaria de la finca bananera de folio real número 7-114545-000, que corresponde a la Finca Imperio I. Afirman, que en el año 2002 y principalmente en el año 2003, la Compañía COBAL construyó sin permisos municipales, sin estudios ambientales, dos diques, uno a cada lado de la Quebrada La Mona, que atraviesan las fincas bananeras Doble Alianza y Gigante, con una extensión de 2300 metros al costado norte y 1800 metros al costado sur de la Quebrada La Mona. Lo anterior, con el fin de desaguar las aguas de los canales internos existentes en las fincas bananeras Doble Alianza y Gigante en el Canal Chiquerón, y evitar que las aguas que provocan el desbordamiento del río Pacuare inunde sus plantaciones y propiedades. Asimismo, aseveran, la demandada COBAL ha construido en sus propiedades, sin permisos municipales y sin estudios ambientales, canales secundarios y terciarios que recolectan las aguas pluviales de sus fincas bananeras Gigante y Doble Alianza, y las direccionan como parte del sistema de drenaje a la Quebrada La Mona y a el canal periférico antes indicado conocido como Canal Chiquerón. Además, construyeron en el año 2003, una compuerta que evita, el acceso del agua a la Quebrada La Mona hacia sus plantaciones. Empresa Bandeco: En los años 2002 y 2003, BANDECO construyó y reconstruyó sin permisos municipales y sin estudios ambientales, un dique que bordea todo el Canal Chiquerón entre las coordenadas geográficas 597700 - 240900; 598500 - 240900; 598500 - 240900; y 597700 - 238800, que a su vez bordea la finca bananera Imperio l. Detallan, este dique se encuentra segmentado en varias partes: a. El dique inicia en la coordenada geográfica 598428 - 240765, con una dirección de 277° 13', con una distancia de 239 metros; b. Continúa con la dirección 280° 30', con una distancia de 215 metros; c. Se llega a una curva de 19 metros de radio y una distancia de 32 metros, con la dirección 185°36’, con una distancia de 1580 metros, d. Se llega a otra curva que posee un radio de 29 metros y una distancia de 39 metros, siguiendo una dirección 87° 06'; con la distancia 440 metros; y e. El dique termina en las coordenadas 598232, 238970. BANDECO construyó sin permisos este dique con la intención de evitar que cuando se presenten eventos extraordinarios generados principalmente por el desbordamiento del río Reventazón y la elevación del nivel de las aguas de lluvias y desbordamientos del río Pacuare, no se inunden las plantaciones de la Finca Imperio I, lo que provoca que este dique desvíe las aguas que se desbordan hacia el Asentamiento San Pancracio. Explican, las compañías COBAL y BANDECO en el año 2002 y el año 2003 realizaron movimientos de tierra y material de compactación, para la construcción de los diques y los canales internos de canalización de aguas en las fincas Gigante y Doble Alianza, e Imperio I, respectivamente, indicados en los hechos dieciocho, diecinueve y veinte, sin contar con los estudios geológicos, de impacto ambiental de la SETENA, y permisos municipales, ambientales y urbanísticos que debieron haber tramitado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, y legislación municipal. Detallan, la Compañía BANDECO nunca gestionó las solicitudes y requisitos necesarios para el otorgamiento de concesiones mineras para la construcción de los diques, de acuerdo con los registros de la Dirección de Geología y Minas ni ante el Departamentos de Aguas, ambos órganos del Ministerio de Ambiente y Energía (en lo sucesivo MINAE). Asimismo, indicaron que la Compañía COBAL nunca gestionó las solicitudes y requisitos necesarios para el otorgamiento de concesiones mineras para la construcción de los diques, de acuerdo con los registros de la Dirección de Geología y Minas, afirmándose también que la construcción de los dos diques por parte de COBAL en la Quebrada La Mona, que atraviesa las fincas Doble Alianza y Gigante, y el dique que bordea el Canal Chiquerón y la Finca Imperio 1 de BANDECO, así como los movimientos de tierra, y la creación de canales pluviales por ambas empresas, fueron realizadas sin el previo permiso o autorización, y sin coordinación alguna con la CNE, y con su absoluta complacencia. Sobre los daños de los años 2002 y 2003, afirman que su causa fueron las actividades de las empresas demandadas. En ese sentido, aseveran la vocación agropecuaria de las parcelas que conforman el Asentamiento San Pancracio, y que estas tienen como principal fin la actividad de subsistencia de los pobladores del Asentamiento. Esta finalidad, afirman, se perdió luego de reiteradas inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Pacuare y Reventazón en los meses de noviembre, diciembre del año 2002 y el mes de diciembre de 2003. En ese sentido, alegan que ello fue provocado en virtud de la construcción de los dos diques por parte de COBAL en la Quebrada La Mona, que atraviesa las fincas Doble Alianza y Gigante, y el dique que bordea el Canal Chiquerón y la Finca Imperio 1 de BANDECO, así como los movimientos pe tierra, y construcción de los canales pluviales que se realizaron con el único fin de proteger sus intereses patrimoniales. Detallan, en las primeras, se perdieron cabezas de ganado, cerdos, aves, fertilizantes, semillas, insumos agrícolas de diferente naturaleza, plantaciones enteras, el caudal de las inundaciones arrancó las viviendas desde los cimientos y con ello muebles, electrodomésticos, ropa, objetos personales y la tranquilidad de vivir en la zona por la eminente amenaza de perderlo todo con una inundación. Indican, en el Informe de Visita de Reconocimiento Geológico -Ambiental de julio de 2003, elaborado por la Geóloga Gabriela Calvo Vargas, se concluyó entre otras cosas, en el punto 5 y 6 de conclusiones y recomendaciones que, el manejo del sistema de canales internos junto con la Quebrada La Mona, podría inducir el direccionamiento del agua hacia el Asentamiento San Pancracio. También, afirman, concluye este informe que en virtud de que los diques que bordean las plantaciones no poseen en su superficie cobertura vegetal que evite la erosión, cuando se da un evento de crecida extraordinaria se puede generar una erosión importante de suelo de los diques, y por ende un aporte importante de sedimentos en las aguas que llegan al Asentamiento, con lo que se evidencia las consecuencias que han sufrido. Más adelante, dicen que en la actualidad se mantienen reconstrucciones realizadas posterior al año 2003, como es el caso de la que realizó BANDECO en junio de 2012. Aseveran, estos diques han alterado drástica y dramáticamente el curso de las aguas pluviales y fluviales del río Pacuare. Afirman, luego que la Municipalidad certificó en junio del año 2009 que las Compañías COBAL y BANDECO no tienen ni habían gestionado permisos de construcción o movimientos de tierras alguno durante la década del 2000, salvo COBAL que gestionó un permiso para una laguna de lixiviados con fecha de 14 de abril de 2009, no realizando el ayuntamiento actuación administrativa alguna tendiente a evitar, impedir o bien solicitar a las Compañías demandadas el no realizar la construcción de diques para proteger sus plantaciones y propiedades, lo que refleja una clara omisión de sus funciones administrativas y el no ejercicio de sus competencias legales. Indican que mediante el voto 2004-04944, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por la Asociación San Pancracio, ordenó a COBAL y a BANDECO abstenerse de construir diques, realizar movimientos de tierras y efectuar desvíos de aguas en las márgenes de los ríos Reventazón y Pacuare, hasta tanto cuenten con los permisos correspondientes de las autoridades competentes. De esta forma, detallan, se declaró con lugar la solicitud de los vecinos del Asentamiento San Pancracio, en aquel momento agrupados en la Asociación. En esa resolución, indican que hay una serie de medidas paliativas, entre ellas ordenó tanto a la Municipalidad, como al Ministerio de Salud y al MINAE, realizar los estudios pertinentes para determinar fehacientemente la incidencia de los diques, movimientos de tierra, y desvío de aguas efectuados por las compañías bananeras COBAL y BANDECO sobre el medio ambiente, de lo cual las Autoridades Administrativas antes mencionadas, debían informar a la Sala en el improrrogable plazo de dos meses contado a partir de la notificación de la sentencia, condenándose además a las empresas demandadas y al Estado e instituciones públicas recurridas, al pago de daños y perjuicios ocasionados. Cuestionan que, a pesar de lo antes dispuesto, en la actualidad son comunes los movimientos de tierra en los diques y los márgenes de los ríos Pacuare y Reventazón, siempre bajo el argumento de "necesidad de emergencia". Las Compañías continúan realizando estas obras en protección de sus plantaciones, como es el levantamiento y reparación de los diques a pesar de la orden de la Sala Constitucional, y las entidades públicas recurridas, estatales y locales, siguen con sus conductas omisivas, permitiendo que estos trabajos sean realizados por dichas compañías. Por lo que continuamente se sigue afectando, año a año desde el 2002, las propiedades de los actores, sus pertenencias y haber patrimonial, tales como, sin ser limitativos: pierden ganado, aves de corral, fertilizantes, cultivos y fundamentalmente se ha deteriorado la naturaleza de las tierras al momento en que el IDA las segregó y entregó, así como contaminación de los suelos por los químicos de las Compañías y contaminación de los pozos de toma de agua potable, lo que afecta directamente a la salud. Sobre la ejecución del amparo: Explica que habiéndose declarado con lugar el recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, y en atención a lo dispuesto en dicha sentencia, los vecinos damnificados agrupados en la Asociación San Pancracio- acudieron a la vía civil para ejercer la ejecución de la sentencia en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, siendo la acción rechazada por una serie de errores técnico-procesales, por una falta de legitimación activa, debido a que los daños directos causados a los asociados, solo pueden ser reclamados por los afectados directos y no por la Asociación San Pancracio, tal y como se indicó en la sentencia de primera instancia número 37-2008, y que fue confirmado por el Tribunal del Segundo Circuito de la Zona Atlántica, Pococí, mediante voto número 67-2008 del 12 de setiembre de 2008. Lo que ha sucedido con posterioridad al trámite del recurso de amparo: Se manifiesta que las Compañías COBAL y BANDECO no han realizado las gestiones ni estudios necesarios que permitan adoptar las modificaciones en los diques y canales de su propiedad para corregir las acciones dañosas que ocasionaron las inundaciones desde el año 2003, en virtud de los trabajos realizados por las Compañías en los años 2002, 2003 y siguientes. Sin embargo, alegan, se han realizado otros movimientos de tierra y construcciones, a pesar que en la Municipalidad de Siquirres consta que no han gestionado los permisos correspondientes, indicando que los problemas de inundaciones persisten en virtud que las instituciones competentes, sean estas la Municipalidad, el Ministerio de Salud, CNE, así como el MINAE, no han ordenado a las Compañías tomar las medidas pertinentes o, cuando menos, abstenerse de realizar más movimientos de tierra y construcciones. Refieren, la conducta omisiva de estas entidades públicas, nacionales y locales, también incluyen el no realizar ellas o gestionar las acciones necesarias para garantizar que las inundaciones que iniciaron en el año 2003 no se continúen dando, o bien, que sus efectos se vean minimizados o reducidos. Incluso, advierten, la CNE ha incumplido con su deber legal y no ha ejercido su competencia pública en el manejo de esta situación de emergencia que año a año ocurre, ni ha cumplido con su deber de coordinar la Comisión Interinstitucional. Arguye, la CNE tiene el deber de realizar una gestión interinstitucional integral, que no lo ha realizado, ver oficio IMN-DA-0518-2004 de fecha 3 de marzo de 2004 remitido por el señor José Miguel Zeledón Calderón del Departamento de Aguas, al presidente de la CNE. Estiman que la CNE, es considerada y señalada por todas las demás instituciones del Estado como el "COORDINADOR" del "Comité Interinstitucional de Gestión de Ríos del País", quien además tiene la competencia bajo un enfoque de gestión de riesgo que la Ley le asigna, el deber de buscar una solución integral a la problemática provocada por las Compañías y las actuaciones omisas de los demás entes públicos. Afirman que desde el 2003, han perdido la oportunidad de desarrollar y explotar sus parcelas tal y como lo indican las certificaciones emitidas por el IDA. Aseveran, la vocación agropecuaria de las parcelas se ha visto disminuida y reducida, debido a las constantes inundaciones y el cambio del curso de éstas desde que las Compañías COBAL y BANDECO construyeron los diques. Se aduce que los representantes de la Asociación de San Pancracio, actores de la presente demanda, estuvieron de acuerdo con la recomendación realizada por el Departamento de Aguas del MINAE que recomendaba demoler el dique del Canal Chiquerón, según resoluciones IMN-DA-2459-05 de las 8:00 horas del 13 de setiembre de 2005 IMN-DA-1671-05 del 30 de junio de 2005 y IMN-DA-1045-05 e IMN-DA-1134-05. Señalan, ninguna de las propuestas y recomendaciones ordenadas por el Departamento de Aguas del MINAE en los siguientes oficios: (a) IMNDA- 2910-2004; (b) IMN- DA-1134-05; (c) IMN-DA-1660-05; (d) IMN-DA-1671-05; (e) IMN-DA-1671-05; (f) IMN-DA2459-05; (g) IMN-DA-0246-2007, han sido ejecutadas o realizadas en el campo. Dicen que en la actualidad- considerando que las inundaciones iniciaron en el año 2003 - un número considerable de ganado ha muerto ahogado y debido a la ingesta de lodo y sedimentos. Afirman, existe año con año una angustia y sufrimiento social entre los vecinos de la comunidad del Asentamiento San Pancracio, quienes se ven afectados emocionalmente con las inundaciones y deben hacer frente a sentimientos de frustración, angustia, desesperación, incertidumbre, temor e incluso ansiedad generalizada, alegando que todos estos sentimientos surgen cada vez que inicia un aguacero en la zona. En lo medular, pretenden que se declare a las partes demandadas responsables por los daños causados por inundaciones en los siguientes términos: a las compañías bananeras demandadas responsables por los daños causados por inundaciones, en razón de la construcción de diques y alteración de ríos y canales sin los permisos necesarios; mientras que los entes públicos demandados debido a la falta de supervisión y omisión de las entidades públicas demandadas en exigir los estudios necesarios para tales obras. También debido a que esas entidades no han ejecutado las obras necesarias para mitigar el impacto negativo de las inundaciones. Así mismo peticiona, se ordenen a las demandadas realizar medidas paliativas para evitar futuras inundaciones y sus impactos. Además, pretenden una serie de daños y perjuicios descritos en forma general e individual por cada demandado en un acápite correspondiente en la demanda, el cual se omite en esta sentencia debido a la forma en que se resolverá (véanse el acápite correspondiente en la demanda y las modificaciones realizadas en la audiencia preliminar, a imágenes 384-388 y 2139-2144, los  daños y perjuicios descritos en forma individual por cada demandado se ubican en un acápite correspondiente en la demanda). Finalmente, solicitan indexación y las costas. Por su parte, la empresa demandada 1. Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima 2. Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada 3. El Estado 4. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y; 5. La Municipalidad de Siquirres, contestaron en forma negativa, quienes opusieron las excepciones de prescripción, caducidad, nulidad, de falta de derecho, de legitimación en sus modalidades activa y pasiva, y la expresión genérica “sine actione agit”.

II. Sobre los hechos anteriores, el Tribunal estimó que los extremos de la reformulación de la demanda (planteada el 19 de abril del 2013), atinente a declarar la responsabilidad de las empresas y entidades demandada corresponden fundamentalmente con lo planteado y resuelto en el expediente de la Sala Constitucional N° 03-9991-0007-CO, en que la Asociación Administradora de la Producción Agrícola y Coordinación Institucional del Asentamiento San Pancracio, representando los intereses colectivos de los vecinos de la comunidad en materia ambiental, había logrado que se declarara que los trabajos en los diques existentes y movimientos de tierra en los canales realizada por las mismas sociedades aquí demandadas (para entonces, COBAL y Bandeco), violentaban el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al no contar con la connivencia de las autoridades recurridas (Ministerios de Salud y Ambiente y Municipalidad de Siquirres), con las viabilidades ambientales correspondientes, tales como lo exige el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estimó que era inmutable y no se puede cuestionar ni desvirtuar lo analizado y resuelto por la Sala Constitucional en cuanto al caso. Al respecto indicó que en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establece la vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional, erga omnes. Así, en virtud de esa norma y de la sentencia 2004-4944 de las 15 horas 11 minutos del 6 de mayo de 2004, cualquier obra civil realizada por particulares o instituciones públicas en la zona, debe contar con la viabilidad ambiental correspondiente, emitida por el órgano público competente establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), siendo contrario a derecho también cualquier construcción o movimiento de tierra que se haya realizado sin contar con la aprobación de dicha instancia, realizada con posterioridad a abril de 2008, cuando la misma Sala Constitucional emitió la resolución Nº 2008-007190 de las 14 horas del 25 de abril de 2008, que cerró el trámite de ese recurso de amparo. En consecuencia, el Tribunal, primero declaró que en cuanto a los hechos referente a declarar la responsabilidad de los demandados, descritos en la reformulación de la demanda presentada el 19 de abril de 2013, se deben desestimar por falta de interés (por existir ya declaración sobre el tema en sentencia de la jurisdicción constitucional) las dos primeras pretensiones relativas a declarar que son ilegales las construcciones de diques y movimientos de tierras en ríos y canales, realizadas por las empresas privadas demandadas y que estas construcciones y movimientos han sido posibles por la omisión de los entes y órganos públicos demandados, en exigir los estudios necesarios para la realización de esas obras.

III. En este expediente existieron dos ampliaciones de hechos, realizadas por medio de escritos de fechas: la primera, del 17 de setiembre de 2012, en que se habla de hechos de julio y agosto de ese año (imágenes 2026-2030); y, la segunda, del 31 de agosto de 2018, en que se refiere a hechos del mes de julio de ese año (imágenes 3571-3597).- En el escrito del 17 de setiembre de 2012, se dice que: "Se le hace saber a su Autoridad que los vecinos del Asentamiento San Pancracio, fueron comunicados por vecinos aledaños sobre la situación de que la codemandada BANDECO, se encontraba realizando labores de movimientos y excavación de inundaciones que sufrió la zona en el mes de julio, siendo la más fuerte de ellas la ocurrida el pasado 29 de julio del 2012, en la que las inundaciones sobrepasaron los 2 metros de altura, provocando daños en las plantaciones de banano de la codemandada y en el Asentamiento San Pancracio (...) El día 21 de agosto del 2012, conociendo los vecinos el actuar de BANDECO, los actores, los señores Carlos Alvarez Alvarez y Víctor Quirós Díaz se apersonaron a la finca donde se ubica el dique, donde constataron la abertura que sufrió el mismo, para lo cual tomaron varios videos, en los cuales se evidencia la apertura del dique (...) Días después de haberse apersonado a la finca de BANDECO, los actores Carlos Alvarez Alvarez, Víctor Quirós Días y Elías Jaén Jaén se apersonaron nuevamente el 26 de agosto del 2012, con la Policía de Proximidad de Siquirres para que ésta hiciera constar el estado del dique, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que el día anterior, sea el 25 de agosto del 2012, en horas de la madrugada, alrededor de la media noche, trabajadores contratados por BANDECO, mediante una draga realizaron una reconstrucción del dique, sin tener a la mano ningún permiso que los autorizará (sic), violando expresamente con (sic) lo dispuesto y ordenado por la Sala Constitucional en Voto número 2004-04944 (...) Lo anterior según se demuestra mediante Acta de Observación Policial emitida por el Oficial Greivin Porras Campos "(. . .) Un kilómetro aproximado de camino sobre el dique el cual fue realizado por una draga en el lugar de los hechos, en alrededor de media hectárea reconstruida y parte del dique también, esto realizado por una draga placa EE20040, en horas de la madrugada, esto según informan los vecinos y el aquí presente Carlos Alvarez (...)". Más adelante se afirma que "(...) todos estos trabajos de construcción, "reconstrucción", "mejoramiento", y movimientos de tierras, realizados por BANDECO, por la apertura de un dique, los realizaron con el único objetivo de proteger sus propiedades, plantaciones de bananos y patrimonio, sin considerar la integralidad de los efectos río abajo o río arriba de estas obras y los efectos que pueden producir a terceros, en este caso en específico a los vecinos del Asentamiento San Pancracio, en violación a lo dispuesto por la Sala Constitucional según se demostró en el hecho tercero, y en contraposición a. las políticas de responsabilidad social con que la empresa se promociona".-

IV. Ahora bien dado el traslado correspondiente, la CNE, en libelo del 8 de noviembre de 2012 (imágenes 2053-2055 del expediente digital extraído en formato de pdf ordenado en forma descendente), dice que los hechos no le constaban; Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, en escrito del día 13 de ese mes y año, indicó que los hechos no le correspondían a esa empresa (imagen 2072) y la representación del Estado, por escrito del 4 de diciembre de 2012 (imágenes 2089-2091) indicó que no era un hecho propio de alguna institución y que rechazaba la ampliación realizada. La representación de Bandeco, por escrito el 12 de noviembre del 2012 (imágenes 2056-2066), indicó que: "A BANDECO no le consta de qué se enteraron los vecinos o por qué medios. Lo cierto es que efectivamente, debido a las fuertes lluvias de finales de julio del 2012, el canal Chiquerón que bordea la finca Imperio derribó en un tramo de cerca de diez metros la borda que siempre ha existido del lado de la propiedad de BANDECO, que existe cuando menos desde el año 1971 y por supuesto preexistente al asentamiento San Pancracio, inundando así la plantación de banano y haciendo un arrase del cultivo. Como se dijo, esa borda siempre ha existido en el lugar y es anterior no solo al Asentamiento San Pancracio sino incluso a la presencia de mi representada ahí. Debido a esto procedimos de urgencia a cerrar dicha abertura en la borda. con el terreno de la plantación aledaña para restablecer las cosas a su estado original. Esa avería no afectó a San Pancracio sino exclusivamente a mi representada. La ubicación de dicha apertura se encuentra en propiedad privada, enfrente del canal Chiquerón, muy lejos de las márgenes del Río Pacuare, y en la parte donde la finca Imperio colinda con COBAL. De manera que los trabajos se hicieron para restituir las cosas a su estado original y evitar más daños en la plantación de mi representada, y las obras ahí nada tienen que ver con diques sobre el Río Pacuare a que se refiere la resolución de la Sala Constitucional 2004-04944 (ver gráfico adjunto a esta contestación sobre la ubicación de "la abertura). Tal y como se indicó al contestar la demanda original, esta borda o "dique" interno existe, al menos, desde 1971 (véase fotografías aéreas certificadas por el IGN "Detalle ampliado de foto aérea N°28124 de 1982" y "Foto IGN-068-1971 aportadas con la contestación de la demanda original que se está ampliando ahora). Y de lo que se trata, como lo admiten los propios actores, es de una reparación de la abertura que sufrió el mismo. (...) Como indicamos al contestar el hecho anterior, debido a las fuertes lluvias en la zona de finales de julio del 2012, la borda interna paralela al canal Chiquerón cedió en un tramo de aproximadamente 10 metros de ancho (ver fotografías adjuntas como prueba) en la zona donde la finca Imperio colinda con COBAL (ver plano de conjunto que se aporta referido a los planos del Instituto Geográfico Nacional donde puede verse la ubicación de la Finca Imperio, las fincas de COBAL, San Pancracio y la ubicación del sitio de la apertura). Procedimos a cerrar a la mayor brevedad la abertura con el terreno de la plantación aleñada (sic). Cabe señalar que la abertura que se hizo solo afectaba a· mi representada, y nada tiene que ver con el asentamiento San Pancracio que está aguas abajo. Cabe anotar que las aguas de COBAL son las que desaguan en ese punto del Canal Chiquerón. Un poco más allá aguas abajo luego de la ruptura, el canal recibe las aguas del asentamiento San Pancracio, y las de mi representada, como ya se explicó al contestar la demanda, salen al Canal Chiquerón pero luego del Asentamiento y bastante más aguas abajo (...) Es absolutamente falso que esas labores violentaran la orden de la Sala Constitucional que, como ellos mismos lo expresan, se limitan exclusivamente a las obras sobre las márgenes de los ríos Reventazón y Pacuare, que no es el caso. Como ya se explicó anteriormente la borda interna en propiedad privada existe desde hace más de cuarenta años y lo que se hizo fue reconstruir u (sic) o tramo de diez metros como una labor de urgencia para que no se inundara la plantación. El mismo Policía admite en el acta a que hacen referencia en este hecho que esas obras están ubicadas dentro de la finca de BANDECO".

V. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitió la sentencia número 55-2021 de las 11 horas 45 minutos del 22 de junio de 2021, donde se dispuso: “Se rechazan las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la defensa de falta de derecho, en cuanto a las pretensiones rechazadas y se rechaza dicha excepción, en cuanto a las pretensiones desestimadas. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose por rechazada en el tanto no se mencione algún extremo en esta parte dispositiva. Se declara que Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima y Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, son responsables de realizar sin los permisos exigidos por la ley, las construcciones referentes a los diques, movimientos de tierras en los ríos y canales, en la zona de San Pancracio de Siquirres, siendo responsables tanto dichas compañías, como el Estado, la Municipalidad de Siquirres y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de omitir la realización de los estudios necesarios para realizar dichas obras. Se condena además a los entes públicos demandados, en el plazo de un año a partir de la firmeza de esta sentencia, realizar de forma coordinada las acciones y obras necesarias, dentro del ámbito sus (sic) competencias, para prevenir, evitar y reducir los impactos negativos de las inundaciones, en perjuicio de los aquí actores y los habitantes de San Pancracio y lugares vecinos. A iniciativa de parte, todas las acciones y obras ordenadas deben ser verificadas en su cumplimiento conforme al ordenamiento, por el Juez o Jueza de Ejecución de este Tribunal. Se resuelve el presente asunto, sin especial pronunciamiento en costas para ninguna de las partes y para el tercero interesado, el Instituto de Desarrollo Rural.-.” Contra ese pronunciamiento Los apoderados de la parte codemandada Chiquita Brands Costa Rica S.R.L, de la CNE y de las partes accionantes formulan sendos recursos de casación, uno de índole procesal y cuatro de fondo; la CNE uno procesal y los accionantes dos procesales, nueve de fondo y solicitan audiencia oral.

Recurso de Chiquita Brands Costa Rica S.R.L.

 VI.- MOTIVOS DEL RECURSO de los apoderados especiales judiciales de la parte codemandada Chiquita Brands Costa Rica S. R. formulan cuatro agravios de fondo. No obstante, el primero se reconduce a procesal debido a que ese reproche ataca que la sentencia recurrida cuando declaró la responsabilidad de Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. omitió establecer el análisis fáctico (circunstancias de modo, tiempo o lugar), estableciendo de forma clara cuál fue el hecho probado de relevancia para decretar esa responsabilidad. El primer cargo, pese que en el primer agravio no invoca de forma expresa un vicio adjetivo, su disconformidad primeramente se centra en una falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el Tribunal (causal procesal que se ubica en el inciso c apartado 1 del numeral 137 del Código Procesal Civil). Toda vez que refiere, que ninguna parte de la sentencia impugnada se determinó como hecho de relevancia cual fue la “fecha de las construcciones y movimientos de tierras en ríos y canales…”; ni tampoco “La ubicación concreta de tales construcciones y movimientos de tierras en ríos y canales” para que se le pudiera atribuir la responsabilidad que se declaró a Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. En su respaldo trascribe y refiere a lo que en su entender se estableció en los hechos probados 5, 6, y 8, haciendo énfasis, en el hecho ocho en el que solo se tuvo por acreditado que Bandeco realizó movimientos de tierra y reconstrucción en los meses de julio y agosto de 2012, en la zona de San Pancracio de Siquirres; pero omitiéndose esas circunstancias al referirse a la codemandada Chiquita Brands Costa Rica SRL. Para luego indicar que pese a lo anterior en los hechos no probados se estableció que ambas bananeras no contaron con las evaluaciones de impacto ambiental. En ese sentido, vuelve a recriminar que en el fallo impugnado sobre la codemandada Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. no se realizó ningún análisis fáctico del ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? (circunstancias fácticas de modo, tiempo y lugar) para entenderse que Chiquita Brands fue responsable de realizar obras sin los permisos exigidos por la ley. A su juicio debido a que el fallo recurrido desestimó la reformulación de la demanda del 19 de abril de 2013, al estimar que esos hechos y responsabilidad fueron analizados por sede constitucional, existiendo cosa juzgada, se declaró una falta de interés. Además, asegura, la sentencia impugnada estimó que el debate de los extremos de esa reformulación se cerró en forma definitiva en los términos expuestos en las sentencias de la Sala Constitucional números 2004-04944 y 2008-007190. En ese sentido, recrimina que los hechos posteriores a abril de 2008 (hechos relativos a las ampliaciones de las demandas) solo estableció a BANDECO como realizadora de obras sin viabilidad ambiental en julio de 2012. De este modo indica que en el considerando VIII, la sentencia impugnada alude a hechos posteriores a abril de 2008, hechos que no están cubiertos por la cosa juzgada constitucional, donde solo BANDECO aceptó que llevó a cabo la reparación de un dique existente debido a situaciones de urgencia derivadas de fuertes lluvias de finales de julio de 2012, inobservando el espíritu de lo resuelto por la Sala Constitucional, pero indica no así, por Chiquita Brands Costa Rica SRL. Enfatiza, la sentencia recurrida indicó que en el periodo de análisis, recalca el recurrente entre paréntesis (entre los años 2002 y 2018) dice la sentencia recurrida “que se probó que ambas empresas realizaron movimientos de tierras y reconstrucciones de diques, en cauces de dominio público, lo mismo que canalizaciones dentro de sus propias propiedades, sin contar con viabilidad ambiental prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente” declarando a las sociedades responsables. Todo lo anterior, señalando la imposibilidad de la certeza de la valoración realizada por los juzgadores al deliberar, razón por la cual se reconduce por su contenido al agravio procesal supra citado. Posteriormente, en una segunda parte titulada “A.- SE HA TENIDO POR DEMOSTRADOS -IMPLÍCITAMENTE- E INDEMOSTRADOS HECHOS EN CONTRADICCIÓN CON LA PRUEBA QUE CONSTA EN EL PROCESO” El recurrente, acusa una indebida valoración, indicando que no había prueba alguna que se tuviera por demostrado, que Chiquita Brands Costa Rica SRL haya llevado a cabo las obras que dice el Tribunal no tuvieron de previo evaluaciones de impacto ambiental. Luego alega que no se probó durante el proceso que con posterioridad al mes de abril del 2008 en que se dictó la resolución No. 2008-007190 de la Sala Constitucional, Chiquita Brands Costa Rica SRL hubiera llevado a cabo ninguna obra que exigiera tal evaluación, para tener por no demostrado que chiquita requirió permisos de evaluación de impacto ambiental sino realizó modificaciones, como resulta exigible conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. “De este modo, el primer hecho no probado del fallo contradice la prueba que consta en autos, concretamente, las manifestaciones que para el Tribunal dan lugar a tener por probado el hecho octavo y la prueba que permite al Tribunal manifestar que la CNE indicó que “…ante los hechos se realizó una contratación de maquinaria para atender la zona de San Pancracio, la N° 2018PI000249-000650000, con Andremu Sociedad Anónima, siendo responsabilidad de la dirección técnica y supervisión de los trabajos, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Siquirres y el Ingeniero William Solano Ocampo, funcionario de ese ayuntamiento” (ver Considerando VIII). Al respecto acusa, al involucrar a la recurrente en hechos atribuibles a terceros, el Tribunal quebranta los artículos 42.2 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente según lo permite el artículo 220 del CPCA, toda vez que la existencia de obras sin evaluación ambiental posteriores al mes de abril de 2008 se acredita por el Tribunal en el dicho -declaración de parte tácita- de Bandeco y la CNE, afirmaciones que nunca involucraron a nuestra representada. Sucesivamente, alega se ocasiona una violación indirecta de normas de fondo, sea los artículos 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Concluye, de este modo, tener por no probado ese hecho, en lo que a la recurrente corresponde, no es legítimo, dado que no se probó la existencia de obras a cargo de Chiquita Brands Costa Rica SRL que requirieran la obtención de licencias ambientales Por tal motivo, considera ilegítimo que se hayan acogido las pretensiones 2 y 3 de la demanda. En el tercer agravio, titulado “B.- SE HAN APLICADO INDEBIDAMENTE NORMAS JURÍDICAS A LA RECURRENTE” Acusa que debido “a falta de sustento fáctico” se violentó los artículos 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ya que no existe en el elenco de hechos probados ninguno en donde se tenga por acreditado el hecho que Chiquita Brands Costa Rica SRL llevó a cabo mejoras en un dique, como sí se tiene por probado que Bandeco llevó a cabo mejoras en un dique contiguo al Asentamiento San Pancracio (hecho probado octavo). Sin embargo acusa, el Tribunal luego decide involucrar a la recurrente junto con Bandeco, en su declaración de responsabilidad de haber llevado a cabo “…construcciones referentes a los diques, movimientos de tierras en los ríos y canales”, sin los permisos exigidos por la ley, concretamente, la evaluación de impacto ambiental, olvidándose de que no hay evidencia que involucre a Chiquita Brands Costa Rica SRL. Argumenta, que la indebida aplicación de esas normas consiste en que el supuesto de hecho que resulta exigible para su aplicación, no se produjo en el caso de la recurrente, de manera tal que no le resulta exigible gestionar la licencia ambiental que las referidas normas y el fallo de la Sala Constitucional número 2004-04944 determina.

VII. En relación con el agravio de la codemandada Chiquita Brands Costa Rica SRL que se recondujo a procesal, esta Cámara ha sostenido que el vicio adjetivo de falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados, previsto en el inciso c) del mandato 137 del CPCA, para que se configure el vicio es necesario que la sentencia impugnada en la formulación de los hechos de relevancia jurídica, para la decisión que se adopta, se hubiese expresado de forma: confusa, oscura o contradictoria. Justamente en el fallo número 396-F-S1-2012 de las 8 horas 55 minutos del 22 de marzo de 2012, esta Sala indicó lo siguiente: “Uno de los elementos esenciales de cualquier sentencia es la fijación del cuadro fáctico (...), toda vez que estas permiten establecer cuáles hechos adquieren relevancia jurídica (sobre este aspecto, véase la sentencia de esta Sala no. 502-2010 de las 8 horas 45 minutos del 30 de abril de 2010) (…) defectuosa formulación (falta de determinación clara y precisa de los hechos). Este último vicio se produce cuando el Tribunal, al establecer el cuadro fáctico pertinente para el caso concreto, fórmula (sic) uno o varios hechos de manera confusa, de forma tal que no sea posible tener un adecuado entendimiento de cuál es la situación fáctica que pretende explicitar, o bien, cuando exista una contradicción en el elenco de hechos probados de tal envergadura que sea imposible tener certeza de cuál fue la valoración realizada por los juzgadores al deliberar. Por ello, cualquier cuestionamiento relativo a si la fijación de los hechos realizada resulta acorde o no a las pruebas excede el ámbito propio de esta causal, formando parte, por el contrario, de una de índole sustantivo”. Sentencia número 1407 de las 16 horas del 18 de octubre de 2012. Es claro, esta causal adjetiva contemplada en la normativa procesal contencioso administrativa atañe, no a un tema de correspondencia de los hechos tenidos por acreditados con la prueba constante en el expediente. Sino más bien, se refiere a la formulación confusa u omisa de las situaciones fácticas tenidas por probadas, de forma que no se tenga certeza de cuál es el hecho tenido por acreditado; o que tales hechos se contradigan de tal modo que impidan conocer la valoración que se hizo del acervo probatorio. Según se aprecia, el impugnante como eje central en su primer agravio alude a una defectuosa formulación del cuadro asertivo, debido a que hubo omisión (formulación oscura) o confusión (falta de claridad) en pronunciarse sobre cuáles fueron las obras que la codemandada Chiquita Brands Costa Rica SRL llevó a cabo para exigírsele la previa autorización ambiental en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y que el Tribunal sentenciador declaró su responsabilidad. Al respecto, le asiste la razón al recurrente, pues la sentencia impugnada adolece del vicio de no determinar de manera clara y precisa cuál es el hecho acreditado en virtud del cual se declaró a Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. responsable de “...de realizar sin los permisos exigidos por la ley, las construcciones referentes a los diques, movimientos de tierras en los ríos y canales, en la zona de San Pancracio de Siquirres”. En consecuencia, hay una imposibilidad para tener certeza de la valoración realizada por los juzgadores para llegar a esa conclusión, ello por una defectuosa formulación del cuadro asertivo y contradicciones en la parte considerativa. En ese sentido, ver en el apartado de hechos acreditados de la demanda del fallo impugnado donde solo hay tres hechos en relación con las empresas demandadas: el quinto en el que se transcribió parte de la sentencia constitucional 2004-04944 (expediente número 03-9991-0007-CO); el sexto en el que se reprodujo parte del voto constitucional relativo a una gestión de desobediencia que se rechazó; y el octavo donde solo se tiene por acreditado que BANDECO (la otra bananera codemandada Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima) en los meses de julio y agosto del 2012 ( referente a un extremo de la ampliación de la demanda de 17 de setiembre de 2012) realizó movimiento de tierra y reconstruyeron diques, en la zona aledaña al Asentamiento San Pancracio, “…sin contar con la viabilidad ambiental exigida en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y sin observar lo dispuesto en la sentencia del año 2004, de la Sala Constitucional indicado la resolución impugnada (el fundamento de lo anterior, se encuentra en el considerando octavo siguiente)” Al respecto en la sentencia recurrida no hay claridad si se está declarando nuevamente la responsabilidad de la codemandada Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada “..de realizar sin los permisos exigidos por la ley, las construcciones referentes a los diques, movimientos de tierras en los ríos y canales, en la zona de San Pancracio de Siquirres”, sobre la responsabilidad que el mismo fallo impugnado indicó que fue resuelta en sede constitucional (atinente a los hechos de la acción reformulada el 19 de abril de 2013). Lo anterior debido a que en el considerando seis de la resolución impugnada se indicó que la sentencia no podía declarar la responsabilidad de los hechos que fueron conocidos por la Sala Constitucional, lo trascrito en el cuadro asertivo, hechos 4 y 5 se reproduce las sentencias constitucionales incluyendo sus extremos; pero lo anterior lleva a mayor confusión cuando en el considerando nueve la sentencia impugnada razonó: “XI) Análisis sobre las pretensiones 2 y 3 de la demanda: A la luz de lo resuelto por la Sala Constitucional en el expediente N° 03-9991-0007-CO y lo demostrado en esta causa, se evidencia que en el período de análisis (entre los años 2002 y 2018), se probó que las sociedades demandadas, CB (Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada anteriormente Compañía Bananera Atlántica Limitada también identificadas en el fallo con las siglas "COBAL o "CB") y Bandeco realizaron movimientos de tierras y reconstrucciones de diques, en cauces de dominio público, lo mismo que canalizaciones dentro de sus propias propiedades, sin contar con la viabilidad ambiental prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (…) (…)En razón de lo anterior, se deben acoger los extremos petitorios 2) y 3), declarando que las dos sociedades demandadas fueron responsables de realizar sin los permisos exigidos por la ley, las construcciones referentes a los diques, movimientos de tierras en los ríos y canales, en la zona de San Pancracio de Siquirres” (el resaltado no es del original). Obsérvese que, en lo trascrito de ese considerando el “periodo de análisis” inicia en 2002 (pudiéndose incluir el hecho de la reformulación de 19 de abril de 2013) y tampoco se proporciona mayor detalle sobre cómo se demostró que la sociedad CB llevó a cabo movimientos de tierras y reconstrucciones de diques, o si esto se determinó por lo resuelto por la Sala Constitucional en el expediente número 03-9991-0007-CO, donde se estableció que dicha empresa realizó tales movimientos y reconstrucciones. Por otra parte, tampoco hay certeza que la sentencia impugnada declaró a Chiquita Brands Costa Rica responsable en virtud de algún hecho de la ampliación de hechos nuevos, (de data de 17 de setiembre de 2012, en que se habla de hechos de julio y agosto de ese año; y, la segunda, del 31 de agosto de 2018) de realizar sin los permisos exigidos por la ley, las construcciones referentes a los diques, movimientos de tierras en los ríos y canales, en la zona de San Pancracio de Siquirres, pero en este último punto no hay un extremo demostrado o indemostrado respecto de la empresa recurrente, en el cuadro fáctico. Para los meses de julio y agosto de 2018 el único hecho acreditado al respecto fue “8) Que en los meses de julio y agosto del 2012, personas bajo órdenes de Bandeco, realizaron movimientos de tierra y reconstruyeron diques, en la zona aledaña al Asentamiento San Pancracio, sin contar con la viabilidad ambiental exigida en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y sin observar lo dispuesto en la sentencia del año 2004, de la Sala Constitucional, ya analizada (el fundamento de lo anterior, se encuentra en el considerando octavo siguiente);”  Entonces, tal y como indica  el recurrente en la sentencia impugnada hay una falta de claridad sobre las circunstancias de modo, tiempo o lugar para atribuirle  a Chiquita Brands Costa Rica SRL para que el Tribunal sentenciador declare su responsabilidad de realizar obras sin permisos exigidos por ley. De esa forma, el fallo recurrido incumple con la enunciación, clara y precisa de los hechos probados y no probados de importancia para la decisión, con referencia concreta a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de los criterios de apreciación de esos elementos. Por tal motivo, la sentencia carece del razonamiento fáctico con la enunciación, clara, precisa de los hechos probados y no probados de importancia para la decisión, con referencia concreta a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de los criterios de apreciación de esos elementos; la cual debe realizarse sin evidentes contradicciones que generan confusión para tener certeza del hecho que se debió tener por demostrado o indemostrado. En cuanto a la relevancia de ese hecho, solo basta con indicar que en la fundamentación del fallo se indicó que a raíz que “se probó que las sociedades demandadas, CB (Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada anteriormente Compañía Bananera Atlántica Limitada también identificadas en el fallo con las siglas "COBAL o "CB") y Bandeco realizaron movimientos de tierras y reconstrucciones de diques, en cauces de dominio público… Asimismo, quedó probado que esas situaciones nunca fueron previstas o evitadas por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía,” y demás entidades públicas demandadas. Por lo cual, es evidente, la sentencia impugnada no tiene una fundamentación fáctica adecuada de un hecho de relevancia que le permita a las partes ejercer el derecho de defensa e impugnar con claridad, ya que no hay certeza de la valoración realizada por los juzgadores, lo cual es violatorio del debido proceso. Según lo expresado y de conformidad con el numeral 150 inciso i) del CPCA en relación con los preceptos 137 incisos c, al producirse en la sentencia el vicio de falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados, se habrá de acoger el recurso y anular el fallo impugnado.

VIII.- En mérito de lo expuesto, se procede acoger el recurso de Chiquita Brands Costa Rica SRL, se casa la resolución recurrida por razones de forma, se anula la sentencia recurrida. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 150.1 del CPCA, se ordenará el reenvío al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se dicte sentencia conforme a derecho, por el motivo adjetivo expuesto y anular el fallo impugnado. Demás está indicar que dada la forma cómo se resuelve, se omitirá pronunciamiento sobre los restantes agravios por razones sustantivos expuestos y el de las restantes partes.

 

POR TANTO

 Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Chiquita Brands Costa Rica SRL, se casa la resolución recurrida por razones de forma y se anula la sentencia recurrida. Se ordena su reenvío al Tribunal de origen con el propósito de que se dicte una sentencia conforme a derecho corresponda. Dada la forma cómo se resuelve, se omite pronunciamiento sobre los restantes agravios formulados por razones sustantivas y respecto a los restantes recursos de las demás partes. Fcastillo

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:43:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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First Chamber of the Court

Resolution No. 01755 - 2024

Date of Resolution: December 12, 2024 at 09:16

Case File: 11-001169-1027-CA

Drafted by: Jorge Leiva Poveda

Type of Matter: COGNIZANCE

Analyzed by: FIRST CHAMBER

Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Contentious-Administrative

Topic: Cassation Appeal

Subtopics:

Cassation for procedural reasons.

Topic: Due Process

Subtopics:

Right of defense.

Analysis of the procedural defect of lack of clear and precise determination of the proven facts (articles 137.c of the Contentious-Administrative Procedural Code) and its distinction from the facts held as proven by the evidence in the case file (substantive ground). See resolutions 502-2010, 396-2012, and 1407-2012 of the First Chamber. The challenged judgment does not clearly and precisely determine what the proven fact is by virtue of which the co-defendant was declared responsible for building, without legal permits, some dikes and earthworks (movimientos de tierra) in the rivers and canals of the San Pancracio de Siquirres area. Consequently, there is an impossibility to be certain of the assessment made by the judges to reach that conclusion, due to a defective formulation of the assertive framework and contradictions in the reasoning part. Therefore, the challenged judgment lacks an adequate factual basis for a relevant fact that allows the parties to exercise the right of defense and challenge with clarity, since there is no certainty about the assessment made by the judges, which violates due process (vote 1755-F-2024).

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Content of Interest:

Type of content: Unanimous vote

Branch of Law: Contentious-Administrative

Topic: Cassation Appeal

Subtopics:

Remand.

The appealed resolution is overturned for reasons of form (defect of lack of clear and precise determination of the proven facts). The appealed judgment is annulled and the case is remanded to the Court so that it may issue a judgment in accordance with law (ordinal 150.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code) (vote 1755-F-2024).

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution

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Exp. 11-001169-1027-CA

Res. 001755F-S1-2024

 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours sixteen minutes on the twelfth of December, two thousand twenty-four.

Ordinary proceeding filed by Franklin Robinson Barnaby, ID: 7-037-527, Adolfo Valentín Barahona Chévez, ID: 7-044-969, Alexander Fernández Delgado, ID: 7-101-233, Omar Carrillo Cabezas, ID: 5-052-522, Danilo Antonio Carrillo López, ID: 5-153-298, María Cecilia Medina Navarrete, ID: 5-260-589, Alexander Pérez Murillo, ID: 1-834-790, María Lidia Matarrita Molina, ID: 5-156-617, Dolores Julián Cortés Cortés, ID: 5-137-547, Elías Marcelino Jaén Jaén, ID: 5-200-942, Mario Israel Piña Guido, ID: 5-159-430, Carlos Luis Álvarez Álvarez, ID: 6-115-131, 13. Fernando Pérez Murillo, ID: 1-921-227, Santos Milton Baltodano López, ID: 5-213-527, Olman Carrillo López, ID: 2-386-320, Maynor Fernández Delgado, ID: 7-090-468, Ana Julia Hernández Espinoza, ID: 2-206-893, María Elena Chavarría Castillo, ID: 2-535-540, Vilma Blandón Blandón, ID: 5-143-1352, Rodrigo Obando Hernández, ID: 2-365-877, 21. Wilbert Jiménez Mesén, ID: 6-124-108, 22. Víctor Manuel Quirós Díaz, ID: 9-079-470, 23. José Eitel López López, ID: 5-142-451, 24. Íris María Florián Blandón, ID: 5-313-691, Marianela Sequeira Hernández, ID: 2-507-684, 26. Nautilio Ramos Baltodano, ID: 2-529-953 and the Estate of Rafael Cortés Ramírez, represented by the executor Lilliam Damaris Hernández Marín, ID: 3-321-673; against: 1. Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima (hereinafter, "Bandeco"), represented by special judicial attorneys Álvaro Meza Lázarus and Jimmy Meza Lázarus; 2. Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada (formerly Compañía Bananera Atlántica Limitada, "COBAL" or "CB", hereinafter CB), represented by special judicial attorneys Aldo Milano Sánchez, and María Lourdes Echandi Gurdián; 3. The State, represented by the deputy attorney Bernardo Lara Flores. 4. The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (hereinafter the CNE), represented by its special judicial attorneys Arianna Jiménez Espinoza, license number 12211 and José Fernando Rodríguez Paniagua and; 5. The Municipalidad de Siquirres, acting as special judicial attorney is José Alonso Valverde. In addition, as an interested third party, the Instituto de Desarrollo Rural (hereinafter the INDER) represented by the special judicial attorney Natanael Barrantes Azofeifa. Appearing as special judicial attorneys for the plaintiff parties are Mariela Martínez Gómez, Roger Guevara Vega, and John Brenes Rodríguez. The attorneys for the co-defendant party Chiquita Brands Costa Rica S.R.L., the CNE, and the plaintiff parties file respective cassation appeals against judgment number 55-2021 of 11 hours 45 minutes on June 22, 2021, issued by judges Jonatán Canales Hernández, Rosa María Cortés Morales, and Fabián Núñez Castrillo of the Eighth Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court.

Drafted by Judge Leiva Poveda

CONSIDERING

  I. In the action originating this process, reformulated on April 19, 2013, they filed a cognizance proceeding against Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima, Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, The State, The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, and The Municipalidad de Siquirres. This by virtue of the fact that, as the plaintiffs indicate, the San Pancracio Settlement was created on the farm registered under real estate folio number 7-913-000, located in the District of Siquirres, Canton of Siquirres, in the Province of Limón. This farm was owned by Mr. Jorge Garita Hernández, who sold it to the Instituto de Desarrollo Agrario (hereinafter known as IDA, now INDER) by means of a deed granted at 15 hours on March 26, 1998. They affirm that the IDA carried out preliminary agrological studies before purchasing the farm, determining that it is suitable for the development of agricultural and livestock activities. They point out that the entity also carried out studies on the lands that make up the San Pancracio Settlement, concluding that the parcels are suitable for the establishment of annual and permanent cycle crops. They explain that, in IDA agreement number IV of session 091-01, held on December 3, 2001, the following plaintiffs were declared beneficiaries of the Settlement, so that the corresponding supplementary title of ownership could be issued to them: Elías Marcelino Jaén Jaén, who was granted Parcel number 5 (which refers to the Farms of the Partido de Limón, real estate folio numbers 102597-000 and 102598-000); Carlos Álvarez Álvarez, who was granted Parcel number 7 (referring to farms registration numbers 7-102601-000 and 7-102600-000); Wilberth Jiménez Mesén, who was granted Parcel number 9 (Farms registration: 7-102605-000 and 102604-000); and Rodrigo Obando Hernández, who was granted Parcel number 8 (Farms registration: 7-102603-000 and 7-102602-000). They indicate that, by means of an agreement taken by the Board of Directors of the IDA, in article VIII of session No. 093-01 held on December 10, 2001, the plaintiff María Lidia Matarrita Molina was declared a beneficiary of the Settlement, so that the corresponding supplementary title of ownership could be issued to her, and she was granted Parcel number 4 (Farms registration: 7-102606-000 and 7-102607-000). They mention that, in an agreement taken by the Board of Directors of the IDA, in session No. 014-03 held on March 17, 2003, the plaintiff Mario Israel Piña Guido was declared a beneficiary of the Settlement, so that the corresponding supplementary title of ownership could be issued to him, and he was granted Parcel number 2 (which refers to Farm registration number 106446000). They recount that, by means of an agreement taken by the Board of Directors of the IDA, in session number 060-00 held on August 21, 2000, the following plaintiffs were declared beneficiaries of the Settlement, so that the corresponding supplementary title of ownership could be issued to them: Valentín Barahona Chévez, who was granted Parcel number 11 (which refers to cadastral plans numbers L-850059-2003 and L-850089-2003), Rafael Ángel Cortés Ramírez, who was granted Parcel number 21 (which refers to cadastral plan L-850085-2003); and Alexander Fernández Delgado, who was granted Parcel number 10. By means of an agreement taken by the Board of Directors of the IDA in session No. 042-2004, held on November 15, 2004, the following plaintiffs were declared beneficiaries of the Settlement, so that the corresponding supplementary title of ownership could be issued to them: María Cecilia Medina Navarrete, who was granted Parcel number 15, Alexander Pérez Murillo, who was granted Parcel number 13-1, Fernando Pérez Murillo; who was granted farm number A-3; and María Elena Chavarría Castillo, who was granted Parcel number 14. They indicate that, in the case of the plaintiffs Frankiln Robinson Barnaby, Alexander Pérez Murillo, María Lidia Matarrita Molina, Julián Cortés Cortés, Elías Marcelino Jaén Jaén, Mario Israel Piña Guido, Rafael Cortés Ramírez, Carlos Luis Álvarez Álvarez, Santos Baltodano López, Olman Carrillo López, Mainor Fernández Delgado, Rodrigo Obando Hernández, Wilberth Jiménez Mesén, Víctor Manuel Quirós Días, Eitel López López, and Omar Carrillo Cabezas, in addition to having the adjudication agreements from the IDA, they have the transfer deeds for their parcels issued by the IDA or with private sale and purchase deeds signed with private former owners or possessors. Regarding the plaintiffs Danilo Antonio Carrillo López, Iris María Florian Blandón, Olman Carrillo López, Ana Julia Hernández Espinoza, Vilma Blandón Blandón, and Nautilio Ramos Baltodano, they indicate that they are the legitimate possessors of parcels that constitute an integral part of the San Pancracio Settlement since its establishment in 1997. Since that date, they assert, they have carried out agricultural and livestock activities on their parcels, maintaining continuous, peaceful, public, and notorious possession of their respective properties. Regarding the origin of the damages to the detriment of the defendant companies: they indicate that both companies COBAL and BANDECO figure nationally and internationally as environmentally committed exporting companies with development and with "serious policies" of Corporate Social Responsibility, finding themselves in the Settlement which is located in a position that borders the defendant banana companies as follows: (i) With BANDECO: it borders to the east with the farm known as Finca Imperio I. (ii) With COBAL: to the south with the farms known as Doble Alianza and Gigante. They outline that the company COBAL is the owner of the banana farms of the Partido de Limón, real estate folio numbers 111328-000 and 11329-000 that correspond to Finca Gigante and Doble Alianza. For its part, the company BANDECO is the owner of the banana farm with real estate folio number 7-114545-000, which corresponds to Finca Imperio I. They affirm that, in 2002 and mainly in 2003, the Company COBAL built, without municipal permits and without environmental studies, two dikes, one on each side of the Quebrada La Mona, which cross the banana farms Doble Alianza and Gigante, with an extension of 2300 meters on the north side and 1800 meters on the south side of the Quebrada La Mona. The foregoing, with the aim of draining the waters from the internal canals existing in the banana farms Doble Alianza and Gigante into the Chiquerón Canal, and preventing the waters that cause the overflow of the Pacuare River from flooding their plantations and properties. Likewise, they assert, the defendant COBAL has built on its properties, without municipal permits and without environmental studies, secondary and tertiary canals that collect the rainwater from its banana farms Gigante and Doble Alianza, and direct them as part of the drainage system to the Quebrada La Mona and to the peripheral canal indicated above, known as the Chiquerón Canal. In addition, they built, in 2003, a floodgate that prevents water access from the Quebrada La Mona towards their plantations. Company Bandeco: In the years 2002 and 2003, BANDECO built and rebuilt, without municipal permits and without environmental studies, a dike that borders the entire Chiquerón Canal between geographic coordinates 597700 - 240900; 598500 - 240900; 598500 - 240900; and 597700 - 238800, which in turn borders the banana farm Imperio I. They detail that this dike is segmented into several parts: a. The dike begins at geographic coordinate 598428 - 240765, with a direction of 277° 13', with a distance of 239 meters; b. It continues with direction 280° 30', with a distance of 215 meters; c. It reaches a curve of 19 meters in radius and a distance of 32 meters, with direction 185°36', with a distance of 1580 meters, d. It reaches another curve that has a radius of 29 meters and a distance of 39 meters, following a direction 87° 06'; with distance 440 meters; and e. The dike ends at coordinates 598232, 238970. BANDECO built this dike without permits with the intention of preventing the plantations of Finca Imperio I from being flooded when extraordinary events occur, generated mainly by the overflow of the Reventazón River and the rise in the level of rainwater and overflows from the Pacuare River, which causes this dike to divert the overflowing waters towards the San Pancracio Settlement. They explain that the companies COBAL and BANDECO, in 2002 and 2003, carried out earthworks (movimientos de tierra) and compaction material, for the construction of the dikes and internal water channeling canals in the farms Gigante and Doble Alianza, and Imperio I, respectively, as indicated in facts eighteen, nineteen, and twenty, without having the geological, environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) studies from SETENA, and municipal, environmental, and urban planning permits that they should have processed, in accordance with the provisions of Articles 17 and 18 of the Ley Orgánica del Ambiente, and municipal legislation. They detail that the Company BANDECO never processed the necessary applications and requirements for the granting of mining concessions for the construction of the dikes, according to the records of the Dirección de Geología y Minas nor before the Departamentos de Aguas, both bodies of the Ministerio de Ambiente y Energía (hereinafter MINAE). Likewise, they indicated that the Company COBAL never processed the necessary applications and requirements for the granting of mining concessions for the construction of the dikes, according to the records of the Dirección de Geología y Minas, also stating that the construction of the two dikes by COBAL on the Quebrada La Mona, which crosses the farms Doble Alianza and Gigante, and the dike that borders the Chiquerón Canal and Finca Imperio 1 of BANDECO, as well as the earthworks (movimientos de tierra), and the creation of stormwater canals by both companies, were carried out without prior permission or authorization, and without any coordination with the CNE, and with its absolute complacency. Regarding the damages of the years 2002 and 2003, they affirm that their cause was the activities of the defendant companies. In that sense, they assert the agricultural and livestock vocation of the parcels that make up the San Pancracio Settlement, and that these have as their main purpose the subsistence activity of the Settlement's inhabitants. This purpose, they affirm, was lost after repeated floods caused by the overflow of the Pacuare and Reventazón rivers in the months of November and December 2002 and the month of December 2003. In that sense, they allege that this was caused by the construction of the two dikes by COBAL on the Quebrada La Mona, which crosses the Doble Alianza and Gigante farms, and the dike that borders the Chiquerón Canal and Finca Imperio 1 of BANDECO, as well as the earthworks (movimientos de tierra), and construction of the stormwater canals that were carried out with the sole purpose of protecting their property interests. They detail that, in the first ones, heads of cattle, pigs, poultry, fertilizers, seeds, agricultural inputs of different nature, entire plantations were lost; the floodwaters tore houses from their foundations and with them furniture, appliances, clothes, personal objects, and the tranquility of living in the area due to the imminent threat of losing everything in a flood. They indicate that, in the Informe de Visita de Reconocimiento Geológico-Ambiental of July 2003, prepared by Geologist Gabriela Calvo Vargas, it was concluded, among other things, in points 5 and 6 of conclusions and recommendations that, the management of the internal canal system together with the Quebrada La Mona, could induce the channeling of water towards the San Pancracio Settlement. Also, they affirm, this report concludes that by virtue of the fact that the dikes bordering the plantations do not have surface vegetation cover that prevents erosion, when an extraordinary flood event occurs, significant soil erosion of the dikes can be generated, and therefore a significant contribution of sediments in the waters that reach the Settlement, which demonstrates the consequences they have suffered. Later, they say that reconstructions carried out after 2003 are currently maintained, as is the case of the one carried out by BANDECO in June 2012. They assert that these dikes have drastically and dramatically altered the course of the stormwater and river waters of the Pacuare River. They affirm, then, that the Municipality certified in June 2009 that the Companies COBAL and BANDECO do not have and had not processed any construction or earthworks (movimientos de tierras) permits during the 2000s decade, except COBAL which processed a permit for a leachate lagoon dated April 14, 2009, with the municipality not carrying out any administrative action aimed at avoiding, preventing, or even requesting the defendant Companies from not constructing dikes to protect their plantations and properties, which reflects a clear omission of its administrative functions and the non-exercise of its legal competencies. They indicate that by means of vote 2004-04944, the Constitutional Chamber granted the amparo appeal filed by the Asociación San Pancracio, ordered COBAL and BANDECO to refrain from constructing dikes, carrying out earthworks (movimientos de tierras), and diverting waters on the banks of the Reventazón and Pacuare rivers, until they have the corresponding permits from the competent authorities. In this way, they detail, the request of the residents of the San Pancracio Settlement, at that time grouped in the Association, was granted. In that resolution, they indicate that there are a series of palliative measures, among them it ordered both the Municipality, the Ministry of Health, and MINAE, to carry out the pertinent studies to reliably determine the incidence of the dikes, earthworks (movimientos de tierra), and water diversion carried out by the banana companies COBAL and BANDECO on the environment, about which the aforementioned Administrative Authorities had to inform the Chamber within the non-extendable period of two months counted from the notification of the judgment, also condemning the defendant companies and the State and defendant public institutions to pay the damages and losses caused. They question that, despite the aforementioned provisions, earthworks (movimientos de tierra) on the dikes and the banks of the Pacuare and Reventazón rivers are currently common, always under the argument of "emergency necessity." The Companies continue to carry out these works to protect their plantations, such as the raising and repair of the dikes despite the order of the Constitutional Chamber, and the defendant public entities, both state and local, continue with their omissive conduct, allowing these works to be carried out by said companies. Therefore, the properties of the plaintiffs, their belongings, and their assets continue to be affected, year after year since 2002, such as, without being limitative: they lose cattle, poultry, fertilizers, crops, and fundamentally the nature of the lands has deteriorated from the time when the IDA segregated and delivered them, as well as soil contamination from the Companies' chemicals and contamination of drinking water wells, which directly affects health. Regarding the execution of the amparo: It explains that having granted the amparo appeal filed before the Constitutional Chamber, and in attention to the provisions of said judgment, the affected residents grouped in the Asociación San Pancracio went to the civil court to execute the judgment in the Civil Court of Major Quantities of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, with the action being rejected due to a series of technical-procedural errors, for a lack of standing, because the direct damages caused to the associates can only be claimed by the directly affected parties and not by the Asociación San Pancracio, as indicated in the first instance judgment number 37-2008, and which was confirmed by the Court of the Second Circuit of the Atlantic Zone, Pococí, by means of vote number 67-2008 of September 12, 2008. What has happened subsequent to the amparo appeal: It is stated that the Companies COBAL and BANDECO have not carried out the necessary procedures or studies that would allow adopting modifications to the dikes and canals on their property to correct the harmful actions that caused the floods since 2003, by virtue of the works carried out by the Companies in 2002, 2003, and following years. However, they allege, other earthworks (movimientos de tierra) and constructions have been carried out, despite the fact that the Municipalidad de Siquirres records show that they have not processed the corresponding permits, indicating that the flooding problems persist because the competent institutions, be they the Municipality, the Ministry of Health, CNE, as well as MINAE, have not ordered the Companies to take the pertinent measures or, at least, refrain from carrying out more earthworks (movimientos de tierra) and constructions. They recount that the omissive conduct of these public entities, national and local, also includes not carrying out or managing the necessary actions themselves to guarantee that the floods that began in 2003 do not continue to occur, or that their effects are minimized or reduced. They even warn that the CNE has breached its legal duty and has not exercised its public competence in managing this emergency situation that occurs year after year, nor has it fulfilled its duty to coordinate the Interinstitutional Commission. They argue that the CNE has the duty to carry out comprehensive interinstitutional management, which it has not done, see official communication IMN-DA-0518-2004 dated March 3, 2004, sent by Mr. José Miguel Zeledón Calderón of the Department of Waters, to the president of the CNE. They estimate that the CNE is considered and designated by all other State institutions as the "COORDINATOR" of the "Interinstitutional Committee for River Management of the Country," which also has the competence under a risk management approach that the Law assigns to it, the duty to seek a comprehensive solution to the problem caused by the Companies and the omissive actions of the other public entities. They affirm that since 2003, they have lost the opportunity to develop and exploit their parcels as indicated by the certifications issued by the IDA. They assert that the agricultural and livestock vocation of the parcels has been diminished and reduced, due to the constant floods and the change in their course since the Companies COBAL and BANDECO built the dikes. It is argued that the representatives of the Asociación de San Pancracio, plaintiffs in this lawsuit, agreed with the recommendation made by the Department of Waters of MINAE that recommended demolishing the dike of the Chiquerón Canal, according to resolutions IMN-DA-2459-05 at 8:00 hours on September 13, 2005, IMN-DA-1671-05 of June 30, 2005, and IMN-DA-1045-05 and IMN-DA-1134-05. They point out that none of the proposals and recommendations ordered by the Department of Waters of MINAE in the following official communications: (a) IMNDA- 2910-2004; (b) IMN- DA-1134-05; (c) IMN-DA-1660-05; (d) IMN-DA-1671-05; (e) IMN-DA-1671-05; (f) IMN-DA2459-05; (g) IMN-DA-0246-2007, have been executed or carried out in the field. They say that currently—considering that the floods began in 2003—a considerable number of cattle have died drowned and due to the ingestion of mud and sediments. They affirm that there is, year after year, anguish and social suffering among the residents of the community of the San Pancracio Settlement, who are emotionally affected by the floods and must face feelings of frustration, anguish, despair, uncertainty, fear, and even generalized anxiety, alleging that all these feelings arise every time a downpour starts in the area. At its core, they seek to have the defendant parties declared responsible for the damages caused by floods in the following terms: the defendant banana companies responsible for the damages caused by floods, due to the construction of dikes and alteration of rivers and canals without the necessary permits; while the defendant public entities due to the lack of supervision and omission by the defendant public entities in demanding the necessary studies for such works. Also because those entities have not executed the necessary works to mitigate the negative impact of the floods. They likewise petition that the defendants be ordered to carry out palliative measures to prevent future floods and their impacts. In addition, they claim a series of damages and losses described generally and individually for each defendant in a corresponding section in the complaint, which is omitted in this judgment due to the manner in which it will be resolved (see the corresponding section in the complaint and the modifications made at the preliminary hearing, at images 384-388 and 2139-2144, the damages and losses described individually for each defendant are located in a corresponding section in the complaint). Finally, they request indexation and costs. For their part, the defendant company 1. Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima 2. Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada 3. The State 4. The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias and; 5. The Municipalidad de Siquirres, responded negatively, raising the defenses of prescription, expiration, nullity, lack of right, lack of standing in its active and passive modalities, and the generic expression "sine actione agit".

II. Regarding the foregoing facts, the Court considered that the points of the reformulation of the complaint (filed on April 19, 2013), pertaining to declaring the liability of the defendant companies and entities, correspond fundamentally with what was raised and resolved in Constitutional Chamber case file No. 03-9991-0007-CO, in which the Asociación Administradora de la Producción Agrícola y Coordinación Institucional del Asentamiento San Pancracio, representing the collective interests of the community's residents in environmental matters, had succeeded in having it declared that the works on the existing dikes and earthworks (movimientos de tierra) in the canals carried out by the same companies sued here (at that time, COBAL and Bandeco), violated the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, by not having the consent of the respondent authorities (Ministries of Health and Environment and Municipalidad de Siquirres), with the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental), as required by Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. The Contentious-Administrative Court considered that what was analyzed and resolved by the Constitutional Chamber in the case was immutable and cannot be questioned or refuted. In this regard, it indicated that Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the binding nature of the judgments of the Constitutional Chamber, erga omnes.

Thus, by virtue of that provision and judgment 2004-4944 of 15 hours 11 minutes of May 6, 2004, any civil work carried out by private individuals or public institutions in the area must have the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental), issued by the competent public body established in the Organic Environmental Law, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and any construction or earthworks (movimiento de tierra) carried out without the approval of said body, performed after April 2008, is also contrary to law, when the Constitutional Chamber itself issued resolution No. 2008-007190 of 14 hours of April 25, 2008, which closed the processing of that amparo appeal. Consequently, the Court first declared that, regarding the facts concerning the declaration of the defendants' liability, described in the reformulation of the complaint filed on April 19, 2013, the first two claims relating to declaring that the construction of dikes and earthworks in rivers and canals, carried out by the defendant private companies, are illegal, and that these constructions and earthworks were made possible by the omission of the defendant public entities and bodies in requiring the necessary studies for the execution of those works, must be dismissed for lack of interest (as a declaration on the matter already exists in a judgment of the constitutional jurisdiction).

III. In this case file, there were two amplifications of facts, made through written submissions dated: the first, September 17, 2012, which refers to facts from July and August of that year (images 2026-2030); and the second, August 31, 2018, which refers to facts from the month of July of that year (images 3571-3597).- In the submission of September 17, 2012, it is stated that: "It is made known to Your Authority that the residents of the San Pancracio Settlement were informed by neighboring residents about the situation that the co-defendant BANDECO was carrying out earthworks (movimientos) and excavation work related to the floods that afflicted the area in the month of July, the strongest of which occurred on July 29, 2012, in which the floods exceeded 2 meters in height, causing damage to the co-defendant's banana plantations and in the San Pancracio Settlement (...) On August 21, 2012, knowing of BANDECO's actions, the plaintiffs, Messrs. Carlos Alvarez Alvarez and Víctor Quirós Díaz, appeared at the property where the dike is located, where they confirmed the breach it suffered, for which they took several videos, in which the opening of the dike is evidenced (...) Days after having appeared at BANDECO's property, the plaintiffs Carlos Alvarez Alvarez, Víctor Quirós Días and Elías Jaén Jaén appeared again on August 26, 2012, with the Community Police of Siquirres so that they could record the state of the dike; however, they were surprised that the previous day, namely August 25, 2012, in the early morning hours, around midnight, workers hired by BANDECO, using a dredge, carried out a reconstruction of the dike, without having on hand any permit authorizing them (sic), expressly violating (sic) what was ordered by the Constitutional Chamber in Vote number 2004-04944 (...) The foregoing as demonstrated by the Police Observation Report issued by Officer Greivin Porras Campos "(...) An approximate kilometer of road atop the dike which was built by a dredge at the scene of the events, in approximately half a hectare reconstructed and part of the dike as well, this done by a dredge with plate EE20040, in the early morning hours, as reported by the residents and the present Carlos Alvarez (...)". Later it is affirmed that "(...) all these construction, 'reconstruction', 'improvement', and earthworks, carried out by BANDECO, regarding the opening of a dike, were carried out with the sole objective of protecting their properties, banana plantations and assets, without considering the entirety of the effects downstream or upstream of these works and the effects they may produce on third parties, in this specific case on the residents of the San Pancracio Settlement, in violation of the provisions of the Constitutional Chamber as demonstrated in the third fact, and in contravention of the social responsibility policies with which the company promotes itself".-

IV. Now, given the corresponding transfer, CNE, in a brief of November 8, 2012 (images 2053-2055 of the digital case file extracted in pdf format organized in descending order), states that the facts were not known to it; Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada, in a submission on the 13th of that month and year, indicated that the facts did not correspond to that company (image 2072) and the State's representation, by submission of December 4, 2012 (images 2089-2091), indicated that it was not an act attributable to any institution and that it rejected the amplification made. Bandeco's representation, by submission on November 12, 2012 (images 2056-2066), indicated that: "BANDECO is not aware of what the residents found out or through what means. The truth is that indeed, due to the heavy rains at the end of July 2012, the Chiquerón canal that borders the Imperio farm knocked down, in a stretch of about ten meters, the bank that has always existed on the BANDECO property side, which has existed at least since 1971 and naturally pre-existed the San Pancracio settlement, thus flooding the banana plantation and causing a wiping out of the crop. As stated, that bank has always existed in that place and predates not only the San Pancracio Settlement but even my client's presence there. Due to this, we urgently proceeded to close said opening in the bank with soil from the neighboring plantation to restore things to their original state. That breach did not affect San Pancracio but exclusively my client. The location of said opening is on private property, opposite the Chiquerón canal, far from the banks of the Pacuare River, and in the part where the Imperio farm borders COBAL. Thus, the work was done to restore things to their original state and prevent further damage to my client's plantation, and the works there have nothing to do with dikes on the Pacuare River referred to in Constitutional Chamber resolution 2004-04944 (see the graphic attached to this response regarding the location of 'the opening'). As indicated when answering the original complaint, this internal bank or 'dike' has existed at least since 1971 (see aerial photographs certified by the IGN 'Enlarged Detail of aerial photo No. 28124 from 1982' and 'Photo IGN-068-1971 provided with the answer to the original complaint now being amplified). And what is involved, as the plaintiffs themselves admit, is a repair of the opening it suffered. (...) As we indicated when answering the previous fact, due to the heavy rains in the area at the end of July 2012, the internal bank parallel to the Chiquerón canal gave way in a stretch approximately 10 meters wide (see photographs attached as evidence) in the area where the Imperio farm borders COBAL (see the overall plan provided referencing the plans of the National Geographic Institute where the location of the Imperio Farm, the COBAL farms, San Pancracio, and the location of the opening site can be seen). We proceeded to close the opening with soil from the neighboring (sic) plantation as soon as possible. It should be noted that the opening that was made only affected my client, and has nothing to do with the San Pancracio settlement which is downstream. It should be noted that COBAL's waters drain into the Chiquerón canal at that point. A little further downstream after the break, the canal receives the waters of the San Pancracio settlement, and my client's waters, as already explained when answering the complaint, exit into the Chiquerón canal but downstream from the Settlement and considerably further downstream (...) It is absolutely false that these tasks violated the Constitutional Chamber's order, which, as they themselves express, is limited exclusively to works on the banks of the Reventazón and Pacuare rivers, which is not the case here. As previously explained, the internal bank on private property has existed for more than forty years and what was done was to rebuild a ten-meter stretch as an emergency task to prevent the plantation from flooding. The Police officer himself admits in the report they refer to in this fact that these works are located within BANDECO's farm".

V. The Administrative and Civil Treasury Court issued judgment number 55-2021 of 11 hours 45 minutes of June 22, 2021, which ordered: “The defenses of prescription and lack of active and passive standing are rejected. The defense of lack of right is upheld regarding the rejected claims, and said defense is rejected regarding the dismissed claims. Consequently, the complaint is partially granted, it being understood as rejected insofar as any particular point is not mentioned in this operative part. It is declared that Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima and Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada are responsible for carrying out, without the permits required by law, the constructions related to dikes, earthworks (movimientos de tierras) in rivers and canals, in the San Pancracio de Siquirres area, with said companies, the State, the Municipality of Siquirres, and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response being responsible for omitting to carry out the necessary studies to perform said works. Furthermore, the defendant public entities are ordered, within one year from the finality of this judgment, to carry out in a coordinated manner the actions and works necessary, within the scope of their (sic) competencies, to prevent, avoid, and reduce the negative impacts of floods, to the detriment of the plaintiffs herein and the inhabitants of San Pancracio and neighboring places. At the request of a party, all ordered actions and works must have their compliance verified in accordance with the legal system, by the Execution Judge of this Court. This matter is resolved, without a special pronouncement on costs for any of the parties or for the interested third party, the Institute of Rural Development.-.” Against that pronouncement, the legal representatives of the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica S.R.L., of CNE, and of the plaintiff parties file respective cassation appeals, one procedural and four on the merits; CNE one procedural, and the plaintiffs two procedural, nine on the merits, and they request an oral hearing.

Appeal of Chiquita Brands Costa Rica S.R.L.

 VI.- GROUNDS FOR THE APPEAL of the special judicial representatives of the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica S.R. formulate four grievances on the merits. However, the first is recharacterized as procedural because that reproach attacks that the appealed judgment, when declaring Chiquita Brands Costa Rica S.R.L.'s liability, omitted to establish the factual analysis (circumstances of mode, time, or place), clearly establishing which was the proven fact of relevance to decree that liability. The first charge, although the first grievance does not expressly invoke a procedural defect, its disagreement primarily centers on a lack of clear and precise determination of the facts accredited by the Tribunal (a procedural ground located in subparagraph c, section 1, of numeral 137 of the Civil Procedure Code). Given that it states, no part of the appealed judgment determined as a relevant fact what the "date of the constructions and earthworks in rivers and canals…" was; nor "The specific location of such constructions and earthworks in rivers and canals" so that the declared liability could be attributed to Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. In support, it transcribes and refers to what, in its understanding, was established in proven facts 5, 6, and 8, emphasizing fact eight in which it was only accredited that Bandeco carried out earthworks and reconstruction in the months of July and August 2012, in the San Pancracio de Siquirres area; but omitting those circumstances when referring to the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica SRL. To then indicate that despite the foregoing, in the unproven facts, it was established that both banana companies did not have environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental). In that sense, it again reproaches that in the challenged judgment, no factual analysis of the how, when, where (factual circumstances of mode, time, and place) was conducted regarding the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. to understand that Chiquita Brands was responsible for carrying out works without the permits required by law. In its opinion, because the appealed judgment dismissed the reformulation of the complaint of April 19, 2013, considering that those facts and liability were analyzed by the constitutional jurisdiction, with res judicata existing, a lack of interest was declared. Furthermore, it asserts, the appealed judgment considered that the debate on the points of that reformulation was definitively closed in the terms set forth in Constitutional Chamber judgments numbers 2004-04944 and 2008-007190. In that sense, it reproaches that regarding facts subsequent to April 2008 (facts related to the amplifications of the complaints), it only established BANDECO as the party performing works without environmental viability in July 2012. Thus, it indicates that in considerando VIII, the appealed judgment alludes to facts subsequent to April 2008, facts not covered by the constitutional res judicata, where only BANDECO accepted that it carried out the repair of an existing dike due to emergency situations derived from heavy rains at the end of July 2012, disregarding the spirit of what was resolved by the Constitutional Chamber, but, it indicates, not so by Chiquita Brands Costa Rica SRL. It emphasizes, the appealed judgment indicated that in the analysis period, the appellant highlights in parentheses (between the years 2002 and 2018), the appealed judgment says "it was proven that both companies carried out earthworks and reconstructions of dikes, in public domain watercourses, as well as channelizations within their own properties, without having the environmental viability provided for in Article 17 of the Organic Environmental Law," declaring the companies liable. All the foregoing, pointing out the impossibility of certainty of the assessment made by the judges when deliberating, which is why it is recharacterized by its content as the aforementioned procedural grievance. Subsequently, in a second part titled "A.- FACTS HAVE BEEN DEEMED PROVEN -IMPLICITLY- AND UNPROVEN IN CONTRADICTION WITH THE EVIDENCE IN THE RECORD," the appellant accuses an improper evaluation, indicating that there was no evidence whatsoever to deem it proven that Chiquita Brands Costa Rica SRL carried out the works that the Court says did not have prior environmental impact assessments. It then alleges it was not proven during the proceedings that, subsequent to April 2008 when resolution No. 2008-007190 was issued by the Constitutional Chamber, Chiquita Brands Costa Rica SRL had carried out any work requiring such an assessment, to deem it not proven that Chiquita required environmental impact assessment permits if it did not make modifications, as is required under Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law and Article 17 of the Organic Environmental Law. “In this way, the first unproven fact of the judgment contradicts the evidence in the record, specifically, the statements that for the Tribunal give rise to proven fact eight and the evidence that allows the Tribunal to state that CNE indicated that '…in view of the facts, a machinery contract was carried out to attend the San Pancracio area, No. 2018PI000249-000650000, with Andremu Sociedad Anónima, with the technical direction and supervision of the works being the responsibility of the Municipal Road Management Technical Unit of Siquirres and Engineer William Solano Ocampo, an official of that municipality' (see Considerando VIII). Regarding this, it accuses that by involving the appellant in facts attributable to third parties, the Tribunal violates Articles 42.2 of the Civil Procedure Code applicable supplementarily as permitted by Article 220 of the CPCA, since the existence of works without environmental assessment subsequent to April 2008 is accredited by the Tribunal based on the statements - tacit party statements - of Bandeco and CNE, statements that never involved our client. Successively, it alleges an indirect violation of substantive norms, namely Articles 13 of the Constitutional Jurisdiction Law and 17 of the Organic Environmental Law. It concludes, in this way, deeming that fact not proven, as far as the appellant is concerned, is not legitimate, given that the existence of works by Chiquita Brands Costa Rica SRL requiring obtaining environmental licenses was not proven. For this reason, it is considered illegitimate that claims 2 and 3 of the complaint were upheld. In the third grievance, titled "B.- LEGAL NORMS HAVE BEEN IMPROPERLY APPLIED TO THE APPELLANT," it accuses that due "to a lack of factual support," Articles 13 of the Constitutional Jurisdiction Law and 17 of the Organic Environmental Law were violated, since there is none in the list of proven facts where the fact that Chiquita Brands Costa Rica SRL carried out improvements to a dike is accredited, just as it is considered proven that Bandeco carried out improvements to a dike adjacent to the San Pancracio Settlement (proven fact eight). However, it accuses, the Tribunal then decides to involve the appellant together with Bandeco, in its declaration of liability for having carried out "…constructions related to dikes, earthworks in rivers and canals," without the permits required by law, specifically, the environmental impact assessment, forgetting that there is no evidence involving Chiquita Brands Costa Rica SRL. It argues that the improper application of these norms consists of the fact that the factual situation required for their application did not occur in the appellant's case, such that it is not required to process the environmental license that the referenced norms and Constitutional Chamber judgment number 2004-04944 determine.

VII. In relation to the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica SRL's grievance that was recharacterized as procedural, this Chamber has held that for the adjectival defect of lack of clear and precise determination of the accredited facts, provided for in subparagraph c) of mandate 137 of the CPCA, to be established, it is necessary that the challenged judgment, in formulating the facts of legal relevance for the decision adopted, was expressed in a manner that was: confusing, obscure, or contradictory. Precisely in judgment number 396-F-S1-2012 of 8 hours 55 minutes of March 22, 2012, this Chamber indicated the following: “One of the essential elements of any judgment is the establishment of the factual framework (...), given that these allow establishing which facts acquire legal relevance (on this aspect, see this Chamber's judgment no. 502-2010 of 8 hours 45 minutes of April 30, 2010) (…) defective formulation (lack of clear and precise determination of the facts). This last defect occurs when the Tribunal, in establishing the pertinent factual framework for the specific case, formulates one or more facts in a confusing manner, such that it is not possible to have an adequate understanding of the factual situation it seeks to explicate, or when there is a contradiction in the list of proven facts of such magnitude that it is impossible to be certain of the assessment made by the judges when deliberating. Therefore, any questioning as to whether the establishment of the facts is consistent or not with the evidence exceeds the proper scope of this ground, forming part, instead, of a substantive one.” Judgment number 1407 of 16 hours of October 18, 2012. It is clear that this procedural ground contemplated in the administrative litigation procedural law pertains, not to an issue of correspondence of the facts deemed accredited with the evidence in the case file, but rather refers to the confusing or omitted formulation of the factual situations deemed proven, such that there is no certainty of the fact deemed accredited; or that such facts contradict each other in a way that prevents knowing the assessment made of the evidentiary record. As can be seen, the appellant's central axis in its first grievance alludes to a defective formulation of the assertive framework, due to an omission (obscure formulation) or confusion (lack of clarity) in pronouncing on what the works were that the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica SRL carried out to be required to have prior environmental authorization under Article 17 of the Organic Environmental Law, and for which the sentencing Court declared its liability. In this regard, the appellant is right, because the challenged judgment suffers from the defect of not clearly and precisely determining the accredited fact by virtue of which Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. was declared responsible for "...carrying out, without the permits required by law, the constructions related to dikes, earthworks in rivers and canals, in the San Pancracio de Siquirres area." Consequently, there is an impossibility of being certain of the assessment made by the judges to reach that conclusion, due to a defective formulation of the assertive framework and contradictions in the reasoning section. In that sense, see in the section of accredited facts of the complaint in the challenged judgment, where there are only three facts in relation to the defendant companies: the fifth, in which part of Constitutional judgment 2004-04944 (case file number 03-9991-0007-CO) was transcribed; the sixth, in which part of the Constitutional vote related to a disobedience proceeding that was rejected was reproduced; and the eighth, where only it is accredited that BANDECO (the other co-defendant banana company Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte, Sociedad Anónima) in the months of July and August 2012 (referring to a point in the complaint amplification of September 17, 2012) carried out earthworks and reconstructed dikes, in the area surrounding the San Pancracio Settlement, "…without having the environmental viability required in Article 17 of the Organic Environmental Law and without observing the provisions of the 2004 judgment of the Constitutional Chamber, as indicated in the challenged resolution (the basis for the foregoing is found in the following considerando eight)." In this respect, in the appealed judgment, there is no clarity if the liability of the co-defendant Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada is being declared again "..for carrying out without the permits required by law, the constructions related to dikes, earthworks in rivers and canals, in the San Pancracio de Siquirres area," on the liability that the same challenged judgment indicated was resolved in the constitutional jurisdiction (concerning the facts of the action reformulated on April 19, 2013). The foregoing is because in considerando six of the challenged resolution, it was indicated that the judgment could not declare liability for the facts that were heard by the Constitutional Chamber. In what is transcribed in the assertive framework, facts 4 and 5, the constitutional judgments are reproduced including their findings; but the foregoing leads to greater confusion when, in considerando nine, the challenged judgment reasoned: "XI) Analysis of claims 2 and 3 of the complaint: In light of what was resolved by the Constitutional Chamber in case file No. 03-9991-0007-CO and what was demonstrated in this case, it is evident that in the period of analysis (between the years 2002 and 2018), it was proven that the defendant companies CB (Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada formerly Compañía Bananera Atlántica Limitada also identified in the judgment with the acronyms 'COBAL' or 'CB') and Bandeco carried out earthworks and reconstructions of dikes, in public domain watercourses, as well as channelizations within their own properties, without having the environmental viability provided for in Article 17 of the Organic Environmental Law (…) (…) By reason of the foregoing, the petitum points 2) and 3) must be upheld, declaring that the two defendant companies were responsible for carrying out, without the permits required by law, the constructions related to dikes, earthworks in rivers and canals, in the San Pancracio de Siquirres area" (highlighting is not in the original). It is observed that, in what is transcribed from that considerando, the "period of analysis" begins in 2002 (potentially including the fact of the reformulation of April 19, 2013) and no further detail is provided on how it was demonstrated that the company CB carried out earthworks and reconstructions of dikes, or if this was determined by what was resolved by the Constitutional Chamber in case file number 03-9991-0007-CO, where it was established that said company performed such earthworks and reconstructions. On the other hand, there is also no certainty that the challenged judgment declared Chiquita Brands Costa Rica liable by virtue of some fact from the amplification of new facts, (dated September 17, 2012, referring to facts from July and August of that year; and the second, dated August 31, 2018) for carrying out, without the permits required by law, the constructions related to dikes, earthworks in rivers and canals, in the San Pancracio de Siquirres area, but on this last point, there is no extreme demonstrated or not demonstrated regarding the appellant company in the factual framework. For the months of July and August 2018, the only accredited fact in this regard was "8) That in the months of July and August 2012, persons under Bandeco's orders carried out earthworks and reconstructed dikes, in the area surrounding the San Pancracio Settlement, without having the environmental viability required in Article 17 of the Organic Environmental Law and without observing the provisions of the 2004 judgment of the Constitutional Chamber, already analyzed (the basis for the foregoing is found in the following considerando eight);" So, as the appellant indicates, in the challenged judgment, there is a lack of clarity regarding the circumstances of mode, time, or place to attribute to Chiquita Brands Costa Rica SRL for the sentencing Court to declare its liability for carrying out works without the permits required by law. Thus, the appealed judgment fails to comply with the clear and precise enunciation of the proven and unproven facts of importance for the decision, with specific reference to the means of proof on which the conclusion is based and to the criteria for appraising those elements. For this reason, the judgment lacks the factual reasoning with the clear, precise enunciation of the proven and unproven facts of importance for the decision, with specific reference to the means of proof on which the conclusion is based and to the criteria for appraising those elements; which must be done without evident contradictions that generate confusion in having certainty of the fact that should have been deemed proven or unproven. Regarding the relevance of that fact, suffice it to indicate that in the reasoning of the judgment, it was indicated that as a result "it was proven that the defendant companies, CB (Chiquita Brands Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada formerly Compañía Bananera Atlántica Limitada also identified in the judgment with the acronyms 'COBAL' or 'CB') and Bandeco carried out earthworks and reconstructions of dikes, in public domain watercourses… Likewise, it was proven that those situations were never foreseen or prevented by the authorities of the Ministry of Environment and Energy," and other defendant public entities. Therefore, it is evident that the challenged judgment lacks an adequate factual basis for a relevant fact that allows the parties to exercise their right of defense and challenge with clarity, since there is no certainty of the assessment made by the judges, which violates due process. According to the foregoing and in conformity with numeral 150, subsection i) of the CPCA in relation to precepts 137 subsection c, as the defect of lack of clear and precise determination of the accredited facts has occurred in the judgment, the appeal shall be upheld and the challenged judgment annulled.

VIII.- By virtue of the foregoing, we proceed to uphold the appeal of Chiquita Brands Costa Rica SRL, the appealed resolution is cassated on procedural grounds, the appealed judgment is annulled.

Consequently, in accordance with article 150.1 of the CPCA, a remand (reenvío) to the Administrative Litigation Tribunal is ordered so that a judgment may be issued in accordance with the law, based on the procedural ground raised, and the contested ruling is annulled. Needles to say, given the manner in which this matter is resolved, a ruling on the remaining grievances raised on substantive grounds and those of the remaining parties will be omitted.

 

POR TANTO

 The appeal in cassation filed by Chiquita Brands Costa Rica SRL is granted; the resolution appealed is quashed on procedural grounds and the appealed sentence is annulled. Its remand (reenvío) to the Tribunal of origin is ordered for the purpose of issuing a judgment in accordance with the law as appropriate. Given the manner in which this matter is resolved, a ruling on the remaining grievances raised on substantive grounds and with respect to the remaining appeals of the other parties is omitted. Fcastillo

 

 

 

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

 

 



Damaris Vargas Vásquez

 

 

Jorge Leiva Poveda



Carlos Guillermo Zamora Campos

 

 

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

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