Res. 01779-2024 Sala Primera de la Corte — Nullity of parcel awards within Forest Reserve and State Natural HeritageNulidad de adjudicaciones sobre parcelas en Reserva Forestal y Patrimonio Natural del Estado

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 01779 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Diciembre del 2024 a las 09:40

Expediente: 17-002156-1027-CA

Redactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos

Clase de asunto: ORDINARIO

Analizado por: SALA PRIMERA





Texto de la resolución

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Exp. 17-002156-1027-CA

Res. 001779-F-S1-2024

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro .

 En el proceso de conocimiento establecido por el ESTADO, por medio de su Procurador, licenciado Víctor Bulgarelli Céspedes y continuado por la Procuradora, licenciada Silvia Quesada Casares, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en lo sucesivo, INDER), por medio de su Apoderada General Judicial, abogada Patricia Lorena Calderón Rodríguez; la señora MARÍA CECILIA ARROYO ACUÑA y el señor VÍCTOR ARGUIJO ARGUIJO, donde comparece como tercero interesado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en lo sucesivo, SINAC), representado por la licenciada Mariella León Salas, fueron admitidos los recursos de casación planteados por las representaciones de las partes demandadas contra la sentencia número 95-2022-I de las 14:30 horas del 12 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por las Juezas y Juez: Laura Gómez Chacón, Claudia Bolaños Salazar y Carlos José Mejías Rodríguez. Comparecen representando a las partes con Poder Especial Judicial: otorgado por el INDER, la abogada María Teresa Fernández Chinchilla; y conferido por los codemandados Arroyo Acuña y Arguijo Arguijo, el abogado Ricardo Zeledón Zeledón.

Redacta el magistrado Zamora Campos

CONSIDERANDO

 I.- El Estado formuló su demanda alegando, en resumen, haber comprado las fincas del Partido de Puntarenas números 22048 y 8947 a la compañía Agroindustrial Rincón, S.A. y la número 22046 a la compañía O, S.A., las cuales traspasó al Instituto de Tierras y Colonización (en lo sucesivo, ITCO, el cual, luego se transformó en el Instituto de Desarrollo Agrario -IDA- y actualmente en el Instituto de Desarrollo Rural -Inder-); lo anterior, mediante escritura pública otorgada a las 16:00 horas del 12 de julio de 1979 ante los notarios Eduardo Ching Murillo y Jorge Manuel Solano Chinchilla. Luego, esas fincas fueron reunidas en una sola dando lugar a la matrícula 39334, a nombre del ITCO; ello, mediante escritura de las 8:00 horas del 4 de septiembre de 1980, otorgada ante los notarios Adrián Argüello Artavia y Eduardo Ching Murillo. Además, expuso el demandante, las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del Asentamiento Campesino Osa del Inder, actualmente descritas en los planos P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006, se encuentran dentro de la finca 39334, cuyos levantamientos consignan la naturaleza de montaña en su totalidad de esos terrenos. Luego, la Junta Directiva del ITCO acordó en su artículo XVI de la sesión 2401 del 18 de agosto de 1980, adjudicar al señor Víctor Arguijo Arguijo las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57, las cuales, según levantamientos previos realizados por ese Instituto tienen, respectivamente: 11ha.2642,20m2; 145ha.4477,06m2, y 29ha.6959,20m2, con naturaleza de montaña. Con posterioridad, la Junta Directiva del IDA tomó su Acuerdo número VI en la sesión 2-99 del 6 de enero de 1999 aprobando declarar beneficiarios y adjudicatarios de las citadas parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 Asentamiento Osa, al señor Víctor Arguijo Arguijo y la señora María Cecilia Arroyo Acuña; ello, no obstante constar en los expedientes administrativos de las parcelas los levantamientos donde se consigna su naturaleza de montaña y la presencia de bosque. Asimismo, añadió el actor, esas parcelas se encuentran dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada mediante Decreto número 8494-A de 28 de abril de 1978. Finalmente, expuso, los adjudicatarios demandaron en sede contenciosa administrativa, bajo el expediente 15-008256-1027-CA: al Estado, el Sinac y el Inder pretendiendo de este último el otorgamiento de un título inscribible de dominio respecto de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del Asentamiento Osa, a efectos de inscribirlas a su nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble; proceso proveniente del expediente número 08-000044-1027-CA donde solicitaron una pretensión similar, aunque solo respecto de las parcelas 5-55 y 5-56.

II.- Con fundamento en los hechos antes resumidos, el Estado pidió declarársele como legítimo propietario de los bosques y terrenos forestales existentes dentro de los terrenos descritos en los planos Nos. P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006, los cuales se encuentran dentro de la propiedad inscrita a nombre del Inder con matrícula número 39334 del Partido de Puntarenas por formar parte del Patrimonio Natural del Estado, los cuales corresponden a las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, en Sierpe de Osa de la provincia de Puntarenas de aquel Instituto. Asimismo, que por tratarse de Patrimonio Natural del Estado, dichos terrenos son de dominio público y, por ende, inalienables e imprescriptibles rigiendo sobre ellos las potestades de autotutela demanial. A continuación, por disponer indebidamente a favor de particulares de terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado solicitó declarar la nulidad absoluta de las adjudicaciones realizadas en: el acuerdo de la Junta Directiva del ITCO, artículo No. XVI de la sesión No. 2401 de 18 de agosto de 1980, de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del Asentamiento Osa al señor Víctor Arguijo Arguijo; así como las realizadas en el acuerdo de Junta Directiva del mismo Instituto, tomado en sesión No. 2-99, de 6 de enero de 1999, artículo VI, de las mismas parcelas a favor del señor Arguijo Arguijo y la señora María Cecilia Arroyo Acuña. Finalmente, solicitó la imposición de ambas costas a cargo de los accionados en caso de oposición. A su respecto, el Inder se allanó a la acción solicitando eximírsele de las costas. Por su parte, los codemandados Arguijo Arguijo y Arroyo Acuña contestaron negativamente la demanda oponiendo las excepciones de: demanda improponible, falta de competencia, falta de legitimación activa y pasiva, caducidad, prescripción y falta de derecho.

III.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por las Juezas y Juez: Laura Gómez Chacón, Claudia Bolaños Salazar y Carlos José Mejías Rodríguez dictó su sentencia número 95-2022-I de las 14:30 horas del 12 de septiembre de 2022, por la cual, declaró: «POR TANTO [:] Se rechazan las excepciones de caducidad, prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, así como la defensa de falta de derecho invocada por los codemandados Arroyo Acuña y Arguijo Arguijo. Se declara CON LUGAR la demanda planteada por el Estado en contra de contra de (sic) Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), María Cecilia Arroyo Acuña y Víctor Arguijo Arguijo. Se ordena cancelar los planos P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006 por contener Patrimonio Natural del Estado. En consecuencia, por disponer indebidamente a favor de particulares de terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, se declaran nulas las adjudicaciones realizadas en el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización, artículo No. XVI de la sesión No. 2401 de 18 de agosto de 1980 de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del denominado Asentamiento Osa al señor Víctor Arguijo Arguijo; así como las realizadas en el acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), tomado en sesión No. 002-99, de 6 de enero de 1999, artículo VI, al señor Víctor Arguijo Arguijo y a la señora María Cecilia Arroyo Acuna de las mismas parcelas 5-55, 5-56 y 5-57. Asimismo, se ordena al INDER en calidad de propietario de la finca matrícula de Puntarenas número 39334, para que rectifique su medida y excluya del área de dicha finca, así como del polígono catastral que lo conforma, el área de Patrimonio Natural del Estado señalada en esta sentencia, debiendo realizar el levantamiento catastral respectivo y comparecer su representante mediante escritura pública a rectificar ante el Registro de la Propiedad Inmueble, los linderos y la medida de la matrícula número 6-39334-000. Lo anterior, en el plazo de tres meses a partir de la firmeza de esta sentencia, plazo que podrá ser prorrogado a juicio del Juez Ejecutor, conforme lo dispone el artículo 157 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Con fundamento en los artículos 122 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 62.5 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia, en caso de incumplimiento de la parte actora, podrá el Estado a cumplir lo ordenado en condición sustitutiva, para realizarlo por cuenta del vencido, quien deberá pagar, además, los daños y perjuicios ocasionados con su negativa. Son las costas a cargo de los codemandados Arroyo Acuña y Arguijo Arguijo, se le condena asimismo al pago de intereses a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que fija la suma de las costas concedidas en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese.». Inconformes, las representaciones del Inder y de los codemandados Arguijo Arguijo y Arroyo Acuña recurren en casación. Por la forma en que se resuelve este recurso, se estima innecesario resumir y entrar a conocer los agravios de naturaleza sustantiva formulados por la representación de las personas físicas codemandadas. De tal manera, se procede como a continuación se expone.

Casación del INDER por razones procesales

IV.- Aunque los motivos recursivos son intitulados como de orden sustantivo y enmarcados en el artículo 138, incisos a) y b), respectivamente, del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPCA), interpretado el recurso en su integralidad por esta Sala, se observa, el mismo se orienta al reproche de un agravio transversal y de orden estrictamente procesal, en específico, la incongruencia entre lo solicitado en la demanda y lo finalmente otorgado en la sentencia del A Quo, lo que afecta su derecho de defensa. En ese sentido, el recurso será analizado por razones procesales conforme los incisos b) y d) del artículo 137ibid. Así, el primer motivo consigna inicialmente una transcripción del apartado petitorio de la demanda, así como del apartado resolutivo de la sentencia donde se ordena al Instituto recurrente, como propietario de la finca del Partido de Puntarenas, matrícula 39334, rectificar la medida y excluir de su área, así como del polígono catastral que lo conforma, la superficie de patrimonio natural del Estado señalado en la sentencia y, en consecuencia, realizar el levantamiento catastral respectivo y comparecer mediante escritura pública a rectificar los linderos y medidas de la citada finca ante el Registro de la Propiedad Inmueble. En ese sentido, como vicio de la sentencia acusa que, el Estado únicamente solicitó la nulidad de los Acuerdos de Junta Directiva «… artículo No. XVI de la sesión No. 2401 de 18 de agosto de 1980 de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del denominado Asentamiento Osa al señor Victor Arguijo Arguijo, tornado en la sesión No. 002-99, de 6 de enero de 1999 y no que el Inder mida la finca madre N°-39334-000. Y en la misma se le ordena al Inder rectificar la medida la medida (sic) de la finca madre. Para el Inder lo correcto es segregar de la finca N°-39334-000 los predios 5-55, 5-56 y 5-57, que se pasen a nombre del Estado por medio de la notaría del Estado, no realizar la medición de toda la finca en vista que hay sendos procesos Judiciales conocidos como procesos Osa en que se discute el derecho de diferentes ocupantes y cada vez que se dicte una sentencia se tendría que realizar el levantamiento de más de trescientos quince millones ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y cuatro metros con noventa y ocho decímetros cuadrados, finca que no tiene un plano Catastrado. Se considera que existe extrapetita en el presente caso, en vista que el respetable Tribunal en sentencia dio más de lo pretendido a favor del Estado.». Añade, la sentencia omitió analizar el elemento probatorio esencial para definir el cuadro fáctico de cómo suceden las cosas, máxime cuando se interpusieron más de 70 procesos judiciales denominados Osa, donde algunos fueron desistidos, otros declarado sin lugar y otros con lugar y, bastantes todavía en trámite teniendo el Inder que realizar por cada uno la medida de la finca de más de 31.000 hectáreas aproximadas. A continuación, en el segundo motivo recursivo acusa la vulneración a su derecho de defensa, por cuanto, en el proceso nunca se pretendió ni se discutió que el Inder tuviera que realizar las acciones dispuestas en la sentencia concernientes a la mencionada rectificación de la medida y linderos de la citada finca. Como se deslinda del objeto del proceso y pretensiones, añade la representación casacionista, nunca se solicitó al Inder la realización de un levantamiento topográfico de toda la finca; por ende, no tuvo la posibilidad de oponerse a la misma en vista de haberse llevado los más de 70 procesos judiciales referidos. En virtud de lo anterior, solicita que el Inder segregue únicamente de la finca los predios 5-55, 5-56 y 5-57, para inscribirlos a nombre del Estado y se condene al actor al pago de ambas costas.

V.- Resolución conjunta de los planteamientos recursivo. Casación por razones procesales. En la forma indicada en el inicio del considerando anterior, la Sala interpreta en su integralidad ambos reclamos como de orden estrictamente procesal, al gravitar en torno al mismo embate, sea la declaratoria en sentencia, según tesis de la representación casacionista, de un extremo no solicitado en la demanda, lo que le genera un agravio concreto y la vulneración a su derecho de defensa. En el marco de lo así objetado, el recurso deviene procedente. Como se observa, la demanda fue presentada solicitando se declare, en sentencia, que: «1) El Estado es el legítimo propietario de los bosques y terrenos forestales existentes dentro de los terrenos descritos en los planos Nos. P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006 y que se encuentran dentro de la propiedad inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Rural No. 39334 del Partido de Puntarenas por formar parte del Patrimonio Natural del Estado, los cuales corresponden a las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, en Sierpe de Osa de la provincia de Puntarenas de aquel Instituto. 2) Por tratarse de Patrimonio Natural del Estado, dichos terrenos son de dominio público, y por ende, inalienables e imprescriptibles, rigiendo sobre ellos las potestades de autotutela demanial. 3) Son absolutamente nulas, por disponer indebidamente a favor de particulares de terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, las adjudicaciones realizadas en el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización, artículo No. XVI de la sesión No. 2401 de 18 de agosto de 1980 de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del denominado Asentamiento Osa al señor Víctor Arguijo Arguijo; así como las realizadas en el acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización, tomado en sesión No. 002-99, de 6 de enero de 1999, artículo VI, al señor Víctor Arguijo Arguijo y a la señora María Cecilia Arroyo Acuña de las mismas parcelas 5-55, 5-56 y 5-57. 4) Son ambas costas a cargo de los accionados en caso de oposición.». A su respecto, en sentencia se declaró lo siguiente: «POR TANTO [:] Se rechazan las excepciones de caducidad, prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, así como la defensa de falta de derecho invocada por los codemandados Arroyo Acuña y Arguijo Arguijo. Se declara CON LUGAR la demanda planteada por el Estado en contra de contra de Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), María Cecilia Arroyo Acuña y Víctor Arguijo Arguijo. Se ordena cancelar los planos P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006 por contener Patrimonio Natural del Estado. En consecuencia, por disponer indebidamente a favor de particulares de terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, se declaran nulas las adjudicaciones realizadas en el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización, artículo No. XVI de la sesión No. 2401 de 18 de agosto de 1980 de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del denominado Asentamiento Osa al señor Víctor Arguijo Arguijo; así como las realizadas en el acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), tomado en sesión No. 002-99, de 6 de enero de 1999, artículo VI, al señor Víctor Arguijo Arguijo y a la señora María Cecilia Arroyo Acuna de las mismas parcelas 5-55, 5-56 y 5-57. Asimismo, se ordena al INDER en calidad de propietario de la finca matrícula de Puntarenas número 39334, para que rectifique su medida y excluya del área de dicha finca, así como del polígono catastral que lo conforma, el área de Patrimonio Natural del Estado señalada en esta sentencia, debiendo realizar el levantamiento catastral respectivo y comparecer su representante mediante escritura pública a rectificar ante el Registro de la Propiedad Inmueble, los linderos y la medida de la matrícula número 6-39334-000. Lo anterior, en el plazo de tres meses a partir de la firmeza de esta sentencia, plazo que podrá ser prorrogado a juicio del Juez Ejecutor, conforme lo dispone el artículo 157 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Con fundamento en los artículos 122 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 62.5 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia, en caso de incumplimiento de la parte actora, podrá el Estado a cumplir lo ordenado en condición sustitutiva, para realizarlo por cuenta del vencido, quien deberá pagar, además, los daños y perjuicios ocasionados con su negativa. Son las costas a cargo de los codemandados Arroyo Acuña y Arguijo Arguijo, se le condena asimismo al pago de intereses a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que fija la suma de las costas concedidas en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese.» (el texto no aparece así subrayado, originalmente.). En relación con lo anterior, en su apartado considerativo el Tribunal expuso, con respecto a la citada condenatoria, lo siguiente: «X.- DE LOS EFECTOS DE LO QUE ACÁ SE DECLARA: Corolario de lo anterior, al violentarse tanto el motivo como el fin como elementos fundamentales del acto administrativo conforme los artículos 131, 132, 133 y 161 de la Ley General de Administración Pública en relación con los numerales 36 y 42.2 del CPCA, se declaran absolutamente nulo (sic) las adjudicaciones realizadas en el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), artículo No. XVI de la sesión No. 2401 de 18 de agosto de 1980 de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del denominado Asentamiento Osa al señor Víctor Arguijo Arguijo; así como las realizadas en el acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), tomado en sesión No. 002-99, de 6 de enero de 1999, artículo VI, al señor Víctor Arguijo Arguijo y a la señora María Cecilia Arroyo Acuña de las mismas parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 del “Asentamiento Campesino Osa”. Se declara que las áreas contenidas en los planos P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006 son Patrimonio Natural del Estado en su totalidad, por estar en un 100% (cien por ciento) de su área en la Reserva Forestal Golfo Dulce, consecuentemente, se ordena al INDER en calidad de propietario de la finca matrícula de Puntarenas número 39334, para que rectifique su medida y excluya del área de dicha finca, así como del polígono catastral que lo conforma, el área de Patrimonio Natural del Estado señalada en esta sentencia, debiendo realizar el levantamiento catastral respectivo y comparecer su representante mediante escritura pública a rectificar ante el Registro de la Propiedad Inmueble, los linderos y la medida de la matrícula número 6-39334-000. Lo anterior, en el plazo de tres meses a partir de la firmeza de esta sentencia, plazo que podrá ser prorrogado a juicio del Juez Ejecutor, conforme lo dispone el artículo 157 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Con fundamento en los artículos 122 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 62.5 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia, en caso de incumplimiento de la parte actora, podrá el Estado a cumplir lo ordenado en condición sustitutiva, para realizarlo por cuenta del vencido, quien deberá pagar, además, los daños y perjuicios ocasionados con su negativa.» (el texto no aparece así resaltado, originalmente.). Como puede observarse, lleva razón la representación casacionista, en tanto, el Tribunal le impuso una carga respecto de la cual no tuvo oportunidad de pronunciarse en su momento, en tanto, la misma nunca formó parte de las pretensiones -y agrega esta Sala, tampoco se desprenden estrictamente de su causa de pedir (hechos)- de la demanda. Así, se comparte el criterio que considera lo anterior como un agravio al exceder lo estrictamente solicitado, sea la anulación de los Acuerdos de la Junta Directiva del ITCO, posterior Inder, referidos a la adjudicación de las parcelas 5-55, 5-56 y 5-57 de la finca 39334-000 a las personas físicas codemandadas, y no la rectificación de la medida de esa última, aspecto totalmente novedoso sobre lo cual debió darse oportunidad al Instituto demandado para que expusiera sus respectivos argumentos, por ejemplo, los aquí reclamados, sean: la necesidad de levantar más de trescientos quince millones de metros cuadrados de una finca que, según indica el recurso, no cuenta con plano catastrado, y la eventualidad de hacerlo con ocasión de los otros procesos en trámite. En relación con lo anterior, observa la Sala, lo ordenado tampoco formó parte de la delimitación del objeto del proceso, referida en la sentencia, donde el A Quo se circunscribió a «… contestar dos aspectos puntuales: el primero, relacionado a si las áreas descritas en los planos P-1061109-2006, P-1060475-2006 y P-1061111-2006 están o no afectos al régimen de Patrimonio Natural del Estado (pretensiones 1 y 2), y si las actuaciones objeto del proceso emitidos por las figuras predecesoras del demandado INDER, se ajustan o no, al marco de legalidad (pretensión 3), identificando cómo ello afecta los intereses legítimos de los codemandados Arguijo Arguijo y Arroyo Acuña.». Es decir, la orden subsecuente de corrección y la comparecencia en Escritura Pública ante el Registro Nacional para rectificar los linderos y medida de la finca madre, ni siquiera estaba dentro del objeto del proceso así determinado por el mismo Tribunal; el cual, tampoco se pronunció fundadamente sobre ese pronunciamiento en el apartado correspondiente (Considerando «X.- DE LOS EFECTOS DE LO QUE ACÁ SE DECLARA…»), donde se evidencia prácticamente la misma redacción consignada en el apartado dispositivo, pero sin una justificación de ese proceder. Lo anterior es relevante, por cuanto, el Inder se allanó a la acción, cuyas pretensiones omiten lo ordenado en sentencia de forma novedosa y, además, se abre la posibilidad para que, en caso de incumplimiento, esa rectificación sea realizada por el Estado por cuenta del vencido, con lo que igualmente se afectaría económicamente al Instituto demandado en caso llegare a verificarse ese supuesto. Por lo anterior, se corrobora la incongruencia que amerita la anulación de la sentencia aquí impugnada y el reenvío del proceso para el dictado de una nueva conforme a derecho.

VI.- En virtud de lo antes considerado, el recurso ha de declararse con lugar por razones procesales, al evidenciarse la incongruencia de la sentencia impugnada que ordenó un aspecto no contenido en la demanda, el cual, efectivamente agravia al Instituto demandado. Por ende, el citado fallo ha de casarse en su totalidad debiendo devolver las actuaciones al Órgano Jurisdiccional de procedencia para el dictado de uno nuevo conforme a derecho. Por la forma en que se resuelve este recurso, se omite consignar y abordar los agravios sustantivos desarrollados en el recurso interpuesto por la representación de las personas físicas codemandadas.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso interpuesto por el Inder por razones procesales. Se casa en su totalidad la sentencia impugnada. Vuelva el asunto al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho. JRODRIGUEZBAR

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 




Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 GRMAYH447I4S61

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:01:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Primera de la Corte

Resolution No. 01779 - 2024

Date of Resolution: December 12, 2024 at 09:40

Expediente: 17-002156-1027-CA

Drafted by: Carlos Guillermo Zamora Campos

Type of matter: ORDINARIO

Analyzed by: SALA PRIMERA

Text of the resolution

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Exp. 17-002156-1027-CA

Res. 001779-F-S1-2024

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours forty minutes on the twelfth of December, two thousand twenty-four.

 In the ordinary proceeding established by the STATE, through its Procurador, attorney Víctor Bulgarelli Céspedes, and continued by the Procuradora, attorney Silvia Quesada Casares, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter, INDER), through its General Judicial Attorney-in-Fact, lawyer Patricia Lorena Calderón Rodríguez; Mrs. MARÍA CECILIA ARROYO ACUÑA and Mr. VÍCTOR ARGUIJO ARGUIJO, where the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter, SINAC), represented by attorney Mariella León Salas, appears as an interested third party, the appeals for cassation filed by the representatives of the defendant parties against judgment number 95-2022-I of 14:30 hours on September 12, 2022, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, composed of the Judges: Laura Gómez Chacón, Claudia Bolaños Salazar, and Carlos José Mejías Rodríguez, were admitted. The parties appear represented with Special Judicial Power: granted by INDER, attorney María Teresa Fernández Chinchilla; and conferred by the co-defendants Arroyo Acuña and Arguijo Arguijo, attorney Ricardo Zeledón Zeledón.

Drafted by Judge Zamora Campos

CONSIDERANDO

 I.- The State filed its complaint alleging, in summary, having purchased the farms from Partido de Puntarenas numbers 22048 and 8947 from the company Agroindustrial Rincón, S.A., and number 22046 from the company O, S.A., which it transferred to the Instituto de Tierras y Colonización (hereinafter, ITCO, which later became the Instituto de Desarrollo Agrario -IDA- and currently the Instituto de Desarrollo Rural -Inder-); the foregoing, by public deed granted at 16:00 hours on July 12, 1979, before notaries Eduardo Ching Murillo and Jorge Manuel Solano Chinchilla. Later, those farms were consolidated into a single one giving rise to registration number 39334, in the name of ITCO; this, by deed of 8:00 hours on September 4, 1980, granted before notaries Adrián Argüello Artavia and Eduardo Ching Murillo. Furthermore, the plaintiff stated, parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the Inder Asentamiento Campesino Osa, currently described in plans P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006, are located within farm 39334, whose surveys record the nature of mountain land in their entirety for those terrains. Then, the Board of Directors of ITCO agreed in its article XVI of session 2401 of August 18, 1980, to award parcels 5-55, 5-56, and 5-57 to Mr. Víctor Arguijo Arguijo, which, according to previous surveys conducted by that Institute, have, respectively: 11ha.2642.20m2; 145ha.4477.06m2, and 29ha.6959.20m2, with a mountain land nature. Subsequently, the Board of Directors of IDA adopted its Agreement number VI in session 2-99 of January 6, 1999, approving the declaration of beneficiaries and awardees of the cited parcels 5-55, 5-56, and 5-57 Asentamiento Osa, to Mr. Víctor Arguijo Arguijo and Mrs. María Cecilia Arroyo Acuña; this, despite the administrative files of the parcels containing surveys recording their mountain land nature and the presence of forest. Likewise, the plaintiff added, those parcels are located within the Reserva Forestal Golfo Dulce created by Decree number 8494-A of April 28, 1978. Finally, it stated, the awardees sued in the administrative litigation venue, under expediente 15-008256-1027-CA: the State, Sinac, and Inder, seeking from the latter the granting of a registrable title of ownership over parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the Asentamiento Osa, for the purpose of registering them in their name at the Registro de la Propiedad Inmueble; a proceeding originating from expediente number 08-000044-1027-CA where they requested a similar claim, though only regarding parcels 5-55 and 5-56.

 II.- Based on the facts summarized above, the State requested a declaration that it is the legitimate owner of the forests and forest lands existing within the lands described in Plans Nos. P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006, which are located within the property registered in the name of Inder with registration number 39334 of the Partido de Puntarenas, as they form part of the Patrimonio Natural del Estado (State Natural Heritage), which correspond to parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, in Sierpe de Osa of the province of Puntarenas of that Institute. Likewise, that as State Natural Heritage, said lands are public domain and, therefore, inalienable and imprescriptible, with the powers of domain self-protection ruling over them. Subsequently, for improperly disposing in favor of private individuals of lands belonging to the State Natural Heritage, it requested a declaration of absolute nullity of the awards made in: the agreement of the Board of Directors of ITCO, article No. XVI of session No. 2401 of August 18, 1980, of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the Asentamiento Osa to Mr. Víctor Arguijo Arguijo; as well as those made in the agreement of the Board of Directors of the same Institute, taken in session No. 2-99, of January 6, 1999, article VI, of the same parcels in favor of Mr. Arguijo Arguijo and Mrs. María Cecilia Arroyo Acuña. Finally, it requested the imposition of costs on both defendants in case of opposition. In response, Inder acquiesced to the action requesting to be exempted from costs. For their part, the co-defendants Arguijo Arguijo and Arroyo Acuña answered the complaint negatively, raising the defenses of: untenable complaint, lack of jurisdiction, lack of active and passive standing, expiration (caducidad), statute of limitations (prescripción), and lack of right.

 III.- The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, composed of the Judges: Laura Gómez Chacón, Claudia Bolaños Salazar, and Carlos José Mejías Rodríguez, issued its judgment number 95-2022-I of 14:30 hours on September 12, 2022, by which it declared: «POR TANTO [:] The defenses of expiration, statute of limitations, lack of active and passive standing, as well as the defense of lack of right invoked by the co-defendants Arroyo Acuña and Arguijo Arguijo, are rejected. The complaint filed by the State against Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), María Cecilia Arroyo Acuña, and Víctor Arguijo Arguijo is declared WITH MERIT. The cancellation of plans P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006 is ordered because they contain State Natural Heritage. Consequently, for improperly disposing in favor of private individuals of lands belonging to the State Natural Heritage, the awards made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, article No. XVI of session No. 2401 of August 18, 1980, of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the so-called Asentamiento Osa to Mr. Víctor Arguijo Arguijo are declared null; as well as those made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), taken in session No. 002-99, of January 6, 1999, article VI, to Mr. Víctor Arguijo Arguijo and Mrs. María Cecilia Arroyo Acuna for the same parcels 5-55, 5-56, and 5-57. Likewise, INDER is ordered, in its capacity as owner of the farm with Puntarenas registration number 39334, to rectify its measurement and exclude from the area of said farm, as well as from the cadastral polygon that comprises it, the area of State Natural Heritage indicated in this judgment, being obliged to carry out the respective cadastral survey and for its representative to appear by public deed to rectify, before the Registro de la Propiedad Inmueble, the boundaries and the measurement of registration number 6-39334-000. The foregoing, within a period of three months from the finality of this judgment, a period that may be extended at the discretion of the Enforcement Judge, as provided in article 157 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Based on articles 122 subsection k) of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 62.5 of the Código Procesal Civil, of supplementary application in the matter, in case of non-compliance by the obligated party, the State may comply with what was ordered in a substitute capacity, to carry it out at the expense of the vanquished party, who must also pay the damages arising from its refusal. Costs are to be borne by the co-defendants Arroyo Acuña and Arguijo Arguijo; they are also condemned to pay interest from the day following the finality of the resolution that sets the sum of the costs granted in the judgment enforcement stage. Notify.». Disagreeing, the representatives of Inder and the co-defendants Arguijo Arguijo and Arroyo Acuña appeal in cassation. Due to the manner in which this appeal is resolved, it is deemed unnecessary to summarize and address the substantive grievances formulated by the representation of the individual co-defendants. Thus, the Court proceeds as set forth below.

Cassation of INDER on procedural grounds

 IV.- Although the grounds for appeal are titled as substantive and framed under article 138, subsections a) and b), respectively, of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter, CPCA), interpreting the appeal integrally by this Chamber, it is observed that it is oriented towards the reproach of a transversal grievance of a strictly procedural nature, specifically, the incongruence between what was requested in the complaint and what was finally granted in the judgment of the A Quo, which affects its right of defense. In that sense, the appeal will be analyzed on procedural grounds pursuant to subsections b) and d) of article 137 ibid. Thus, the first ground initially records a transcription of the petitionary section of the complaint, as well as the operative section of the judgment where the appellant Institute is ordered, as owner of the farm of Partido de Puntarenas, registration 39334, to rectify the measurement and exclude from its area, as well as from the cadastral polygon that comprises it, the surface area of State natural heritage indicated in the judgment and, consequently, to carry out the respective cadastral survey and appear by public deed to rectify the boundaries and measurements of the cited farm before the Registro de la Propiedad Inmueble. In that sense, as a defect of the judgment, it accuses that the State only requested the nullity of the Board of Directors Agreements «… article No. XVI of session No. 2401 of August 18, 1980, of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the so-called Asentamiento Osa to Mr. Victor Arguijo Arguijo, taken in session No. 002-99, of January 6, 1999, and not that Inder measure the parent farm N°-39334-000. And in the same, Inder is ordered to rectify the measurement of the parent farm. For Inder, the correct action is to sever (segregar) plots 5-55, 5-56, and 5-57 from farm N°-39334-000, to be transferred to the name of the State through the State notary's office, not to carry out the measurement of the entire farm in view that there are numerous Judicial proceedings known as Osa processes in which the right of different occupants is discussed, and each time a judgment is issued, a survey would have to be carried out of more than three hundred fifteen million one hundred fifty-six thousand five hundred thirty-four square meters with ninety-eight square decimeters, a farm that does not have a Cadastral plan. It is considered that there is extra petita in the present case, in view that the respectable Court in judgment gave more than what was sought in favor of the State.». It adds that the judgment omitted to analyze the essential probative element to define the factual framework of how things happen, especially when more than 70 judicial processes called Osa were filed, where some were abandoned, others declared without merit, and others with merit, and quite a few still in process, with Inder having to carry out the measurement of the farm of more than 31,000 approximate hectares for each one. Next, in the second cassation ground, it accuses the violation of its right of defense, because the process never sought nor discussed that Inder had to carry out the actions ordered in the judgment concerning the mentioned rectification of the measurement and boundaries of the cited farm. As is inferred from the object of the process and claims, the cassation representation adds, the carrying out of a topographic survey of the entire farm was never requested from Inder; therefore, it did not have the possibility of opposing the same in view of the more than 70 referenced judicial processes having been conducted. By virtue of the foregoing, it requests that Inder only sever plots 5-55, 5-56, and 5-57 from the farm, to register them in the name of the State, and that the plaintiff be condemned to pay costs for both instances.

 V.- Joint resolution of the cassation arguments. Cassation on procedural grounds. In the manner indicated at the beginning of the previous considerando, the Chamber integrally interprets both claims as strictly procedural, as they revolve around the same attack, that is, the declaration in the judgment, according to the cassation representation's thesis, of an aspect not requested in the complaint, which generates a specific grievance and the violation of its right of defense. Within the framework of what is thus objected to, the appeal is admissible. As observed, the complaint was filed requesting the declaration, in judgment, that: «1) The State is the legitimate owner of the forests and forest lands existing within the lands described in Plans Nos. P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006 and which are located within the property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Rural No. 39334 of the Partido de Puntarenas as they form part of the State Natural Heritage, which correspond to parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the Asentamiento Osa, Sector Los Planes de Drake, in Sierpe de Osa of the province of Puntarenas of that Institute. 2) As they are State Natural Heritage, said lands are public domain, and therefore, inalienable and imprescriptible, with the powers of domain self-protection ruling over them. 3) The awards made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, article No. XVI of session No. 2401 of August 18, 1980, of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the so-called Asentamiento Osa to Mr. Víctor Arguijo Arguijo are absolutely null, for improperly disposing in favor of private individuals of lands belonging to the State Natural Heritage; as well as those made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, taken in session No. 002-99, of January 6, 1999, article VI, to Mr. Víctor Arguijo Arguijo and Mrs. María Cecilia Arroyo Acuña for the same parcels 5-55, 5-56, and 5-57. 4) Costs for both instances are to be borne by the defendants in case of opposition.». In this regard, the following was declared in the judgment: «POR TANTO [:] The defenses of expiration, statute of limitations, lack of active and passive standing, as well as the defense of lack of right invoked by the co-defendants Arroyo Acuña and Arguijo Arguijo, are rejected. The complaint filed by the State against Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), María Cecilia Arroyo Acuña, and Víctor Arguijo Arguijo is declared WITH MERIT. The cancellation of plans P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006 is ordered because they contain State Natural Heritage. Consequently, for improperly disposing in favor of private individuals of lands belonging to the State Natural Heritage, the awards made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización, article No. XVI of session No. 2401 of August 18, 1980, of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the so-called Asentamiento Osa to Mr. Víctor Arguijo Arguijo are declared null; as well as those made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), taken in session No. 002-99, of January 6, 1999, article VI, to Mr. Víctor Arguijo Arguijo and Mrs. María Cecilia Arroyo Acuna for the same parcels 5-55, 5-56, and 5-57. Likewise, INDER is ordered, in its capacity as owner of the farm with Puntarenas registration number 39334, to rectify its measurement and exclude from the area of said farm, as well as from the cadastral polygon that comprises it, the area of State Natural Heritage indicated in this judgment, being obliged to carry out the respective cadastral survey and for its representative to appear by public deed to rectify, before the Registro de la Propiedad Inmueble, the boundaries and the measurement of registration number 6-39334-000. The foregoing, within a period of three months from the finality of this judgment, a period that may be extended at the discretion of the Enforcement Judge, as provided in article 157 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Based on articles 122 subsection k) of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 62.5 of the Código Procesal Civil, of supplementary application in the matter, in case of non-compliance by the obligated party, the State may comply with what was ordered in a substitute capacity, to carry it out at the expense of the vanquished party, who must also pay the damages arising from its refusal. Costs are to be borne by the co-defendants Arroyo Acuña and Arguijo Arguijo; they are also condemned to pay interest from the day following the finality of the resolution that sets the sum of the costs granted in the judgment enforcement stage. Notify.» (the text does not appear underlined, originally.). In relation to the foregoing, in its reasoning section, the Court stated, regarding the cited condemnation, the following: «X.- OF THE EFFECTS OF WHAT IS HEREBY DECLARED: As a corollary of the foregoing, by violating both the motive and the purpose as fundamental elements of the administrative act pursuant to articles 131, 132, 133, and 161 of the Ley General de Administración Pública in relation to numerals 36 and 42.2 of the CPCA, the awards made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), article No. XVI of session No. 2401 of August 18, 1980, of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the so-called Asentamiento Osa to Mr. Víctor Arguijo Arguijo are declared absolutely null; as well as those made in the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), taken in session No. 002-99, of January 6, 1999, article VI, to Mr. Víctor Arguijo Arguijo and Mrs. María Cecilia Arroyo Acuña for the same parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of the "Asentamiento Campesino Osa". It is declared that the areas contained in plans P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006 are State Natural Heritage in their entirety, for having 100% (one hundred percent) of their area in the Reserva Forestal Golfo Dulce, consequently, INDER is ordered, in its capacity as owner of the farm with Puntarenas registration number 39334, to rectify its measurement and exclude from the area of said farm, as well as from the cadastral polygon that comprises it, the area of State Natural Heritage indicated in this judgment, being obliged to carry out the respective cadastral survey and for its representative to appear by public deed to rectify, before the Registro de la Propiedad Inmueble, the boundaries and the measurement of registration number 6-39334-000. The foregoing, within a period of three months from the finality of this judgment, a period that may be extended at the discretion of the Enforcement Judge, as provided in article 157 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Based on articles 122 subsection k) of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 62.5 of the Código Procesal Civil, of supplementary application in the matter, in case of non-compliance by the obligated party, the State may comply with what was ordered in a substitute capacity, to carry it out at the expense of the vanquished party, who must also pay the damages arising from its refusal.» (the text does not appear highlighted, originally.). As can be seen, the cassation representation is correct, in that the Court imposed a burden on it regarding which it did not have the opportunity to pronounce at the time, as the same never formed part of the claims—and this Chamber adds, nor do they strictly arise from its cause of action (facts)—of the complaint. Thus, the criterion is shared that considers the foregoing as a grievance by exceeding what was strictly requested, that is, the annulment of the Agreements of the Board of Directors of ITCO, later Inder, related to the award of parcels 5-55, 5-56, and 5-57 of farm 39334-000 to the individual co-defendants, and not the rectification of the measurement of the latter, a completely novel aspect about which the defendant Institute should have been given the opportunity to present its respective arguments, for example, those claimed here, namely: the need to survey more than three hundred fifteen million square meters of a farm that, according to the appeal, does not have a cadastral plan, and the eventuality of doing so on the occasion of the other pending processes. In relation to the foregoing, the Chamber observes that what was ordered also did not form part of the delimitation of the object of the process, referred to in the judgment, where the A Quo confined itself to «… answering two specific aspects: the first, related to whether the areas described in plans P-1061109-2006, P-1060475-2006, and P-1061111-2006 are or are not subject to the State Natural Heritage regime (claims 1 and 2), and whether the actions subject to the process issued by the predecessor entities of the defendant INDER, conform or not, to the legality framework (claim 3), identifying how this affects the legitimate interests of the co-defendants Arguijo Arguijo and Arroyo Acuña.». That is, the subsequent order for correction and the appearance in Public Deed before the National Registry to rectify the boundaries and measurement of the parent farm was not even within the object of the process as determined by the Court itself; which also did not issue a reasoned decision on that pronouncement in the corresponding section (Considerando «X.- OF THE EFFECTS OF WHAT IS HEREBY DECLARED…»), where practically the same wording as in the operative section is evidenced, but without a justification for that course of action. The foregoing is relevant, in that Inder acquiesced to the action, whose claims omit what was novelly ordered in the judgment and, furthermore, it opens the possibility that, in case of non-compliance, that rectification be carried out by the State at the expense of the vanquished party, which would likewise economically affect the defendant Institute if that assumption were to be verified. Therefore, the incongruence that warrants the annulment of the judgment challenged here and the remand of the proceedings for the issuance of a new one in accordance with the law is corroborated.

 VI.- By virtue of what was considered above, the appeal must be declared with merit on procedural grounds, as the incongruence of the challenged judgment that ordered an aspect not contained in the complaint is evidenced, which indeed aggrieves the defendant Institute. Therefore, the cited ruling must be cassated in its entirety and the proceedings must be returned to the Jurisdictional Body of origin for the issuance of a new one in accordance with the law. Due to the manner in which this appeal is resolved, setting forth and addressing the substantive grievances developed in the appeal filed by the representation of the individual co-defendants is omitted.

POR TANTO

The appeal filed by Inder is declared with merit on procedural grounds. The challenged judgment is cassated in its entirety. The matter returns to the jurisdictional body of the preceding instance to issue a new ruling in accordance with the law. JRODRIGUEZBAR

 

 

	

Luis Guillermo Rivas Loaiciga

	

 





Damaris Vargas Vásquez

	

 

	

Jorge Leiva Poveda




Carlos Guillermo Zamora Campos

	

 

	

Ignacio Jose Monge Dobles

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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 GRMAYH447I4S61

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:01:46.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República