Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Por mayoría, se rechazan de plano los agravios segundo, cuarto y quinto. Los restantes se admiten. De estos últimos reproches se confiere traslado al Estado por el plazo de 10 días hábiles. Salva el voto la magistrada Vargas Vásquez, para admitir el recurso de forma íntegra.
English (translation)By majority, the second, fourth and fifth grievances are rejected outright. The remaining ones are admitted. The State is given ten business days to respond to these latter objections. Judge Vargas Vásquez dissents, voting to admit the appeal in its entirety.
Partially admitted
Grande Normal Pequeña Sala Primera de la Corte Resolución Nº 01791 - 2024 Fecha de la Resolución: 12 de Diciembre del 2024 a las 09:52 Expediente: 18-007707-1027-CA Redactado por: Jorge Leiva Poveda Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Texto de la resolución Exp. 18-007707-1027-CA Res. 001791-A-S1-2024 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro . Proceso de conocimiento 18-007707-1027-CA, declarado de puro derecho, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea (integrado por las personas juzgadoras Rosa Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto y Laura García Carballo), interpuesto por la compañía COMING UNDONE LTDA. cédula de persona jurídica 3-102-484-155, representada por José Pablo Arce Piñar, cédula de identidad 1-1166-0942, en su calidad de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la compañía, contra el Estado, representado por la Procuradora Adjunta Gloria Elena Solano Martínez, cédula de identidad 1-836-342. Interviene como tercero interesado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), representada por la Directora Ejecutiva Grettel Vega Arce, cédula de identidad 2-604-180. Actúan como apoderados especiales judiciales, los siguientes profesionales en derecho: por la parte actora: Federico Peralta Bedoya, cédula de identidad 1-1043-088; y por el SINAC: Maureen Solís Retana, cédula de identidad 1-934-358 y Roger Francisco Gutiérrez Vindas, cédula de identidad 4-131-704. Magistrado Ponente Jorge Leiva Poveda CONSIDERANDO I.- Pese a la informalidad que propugna la legislación procesal contenciosa administrativa para formular el recurso de casación, se articulan una serie de requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que, sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal. Uno de ellos, es la motivación del recurso (artículo 139 inciso 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo) que, por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto señalado, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por probados, o indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales. Y jurídica, cuando se trata de un problema acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juridicidad, incluidos, los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto, si se modificaren los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico. Y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán dirigirse en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que erróneamente utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan en el pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no resulta indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida donde se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución No. 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación es por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3 ibídem, que se sanciona con el rechazo de plano, al tenor de lo dispuesto en el canon 140 inciso c) del mismo Código de rito. II.- En este caso, el casacionista divide su recurso en siete agravios. Las censuras primera, tercera, sexta y sétima cumplen con las formalidades exigidas por el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) para su admisión y, por ello, se admitirán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 139 y 142 ídem, Las censuras segunda, cuarta y quinta, se rechazarán por las razones que de seguido se exponen. Razones de fondo III.- Segunda. Considera, se aplicó erróneamente la regulación del procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante la Secretaría Técnica Nacional (SETENA). Menciona el Decreto no 31849, el cual, indica, regula el procedimiento técnico-administrativo de EIA mediante el cual se obtiene una VLA ante SETENA. A su juicio, la sentencia fue dictada contrario a los principios de legalidad y debido proceso, al acoger la excepción de falta de derecho, cuando quien interpone la demanda es la legítima propietaria del inmueble que no ha sido donado, comprado ni expropiado y a quien se le otorgó una visa cuya prórroga fue ilegítima, abusiva e ilegalmente rechazada. Considera que, el Tribunal de juicio dictó la sentencia contraria a Derecho, generando un error grave, sobre todo porque ese hecho se convierte en un elemento fundamental de la argumentación que le permite al Tribunal llegar a la conclusión final que determina la sentencia atacada. Cuarta. Acusa, falta de aplicación de los numerales 2 de la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Menciona, al analizar los antecedentes del Parque en relación con las dos normas que lo delimitan, sean, el Decreto 20518-MIRENEM el cual nunca fue eficaz a causa de lo dispuesto en su artículo 5 y la Ley de Creación de fecha 16 de agosto de 1995, específicamente el artículo 2, el cual dispone: “Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación será susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no sea adquiridos por el Estado, mediante compra donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio.” Concluye que, de dicho numeral es claro que las fincas que estén dentro de los límites serán parte del parque hasta que sean compradas, expropiadas o donadas, en concordancia con lo que indica el numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. También, aduce, la delimitación del Parque en el área de Playa Grande -donde se ubica la propiedad- lo es “aguas adentro” según el artículo 1ero párrafo 2do, por lo que claramente la propiedad no se ubica dentro de la delimitación que hace dicho artículo. Expone, en el apartado de la sentencia donde se transcribe la argumentación expuesta por ambas partes, se constata, hizo referencia la Ley n° 7524 y ese fundamento jurídico debía ser analizado por las personas juzgadoras. Extraña el recurrente que, el Tribunal citara una norma para sustentar que, su propiedad es parte del Parque Nacional, pues en el único hecho no probado dispuso que, por encontrarse dentro del Área Silvestre Protegida, debe ejercer su derecho a la propiedad con las limitaciones correspondientes. A su parecer, el Tribunal de instancia se equivoca al sostener en su argumentación que, la función social y ambiental del derecho de propiedad se contrapone al derecho de edificación, sin embargo, actualmente los diversos ordenamientos jurídicos han venido integrando los parámetros, lineamientos y buenas prácticas de la arquitectura sostenible y la ecología urbana, siendo normal encontrar normas con condicionamientos claros sobre el emplazamiento, luz, materiales, impacto visual, eficiencia hídrica y energética, huella de carbono y muchos otros elementos son debidamente establecidos y aplicados, dando pie a un movimiento donde los impactos de las edificaciones pasan de negativos a positivos para el ambiente. Aduce, en el caso, se presentó una propuesta de diseño acoplada a los lineamientos técnicos dispuestos por la SETENA para esta zona, además cumplió con los requisitos y limitaciones impuestos por SETENA. Como fundamento de su reclamo cita los numerales 45 Constitucional, 2 de la Ley de Creación de Parque Nacional Marino Las Baulas. Explicado que, las propiedades privadas hasta tanto no sean expropiadas, mantienen su titularidad privada, quedando imposibilitada SETENA para frustrar o limitar el ejercicio del derecho de propiedad. Además, vuelve a traer a colación el numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Expresa, la resolución número R-320-2017-MINAE es contraria a los principios de razonabilidad por ir en contra de la ciencia y de la técnica, pues el oficio número ACT-OR-DR-DL-982-17 constaba en el despacho del ministro previo al dictado de dicha resolución por lo que al ser omiso y obviar ese criterio oficial, constituye abuso de poder. Expone: “Adicionalmente, hemos de rescatar que los actos administrativos emanados del ACT/SINAC (Certificación 1143-2015) -que ha sido asumido como el acto exógeno que justifica el cambio, la resolución de SETENA denegando la prórroga (Resolución 983-2016-SETENA) o al menos eso creemos ya que no hubo expropiación, compra, donación o cambio de los límites del PNMB desde el año de su promulgación (1995)-, y el acto administrativo que da por agotado la vía administrativa (R-320-2017-MINAE), así como la contestación de la demanda, NUNCA se indica cuál es la ley que incluye a la propiedad dentro del PNMB o bien, decreto ejecutivo de expropiación; […]”. Manifiesta que, más bien consta en el expediente una certificación registral que indica que la propiedad sobre la que se iban a desarrollar las obras pertenece a una persona jurídica. A su parecer, al no constar una norma que fundamente la inclusión de su finca dentro de Parque, la misma se torna antojadiza. Agrega, el juez conoce el derecho y no debe desconocer que, el área de Playa Grande, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 1 de la Ley 7524, el área incluida dentro del Parque es marina, y no en tierras y no es posible alegar que, se afectó el con el Decreto 20518-MINEREM del año 1991, porque nunca se cumplió entre el tiempo de emisión del referido decreto hasta la emisión de la Ley 7524 con el requisito de eficacia del artículo 5, motivo por el cual la Ley 7524 se llama Ley de Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Quinta. A su parecer, se aplica indebidamente las regulaciones del procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta, el Decreto 31849 regula el procedimiento técnico-administrativo de EIA -para la obtención de la viabilidad ambiental-. Expone, en la sentencia, en el considerando IX, se indica que, de acuerdo con el numeral 46.1 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto 31849-MINAE-MEIC-S, se dispone la posibilidad de investigar de oficio, ante lo cual está de acuerdo, pero, acerca de la ubicación y la situación del inmueble la administración siempre ha tenido pleno conocimiento. Indica: “Es de este modo que la interpretación indebida hace que el Tribunal parte por asumir -ante la falta de análisis de la titularidad del inmueble objeto de esta litis -que la propiedad tiene un potencial de desarrollo y al mismo tiempo acepta la tesis del Estado de que se encuentra dentro del PNMB donde no se permite prácticamente ningún uso excepto del de conservación.” IV. – Análisis de admisión. Respecto de los argumentos segundo y quinto, dichos reclamos vienen en el sentido de la aplicación del procedimiento ambiental técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, ante la Secretaría Técnica Nacional. No obstante, se observan dos falencias que no permiten a los argumentos superar el filtro de admisibilidad. La primera es, la falta de motivación clara y precisa del yerro que acusa, en relación con los fundamentos de la sentencia, pues, sus argumentos se alejan de las razones dadas por el Tribunal para no declarar la nulidad del acto impugnado y no aporta mayor explicación de su quebranto, por lo que se trata de una disconformidad de criterio meramente argumentativa y retórica. La segunda es que, en el argumento segundo no se hace mención a alguna normativa infringida, y en el cuarto argumento se hace una simple mención -carente de explicación-, por ende, resultaba necesaria y obligada, no solo la cita, sino la clara y precisa explicación de la normativa concerniente a esa materia. La falencia descrita hace que el cargo incumpla con el deber de fundamentación jurídica expuesto ampliamente en el primer considerando. En cuanto al cuarto argumento, se aclara: Si bien, la parte recurrente considera que, hizo referencia a la Ley 7524, efectivamente, queda en una simple mención, siempre su petición en los argumentos de su demanda fue la nulidad del acto administrativo por razones formales y por considerar que la finca de su propiedad no es parte del Parque por no haber sido expropiada, su pretensión en el proceso nunca fue la de establecer si la finca efectivamente estaba o no dentro de los límites del Parque. Más bien, fue la nulidad del acto porque consideró que, la propiedad no es parte del Parque por no haber sido expropiada. Consecuentemente, los argumentos segundo, cuarto y quinto que, ahora se intentan introducir, son novedosos, pues en el proceso no se peticionó la nulidad del acto en razón de un análisis erróneo del impacto ambiental, ni porque la finca no está dentro de los límites del Parque, si no, fue exclusivamente porque a su juicio la finca no es parte del Parque Nacional por no haber sido expropiada, comprada o donada. Asimismo, la inclusión de la finca en los límites del Parque no fue un argumento de impugnación del acto del MINAE. Por ende, esta Sala no se referirá a dichos argumentos, por no haberse dado oportunidad a la contraparte de referirse a los mismos a lo largo del proceso, pues, de lo contrario, se quebrantaría el debido proceso y derecho de defensa, al resolverse en única instancia, lo cual, colocaría a la parte demandada en estado de indefensión. V.- En mérito de lo esbozado, se admitirán las censuras primera, tercera, sexta y sétima. Los embates segundo, cuarto y quinto, se rechazarán de plano. VI.- Voto salvado de la magistrada Vargas Vásquez en relación con el rechazo parcial del recurso. Me aparto del criterio de mayoría y estimo que el recurso no debe ser rechazado parcialmente por los siguientes motivos: en la actualidad el instituto de la casación se aparta de los orígenes e influencias políticas, filosóficas y jurídicas que le dieron nacimiento. Ha desaparecido una instancia y, el Tribunal de Casación y la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, ante la realidad jurídica actual deben ajustar aquel instituto decimonónico a los nuevos retos que suponen la implementación de los nuevos procesos -contencioso administrativo, civil, laboral, agrario-, partiendo para ello del Derecho de la Constitución, de los principios de tutela judicial efectiva y, justicia pronta y cumplida (vgr correcta, oportuna), sin denegación. En mi opinión, se han venido exigiendo una serie de requisitos para admitir la casación, que no potencian los principios señalados y, bajo una nueva reflexión sobre las implicaciones que tales exigencias tienen para la justicia del caso concreto estimo se debe implementar un sistema más flexible que, salvo evidentes improcedencias -por error grueso en la formulación del recurso o extemporaneidad del mismo-, potencien el principio pro recurso, previniendo si fuere necesario para la mejor inteligencia de la articulación, la corrección del defecto bajo pena de inadmisibilidad (doctrina del numeral 141 CPCA). Adicionalmente, estimo improcedente la admisión parcial del recurso, que ha dispuesto la mayoría de este órgano colegiado. De los numerales 134,135, 136, 137,138,139 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se deprende que la casación es una unidad jurídica que combate la resolución con efecto de cosa juzgada material. Los distintos motivos de forma y fondo por los que procede la casación, no afectan esa unidad jurídica y entiendo que el único motivo por el cual procede el rechazo de plano de todo recurso está contemplado en el numeral 140 del CPCA que dispone: “El recurso será rechazado de plano cuando: a.-del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación; b.- se haya presentado extemporáneamente, c.-carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de fondo.”. Como ya se indicó el numeral 141 del mismo cuerpo normativo prevé la corrección de requisitos y el 142 exige a la Sala solicitar el expediente y admitir el recurso -en una misma resolución-, sin que pueda interpretarse que es posible analizar parcialmente el recurso y proceder a un rechazo que no es total. Tal interpretación solo sería posible si ello potenciara una justicia más célere, sin embargo, nada obtiene el casacionista con un rechazo parcial prematuro, dado que los motivos le fueron admitidos no le son analizados con más celeridad. En este caso en el que ya está designado el Magistrado Instructor, debe procederse a dictar una resolución sobre todos los extremos del recurso, sin que sea legalmente admisible separar motivos y no resolverlos todos en un solo momento procesal. Estimo que rechazar unos motivos y admitir otros, conspira contra la unidad jurídica que el abogado de la parte configura al acudir a esta sede. El examen del recurso debe abarcar todos los motivos expuestos por el casacionista en un solo momento procesal, tal y como se deprende -reitero- de los numerales 140 y 141 del cuerpo normativo citado. Por lo expuesto, me separo de la posición de la mayoría que rechaza parcialmente el recurso y lo curso de manera completa para su análisis de fondo en una sola resolución por parte de este órgano colegiado. POR TANTO Por mayoría, se rechazan de plano los agravios segundo, cuarto y quinto. Los restantes se admiten. De estos últimos reproches se confiere traslado al Estado por el plazo de 10 días hábiles. Salva el voto la magistrada Vargas Vásquez, para admitir el recurso de forma íntegra. drudin Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Ignacio Jose Monge Dobles Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- XJLR9CGTTU861 Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:43:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small First Chamber of the Court Resolution No. 01791 - 2024 Resolution Date: December 12, 2024 at 09:52 Expediente: 18-007707-1027-CA Drafted by: Jorge Leiva Poveda Type of case: CONOCIMIENTO Analyzed by: SALA PRIMERA Text of the resolution Exp. 18-007707-1027-CA Res. 001791-A-S1-2024 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty-two minutes on the twelfth of December of two thousand twenty-four. Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) 18-007707-1027-CA, declared a pure matter of law, before the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), Second Judicial Circuit, San José, Goicoechea (comprised of judges Rosa Cortés Morales, Paulo André Alonso Soto and Laura García Carballo), filed by the company COMING UNDONE LTDA. legal entity identification number (cédula de persona jurídica) 3-102-484-155, represented by José Pablo Arce Piñar, identity card number (cédula de identidad) 1-1166-0942, in his capacity as manager with powers of a generalissimo attorney-in-fact (apoderado generalísimo) of the company, against the State, represented by the Deputy Attorney General (Procuradora Adjunta) Gloria Elena Solano Martínez, identity card number 1-836-342. The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) intervenes as an interested third party, represented by the Executive Director Grettel Vega Arce, identity card number 2-604-180. The following legal professionals act as special judicial attorneys: for the plaintiff: Federico Peralta Bedoya, identity card number 1-1043-088; and for SINAC: Maureen Solís Retana, identity card number 1-934-358 and Roger Francisco Gutiérrez Vindas, identity card number 4-131-704. Reporting Magistrate (Magistrado Ponente) Jorge Leiva Poveda CONSIDERANDO I.- Despite the informality advocated by the administrative contentious procedural legislation for formulating the cassation appeal (recurso de casación), a series of minimum and essential requirements regarding time, place, and form are articulated. They are created by law, as they are essential for this particular extraordinary appeal, since, without them, there would be no order or procedural balance. One of them is the statement of grounds (motivación) for the appeal (article 139, subsection 3 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo)) which, due to the characteristics of cassation, must be clear and precise. In this sense, it must contain, as the cited precept provides, the factual and legal foundation of the case. Factual, to the extent that it shows disagreement with the facts that have been deemed proven, or unproven (which leads to the weighing of evidence), or with the circumstances occurring in the violation of procedural rules. And legal, when it is a problem concerning the application, omission, or improper interpretation of any norm that forms part of the juridical framework, including principles of constitutional rank, or that which also operates by reflex or indirect effect, if the facts of the challenged judgment (sentencia impugnada) were modified. In both procedural and evidentiary infringement, factual reasons may concur with legal reasons (always necessary). And in that sense, the referenced foundations must be directed along both lines, under penalty of inadmissibility. For its part, it is necessary to clarify that the indication of those canons relating to the value of the poorly assessed evidentiary element or elements is exempted from the legal foundation, by express legal mandate. Likewise, it is unnecessary to cite the norms that the lower court erroneously used and mentioned to issue and reason its decision, because they are recorded in the appealed ruling. And certainly, it is not indispensable to cite the precepts that establish the requirements, deadlines, and basic rules for the admissibility of the appeal. Rather than citing the latter, what is essential is that they are fulfilled, that they are put into practice when preparing and filing the cassation appeal. Thus, the statement of grounds provided by law can be understood, roughly speaking, as that technical-legal argumentation in which a series of articles or legal rules are mentioned, intertwined or concatenated and reasonably linked in a double perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment being attacked. To the extent that a set of legal norms (or if applicable, a single one), pertinent and clearly linked to the challenged judgment (whether in its factual or legal basis) and the arguments of the appeal are cited, there is legal foundation. Jurisprudential additions or eventual doctrinal citations will sometimes reinforce the allegations made, but, generally, they do not constitute their essence. As this Chamber has already stated, interpreting the referenced article 139, "the appeal is required to have a minimum legal foundation...the reasons on which it bases its action must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and recording, at least, some normative reference that gives it support" (Resolution No. 318-A-2008, from 14 hours 25 minutes on May 8, 2008). The statement of grounds is therefore alien to the confused display of norms and allegations, to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case, or to the recounting of the mistakes considered committed in the appealed judgment, without support in legal norms or criteria. Hence, if the appeal completely omits that technical-normative relationship to which reference has been made, or the one it makes is manifestly impertinent or disconnected from the case, it must be understood that it lacks "total legal foundation," and therefore, fails to comply with the necessary requirement established in numeral 139.3 ibidem, which is sanctioned with outright rejection, pursuant to the provisions of canon 140 subsection c) of the same Code of procedure. II.- In this case, the appellant divides his appeal into seven grievances. The first, third, sixth, and seventh censures comply with the formalities required by the Administrative Contentious Procedure Code (CPCA) for their admission and, therefore, will be admitted in accordance with the provisions of articles 134, 139, and 142 idem. The second, fourth, and fifth censures will be rejected for the reasons set forth below. Reasons on the merits III.- Second. He considers that the regulation of the administrative technical procedure for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) before the National Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional, SETENA) was erroneously applied. He mentions Decree No. 31849, which, he indicates, regulates the technical-administrative EIA procedure through which an environmental viability license (VLA) is obtained before SETENA. In his view, the judgment was issued contrary to the principles of legality and due process, by upholding the exception of lack of right, when the one filing the lawsuit is the legitimate owner of the property which has not been donated, purchased, or expropriated and to whom a permit was granted whose extension was illegitimately, abusively, and illegally rejected. He considers that the trial Court issued the judgment contrary to the law, generating a serious error, especially because that fact becomes a fundamental element of the argumentation that allows the Court to reach the final conclusion that determines the attacked judgment. Fourth. He accuses lack of application of numerals 2 of the Law for the Creation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park and 37 of the Organic Environmental Law. He mentions, when analyzing the Park's background in relation to the two norms that delimit it, namely, Decree 20518-MIRENEM which was never effective due to the provisions of its article 5, and the Creation Law dated August 16, 1995, specifically article 2, which provides: "The private lands included in that delimitation may be subject to expropriation and will be considered part of the Las Baulas National Marine Park, until they are acquired by the State, through purchase, donations, or expropriations; meanwhile, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership." He concludes that, from said numeral it is clear that the properties within the limits will be part of the park until they are purchased, expropriated, or donated, in accordance with what numeral 37 of the Organic Environmental Law indicates. Also, he argues, the delimitation of the Park in the Playa Grande area -where the property is located- is "inward waters" (aguas adentro) according to article 1, paragraph 2, so the property is clearly not located within the delimitation made by that article. He states, in the section of the judgment where the argumentation presented by both parties is transcribed, it is verified that reference was made to Law No. 7524 and that legal foundation should have been analyzed by the judges. The appellant finds it strange that the Court cited a norm to sustain that his property is part of the National Park, since in the only unproven fact it provided that, because it is within the Protected Wild Area, he must exercise his right to property with the corresponding limitations. In his view, the trial Court is mistaken in sustaining in its argumentation that the social and environmental function of the property right is opposed to the building right; however, currently, various legal systems have been integrating the parameters, guidelines, and best practices of sustainable architecture and urban ecology, it being normal to find norms with clear conditions on siting, light, materials, visual impact, water and energy efficiency, carbon footprint and many other elements that are duly established and applied, giving rise to a movement where the impacts of buildings shift from negative to positive for the environment. He argues, in the case, a design proposal coupled to the technical guidelines provided by SETENA for this area was presented; it also complied with the requirements and limitations imposed by SETENA. As a basis for his claim, he cites numerals 45 of the Constitution, 2 of the Law for the Creation of the Las Baulas National Marine Park. He explained that, private properties, until they are expropriated, maintain their private ownership, making it impossible for SETENA to frustrate or limit the exercise of the property right. Furthermore, he brings up numeral 37 of the Organic Environmental Law again. He expresses that Resolution number R-320-2017-MINAE is contrary to the principles of reasonableness by going against science and technique, since official letter number ACT-OR-DR-DL-982-17 was in the minister's office prior to the issuance of said resolution, so being omitted and ignored, that official criterion constitutes an abuse of power. He states: "Additionally, we must note that the administrative acts emanating from ACT/SINAC (Certification 1143-2015) -which has been assumed as the exogenous act that justifies the change, SETENA's resolution denying the extension (Resolution 983-2016-SETENA) or at least we believe so since there was no expropriation, purchase, donation, or change of the PNMB limits since the year of its enactment (1995)-, and the administrative act that exhausts the administrative route (R-320-2017-MINAE), as well as the response to the lawsuit, NEVER indicate which law includes the property within the PNMB or, the executive expropriation decree; [...]”. He states that, rather, there is a registry certification in the file indicating that the property on which the works were to be developed belongs to a legal entity. In his view, as there is no norm that substantiates the inclusion of his property within the Park, the same becomes arbitrary. He adds, the judge knows the law and should not ignore that, the Playa Grande area, in accordance with the limits established in article 1 of Law 7524, the area included within the Park is marine, and not on land, and it is not possible to allege that it was affected by Decree 20518-MINEREM of 1991, because the effectiveness requirement of article 5 was never met between the time of issuance of the referred decree and the issuance of Law 7524, which is why Law 7524 is called the Law for the Creation of the Las Baulas de Guanacaste National Marine Park. Fifth. In his view, the regulations of the administrative technical procedure for Environmental Impact Assessment (EIA) before the National Environmental Technical Secretariat are improperly applied. He states, Decree 31849 regulates the technical-administrative EIA procedure -for obtaining environmental viability (viabilidad ambiental)-. He states, in the judgment, in considerando (considerando) IX, it is indicated that, according to numeral 46.1 of the General Regulation of Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, Decree 31849-MINAE-MEIC-S, the possibility of investigating ex officio is provided, with which he agrees, but, regarding the location and the status of the property the administration has always had full knowledge. He indicates: "It is in this way that the improper interpretation causes the Court to start by assuming -in the absence of an analysis of the ownership of the property that is the subject of this litis- that the property has development potential and at the same time accepts the State's thesis that it is within the PNMB where practically no use is permitted except for conservation." IV. – Admissibility analysis. Regarding the second and fifth arguments, these claims come in the sense of the application of the administrative technical environmental procedure for Environmental Impact Assessment, before the National Technical Secretariat. However, two flaws are observed that do not allow the arguments to overcome the admissibility filter. The first is, the lack of a clear and precise statement of grounds for the error it accuses, in relation to the foundations of the judgment, because its arguments depart from the reasons given by the Court for not declaring the nullity of the challenged act and it does not provide a greater explanation of its violation, so it is a merely argumentative and rhetorical criterion disagreement. The second is that, in the second argument, no mention is made of any infringed regulation, and in the fourth argument a simple mention is made -lacking explanation-, therefore, it was necessary and obligatory, not only the citation, but the clear and precise explanation of the regulation concerning that matter. The described flaw causes the charge to fail to comply with the duty of legal foundation extensively set forth in the first considerando. Regarding the fourth argument, it is clarified: Although the appellant considers that he referred to Law 7524, indeed, it remains a simple mention; his petition in the arguments of his lawsuit was always the nullity of the administrative act for formal reasons and for considering that his company's property is not part of the Park because it has not been expropriated; his claim in the proceeding was never to establish whether or not the property was effectively within the Park's limits. Rather, it was the nullity of the act because he considered that the property is not part of the Park because it has not been expropriated. Consequently, the second, fourth, and fifth arguments that are now being attempted to be introduced are novel, since in the proceeding the nullity of the act was not petitioned based on an erroneous analysis of the environmental impact, nor because the property is not within the Park's limits, but it was exclusively because in his view the property is not part of the National Park because it has not been expropriated, purchased, or donated. Likewise, the inclusion of the property in the Park's limits was not an argument for the challenge of MINAE's act. Therefore, this Chamber will not refer to said arguments, because the counterparty was not given the opportunity to refer to them throughout the proceeding, since, otherwise, due process and the right of defense would be breached, by resolving in a single instance, which would place the defendant party in a state of defenselessness. V.- By virtue of the foregoing, the first, third, sixth, and seventh censures will be admitted. The second, fourth, and fifth challenges will be rejected outright. VI.- Dissenting vote (Voto salvado) by Judge Vargas Vásquez regarding the partial rejection of the appeal. I depart from the majority criterion and consider that the appeal should not be partially rejected for the following reasons: at present, the institute of cassation departs from the political, philosophical, and legal origins and influences that gave it birth. One instance has disappeared and, the Cassation Court and the First Chamber of the Supreme Court of Justice, given the current legal reality, must adjust that nineteenth-century institute to the new challenges posed by the implementation of the new proceedings -administrative contentious, civil, labor, agrarian-, based for this purpose on Constitutional Law, on the principles of effective judicial protection and, swift and complete justice (e.g., correct, timely), without denial. In my opinion, a series of requirements have been demanded to admit cassation, which do not enhance the indicated principles and, under a new reflection on the implications that such demands have for justice in the specific case, I consider that a more flexible system should be implemented which, except for evident inadmissibility -due to gross error in the formulation of the appeal or its untimeliness-, enhances the pro appeal (pro recurso) principle, preventing, if necessary for the better understanding of the articulation, the correction of the defect under penalty of inadmissibility (doctrine of numeral 141 CPCA). Additionally, I consider the partial admission of the appeal, which the majority of this collegiate body has ordered, to be improper. From numerals 134, 135, 136, 137, 138, 139 of the Administrative Contentious Procedure Code, it follows that cassation is a legal unit that combats the resolution with the effect of res judicata (cosa juzgada material). The various grounds of form and substance for which cassation proceeds do not affect that legal unit, and I understand that the only reason for which the outright rejection of the entire appeal proceeds is contemplated in numeral 140 of the CPCA, which provides: "The appeal shall be rejected outright when: a.- it is clear from the writing that the appealed resolution cannot be subject to cassation; b.- it has been filed untimely, c.- it lacks total legal foundation or, having it, the Chamber or the Cassation Court deduces with clarity, the inadmissibility of the appeal, whether for procedural or substantive reasons." As already indicated, numeral 141 of the same normative body provides for the correction of requirements, and 142 requires the Chamber to request the file and admit the appeal -in the same resolution-, without it being able to be interpreted that it is possible to partially analyze the appeal and proceed with a rejection that is not total. Such interpretation would only be possible if it enhanced faster justice; however, the appellant obtains nothing from a premature partial rejection, given that the grounds that were admitted to him are not analyzed with greater speed. In this case in which the Investigating Magistrate (Magistrado Instructor) has already been designated, a resolution must be issued on all aspects of the appeal, without it being legally admissible to separate grounds and not resolve them all at a single procedural moment. I consider that rejecting some grounds and admitting others conspires against the legal unity that the party's lawyer configures when appearing before this venue. The examination of the appeal must encompass all the grounds set forth by the appellant at a single procedural moment, just as is derived -I reiterate- from numerals 140 and 141 of the cited normative body. For the foregoing, I separate myself from the position of the majority that partially rejects the appeal, and I forward it in its entirety for its analysis on the merits in a single resolution by this collegiate body. POR TANTO By majority, the second, fourth, and fifth grievances are rejected outright. The remaining ones are admitted. Regarding these latter reproaches, a transfer is granted to the State for a period of 10 business days. Judge Vargas Vásquez dissents from the vote, to admit the appeal in its entirety. drudin Luis Guillermo Rivas Loaiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Ignacio Jose Monge Dobles Digitally Signed Document -- Verification code -- XJLR9CGTTU861 Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:43:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República